Sentencia 2008-00571/44840 de noviembre 30 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Consejero ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Exp.: 44840

Rad.: 250002326000200800571 01

Actor: José Hugo Garavito García y otros

Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá D.C., treinta de noviembre de dos mil diecisiete

“EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Presupuestos procesales de la acción

1. De la jurisdicción, competencia y procedencia de la acción

Por ser las demandadas entidades estatales, el asunto es de conocimiento de esta jurisdicción (art. 82 CCA) y la Sala es competente para resolver el asunto, en razón de su naturaleza, pues la Ley 270 de 1996 consagró la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y fijó la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los Tribunales Administrativos y, en segunda, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía(1).

Finalmente, la acción de reparación directa instaurada (art. 86 CCA) es la procedente, por cuanto las pretensiones de la demanda van encaminadas a la declaratoria de responsabilidad de las entidades demandadas por los perjuicios derivados de la privación de la libertad a la que fue sometido el señor José Hugo Garavito García.

2. De la legitimación en la causa

2.1. El señor José Hugo Garavito García fue la persona privada de la libertad; la señora María Eugenia Cáceres Otero demostró ser cónyuge de la víctima directa; las sociedades Minera HG Ltda. y Grupo HG e Hijos Ltda. acreditaron que su representante legal era el señor José Hugo Garavito García; y la sociedad María Eugenia Cáceres e Hijos S. en C. demostró ser la propietaria del vehículo de placas CRH-208 retenido por la Fiscalía General de la Nación (infra párr. 28 del acápite de los hechos probados), de donde se infiere que tienen un interés para solicitar la indemnización por los perjuicios causados.

2.2. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva, se verifica que los daños que se invocan en la demanda provienen de actuaciones y decisiones exclusivas de la Fiscalía General de la Nación. Por su parte, la Rama Judicial, no intervino en la privación de la libertad del señor José Hugo Garavito García, ni en la retención del vehículo de placas CRH-208, por lo tanto, no está llamada a responder por los daños que eventualmente se imputen a la Nación.

3. De la caducidad de la acción

Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador colombiano instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinados medios judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley, y de no hacerlo en tiempo perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho.

La caducidad busca atacar el medio de control por haber sido impetrado tardíamente, impidiendo el surgimiento del proceso. Por esta razón, la efectividad del derecho sustancial que se busca con su ejercicio puede verse afectada.

En efecto, el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, consagra diferentes términos para intentar las diferentes acciones y sanciona su inobservancia con el fenómeno de la caducidad. Así, el numeral 8, dispone sobre el término para intentar la reparación directa:

La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

En consecuencia, la ley consagra un término de dos años para incoar dicha acción, contados desde el día siguiente al acaecimiento de la causa del daño por el cual se demanda indemnización, vencido el cual no será posible solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, porque habrá operado el fenómeno de la caducidad.

Ahora bien, tratándose de los eventos de responsabilidad por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que el término de caducidad de la acción de reparación directa se cuenta a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que absuelve al sindicado y le pone fin al proceso penal(2):

(…) Esta Sala ha considerado que en los procesos que se adelanten ante esta jurisdicción por fallas en la administración de justicia, relacionadas con reclamaciones originadas en privación injusta de la libertad, el término para intentar la acción de reparación directa, debe empezar a contarse no a partir del momento en el cual se produzca la privación de libertad o se recupere ésta, sino desde el día siguiente a la ejecutoria de la providencia en la que se pueda constatar que la privación de libertad ha sido injusta, porque sólo a partir de ese momento existe habilitación para reclamar lo injusto de la detención. En consecuencia, el término para intentar la acción de reparación directa por el daño ocasionado con la privación injusta de la libertad, debe contarse a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que pone fin al proceso —sea absolutoria o que declare la cesación del procedimiento—, como quiera que con dicha providencia se abre la posibilidad para el afectado de presentar la reclamación correspondiente, dado que hasta que ella no se produzca difícilmente puede alegarse la injusticia de la detención (…).

De conformidad con las pruebas arrimadas al plenario, resulta acreditado que el actor estuvo privado de su libertad desde el 12 de mayo de 2001 al 24 de diciembre de 2003, día en que el Juzgado Segundo Penal Especializado de Bogotá profirió sentencia absolutoria a su favor.

Contra la anterior decisión, el apoderado judicial del señor Jairo Hernán Alfonso Olaya, quien también hacía parte del proceso penal, interpuso recurso de apelación(3), ante lo cual, el Tribunal Superior de Montería confirmó la decisión mediante providencia del 23 de febrero de 2006. Por consiguiente, dicho procesado formuló recurso de casación, el cual, fue inadmitido el 23 de mayo de 2007 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

En consecuencia, a partir de la expedición de la última providencia que finalizó el proceso, quedó ejecutoriada la decisión penal que absolvió al señor José Hugo Garavito García de los punibles endilgados en su contra, lo cual conduce a concluir que el término para demandar vencía el 24 de mayo de 2009, y comoquiera que la demanda fue presentada el 18 de noviembre de 2008, fue dentro del término legal para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Por consiguiente, se procederá a revocar la sentencia de primera instancia, y en su lugar se estudiará el fondo de las pretensiones de la demanda.

II. Problema jurídico

La Sala debe determinar en primera medida si la privación de la libertad que soportó el señor José Hugo Garavito García como consecuencia del proceso penal seguido en su contra y, que culminó con sentencia absolutoria, constituye una detención injusta imputable a la entidad demandada.

Por otro lado, deberá determinar si los daños sufridos por la sociedad María Eugenia Cáceres e Hijas S. en C. como consecuencia de la retención del vehículo de placas CRH-208 de su propiedad, son atribuibles a la Fiscalía General de la Nación.

III. Validez de los medios de prueba

En Sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013, Exp. 25.022, M.P. Enrique Gil Botero, la Sección Tercera del Consejo de Estado consideró que las copias simples tendrán mérito probatorio, en virtud de los principios constitucionales de buena fe y lealtad procesal, en tanto se hayan surtido las etapas de contradicción y su veracidad no hubiere sido cuestionada a lo largo del proceso. Adujo la Sala, que una interpretación contraria implicaría afectar el acceso a la administración de justicia y la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal.

Comoquiera que en el expediente obran documentos en copia simple estos serán valorados por cuanto estuvieron a disposición de las partes y no fueron tachados de falsos.

IV. Hechos probados

Con base en las pruebas obrantes en el expediente, valoradas en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

1. El 12 de mayo de 2001, el señor José Hugo Garavito García fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía en virtud de orden judicial 0208954 proferida en su contra. Asimismo, fue puesto a disposición el vehículo de placas CRH-208, en el que aquél se movilizaba (fls. 4-5, 37-38 cdno. pruebas).

2. El 23 de mayo de 2001, la Unidad Nacional Antinarcóticos y de Interdicción Marítima de la Fiscalía General de la Nación resolvió la situación jurídica del señor José Hugo Garavito García, ante lo cual, profirió en su contra medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva, por haber cometido presuntamente los punibles de concierto para delinquir por narcotráfico y receptación (fls. 46-59, cdno. pruebas):

Hechos

Los hechos que motivaron la presente investigación afloran del contenido de los diferentes rastreos telefónicos que venían agotando de tiempo atrás al interior de las diligencias preliminares adelantadas por la Fiscalía General de la Nación en asocio de la Policía Judicial DIJIN de esta ciudad. En el desarrollo de la misma se pudo determinar la existencia de una organización delincuencial dedicada a la comercialización de estupefaciente Cocaína, integrada por un número plural de personas, interesadas en consolidar los proyectos delictivos denominados “Los Palitos”, “Los Limones o Verdes”, estos últimos incautados en Madrid España, con 214 kilogramos de estupefaciente Cocaína en su interior.

Fundamentos Legales

(…)

Ninguna duda aflora en este encuadernamiento en cuanto tiene que ver con la materialidad de la infracción, recordemos aquí que fue precisamente la incautación en el país Ibérico, concretamente Madrid (España) la que permitió establecer la existencia de la organización criminal que venía trascendiendo fronteras, por cuanto de tiempo atrás y bajo la orientación del hoy condenado Hernán Uribe alias “Nacho” venía preparando la exportación de los 214 kilogramos de estupefaciente Cocaína camuflada en limones sintéticos, que finalmente resultaron puestos a buen recaudo y capturados algunos de los responsables de tal envío.

Pero igualmente de la abundante prueba recogida en la actuación se pudo establecer que esta organización no solo había logrado la exportación de los limones sintéticos, sino que además había trabajado arduamente en los proyectos denominados “los palitos” y “los carbones o negritos”, planes delictivos que como bien se logró acreditar tuvieron seria participación Hernán Uribe alias Nacho, Álvaro José Hoyos Trujillo alias Jota y los ingenieros Jaime Cuervo Marín y Jaime Jiménez Fernández alias Jimy, quienes desde la ciudad de Medellín recibían las instrucciones de los dueños del proyecto, acerca de las especificaciones, cantidades, dimensiones y fechas de entrega del material que serviría de camuflaje.

Ninguna duda aflora al despacho en cuanto a la existencia de la organización criminal integrada por las personas arriba citadas, tanto así que ha sido precisamente el mismo Hernán Uribe alias Nacho quien resultó condenado, como consecuencia de la aceptación de cargos, por la vulneración al Estatuto Nacional de Estupefacientes y por Concierto para Delinquir, al interior de una diligencia de Sentencia Anticipada, en consideración a los hechos que siguen siendo materia de estudio.

En cuanto a la imputación referida a la conducta descrita en el artículo 31 de la Ley 190 de 1995, que modificara el artículo 177 del Código Penal debemos consignar que de la prueba recogida en la actuación otrora adelantada en la Unidad Nacional de Lavado de Activos y que ahora hace parte integral de este encuadernamiento, se pudo establecer que uno de los indagados venía dedicado a invertir considerables sumas de dinero, poniéndolas en circulación en el sistema financiero del país, dineros al parecer de procedencia ilícita, particularmente de actividades de narcotráfico.

(…)

La prueba que compromete la responsabilidad de los indagados en el Concierto para Delinquir referido a narcotráfico, aflora desde los orígenes de esta investigación; recordemos aquí que se probó los serios vínculos del señor Hernán Uribe alias Nacho, no solo con los interesados en recibir en España la sustancia estupefaciente contenida en limones sintéticos, y se determinó la dedicación de manera simultánea a proyectos delictivos diferentes a los denominados “Limones o Verdes”, bien conocidos como “Los Palitos” y “Negritos”.

(…)

Se evidencia desde los albores de la investigación que la consolidación de los proyectos delictivos giraba en derredor de Nacho, pero igual afloró que no era éste el único responsable de tal acontecer, por cuanto en diferentes ocasiones el mismo JIMY hubo de recibir llamadas telefónicas de personas ajenas al hoy condenado que reclamaban de él el cumplimiento de los acuerdos previamente establecidos, referidos no solo a las dimensiones y cantidades, sino además a las fechas en que debía entregarse el material contratado.

(…)

Tenemos entonces que si bien es cierto Hernán Uribe venía coordinando y dirigiendo las actividades referidas a la contratación y ejecución de los denominados “palitos” y “carbones”, elementos que servirían de camuflaje para el estupefaciente cocaína, también lo es que éste a su vez había sido delegado por aquellos personajes llamados “los de arriba” por Jaime Jiménez Fernández Alias “El Ingeniero”.

Esta misma prueba incorporada a la actuación la que nos obliga a pregonar que son los recientemente indagados, Hugo Garavito y Gustavo Puerta quienes manifiestan su seria preocupación por este proyecto, máxime cuando decidieron entregar el control del mismo a Nacho, quien salió del país sin lograr la culminación del contrato. Así se infiere cuando Gustavo le comenta a su socio Hugo, que Toñita, es decir Rosa Antonia Coral, cónyuge de Hernán Uribe quien espera el regreso de su esposo desde el día 21 de diciembre de 1998.

Ante esta situación Hugo Garavito plantea que Hernán Uribe no es más que un eslabón de la organización y pese a ser un elemento que colabora con la empresa por la potestad que en tal sentido se le ha entregado, son estos dos los únicos responsables de la ejecución de la obra, pues seguramente Nacho tardará en regresar razón por demás, para tomar el control del asunto.

(…)

Se compromete entonces Gustavo Puerta a consolidar una entrevista entre un sujeto llamado Luis y el “ingeniero”, obviamente refiriéndose a Jiménez Fernández, persona que ubicará Garavito, se plantea que este encuentro les permitirá asumir nuevamente las riendas del negocio ilícito. Igualmente aflora de esta conversación que pese a haber sido contratada la obra, en el camino se cambiaron las especificaciones del material a elaborar, nuevas condiciones que incidieron en la variación del precio acordado, situación que al parecer obligó a paralizar el encargo (transcripción vista de folios 104 a 111 del C.O. 1).

(…)

A lo anterior debemos aunar aquella corta comunicación sostenida entre Hugo Garavito García y Jaime Jiménez Fernández el día 22 de abril de 1999, cuando el primer nombrado se comunica con la ciudad de Medellín, al número telefónico de Jimy, presentándose como el socio de Jota y Nacho, informándole que su amigo Álvaro José Hoyos Trujillo se encuentra en el lugar previamente acordado para recibir “las cosas”, pero que éstas no han llegado, alarmando a Jimy le anuncia que se comunicará con la transportadora y una vez tenga conocimiento de lo acontecido se lo informará al número que su interlocutor, Hugo Garavito, le suministra en aquel momento.

Bien podría pensarse efectivamente se trata de un simple favor que Realizaba Hugo Garavito a su amigo Jota, pero es la abundante prueba incorporada a la actuación, la que establece que Hoyos Trujillo venía concertando con Hernán Uribe y los restantes personajes de la empresa criminal, el camuflaje de estupefacientes Cocaína en enchapes de madera y en carbones sintéticos, recordemos que Hernán Uribe no tenía actividad lícita conocida y que su único propósito para aquella data era culminar con éxito sus planes delictivos. De tal forma que no se trataba del envío de ningún otro material diferente a los enchapes en madera ya culminados a aquellos personajes que contaban con la participación de Nacho para la pronta terminación de la obra contratada.

(…)

Contamos entonces con el contenido de las interceptaciones telefónicas obrantes en el proceso que revelan la participación, tanto de Hugo Garavito como de Gustavo Puerta en el acontecer delictivo claramente encaminado a lograr el camuflaje del estupefaciente cocaína en los enchapes y carbones que venían elaborando en la ciudad de Medellín los ingenieros Jaime Jiménez Fernández y Cuervo Marín. Lo anterior aunado a aquellas diligencias de indagatorias de los hoy acusados, particularmente Hernán Uribe y los ingenieros Cuervo Marín y Jiménez Fernández quienes dieron fe de la actividad ilícita puesta en evidencia por los controles realizados por el personal de policía judicial, sin que tuvieran alternativa diferente a la aceptación de su participación en los hechos, pero motivados por las supuestas amenazas de las que resultaron víctimas.

El compromiso delincuencial tanto de Gustavo Puerta como de Garavito García en la conducta de Concierto Para Delinquir referido a narcotráfico no presenta dubitación alguna para el despacho, probado se hallan los estrechos vínculos que unían a los indagados no solo con uno de los ingenieros que elaboran el material tantas veces mencionado, sino además su estrecha relación con Hernán Uribe y alias Jota, quien utilizaba la oficina de Garavito García para realizar los contactos telefónicos requeridos en la empresa criminal, recibir llamadas e incluso datos suministrados vía Fax. Utilización que igual le daba Álvaro José Hoyos Trujillo, otro de los afectados con resolución de acusación por la misma conducta que ahora se imputa, tal como lo acredita la abundante prueba obrante en los autos.

Como si lo anterior fuera poco, encontramos la conversación transcrita, vista de folios 182 a 197 del cuaderno de Anexos copia 11 entre Hernán Uribe y Álvaro Hoyos Trujillo, alias Jota donde a partir del folio 186 y después de tratar asunto diferente al que ahora nos interesa, se logra establecer que tanto Hugo Garavito como Gustavo Puerta tenían claro interés en la consolidación del proyecto de los moldes de madera que servirían para camuflar el estupefaciente, al punto de ser precisamente Puerta el encargado de manejar cierta suma de dinero que ha debido entregarse directamente a Hugo Garavito, pero por precaución Gustavo decide que esperará el regreso de Nacho, persona con la que se ha venido manejando este proyecto delictivo.

(…)

Abunda entonces la prueba técnica recogida en el proceso y que nos permite pregonar que estos indagados se encontraban concertados con Hernán Uribe y Álvaro José Hoyos Trujillo para llevar a feliz término el negocio de los palos y carbones, el mismo que pese a los continuos obstáculos presentados en la ejecución de la obra, su posterior entrega y cancelación, logró finalmente salir del país con destino infortunadamente desconocido por el despacho, pues lo último que de ello se conoce es que fueron remitidos por Jaime Jiménez Fernández a una dirección suministrada por Gustavo Puerta y posteriormente por Jota en la ciudad de Cali.

En cuanto a las exculpativas presentadas por los implicados encontramos que se encuentran completamente aisladas dentro del discurrir investigativo, si bien es cierto aceptan que las voces que se tuvo a bien ponerles de presente corresponde a las suyas y a las de sus interlocutores, es decir Hernán Uribe, Álvaro José Hoyos Trujillo y Jaime Jiménez Fernández, también lo es que pretenden asegurar que su participación en tales contactos telefónicos obedeció de manera exclusiva a la necesidad, por parte de Hugo Garavito de hacerle un favor a Jota, quien tenía negocios que desconocía con el señor Hernán Uribe.

Olvida Hugo Garavito que de la prueba recogida se infiere con absoluta claridad que desde su oficina ubicada en la carrera 10 90-26 oficina 511 de Bogotá, se concretaban actividades referidas a la comercialización de estupefacientes por varios de los personajes siniestros que resultaron acusados al interior de este mismo proceso, incluso hasta estas dependencias llegó el señor Fernando José Flórez Garmendia alias Luis Caicedo presunto narcotraficante Venezolano, extraditado por nuestras autoridades hacia los Estados Unidos de Norteamérica, personaje a quien en una llamada controlada, se evidencia sin dificultad alguna que venía siendo objeto de amenazas por haber incumplido con una obligación a ciertos ciudadanos, de la ciudad de Cali, frente a las cuales asegura que tan solo se limitó a servir de fiador a Hugo Garavito, indicando que es a éste a quien se debe exigir el correspondiente pago.

En similar sentido se pronuncia Gustavo Puerta quien asegura que tan solo quiso hacerle un favor a Nacho quien había sido contratado para la elaboración de unas piezas de madera, desconociendo que se pretendieran utilizar en actividades ilícitas, por cuanto entre otras cosas, ninguna irregularidad se evidencia del contenido de las grabaciones.

(…)

Pero igualmente afectaremos con detención preventiva a Hugo Garavito García por la descripción legal contenida en el artículo 31 de la Ley 190 de 1995, pues el abundante material recogido en la Unidad Nacional de Lavado de Activos, incorporado al presente radicado, mediante resolución emanada de la Dirección Nacional de Fiscalías, informa que el señor Garavito García venía introduciendo al sistema financiero del país, gruesas sumas representadas en títulos valores cuyo monto superó los mil millones de pesos, todos ellos manejados a través de las personas jurídicas legalmente constituidas Grupo HG E hijos Ltda. y Minera HG Ltda.

En cuanto a este cargo aseguró que se limitó a manifestar que fue el señor Carlos Hernández quien en su calidad de Brokers manejaba con plena libertad los dineros que en tal calidad se le entregaba. Es esta la razón por la que desconoce qué inversiones logró consolidar su hombre de confianza, no solo suyo, sino de la totalidad de las personas que se mueven en la bolsa.

Pero igualmente cuando se le interroga acerca de la elaboración de los títulos originales obran en autos, manifiesta que desconoce a sus beneficiarios, excepto a Hernando Maya y sus familiares, con quienes tiene relaciones de amistad de vieja data, pero jamás ha sostenido vínculos de carácter comercial.

(…) Es por esta razón que respecto del señor Garavito García la medida restrictiva de la libertad lo será en concurso de hechos punibles con la descripción legal arriba mencionada y así se consignará en la parte pertinente de esta determinación.

3. El 5 de noviembre de 2002, el Director Nacional de Estupefacientes profirió la resolución 1029 del 5 de noviembre de 2002, “por medio de la cual se destina provisionalmente unos bienes”. Al respecto se destaca lo siguiente (fls. 144-153, cdno. pruebas):

(…) ART. 8º.—Destinar en forma provisional al servicio de la Alcaldía Municipal de Chinú-Córdoba el vehículo campero Sangyong, modelo 1996, color blanco, de placas CRH-208.

La entrega real y material del rodante se realizará por parte de un funcionario de la Fiscalía General de la Nación-Dirección Seccional Administrativa y Financiera, diligencia que deberá constar en un acta, con inventario, que deberá remitirse a la Subdirección de Bienes dentro de los diez (10) días siguientes a la entrega del bien.

Con la destinación provisional de este vehículo, se genera un ahorro al presupuesto de esta Alcaldía de $14.400.000.oo anuales.

(…)

“ART. 35.—El destinatario provisional estará obligado a:

a) Mantener la actividad económica que corresponda al bien, siempre que ésta sea lícita.

b) Mantener el bien asegurado contra todo riesgo, por un monto equivalente al 100% de su valor comercial, hasta cuando cesen los motivos en virtud de los cuales se ha otorgado la presente destinación provisional. En dicha póliza deberá figurar como beneficiaria la Dirección Nacional de Estupefacientes. Así mismo, en el caso de los vehículos deberá tomar seguro obligatorio.

c) Constituir una póliza de cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente acto administrativo a favor de la Dirección Nacional de Estupefacientes, la cual deberá permanecer vigente mientras dure la destinación provisional. Copia de la póliza será remitida a la Subdirección de Bienes, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la comunicación de la presente resolución.

d) Practicar un avalúo comercial sobre el bien objeto de destinación, a fin de expedir las pólizas mencionadas en el literal b y c del presente acto administrativo, el cual deberá remitirse dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de su elaboración.

e) Ratificar el inventario del bien al momento de recibirlo, haciendo las anotaciones que considere pertinentes.

f) Pagar los impuestos y demás gravámenes a que hubiera lugar.

g) Entregar un informe bimestral a la Dirección Nacional de Estupefacientes sobre el uso, estado, destino y conservación del bien, diligenciando el formato que para tal efecto se anexa.

h) Designar un depositario del bien, al cual deberá posesionar e imponer los deberes del cargo como secuestre judicial, a fin de velar por el buen estado de conservación, su adecuado uso y funcionamiento, en aras a devolverlo en el mismo estado en que fue recibido, salvo el deterioro normal por el uso. Copia del acta que para el efecto se elabore, deberá ser remitida a la Subdirección de Bienes de la Dirección, dentro de los tres (3) días siguientes a la posesión. El depositario deberá rendir cuenta mensual de su administración a la Dirección Nacional de Estupefacientes.

i) Entregar el bien objeto de la presente destinación, en el momento, en el sitio y a la persona que le indique la Dirección Nacional de Estupefacientes mediante comunicación escrita.

j) Permitir la inspección ocular del bien objeto de destinación, cuando la Dirección Nacional de Estupefacientes o la autoridad competente así lo requiera.

k) Si en el término de un mes el destinatario provisional no ha retirado el bien con el lleno de los requisitos, la Dirección Nacional de Estupefacientes se reserva el derecho de revocar la resolución y nombrar otro destinatario.

4. El 19 de diciembre de 2002, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá ordenó la devolución del automóvil de placas CRH-208 a la señora María Eugenia Cáceres Otero representante legal de la sociedad María Eugenia Cáceres e Hijas S. en C. Al respecto se destaca lo siguiente (fls. 154-161, cdno. pruebas):

Mediante escrito del cuatro (4) de julio de dos mil dos (2002), con base en los artículos 61 y 138 de nuestro actual código penal, el apoderado de la señora María Eugenia Cáceres Otero, representante legal de la persona jurídica María Eugenia Cáceres e Hijas S. en C. solicitó la entrega del automóvil clase Campero, marca Ssangyong, modelo 1996, color Blanco, placa CRH-208, tipo C Musso 602, serie KPTEOB14SSPOA2406, motor 601900000341251, retenido el día del operativo, en el cual resultara capturado el ciudadano José Hugo Garavito García, el 12 de mayo de 2001.

Antecedentes

El doce (12) de mayo de dos mil uno (2001), en momentos en los que José Hugo Garavito García, descendía del vehículo en referencia, fue aprehendido por las autoridades, en cumplimiento de una orden de captura dictada por el ilícito de tráfico de estupefacientes, posterior a su captura se produjo la inmovilización del vehículo que conducía, y que es propiedad de su señora esposa.

(…) De acuerdo con el art. 64 del Código Penal se podrá ordenar, la devolución de los bienes incautados a terceras personas, cuando se haya probado plenamente que el solicitante, quien tiene un derecho legítimo sobre el bien, no tuvo participación alguna en los ilícitos investigados. En igual sentido, se establece que el funcionario que esté conociendo de la actuación debe devolver el objeto material que sea de libre comercio, en aquellos eventos en los cuales se haya demostrado, al menos, un mejor derecho sobre los mismos.

(…) En el presente asunto, aparece demostrado el derecho de propiedad que el incidentante tiene sobre el vehículo de placas CRH 208. En efecto, de acuerdo con el acervo probatorio antes mencionado, se observa que el bien fue adquirido de manera legal por tradición que del mismo hiciera el concesionario conocido como Korean Motors, quien lo adquirió, a su vez, por la importación realizada en cumplimiento del objeto social de la empresa —venta de automotores—, tal y como consta en el historial del vehículo aportado al incidente.

Comoquiera que el bien le fue vendido a María Eugenia Cáceres e Hijas S. en C., es claro que se operó la tradición del vehículo, razón por la cual no cabe duda de la existencia de un derecho legítimo sobre el bien, acompañado del hecho de la posesión, como se sigue de las declaraciones de María Eugenia Cáceres Otero, representante legal de la empresa María Eugenia Cáceres e Hijas S. en C.

(…) Conforme a lo establecido dentro del proceso, se observa que el día 12 de mayo de 2002, el vehículo fue inmovilizado en razón de ser conducido por una persona que para ese día tenía orden de captura vigente, por cuenta del radicado 155 E-2 que se cursa en estos estrados judiciales, de tal suerte que su inmovilización, no fue producto de ilícito alguno, o de orden restrictiva del derecho de dominio, su detención fue producto de las circunstancias que rodearon la captura de su conductor, de igual manera y revisando el plenario se puede establecer que en contra del poseedor legítimo, es decir, María Eugenia Cáceres e Hijas S. en C., no cursa investigación alguna.

Dado que se ha acreditado con suficiencia el derecho sobre el bien y la ajenidad frente al ilícito, se ordenará la devolución del automóvil clase campero, marca Sangyong, modelo 1996, Color blanco, placas CRH 208, tipo C Musso 602, serie KPTEOB14SSPOA2406, motor 601900000341251.

5. El 6 de marzo de 2002, la Unidad Nacional Antinarcóticos y de Interdicción Marítima de la Fiscalía General de la Nación calificó el mérito del sumario, y profirió resolución de acusación en contra del señor José Hugo Garavito García por el delito de concierto para delinquir por narcotráfico en concurso heterogéneo con receptación (fls. 100-137, cdno. pruebas):

(…)

Pero los controles técnicos debidamente incorporados a la actuación, no solo daban cuenta de la actividad delictiva desplegada por los antes mencionados, sino que igualmente ilustraban a este despacho sobre otros dos proyectos ilícitos que se venían gestando. Bien se supo que el hoy condenado Hernán Uribe trabajaba con los ingenieros Jaime Cuervo Marín y Jaime Jiménez Fernández la elaboración de los denominados “palitos” enchapes de madera trabajados con las debidas especificaciones y medidas que permitieran el camuflaje de la sustancia psicotrópica, que saldría del país a través del Puerto de Buenaventura y haciendo tránsito en la ciudad de Cali e igualmente contrató con estos mismos profesionales la elaboración del molde del carbón sintético donde se ocultaría el estupefaciente a sacar por Venezuela.

(…)

Resultó probado que uno de los integrantes de la agrupación delictiva desde su empresa, ubicada en el norte de esta ciudad, tenía su oficina como lugar a través del cual se coordinaban actividades referidas a la comercialización de sustancias sicotrópicas y de manera personal asumía el manejo y control de grandes cantidades de dinero provenientes en todo caso del comercio de cocaína.

De ello hablan la cantidad de títulos valores Cdts que a nombre de terceras personas circulaban y se negociaban a través de la bolsa de valores de esta ciudad.

(…)

De la responsabilidad

En razón al número plural de procesados vinculados, este despacho iniciará las presentes consideraciones con las conductas típicas imputadas a los señores José Hugo Garavito García y Gustavo Puerta Muñoz, veamos:

La prueba incriminatoria que pesa contra estos dos involucrados se encuentra contenida, en primer término al interior de la prueba documental referida a las transcripciones de los controles telefónicos que se consolidaran en los abonados asignados al apartamento habitado por el señor Hernán Uribe alias Nacho y el de la oficina ubicada en el norte de la ciudad, del ciudadano José Hugo Garavito García.

Acreditado se encuentra, no solo por la prueba oportunamente traída a esta investigación, sino además con las manifestaciones de Hernán Uribe, que éste venía liderando la organización criminal dedicada a sacar de nuestro país, cantidades considerables de estupefacientes cocaína; que para tal efecto contaba con la suficiente infraestructura y personal humano, que cumplía a cabalidad la función asignada, de acuerdo a su especialidad, para lograr el propósito criminal.

Y es que para analizar la responsabilidad penal que ha de predicarse de la totalidad de los involucrados, no podemos apartarnos de la prueba incriminatoria que se logró recopilar contra el líder de esta empresa delictiva; recordemos por oportuno que este personaje se encuentra actualmente condenado a dieciocho años de prisión, como consecuencia de su aceptación de cargos por las conductas de Narcotráfico y Concierto para Delinquir en Narcotráfico.

Es desde tal óptica que debemos puntualizar la responsabilidad de los ahora cuestionados. José Hugo Garavito García no solo resultó ser un simple conocido de Hernán Uribe alias Nacho como lo manifestara en su diligencia de indagatoria, la prueba documental informa con lujo de detalles como éste ciudadano además dejaba a disposición del condenado y sus restantes socios, la oficina a través de la cual asegura realizaba operaciones referidas a la comercialización de joyas y piedras preciosas. Encontramos debidamente acreditado en el proceso que allí se reunían, Nacho, Jota o Álvaro José Hoyos Trujillo, hoy con resolución de acusación por Concierto para Delinquir en Narcotráfico, Gustavo Puerta Muñoz también con claros vínculos delictivos con alias Nacho y que no decir de aquel reconocido narcotraficante venezolano que arribó hasta dicha oficina a “arreglar” las dificultades presentadas en su oficio, situación que se desprende con absoluta claridad de la conversación interceptada al abonado telefónico asignado a la oficina ubicada en la carrera 10 90-26 oficina 511 de Bogotá, de la cual se colige, sin dificultad alguna que se venían concertando actividades referidas a la comercialización de estupefacientes.

Recordemos que fue Fernando José Flórez Garmendia alias Luis Caicedo presunto narcotraficante venezolano, extraditado por nuestras autoridades hacia los Estados Unidos de Norteamérica, quien tenía acceso a dicha oficina, personaje a quien en una llamada controlada, se evidencia que venía siendo objeto de amenazas por haber incumplido con una obligación a ciertos ciudadanos de la ciudad de Cali, frente a las cuales asegura que tan solo se limitó a servir de fiador a Hugo Garavito, indicando que es a éste a quien se debe exigir el correspondiente pago.

(…) Pretender que todas aquellas coordinaciones referidas a los negocios realizados por Hernán Uribe, Álvaro José Hoyos Trujillo y Gustavo Puerta Muñoz en narcotráfico, no fueron de conocimiento del señor Garavito García se cae de su propio peso, máxime cuando debemos tener en cuenta que éste no se dedicaba simplemente a prestar su oficina sino que asumía como propia las labores de coordinación y responsabilidad frente al encargo ilícito.

Como prueba de ello bástenos considerar aquella reveladora conversación que sostuviera Garavito García con Gustavo Puerta Muñoz (fls. 104 a 111 del cuaderno 1 UNLA) en cuyo desarrollo y sin mayores esfuerzos se concluye en la gran preocupación que manifiesta José Hugo Garavito cuando le anuncia a Gustavo que según Toñita la esposa de Nacho, éste se encuentra fuera de la ciudad, situación que ha perjudicado el proyecto “palitos” por cuanto la elaboración de los mismos se encuentra “completamente parado” y temiendo que Hernán pueda permanecer más tiempo del necesario fuera del país, invita a Gustavo Puerta a tomar el control del asunto, concluyendo además que Hernán Uribe finalmente tan solo es un instrumento de ellos, quienes en un arranque de generosidad le han otorgado cierta potestad para que se justifique su presencia en dicho proyecto, porque como bien lo asegura éste mismo “… somos los directos responsables de cualquier cosa que no salga…”. (fl. 109 cdno. 1 UNLA).

Aunado a lo anterior aflora otro buen número de conversaciones telefónicas entre este personaje Garavito García con Hernán Uribe, con Álvaro José Hoyos Trujillo con Jaime Jiménez Fernández y con Gustavo Puerta Muñoz donde se evidencia el papel tan importante que éste ha cumplido en el acontecer delictivo, todas ellas encaminadas a obtener información referida al proceso de elaboración de los enchapes de madera, cuya terminación era esperada por aquellos hombres que aún permanecen en la sombra y que sin duda resultaron ser otros de los inversionistas en la actividad delincuencial evidenciada.

Anotemos que al folio 98 del cuaderno UNLA 1 es Hernán Uribe quien da cuenta de lo acontecido precisamente a Hugo Garavito García, le plantea la posición de los ingenieros que vienen elaborando el camuflaje de la cocaína que se sacará del país, es decir, los enchapes de madera o popularmente conocido como Los Palitos, anuncia la dificultad que se presenta en terminar la obra contratada por la falta de dinero para continuarla.

Oportuno preguntarse, cuál es la razón para que Hernán Uribe, motor de los proyectos delictivos en cuanto a su consolidación se refiere se comunicara de manera permanente con José Hugo Garavito a explicar los impases reiterativos en este proyecto criminal? La respuesta es obvia, este hombre en asocio de Gustavo Puerta Muñoz hacía parte integral de la organización y desde su oficina controlaba la ejecución de la obra, en representación de otros individuos que no lograron ser individualizados.

Que no decir de Gustavo Puerta Muñoz cuando en la misma conversación a la que nos hemos venido refiriendo (fl. 105) es precisamente Hugo Garavito quien le recuerda que Hernán Uribe es simplemente “… un eslabón de nosotros y él es un elemento que colabora con la empresa y uno lo pone a que ejecute cierta labor…”. De ninguna manera se podrá siquiera dudar que Gustavo Puerta Muñoz trabaja en sociedad con Garavito García en la actividad delictiva en la que han permitido la participación de Hernán Uribe.

Este hombre, Puerta Muñoz no solo coordinaba con Garavito García el proyecto de Los Palitos, mírese el folio 107, donde se trata con absoluta propiedad el tema de los Morenitos denominación con la que también se conoció el otro proyecto criminal de “Los Negritos o Carbones”. Observamos como Garavito en todas las conversaciones sostenidas con Puerta Muñoz le dice “nosotros somos los responsables de esto” (fl. 109); “… y poder nosotros el control de cómo es que se están empleando las cosas que se cumplan digamos las condiciones de las fechas…” etc., no se trataba entonces del control y responsabilidad de Garavito García, sino de éste y su evidente socio Gustavo Puerta Muñoz en el desarrollo de la actividad delictiva que se venía gestando y que como resulta de pleno conocimiento en este voluminoso proceso hacía relación a los planes delincuenciales ya mencionados, esto es, “palos y carbones”.

Como si lo anterior fuera poco encontramos que es precisamente Álvaro José Hoyos Trujillo (fls. 146 a 147 cdno. 1) otro de los preocupados por el desarrollo y ejecución de la obra contratada por Hernán Uribe, es decir, los palos y carbones, es éste quien le informa a Hugo Garavito la inesperada visita que recibieron los ingenieros Cuervo Marín y Jiménez Fernández con el propósito de verificar el estado actual de los materiales. Situación que fue informada a Hernán Uribe quien se comunicó directamente con alias Jimy y no disimuló su disgusto al enterarse de esta sorpresiva auditoría, orquestada desde la ciudad de Cali Valle por los hombres que desde atrás, esperan el éxito de la empresa criminal.

(…) Concluyendo entonces que son las transliteraciones obrantes en el proceso las que dejan en evidencia la seria participación, tanto de Hugo Garavito como de Gustavo Puerta en el acontecer delictivo, claramente encaminado a lograr el camuflaje del estupefaciente cocaína en los enchapes y carbones que venían elaborando en la ciudad de Medellín los ingenieros Jaime Jiménez Fernández y Cuervo Marín.

Sin olvidar el contenido de las diligencias de indagatorias de Hernán Uribe y los ingenieros Cuervo Marín y Jiménez Fernández quienes dieron fe de la actividad ilícita puesta en evidencia por los controles realizados por el personal de policía judicial, sin que tuvieran alternativa diferente a la aceptación de su participación en los hechos, pero motivados por las supuestas amenazas de las que resultaron víctimas.

Es la totalidad de la prueba recogida, valorada en su conjunto la que nos permite pregonar el compromiso delincuencial tanto de Gustavo Puerta como de Garavito García en la conducta de Concierto para Delinquir referido a narcotráfico, acreditado con uno de los ingenieros que elaboraban el material tantas veces mencionado, sino además su estrecha relación con Hernán Uribe y alias Jota, quien utilizaba la oficina de Garavito García para realizar los contactos telefónicos requeridos en la empresa criminal, recibir llamadas e incluso datos suministrados vía Fax.

Finalmente contamos con la conversación transcrita de folios 182 a 197 del cuaderno de Anexos copia 11 Transcripciones donde con claridad se lee el diálogo sostenido entre Hernán Uribe y Álvaro Hoyos Trujillo, alias Jota donde a partir del folio 186 dejan en evidencia que tanto Hugo Garavito como Gustavo Puerta tenían claro interés en la consolidación del proyecto de los moldes de madera que servirían para camuflar el estupefaciente, al punto de ser precisamente Puerta el encargado de manejar cierta suma de dinero que ha debido entregarse directamente a Hugo Garavito, pero por precaución Gustavo decide que esperará el regreso de Nacho, persona con la que se ha venido manejando este proyecto delictivo.

(…) Es por ello que ninguna duda asiste a esta instancia en considerar que se hallan reunidos a cabalidad los presupuestos procesales consagrados en la obra procedimental penal para proferir en contra de José Hugo Garavito García y Gustavo Puerta Muñoz Resolución de Acusación por la conducta de Concierto para Delinquir en Narcotráfico y así se consignará en la parte pertinente de esta determinación.

(…) En el caso sometido a estudio encontramos una empresa criminal liderada, como ya se ha consignado, por el ya condenado Hernán Uribe alias Nacho, quien en asocio de los ciudadanos que hoy soportan resolución de acusación y con la comprobada participación de José Hugo Garavito García, tal como lo presentara el primero al mismo Germán Enrique Rubio Salas, hoy condenado, quien aseguró en diligencia de indagatoria haber conocido a Hugo Garavito a través de Hernán Uribe como socio de éste, aproximadamente en el año 1997, además de la importante vinculación a la organización de Gustavo Puerta Muñoz.

De otro lado encontramos que se impone considerar la situación de Hugo Garavito García en cuanto tiene que ver con la descripción legal contenida en el artículo 31 de la Ley 190 de 1995, pues el abundante material recogido en la Unidad Nacional de Lavado de Activos, incorporado al presente radicado, mediante resolución emanada de la Dirección Nacional de Fiscalías, informa que el señor Garavito García venía introduciendo al sistema financiero del país, gruesas sumas representadas en títulos valores cuyo monto superó los mil millones de pesos, todos ellos manejados a través de las personas jurídicas legalmente constituidas, Grupo HG e Hijos Ltda. y Minera HG. Ltda.

Ante tales cuestionamientos por parte del ente acusador, el detenido pretendió ilustrar al despacho asegurando que como consecuencia del giro ordinario de sus negocios, esto es, la compra y venta de piedras preciosas obtuvo los dineros representados en los títulos valores que obran en los autos, y que como era su costumbre hizo entrega de los mismos al señor Carlos Hernández quien en su calidad de Brokers manejaba con plena libertad los dineros de su propiedad, que por tal razón era éste quien en su calidad de administrador de tales sumas los introducía al sistema financiero, contando con todo su respaldo en las transacciones consolidadas. Asegura también que desconocía los nombres de quienes finalmente transaban con su Brokers.

Pero esta manifestación tampoco encontró respaldo alguno dentro del proceso, observada la prueba lo que con claridad se observa es que uno de los beneficiarios de los títulos cuyos originales obran en autos, es precisamente Hernando Maya y sus familiares, con quienes tiene relaciones de amistad de vieja data.

Encontramos también que el señor Maya es precisamente el propietario y gerente de la firma Vitrasol Ltda., la misma que suministró el nombre de algunos de sus empleados para que se elaboraran los CDT que vienen siendo objeto de cuestionamiento y que como consignado quedó en los autos, fueron rubricados con la letra de la misma persona, pero utilizando nombres de quienes, al parecer resultan completamente ajenos a su creación.

No hay duda que Garavito García requería manejar de manera indirecta las gruesas sumas de dinero representada en los CDTS que obran en este radicado, para tal efecto debía contar efectivamente con un hombre de su confianza, que para sus propósitos resultaba ser precisamente aquel personaje que tendría la calidad de Brokers, quien si bien es cierto administraría de manera directa y a la luz pública los dineros de procedencia ilícita, seguía siendo Garavito García la persona que mantenía el control sobre los mismos. Es por ello que resulta ser precisamente su amigo Hernando Amaya, sus consanguíneos y aun los empleados de la empresa de su propiedad, quienes figurarían como tenedores de los documentos, situación que le garantizaría no perder el control sobre aquellas sumas de dinero.

De otro lado Garavito García pese a asegurar que la fuente de sus ingresos se halla representada en la comercialización de piedras preciosas, también lo es que ello no resulta incompatible con la evidente participación que tuvo en los proyectos delictivos denominado Los Palos y Carbones, referidos al material que se utilizaría en el camuflaje del estupefaciente cocaína, que en claro Concierto gestionó con Gustavo Puerta Muñoz, Álvaro José Hoyos Trujillo, Hernán Uribe, los ingenieros Jaime Jiménez Fernández y Jaime Cuervo Marín.

Es por esta razón que respecto del señor Garavito García la medida resolución de Acusación se proferirá en concurso heterogéneo de hecho punible con la descripción legal arriba mencionada y así se consignará en la parte pertinente de esta determinación.

6. El 24 de diciembre de 2003, el Juzgado Segundo Penal Especializado de Bogotá profirió sentencia absolutoria y ordenó la libertad condicional a favor del señor José Hugo Garavito García. Al respecto, se destaca lo siguiente (fls. 162-198, cdno. pruebas):

(…) VI. De la Audiencia Pública de los Alegatos de los Sujetos Procesales

(…) Hugo Garavito García

Expresó en su discurso defensivo que su vinculación surgió de las relaciones que tenía con otros de los procesados; de su relación directa con Hernán Uribe expresó que los unían vínculos comerciales toda vez que le facilitó un dinero al mismo, y que éste le manifestó que cancelaría la deuda con el producto de un negocio en el cual fabricaría enchapes de lujo, manifestó que en varias ocasiones buscó a Uribe para que le cancelara el dinero hasta que supo de su captura, señaló que a Álvaro José Hoyos, lo conocía de tiempo atrás y que con el mismo realizaba transacciones comerciales referentes al negocio de la joyería.

De la visita de Flórez Garmendia a su establecimiento señaló que al mismo lo conoció como José Luis Caicedo y que le entregó unas joyas que nunca le canceló.

Respecto de la imputación por receptación, señaló que sus empresas nunca han sido fachadas dado que están constituidas hace varios años y que respaldan su actividad comercial, respecto de los CDTS expresó que no intervino en el proceso de su emisión y que estos los tenía Ricardo Peñaranda a quien le compraba piedras.

De las defensas

De la defensa de Hugo Garavito García

El jurista a cargo de la defensa del procesado dio inicio a sus alegaciones presentencia expresando que dentro del plenario no obraba prueba que comprometiera la responsabilidad de su prohijado, el jurista realizó un recuento del acontecer fáctico y expresó que dentro de la misma causa se están juzgado tres hechos independientes; expresó que la prueba de la incautación de 214 kilos de cocaína es demostrativa de la materialidad de la conducta de narcotráfico en uno solo de los proyectos y que frente a esta imputación no hay prueba en contra de su contra, a más que los dos proyectos restantes jamás se realizaron.

Manifestó que su defendido no tuvo relación alguna con los ingenieros y que ese hecho está demostrado en la llamada en la cual tuvo que referenciar su nombre y apellido para poder entregar un mensaje a uno de ellos; de los tratos con Hernán Uribe, expresó que los mismos se limitaban a una relación comercial existente entre los dos referida no a narcotráfico sino a la joyería.

Para la defensa del señor Garavito, la ausencia de elementos estructurales del tipo comportamental del concierto para delinquir aflora a todas luces, señala el togado que la presunción de inocencia que cobija a su prohijado no ha sido desvirtuada por modo que no es factible hablar de la responsabilidad del mismo en un hecho no probado, de la segunda imputación a su prohijado ha manifestado que tampoco existe prueba para la misma y que contrario a lo anterior fueron varios los elementos arrimados al proceso en los que se demostró la legalidad de las actividades comerciales de José Hugo Garavito, razón por la cual solicitó la absolución.

(…)

B. José Hugo Garavito García y Gustavo Puerta Muñoz

A. Imputación por concierto para delinquir

1. Materialidad del hecho

(…) Dentro del plenario de nuestro proceso obra prueba que muestra una bien organizada banda de narcotraficantes, los cuales empleando diversos medios realizaban envíos frecuentes de droga al país Ibérico, uno de los embarques fue retenido en momentos en que el mismo ya se encontraba en ese país, dicha detención dejó al descubierto esta conjura.

La referida prueba se ha transmitido a nuestro proceso como prueba trasladada y de ella se da cuenta en la Resolución de Acusación, y hace clara referencia a las denominadas “Prueba España” y “Operación Café”, las que culminaron con la desarticulación de una organización delincuencial dedicada al tráfico transnacional de estupefacientes.

Con base en las interceptaciones telefónicas posteriormente efectuadas se logró determinar la existencia de dos proyectos delictivos denominados “los palitos” y “los negritos”, los cuales como oportunamente lo informó la Fiscalía, nunca se llevaron a cabo.

Ahora queda claro entonces, analizar si José Hugo Garavito García y Gustavo Puerta Muñoz eran parte de los referidos proyectos, esto es, si a través de las pruebas se transmite al juzgador la certeza sobre la responsabilidad de los mismos en el conato investigado.

2. De la responsabilidad

(…) En el caso de José Hugo Garavito García y Gustavo Alberto Puerta Muñoz, considera esta falladora que no obra en el proceso prueba que indique con Certeza que se incurrió en el delito autónomo de Concierto para Delinquir en Narcotráfico, porque si bien la Fiscalía los acusó por esta conducta punible, bajo el supuesto que aunque descartada su participación en el caso de los “Limones Verdes”, estuvieron vinculados con los dos proyectos delictivos denominados “Palitos o Enchapes” y “Carbones o Negritos”, no menos cierto es que el proceso revela una verdad distinta, pues del análisis de las múltiples interceptaciones telefónicas se puede entender que tanto Garavito García como Puerta Muñoz no tuvieron ninguna relación con el desistido proyecto de “Los Carbones o Negritos”. Así se demuestra en la pluralidad de llamadas telefónicas que sostuvo el confeso y hoy condenado Hernán Uribe (A. Nacho), con los sujetos Caliche, Walfredo Pereda, Manuel Marín y Javier Saravia, de las cuales se desprende que tales personas eran las realmente interesadas en la consolidación de dicho proyecto delictivo; transliteraciones que obran a folios 261 y siguientes del cuaderno de copias 9, en ninguna de las cuales, los interlocutores mencionan o refieren los nombres de Garavito García y/o Puerta Muñoz. Esta prueba documental que no fue valorada por la Fiscalía, cobra importancia para el despacho en este momento procesal, en la medida que desvirtúa el vínculo de este proceso con dicho proyecto delictivo, deducido por el ente acusador como soporte de la acusación.

(…)

Las diferentes llamadas telefónicas interceptadas y en general el abundante recaudo probatorio, solo transmiten a esta juzgadora que la participación de Garavito García y Puerta Muñoz hace referencia al tema de los enchapes en madera o “palitos”, el cual, como oportunamente lo señalara la Fiscalía fue desistido dada la presencia de autoridades.

No se encuentra dentro de la prueba trasladada, esto es en la “prueba España” y la “operación café” ni tampoco dentro de las restantes pruebas aportadas, intervención alguna de los procesados Garavito García y Puerta Muñoz en temas ligados con “limones sintéticos”, “carbones o negritos” y otro proyecto diferente.

La intervención de estos personajes tal y como se viene señalando, no ha producido hasta el momento daño al bien jurídico tutelado, ni ha sido constitutiva de infracción penal. Tampoco se encuentra en este proceso evidencia alguna que transmita certeza sobre la participación de Garavito García y Puerta Muñoz en negociaciones diferentes orientadas a la comercialización de la sustancia, mal se puede entonces endilgar a los acusados condiciones que acrediten su posición de concertados con aquella finalidad.

La actuación de Garavito García y Puerta Muñoz, tal y como quedó plasmada no puede producir un compromiso penal, recuérdese que este reato por el cual vienen formalmente acusados posee unas características peculiares que tornan indiscutible el tipo penal, las actividades desplegadas por éstos no trascendieron a la órbita de la infracción penal, su comportamiento no traspasó el límite y ni siquiera inició la ejecución del verbo rector descrito en el tipo, penalizar su comportamiento constituiría un retroceso al peligrosismo, estadio penal superado por la dogmática penal impetrante en nuestra legislación; razones estas que demuestran que José Hugo Garavito García y Gustavo Puerta Muñoz, no fueron parte de la concertación que dirigía Hernán Uribe.

En tales condiciones, no estando reunidos en este caso los presupuestos del artículo 232 del Código de Procedimiento Penal, se impone la absolución de los acusados José Hugo Garavito García y Gustavo Alberto Puerta Muñoz.

C. José Hugo Garavito García

A. Imputación por receptación

1. Materialidad del hecho

(…) Deriva de la resolución de acusación que el señalamiento contra Garavito García por el reato de receptación, deviene de la otrora investigación que se efectuara en la Unidad Nacional de Lavado de Activos, incorporada al presente paginario y en donde se informa que “el señor Garavito García venía introduciendo al sistema financiero del país, gruesas sumas representadas en títulos valores cuyo monto superó los mil millones de pesos”.

La aparición de unos títulos valores CDT en el sistema financiero colombiano, los cuales se encontraban a nombre de diferentes personas vinculadas a la empresa Vitasol Ltda. en la ciudad de Cali, y de familiares de Hernando Maya, con quien Garavito García tiene relaciones de amistad de vieja data y las inversiones efectuadas por las empresas Grupo HG e Hijos Ltda. y Minera HG Ltda., a través de firmas comisionistas de bolsa son la base de la acusación. De allí, deriva la materialidad de la infracción.

(…)

No se aportó prueba dentro del extenso paginario que permita suponer que los CDT o los dineros invertidos por las empresas Grupos HG e Hijos Ltda. y Minera HG Ltda., a través de la firma comisionista de bolsa Gabriel Ferrero y Cía., provienen de una actividad ilícita.

Es igualmente abundante la prueba que demuestra la actividad comercial desplegada por Garavito García, la que data de más de 20 años y sobre la cual no aparece reparo alguno por parte de los analistas financieros al servicio del Estado.

Así las cosas, no hallándose el primero de los elementos en estudio, esto es el de la Materialidad de la Conducta, infructuoso sería continuar con el de la Responsabilidad, pues, si no hay delito, mucho menos responsabilidad en el mismo.

Las inversiones efectuadas por Garavito García por sí o a través de sus empresas, no merodean los linderos de la punibilidad, pues su participación en actividades bursátiles quedó clara no solo con los documentos aportados sino también con los testimonios rendidos en desarrollo de la audiencia pública.

7. Para la misma fecha en que se profirió la anterior decisión, el señor José Hugo Garavito García suscribió diligencia en la que se comprometió a (i) cumplir las obligaciones contempladas en el artículo 368 del Código de Procedimiento Penal, (ii) presentarse ante la autoridad judicial cuando sea solicitado, (iii) observar buena conducta individual, familiar y social, (iv) informar todo cambio de residencia, y (iv) no salir del país sin previa autorización judicial.

8. El 23 de febrero de 2006, el Tribunal Superior de Montería resolvió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del señor Jairo Hernán Alfonso Olaya, quien había sido condenado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá(4), ante lo cual, confirmó la Sentencia del 24 de diciembre de 2003, en relación con el mencionado procesado (fls. 200-216, cdno. pruebas).

9. El 23 de mayo de 2007, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia inadmitió la demanda de casación presentada por los señores Jairo Hernán Alonso Olaya y Álvaro José Hoyos Trujillo.

10. En folio 237 del cuaderno de pruebas, obra constancia de recibo del 17 de mayo de 2001, expedida por el abogado Rogers Fidel Herrera Aguilar, en la que pone de presente que la señora María Eugenia Cáceres le canceló el valor de un millón de pesos ($1’000.000) por concepto de pago parcial de honorarios profesionales, por la defensa del señor José Hugo Garavito García.

11. En folios 234 a 236 del cuaderno de pruebas, obra recibos de caja 613 del 23 de mayo de 2001, 014 del 30 de mayo de 2001, 618 del 22 de junio de 2001, 019 del 22 de junio de 2001 y 620 del 5 de julio de 2001, en los que consta que la señora María Eugenia Cáceres pagó a favor de Asegsol de Colombia Abogados Consultores, la suma total de once millones doscientos ochenta mil pesos ($11’280.000) por concepto de pago de honorarios.

12. En folios 238 a 245 del cuaderno de pruebas, obran recibos de pago efectuados por el señor José Hugo Garavito García al abogado Jaime Javier Valderrama Ovalle por concepto de honorarios profesionales por la defensa llevada a cabo al interior del proceso penal seguido en su contra. Al respecto, se observa que: (i) El 7 de septiembre de 2001, canceló el valor de diez millones de pesos ($10’000.000), (ii) El 5 de marzo de 2002, canceló el valor de cinco millones de pesos ($5’000.000), (iii) El 3 de septiembre de 2002, canceló el valor de cinco millones de pesos ($5’000.000), (iv) El 15 de diciembre de 2002, canceló el valor de diez millones de pesos ($10’000.000), (v) El 8 de marzo de 2003, canceló el valor de quince millones de pesos ($15’000.000), (vi) El 3 de septiembre de 2003, canceló el valor de cinco millones de pesos ($5’000.000), y (vii) El 24 de diciembre de 2003, canceló el valor de veinticinco millones de pesos ($25’000.000).

13. En folio 158 del cuaderno de pruebas, obra certificado del médico del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —INPEC— del 18 de noviembre de 2003, en la que en relación con el procesado José Hugo Garavito García se pone de presente lo siguiente: “Paciente con historia clínica de depresión, angustia, neurosis de ansiedad, conflicto familiar. Por lo tanto, se solicita manejo por psiquiatría”.

14. En folio 159 del cuaderno de pruebas, obra constancia de la Clínica Psicoterapéutica Integral del 24 de noviembre del 2003, en la que se puso de presente que el paciente José Hugo Garavito García debe asistir al programa del hospital en salud mental, incluida terapia ocupacional y psicoterapia individual, con una asistencia diaria de mínimo tres horas los días 28 de noviembre y 2, 5, 9, 12, 16, 19, 24, 26, 29 y 31 de diciembre de 2003.

15. En folio 246 del cuaderno de pruebas, obra certificado de matrícula de persona natural del señor José Hugo Garavito García, expedida por la Cámara de Comercio el 30 de mayo de 2008, en la que se pone de presente que su actividad comercial es comerciante en joyas.

16. En folios 250 a 251 del cuaderno de pruebas, obra certificado de existencia y representación de la sociedad Grupo H. G. e Hijos Ltda., expedida por la Cámara de Comercio el 30 de mayo de 2008, en la que se pone de presente que aquella se halla disuelta por vencimiento del término de duración y, en consecuencia, entró en estado de liquidación a partir del 21 de julio de 2002. Asimismo, se pone de presente que su objeto social era: “La compra, venta, exportación de joyas y esmeraldas y todo lo relacionado con el ramo. La compra, venta enajenación de toda clase de muebles e inmuebles, y en general negocios de construcción, propiedad raíz y similares”. La sociedad estaba conformada por: José Hugo Garavito García, Juan David Garavito Tavera, Angélica Valentina Garavito, Julia Liliana Garavito Tavera, Thayde Garavito Tavera y Hugo Andrés Garavito Tavera. Su representante legal era el señor José Hugo Garavito García.

17. En folios 248 a 249 del cuaderno de pruebas, obra certificado de existencia y representación de la sociedad Minera H. G. Ltda., expedida por la Cámara de Comercio el 30 de mayo de 2008, en la que se pone de presente que aquella fue constituida mediante escritura pública el 29 de julio de 1983. Así mismo, se observa que su objeto social es: “la exploración explotación, procesamiento, transformación, beneficio y comercialización de toda clase de sustancias minerales, metálicas especialmente yacimientos de oro y metales preciosos y en general todo lo relacionado con la minería”. En relación a su vigencia se consagró lo siguiente: “la sociedad no se haya disuelta. Duración hasta el 29 de julio de 2033”. La sociedad está conformada por: Hugo Eduardo Gaitán Camacho y Grupo H.G. e Hijos Ltda. Su representante legal es el señor José Hugo Garavito García.

18. En folio 33 del cuaderno de pruebas, obra certificado de existencia y representación expedida por la Cámara de Comercio el 14 de mayo de 2001 de la sociedad María E. Cáceres e Hijas S. en C. donde se pone de presente que por escritura pública del 10 de junio de 1999, bajo el 69582, la sociedad fue declarada disuelta y en estado de liquidación. Así mismo, se observa que su objeto social era la “inversión de su capital en bienes muebles e inmuebles que produzcan rendimiento, ser socia de otras sociedades que persigan fines lícitos”. Por otra parte, se certificó que sus socios eran: María Eugenia Cáceres Otero, José Hugo Garavito García y Angélica Valentina Garavito Cáceres. En folio 269 del cuaderno de pruebas, obra certificado de existencia y representación de la sociedad María E. Cáceres e Hijas S. en C., expedido por la Cámara de Comercio el 30 de julio de 2008, en la que se pone de presente que aquella fue constituida por escritura pública el 23 de abril de 1987, pero que a la fecha se encuentra liquidada: “El acta n.º 6 de la junta de socios del 10 de noviembre de 2006, por medio de la cual se aprobó la cuenta final de liquidación de la sociedad, fue inscrita el 4 de mayo de 2007 bajo el n.º 1128374 del libro IX. Que en consecuencia, y conforme a los registros que aparecen en la cámara de comercio de Bogotá, la sociedad se encuentra liquidada”.

19. En folio 94 del cuaderno 1, obra la hoja de vida del vehículo de placas CRH-208 en la que se pone de presente que la sociedad María Eugenia Cáceres e Hijas S. en C. fue la propietaria del automotor desde el 22 de marzo de 1996 hasta el 30 de septiembre de 2004. Por otra parte, en folio 276 del cuaderno de pruebas, obra licencia de tránsito 95-25000009384 donde aparece como propietaria del vehículo de placas CRH-208 la sociedad María Eugenia Cáceres e Hijas S. en C.

20. En folio 271 del cuaderno 1, obra constancia expedida por la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca el 14 de agosto de 2008, en la que se pone de presente el pago del “impuesto sobre vehículos automotores” del automóvil de placas CRH-208 de las vigencias 2001, 2002 y 2003. Al respecto, se precisa que: (i) en el año 2001, se canceló el valor de un millón trescientos cincuenta y dos mil pesos ($1’352.000); (ii) en el año 2002, se canceló el valor un millón doscientos cincuenta y seis mil pesos ($1’256.000); y (iii) en el año 2003, se canceló el valor de seiscientos cuarenta y cuatro mil pesos ($644.000).

21. En folio 272 del cuaderno de pruebas, obra Formulario Único del Impuesto sobre Vehículos Automotores, del año gravable 2001, del vehículo de placas CRH-208, donde figura como declarante la sociedad María Eugenia Cáceres e Hijas S. en C. que pagó el total de un millón trescientos cincuenta y dos mil pesos ($1’352.000) el 24 de agosto de 2004.

22. En folio 273 del cuaderno de pruebas, obra Formulario Único del Impuesto sobre Vehículos Automotores, del año gravable 2002, del vehículo de placas CRH-208, donde figura como declarante la sociedad María Eugenia Cáceres e Hijas S. en C. que pagó el total de un millón doscientos cincuenta y seis mil pesos ($1’256.000) el 24 de agosto de 2004.

23. En folio 274 del cuaderno de pruebas, obra Formulario Único del Impuesto sobre Vehículos Automotores, del año gravable 2003, del vehículo de placas CRH-208, donde figura como declarante la sociedad María Eugenia Cáceres e Hijas S. en C. que pagó el total de seiscientos cuarenta y cuatro pesos ($644.000) el 24 de agosto de 2004.

24. En folios 278 a 280 del cuaderno de pruebas, obra facturas de venta 12.473, 12.530, 12.471 y 12.539 del 29 de junio de 2004, expedida por Auto Centro Motores Computarizado Ltda., en las que se da cuenta la compra de una variedad de repuestos para automotor y trabajo de mecánico efectuado al vehículo de placas CRH-208.

25. En folio 247 del cuaderno de pruebas, obra copia de recorte de periódico del diario El Tiempo del 20 de mayo de 2001, en el que se destaca lo siguiente:

Detenidos presuntos narcos

La Dijín capturó en Bogotá a José Garavito García y a Gustavo Puerta Muñoz por los presuntos delitos de narcotráfico y concierto para delinquir. A Garavito y a Puerta se les sindica de enviar a Europa por lo menos 214 kilos de cocaína utilizando limones de goma, carbón mineral y leña para chimeneas. Otros presuntos “narcos” que participaban en esta organización fueron capturados en mayo del 2000.

26. En folio 280 a 281 del cuaderno de pruebas, obra diligencia de recepción de testimonio de la señora Luz Mary Garavito Barbosa, quien acudió en calidad de sobrina del señor José Hugo Garavito García. Al respecto, se destaca lo siguiente:

Preguntando: Dígale al despacho qué actividades desarrollaba José Hugo para el 2002 que usted menciona fue capturado por la Fiscalía. Contestó: En esa época y de tiempo atrás él trabajaba como comerciante de joyas tenía dos empresas una familiar que era el Grupo HG e Hijos y Minera HG juntas dedicadas a la venta comercialización de joyas, a él le iba muy bien tenía ingresos muy bien, mayores a cinco millones de pesos mensuales y era él el representante legal de las otras dos compañías. Preguntando: Díganos si usted tiene conocimiento por la cercanía con el señor José Hugo, qué clase de perjuicios o afectaciones de tipo material o patrimonial tuvo el señor José Garavito como consecuencia de su privación de la libertad por espacio de tres años. Contestó: Fue grande la afectación, porque el dejó de percibir los ingresos que recibía como comerciante de joyas que podían de ser como de cinco millones de pesos o más, al no recibir eso se tuvieron que contratar abogados dada la gravedad de los cargos que le estaban imputando, se contrataron me acuerdo dos abogados un doctor de apellido Roger Herrera, que en un principio se le cancelaron más de sesenta millones de pesos, igualmente tuvimos que buscar recursos porque él era cabeza de familia y todo tuvo que salir del patrimonio de la familia para todos los gastos que se presentaron ya que al estar privado de la libertad no había ingresos, la oficina tuvo que cerrarse hasta el momento no se volvió a recuperar la oficina. Preguntando: Indíquele al despacho cómo es la situación económica del señor José Hugo Garavito con posterioridad al año 2001 y actualmente. Contestó: La situación es muy difícil porque no tiene ningún ingreso la compañía quebró y no hay ninguna fuente de ingresos para él, el comercio de joyas lo practica esporádicamente porque su buen nombre quedó entre dicho. (…) Preguntando: Usted en respuesta anterior nos dio el nombre de dos empresas familiares cuyo representante legal era don José Hugo Garavito García. Díganos si tiene conocimiento de qué manera se pudieron ver afectadas patrimonialmente cada una de esas empresas. Contestó: La sociedad que era con los hijos de él que es el grupo HG e hijos él era el representante legal y administrador de esa sociedad no recuerdo cuáles eran los ingresos pero así aparece en la cámara de comercio, al año debía ser como cien millones no lo puedo contestar exactamente pero le iba muy bien con su compañía, la otra compañía es la minera HG es una concesión del ministerio de minas que explotaba oro eso era una mina en el Tolima que se llamaba el Papayo, las compañías juntas tuvieron que cerrar. Preguntando: En vista de su respuesta anterior precísenos cuál es la razón para que esas dos sociedades que menciona hayan tenido que cerrar como lo manifiesta. Contestó: Al encontrarse detenido y siendo él la persona que administraba las dos compañías y obviamente al no poder hacerlo ya las dos compañías tuvieron que cerrarse, quebradas.

27. En folios 282 a 283 del cuaderno de pruebas, obra diligencia de recepción de testimonio del señor Humberto Garavito García, quien acudió en calidad de hermano del señor José Hugo Garavito García. Al respecto, se destaca lo siguiente:

Preguntando: Señor Humberto en el proceso consta que su hermano José Hugo Garavito fue privado de su libertad por parte de la Fiscalía General de la Nación durante un determinado tiempo. Díganos qué sabe usted al respecto. Contestó: Mi hermano estuvo vinculado con la comercialización de joyería y piedras preciosas aproximadamente durante cuarenta y cinco años por razones de su actividad tenía un crédito muy amplio con los bancos y tenía una selección de clientela que le compraba sus productos en muy buena cantidad de clientes por consiguiente eso era parte de los ingresos que él obtenía en esa época por ese concepto que podrían ser en ese tiempo unos 6 o 7 millones de pesos mensuales. En mayo del año 2001 fue privado de su libertad por una orden de la Fiscalía 7ma de la nación y recluido en la cárcel nacional modelo por espacio de treinta y un meses, esta situación originó una serie de traumas y perjuicios morales y materiales porque él era la cabeza principal de una familia como la nuestra de la cual la mayoría de sus familiares recibía apoyo económico de su parte. Al privarlo de su libertad y por una publicación en el periódico El Tiempo donde lo señalaron como narcotraficante y otros cargos ocasionó que tanto los bancos como su clientela le afectaron los créditos y por ende sus negocios. Preguntando: Don Humberto, dígale al despacho qué actividades desarrollaba José Hugo para el 2001 que usted menciona fue capturado por la fiscalía. Contestó: Su actividad era la comercialización de joyería y piedras preciosas, era su mayor actividad. Preguntando: Díganos si usted tiene conocimiento por la cercanía con el señor José Hugo, qué clase de perjuicios o afectaciones de tipo material o patrimonial tuvo el señor José Garavito como consecuencia de su privación de la libertad. Contestó: Pues al no generar ya ingresos como cabeza principal de su negocio tuvo que empezar a realizar la venta de unos bienes que él poseía, contrató los servicios de un abogado, doctor Roger, no recuerdo el apellido, a quien inicialmente le canceló una suma aproximada de doce (12) millones de pesos y posteriormente consiguió los servicios de otro abogado, el doctor Jaime Valderrama, a quien le pagó honorarios por valor de ochenta millones de pesos. Preguntando: Indíquele al despacho como es la situación económica del señor José Hugo Garavito con posterioridad al año 2001 y actualmente. Contestó: Pues su situación económica es bastante precaria pues tuvo que empezar a cerrar y liquidar dos empresas que era Grupo HG E Hijos Ltda. y Minera HG. (…) Preguntando: Don Humberto, indíquele al despacho qué relación o qué cargo desempeñaba don José Hugo en las empresas Grupo HG e Hijos Ltda. y Minera HG Ltda., qué papel desempeñaba. Contestó: Él es el representante legal de las dos empresas, lógicamente ante la cámara de comercio de Bogotá, manejando toda la relación con las partes tributarias y comerciales porque era la cabeza principal de estas dos firmas. Preguntando: Usted en respuesta anterior nos dio el nombre de dos empresas familiares cuyo representante legal era don José Hugo Garavito. Díganos si tiene conocimiento de qué manera se pudieron ver afectadas patrimonialmente cada una de esas empresas. Contestó: Pues uno de los tantos perjuicios que tuvo la privación de su libertad fue que sus negocios, sus ingresos se fueron a menos y por consiguiente tuvo que entrar a cerrarlas y gestionar su liquidación. Preguntando: Indíquele al despacho si por la cercanía que usted ha tenido con don José Hugo y sus empresas, tiene conocimiento cómo era el movimiento comercial de las mismas, sus ingresos promedio, y su movimiento en general en el mercado comercial de la joyería y la minería. Contestó: En el grupo HG era la que más actividad tenía y por consiguiente la que mayores ingresos le representaba, la Minera HG era menos activa, pero sin embargo en cuanto a cifras podía generar unos dos (2) millones de pesos mensuales, la del Grupo HG no podría establecer una cifra en sus ingresos, pero era la principal fuente de ella.

28. La señora María Eugenia Cáceres Otero es la cónyuge del señor José Hugo Garavito García (registro civil de matrimonio, fl. 268, cdno. de pruebas).

V. Análisis de la Sala

En relación con el juicio de responsabilidad administrativa y patrimonial de la parte demandada, la Sala considera que no hay dudas sobre la existencia del daño alegado, pues está acreditado que el señor José Hugo Garavito García fue privado de la libertad desde el 12 de mayo de 2001 al 24 de diciembre de 2003, día a partir del cual fue absuelto de los delitos imputados por decisión del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá.

Establecida la existencia del daño es necesario verificar si se trata de un daño antijurídico imputable jurídica o fácticamente a la Fiscalía General de la Nación o no, aspecto este que constituye el núcleo del recurso de apelación formulado, pues, se recuerda, a juicio de la parte actora, la privación de la libertad a la cual fue sometido el señor José Hugo Garavito García fue injusta y, en consecuencia, hay lugar a declarar la responsabilidad administrativa y patrimonial por los perjuicios que hubiera podido causar.

Es preciso advertir que para el momento en el que se profirió la providencia de absolución —24 de diciembre de 2003—, ya había entrado en vigencia el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, que establece que “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”.

En efecto, al revisar el proyecto de dicha ley estatutaria, la Corte Constitucional en Sentencia C-037 de 1996(5), condicionó la declaratoria de exequibilidad del que sería el artículo 68, en estos términos:

Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6º, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención (…).

Bajo estas condiciones, el artículo se declarará exequible.

Al respecto, la Sala ha considerado(6) que si bien el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 se refiere a la responsabilidad patrimonial del Estado en los eventos en los cuales la actuación de cualquiera de sus ramas u órganos hubiera sido “abiertamente arbitraria”, dicha disposición no excluye la aplicación directa del artículo 90 de la Constitución para derivar el derecho a la reparación cuando los daños provienen de una actuación legítima del Estado, adelantada en ejercicio de la actividad judicial, pero que causa daños antijurídicos a las personas, en tanto estos no tengan el deber jurídico de soportarlos, como sucede con todos aquéllos daños que sufren las personas que son privadas de la libertad durante una investigación penal, a pesar de no haber cometido ningún hecho punible o sin que se les desvirtúe la presunción de inocencia.

Así las cosas, cuando se da uno de los supuestos señalados, hay lugar a aplicar el régimen objetivo de responsabilidad(7) pues, como ya se señaló, en virtud de la sentencia absolutoria, o su equivalente, que se funda en una de las hipótesis mencionadas, la privación de la libertad de que fue objeto el sindicado devino injusta y ello constituye un daño antijurídico, sin que sea necesario analizar la legalidad de la medida de aseguramiento impuesta. Al respecto vale la pena transcribir las consideraciones de la Sección Tercera en una de las providencias ya citadas(8):

El concepto de daño antijurídico, como se ha señalado en la jurisprudencia y en la doctrina se desliga de su causación antijurídica(9). Por lo tanto, aunque la medida de aseguramiento se hubiera dictado atendiendo las exigencias constitucionales, esto es, fundada en una causa prevista en la ley, con el cumplimiento de los requisitos probatorios señalados, por el tiempo indispensable para la averiguación de los hechos, de manera proporcional a la conducta realizada, con el fin de evitar la fuga del sindicado, asegurar su presencia en el proceso, hacer efectiva la sentencia o impedir la continuación de su actividad delictiva, el daño será antijurídico cuando esa medida deviene injusta, porque la conducta que se investiga no se materializó en el mundo de los hechos, o habiéndose producido esa conducta, el sindicado no fue su autor, o cuando habiéndola ejecutado éste, tal conducta no encuadraba en la descripción típica o estaba amparada por una causal de justificación o inculpabilidad, es decir, por un hecho que no reviste reproche penal alguno.

Si bien es cierto que el Estado está legitimado para privar preventivamente de la libertad a las personas que sean sometidas a una investigación penal, cuando se cumplan estrictamente los requisitos constitucional y legalmente previstos para la imposición de esa medida de aseguramiento, la persona que sufra dicha limitación tendrá derecho a que se le indemnicen los daños que con la misma se le hubieran causado, sin que se requiera realizar ninguna valoración diferente, cuando se profiere sentencia absolutoria o su equivalente, por haberse demostrado que esa persona no ha incurrido en ninguna conducta digna de reproche penal, porque en tal caso la medida devendrá injusta. En pocas palabras: quien legal pero injustamente privado de su libertad, tiene derecho a que se le indemnicen los daños que hubiere sufrido, porque en tal caso los daños causados con su detención serán antijurídicos.

No obstante, cabe advertir que aún en los casos en los que la persona privada de la libertad hubiera sido absuelta mediante sentencia, o su equivalente, con fundamento en la aplicación del principio de in dubio pro reo, la Sección Tercera, en sentencia de unificación consideró que había igualmente lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, porque la persona afectada en tales circunstancias no tenía el deber jurídico de soportar dicha carga, en tanto no se había desvirtuado en su contra la presunción de inocencia que la amparaba:

Todos los argumentos hasta aquí expuestos, los cuales apuntan a sustentar que el título jurídico de imputación a aplicar, por regla general, en supuestos como el sub judice en los cuales el sindicado cautelarmente privado de la libertad finalmente resulta exonerado de responsabilidad penal en aplicación del principio in dubio pro reo, es uno objetivo basado en el daño especial —como antes se anotó—, no constituye óbice para que se afirme, que en determinados supuestos concretos, además del aludido título objetivo de imputación consistente en el daño especial que se le causa a la persona injustamente privada de la libertad —y, bueno es reiterarlo, la injusticia de la medida derivará de la intangibilidad de la presunción constitucional de inocencia que ampara al afectado, de la excepcionalidad de la privación de la libertad que se concreta en su caso específico y a nada conduce, toda vez que posteriormente se produce la absolución, con base en el beneficio que impone el postulado in dubio pro reo, pero con evidente ruptura del principio de igualdad—, también puedan concurrir los elementos necesarios para declarar la responsabilidad del Estado por falla en el servicio, por error jurisdiccional o por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia. En tales eventos, como insistentemente lo ha señalado esta Sala cuando el caso puede ser resuelto ora a través de la aplicación de un régimen objetivo, ora al amparo de uno subjetivo de responsabilidad, el contenido admonitorio y de reproche que para la entidad pública reviste la condena con base en este último título de imputación —además de la ilicitud del proceder de la misma entidad en el caso concreto— determina y aconseja que el fallo se sustente en la falla en el servicio y no el régimen objetivo que hubiere resultado aplicable.

Pero dicha posibilidad resulta completamente diferente a sostener que, por solo el hecho de que la privación de la libertad de un individuo se hubiere dispuesto con sujeción a los mandatos legales vigentes y, por tanto, mediante un proceder lícito, el Estado estaría eximido de responder por los perjuicios que le hubiere ocasionado a la víctima por razón de dicha detención, a pesar de que el correspondiente juicio penal hubiere concluido con la expedición de fallo de inocencia a favor del sindicado, incluso en aplicación del principio in dubio pro reo…

(…)

Como corolario de lo anterior, es decir, de la operatividad de un régimen objetivo de responsabilidad basado en el daño especial, como punto de partida respecto de los eventos de privación injusta de la libertad —especialmente de aquellos en los cuales la exoneración de responsabilidad penal tiene lugar en aplicación del principio in dubio pro reo—, debe asimismo admitirse que las eximentes de responsabilidad aplicables en todo régimen objetivo de responsabilidad pueden —y deben— ser examinadas por el Juez Administrativo en el caso concreto, de suerte que si la fuerza mayor, el hecho exclusivo de un tercero o de la víctima, determinan que el daño no pueda ser imputado o sólo pueda serlo parcialmente, a la entidad demandada, deberá proferirse entonces el correspondiente fallo absolutorio en punto a la determinación de la responsabilidad patrimonial y extracontractual del Estado o la reducción proporcional de la condena en detrimento, por ejemplo, de la víctima que se haya expuesto, de manera dolosa o culposa, al riesgo de ser objeto de la medida de aseguramiento que posteriormente sea revocada cuando sobrevenga la exoneración de responsabilidad penal; así lo ha reconocido la Sección Tercera del Consejo de Estado(10).

Para la Sala es claro, de acuerdo con el contenido de la providencia absolutoria, que las pruebas recaudadas en la actuación penal no ofrecían certeza sobre la participación del entonces sindicado en los hechos, esto es, no se logró demostrar que el señor José Hugo Garavito García ejecutó las conductas que se le imputó, lo que equivale a señalar que el esfuerzo probatorio de la Fiscalía en ese sentido fue insuficiente para desvirtuar su presunción de inocencia que amparaba al sindicado.

Sin embargo, la entidad demandada podrá exonerarse de responsabilidad cuando demuestre que la víctima de la detención estaba en el deber jurídico de soportarla porque su conducta fue dolosa o gravemente culposa.

La Ley 270 de 1996, en su artículo 70 estableció que el hecho de la víctima puede dar lugar a exonerar de responsabilidad al Estado, así:

El daño se entenderá como culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado (…).

En este sentido, el Consejo de Estado ha indicado que el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad se origina cuando el suceso causalmente vinculado a la producción del daño no es predicable de la administración, sino de una actuación u omisión endilgable a la propia víctima. Al respecto se ha dicho:

[E]specíficamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta. Por tanto, puede suceder en un caso determinado, que una sea la causa física o material del daño y otra, distinta, la causa jurídica la cual puede encontrarse presente en hechos anteriores al suceso, pero que fueron determinantes o eficientes en su producción.

Lo anterior permite concluir que si bien se probó la falla del servicio también se demostró que el daño provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa, la cual rompe el nexo de causalidad; con esta ruptura el daño no puede ser imputable al demandado porque aunque la conducta anómala de la Administración fue causa material o física del daño sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del señor Mauro Restrepo Giraldo, quien con su conducta culposa de desacato a las obligaciones a él conferidas, se expuso total e imprudentemente a sufrir el daño (…)(11).

En este punto es necesario precisar que el análisis de la conducta dolosa o culposa se rige por los preceptos establecidos en el derecho civil, por tanto, difiere del estudio de culpabilidad realizado por el ente investigador en sede penal. Al respecto, ha dicho esta Corporación(12):

[P]ara responder el anterior asunto cabe recordar que la Sala(13) ha determinado que cuando se trata de acciones de responsabilidad patrimonial, el dolo o culpa grave que allí se considera, se rige por los criterios establecidos en el derecho civil, artículo 63 del Código Civil, que no se corresponden con los del derecho penal: (…).

Sobre la noción de culpa y dolo, en esa oportunidad también consideró, en criterio que aquí se reitera que, culpa se ha dicho que es la reprochable conducta de un agente que generó un daño antijurídico (injusto) no querido por él pero producido por la omisión voluntaria del deber objetivo de cuidado que le era exigible de acuerdo a sus condiciones personales y las circunstancias en que actuó; o sea, la conducta es culposa cuando el resultado dañino es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. También por culpa se ha entendido el error de conducta en que no habría incurrido una persona en las mismas circunstancias en que obró aquella cuyo comportamiento es analizado y en consideración al deber de diligencia y cuidado que le era exigible. Tradicionalmente se ha calificado como culpa la actuación no intencional de un sujeto en forma negligente, imprudente o imperita, a la de quien de manera descuidada y sin la cautela requerida deja de cumplir u omite el deber funcional o conducta que le es exigible; y por su gravedad o intensidad, siguiendo la tradición romanista, se ha distinguido entre la culpa grave o lata, la culpa leve y la culpa levísima, clasificación tripartita con consecuencias en el ámbito de la responsabilidad contractual o extracontractual, conforme a lo que expresamente a este respecto señale el ordenamiento jurídico. De la norma que antecede (art. 63 CC) se entiende que la culpa leve consiste en la omisión de la diligencia del hombre normal (diligens paterfamilias) o sea la omisión de la diligencia ordinaria en los asuntos propios; la levísima u omisión de diligencia que el hombre juicioso, experto y previsivo emplea en sus asuntos relevantes y de importancia; y la culpa lata u omisión de la diligencia mínima exigible aún al hombre descuidado y que consiste en no poner el cuidado en los negocios ajenos que este tipo de personas ponen en los suyos, y que en el régimen civil se asimila al dolo(14).

En consideración a lo anterior, la Sala no encuentra en el presente caso alguna prueba sobre una conducta reprochable del señor José Hugo Garavito García, o que haya faltado a la debida diligencia o prudencia que le era exigible. En principio, es a la parte accionada a quien le corresponde demostrar, mediante pruebas legal y regularmente traídas al proceso, que se ha dado algún supuesto de hecho, en virtud del cual pudiera entenderse configurada la causal de exoneración consistente en el hecho exclusivo y determinante de la víctima. Sin embargo, si dicha causal se encuentra probada, su reconocimiento procede aún de oficio.

En el caso sub judice, no existen pruebas relacionadas con actuaciones dolosas o gravemente culposas de la víctima directa que permita exonerar de responsabilidad a la entidad demandada.

Por consiguiente, dado que el señor José Hugo Garavito García fue privado de la libertad mientras que el Estado, a través de su aparato investigativo, averiguaba su presunta autoría o participación en una conducta punible, la parte actora deberá ser compensada, por cuanto se le impuso una carga mayor a la que asume el promedio de los ciudadanos.

Por otro lado, como en la demanda también se pretende la atribución de responsabilidad a la Fiscalía General de la Nación por el hecho de la retención del vehículo de placas CRH-208 de propiedad de la sociedad María Eugenia Cáceres e Hijas S. en C., resulta oportuno analizar tal escenario con base en los parámetros que ha establecido la jurisprudencia de esta Sala frente a casos similares. Al respecto, en Sentencia del 28 de mayo de 2015(15) se dijo lo siguiente:

21. El artículo 53 del Decreto legislativo 99 de 1991, adoptado como legislación permanente mediante el Decreto 2271 de 1991, establecía que la incautación u ocupación de bienes muebles e inmuebles solo podía ordenarse por las autoridades judiciales cuando existiera prueba sumaria de su vinculación a la comisión de alguno de los delitos referidos en el artículo 9º del mismo cuerpo normativo…

(…)

22. La Sección Tercera se ha pronunciado, en anteriores oportunidades, sobre la responsabilidad del Estado generada con ocasión de la inmovilización de bienes, sin que se tenga prueba sumaria(16) de su vinculación con el ejercicio de actividades ilícitas. Así, en un caso similar al que ahora se analiza, consideró:

La legislación vigente al momento de los hechos objeto de esta demanda establece sin ambages que “[e]l superior de la Unidad Investigativa de Policía Judicial de Orden Público o el Jefe de la Policía Judicial, sólo podrán ordenar la incautación u ocupación de bien mueble o inmueble cuando exista prueba sumaria sobre su vinculación o delito de los mencionados en el artículo 9º” del Decreto-Ley (sic) 99 de 1991, esto es, entre otros, los delitos consagrados en la Ley 30 de 1986. En este sentido, de la norma citada resulta claro que para ordenar la inmovilización de la aeronave la autoridad de Policía debía tener en su acervo prueba siquiera sumaria de la vinculación del bien a alguno de los delitos referidos en el artículo 9º del Decreto-Ley 99 (sic) de 1991 (sic).

(…).

De esta manera, para determinar la existencia de una falla en el servicio por parte de la Policía Nacional por los hechos objeto de esta demanda, la Sala debe determinar si existía al menos prueba sumaria de la vinculación de la aeronave HK-2581 a la comisión de un delito, teniendo siempre presente que la decisión de la Policía Nacional de inmovilizar la aeronave fue determinante para la producción del daño alegado por la parte actora.

Del Acta de la “Inspección Judicial” allegada al expediente se tiene que la razón fundamental para ordenar la inmovilización de la aeronave radicó en que el técnico en identificación de aeronaves señaló: “Al confrontar la documentación presentada ante el libro de vuelo de la aeronave con la plaqueta original de la misma se pudo determinar que la plaqueta impuesta por la fábrica del avión se encuentra en estado de deterioro y no presenta impregnación de dicha plaqueta legible de la misma por cuanto se le imprimió en forma desordenada dicha serialización, en el libro figura el número de serie 43-49745 y la fabricación y designación de Douglas C-47D” (fl. 48 cdno. 1), motivo éste que aun cuando no se señaló expresamente por la funcionaria encargada de adelantar la diligencia, lo cierto es que se constituyó en la razón fundamental para ordenar la inmovilización y la imposición de cuarenta sellos en la aeronave a través de los cuales se identificó como objeto de una investigación por la Dirección Nacional de Estupefacientes.

Para la Sala, el hecho de que las plaquetas de identificación de la aeronave parecieran adulteradas, lo que hubiere podido llevar a tener dudas respecto de su matrícula, no constituye prueba sumaria de la vinculación del bien inmueble a la comisión de un delito de aquellos señalados en el artículo 9º del Decreto-Ley (sic) 99 de 1991, entre los cuales se encuentran los consagrados en la Ley 30 de 1986.

Brillan por su ausencia los argumentos que pudo haber tenido en cuenta la funcionaria de la Policía Nacional que llevó a cabo la diligencia de inspección judicial para ordenar la inmovilización del bien, la relación de las pruebas sumarias de la vinculación de la aeronave con un ilícito cualquiera o aún la tipificación del delito o la contravención a los que hubiere podido vincularse la aeronave objeto de la inspección judicial.

(…)

Así las cosas, para la Sala en el presente caso se configuró una falla del servicio en cabeza de la Policía Nacional por cuanto, de un lado se tomó la decisión de inmovilizar la aeronave HK-2581 sin que existiera, al menos, prueba sumaria que permitiera inferir la necesidad de ordenar dicha medida y, por el otro, los técnicos que intervinieron en la diligencia no tenían los conocimientos suficientes que le hubieran permitido a la Policía Nacional adoptar la decisión adecuada.

Se debe reiterar, en todo caso, que en el acta correspondiente a la Inspección que realizó la Policía Nacional el 19 de diciembre de 1995 no se encuentran los elementos argumentativos suficientes y necesarios para que las diferentes autoridades administrativas y judiciales llamadas a intervenir posteriormente en procesos de esta naturaleza puedan cumplir de manera adecuada sus funciones, lo cual adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que la orden de inmovilización de aeronaves o automotores constituye una grave limitación a los derechos fundamentales de propiedad y de libertad de empresa de los propietarios de los bienes objeto de esas medidas(17).

23. En este caso, se tiene demostrado que el único motivo que dio lugar a la inmovilización de la aeronave de propiedad de la sociedad actora fue el hallazgo de falencias en sus certificados de aeronavegabilidad y de operación. Las autoridades no encontraron elementos que ofrecieran razones para sostener que el bien estaba siendo utilizado para el ejercicio de alguna actividad ilícita. De hecho, las pruebas de absorción practicadas al interior de la aeronave arrojaron resultados negativos para efectos o residuos de estupefacientes…

24. En estas condiciones, se concluye que la inmovilización practicada por la Fiscalía General de la Nación resultó ilegal porque las presuntas irregularidades halladas en la documentación de la aeronave no podían tenerse como una prueba sumaria de la vinculación del bien a la comisión de alguno de los delitos señalados en el artículo 9 del Decreto legislativo 99 de 1991.

(…)

26. Así las cosas, la Sala concluye que en el presente caso se produjo una falla del servicio imputable a la entidad demandada, que tomó la decisión de inmovilizar la aeronave HK-3681 sin que existiera prueba sumaria de la necesidad de ordenar dicha medida, con lo cual se impuso a la sociedad actora una grave limitación a sus derechos fundamentales de propiedad y de libertad de empresa, que ella no estaba en el deber jurídico de soportar.

(…)

28. De otra parte, la parte actora acusa a la entidad demandada de haber incurrido en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por haber retardado injustificadamente la entrega de la aeronave de su propiedad.

29. El defectuoso funcionamiento de la administración de justicia es, junto con el error judicial y la privación injusta de la libertad, uno de los supuestos capaces de comprometer la responsabilidad del Estado por las actuaciones de la Rama Judicial, conforme a lo previsto en el artículo 69 de la Ley 270 de 1996:

“ART. 69.—Defectuoso Funcionamiento de la Administración de Justicia. Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación.

30. Este título jurídico de imputación se encuentra reservado a todas aquellas actuaciones necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de las providencias judiciales. Esto permite diferenciarlo del error judicial que se predica de las decisiones o providencias que se profieren en ejercicio de la función de interpretar y aplicar el derecho…

(…)

31. Por su parte, la mora judicial, es decir, la falta de decisión judicial en un plazo razonable, constituye uno de los eventos de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia(18), siempre que la demora no esté justificada, lo cual ocurre cuando existen factores que ameriten sobrepasar los términos fijados en la ley…

32. Entre los factores que, según la jurisprudencia, justifican el retardo en las decisiones judiciales se encuentran la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como haya sido llevado el caso, el volumen de trabajo que tenga el despacho de conocimiento y los estándares de funcionamiento, que no están referidos a los términos que se señalan en la ley, sino al promedio de duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora…

33. En el caso concreto, se encuentra demostrado que la inmovilización de la aeronave se produjo el 13 de noviembre de 1996 y que la decisión de devolverla a su propietario se adoptó casi cincuenta y seis (56) meses después, concretamente el 11 de julio de 2001. Igualmente se encuentra probado, porque así se deduce de lo consignado en la resolución mediante la cual la Fiscalía se abstuvo de decretar la apertura de la instrucción, que la inmovilización del bien dio inicio a la etapa de investigación previa… la cual atendía al propósito específico de establecer si había lugar o no al ejercicio de la acción penal, según lo dispuesto en el artículo 319 del Decreto 2700 de 1991, vigente al momento de los hechos…

(…)

37. De acuerdo con lo expuesto, la Sala concluye que la sociedad Aerotaxi de Valledupar Ltda. sufrió un daño antijurídico imputable a la Fiscalía General de la Nación pues legalmente tampoco estaba obligada a soportar que se la privara de la posesión de la aeronave de su propiedad por un periodo de tiempo superior al legalmente establecido para el agotamiento de la etapa de investigación previa. En consecuencia, procederá a revocar la sentencia apelada y, en su lugar, declarará la responsabilidad administrativa de la entidad demandada(19).

En el caso concreto, se observa que el 12 de mayo de 2001, el señor José Hugo Garavito García fue capturado mientras aquel se movilizaba en el vehículo de placas CRH-208, automotor que fue puesto a disposición de la Fiscalía. El 5 de noviembre de 2002, el Director Nacional de Estupefacientes a través de resolución 1029 destinó el bien en forma provisional al servicio de la alcaldía municipal de Chinú. Sin embargo, el 19 de diciembre de 2002, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá ordenó su devolución a la señora María Eugenia Cáceres Otero representante legal de la sociedad, por haber acreditado su propiedad y por encontrarse ajeno al ilícito por el cual se investigaba al señor Garavito García.

Así las cosas, se tiene que el vehículo de placas CRH-208 de propiedad de la sociedad María Eugenia Cáceres e Hijas S. en C. estuvo retenido sin que para el efecto se contara con una prueba siquiera sumaria de que el mismo estaba relacionado con el desarrollo de actividades ilícitas y, por otra parte, se observa que la retención de dicho bien se prolongó por un espacio de un año, siete meses y siete días, sin que al respecto exista un motivo que permita considerar que dicho lapso sea razonable.

En ese sentido, resulta atribuible la responsabilidad a la entidad demandada por la retención injusta del vehículo de propiedad de la sociedad María Eugenia Cáceres e Hijas S. en C.

VI. Liquidación de perjuicios.

Por un lado, en relación con la cuantificación del perjuicio moral, en decisión de la Sala Plena de esta Sección(20) se reiteraron los lineamientos para la tasación de tales perjuicios, adoptados en la Sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013, proferida por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, radicado n.º 25.022, en casos de privación injusta de la libertad, con base en los siguientes parámetros: (i) en los casos en que la privación sea superior a 18 meses, se reconozca la suma de 100 smlmv; (ii) cuando supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 smlmv; (iii) si excedió los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 smlmv; (iv) si fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 smlmv; (v) de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 smlmv; (vi) si la medida supera 1 mes pero es inferior a 3 meses, se insinúa el reconocimiento de 35 smlmv; y (vii) finalmente, si la detención no supera un mes, la reparación se podrá tasar en el equivalente a 15 smlmv, todo ello para la víctima directa y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados.

Así mismo, en la misma providencia se complementaron los criterios anteriormente adoptados, en los términos del cuadro que se incorpora a continuación:

 NIVEL 1NIVEL 2NIVEL 3NIVEL 4NIVEL 5
Reglas para liquidar el perjuicio moral derivado dela privación injusta de la libertadVíctima directa, cónyuge o compañero (a) permanente y parientes en el 1º de consanguinidadParientes en el 2º de consanguinidadParientes en el 3º de consanguinidadParientes en el 4º de consanguinidad y afines hasta el 2ºTerceros damnificados
Término de privación injusta en meses 50% del Porcentaje de la víctima directa35% del Porcentaje de la víctima directa25% del Porcentaje de la víctima directa15% del Porcentaje de la víctima directa
 smmlvsmmlvsmmlvsmmlvsmmlv
Superior 18 meses10050352515
Superior a 12 e inferior a 18904531,522,513,5
Superior a 9 e inferior a 128040282012
Superior a 6 e inferior a 9703524,517,510,5
Superior a 3 e inferior a 6502517,512,57,5
Superior a 1 e inferior a 33517,512,258,755,25
Igual e inferior a 1157,55,253,752,25

Así las cosas, teniendo en cuenta que el señor José Hugo Garavito García estuvo privado de la libertad entre el 12 de mayo de 2001 al 24 de diciembre de 2003, esto es, dos años, siete meses y doce días, el valor de la condena por ese concepto a su favor equivale a 100 smlmv.

Para la compensación del perjuicio moral causado a la familiar del señor José Hugo Garavito García, esta Sala ha dicho que el parentesco constituye indicio suficiente de la existencia, entre miembros de la misma familia, de una relación de afecto profundo y, por lo tanto, del sufrimiento intenso que experimentan unos con el padecimiento de otros(21). En tal medida, y acudiendo al criterio ya señalado, se reconocerá el valor equivalente a 100 smlmv para la señora María Eugenia Cáceres Otero en su calidad de cónyuge.

En relación a los daños inmateriales derivados de vulneraciones o afectaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, la parte actora señaló en la demanda que el señor José Hugo Garavito García sufrió vulneraciones imputables al Estado como consecuencia de la privación injusta de su libertad. La Sala pone de presente que de acuerdo a los testimonios rendidos por los señores Luz Mary Garavito Barbosa y Humberto Garavito García, está acreditado que el actor sufrió perjuicios concretados en el buen nombre.

Al respecto, la Sala aplica los criterios expuestos por esta Corporación, en la Sentencia de unificación de la Sala Plena del 28 de agosto del 2014, en la cual se sostuvo que esta clase de vulneraciones o afectaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados deben ser reconocidos como una tercera categoría de daños inmateriales autónomos. En esa oportunidad la Sala, precisó:

El daño a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados tiene las siguientes características: i) Es un daño inmaterial que proviene de la vulneración o afectación a derechos contenidos en fuentes normativas diversas: sus causas emanan de vulneraciones o afectaciones a bienes o derechos constitucionales y convencionales. Por lo tanto, es una nueva categoría de daño inmaterial. // ii) Se trata de vulneraciones o afectaciones relevantes, las cuales producen un efecto dañoso, negativo y antijurídico a bienes o derechos constitucionales y convencionales. // iii) Es un daño autónomo: no depende de otras categorías de daños, porque no está condicionado a la configuración de otros tradicionalmente reconocidos, como los perjuicios materiales, el daño a la salud y el daño moral, ni depende del agotamiento previo de otros requisitos, ya que su concreción se realiza mediante presupuestos de configuración propios, que se comprueban o acreditan en cada situación fáctica particular. // iv) La vulneración o afectación relevante puede ser temporal o definitiva: los efectos del daño se manifiestan en el tiempo, de acuerdo al grado de intensidad de la afectación, esto es, el impedimento para la víctima directa e indirecta de gozar y disfrutar plena y legítimamente de sus derechos constitucionales y convencionales.

La reparación del referido daño abarca los siguientes aspectos:

i) El objetivo de reparar este daño es el de restablecer plenamente a la víctima en el ejercicio de sus derechos. La reparación de la víctima está orientada a: (a) restaurar plenamente los bienes o derechos constitucionales y convencionales, de manera individual y colectiva; (b) lograr no solo que desaparezcan las causas originarias de la lesividad, sino también que la víctima, de acuerdo con las posibilidades jurídicas y fácticas, pueda volver a disfrutar de sus derechos, en lo posible en similares condiciones en las que estuvo antes de que ocurriera el daño; (c) propender para que en el futuro la vulneración o afectación a bienes o derechos constitucionales y convencionales no tengan lugar; y (d) buscar la realización efectiva de la igualdad sustancial. // ii) La reparación del daño es dispositiva: si bien las medidas de reparación de este tipo de daños pueden serlo a petición de parte, también operan de oficio, siempre y cuando aparezca acreditada su existencia. // iii) La legitimación de las víctimas del daño: se reconoce a la víctima directa de la lesión como a su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero (a) permanente y los parientes hasta el 1º de consanguinidad, incluida la relación familiar biológica, la civil derivada de la adopción y aquellas denominadas “de crianza”, en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que se presumen entre ellos. // iv) Es un daño que se repara principalmente a través de medidas de carácter no pecuniario: se privilegian por excelencia las medidas reparatorias no indemnizatorias; sin embargo, en casos excepcionales cuya reparación integral, a consideración del juez, no sean suficientes, pertinentes, oportunas o posibles podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, mediante el establecimiento de una medida pecuniaria hasta 100 smlmv, si fuere el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocida con fundamento en el daño a la salud. Ese quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño y/o la naturaleza del bien o derecho afectado.// v) Es un daño que requiere de un presupuesto de declaración: debe existir una expresa declaración de responsabilidad del Estado por la existencia de un daño a bienes constitucionales y convencionales imputables al mismo, y se deben justificar y especificar las medidas de reparación integral adecuadas y pertinentes al caso, de tal manera que el Estado ejecute el debitum iuris. Las medidas de reparación integral operarán teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos, todo con el propósito de restablecer la dignidad de las víctimas, reprobar las relevantes violaciones a los derechos humanos y concretar las medidas de garantía de verdad, justicia, reparación, no repetición y las demás definidas por el derecho internacional. // vi) Es un daño frente al cual se confirme el rol del juez de responsabilidad extracontractual como reparador integral de derechos vulnerados, sin desconocer que las indemnizaciones que tradicionalmente han venido siendo reconocidas impactan directa o indirectamente en los derechos de las víctimas; sin embargo, en tratándose de vulneraciones o afectaciones relevantes a derechos constitucional y convencionalmente amparados, se impone la necesidad de que el juez acuda a otras medidas, con el fin de reparar plenamente a las víctimas.

En aras de evitar una doble reparación, el juez deberá verificar ex ante: (a) que se trate de una vulneración o afectación relevante de un bien o derecho constitucional o convencional; (b) que sea antijurídica; (c) que en caso de ordenarse una indemnización excepcional, no esté comprendida dentro de los perjuicios materiales e inmateriales ya reconocidos, y (d) que las medidas de reparación sean correlativas, oportunas, pertinentes y adecuadas al daño generado(22).

Así las cosas, el daño a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados es un daño inmaterial autónomo que se repara principalmente a través de medidas de carácter no pecuniario y, en tal virtud, las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, tienen efectos expansivos y universales, toda vez que no solamente están destinadas a tener incidencia concreta en la víctima y su núcleo familiar cercano, sino a todos los afectados, y aún inciden más allá de las fronteras del proceso a la sociedad en su conjunto y al Estado.

Revisado el expediente, se colige que informe de prensa resulta acorde, en lo fundamental, con los demás elementos probatorios que demuestran que el señor Garavito García fue vinculado a un proceso penal por las conductas punibles de concierto para delinquir por narcotráfico y receptación, en virtud de las cuales se le capturó y fue procesado penalmente, de ahí que la Sala pueda concluir que sí hacen referencia a los hechos que subyacen en este proceso. Adicionalmente, advierte la Sala que los testimonios recaudados en el proceso dan cuenta de que la privación de la libertad del señor José Hugo Garavito García deterioró el buen nombre de esa persona.

Comoquiera que se trata de un daño autónomo y que puede operar de oficio, y teniendo en cuenta que está acreditado el quebranto al buen nombre del aquí demandante y en consecuencia el de sus familiares, la Sala ordenará como una medida de satisfacción, que se publique en un periódico de amplia circulación local en el departamento de Cundinamarca los apartes pertinentes de la decisión por la que se absolvió al señor José Hugo Garavito García de los punibles endilgados. La copia de dicha publicación deberá ser allegada al proceso con la mención del número del expediente, número de radicación y nombre de los demandantes.

Previo a la publicación de la información, se deberá consultar con el demandante si le asiste interés en la misma.

En lo que tiene que ver con la indemnización por daño emergente a favor de la señora María Eugenia Cáceres Otero, dicho perjuicio está plenamente acreditado en el expediente. Por una parte, obra un recibo de pago del 17 de mayo de 2001, a favor del abogado Rogers Fidel Herrera Aguilar que da cuenta que la señora María Eugenia Cáceres le canceló la suma de un millón de pesos por concepto de pago parcial de honorarios profesionales en la defensa del señor José Hugo Garavito García. De otro lado, de conformidad a las pruebas obrantes en el expediente, se observan las actuaciones adelantadas por el mencionado representante judicial al interior de la investigación penal (fls. 40-44, 22-26, 29-30, 72, cdno. pruebas).

Por consiguiente, habrá de reconocerse dicho valor, esto es, un millón de pesos ($1’000.000), valor que será actualizado a la fecha de la presente sentencia, de conformidad con la fórmula consagrada para ello(23). Así:

grafica0057101-A
 

Por otro lado, está acreditado que la señora María Eugenia Cáceres canceló el valor de once millones doscientos ochenta mil pesos ($11’280.000) por concepto de pago de honorarios a Asegsol de Colombia Abogado Consultores, firma a la que, de conformidad a las pruebas obrantes en el expediente, hace parte el abogado Rogers Fidel Herrera Aguilar (fls. 28-30, cdno. pruebas). Al respecto, obran cinco recibos de pago que se discriminan de la siguiente manera: (i) recibo 613 del 23 de mayo de 2001, por valor de cuatro millones de pesos ($4’000.000), (ii) recibo 014 del 30 de mayo del 2001, por valor de trescientos mil pesos ($300.000), (iii) recibo 618 del 22 de junio de 2001, por valor de un millón quinientos mil pesos ($1’500.000), (iv) recibo 019 del 22 de junio de 2001, por valor de cuatrocientos ochenta mil pesos ($480.000), y (v) recibo 620 del 5 de julio de 2001, por valor de cinco millones de pesos ($5’000.000).

Así las cosas, dichos valores serán actualizados a la fecha de la presente sentencia, de conformidad con la fórmula consagrada para ello. Así:

(i) (24)

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(ii) (25)

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(iii) (26)

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(iv) (27)

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(v) (28)

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Total: $23’658.513

En estos términos, la Sala reconocerá por concepto de daño emergente a favor de la señora María Eugenia Cáceres Otero el valor de veinticinco millones setecientos cincuenta y siete mil cuatrocientos setenta y nueve pesos ($25’757.479).

Por otra parte, en relación al daño emergente a favor del señor José Hugo Garavito García, se observa que obran siete recibos de pago a favor del abogado Jaime Javier Valderrama Ovalle que dan cuenta que Garavito García le canceló la suma de setenta y cinco millones de pesos ($75’000.000) por concepto de honorarios profesionales por la defensa judicial al interior del proceso penal iniciado en su contra, discriminados así: (i) recibo del 7 de septiembre de 2001, por valor de diez millones de pesos ($10’000.000), (ii) recibo del 5 de marzo del 2002, por valor de cinco millones de pesos ($5’000.000), (iii) recibo del 3 de septiembre del 2002, por valor de cinco millones de pesos ($5’000.000), (iv) recibo del 15 de diciembre del 2002, por valor de diez millones de pesos ($10’000.000), (v) recibo del 8 de marzo del 2003, por valor de quince millones de pesos ($15’000.000), (vi) recibo del 3 de septiembre del 2003, por valor de cinco millones de pesos ($5’000.000), y (vii) recibo del 24 de diciembre de 2003, por valor de veinticinco millones de pesos ($25’000.000). En consecuencia, comoquiera que las pruebas obrantes en el expediente dan cuenta de su actuación (fls. 45, 70-99, 130, 138 y 157, cdno. pruebas), se procederá a reconocer estos valores que serán actualizados a la fecha de la presente sentencia, de conformidad con la fórmula consagrada para ello. Así:

(i) (29)

grafica0057101-G
 

(ii) (30)

grafica0057101-H
 

(iii) (31)

grafica0057101-I
 

(iv) (32)

grafica0057101-J
 

(v) (33)

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(vi) (34)

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(iii) (35)

grafica0057101-M
 

Total: $142’698.961

En estos términos, la Sala reconocerá por daño emergente a favor del señor José Hugo Garavito García el valor de ciento cuarenta y dos millones seiscientos noventa y ocho mil novecientos sesenta y un pesos ($142’698.961).

Para efecto del reconocimiento de perjuicios en la modalidad de lucro cesante a favor del señor José Hugo Garavito García se tendrá en cuenta en primera medida, el tiempo que duró la privación de su libertad, esto es, entre el 12 de mayo de 2001 al 24 de diciembre de 2003. Por otra parte, para obtener la base de la liquidación, se observa que no se acreditó en forma cierta la cuantía de los ingresos que mensualmente percibía. Sin embargo, se observa que el actor aportó sus declaraciones de renta de los años gravables 1998, 1999 y 2000 (fls. 263-265, cdno. pruebas.) Precisa esta Sala que como lo ha referido la jurisprudencia(36), la declaración de renta constituye una base probatoria suficiente para liquidar el lucro cesante directamente en el fallo.

En efecto, el artículo 10 de la Ley 58 de 1982 preceptúa lo siguiente:

Para la tasación de los perjuicios en acciones indemnizatorias contra el Estado deberá examinarse la concordancia entre los daños alegados y la declaración de renta de las personas vinculadas a la controversia.

En consecuencia, la Sala tendrá en cuenta la declaración de renta líquida realizada por el señor José Hugo Garavito García sobre el año gravable 2000, por ser este el período anterior a la ocurrencia de los hechos. Así, en dicha vigencia, la renta líquida gravable de la víctima fue de quince millones setecientos noventa mil pesos ($15’790.000) suma que dividida entre 12 (número de meses del año), arroja la cantidad de un millón trescientos quince mil ochocientos treinta y tres pesos ($1’315.833), la cual, a su vez, constituye la base de liquidación mensual.

Así las cosas, dicho valor será actualizado a la fecha de la presente sentencia:

(37) 

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Por consiguiente para el cálculo de la indemnización por lucro cesante se tendrá en cuenta el valor de dos millones setecientos setenta y tres mil doscientos setenta y dos pesos ($2’773.272) y el periodo de 31,86 meses que fue privado de la libertad, teniendo en cuenta la siguiente fórmula:

grafica0057101-P

Donde:

S = La suma que se busca al momento de la condena

Ra= constituye la renta actualizada (base de liquidación)

n= número de meses a indemnizar

i= interés técnico legal mensual (0,004867)

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S = $95’324.858

En consecuencia, se procederá a reconocer a favor del señor José Hugo Garavito García concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante el valor de noventa y cinco millones trescientos veinticuatro mil ochocientos cincuenta y ocho pesos ($95’324.858 m/cte).

Por otro lado, en la demanda se señaló que pese a que el señor José Hugo Garavito García le fue concedida la libertad provisional el 24 de diciembre de 2003, al suscribir diligencia de compromiso, se le impusieron limitantes a su libertad de locomoción, como la prohibición de salir del país, que le causó perjuicios. Sin embargo, la Sala encuentra que en el presente proceso existen falencias probatorias que impiden tener como acreditadas tales afectaciones.

Cabe señalar que en los términos del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil(38), la carga de acreditar los hechos favorables a sus pretensiones le corresponde al demandante, de modo que si no cumple con tal labor, la consecuencia prevista para el efecto es la denegación de las pretensiones invocadas. Sobre el particular se ha pronunciado la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación, en los siguientes términos:

La referida norma legal desarrolla el tradicional aforismo de acuerdo con el cual quien afirma un hecho debe probarlo: “incumbit probatio qui dicit non qui negat”. Ello se traduce, en los procesos que cursan ante el Juez de lo Contencioso Administrativo, en que quien pretende determinado efecto jurídico debe acreditar los supuestos de hecho de las normas en que se ampara, luego, en general, corresponde la carga de la prueba de los hechos que sustentan sus pretensiones, en principio, al demandante, al paso que concierne al demandado demostrar los sucesos fácticos en los cuales basa sus excepciones o su estrategia de defensa. Si aquél no cumple con su onus probandi, la consecuencia que habrá de asumir será la desestimación, en la sentencia, de su causa petendi; si es éste, en cambio, quien no satisface la exigencia probatoria en punto de los supuestos fácticos de las normas cuya aplicación conduciría a la estimación de sus excepciones o de los argumentos de su defensa, deberá asumir, consiguientemente, una fallo adverso a sus intereses(39).

En consecuencia, se procederá a negar dicha pretensión.

De otra parte, se aduce en la demanda que como consecuencia de la privación de la libertad del señor José Hugo Garavito García, aquel se vio afectado en su salud mental.

En lo que tiene que con la indemnización por concepto de “perjuicios por daño a la vida en relación” a favor de los demandantes, de entrada debe aclararse que la Sección Tercera de esta Corporación en su evolución jurisprudencial adoptó sucesivamente los conceptos de daños fisiológicos, “daño a la vida de relación”, y “alteración a las condiciones de existencia”, para referirse a una modalidad de perjuicio inmaterial, distinto del moral, referido a la pérdida de placer en la realización de una actividad o alteración grave que produce el daño en las relaciones de las personas con su entorno; pero en sentencia de unificación dictada el 28 de agosto de 2014, adoptó el criterio que ya venía aplicando desde el año 2011, para referir, exclusivamente, el concepto de daño a la salud, cuando se causan daños psicofísicos a la persona, el cual cubre no solo la modificación de la unidad corporal sino las consecuencias que las mismas generan, razón por la que, sería comprensivo de otros daños como el estético, el sexual y el psicológico entre otros(40).

Por lo tanto, cuando el daño tenga origen en una lesión corporal (daño corporal), sólo se podrán reclamar y eventualmente reconocer los siguientes tipos de perjuicios —siempre que estén acreditados en el proceso—:

i) los materiales de daño emergente y lucro cesante;

ii) y los inmateriales, correspondientes al moral y a la salud o fisiológico, el primero tendiente a compensar la aflicción o padecimiento desencadenado por el daño, mientras que el último encaminado a resarcir la pérdida o alteración anatómica o funcional del derecho a la salud y a la integridad corporal(41).

Desde esa perspectiva, se insiste, el daño a la salud comprende toda la órbita psicofísica del sujeto. En consecuencia, la tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de “daño corporal o afectación a la integridad psicofísica” y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta Corporación.

Es decir, cuando el daño antijurídico radica en una afectación psicofísica de la persona, el daño a la salud surge como categoría autónoma y, por lo tanto, desplaza por completo denominaciones o tipos de perjuicios abiertos que han sido empleados en otras latitudes, pero que, al igual que en esta ocasión, han cedido paso al daño corporal como un avance jurídico que permite la reparación efectiva y objetiva del perjuicio proveniente de la lesión al derecho constitucional y fundamental a la salud...

…Así las cosas, el daño a la salud posibilita su reparación considerado en sí mismo, sin concentrarse de manera exclusiva y principal en las manifestaciones externas, relacionales o sociales que desencadene, circunstancia por la cual este daño, se itera, gana concreción y objetividad en donde las categorías abiertas la pierden y, por lo tanto, permite garantizar los principios constitucionales de dignidad humana y de igualdad material(42).

En relación con la manera de establecer la cuantía de la condena, la Sección precisó que “el daño a la salud se repara con base en dos componentes: i) uno objetivo determinado con base en el porcentaje de invalidez decretado y ii) uno subjetivo, que permitirá incrementar en una determinada proporción el primer valor, de conformidad con las consecuencias particulares y específicas de cada persona lesionada”(43).

La Sala de la Sección Tercera reiteró, en las Sentencias de unificación del 28 de agosto de 2014, los argumentos antes transcritos en relación el daño a la salud(44) y, bajo ese entendido, precisó que la valoración probatoria que debe hacer el juez para acceder al reconocimiento de dichos perjuicios, tendrá que tener en consideración las siguientes variables: i) la pérdida o anormalidad de la estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica (temporal o permanente); ii) la anomalía, defecto o pérdida producida en un miembro, órgano, tejido u otra estructura corporal o mental; iii) la exteriorización de un estado patológico que refleje perturbaciones al nivel de un órgano; iv) la reversibilidad o irreversibilidad de la patología; v) la restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad normal o rutinaria; vi) excesos en el desempeño y comportamiento dentro de una actividad normal o rutinaria; vii) las limitaciones o impedimentos para el desempeño de un rol determinado; viii) los factores sociales, culturales u ocupacionales; ix) la edad; x) el sexo y xi) las demás que se acrediten dentro del proceso(45).

Además, se advirtió que, en ejercicio del arbitrio iudice, para el reconocimiento del referido perjuicio debería tenerse en cuenta la gravedad y naturaleza de la lesión padecida y, para efectos de su indemnización, a manera de referencia, se debían utilizar los siguientes parámetros(46):

Gravedad de la LesiónVíctima
Igual o superior al 50%100 smmlv
Igual o superior al 40% e inferior al 50%80 smmlv
Igual o superior al 30% e inferior al 40%60 smmlv
Igual o superior al 20% e inferior al 30%40 smmlv
Igual o superior al 10% e inferior al 20%20 smmlv
Igual o superior al 1% e inferior al 10%10 smmlv

Ahora bien, para el caso sub examine, si bien es cierto que no se cuenta con el dictamen que determina la pérdida de capacidad laboral del señor José Hugo Garavito García, lo cierto es que se tiene probado que con ocasión del proceso penal y la medida preventiva de detención impuesta en su contra, se produjo un cuadro de depresión, angustia y neurosis de ansiedad, tal y como lo describe certificado del médico del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —INPEC— y la constancia de la Clínica Psicoterapéutica Integral del 24 de noviembre del 2003 allegada al proceso de la referencia. Por consiguiente, esto resulta suficiente para acreditar el perjuicio por el que se reclama indemnización.

Comoquiera que no existe material probatorio que evidencie un daño superior al antes narrado o su repercusión en el desarrollo normal de la vida del señor José Hugo Garavito García, la Sala como ya en otras oportunidades lo ha hecho(47), acudirá al criterio de la equidad para reparar el daño.

En ese entendido, la Sala considera que el perjuicio causado al señor José Hugo Garavito García, de acuerdo a lo probado en el plenario, es cualitativamente equiparable a aquellas lesiones que se califican con un porcentaje igual o superior al 1% e inferior al 10%, por lo que resulta proporcional y razonable reconocer una indemnización correspondiente a 10 smlmv(48).

Por otra parte, en relación a los perjuicios solicitados por las sociedades Grupo HG e Hijos Ltda. y Minera HG Ltda., se tiene lo siguiente:

En relación con la pretensión de lucro cesante dejado de percibir desde el año 2001 al 2008, por la sociedad Grupo H.G. e Hijos Ltda., en la que el señor José Hugo Garavito García era su representante legal, debido a la inactividad de su objeto social por la pérdida de credibilidad de su clientela después de haber sido privado de la libertad, esta Sala procederá a negar tal perjuicio.

Al respecto, se observa que de conformidad al certificado de existencia y representación emitido por la Cámara de Comercio, la sociedad Grupo H.G. e Hijos Ltda., se disolvió por vencimiento del término de duración, ante lo cual, entró en estado de liquidación a partir del 21 de julio de 2002. En consecuencia. No es cierto lo afirmado por la parte demandante, esto es, que la compañía haya dejado de percibir ingresos hasta el año 2008.

De otro lado, no se acreditó que con ocasión de la privación de la libertad del aquí demandante, los ingresos de la sociedad hayan disminuido por el lapso de su retención. A pesar de que las declaraciones rendidas por los señores Luz Mary Garavito Barbosa y Humberto Garavito García, quienes acudieron en calidad de sobrina y hermano de la víctima directa, respectivamente, atestiguan que ello aconteció, lo cierto es que la sola afirmación es un elemento insuficiente frente a la estimación de un perjuicio que merece una demostración técnica y precisa. Al interior del expediente, reposa la declaración de renta presentada por la sociedad ante la DIAN del año gravable 2000 (fl. 262, cdno. pruebas). Sin embargo, esto solamente prueba los ingresos obtenidos con anterioridad a la privación y no lo dejado de percibir durante tal suceso.

Igualmente ocurre con el perjuicio por lucro cesante solicitado por la sociedad Minera H.G. Ltda., pues pese a que de conformidad con el certificado expedido por la Cámara de Comercio, la empresa aún existe, no se acreditó que sus ingresos hayan disminuido con ocasión de la privación de la libertad a que fue sometido el señor José Hugo Garavito García. Se pone de presente que también se allegó la declaración de renta presentada por la sociedad ante la DIAN del año gravable 2000 (fl. 256, cdno. pruebas). Sin embargo, como se dijo anteriormente, el documento solo acredita las entradas adquiridas con anterioridad a la retención del señor José Hugo Garavito García.

Por otro lado, la sociedad María Eugenia Cáceres e Hijas S. en C. sostuvo que como consecuencia de la retención del vehículo de placas CRH-208 de su propiedad, se causaron daños materiales en la modalidad de daño emergente y lucro cesante.

En relación al daño emergente, solicita reconocer los pagos efectuados por los impuestos del automotor por los años gravables de 2001, 2002 y 2003.

Así, en el sub lite está acreditado que la autoridad que tuvo a su cargo el vehículo, lo hizo durante los años 2001 y 2002. En consecuencia, se procederá a reconocer el valor solicitado por dicho tiempo, esto es, el valor de un millón trescientos cincuenta y dos mil pesos ($1’352.000) correspondiente al pago del impuesto del año gravable 2001, y el valor de un millón doscientos cincuenta y seis mil pesos ($1’256.000) correspondiente al pago del impuesto del año gravable 2002. Dichas sumas de dinero serán actualizadas a la fecha de la presente sentencia, así:

(i) (49)

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(ii) (50)

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Total: $4’528.250

Así las cosas, se procederá a reconocer a favor de la señora María Eugenia Cáceres Otero quien figuraba como la representante legal de la Sociedad María Eugenia Cáceres e Hijas S. en C., por concepto de daño emergente, el valor de cuatro millones quinientos veintiocho mil doscientos cincuenta pesos ($4’528.250).

En relación con el lucro cesante, la sociedad demandante precisó que este daño consistió en lo dejado de percibir por la renta mensual del automotor de placas CHR-208, por concepto de alquiler. Si bien es cierto en el expediente obra una cotización efectuada por la Empresa Renta Car (fl. 270, cdno. pruebas) en la que hace constar que la renta diaria por el alquiler de un vehículo de las características “camioneta para pasajeros, capacidad para cinco personas, automática, motor 2.800, modelo 2001”, es de trescientos cincuenta mil pesos por día, no se acreditó que el vehículo estuviese destinado a dicha actividad. Por consiguiente, se procederá a negar esta pretensión.

De otra parte, se pone de presente que en la demanda se estableció que al ser retribuido el automotor de placas CRH-208 a la sociedad María E. Cáceres e Hijas S. en C., aquel se encontraba en estado deteriorado, por lo tanto, tuvo que ser reparado en un taller de automotores, por cuenta de los aquí demandantes. Al respecto, se precisa que pese a que en el expediente de la referencia obran sendas facturas que dan cuenta la compra de varios repuestos y trabajo de mecánica efectuado por Auto Centro Motores Computarizados, no se acreditó el menoscabo del vehículo. Como se mencionó con anterioridad, en los términos del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, la carga de acreditar los hechos favorables a sus pretensiones le corresponde al demandante. En consecuencia, no habrá lugar a reconocer esta pretensión.

VII. Costas

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B” administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C el 16 de marzo de 2012, la cual, quedará así:

1. DECLARAR patrimonialmente responsable a Nación-Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad a la que fue sometido el señor José Hugo Garavito García.

2. CONDENAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de compensación de los daños morales, a favor de los señores José Hugo Garavito García y María Eugenia Cáceres Otero el valor equivalente a 100 smlmv. para cada uno.

3. ORDENAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación la publicación de una rectificación, en los términos señalados en la parte motiva de esta sentencia.

4. CONDENAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación por concepto de daño emergente a favor de la señora María Eugenia Cáceres Otero el valor de veinticinco millones setecientos cincuenta y siete mil cuatrocientos setenta y nueve pesos ($25’757.479 m/cte).

5. CONDENAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación por concepto de daño emergente a favor del señor José Hugo Garavito García el valor de ciento cuarenta y dos millones seiscientos noventa y ocho mil novecientos sesenta y un pesos ($142’698.961 m/cte).

6. CONDENAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación por concepto de lucro cesante a favor del señor José Hugo Garavito García el valor de noventa y cinco millones trescientos veinticuatro mil ochocientos cincuenta y ocho pesos ($95’324.858 m/cte).

7. CONDENAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación por concepto de daño a la salud a favor del señor José Hugo Garavito García el valor equivalente a 10 smlmv.

8. CONDENAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación por concepto de daño emergente a favor de la señora María Eugenia Cáceres Otero quien figuraba como representante legal de la sociedad María Eugenia Cáceres e Hijas S. en C. el valor de cuatro millones quinientos veinte ocho mil doscientos cincuenta pesos ($4’528.250 m/cte).

9. NEGAR las demás súplicas de la demanda.

10. El presente fallo se cumplirá en los términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A., para lo cual se expedirán copias auténticas de esta providencia, con constancia de ejecutoria, con destino a las partes y por intermedio de sus apoderados.

11. Sin condena en costas.

12. Por secretaría EXPÍDANSE copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, las cuales se entregarán a quien acredite estar actuando como apoderado judicial dentro del proceso.

13. Ejecutoriada la presente sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de primera instancia para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1. Para tal efecto puede consultarse el Auto de 9 de septiembre de 2008 proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

2. En este sentido ver Auto de la Sección Tercera de 3 de marzo de 2010, Exp. 36473, M.P. Ruth Stella Correa Palacio y Auto de 9 de mayo de 2011 de la Subsección C, Sección Tercera, Exp. 40324, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

3. Se hace esta aclaración en tanto la decisión penal no fue uniforme para todos los procesados en el proceso penal.

4. Se hace esta aclaración en tanto la decisión penal no fue uniforme para todos los procesados en el proceso penal.

5. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

6. Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencia de abril 6 de 2011, Exp. 21653, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

7. Sobre el particular ver, entre muchas otras, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia de 12 de mayo de 2012, Exp. 20569, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

8. Op. Cit. Sentencia de 6 de abril de 2011, Exp. 21653.

9. [24]“…lesión indemnizable…se predica, pues, del efecto de la acción administrativa (no de la actuación del agente de la Administración causante material del daño), a partir de un principio objetivo de garantía del patrimonio de los ciudadanos que despliega su operatividad postulando la cobertura del daño causado en tanto en cuanto no existan causas de justificación que legitimen como tal el perjuicio de que se trate. Estas causas de justificación han de ser expresas para que puedan ser estimadas y deben consistir siempre en un título que determine o imponga como jurídicamente querido el perjuicio contemplado”. García de Enterría, Tomas Ramón Fernández. Curso de Derecho Administrativo. Editorial. Cívitas. Tomo II, Madrid, 1995, pág. 373. En el mismo sentido, la Corte Constitucional ha señalado: “este concepto [daño antijurídico] armoniza sistemáticamente con la regulación constitucional de los derechos individuales, pues se entiende que ante el incremento de la actividad del poder público se impone la necesidad de reforzar los mecanismos de protección de los particulares, “al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades”. Sentencia C-254 de 2003.

10. Consejo de Estado, Sección Tercera-Sala Plena, sentencia de unificación de 17 de octubre de 2013, Exp. 23.354, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

11. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de julio de 2002, expediente: 13744, C.P. María Elena Giraldo.

12. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 30 de abril de 2014, Exp. 2001-01145 (27414), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

13. [23] “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección B, sentencia de 18 de febrero de 2010, rad. 52001-23-31-000-1997-08394-01(17933), C.P. Ruth Stella Correa Palacio”.

14. [24] “(ibídem)”.

15. Sentencia del 28 de mayo de 2015, Exp. 2003-01443 (33.785), M.P. Danilo Rojas Betancourth.

16. (11) Se entiende por prueba sumaria aquella que se practica sin audiencia de la parte contraria o, dicho en otros términos, que no ha sido sometida al requisito de la contradicción. Hernando Devis Echandía, Compendio de derecho procesal. Pruebas judiciales, tomo II, editorial ABC, décima primera edición, Bogotá, 1998, p. 183.

17. (12) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 16 de agosto de 2012, Exp. 24991, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

18. [15] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 29 de julio de 2013, Exp. 25376, y de 30 de octubre de 2013, Exp. 30495, ambas con ponencia de Stella Conto Díaz del Castillo.

19. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —Subsección “B”—, sentencia del 28 de mayo de 2015, C.P. Danilo Rojas Betancourth, radicación 25000-23-26-000-2003-01443-01 (33785), actor: Aerotaxi de Valledupar Ltda., demandado: Fiscalía General de la Nación.

20. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 28 de agosto del 2014, expediente 36.149, M.P. Hernán Andrade Rincón.

21. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de marzo de 2005, expediente 14 808, C.P. Germán Rodríguez.

22. Consejo de Estado, Sección Tercera-Sala Plena, sentencia del 28 de agosto del 2014, rad. 32988, con ponencia de quien proyecta el presente fallo.

23. Vp = Vh índice final
índice inicial
Donde: Vp: Valor presente de la renta. Vh: capital histórico o suma que se actualiza. Índice final certificado por el Banco de la República a la fecha de esta sentencia, el de octubre de 2017: 138,07 a falta del índice del mes de noviembre de 2017. Índice inicial: el de la fecha en la cual debió producirse el pago, esto es, en mayo de 2001: 65,78.

24.

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Donde: Vp: Valor presente de la renta. Vh: capital histórico o suma que se actualiza. Índice final certificado por el Banco de la República a la fecha de esta sentencia, el de octubre de 2017: 138,07 a falta del índice del mes de noviembre de 2017. Índice inicial: el de la fecha en la que se realizó el pago —mayo de 2001—: 65,78.

25.

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Donde: Vp: Valor presente de la renta. Vh: capital histórico o suma que se actualiza. Índice final certificado por el Banco de la República a la fecha de esta sentencia, el de octubre de 2017: 138,07 a falta del índice del mes de noviembre de 2017. Índice inicial: el de la fecha en la que se realizó el pago —mayo de 2001—: 65,78.

26.

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Donde: Vp: Valor presente de la renta. Vh: capital histórico o suma que se actualiza. Índice final certificado por el Banco de la República a la fecha de esta sentencia, el de octubre de 2017: 138,07 a falta del índice del mes de noviembre de 2017. Índice inicial: el de la fecha en la que se realizó el pago —junio de 2001—: 65,81.

27.

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Donde: Vp: Valor presente de la renta. Vh: capital histórico o suma que se actualiza. Índice final certificado por el Banco de la República a la fecha de esta sentencia, el de octubre de 2017: 138,07 a falta del índice del mes de noviembre de 2017. Índice inicial: el de la fecha en la que se realizó el pago —junio de 2001—: 65,81.

(28)

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Donde: Vp: Valor presente de la renta. Vh: capital histórico o suma que se actualiza. Índice final certificado por el Banco de la República a la fecha de esta sentencia, el de octubre de 2017: 138,07 a falta del índice del mes de noviembre de 2017. Índice inicial: el de la fecha en la que se realizó el pago —julio de 2001—: 65,88.

29.

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Donde: Vp: Valor presente de la renta. Vh: capital histórico o suma que se actualiza. Índice final certificado por el Banco de la República a la fecha de esta sentencia, el de octubre de 2017: 138,07 a falta del índice del mes de noviembre de 2017. Índice inicial: el de la fecha en la que se realizó el pago —septiembre de 2001—: 66,30.

30.

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Donde: Vp: Valor presente de la renta. Vh: capital histórico o suma que se actualiza. Índice final certificado por el Banco de la República a la fecha de esta sentencia, el de octubre de 2017: 138,07 a falta del índice del mes de noviembre de 2017. Índice inicial: el de la fecha en la que se realizó el pago —marzo de 2002—: 68,58.

31.

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Donde: Vp: Valor presente de la renta. Vh: capital histórico o suma que se actualiza. Índice final certificado por el Banco de la República a la fecha de esta sentencia, el de octubre de 2017: 138,07 a falta del índice del mes de noviembre de 2017. Índice inicial: el de la fecha en la que se realizó el pago —septiembre de 2002—: 70,26.

32.

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Donde: Vp: Valor presente de la renta. Vh: capital histórico o suma que se actualiza. Índice final certificado por el Banco de la República a la fecha de esta sentencia, el de octubre de 2017: 138,07 a falta del índice del mes de noviembre de 2017. Índice inicial: el de la fecha en la que se realizó el pago —diciembre de 2002—: 71,39.

33.

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Donde: Vp: Valor presente de la renta. Vh: capital histórico o suma que se actualiza. Índice final certificado por el Banco de la República a la fecha de esta sentencia, el de octubre de 2017: 138,07 a falta del índice del mes de noviembre de 2017. Índice inicial: el de la fecha en la que se realizó el pago —marzo de 2003—: 73,80.

34.

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Donde: Vp: Valor presente de la renta. Vh: capital histórico o suma que se actualiza. Índice final certificado por el Banco de la República a la fecha de esta sentencia, el de octubre de 2017: 138,07 a falta del índice del mes de noviembre de 2017. Índice inicial: el de la fecha en la que se realizó el pago —septiembre de 2003—: 75,26.

35.

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Donde: Vp: Valor presente de la renta. Vh: capital histórico o suma que se actualiza. Índice final certificado por el Banco de la República a la fecha de esta sentencia, el de octubre de 2017: 138,07 a falta del índice del mes de noviembre de 2017. Índice inicial: el de la fecha en la que se realizó el pago —diciembre de 2003—: 76,02.

36. Sentencia del 10 de marzo de 2001, Exp. 1998-00374 (17.738), M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

37.

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Donde: Vp: Valor presente de la renta. Vh: capital histórico o suma que se actualiza. Índice final certificado por el Banco de la República a la fecha de esta sentencia, el de octubre de 2017: 138,07 a falta del índice del mes de noviembre de 2017. Índice inicial: el de la fecha en la que se efectuó el pago de la declaración de renta —abril de 2001—: 65,51.

38. “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”

39. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2010, Exp. 1995-05072 (17720), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

40. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 28 de agosto de 2014, Exp. 31.170, M.P. Enrique Gil Botero.

41. “Se está en presencia de un nuevo sistema clasificatorio del daño que acepta la existencia de tres modalidades del mismo: los patrimoniales, los morales y el biológico. Diferenciándose el biológico en cuanto al moral en la medida en que el primero es la lesión en sí misma considerada, y otra diferente, son los sufrimientos, el dolor y los afectos que de dicha lesión se pueden derivar, lo que constituiría el efecto o daño moral; sin embargo, ambos hacen parte del daño no patrimonial, esto es, no susceptible de contenido económico.” Gil Botero, Enrique “Daño Corporal —Daño Biológico— Daño a la vida de relación”, pág. 10.

42. Sentencias de unificación del 14 de septiembre de 2011, Exps. 19.031 y 38.222, proferidas por la Sala Plena de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativa. M.P. Enrique Gil Botero.

43. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de septiembre de 2011, Exp. 19.031, M.P. Enrique Gil Botero.

44. Consultar sentencias del 28 de agosto de 2014, Exp. 28.832, M.P. Dr. Danilo Rojas Betancourth; Exp. 31.170, M.P. Dr. Enrique Gil Botero; Exp. 28.804, M.P. Dra. Stella Conto Díaz del Castillo; Exp. 31.172, M.P. Dra. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

45. Ibídem.

46. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de unificación del 28 de agosto de 2014, Expedientes 31.172 y 31.170, con ponencia de los Doctores Olga Mélida Valle de De la Hoz y Enrique Gil Botero, respectivamente.

47. Al respecto, ver, entre otras, las siguientes providencias: sentencia de 11 de agosto de 2010, Exp. 18.593, M.P. Mauricio Fajardo; sentencia de 25 de agosto de 2011, Exp. 19.718, M.P. Mauricio Fajardo; sentencia de 7 de julio de 2011, Exp. 20.139, M.P. Mauricio Fajardo; sentencia del 21 de marzo de 2012, Exp. 22.017, M.P. Mauricio Fajardo.

48. En similar sentido se pronunció la Sección Tercera en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, Exp. 28.832, M.P. Danilo Rojas Betancourth. “Así pues, en la medida en que las lesiones padecidas por el señor Sholten corresponden a lesiones que no sólo eran de carácter reversible sino que, efectivamente, fueron revertidas en el marco de la atención médica garantizada por la demandada y que la víctima tuvo que soportarlos por un período relativamente corto en comparación con lesiones graves de carácter permanente que una persona joven tendría que soportar a lo largo de sus años de vida, se considera proporcionado reconocer una indemnización correspondiente a la décima parte de lo que se otorgaría por las lesiones de mayor gravedad de carácter permanente —100 smlmv—, esto es, diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. Igualmente, se puede consultar la sentencia de esa misma fecha, Exp. 28.804. M.P. Dra. Stella Conto Díaz del Castillo.

49.

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Donde: Vp: Valor presente de la renta. Vh: capital histórico o suma que se actualiza. Índice final certificado por el Banco de la República a la fecha de esta sentencia, el de octubre de 2017: 138,07 a falta del índice del mes de noviembre de 2017. Índice inicial: el de la fecha en la que se realizó el pago —agosto de 2004—: 79,52.

50.

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Donde: Vp: Valor presente de la renta. Vh: capital histórico o suma que se actualiza. Índice final certificado por el Banco de la República a la fecha de esta sentencia, el de octubre de 2017: 138,07 a falta del índice del mes de noviembre de 2017. Índice inicial: el de la fecha en la que se realizó el pago —agosto de 2004—: 79,52.