Sentencia 2008-00582 de abril 9 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 08001 23 31 000 2008 00582-01 (2221-12)

Consejero Ponente:

Dr. Luis Rafael Vergara Quintero

Actor: William Samuel Angulo González

Apelación sentencia

Autoridades distritales

Bogotá, D.C., nueve de abril de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Se trata de establecer la legalidad del acto ficto producto del silencio de la administración ante la petición radicada el 21 de abril de 2008 en la oficina de liquidación del Hospital Universitario de Barranquilla en la Gobernación del Atlántico, en la que reclamó el reconocimiento y pago de acreencias salariales y prestacionales.

La condena impuesta por el a quo dispuso el reconocimiento y pago del pasivo prestacional del demandante a 31 de diciembre de 1993, aspecto único de que tratará esta providencia, pues ese es el objeto de los recursos interpuestos por las entidades demandadas.

La inconformidad manifestada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se circunscribe a determinar si está o no legitimado en la causa para responder solidariamente con el departamento del Atlántico por la condena impuesta, mientras que la del departamento del Atlántico tiende a desvirtuar el reconocimiento de las cesantías ordenadas porque, a su juicio, sobre ese particular no era procedente emitir condena.

En primer lugar habrá de determinarse si las pruebas obrantes en el expediente daban lugar a imponer la condena consistente en el pago del pasivo prestacional adeudado al demandante.

De conformidad con el material probatorio obrante en el expediente se puede establecer que mediante petición radicada el 21 de abril de 2008(1) el demandante solicitó: i) reconocer y pagar las prestaciones sociales no canceladas en la liquidación inicial, con base en las asignaciones aludidas en el Decreto 916 de 2005; ii) reliquidar sus acreencias laborales; pagar lo adeudado por concepto de contrato de concurrencia 245 de 2001; iii) pagar la deuda pendiente por concepto de diferencia de indemnización, diferencia de cesantías, diferencia de intereses a las cesantías, diferencia salarial de los años 2001 a 2005; compensatorios por semanas completas laboradas, dominicales, festivos, salarios moratorios, diferencias de primas de navidad y de servicios y iv) depurar la información contable de cálculo actuarial de las prestaciones sociales, de modo que el informe financiero refleje en forma fidedigna la realidad económica y patrimonial de la deuda laboral del hospital.

En el expediente no reposa prueba de la respuesta que se le hubiera dado a la petición anterior, por lo que se configuró el silencio administrativo negativo.

Ahora bien, en la demanda se pretende la nulidad del acto ficto y, a título de restablecimiento: i) el reconocimiento y pago de las cesantías cuya liquidación debe hacerse con retroactividad con el 12% de los intereses a las mismas; ii) reliquidación de las diferencias de salarios, cesantías y demás prestaciones sociales, bonificación por servicios prestados, asignación básica, subsidio de alimentación, horas extras y dominicales, prima de servicios, prima de navidad, indemnización por estar en carrera administrativa y el pago de intereses moratorios causados desde el 1º de enero de 1994 hasta el 21 de abril de 2005 y iii) reconocer las diferencias de salarios y bonificaciones que surgieron dentro de los años 2001 a 2005.

Lo anterior implica que contrario a lo afirmado en la sentencia del a quo, a juicio de la Sala las pretensiones invocadas en sede administrativa y en sede judicial sí presentan identidad, pues el reconocimiento de cesantías con retroactividad reclamado en el numeral 4º de las pretensiones, equivale a la solicitud de pago de acreencias producto del convenio de concurrencia 245 de 2001 requerido en la pretensión 3ª de la solicitud radicada el 21 de abril de 2008, lo que permite asegurar que sí se agotó la vía gubernativa en torno a la solicitud de reconocimiento del pasivo prestacional, es decir, las cesantías que le adeudaban al actor al 31 de diciembre de 1993(2).

Así las cosas, debe decirse que contrario a lo afirmado por el apoderado del departamento del Atlántico, el reconocimiento y pago del pasivo prestacional adeudado al actor al 31 de diciembre de 1993 sí era materia de pronunciamiento del juez de conocimiento.

Ahora bien, sobre la procedencia del reconocimiento y pago de dicho pasivo la Sala observa que de conformidad con la certificación visible a folio 16 del expediente, expedida por el liquidador del Hospital Universitario de Barranquilla se da cuenta de la deuda del pasivo prestacional a favor del demandante por la suma de $ 9.580.350 por concepto de cesantías causadas al 31 de diciembre de 1993, lo que implica que la administración reconoció la obligación que tenía con el demandante por ese concepto.

La certificación anterior es de 26 de mayo de 2005, es decir que para esa fecha aún se adeudaba el pasivo prestacional al demandante, que ya había sido aceptado previamente, desde la respuesta dada por el gerente del recurso humano del Hospital Universitario de Barranquilla desde el año 2000(3).

Ahora bien, en la contestación de la demanda, el apoderado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público afirmó:

“Según la verificación realizada en este ministerio en relación con los beneficiarios del Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud que obra dentro de la documentación que contiene toda la información del departamento del Atlántico que, en cumplimiento de los (sic) establecido en la Ley 715 de 2001, fue entregada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por el entonces Ministerio de Salud, emitida por la Dirección General de Financiamiento y Gestión de Recursos del entonces Ministerio de Salud, el señor William Samuel Angulo González es beneficiario del Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud. Si bien es cierto que al encontrarse la señora (sic) certificada como beneficiaria del extinto fondo, a la Nación le corresponde colaborar en la financiación de su pasivo por concepto de cesantías, también es cierto que para este caso deberá contarse con la actualización de los valores que por concepto de cesantías tiene a su favor el señor William Samuel Angulo González, actualización que no nos ha reportado la ESE Hospital Universitario de Barranquilla. Una vez contemos con esta información se deberá acudir a la liquidación del contrato de concurrencia 245 que es el documento representativo del fondo del cual se tomarán los valores a cancelar a la (sic) accionante. De esta manera es la forma de acceder a los recursos de concurrencia de la Nación para la cancelación a las cesantías a favor de la (sic) accionante”(4) (negrilla del texto y subraya de la Sala).

De conformidad con lo anterior, se concluye que los valores por concepto del pasivo prestacional reclamado —cesantías— aún no han sido cancelados al actor, lo que lo hace acreedor a su reconocimiento.

Valga decir que la falta de información que debe reportar una entidad a otra, que conlleve la imposibilidad de liquidar el contrato de concurrencia, no se puede plantear como excusa o eximente de responsabilidad de la administración para omitir el cumplimiento de la obligación de pagar al demandante el pasivo prestacional adeudado.

En la contestación de la demanda por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se informó que este se obligó a responder en concurrencia junto con la entidad hospitalaria y la entidad territorial —departamento del Atlántico— por el pasivo prestacional del sector salud a 31 de diciembre de 1993; por lo tanto, allí radica la responsabilidad que se le atribuye al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para que concurra con el departamento en el pago de la obligación adeudada al demandante por concepto de sus cesantías causadas hasta la mencionada fecha, lo que impide declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva alegada.

Finalmente debe la Sala decir que a pesar de que en el numeral 4º de la parte resolutiva de la sentencia se precisó el valor exacto de la condena a pagar, que de conformidad con la certificación obrante a folio 16 del expediente se adeudaba al demandante al 31 de diciembre de 1993, es evidente que por cuestión de justicia y equidad, este valor debe ser actualizado, es decir, traído a valor presente al momento en que se haga efectivo el pago, ello al tenor de lo dispuesto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo teniendo en consideración que dicha suma, liquidada a 31 de diciembre de 1993 ha sufrido la pérdida de su valor pues han transcurrido más de 20 años desde cuando se definió el valor prestacional adeudado.

Al respecto debe precisarse que en el caso analizado se trata de sumas por concepto de cesantías consolidadas al 31 de diciembre de 1993 que evidentemente han sufrido la pérdida de su valor adquisitivo por el transcurso del tiempo y esa es la razón que justifica la revalorización de las mismas mediante la indexación ordenada.

De conformidad con lo anterior, la Sala confirmará la sentencia recurrida y adicionará el numeral 4º de su parte resolutiva, disponiendo la indexación de la suma adeudada al actor por el pasivo prestacional causado a su favor a 31 de diciembre de 1993.

Teniendo en cuenta el posible detrimento patrimonial que se causa al Estado como consecuencia del cumplimiento de esta sentencia, debido a que las autoridades encargadas del pago de las cesantías del demandante dejaron transcurrir un tiempo tan prolongado (1993 a la fecha) sin hacer efectivo el pago de la obligación que por ley les correspondía, lo que además originó el pago de la indexación de las sumas debidas, la Sala compulsará copia de esta sentencia a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de la República y a la Contraloría Distrital de Barranquilla, para que adelanten las investigaciones necesarias tendientes a establecer la responsabilidad por tales hechos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE sentencia del treinta (30) de noviembre de dos mil once (2011) proferida por la Subsección de Descongestión Laboral del tribunal Administrativo del Atlántico, dentro del proceso promovido por William Samuel Angulo González contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el departamento del Atlántico - ESE Hospital Universitario de Barranquilla, de conformidad con lo manifestado en las consideraciones.

ADICIÓNASE el numeral CUARTO de la sentencia recurrida, disponiendo que la suma debida al actor debe ser actualizada, en los términos del artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, acudiendo para ello a la siguiente fórmula:

S200800582ECUA1
 

En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es lo dejado de percibir por la demandante desde la fecha en que tuvo derecho a la liquidación del pasivo prestacional, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, por el índice inicial vigente para la fecha en que debió hacerse el pago.

COMPÚLSENSE copias de esta sentencia a la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Contraloría Distrital de Barranquilla, para que adelanten las investigaciones que sean del caso, para establecer y sancionar a los responsables que causaron el posible detrimento patrimonial que se causa a las arcas del Estado, como consecuencia del cumplimiento de lo aquí ordenado.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase.

La anterior providencia la estudió y aprobó la Sala en sesión de la fecha».

(1) Folio 14.

(2) De conformidad con la certificación expedida por el liquidador de la ESE Hospital Universitario de Barranquilla en Liquidación, visible a folio 16, lo adeudado al demandante por el pasivo prestacional equivale a las cesantías causadas a su favor al 31 de diciembre de 1993.

(3) Según documental visible a folio 28.

(4) Folios 77 y 78 del expediente.