Sentencia 2008-00583 de noviembre 13 de 2008

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera Ponente:

Dra. Martha Sofía Sanz Tobón

Rad.: 25000-23-27-000-2008-00583-01(AC)

Actor: Roberto Mauricio Rodríguez Saavedra

Demandado: Procuraduría General de la Nación

Ref.: Impugnación sentencia. Acción de tutela

Bogotá, D.C., trece de noviembre de dos mil ocho.

Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia del 11 de junio de 2008, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la tutela solicitada.

Antecedentes

El señor Roberto Mauricio Rodríguez Saavedra, actuando en nombre propio, instauró acción de tutela en contra de la Procuraduría General de la Nación, para obtener la protección de los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, que estima vulnerados por dicha entidad.

A. Demanda.

Manifestó que el 24 de noviembre de 2006 mediante la comunicación 2006065146-000 denunció a unos funcionarios de la Superintendencia Financiera por acoso laboral y que solicitó la revocatoria directa de la Resolución 2074 del 15 de noviembre de 2006 mediante la cual, dicha entidad ordenó su traslado inmediato de funciones.

Señaló que mediante la Resolución 270 del 23 de febrero de 2007 el Superintendente negó la revocatoria directa y ordenó compulsar copias del expediente y enviarlas a la Procuraduría; agregó que se ordenó el envío de éstas a la Procuraduría, porque el Comité de Convivencia Laboral igualmente tenía que estudiar el caso.

Informó que según el oficio 2006065146-000 del 28 de febrero de 2007, el Superintendente envió las copias del expediente a la Procuraduría.

Afirmó que a la fecha, la Superintendencia y la Procuraduría no han investigado a los funcionarios públicos que denunció por acoso laboral.

Dijo que con posterioridad a la denuncia de acoso laboral, mediante memorando del 21 de diciembre de 2007, el director de investigación y desarrollo de la superintendencia le solicitó que rindiera las explicaciones sobre su presunta reticencia a cumplir la orden de traslado, en contravía de lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1010 de 2006; calificando dicha actuación de temeraria.

Señaló que por lo anterior, la oficina de control disciplinario de la superintendencia mediante el Auto 1 del 16 de enero de 2007, ordenó la apertura del expediente disciplinario y que mediante el oficio 2007002847-000 del 19 de enero de 2007, envió la denuncia que formuló por acoso laboral a la Procuraduría, sin dar cumplimiento a las garantías previstas por el artículo 11 de la Ley 1010 de 2006.

Transcribió el artículo 11 de la Ley 1010 de 2006 para indicar las garantías que gozan los funcionarios cuando formulan peticiones, quejas y denuncias por acoso laboral con el fin de evitar actos de represalia.

Expresó que en el oficio 2006065146-009 del 27 de marzo de 2007, el Superintendente en respuesta al derecho de petición que formuló le dijo que el proceso se había remitido a la Procuraduría.

Agregó que el 4 de mayo de 2007 interpuso una acción de tutela contra la Superintendencia Financiera y que el Juzgado Doce Penal del Circuito de Bogotá mediante la sentencia del 18 de mayo de 2007 negó las pretensiones por aparente improcedencia.

Afirmó que la superintendencia engañó al juez, en la medida en que le dio a entender que no se pudo efectuar el traslado del señor Roberto Rodríguez porque este se opuso a la valoración médica ordenada.

Señaló que impugnó dicha providencia, que el tribunal la consideró extemporánea y transcribió apartes de la contestación de la demanda de tutela por parte de la superintendencia.

Insistió en que la Procuraduría no ha tramitado la denuncia que formuló por acoso laboral y que a la fecha tampoco le han solicitado ampliación de la misma.

Informó que el 26 de abril del 2007, el comité de convivencia laboral celebró audiencia con los funcionarios denunciados y que no lo citó, ni le notificó del Acta 1 que se levantó de dicha diligencia; por lo cual se vio imposibilitado para aportar las pruebas que tenía a su cargo.

Manifestó que mediante el escrito del 8 de mayo de 2006 le solicitó al comité de convivencia laboral que requiriera a la presidenta del mismo para que le informara sobre su nueva área de labores y que sólo hasta el 15 de mayo le contestó.

Agregó que denunció a la presidenta del comité de convivencia laboral en la Procuraduría.

Manifestó que mediante la comunicación del 25 de junio de 2007 le informó al Procurador de las presuntas irregularidades por parte de la Superintendencia en el proceso que inició como consecuencia de la denuncia por acoso laboral que él mismo formuló.

Dijo que el 14 de febrero de 2007 no fue al trabajo porque estaba enfermo, situación que acredita con el certificado de la EPS Susalud que anexa y que mediante un memorando de la misma fecha, le llamaron la atención por ausentarse del trabajo.

Mencionó que el 27 de junio de 2007, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho demandó a la Superintendencia Financiera.

Resaltó que por las demandas de tutela y nulidad y restablecimiento del derecho que instauró en contra de dicha entidad, la oficina de control disciplinario de la superintendencia tomó represalias, pues mediante el Auto 2 del 14 de junio de 2007 ordenó que se le abriera investigación preliminar por el supuesto incumplimiento de la Resolución 2074 del 15 de noviembre de 2006.

Precisó que mediante el Auto 13 del 3 de enero de 2008, el operador disciplinario se abstuvo de iniciar la investigación del proceso en su contra y que archivó las diligencias sin que se ordenara investigar a los verdaderamente responsables del incumplimiento de la Resolución 2074.

Señaló que mediante el escrito del 23 de julio de 2007 le informó al Procurador General de la Nación sobre las represalias que la Superintendencia tomó en su contra, en especial sobre el Auto 2 del 14 de junio de 2007.

Manifestó que en el mismo escrito, le comunicó al Procurador General que la Superintendencia le había informado erróneamente al Procurador Segundo Distrital que se encontraban en etapa de conciliación, pues a su juicio, esa afirmación es parcialmente cierta porque sólo lo citaron a dicha diligencia.

Mencionó que mediante el oficio 6724 del 12 de febrero de 2008 la Secretaría de la Procuraduría le solicitó a la jefe de control disciplinario de la superintendencia que le informara si había aplicado o no el procedimiento previsto por la Ley 1010 de 2006 en el proceso contra los funcionarios públicos que denunció por acoso laboral y las consecuencias disciplinarias, según la Circular 20 del 18 de abril de 2007.

Sostuvo que mediante el oficio 2008013633-001 del 2 de abril de 2008 la Jefe de Control Disciplinario, en respuesta a la solicitud de la Procuraduría, indicó que el proceso guardaba relación con el incumplimiento de la Resolución 2074 y no con la denuncia de acoso laboral que formuló el actor.

Afirmó que el 25 de marzo de 2008 en ejercicio del derecho de petición le solicitó al Procurador General de la Nación que le indicara las actuaciones adelantadas en el proceso de acoso laboral y que la respuesta otorgada mediante el oficio del 8 de abril de 2008 no respondía a tales planteamientos, pues el Procurador le informó que el procedimiento que se adelantó en el expediente 200603112 fue acorde con las exigencias previstas por la Ley 734 de 2002 y que mediante los autos del 15 de enero de 2008 y 28 de marzo del mismo año se negó el uso del derecho preferente; agregó que la respuesta no fue de fondo, clara y precisa, por lo cual se le vulneró su derecho fundamental de petición.

Precisó que en protección del derecho fundamental de petición, la Procuraduría debe dar respuesta a una serie de preguntas que formula en el escrito de la denuncia.

Expresó que el 23 de abril de 2008 en ejercicio del derecho de petición le solicitó a la Procuraduría copias de los autos mencionados en el párrafo anterior.

Precisó que se violó el debido proceso porque la Procuraduría archivó el proceso de acoso laboral, sin que se surtiera la etapa probatoria y que adicionalmente no atendió su solicitud de recepcionar el testimonio de la señora Ana María León Rojas.

Insistió en que el Procurador Segundo del Distrito no tuvo en cuenta los antecedentes y fueron rechazados en el expediente disciplinario 2006-03-112.

Manifestó que en la Procuraduría Delegada para la Función Pública existe copia de las comunicaciones que le envió a la Procuraduría General de la Nación bajo la radicación 145773.

Señaló que el procedimiento que adelantó la Procuraduría en el expediente correspondiente a la denuncia que formuló por acoso laboral fue diferente al que ha dado en procesos similares, vulnerando así su derecho fundamental a la igualdad, pues a éstos si les otorgó el trámite preferente;

Aseveró que la decisión de la Procuraduría de archivar el proceso con radicado 200603112, permitió que la conducta de los funcionarios denunciados quedara en impunidad y más aún cuando no tramitó la investigación por la que se le investigó por incumplimiento de la Resolución 2074.

Señaló que según las circulares 20 y 42 de 2007 de la Procuraduría, se debe agotar el procedimiento preventivo; por lo cual, en su caso la Procuraduría tenía que enviar las actuaciones procesales al Ministerio Público.

Estimó que adicionalmente, el Procurador Segundo Distrital apartado de las normas legales y del principio de transparencia, le negó el ejercicio del poder preferente en el proceso que se inició por acoso laboral y no en el proceso disciplinario que se tramitaba en su contra con radicado 2006-03-112.

Adujo que el procedimiento que practicó la Procuraduría fue el previsto por la Ley 734 de 2002 y no el que establece la Ley 1010 de 2006.

B. Pretensiones.

La parte actora solicita que se tutelen sus derechos fundamentales de petición, a la igualdad y al debido proceso.

Como consecuencia de lo anterior, que se ordene a la Procuraduría General de la Nación:

Que dentro de un término perentorio resuelva sobre el poder preferente de la denuncia que formuló por acoso laboral.

Que conteste de manera clara, precisa y puntual el derecho la petición que formuló el 23 de marzo de 2008.

Que se dé aplicación al trámite especial previsto por las leyes 1010 de 2006 y 734 de 2002 y las circulares 20 y 42 dictadas por la Procuraduría General de la Nación.

Que se ordene la inmediata recepción del testimonio de la señora Ana María León Rojas.

C. Defensa.

La apoderada de la Procuraduría General de la Nación contestó la tutela en los siguientes términos:

Manifestó que se le ha dado respuesta a las solicitudes que formuló el actor en ejercicio del derecho de petición.

Señaló que de conformidad con el parágrafo del artículo 89 de la Ley 734 de 2002 la intervención del quejoso se limita a presentar y ampliar la queja bajo la gravedad del juramento, aportar pruebas y recurrir en el evento en que se decida archivar el proceso o se profiera sentencia absolutoria.

Expresó que de conformidad con la norma citada, el quejoso no tiene que ser notificado de todas las providencias dentro del proceso disciplinario sino sólo las que por disposición legal se le deban notificar.

Precisó que el trámite de la queja está previsto en el Código Disciplinario Único.

Informó que como la queja por acoso laboral que formuló el actor, llegó a la Procuraduría Segunda Distrital el 9 de abril de 2008, a la fecha el proceso se encuentra en el trámite inicial.

Aseveró que en este caso la tutela es improcedente toda vez que el solicitante no probó que se le haya vulnerado algún derecho fundamental.

La apoderada de la Procuraduría Segunda Distrital procedió a contestar la tutela de la siguiente forma:

Informó que la Oficina de Control Disciplinario de la Superintendencia Financiera mediante el oficio 207002847-000-000 del 19 de enero de 2007 remitió el expediente 2006-03-112 que se adelantaba en contra del señor Roberto Mauricio Rodríguez Saavedra por presunto incumplimiento a lo ordenado en la Resolución 2074 de 2006, por considerar que en aplicación del numeral 2 del artículo 11 de la Lay 1010 de 2006 es de competencia de la Procuraduría, pues el señor Rodríguez denunció ser víctima de acoso laboral.

Precisó que el expediente fue enviado a la Procuraduría para ejercer el poder preferente porque previo a la renuencia del funcionario a cumplir su adscripción, éste denunció al Subdirector de Coordinación Normativa el señor Gabriel Hernán Aguilar Leal por acoso laboral.

Señaló que mediante el auto del 14 de marzo de 2007 el despacho consideró que no le asistió la razón a la jefe de la oficina de control disciplinario al remitir el expediente 2006-03-112 porque no cumplió las formalidades previstas por el numeral 2 del artículo 9º de la Ley 1010 de 2006.

Manifestó que posteriormente la oficina de control disciplinario de la superintendencia mediante el oficio 200724873-001-000 del 3 de mayo de 2007 le aclaró que con referencia al expediente 143-154238-07 la Procuraduría no tuvo en cuenta que el expediente trasladado era en contra del funcionario Rodríguez Saavedra y no en contra de Gabriel Hernán Aguilar, por lo cual la conducta que se le solicitó investigar fue la renuencia injustificada para cumplir la adscripción a la dirección de portafolios de inversión y no la de acoso laboral; agregó que se le había remitido para que se le garantizara al quejoso que no fuera víctima de acciones retaliatorias por haber denunciado al superior y que se encontraba en etapa de conciliación.

Argumentó que en cumplimiento del artículo 76 de la Ley 734 de 2002 y de la Resolución 364 del 3 de octubre de 2002 mediante el auto del 9 de mayo de 2007 remitió el expediente 143-154238-07 a la oficina de control disciplinario de la superintendencia para que iniciara las diligencias contra Roberto Mauricio Rodríguez.

Dijo que mediante Auto 13 del 3 de enero de 2008 la superintendencia decidió abstenerse de iniciar la investigación contra el funcionario Roberto Mauricio Rodríguez, por lo cual ordenó el archivo definitivo de las diligencias.

Precisó que en razón a dicha decisión, la Procuraduría mediante auto del 15 de enero de 2008 se negó a aplicar el poder preferente en el proceso 2006-03-12.

Informó que mediante el oficio del 10 de octubre de 2007 la secretaría de la procuraduría distrital envió a la oficina de la superintendencia las diligencias realizadas por la conducta de acoso laboral y las piezas procesales aportadas por el señor Rodríguez Saavedra.

Manifestó que en el oficio 2008013633-001-000 del 2 de abril de 2008 la Superintendencia Financiera le puso en conocimiento la decisión de ordenar el archivo definitivo de las diligencias del expediente 2006-03-112 que se adelantó en contra del señor Roberto Mauricio y le precisó que la comunicación del 22 de junio de 2007 que le remitió mediante el oficio 2008013633-001-000 se refiere a la queja que interpuso dicho funcionario por acoso laboral en aplicación a lo previsto por el artículo 12 de la Ley 1010 de 2006.

Expresó que sólo hasta el 9 de abril de 2008 se radicó en la Secretaría de la Procuraduría Segunda Distrital las remisiones de la superintendencia, por lo cual a la fecha está iniciándose el trámite legal.

El subdirector de representación judicial y funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera contestó la tutela así:

Manifestó que mediante la Resolución 2074 del 15 de noviembre de 2006 la Superintendencia ordenó el traslado de Roberto Mauricio Rodríguez a la subdirección normativa a la dirección de portafolios de inversión.

Afirmó que a la fecha no existe constancia en la subdirección de recursos humanos, en los archivos de comité de convivencia laboral ni en el historial laboral que acredite que el solicitante hubiera presentado alguna queja, documento o reclamación por acoso laboral contra su jefe inmediato.

Precisó que el 24 de noviembre de 2006, el actor solicitó la revocatoria de la Resolución 2074 de 2006 y que en dicha solicitud adicionalmente mencionó que había sido objeto de conductas de acoso laboral por parte del superior inmediato de la subdirección de coordinación normativa y que temía ser expuesto a cualquier tipo de retaliación por parte del delegado del área a la que se le trasladaba.

Señaló que el señor Roberto Rodríguez demandó la Resolución 2074 de 2006 en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Manifestó que el superintendente mediante la Resolución 270 del 23 de febrero de 2007 negó la revocatoria de la Resolución 2074 que “dispuso trasladar al comité de convivencia laboral de la Superintendencia Financiera el expediente administrativo, con el propósito de que se analicen los argumentos expuestos por el señor Rodríguez Saavedra, aplique el procedimiento correspondiente y adopte las decisiones que considere convenientes, de encontrar acreditada la situación de acoso laboral denunciada, dentro del marco legal de sus competencias”.

Mencionó que el 23 de enero de 2007 en ejercicio del derecho de petición el señor Rodríguez Saavedra le solicitó a la superintendencia que ordenara a quien correspondiera una valoración sobre su estado de salud, en especial sobre su situación anímica y los grados de estrés de los cuales era víctima.

Agregó que en el mismo escrito el actor manifestó que, comoquiera que su vida e integridad física están en peligro, confirió poder a un abogado para que presente acción de nulidad y restablecimiento del derecho por si resultaba incapacitado.

Aseguró que dicha petición se remitió a la Subdirección de Recursos Humanos, por lo cual mediante el escrito del 23 de febrero de 2007 le solicitó a la Administradora de Riesgos Profesionales la valoración médica del estado de salud del señor Rodríguez Saavedra.

Expresó que mediante el oficio del 10 de mayo de 2007, la EPS afirmó que a la fecha el señor Rodríguez Saavedra no había radicado las solicitudes para estudio de los casos por medicina laboral.

Señaló que la directora de portafolios de inversión le pasó memorando al señor Roberto Rodríguez por no asistir a la oficina el 14 de febrero de 2007, aun cuando Susalud lo incapacitó para el 14 y 15 del mismo mes y año; por lo anterior mediante memorial del 21 de febrero de 2007 le comunicó dicha situación al Superintendente Financiero y a la subdirección de recursos humanos.

Dijo que tal como consta en el Acta 1 del 26 de abril de 2007, el comité laboral se reunió para estudiar entre otros asuntos, el caso del señor Rodríguez Saavedra y consideró que con el traslado se había resuelto el supuesto conflicto con su anterior jefe, Gabriel Hernán Aguilar y que adicionalmente procedería a remitir un oficio a la nueva jefe Claudia Mercedes, solicitando que informara si se habían presentado o no inconvenientes con el funcionario Rodríguez Saavedra, el cual se efectúo mediante el oficio del 16 de junio de 2007.

Expresó que el 16 de junio de 2007 el actor le informó al Comité de Convivencia Laboral que había instaurado acción de tutela contra la Superintendencia.

Aseguró que en sesión del 2 de noviembre de 2007 el Comité de Convivencia Laboral determinó que el posible conflicto de acoso laboral por parte del señor Gabriel Hernán Aguilar, se había mitigado con el traslado del señor Rodríguez Saavedra y que por parte de la señora Claudia Roselló no existe evidencia, ni queja de acoso laboral por parte del funcionario, sino que sólo existe el memorando en el que se le llamó la atención por haberse ausentado de su sitio de trabajo.

Estimó que el comité de convivencia laboral adelantó las acciones preventivas y de seguimiento respecto de la denuncia del quejoso.

Aclaró que mediante el Auto 1 del 16 de enero de 2007 el Superintendente ordenó remitir el expediente disciplinario a la Procuraduría y que no corresponde a la apertura de la actuación disciplinaria por incumplimiento de la Resolución 2074, como lo estima el actor.

Manifestó que para el 23 de febrero de 2007, momento en que se resolvió sobre la revocatoria, la Superintendencia ya había remitido el expediente sobre el incumplimiento del funcionario respecto la resolución de adscripción a la Procuraduría.

Argumentó que mediante el Auto 13 del 3 de enero de 2007 se ordenó la indagación preliminar sin que se hiciera la valoración probatoria frente a la calificación de la conducta como gravísima, pues en el proceso disciplinario las etapas se sanean a través de la nulidad y no a través de la decisión de archivar.

II. Fallo impugnado

La Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante providencia del 11 de junio de 2008 negó la solicitud de tutela instaurada por las razones que a continuación se exponen:

Señaló que de conformidad con el Decreto 2591 de 1991 la acción de tutela es un mecanismo residual de protección de los derechos fundamentales y que sólo procede contra la acción u omisión de las autoridades públicas que hayan vulnerado o que amenacen los derechos fundamentales o contra particulares siempre que no exista otro mecanismo de defensa judicial.

Citó el artículo 6 del Código Contencioso Administrativo y jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el derecho fundamental de petición.

Transcribió los escritos del 17 de marzo y 23 de abril de 2008 que en ejercicio del derecho de petición el actor solicitó a la Procuraduría General de la Nación para que le informara las actuaciones que se han efectuado en los procesos 145773 y 1695572 y que se le expidiera copia de los autos del 15 de enero de 2008 y 28 de marzo del mismo año proferidos por el vice procurador.

Mencionó que mediante el Auto 1 del 16 de enero de 2007, la oficina de control disciplinario de la Superintendencia Financiera remitió por competencia el expediente a la Procuraduría, pues de los antecedentes documentales se extraía que el señor Rodríguez Saavedra había denunciado a funcionarios de la Superintendencia por acoso laboral.

Expresó que en el auto del 14 de marzo de 2007, la Procuraduría no le dio la razón a la Superintendencia porque la remisión de la denuncia incumplía las formalidades previstas por el numeral 2 del artículo 9º de la Ley 1010 de 2006, por lo cual devolvió el proceso a la oficina de control disciplinario de la entidad pública.

Mencionó el oficio 20070224873-001-000 mediante el cual la superintendencia le informó a la Procuraduría que se equivocó al remitir el expediente, pues envió el expediente del proceso contra Rodríguez Saavedra y no el del señor Gabriel Hernán Aguilar. Por lo cual, el expediente contra el señor Rodríguez Saavedra se evaluó en la oficina de control disciplinario de la Superintendencia Financiera y se ordenó abstenerse de promover la investigación disciplinaria.

Precisó que según el Acta 1 del 26 de abril de 2006, el comité de convivencia laboral se declaró sin competencia para resolver las diferencias del actor con su jefe; que adicionalmente, tales diferencias quedaron superadas con el traslado del funcionario a otra dependencia y que el trámite de la queja se tramitaría en la Procuraduría General de la Nación donde se encuentra en curso.

Manifestó que en la contestación de la tutela la Procuraduría informó que “a la fecha ya se han contestado las peticiones de los actos, además que la denuncia por acoso laboral sólo llegó con todos los documentos el 9 de abril de 2008 y que se encuentra pendiente de cursar el trámite de ley”.

Consideró que la Procuraduría efectivamente respondió la petición hecha por el quejoso en el oficio 64965 (fls. 377 y 379) negando la solicitud de ejercer el poder preferente porque tuvo en cuenta que al disciplinado se le garantizaron sus derechos en el proceso que adelantó la oficina de control interno de la Superintendencia Financiera, pues tuvo acceso al proceso desde que se ordenó la indagación preliminar de la cual fue notificado, hizo uso del derecho a designar defensor; fue escuchado en versión libre, asistido de su apoderado; solicitó y aportó pruebas y contó con la oportunidad procesal de controvertirlas; se le concedió la reprogramación de las diligencias probatorias; se le concedió el derecho a obtener copias del diligenciamiento, se le comunicó las decisiones proferidas y el derecho de defensa y contradicción.

Estimó que frente a la petición del 23 de abril de 2008, mediante el oficio 31573 la Procuraduría le dio respuesta enviándole copia de los autos allí señalados.

Consideró que no hay prueba que acredite la iniciación del proceso disciplinario relacionado con las amenazas de los derechos constitucionales por acoso laboral.

Dijo que por las reiteradas comunicaciones entre ambas entidades los procedimientos se confundieron.

Sostuvo que la Procuraduría solo inspeccionó y evaluó el proceso en el cual el actor es investigado, que solicitó los informes a la Superintendencia Financiera, los cuales a la fecha no han llegado para materializar el ejercicio de la acción disciplinaria.

Resolvió que no accedía al amparo del derecho fundamental de petición solicitado e instó al Procurador Segundo Distrital para que haga efectivo el poder disciplinario con la celeridad necesaria.

III. Fundamentos de la impugnación

El demandante impugnó el fallo de la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca presentando los argumentos expuestos en la demanda.

Insistió en el hecho de que en el escrito de la tutela pretendió que de manera clara, precisa y puntual la Procuraduría resolviera la solicitud que presentó el 23 de marzo de 2008 en ejercicio del derecho de petición.

Aseveró que adicionalmente pretende que se ordene aplicar el trámite previsto en las leyes 1010 de 2006 y 734 de 2002, así como las directrices que establecen las circulares 20 del 18 de abril y 42 del 2 de agosto de la Procuraduría General de la Nación y que se le ordene al Procurador que ejecute su poder disciplinario con celeridad para resolver si existieron o no la conductas denunciadas.

Manifestó que desde noviembre de 2006 a la fecha no se ha verificado el procedimiento que ha surtido la Superintendencia y la Procuraduría.

Insistió en el argumento de que, la actuación de la Procuraduría y de la Superintendencia vulneró sus derechos fundamentales de petición, a la igualdad y al debido proceso, pues han dilatado injustificadamente el procedimiento y los han confundido.

Estimó que la sentencia del tribunal fue incongruente con las pretensiones que formuló, pues no le ordenó a la Procuraduría que aplicara las circulares 20 y 42 anteriormente mencionadas y que omitió analizar la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso.

Agregó que en la parte considerativa el tribunal menciona que los procedimientos se confundieron y en la parte resolutiva niega la solicitud de la tutela.

IV. Consideraciones de la Sala

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. Dicha acción se establece como mecanismo subsidiario, es decir, que sólo procede cuando el afectado no disponga de otros instrumentos de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio con miras a evitar un perjuicio irremediable.

En el presente asunto el solicitante estima que la Procuraduría General de la Nación vulneró los derechos fundamentales de petición, al debido proceso y a la igualdad, por no resolver de manera clara, precisa y puntual la solicitud que presentó el 25 de marzo de 2008 en ejercicio del derecho de petición, por inaplicar el trámite de poder preferente previsto en las Leyes 1010 de 2006 y 734 de 2002 y circulares 20 del 18 de abril y 42 del 2 de agosto proferidas por la Procuraduría General de la Nación y porque el proceso disciplinario que se adelantó en su contra por incumplimiento de la Resolución 2074, fue archivado el proceso y no se investigó la real causa por la que no se ejecutó la orden de dicha resolución.

Sea lo primero precisar que son tres los problemas jurídicos a resolver en este caso para determinar si la Procuraduría vulneró o no los derechos fundamentales de petición, al debido proceso y a la igualdad de la parte demandante.

1. Derecho fundamental de petición.

El demandante estima que mediante el oficio del 8 de abril de 2008 la Procuraduría le vulneró su derecho fundamental de petición por no resolver de manera clara, precisa y puntual la solicitud que presentó el 25 de marzo de 2008, pues a su juicio el contenido de la respuesta no responde a los interrogantes que planteó en dicho escrito.

En tales circunstancias, se reseñarán las normas que regulan el derecho fundamental de petición, en especial las pertinentes a las exigencias del contenido de la respuesta. Posteriormente, de las piezas procesales se verificará si la contestación de la Procuraduría responde a la solicitud del actor. Ello para determinar si la entidad demandada vulneró el derecho fundamental de petición del solicitante.

Dicha garantía constitucional fundamental encuentra desarrollo legal en los artículos 5º y siguientes del Código Contencioso Administrativo, en virtud de los cuales toda persona tiene derecho a presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades y a obtener respuesta oportuna.

Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha precisado lo siguiente:

“La Constitución Política en su artículo 23 consagra el derecho de petición como un derecho fundamental en virtud del cual se otorga a los ciudadanos la posibilidad de presentar solicitudes respetuosas a las autoridades y a obtener de ellas una resolución oportuna y completa sobre el particular. Como lo ha sostenido en forma reiterada la jurisprudencia constitucional, para la satisfacción de ese derecho la respuesta (i) debe ser oportuna, (ii) debe resolver el asunto de fondo, en forma clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado; (iii) debe ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumplen esos presupuestos se incurre en una vulneración del derecho fundamental de petición(1).

Es claro que las autoridades públicas deben actuar con eficacia y celeridad, por lo cual deben ser diligentes en el trámite y resolución de las solicitudes que ante ellas se presentan. Cualquier desconocimiento injustificado de los plazos establecidos en la ley implica la vulneración del derecho fundamental de petición. De otro lado, se comparte lo considerado por la jurisprudencia constitucional en cuanto no son válidas ni efectivas las respuestas a través de las cuales se le informa al interesado sobre el trámite que se está adelantando o que se pretende realizar. En el caso sub examine, la Sala observa que la pretensión de la accionante es, en concreto, que se resuelvan de fondo la solicitud elevada el 16 de marzo de 2007 ante el Ministerio del Interior y de Justicia. De los documentos obrantes en el expediente se concluye que a la misma no se ha dado la respectiva respuesta de fondo en cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución Política, la ley y la jurisprudencia, pues la entidad accionada simplemente la rechazó de plano sin tener en cuenta que se trataba de una nueva solicitud de reconocimiento de personería jurídica especial, la cual conforme al artículo 5º del Decreto 1319 de 1998 procede cuando se ha ordenado el archivo de una solicitud en igual sentido. Así las cosas, con la actuación de la entidad accionada advierte la Sala vulneración del derecho fundamental de petición, pues el Ministerio del Interior no cumplió con lo establecido por el artículo 4º del Decreto 1319 de 1998, en relación con los términos para dar respuesta a la solicitud y los requisitos de la misma(2)”. (negrillas y subrayas fuera del texto original)

En efecto, la respuesta al derecho de petición debe ser de fondo, clara y congruente con lo solicitado; por lo cual, no se entiende que dicho derecho se satisfaga con la emisión de la respuesta, sino que adicionalmente, deber ser congruente con los planteamientos formulados por el peticionario.

En el asunto que se demanda se verificará si la entidad demandada respondió todas las inquietudes formuladas por el peticionario.

De las piezas procesales se observa que:

En el escrito del 17 de marzo de 2008 que aparece a folios 28 al 39, el señor Roberto Mauricio Rodríguez le solicitó al Procurador General de la Nación que le indicará sobre las actuaciones surtidas en los procesos con radicación números 3503, 4869, 17964, 28548, 145773, 169572 y del expediente P.D. 2006-03-112 en la Superintendencia Financiera y le solicitó que le informará sobre:

1. Las actuaciones que ha realizado en ejercicio del poder preferente respecto de la denuncia que interpuso por acoso laboral.

2. La actuación que ha adelantado contra la jefe de la oficina de control disciplinario conforme a la comunicación que le dirigió el 23 de julio de 2007.

3. El número de radicación de los procesos disciplinarios contra los doctores Gabriel Hernán Aguilar Leal y Myriam Alina Ormaza.

4. Las actividades y/o diligencias practicadas para esclarecer los hechos denunciados máxime cuando los actos de persecución y hostigamiento han permanecido.

5. Las actividades realizadas respecto las peticiones que formuló el 25 de junio de 2007 y 23 de julio de 2008.

6. Solicitó que recepcionara el testimonio de la doctora Ana María León Rojas.

Ahora bien, a folios 25 al 27 aparece que el Procurador Segundo Distrital de Bogotá respondió a la petición formulada por el solicitante así:

“A través del escrito radicado en la Procuraduría General de la Nación el día 23 de julio de 2007, se reiteró de su parte el escrito de fecha 25 de junio del mismo año, solicitando el ejercicio del poder preferente respecto del proceso 2006-03-112 adelantado por la oficina de control interno disciplinario de la Superintendencia Financiera de Colombia, a fin de que se avocara el trámite del presunto acoso laboral en su contra por parte de servidores de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Atendiendo a dicha solicitud, este despacho mediante Auto del 21 de agosto de 2007 dispuso la práctica de visita especial al citado proceso a fin de establecer la viabilidad de lo requerido.

Evacuada dicha diligencia se estableció, que la conducta por la cual se adelantaba el proceso 2006-03-112, no correspondía a acoso laboral, sino al presunto incumplimiento a una orden administrativa proferida por la Secretaría General de la Superintendencia Financiera de Colombia mediante la Resolución 2074 del 15 de noviembre de 2006, a través de la cual se hacen unas adscripciones de la planta de personal de la entidad, encontrándose entre los diversos funcionarios, el traslado del señor Roberto Mauricio Rodríguez Saavedra, Profesional Especializado 2028-14 (E) de la Subdirección de Coordinación Normativa a la Dirección de Portafolios de Inversión de la entidad, e igualmente haber incumplido la instrucción impartida mediante memorando del 23 de Noviembre de 2006, así como la instrucción del mismo mes y año en la que se le ordenó rendir explicaciones por dicho incumplimiento.

La resolución en cita fue objeto de solicitud de revocatoria del 24 de noviembre de 2006, la cual fue tramitada mediante Resolución 1256 del 19 de julio de 2007, con la cual el señor Superintendente Financiero (e) resolvió no admitir la recusación presentada contra la Dra. Ligia Margoth Ferrucho Vergara, jefe de la oficina de control interno disciplinario.

A su vez, en el escrito del 24 de noviembre de 2006, se le atribuyeron al Dr. Gabriel Hernán Aguilar Leal, subdirector de coordinación normativa, presuntos actos de maltrato en su contra, solicitándose dar aplicación a la Ley 1010 de 2006.

Por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el numeral 2 del artículo 11 de la Ley 1010 de 2006, la oficina de control interno disciplinario de la Superintendencia Financiera de Colombia, remitió por competencia las diligencias a la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio del poder preferente al reporte de incumplimiento por parte del Dr. Rodríguez Saavedra, a la orden de adscripción; atendiendo la interposición de una acción previa de acoso laboral en días posteriores a la expedición de la Resolución 2074 del 15 de Noviembre de 2006.

Analizado lo anterior, este Despacho mediante Auto del 9 de mayo de 2007 dispuso remitir el expediente 143-154238/07 a la citada Oficina de Control Disciplinario, considerando que dentro del proceso 2006-01-112 adelantado por esa Oficina, no se daban las formalidades previstas en el artículo 9º numeral 2 de la Ley 1010 de 2006, para que en consecuencia se adelante en esa entidad el trámite del proceso seguido en su contra.

En la revisión efectuada al proceso 2006-03-112 adelantado por la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Superintendencia Financiera de Colombia atendiendo la solicitud de ejercicio de poder preferente se establece que el procedimiento aplicado está ajustado a la normatividad contemplada en la Ley 734 de 2002, que han sido garantizados los derechos establecidos para el implicado en el artículo 93 ibídem, es decir que el implicado ha tenido acceso al proceso desde que fue ordenada a indagación preliminar de la cual fue notificado; que ha hecho uso del derecho de designar defensor; que fue escuchado en versión libre asistido por su apoderado; que ha hecho uso del derecho de solicitar y aportar pruebas y de la oportunidad procesal de controvertirlas; que se le ha concedido la reprogramación de diligencias probatorias cuando las ha solicitado; que se le ha concedido el derecho de obtener copias del diligenciamiento cuando las ha solicitado; que se le han notificado y comunicado las diversas decisiones proferidas en el proceso; es decir se le ha garantizado el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción.

Lo anterior condujo a este despacho a denegar mediante Auto del 15 de enero de 2008 la solicitud del ejercicio de poder preferente dentro del Radicado 2006-03-112 adelantado por la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Superintendencia Financiera de Colombia, decisión que fue confirmada por el despacho el señor Viceprocurador General de la Nación, a través del Auto de fecha de marzo de 2008”.

Ahora bien, con el fin de dilucidar si se le vulneró el derecho de petición del solicitante, la Sala verificará que cada planteamiento formulado por el peticionario se haya resuelto de forma clara, precisa y congruente.

Respecto a cada cuestionamiento, manifestó la Procuraduría:

1. Sobre el ejercicio del poder preferente de la denuncia que interpuso por acoso laboral, la Procuraduría le respondió que mediante el auto del 15 de enero de 2008 denegó el ejercicio del poder preferente.

Entonces, aun cuando la respuesta a este interrogante no es de carácter afirmativo, es evidente que le contestó al peticionario sobre su inquietud en relación al ejercicio del poder preferente del proceso 2006-03-112.

2. Respecto al cuestionamiento sobre la actuación adelantada contra la Jefe de la oficina de control disciplinario conforme a la comunicación que le dirigió el 23 de julio de 2007, de la lectura de la respuesta, se extrae que el Procurador no hizo alusión a dicho planteamiento.

Se aclara que solo mencionó que el Superintendente Financiero resolvió no admitir la recusación de la Dra. Ligia Margota Ferrucho Vergara.

Es evidente que el Procurador sólo precisó las actuaciones efectuadas por el Superintendente Financiero y no por la Procuraduría.

3. Sobre el número de radicación de los procesos disciplinarios contra los doctores Gabriel Hernán Aguilar Leal y Myriam Alina Ormaza, de la contestación se observa que no respondió a tales planteamientos.

A folio 26 se encuentra que en la respuesta el Procurador menciona al doctor Gabriel Hernán Aguilar, para señalar que mediante el escrito del 24 de noviembre de 2006 el actor denunció a dicho funcionario por acoso laboral.

Sobre las preguntas 4, 5 y 6 respecto las actividades practicadas por la Procuraduría para esclarecer los hechos denunciados, las actuaciones que solicitó en las peticiones del 25 de junio de 2007 y 23 de julio de 2008 y la solicitud de la recepción del testimonio de la señora Ana María León Rojas, la entidad demandada no respondió.

Por lo anterior, la Sala considera que aun cuando la Procuraduría contestó la petición del demandante el contenido de la respuesta no es congruente, pues el Procurador omitió responder algunas preguntas formuladas por el peticionario como quedó anteriormente demostrado.

2. Derecho fundamental al debido proceso.

El demandante estima que la Procuraduría vulneró su derecho fundamental al debido proceso porque no aplicó el trámite de poder preferente previsto en las Leyes 1010 de 2006 y 724 de 2002 y en las circulares 20 del 18 de abril y 42 del 2 de agosto proferidas por la Procuraduría General de la Nación en el proceso de acoso laboral.

Adicionalmente, considera que se le vulneró dicho derecho fundamental porque en el proceso disciplinario que se adelantó en su contra el Procurador lo archivó y que en últimas no se investigó la real causa por la cual no se ejecutó la Resolución 2074.

Por su parte, la Procuraduría Segunda Distrital afirmó que mediante el auto del 15 de enero de 2008 negó el ejercicio del poder referente del proceso con radicado 2006-03-112 y que sólo hasta el 29 de abril de 2008 la oficina de control disciplinario radicó las diligencias que adelantó en el proceso de acoso laboral.

Sea lo primero precisar que en el presente asunto el actor discute el contenido de una providencia judicial en el proceso disciplinario que se adelantó en su contra, pues a su juicio se le vulneró el derecho fundamental al debido proceso porque el Procurador negó el ejercicio del derecho preferente en el proceso disciplinario mediante el auto del 15 de abril de 2008.

Sea lo primero precisar que en el presente asunto no se discute el contenido de una providencia judicial sino la presunta violación al debido proceso por parte de la entidad demandada en el proceso disciplinario, al omitir el ejercicio del poder preferente en el trámite de la denuncia por acoso laboral que interpuso el actor.

La Sala verificará si en el proceso disciplinario contra el señor Gabriel Hernán Aguilar hay lugar o no a ejercer el poder preferente y de las piezas procesales se observará el trámite que se le ha dado a dicho proceso. Lo anterior, con el fin de determinar si la entidad demandada vulneró o no el derecho al debido proceso del solicitante.

El numeral 2 del artículo 9º de la Ley 1010 de 2006 “por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo” prevé:

2. La víctima del acoso laboral podrá poner en conocimiento del Inspector de Trabajo con competencia en el lugar de los hechos, de los Inspectores Municipales de Policía, de los personeros municipales o de la Defensoría del Pueblo, a prevención, la ocurrencia de una situación continuada y ostensible de acoso laboral. La denuncia deberá dirigirse por escrito en que se detallen los hechos denunciados y al que se anexa prueba sumaria de los mismos. La autoridad que reciba la denuncia en tales términos conminará preventivamente al empleador para que ponga en marcha los procedimientos confidenciales referidos en el numeral 1 de este artículo y programe actividades pedagógicas o terapias grupales de mejoramiento de las relaciones entre quienes comparten una relación laboral dentro de una empresa. Para adoptar esta medida se escuchará a la parte denunciada.

Es evidente que las víctimas de acoso laboral deberán denunciar por escrito tal situación ante el Inspector de Trabajo, Inspectores Municipales de Policía, Personeros Municipales o ante la Defensoría del Pueblo, a prevención de la autoridad del lugar de los hechos.

La Ley 734 de 2002 “por la cual se expide el Código Disciplinario Único” establece:

ART. 2º—Titularidad de la acción disciplinaria. Sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación y de las Personerías Distritales y Municipales, corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias.

El titular de la acción disciplinaria en los eventos de los funcionarios judiciales, es la jurisdicción disciplinaria.

La acción disciplinaria es independiente de cualquiera otra que pueda surgir de la comisión de la falta.

ART. 3º—Poder disciplinario preferente. La Procuraduría General de la Nación es titular del ejercicio preferente del poder disciplinario en cuyo desarrollo podrá iniciar, proseguir o remitir cualquier investigación o juzgamiento de competencia de los órganos de control disciplinario interno de las entidades públicas. Igualmente podrá asumir el proceso en segunda instancia.

En virtud de la misma potestad, mediante decisión motivada, de oficio o a petición de cualquier persona, podrá avocar el conocimiento de aquellos asuntos que se tramitan internamente en las demás dependencias del control disciplinario. También se procederá en la misma forma cuando se desprenda del conocimiento de un proceso”. (subrayas y negrillas fuera del texto original.

Es así que aun cuando el poder disciplinario de manera preferente radica en la Procuraduría General de la Nación, no es óbice para que las oficinas de control disciplinario interno también conozcan y tramiten los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias.

Al respecto, el numeral 1 de la Circular 20 del 18 de abril de 2007 dictada por la Procuraduría General de la Nación por medio de la cual se fijaron directrices para asumir y tramitar las quejas de acoso laboral que lleguen a la entidad establece que “antes de iniciar el procedimiento disciplinario y sancionatorio debe agotarse necesaria y obligatoriamente el procedimiento preventivo de que trata el artículo 9º de la Ley 1010 de 2006”.

Entonces la Procuraduría debe asegurarse que antes de iniciarse la investigación disciplinaria verifique que la oficina de control disciplinario intente conciliar y ejecutar las medidas que permitan mitigar la situación, de conformidad con lo previsto por la Ley 1010 de 2006.

De las piezas procesales se observa que:

Mediante el oficio 2007002847-000-000 del 19 de enero de 2007 en cumplimiento del Auto 1 del 16 de enero de 2007 la oficina de control disciplinario de la Superintendencia Financiera remitió por competencia a la Procuraduría General de la Nación el expediente 2006-03-12 en el cual se tramitó la denuncia por acoso laboral, visible a folios 103 a 105.

A folios 613 al 614 aparece que mediante el auto del 9 de mayo de 2007 el Procurador Segundo Distrital ordenó remitir el expediente 143-154238-2007 a la Oficina de Control Disciplinario de la Superintendencia porque a su juicio la investigación por incumplimiento a una orden administrativa es de competencia de dicha entidad en aplicación a lo previsto por la Resolución 346 del 3 de octubre de 2002.

A folios 389 y 390 aparece que mediante el oficio del 16 de julio de 2007 la Procuradora Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública le envió copia de la queja por acoso laboral a la jefe de registro y control para que iniciara la correspondiente investigación disciplinaria.

En el oficio del 3 de marzo de 2008 la Secretaría de la Procuraduría Segunda Distrital le solicitó a la jefe de control disciplinario interno que le informara si se había efectuado o no el procedimiento preventivo que establece la Ley 1010 de 2006 y los resultados del mismo, visible a folio 385.

Mediante el oficio del 2 de abril de 2008 (fls.381 y 382) la Jefe de la Oficina de Control Disciplinario le responde al Procurador Segundo Distrital, señalándole que:

“...las diligencias 143-154238/07 que dieron lugar a la actuación 2006-03-112, corresponden a la presunta desatención del señor Roberto Mauricio Rodríguez Saavedra a dar cumplimiento a la Resolución 2074 de 2006 por medio de la cual se le adscribió de la Subdirección de Coordinación Normativa a la Dirección de Portafolios de Inversión, actuación cuyo mérito se evaluó a través del Auto 13 del 3 de enero de 2008, disponiendo por falta de mérito el archivo definitivo de las diligencias. Adjunto para su conocimiento copia de la decisión.

De otro lado, la comunicación del 22 de junio de 2007 suscrita por el señor Rodríguez Saavedra y que ahora se traslada, se refiere a una queja por acoso laboral contra funcionarios de esta superintendencia la cual, por virtud de la competencia específica prevista en el artículo 12 de la Ley 1010 de 2006, su verificación no está a cargo de las oficinas de control disciplinario.

Por lo demás, adjunto al presente memorando del 1º de abril de 2008, por medio del cual la Subdirectora de Recursos Humanos remitió en 175 folios las actuaciones adelantadas por el Comité de Convivencia Laboral de esta entidad, con ocasión de la queja por acoso laboral formulada por el señor Roberto Mauricio Rodríguez Saavedra.

La Jefe de la Oficina de Control Disciplinario resalta que respecto a la denuncia que formuló el funcionario el 22 de junio de 2007 por acoso laboral, el 2 de abril de 2008 remite a la Procuraduría 175 folios correspondientes a las actuaciones que adelantó el comité de convivencia laboral.

A folio 380 aparece que efectivamente el 24 de abril de 2008 se radicó en la Secretaría de la Procuraduría el oficio en el cual la jefe de la oficina de control disciplinario remitió las diligencias número 164447 relacionadas con la queja por acoso laboral y las piezas procesales que el funcionario aportó.

La entidad demandada en cumplimiento a lo previsto por la Ley 1010 de 2006 y la circular 20 dictada por la Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Superintendencia que le informara si había surtido o no la etapa de conciliación y toma de medidas para eliminar el hecho generador de la queja.

En efecto, sólo hasta el 24 de abril de 2008 la Oficina de Control Disciplinario de la Superintendencia Financiera remitió las diligencias número 164447 relacionadas con la queja por acoso laboral y las piezas procesales que el funcionario Roberto Mauricio Rodríguez aportó en la denuncia que formuló por acoso laboral en contra de Gabriel Hernán Aguilar. Es así que se encuentra probado que a la fecha la investigación se encuentra en la etapa inicial.

De las piezas procesales, la Sala encuentra que aun cuando la Superintendencia archivó el proceso disciplinario en contra del señor Roberto Mauricio Rodriguez, la entidad demandada no archivó el proceso que investiga respecto de la conducta de acoso laboral que denunció el tutelante.

Adicionalmente, en la página web de la Procuraduría aparece que:

Consulta trámite de quejas

Resultado de la consulta implicado - Nombre

Registros 1 a 1 de 1

ImplicadoNº radicaciónNº expedienteDependenciaAsuntoEstado actualFecha de última actuación
Gabriel Hernán Aguilar Leal154238143-154238-2007Procuraduría 2 Distrital de Bogotá D.C.Presunto acoso laboral C/Roberto Mauricio Rodríguez Saavedra, originando traslado no aceptado por el mencionado RodríguezIndagación preliminar7/2/2008

 

En efecto, el proceso por acoso laboral contra Gabriel Hernán Aguilar está en la etapa de indagación preliminar.

Es así que la Sala encuentra que la entidad demandada no ha vulnerado el derecho fundamental al debido proceso del señor Roberto Mauricio Rodríguez.

Respecto a la violación del derecho fundamental a la igualdad, el actor no demostró que se encontrara en circunstancias similares de otras personas y que se le haya dado un tratamiento diferencial, razón por la cual no se tutelará tal derecho.

Por lo anteriormente expuesto, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

1. PROTÉJASE el derecho fundamental de petición, por lo cual se ordena al Procurador Segundo Distrital que conteste de fondo y de manera congruente las peticiones formuladas por el actor en el escrito del 17 de marzo de 2008.

2. NIÉGASE la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.

3. NOTIFÍQUESE a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

4. REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión dentro de los diez días (10) siguientes a la ejecutoria del presente fallo.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala de la Sección Primera, en sesión celebrada en la fecha precitada.

Magistrados: Marco Antonio Velilla Moreno—Maria Claudia Rojas Lasso, Presidente—Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta—Martha Sofía Sanz Tobón.

(1) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia de 30 de octubre de 2003, dictada en el expediente AC-1582 AP, M.P. Darío Quiñones Pinilla.

(2) Consejo de Estado, Sección Cuarta, M.P. María Ligia López, Radicación 2007-00528-01(AC)15 de agosto de 2007, Bogotá, D.C.