Sentencia 2008-00599 de agosto 1º de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Expediente: 42134

Radicación: 760012331000200800599 01

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Actor: Jaime Sánchez Arana

Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., primero de agosto de dos mil dieciséis.

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 18 de marzo de 2011, mediante la cual negaron las pretensiones de la demanda. La providencia será revocada.

Síntesis del caso

El 25 de marzo de 2004, la Seccional de Policía Judicial e Investigación del Departamento de Policía Valle, capturó y dejó a disposición de la Fiscalía al señor Jaime Sánchez Arana por haber cometido presuntamente el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, quien posteriormente le impuso medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva. En etapa de juicio, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Palmira, profirió sentencia absolutoria en aplicación del principio in dubio pro reo, decisión que fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga.

Antecedentes

I. Lo que se demanda

Mediante escrito presentado ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 8 de agosto de 2008 (fl. 67-81, cdno. 1), por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa establecida en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, los señores Jaime Sánchez Arana, Luz Nubia Murillo Mejía, Ruth Nery Sánchez Murillo, Lina Vanessa Sánchez Murillo, Jairo Sánchez Arana, Enrique Sánchez Arana, Darling Myriam Sánchez Arana y Janeth Sánchez Arana presentaron demanda en contra de la Nación-Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se acceda a las siguientes declaraciones y condenas:

Primero. Se declare administrativamente responsable a la Fiscalía General de la Nación por los perjuicios materiales y morales causados al señor Jaime Sánchez Arana, y los perjuicios morales ocasionados a: A su esposa Luz Nubia Murillo Mejía; a sus hijas Ruth Nery Sánchez Murillo y Lina Vanessa Sánchez Murillo; a sus hermanos Jairo Sánchez Arana, Enrique Sánchez Arana, Darling Myriam Sánchez Arana y Janeth Sánchez Arana, como consecuencia de la investigación judicial, detención preventiva y resolución de acusación injusta que profirió la Fiscalía Seccional 143 de la ciudad de Palmira.

Segundo. Como consecuencia de la anterior declaración se condene a la Fiscalía General de la Nación a pagar a los actores o a quienes representen sus derechos: como reparación o indemnización del daño ocasionado, los perjuicios de orden material y moral, objetivada y subjetiva, actual y futura, conforme a lo que resulte probado dentro del proceso.

Perjuicios morales:

Para Jaime Sánchez Arana, la cantidad de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales a la fecha de ejecutoria de la sentencia.

Para la señora Luz Nubia Murillo Mejía, en su calidad de cónyuge, doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales a la fecha de ejecutoria de la sentencia.

Para Ruth Nery Sánchez Murillo y Lina Vanessa Sánchez Murillo, en su calidad de hijas cien (100) salarios mínimos legales mensuales, para cada una a la fecha de ejecutoria de la sentencia.

Para Jairo Sánchez Arana, Enrique Sánchez Arana, Darling Myriam Sánchez Arana y Janeth Sánchez Arana, en su calidad de hermanos cien (100) salarios mínimos legales mensuales, para cada uno a la fecha de ejecutoria de la sentencia.

Estas condenas se harán al valor que tenga el salario mínimo legal mensual vigente al momento de quedar ejecutoriada la sentencia que ponga fin al presente proceso.

Perjuicios materiales:

Lucro cesante:

Para el señor Jaime Sánchez Arana c.c. 16.252.859, lo dejado de devengar durante el tiempo de su detención que correspondió a 12 meses 22 días, de acuerdo a la constancia que prueba que sus entradas mensuales en el año de 2004 correspondían a la suma de un millón setecientos cincuenta y un mil doscientos veinticuatro pesos ($ 1.751.224), constancia de asignación salarial emanada de la directora administrativa y financiera de la Personería Municipal de Palmira, o la que resultare de la valoración del salario promedio que devenga un profesional del derecho emitido por organismo competente.

Total de perjuicios materiales: Veintidós millones doscientos cuarenta mil quinientos cuarenta y cuatro pesos ($ 22.240.544).

Tercera. Los perjuicios materiales deberán ser indexados de acuerdo al índice de precios al consumidor certificado por el DANE.

Cuarta. Los valores a que fuere condenada la Fiscalía General de la Nación, devengaran intereses moratorios desde la fecha de la ejecutoria de la sentencia.

Quinta. A la sentencia se le dará cumplimiento en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

Sexto. Las cantidades se liquidarán de acuerdo a criterios actuales de reparación integral establecidos en el artículo 16 de la Ley 446.

La parte actora sostuvo que el señor Jaime Sánchez Arana, fue vinculado a una investigación penal por el presunto punible de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, en virtud de la cual se le dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario. Manifestó que en etapa de juicio el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Palmira, lo absolvió del delito imputado por no existir certeza de la responsabilidad del acusado, decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga. En virtud de lo anterior, la parte actora solicita se le indemnice los perjuicios materiales y morales ocasionados con la privación injusta de la libertad que duró por el término de doce meses y veintidós días, como consecuencia de un análisis probatorio ligero y sin profundidad realizado por parte de la Fiscalía General de la Nación.

II. Trámite procesal

Como quiera que en el expediente de la referencia obra únicamente poder otorgado por el señor Jaime Sánchez Arana a la abogada Ruth Nery Sánchez Murillo (fl. 1, cdno. 1), la demanda fue admitida a través de providencia del 19 de enero de 2009, solamente respecto de aquel, auto que quedó en firme por no ser recurrida por las partes (fl. 92, cdno. 1).

1. Contestación de la demanda.

1.1. El apoderado de la Nación-Fiscalía General de la Nación (fl. 107-115, cdno. 1) se opuso a las pretensiones de la demanda. Al respecto, señaló que su actuación se surtió de conformidad a la Constitución Política y a las disposiciones penales sustanciales y procedimentales vigentes para la época de los hechos.

Manifestó que la entidad hizo las veces de parte dentro del proceso penal, por lo que no hay motivos para indemnizar perjuicios que no se causaron con ocasión de la actuación exclusiva de la fiscalía.

Así mismo, adujo que el procedimiento adelantado dentro de la investigación no fue irregular, ni se cometieron atropellos o dilaciones injustificadas, sino por el contrario, la fiscalía se limitó al cumplimiento de sus funciones.

2. Sentencia de primera instancia.

Surtido el trámite de rigor, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia el 18 de marzo de 2011 (fls. 139-155, cdno. ppal.), en la cual resolvió negar las pretensiones de la demanda, con fundamento en que la Fiscalía tuvo suficientes indicios para estimar que el señor Jaime Sánchez Arana era responsable del delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. Por lo tanto, las medidas adoptadas dentro de la investigación penal, no fueron arbitrarias o desproporcionadas, sino por el contrario, se respetó el derecho fundamental a la defensa y al debido proceso durante el término que transcurrió su detención.

Así mismo, sostuvo que si bien es cierto el accionante tuvo que soportar un proceso penal en el cual fue absuelto por existir duda acerca de su responsabilidad, no obstante, la medida de aseguramiento impuesta en su contra, no comportó una privación injusta de su libertad, toda vez que la Corte Constitucional en ejercicio de sus funciones, restringió el vocablo “injusto” contenido en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, a lo manifiestamente o abiertamente contrario a derecho. Y como quiera que la entidad desplegó sus labores de conformidad a las pruebas obrantes en la investigación, pues existían indicios graves en contra del procesado, consideró que no había lugar a condenarla.

3. Recurso de apelación.

3.1. La parte demandante (fls. 176-195, cdno. ppal.) solicita que se revoque la anterior decisión y en su lugar, se acceda a las súplicas de la demanda. Argumenta que la tesis expuesta por el a quo, es abiertamente contraria al derecho viviente, en la medida en que la jurisprudencia del Consejo de Estado le ha dado un trato diferente al artículo 68 de la Ley 270 de 1996.

Por consiguiente, considera que la Fiscalía General de la Nación no pudo demostrar la responsabilidad penal del aquí demandante, motivo por el cual su restricción al derecho de locomoción y la aflicción moral y emocional que de ello se deriva, constituye un daño antijurídico imputable a la entidad demandada, pues aun en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, no impide que se causen daños.

Pone de presente, que el señor Jaime Sánchez Arana justificó su presencia en el lugar donde fue hallado el elemento material del delito por el cual se lo investigaba, aspecto que la justicia no creyó y que pudiendo descartarlo a través de medios probatorios, decidió considerarlo presuntamente responsable de un delito sobre el cual no existió certeza.

4. Alegatos de conclusión.

4.1. La Nación-Fiscalía General de la Nación (fl. 205-210, cdno. ppal.) reitera los argumentos expuestos por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en la sentencia de primera instancia proferida el 18 de marzo de 2011.

Consideraciones

I. Presupuestos procesales de la acción

1. De la jurisdicción, competencia y procedencia de la acción.

Por ser la demandada una entidad estatal, el asunto es de conocimiento de esta jurisdicción (CCA, art. 82). La Sala es competente para resolverlo, en razón de su naturaleza, dado que la Ley 270 de 1996 consagró la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y fijó la competencia para conocer de los mismos, en primera instancia, en cabeza de los tribunales administrativos y, en segunda, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía(1).

Finalmente, la acción de reparación directa instaurada (CCA, art. 86) es la procedente, por cuanto las pretensiones de la demanda van encaminadas a la declaratoria de responsabilidad de la entidad demandada por los perjuicios derivados de la privación de la libertad de que fue objeto el señor Jaime Sánchez Arana.

Ahora bien, es importante recordar que la parte demandante, es apelante única y, en consecuencia, en virtud de la prohibición de la no reformatio in pejus, consagrada por el artículo 31 de la Constitución Política(2), debe la Sala limitarse a analizar los aspectos señalados en el recurso(3) y abstenerse de desmejorar su situación.

Al respecto, esta corporación(4) ha considerado que de la premisa “la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante” no se sigue una autorización al juez de grado para hacer el escrutinio y determinar libremente qué es lo desfavorable al recurrente, pues a renglón seguido, la norma establece una segunda prohibición complementaria, según la cual no podrá el ad quem enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso.

Lo anterior, sin perjuicio de que si la apelación se interpuso en relación con un aspecto global de la sentencia, en este caso, la declaratoria de responsabilidad de la entidad demandada, la Sala pueda pronunciarse sobre cada uno de los elementos que la constituyen, aunque el apelante no los hubiera controvertido expresamente, o puede modificar, en favor de la parte que solicitó expresamente que se le exonerara de responsabilidad, la liquidación de perjuicios efectuada en la sentencia de primera instancia. Al respecto, es importante insistir en que, tal como lo afirmó explícitamente la Sala Plena de la Sección Tercera en la sentencia que viene de citarse, “es asunto de lógica elemental que el que puede lo más, puede lo menos”.

2. De la legitimación en la causa.

2.1. El señor Jaime Sánchez Arana fue la persona privada de la libertad, de donde se infiere que tiene un interés para solicitar la indemnización por los perjuicios causados.

2.2. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva, se verifica que el daño que se invoca en la demanda proviene de actuaciones y decisiones exclusivas de la Fiscalía General de la Nación, las cuales se acusa de ser la causante de los daños cuya indemnización reclama la parte actora.

3. De la caducidad de la acción.

Ahora bien, tratándose de los eventos de responsabilidad por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia de esta corporación ha considerado que el término de caducidad de la acción de reparación directa se cuenta a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que absuelve al sindicado y le pone fin al proceso penal(5).

En el caso concreto, se pretende declarar patrimonialmente responsable a la entidad demandada, por la privación injusta de la libertad a que fue sometido el señor Jaime Sánchez Arana.

En lo que tiene que ver con la oportunidad para el ejercicio de la acción, se observa que a folio 66 del cuaderno 1, obra constancia en la que se pone de presente que no fue interpuesto recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga que confirmó la sentencia absolutoria de primera instancia, por lo tanto, quedó ejecutoriada el 10 de agosto de 2006. En este orden de ideas, se concluye que en el caso concreto no operó la caducidad de la acción de reparación directa, por cuanto la demanda se presentó el 8 de agosto de 2008.

II. Problema jurídico

La Sala debe determinar si la privación de la libertad que soportó el señor Jaime Sánchez Arana, constituye una detención injusta, o si, el procesado estaba llamado a soportar la detención.

III. Hechos probados

Con base en las pruebas obrantes en el expediente, valoradas en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

1. El 25 de marzo de 2004, la Seccional de Policía Judicial e Investigación del Departamento de Policía Valle, dejó a disposición de la Fiscalía al señor Jaime Sánchez Arana, por haber cometido presuntamente el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes (fls. 18, 20-21, cdno. 1).

2. El 29 de marzo de 2004, la Fiscalía Ciento Cuarenta y Tres Seccional de Palmira, resolvió la situación jurídica del señor Jaime Sánchez Arana e impuso medida de aseguramiento en su contra consistente en detención preventiva (fl. 27-31, cdno. 1):

La presente investigación se inició con base en el informe policivo rendido por el S.I. YOBANI GARCÍA PINEDA, quien manifiesta en el mismo que en la misma fecha del informe (mar. 25/2004), siendo las nueve de la mañana, se recibió una llamada telefónica de una persona de la red de cooperantes, donde informaba que en la calle 36 Nº 31-49, había ingresado un hombre cuyas características físicas y ropa que vestía describió, el cual llevaba una bolsa azul que contenía droga para vender, que dicho señor negociaba con estupefacientes y que porque debía un dinero estaba a punto de realizar un negocio. Por ello el jefe de la Sijin, libró una orden de trabajo para que se realizaran labores de verificación de la información, ubicando los agentes encargados la dirección que corresponde a una vivienda de un solo piso, con fachada terminada y portón de garaje como acceso, abordaron la vivienda que se hallaba con la puerta de acceso abierta y se identificaron (sic) a la persona que el informante había descrito, y le dijeron que permitiera la entrada a la vivienda para realizar un registro, manifestando dicha persona que no lo permitía y en ese momento salió una señora de un cuarto, la cual, sin ningún temor les permitió la entrada y al entrar encontraron en la mesa del comedor una bolsa azul y dentro tres bolsas (…) sustancia pulvurenta, de color blancuzco, que identificaron como COCAÍNA. Se requisó la persona cuyas características correspondían a las que suministrara el informante y en sus bolsillos tenía un carnet que pertenecía a la Personería de esta ciudad y que lo identificaba como PROFESIONAL UNIVERSITARIO de esa entidad. Solicitaron un experto para que realizara la prueba de campo, con resultados positivos para COCAÍNA O SUS DERIVADOS, con un peso cada bolsa de 491.4 gramos, 481.9 gramos y 398.2 gramos respectivamente, también contenía la chuspa azul una gramera blanca de marca KOLONG, el señor SÁNCHEZ tenía un celular NOKIA y un beeper Motorola. La otra persona hallada en la residencia fue el señor LUIS EDUARDO CEPERO LOAIZA, quien se le incautó un BELLSOUTH 5X (…).

En relación con la responsabilidad que le asiste a las personas que fueron capturadas, respecto al señor JAIME SÁNCHEZ ARANA, tenemos que milita en su contra la situación de flagrancia en que fue sorprendido por los agentes de la policía, cuando se hallaba en la casa demarcada con el Nº 31-49 de la calle 36, en cuyo comedor se hallaba una chuspa contentiva de la sustancia estupefaciente y la gramera, advirtiendo que tanto la ubicación de la residencia, como las características físicas y forma de vestir del sindicado, así como la chuspa azul concuerdan con los datos que suministró el informante y que obligaron a los agentes del orden a verificar tal información con los resultados ya conocidos (…).

El señor LUIS EDUARDO CEPERO LOAIZA asumió toda la culpa en este asunto, asegurando que él recibió el estupefaciente de un tercero de quien no conoce sino el nombre, pero que permitió entrara a su casa a negociar estupefacientes con terceros, porque así lo manifiesta él en la indagatoria, alegando una precaria situación económica. Es común que aquellos que se dedican al comercio de estupefacientes, en el evento de ser sorprendidos solo uno asuma la responsabilidad, generalmente los que tienen un menor rango en la organización si es que la hay, o cualquier otra razón que lleva a tal sindicado a soportar solo la culpa, cuando en realidad, como en este caso, según se desprende del análisis de lo manifestado en el informe, la ratificación y las mismas indagatorias de JAIME SÁNCHEZ y LUIS EDUARDO CEPERO, estas dos personas se disponían a realizar, como lo dijo el informante, una negociación con el estupefaciente y no con gallos, como lo pretenden ellos hacer creer. Es más, la distribución del monto de dinero incautado, que se trata todo de monedas de quinientos, nos permite deducir que existe en la residencia venta de papeletas del estupefaciente, las cuales por su bajo precio, las personas las pagan en monedas.

Por lo anterior, considera esta funcionaria que se reúnen con creces las exigencias del artículo 356 del Código de Procedimiento Penal para dictar en contra de JAIME SÁNCHEZ ARANA y LUIS EDUARDO CEPERO LOAIZA medida de aseguramiento de DETENCIÓN PREVENTIVA, como presuntos coautores del delito de FABRICACIÓN, TRÁFICO O PORTE DE ESTUPEFACIENTES.

3. El 11 de abril de 2005, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Palmira, profirió sentencia de primera instancia a favor del señor Jaime Sánchez Arana en aplicación del principio de in dubio pro reo, ante lo cual ordenó su libertad inmediata (fls. 32-48, cdno. 1):

Conforme a lo anterior, debemos concluir que la única prueba directa que obra para apuntar a la responsabilidad del encartado JAIME SÁNCHEZ ARANA, es el señalamiento hecho por las autoridades policivas, subteniente YOVANI GARCÍA PINEDA y Agente JORGE DUARTE TABARES, quienes suscriben el informe policivo mediante el cual dan a conocer el registro voluntario practicado en la residencia de la pareja CEPERO LOAIZA y SHERIL CANDELO y en que se deja a disposición a los tres sindicados, pues no obra en el plenario declaración adicional alguna que nos lleve a realizar un estudio más a fondo a cerca de la certeza absoluta de la responsabilidad en cabeza del procesado.

Pues como podemos observar en las indagatorias de los procesados CEPERO LOAIZA y SHERIL CANDELO éstos han sido enfáticos y unánimes en manifestar que JAIME SÁNCHEZ ARANA se encontraba el día de los hechos con el único propósito de adquirir unos gallos de pelea los cuales fueron negociados previamente con la propietaria de la vivienda, desconociendo totalmente los hechos por los cuales se vinculara a esta investigación.

Se tiene además el sometimiento a sentencia anticipada por parte del procesado LUIS EDUARDO CEPERO LOAIZA, quien en su indagatoria y posteriores ampliaciones siempre fue reiterativo en afirmar acerca de la procedencia de la sustancia incautada, la cual manifiesta haber sido recibida de manos de un sujeto de nombre ALEXANDER CEDEÑO de quien dijo recibir la cantidad de $ 50.000 por guardarla en su vivienda mientras regresaba con la persona con quien realizaría el negocio, aceptando desde el principio y en todo momento la responsabilidad de su conducta como quiera que tenía conocimiento de tratarse de sustancia alucinógena legalmente prohibida.

Se cuenta también con el acta de inspección judicial realizada a la residencia de CEPERO LOAIZA y SHERIL CANDELO, mediante la cual se verifica plenamente, la existencia de un gallinero y cuatro gallos finos de pelea, al igual que de la declaración de FERNANDO ALBERTO PINILLOS se corrobora la afición de JAIME SÁNCHEZ ARANA por los mismos.

De otro lado y teniendo en cuenta el acopio probatorio arrimado a la actuación ya en la etapa de juicio, se encuentra probada la actividad ilícita a la que igualmente se dedicaban la pareja CEPERO LOAIZA y SHERIL CANDELO como quiera que no era la primera vez, que el bien inmueble donde estos residían era objeto de registro por parte del personal de la policía y versa además sentencia condenatoria en contra de la procesada por el mismo delito.

Siendo así las cosas, observa este operador de justicia que existen dos versiones encontradas, una de la de las autoridades policivas en su informe policivo y posteriores declaraciones, y otra la de los procesados CEPERO LOAIZA y SHERIL CANDELO y JAIME SÁNCHEZ ARANA (…).

Tal como lo manifiesta el ilustre representante del Ministerio Público con quien compartimos enteramente su tesis, el recaudo probatorio allegado a esta actuación nos lleva a la conclusión de que si bien es cierto no existe certeza de la inocencia del procesado no es menos cierto que haya certeza acerca de su responsabilidad, por lo cual y en atención al principio constitucional de la presunción de inocencia toda duda deberá resolverse en favor del procesado.

Se hace necesario reconocer que en este estadio procesal no se tiene certidumbre a cerca de la real ocurrencia de los hechos. Como quiera que han sido amplias y suficientes las declaraciones de los procesados en las cuales han mantenido incólume su posición de afirmar que JAIME SÁNCHEZ ARANA no tenía conocimiento de los hechos, versión ésta que va en contra de los policiales quienes en todo momento han tratado de comprometer la responsabilidad del encartado como directo responsable de los hechos (…).

Como corolario de lo anterior, debemos concluir que las pruebas recaudadas son insuficientes para edificar sobre ellas, la responsabilidad que se le atribuye al acusado en el ilícito de TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES, por el contrario, hay dudas que no lograron ser esclarecidas durante toda la actuación y que no pueden imputarse en contra del acusado, pues éste se encuentra constitucional y legalmente amparado por la presunción de inocencia, presunción ésta que lo cobija hasta cuando sea desvirtuada, valida y legalmente por el Estado.

4. El 5 de julio de 2006, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga confirmó la anterior decisión con base en los siguientes argumentos (fls. 52-65, cdno. 1):

Entrando en el asunto y abordando los elementos de convicción los que no advierten en forma clara el compromiso penal del acusado, la Sala anuncia la confirmación del fallo.

Porque en el expediente no trasunta más allá de toda duda razonable que el autor responsable del ese injusto penal sea el señor Jaime Arana Sánchez, puesto que a las aseguraciones de los policías Yobani García Pineda y Jorge Duarte Tabares o que el prenombrado se opuso porque les hizo resistencia a su ingreso para practicar en forma libre el registro voluntario del inmueble, el que era un reconocido expendio de estupefacientes por los registros llevados en la SIPOL, no tiene soporte serio en el proceso, puesto que, como bien lo puntuaron el Ministerio Público y la defensa, es el “Acta de registro voluntario” elaborada por los mismos gendarmes la que hace notable la falencia y el quiebre serio a sus juramentadas, porque en ella plasmaron que el 24 de marzo de 2004 a las 10:00 horas los funcionarios de policía judicial realizaron diligencia de registro voluntario a la vivienda de la calle 36 Nº 31-49 del barrio Colombia de Palmira Valle, con el fin de confirmar información brindada por la ciudadanía, “siendo atendidos por el señor Luis Eduardo Cepero Loaiza…”.

Significase entonces que la parte apelante no escrutó como le correspondía la foliatura contentiva de los medios probatorios legalmente aportados o producidos, como tampoco examinó con detenimiento y prudencia la presencia, en esa residencia, del señor Jaime Arana Sánchez, quien, sin desconocer que a la finales del año 2003 participó como agente del ministerio público en un operativo a esa misma vivienda habiéndose encontrado estupefacientes, justificó su presencia, para el 24 de marzo de 2004 en ese inmueble, diciendo que había concurrido allí siendo atendido por el señor Luis Eduardo, el que le abrió la puerta y lo invitó a sentarse mientras la señora Stefani se levantaba para atenderlo en la negociación de un gallo de pelea que tenía visto y deseaba comprarle, además de anotar que regularmente recurre a donde ellos, de quienes se hizo amigo porque en esa casa crían esos animales que es una de sus aficiones (…).

Con esa comprobación del gallinero o cría de gallos finos desde tiempo atrás de estos hechos, para la Sala, a renglón seguido se perfila aceptable la presencia del señor Jaime Sánchez Arana en ese lugar o sea porque ningún elemento de juicio interpolado rebate su afición por la cría de los gallos de pelea, apego que ha recibido el respaldo del señor Fernando Alberto Pinillos Gómez (fl. 85).

De ahí entonces que el hallazgo de los 1.364 gramos de basuco sobre la mesa del comedor, la presencia del señor Jaime Sánchez Arana sentado “a una distancia bastante corta” del comedor y quien estaba de visita (ver declaración del policía Jorge Duarte Tabares (fls. 96 y 97)) o que se encontraba ahí a “cuatro metros del comedor” (ver jurada del policía Yobani García Pineda a folio 11 parte final) y la existencia de la cría de gallos finos en el inmueble de la calle 36 Nº 31-49, sin soslayarse la comprobada afición que el procesado tiene con esas polladas, no nos determina la autoría y responsabilidad del procesado como conclusión final de certidumbre a vía de inferencia razonada, porque los patrones de comportamiento generales (CPP, art. 238) en un contexto práctico social o de interrelaciones personales concluye que al visitante de una casa o habitación se le hace seguir por el visitado para que tome asiento con el fin de agradarlo y atenderlo bebiendo sus palabras o de que espere para que dialogue con la persona buscada de ese domicilio mientras sale. Eso fue lo que hizo Cepero Loaiza con Sánchez Arana, nada más.

Luego como esa regla de la experiencia generalizada es la que se retrata sin ambages en este puntual caso, para la magistratura no se configura con meridiana claridad la situación de flagrancia (CPP, art. 345) de que habla la fiscalía delegada a lo largo de la investigación y que remacha en su escrito de sustentación del recurso de alzada, porque la presencia del procesado un poco cerca del comedor sobre el cual estaba la chuspa con los estupefacientes (ver declaraciones de los policías a fls. 11, 96 y 97) no consolida en forma inequívoca al procesado en la fase de ejecución ni de consumación de la delincuencia del “tráfico, fabricación o porte de estupefacientes” (…).

Porque de cara a ese positivo de la policía, como raudamente lo expuso el juzgado, están las explicaciones de Cepero Loaiza y Candelo Sandoval, quienes fueron constantes o reiterados desde su vinculación al proceso y las varias ampliaciones de sus dichos en sostener que el señor Jaime Sánchez era ajeno al envoltorio contentivo de la cocaína base y jamás le endilgaron propiedad de esa sustancia ilícita, porque la misma fue entregada en esa misma mañana, a las 8:45 horas, por Alexander Cedeño a Cepero Loaiza pagándole $ 50.000 para que se la guardara mientras iba a negociar, pues fue a los pocos minutos que el doctor Jaime Sánchez Arana llegó a esa casa, y para la magistratura no se columbra idiotez o deficiencia mental para que Luis Eduardo Cepero Loaiza, de profesión taxista, con 2º de bachillerato y con 41 años de edad, se auto incriminara o aceptara el compromiso penal por delincuencia ajena.

Ese efecto tuvo su explicación de parte de Cepero Loaiza cuando dijo que su señora Candelo Sandoval al doctor Jaime Sánchez Arana le había vendido en días anteriores dos gallos y que para la fecha de estos hechos el precitado había asistido por la consecución de otro animal, anotando que ese 24 de marzo de 2004 un poco antes se había comprometido con Alexander Cedeño a guardarle una bolsa con sustancia prohibida por pago de $ 50.000 y que por eso la dejó en la mesa del comedor, no estando enterados de ese hecho el doctor Jaime Sánchez Arana porque arribó minutos después y esperaba a su compañera que también era ajena con la bolsa y que estaba dormida (…).

Lo anterior porque cabe destacar que el policía Yobani García Pineda a la lectura de su declaración no se refleja inexpresivo sino detallista, pero asimismo se muestra exagerado al contradecirse con la propia acta de registro voluntario porque, iterase en ella dejó constancia que fue atendido por Luis Eduardo Cepero Loaiza, y ese aspecto o de hacer rezar lo que realmente ocurre para la Sala es lo legal, de ahí que este policía-testigo sea contradictorio porque en la cotidianidad ninguna persona extraña afronta o se contrapone en residencia que le es ajena a los requerimientos de la autoridad, puesto que en ese caso el visitante lo que hace dentro de lógica natural, es llamar a los vivientes para que la atienda (…).

Pues decir que la presencia del procesado no era gratuita porque tiempo atrás estuvo ahí en esa vivienda con investidura oficial como veedor de un registro en busca de estupefacientes no es un juicio integralmente razonable, porque si ciertamente apunta a que por asuntos de moralidad no debía o tenía un por qué estar allí, debe aceptarse que para el 24 de marzo de 2004 no tenía esa calidad de servidor público y por demás la razón que entregó del por qué estaba en esa residencia pretendiendo comprar un gallo fino es plausible y estimable ya que no se ultima tan imaginada, por la presencia del gallinero en esa residencia y la afición que se tiene en la cría de los pollos de pelea (…).

Siendo entonces que la delincuencia por “Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes”, en su aspecto material no tiene cuestionamientos; que no así en lo tocante con el aspecto subjetivo o de reproche penal porque el compromiso del incriminado no se ofrece con conocimiento o sin temor a errar o sea que a la mente del juzgador no se presenta en forma íntegra la realidad del suceso, para la Sala lo jurídico es absolver al procesado.

Pues la prueba aquilatada para nada estructura la afirmación del impugnante con énfasis en la responsabilidad del señor Jaime Sánchez Arana o sea que el Estado no ha demostrado, fuera de toda duda, que aquel ha delinquido.

5. A folio 17 del cuaderno 1, obra certificación expedida por el director de la Cárcel Municipal de Paradera Valle, en la que pone de presente que el señor Jaime Sánchez Arana, estuvo detenido por el delito de tráfico de estupefacientes y por orden el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Palmira, desde el 30 de marzo de 2004 hasta el 15 de abril de 2005.

6. A folio 19, cuaderno 1, la Directora Administrativa y Financiera de la Personería Municipal de Palmira, hace constar que el señor Jaime Sánchez Arana laboró en dicha entidad desde el 1º de abril de 2003 hasta el 15 de marzo de 2004, quien desempeñó el cargo de profesional universitario grado 3, con funciones de Ministerio Público, y devengaba una asignación mensual de un millón setecientos cincuenta y un mil doscientos veinticuatro pesos ($ 1´751.224).

V. Análisis de la Sala

En relación con el juicio de responsabilidad administrativa y patrimonial de la parte demandada, la Sala considera que no hay dudas sobre la existencia del daño alegado, pues está acreditado que el señor Jaime Sánchez Arana fue privado de la libertad desde el 30 de marzo de 2004 hasta el 15 de abril de 2005, día a partir del cual fue puesto en libertad a órdenes del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Palmira.

Establecida la existencia del daño es necesario verificar si se trata de un daño antijurídico imputable jurídica o fácticamente a la Fiscalía General de la Nación o no, aspecto este que constituye el núcleo del recurso de apelación formulado, pues, se recuerda, a juicio de la parte actora, la privación de la libertad a la que fue sometido el señor Jaime Sánchez Arana fue injusta y, en consecuencia, hay lugar a declarar la responsabilidad administrativa y patrimonial por los perjuicios que hubiera podido causar.

Es preciso advertir que para el momento en el que se profirió la providencia que absolvió al procesado —15 de julio de 2006—, ya había entrado en vigencia el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, que establece que “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”.

En efecto, al revisar el proyecto de dicha ley estatutaria, la Corte Constitucional en Sentencia C-037 de 1996(6), condicionó la declaratoria de exequibilidad del que sería el artículo 68, en estos términos:

Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6º, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención (…).

Bajo estas condiciones, el artículo se declarará exequible.

Al respecto, la Sala ha considerado(7) que si bien el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 se refiere a la responsabilidad patrimonial del Estado en los eventos en los cuales la actuación de cualquiera de sus ramas u órganos hubiera sido “abiertamente arbitraria”, dicha disposición no excluye la aplicación directa del artículo 90 de la Constitución para derivar el derecho a la reparación cuando los daños provienen de una actuación legítima del Estado, adelantada en ejercicio de la actividad judicial, pero que causa daños antijurídicos a las personas, en tanto estos no tengan el deber jurídico de soportarlos, como sucede con todos aquéllos daños que sufren las personas que son privadas de la libertad durante una investigación penal, a pesar de no haber cometido ningún hecho punible o sin que se les desvirtúe la presunción de inocencia.

Cabe advertir que aún en los casos en los que la persona privada de la libertad hubiera sido absuelta mediante sentencia, o su equivalente, con fundamento en la aplicación del principio de in dubio pro reo, la Sección Tercera, en sentencia de unificación consideró que había igualmente lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, porque la persona afectada en tales circunstancias no tenía el deber jurídico de soportar dicha carga, en tanto no se había desvirtuado en su contra la presunción de inocencia que la amparaba:

Todos los argumentos hasta aquí expuestos, los cuales apuntan a sustentar que el título jurídico de imputación a aplicar, por regla general, en supuestos como el sub judice en los cuales el sindicado cautelarmente privado de la libertad finalmente resulta exonerado de responsabilidad penal en aplicación del principio in dubio pro reo, es uno objetivo basado en el daño especial —como antes se anotó—, no constituye óbice para que se afirme, que en determinados supuestos concretos, además del aludido título objetivo de imputación consistente en el daño especial que se le causa a la persona injustamente privada de la libertad —y, bueno es reiterarlo, la injusticia de la medida derivará de la intangibilidad de la presunción constitucional de inocencia que ampara al afectado, de la excepcionalidad de la privación de la libertad que se concreta en su caso específico y a nada conduce, toda vez que posteriormente se produce la absolución, con base en el beneficio que impone el postulado in dubio pro reo, pero con evidente ruptura del principio de igualdad—, también puedan concurrir los elementos necesarios para declarar la responsabilidad del Estado por falla en el servicio, por error jurisdiccional o por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. En tales eventos, como insistentemente lo ha señalado esta Sala cuando el caso puede ser resuelto ora a través de la aplicación de un régimen objetivo, ora al amparo de uno subjetivo de responsabilidad, el contenido admonitorio y de reproche que para la entidad pública reviste la condena con base en este último título de imputación —además de la ilicitud del proceder de la misma entidad en el caso concreto— determina y aconseja que el fallo se sustente en la falla en el servicio y no el régimen objetivo que hubiere resultado aplicable.

Pero dicha posibilidad resulta completamente diferente a sostener que, por solo el hecho de que la privación de la libertad de un individuo se hubiere dispuesto con sujeción a los mandatos legales vigentes y, por tanto, mediante un proceder lícito, el Estado estaría eximido de responder por los perjuicios que le hubiere ocasionado a la víctima por razón de dicha detención, a pesar de que el correspondiente juicio penal hubiere concluido con la expedición de fallo de inocencia a favor del sindicado, incluso en aplicación del principio in dubio pro reo

(…).

Como corolario de lo anterior, es decir, de la operatividad de un régimen objetivo de responsabilidad basado en el daño especial, como punto de partida respecto de los eventos de privación injusta de la libertad —especialmente de aquellos en los cuales la exoneración de responsabilidad penal tiene lugar en aplicación del principio in dubio pro reo—, debe asimismo admitirse que las eximentes de responsabilidad aplicables en todo régimen objetivo de responsabilidad pueden —y deben— ser examinadas por el juez administrativo en el caso concreto, de suerte que si la fuerza mayor, el hecho exclusivo de un tercero o de la víctima, determinan que el daño no pueda ser imputado o sólo pueda serlo parcialmente, a la entidad demandada, deberá proferirse entonces el correspondiente fallo absolutorio en punto a la determinación de la responsabilidad patrimonial y extracontractual del Estado o la reducción proporcional de la condena en detrimento, por ejemplo, de la víctima que se haya expuesto, de manera dolosa o culposa, al riesgo de ser objeto de la medida de aseguramiento que posteriormente sea revocada cuando sobrevenga la exoneración de responsabilidad penal; así lo ha reconocido la Sección Tercera del Consejo de Estado(8).

Para la Sala es claro, de acuerdo con el contenido de la providencia de absolución, que las pruebas recaudadas en la actuación penal no ofrecían certeza sobre la participación del entonces sindicado en los hechos, esto es, no se logró demostrar que el señor Jaime Sánchez Arana ejecutó la conducta que se le imputó, lo que equivale a señalar que el esfuerzo probatorio de la Fiscalía en ese sentido había sido insuficiente para desvirtuar su presunción de inocencia que amparaba al sindicado.

Ahora bien, la parte demandada alegó haber procedido según las normas constitucionales y legales que reglamentan su función. Al respecto, la Sala se permite reiterar que para la procedencia de la reparación por privación injusta de la libertad no es necesaria la demostración de que la autoridad judicial incurrió en algún tipo de error. A la víctima le basta con probar que contra él se impuso una medida privativa de su libertad en el trámite de un proceso judicial, que dicho proceso culminó con una decisión favorable a su inocencia y que se le causó un perjuicio con ocasión de la detención. Demostrados esos hechos, surge a cargo del Estado la obligación de indemnizar los daños sufridos por la persona privada de la libertad y por los demás damnificados, a menos que este logre acreditar que esa decisión es atribuible a la propia víctima(9).

Esta regla se sustenta en la constatación de que la persona, por el hecho de vivir en comunidad, no está obligada a soportar una carga tan lesiva de sus derechos fundamentales y, en general, a su proyecto de vida, como la privación de la libertad, sin recibir a cambio algún tipo de compensación. Al respecto se ha señalado:

La Sala considera oportuno recoger expresiones en virtud de las cuales algunos sectores de la comunidad jurídica han llegado a sostener, sin matiz alguno, que el verse privado de la libertad ocasionalmente es una carga pública que los ciudadanos deben soportar con estoicismo.

Definitivamente no puede ser así. Lo cierto es que cualquiera que sea la escala de valores que individualmente se defienda, la libertad personal ocupa un lugar de primer orden en una sociedad que se precie de ser justa y democrática. Por consiguiente, mal puede afirmarse que experimentar la pérdida de un ingrediente fundamental para la realización de todo proyecto de vida, pueda considerarse como una carga pública normal, inherente al hecho de vivir dentro de una comunidad jurídicamente organizada y a la circunstancia de ser un sujeto solidario. Si se quiere ser coherente con el postulado de acuerdo con el cual, en un Estado social y democrático de derecho la persona junto con todo lo que a ella es inherente ocupa un lugar central, es la razón de la existencia de aquél y a su servicio se hallan todas las instituciones que se integran en el aparato estatal, carece de asidero jurídico sostener que los individuos deban soportar toda suerte de sacrificios, sin compensación alguna, por la única razón de que resultan necesarios para posibilitar el adecuado ejercicio de sus funciones por las autoridades públicas.

La afirmación contraria sólo es posible en el seno de una organización estatal en la que la persona con todos sus atributos y calidades deviene instrumento, sacrificable, reductible y prescindible, siempre que ello se estime necesario en aras de lograr lo que conviene al Estado, es decir, en un modelo de convivencia en el que la prevalencia de un, desde esta perspectiva, mal entendido interés general, puede justificar el desproporcionado sacrificio del interés particular incluida la esfera de derechos fundamentales del individuo sin ningún tipo de compensación.

Y es que si bien es cierto que en el ordenamiento jurídico colombiano la prevalencia del interés general constituye uno de los principios fundantes del Estado a voces del artículo 1º in fine de la Constitución Política, no lo es menos que el artículo 2º de la propia Carta eleva a la categoría de fin esencial de la organización estatal la protección de todas las personas residentes en Colombia en sus derechos y libertades. Ello implica que la procura o la materialización del interés general, no puede llevarse a cabo avasallando inopinada e irrestrictamente las libertades individuales, pues en la medida en que la salvaguarda de éstas forma parte, igualmente, del contenido teleológico esencial con el que la Norma Fundamental programa y limita la actividad de los distintos órganos del Estado, esa protección de los derechos y libertades también acaba por convertirse en parte del interés general(10).

Dado que el señor Jaime Sánchez Arana fue privado de la libertad mientras que el Estado, a través de su aparato investigativo, averiguaba su presunta autoría o participación en una conducta punible, debe ser compensado, por cuanto se le impuso una carga mayor a la que asume el promedio de los ciudadanos.

Por su parte, la entidad demandada podrá exonerarse de responsabilidad cuando demuestre que la víctima de la detención estaba en el deber jurídico de soportarla porque su conducta fue dolosa o gravemente culposa.

La Ley 270 de 1996, en su artículo 70 estableció que el hecho de la víctima puede dar lugar a exonerar de responsabilidad al Estado, así:

El daño se entenderá como culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado (…).

En este sentido, el Consejo de Estado ha indicado que el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad se origina cuando el suceso causalmente vinculado a la producción del daño no es predicable de la administración, sino de una actuación u omisión endilgable a la propia víctima. Al respecto se ha dicho:

[E]specíficamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta. Por tanto, puede suceder en un caso determinado, que una sea la causa física o material del daño y otra, distinta, la causa jurídica la cual puede encontrarse presente en hechos anteriores al suceso, pero que fueron determinantes o eficientes en su producción.

Lo anterior permite concluir que si bien se probó la falla del servicio también se demostró que el daño provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa, la cual rompe el nexo de causalidad; con esta ruptura el daño no puede ser imputable al demandado porque aunque la conducta anómala de la Administración fue causa material o física del daño sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del señor Mauro Restrepo Giraldo, quien con su conducta culposa de desacato a las obligaciones a él conferidas, se expuso total e imprudentemente a sufrir el daño (…)(11).

En este punto es necesario precisar que el análisis de la conducta dolosa o culposa se rige por los preceptos establecidos en el derecho civil, por tanto, difiere del estudio de culpabilidad realizado por el ente investigador en sede penal. Al respecto, ha dicho esta corporación(12):

[P]ara responder el anterior asunto cabe recordar que la Sala(13) ha determinado que cuando se trata de acciones de responsabilidad patrimonial, el dolo o culpa grave que allí se considera, se rige por los criterios establecidos en el derecho civil, artículo 63 del Código Civil, que no se corresponden con los del derecho penal: (…).

Sobre la noción de culpa y dolo, en esa oportunidad también consideró, en criterio que aquí se reitera que, culpa se ha dicho que es la reprochable conducta de un agente que generó un daño antijurídico (injusto) no querido por él pero producido por la omisión voluntaria del deber objetivo de cuidado que le era exigible de acuerdo a sus condiciones personales y las circunstancias en que actuó; o sea, la conducta es culposa cuando el resultado dañino es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. También por culpa se ha entendido el error de conducta en que no habría incurrido una persona en las mismas circunstancias en que obró aquella cuyo comportamiento es analizado y en consideración al deber de diligencia y cuidado que le era exigible. Tradicionalmente se ha calificado como culpa la actuación no intencional de un sujeto en forma negligente, imprudente o imperita, a la de quien de manera descuidada y sin la cautela requerida deja de cumplir u omite el deber funcional o conducta que le es exigible; y por su gravedad o intensidad, siguiendo la tradición romanista, se ha distinguido entre la culpa grave o lata, la culpa leve y la culpa levísima, clasificación tripartita con consecuencias en el ámbito de la responsabilidad contractual o extracontractual, conforme a lo que expresamente a este respecto señale el ordenamiento jurídico. De la norma que antecede [artículo 63 del Código Civil] se entiende que la culpa leve consiste en la omisión de la diligencia del hombre normal (diligens paterfamilias) o sea la omisión de la diligencia ordinaria en los asuntos propios; la levísima u omisión de diligencia que el hombre juicioso, experto y previsivo emplea en sus asuntos relevantes y de importancia; y la culpa lata u omisión de la diligencia mínima exigible aún al hombre descuidado y que consiste en no poner el cuidado en los negocios ajenos que este tipo de personas ponen en los suyos, y que en el régimen civil se asimila al dolo(14).

La Sala no encuentra en el presente caso alguna prueba sobre una conducta reprochable del aquí demandante, o que haya faltado a la debida diligencia o prudencia que le era exigible. Sin embargo, es a la parte accionada a quien le corresponde demostrar, mediante pruebas legal y regularmente traídas al proceso, que se ha dado algún supuesto de hecho, en virtud del cual pudiera entenderse configurada la causal de exoneración consistente en el hecho exclusivo y determinante de la víctima.

Así las cosas, no existe en el expediente de la causa penal pruebas relacionadas con actuaciones censurables que hayan determinado la medida adoptada en contra del aquí demandante, siendo claro que la carga de allegarla le correspondía a la entidad demandada en los términos del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.

VI. Liquidación de perjuicios

Por un lado, en relación con la cuantificación del perjuicio moral, en decisión de la Sala Plena de esta Sección(15) se reiteraron los lineamientos para la tasación de tales perjuicios, adoptados en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013, proferida por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, radicado 25.022, en casos de privación injusta de la libertad, con base en los siguientes parámetros: (i) en los casos en que la privación sea superior a 18 meses, se reconozca la suma de 100 smlmv; (ii) cuando supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 smlmv; (iii) si excedió los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 smlmv; (iv) si fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 smlmv; (v) de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 smlmv; (vi) si la medida supera 1 mes pero es inferior a 3 meses, se insinúa el reconocimiento de 35 smlmv; y (vii) finalmente, si la detención no supera un mes, la reparación se podrá tasar en el equivalente a 15 smlmv, todo ello para la víctima directa y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados.

Así mismo, en la misma providencia se complementaron los criterios anteriormente adoptados, en los términos del cuadro que se incorpora a continuación:

 Nivel 1Nivel 2Nivel 3Nivel 4Nivel 5
Reglas para liquidar el perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertadVíctima directa, cónyuge o compañero(a) permanente y parientes en el 1º de consanguinidadParientes en el 2º de consanguinidadParientes en el 3º de consanguinidadParientes en el 4º de consanguinidad y afines hasta el 2ºTerceros damnificados
Término de privación injusta en meses 50% del porcentaje de la víctima directa35% del porcentaje de la víctima directa25% del porcentaje de la víctima directa15% del porcentaje de la víctima directa
 SMLMVSMLMVSMLMVSMLMVSMLMV
Superior a 18 meses10050352515
      
Superior a 12 e inferior a 18904531,522,513,5
      
Superior a 9 e inferior a 128040282012
      
Superior a 6 e inferior a 9703524,517,510,5
      
Superior a 3 e inferior a 6502517,512,57,5
      
Superior a 1 e inferior a 33517,512,258,755,25
      
Igual e inferior a 1157,55,253,752,25

Así las cosas, teniendo en cuenta que el señor Jaime Sánchez Arana estuvo privado de la libertad entre el 30 de marzo de 2004 hasta el 15 de abril de 2005, esto es, un año y doce días, el valor de la condena por ese concepto a su favor equivale a 90 smlmv.

Para efecto del reconocimiento de perjuicios en la modalidad de lucro cesante se tendrá en cuenta en primera medida, el tiempo que duró la privación de la libertad.

Se observa, que el demandante aportó una constancia emitida por la directora administrativa y financiera de la personería municipal de Palmira en la que da cuenta que aquel desempeñó el cargo de profesional universitario grado 3º en tal entidad, con una asignación mensual de un millón setecientos cincuenta y un mil doscientos veinticuatro pesos ($ 1´751.224), entre el 1º de abril de 2003 hasta el 15 de marzo de 2004 (fl. 19, cdno. 1).

En virtud del anterior documento, es claro para la Sala que el demandante no aportó prueba de su ejercicio profesional y no demostró sus ingresos mensuales para la fecha en que fue privado de su libertad, toda vez que el certificado aportado acredita que aquel trabajó en dicha entidad para un periodo anterior que no corresponde al momento en que fue privado de su libertad.

Por consiguiente para el cálculo de la indemnización se tendrá en cuenta el salario mínimo legal vigente a la fecha de esta sentencia más el 25% por concepto de prestaciones sociales, es decir la suma de $ 689.455 más el 25% por prestaciones sociales, para un total de $ 861.818.

Adicionalmente, es preciso tener en cuenta que, de acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación, “una persona puede tardar hasta 35 semanas(16)”, esto es 8.75 meses en conseguir empleo, después de que recupera la libertad(17), cuando ha sido privada de la misma, en razón de una orden judicial. De este este modo, ha dicho la Sala que, en casos como el sub judice, la indemnización por lucro cesante debe abarcar lo dejado de percibir “desde el día en que se produjo (...) la privación injusta de la libertad hasta pasadas 35 semanas después de que la persona ha sido nuevamente puesta en libertad(18)”.

En consecuencia el periodo que se debe indemnizar es de 21,45 meses. Teniendo en cuenta lo anterior, se calculará el lucro cesante teniendo en cuenta la siguiente fórmula:

aaa1
 

Donde:

S = La suma que se busca al momento de la condena

Ra= constituye la renta actualizada (base de liquidación)

n= número de meses a indemnizar

i= interés técnico legal mensual (0,004867)

aaa2
 

S = $ 19´435.644

En consecuencia, se pagará por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante por el periodo del 15 de noviembre de 2002 al 28 de agosto de 2003 a favor del señor Jaime Sánchez Arana, la suma de diecinueve millones cuatrocientos treinta y cinco mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos ($ 19´435.644 m/cte.).

VII. Costas

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 18 de marzo de 2011, la cual quedará así:

PRIMERO: DECLÁRASE patrimonialmente responsable a la Nación-Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de que fue víctima el señor Jaime Sánchez Arana.

SEGUNDO: CONDENAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de compensación de los daños morales, a favor de Jaime Sánchez Arana el valor equivalente a 90 smlmv.

TERCERO: CONDENAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de lucro cesante a favor de Jaime Sánchez Arana el valor de diecinueve millones cuatrocientos treinta y cinco mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos ($ 19´435.644 m/cte.).

CUARTO: NEGAR las demás súplicas de la demanda.

QUINTO: El presente fallo se cumplirá en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirán copias auténticas de esta providencia, con constancia de ejecutoria, con destino a las partes y por intermedio de sus apoderados.

SEXTO: Sin condena en costas.

SÉPTIMO: Por secretaría EXPÍDANSE copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, las cuales se entregarán a quien acredite estar actuando como apoderado judicial dentro del proceso.

OCTAVO: Ejecutoriada la presente sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de primera instancia para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Stella Conto Díaz del Castillo, Presidenta de la Sala—Ramiro Pazos Guerrero—Danilo Rojas Betancourth.

1 Para tal efecto puede consultarse el auto de 9 de septiembre de 2008 proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

2 Esta disposición estipula: “Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley.// El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”.

3 De conformidad con lo establecido en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, “… el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella…”.

4 Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 9 de febrero de 2012, expediente 20104, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y de la Subsección “B”, sentencia de 26 de abril de 2012, expediente 21507, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

5 En este sentido ver auto de la Sección Tercera de 3 de marzo de 2010, expediente 36473, M.P. Ruth Stella Correa Palacio y auto de 9 de mayo de 2011 de la Subsección C, Sección Tercera, expediente 40324, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

6 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

7 Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencia de abril 6 de 2011, expediente 21653, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

8 Consejo de Estado, Sección Tercera-Sala Plena, sentencia de unificación de 17 de octubre de 2013, expediente 23.354, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de agosto de 2013, expediente 29779, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de julio de 2012, expediente 24688, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

11 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de julio de 2002, expediente 13744, C.P. María Elena Giraldo.

12 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 30 de abril de 2014, expediente 2001-01145 (27414), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

13 [23] “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección B, sentencia de 18 de febrero de 2010, radicación 52001-23-31-000-1997-08394-01(17933), C.P. Ruth Stella Correa Palacio”.

14 [24] “[ibídem]”.

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, expediente 36.149, M.P. Hernán Andrade Rincón.

16 “Cfr. URIBE G., José Ignacio y GÓMEZ R., Lina Maritza, «Canales de búsqueda de empleo en el mercado laboral colombiano 2003», en Serie Documentos Laborales y Ocupacionales, Nº 3, Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, SENA-Dirección General de Empleo y Trabajo, Bogotá, junio de 2005, pág. 22”.

17 Sentencia de 25 de febrero de 2009, expediente 25508, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

18 “Sobre el particular ver sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 4 de diciembre de 2006, dentro del expediente radicado con el número 13.168, en la cual se precisó: ‘en cuanto al tiempo que, en promedio, suele tardar una persona en edad económicamente activa en encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, la Sala se valdrá de la información ofrecida por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo con la cual dicho período equivale a 35 semanas (8.75 meses). || Lo anterior quiere decir que el señor Audy Hernando Forigua Panche, como consecuencia cierta y directa de la privación de la libertad de que fue objeto, dejó de percibir los salarios y prestaciones sociales correspondientes al cargo de Adjunto Primero en la Policía Nacional, por un total de 31.75 meses’”.

Salvamento parcial de voto

Con el debido respeto por la posición mayoritaria, expongo a continuación las razones que me llevaron a disentir y a apartarme parcialmente de la decisión adoptada en el asunto de la referencia, como paso a explicarlo:

En el asunto de la referencia se demanda la reparación por los daños causados con ocasión de la vinculación del actor a una investigación penal por el presunto punible de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, en virtud de la cual se le dictó medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario. Imputación de la que fue absuelto por el juzgado de conocimiento y confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga.

En la sentencia aprobada, respecto del reconocimiento de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, puntualmente se señala —se resalta—:

“Para efecto del reconocimiento de perjuicios en la modalidad de lucro cesante se tendrá en cuenta en primera medida, el tiempo que duró la privación de la libertad.

Se observa, que el demandante aportó una constancia emitida por la directora administrativa y financiera de la personería municipal de Palmira en la que da cuenta que aquel desempeñó el cargo de profesional universitario grado 3º en tal entidad, con una asignación mensual de un millón setecientos cincuenta y un mil doscientos veinticuatro pesos ($ 1´751.224), entre el 1º de abril de 2003 hasta el 15 de marzo de 2004 (fl. 19, cdno. 1).

En virtud del anterior documento, es claro para la Sala que el demandante no aportó prueba de su ejercicio profesional y no demostró sus ingresos mensuales para la fecha en que fue privado de su libertad, toda vez que el certificado aportado acredita que aquel trabajó en dicha entidad para un periodo anterior que no corresponde al momento en que fue privado de su libertad.

Por consiguiente para el cálculo de la indemnización se tendrá en cuenta el salario mínimo legal vigente a la fecha de esta sentencia más el 25% por concepto de prestaciones sociales, es decir la suma de $ 689.455 más el 25% por prestaciones sociales, para un total de $ 861.818”.

Al respecto, la Sección estableció, en un asunto similar y de trascendencia nacional, los criterios para efectos de la reparación por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, así:

“Por último, en relación con la indemnización que el a quo reconoció, la Sala respalda aquella fijada por concepto de perjuicios morales, dado que con la demanda se arrimaron pruebas idóneas de que las demandantes eran la cónyuge y las hijas del Dr. Enrique Low Murtra (fls. 26 y ss., cdno. ppal.). En cambio, se rectificará la indemnización que a título de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, reconoció el a quo en favor de la cónyuge sobreviviente, con base en el salario que al momento de su muerte devengaba el doctor Low Murtra como decano de la facultad de economía de la Universidad de La Salle ($ 400.000 mensuales.) Estima la Sala que la liquidación sobre la suma mencionada no corresponde a lo que el Dr. Low dejó de percibir a raíz de su muerte y en consecuencia con ella no se indemniza realmente el daño material causado. En efecto, en el momento de ser asesinado hacía apenas 4 meses que había regresado al país después de pasar más de un año en la embajada de Suiza, apenas estaba empezando a reorganizar su actividad económica por fuera de un cargo público, y el único ingreso fijo que tenía era aquel derivado de su actividad académica, pero que no correspondía realmente a su capacidad productiva, si se tiene en cuenta la trayectoria que tenía en posiciones públicas y su preparación académica.

De la preparación académica y la trayectoria en cargos públicos del Dr. Low informó ampliamente el doctor Fernando Antonio Garzón León, quien lo conoció desde el año de 1961, cuando ambos estudiaban en la Universidad Nacional. Lo describió como una persona de sorprendente inteligencia, quien después de egresado de la Universidad Nacional fue a Illinois con una beca que le dio la fundación Fullbright, por haber sido el primer alumno de su promoción; que luego siendo profesor de la Universidad del Valle hizo una especialización en Harvard; que fue importado al país con la misión Musgrave, para hacer una reforma tributaria. Que fue director nacional de impuestos; que en el gobierno del Presidente Pastrana fue nombrado secretario económico de la Presidencia; que al empezar el gobierno del Presidente López Michelsen fue nombrado en el Banco Mundial; luego fue Contralor de Bogotá; consejero de Estado, director nacional del SENA, Ministro de Justicia y finalmente embajador en Suiza.

Su trayectoria permite a la Sala determinar que la remuneración que tendría de haber continuado con vida, correspondería por lo menos a la de un alto funcionario del Estado, entre los cuales se encuentran los magistrados de las Altas Cortes; cabe recordar que fue consejero de Estado. Pero en ningún caso su remuneración podía ser inferior. La Sala optara por reconocer la indemnización con base en la remuneración que hoy devenga un consejero de Estado, es decir un alto funcionario del Estado, rechazando en cambio la petición de la demanda en el sentido de realizar la liquidación con base en lo que devengaba como embajador, dado que él no era un diplomático de carrera, no estaba dentro de lo previsible que ocupara otra embajada, y además estos cargos dadas las especiales circunstancias en que se desempeñan, tienen remuneración diferente a la de los altos funcionarios del Estado, porque comprende aspectos muy especiales tales como el pago de vivienda, oficina, y en esa remuneración se tiene en cuenta que según el país donde se desempeñe el cargo, el ingreso debe ser suficiente para vivir en el exterior.

El Decreto 47 de enero 10 de 1997; fijó en $ 8'581.186, la asignación mensual para los consejeros de Estado. De esa suma se descontará el 50% que se presume que el doctor Low dedicaba a su propio sostenimiento, el otro 50%, es decir $ 4'290.593, será la base para la liquidación de indemnización en favor de la señora Yashiko Nakayama de Low, su cónyuge sobreviviente.

El tiempo durante el cual se reconocerá la indemnización, corresponde a 193.89 meses, que era la vida probable del doctor Enrique Low, quien al momento de su muerte contaba de 62 años 1 mes 7 días de edad, dado que de acuerdo a su registro civil de nacimiento visible a folio 130, del cuaderno principal, había nacido el 23 de marzo de 1929. El reconocimiento se hará por ese período, porque su cónyuge era menor, conforme se constata con su certificado de nacimiento (fl. 299, ibíd.), según el cual nació el 24 de septiembre de 1937.

De ese lapso, 73,63 meses correspondientes al tiempo transcurrido entre la fecha de la muerte y esta sentencia, se liquidarán como indemnización debida; el resto, es decir 120.26, se liquidarán a título de indemnización futura”(1).

La anterior decisión, como precedente que estableció los criterios para la liquidación del lucro cesante, fue aplicada por la Sección en un asunto donde se demanda del Estado la reparación por privación injusta de la libertad, así —se resalta—:

“44. En relación con el lucro cesante, está probado dentro del expediente que el señor Carlos González Vargas ocupó el cargo de Superintendente de Sociedades, durante el periodo de tiempo comprendido entre el 4 de febrero de 1991 al 13 de abril de 1992 (fl. 29, cdno. 2). Adicionalmente, existe evidencia de que en los meses previos a que se profiriera en su contra medida de detención preventiva, ocupaba el cargo de concejal de Bogotá. A juicio de la Sala, estos hechos pueden tenerse como indicios de que al momento de producirse el hecho dañoso el demandante ejercía una actividad productiva de la cual derivaba su sustento y el de su familia y, en consecuencia, de la existencia del perjuicio aludido.

45. Ahora bien, dado que las pruebas aportadas no permiten determinar el periodo de tiempo en que el actor permaneció efectivamente privado de su libertad, se procederá a proferir una condena en abstracto, la cual deberá liquidarse mediante trámite incidental, en los términos previstos en los artículos 178 del Código Contencioso Administrativo y 137 del Código de Procedimiento Civil, y deberá promoverse por el interesado dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria de la presente sentencia.

46. Para el cálculo del ingreso base de liquidación, la Sala no dispone de elementos probatorios que le permitan determinar el valor exacto de los ingresos del demandante al momento en que fue afectado con la medida de aseguramiento de detención preventiva. En casos como estos, en donde no existe prueba del valor exacto de los ingresos dejados de percibir por la víctima de un daño antijurídico imputable al estado, la jurisprudencia de esta corporación ha considerado que el lucro cesante debe calcularse con fundamento en el salario mínimo vigente al momento de la sentencia.

47. Sin embargo, en el caso concreto, es imposible desconocer que el señor González Vargas tenía, por su comprobada trayectoria profesional en el sector público (ver supra párr. 44), una mayor capacidad productiva, por lo cual se dará aplicación —tal como lo solicitó la parte actora a lo largo del proceso—, al precedente trazado por el Consejo de Estado en la sentencia de 19 de junio de 1997(2) referente al caso del ex Ministro de Justicia Enrique Low Murtra(3). En consecuencia, tomará como ingreso base de liquidación el promedio de lo devengado por el actor en los meses de enero a abril de 1992, cuando ocupó el cargo de superintendente de sociedades (fl. 29, cdno. 2), el cual asciende a la suma de $ 1.777.098, incluyendo prestaciones sociales. Esta suma deberá ser actualizada de conformidad con la siguiente fórmula de indexación avalada por la jurisprudencia”(4):

Recientemente, dicho precedente fue reiterado por esta Subsección, como sigue —se resalta—:

“Como se expuso en la presente providencia, en las pretensiones de la demanda la parte actora solicitó indemnización por los perjuicios materiales a título de lucro cesante y que en su sentir les causó a los demandantes la muerte de la víctima así como el resarcimiento de los perjuicios morales causados, los cuales se tasaron en 1.000 gramos oro para cada uno de los actores.

1. Al revisar los perjuicios pedidos por concepto de lucro cesante, se observa que los demandantes lograron acreditar su relación civil, de parentesco o de convivencia con la víctima de acuerdo con lo indicado. En el proceso, se demostró que el señor Josué Giraldo Cardona desempeñaba una actividad económica en el momento de su muerte, como abogado consultor del Instituto Departamental de Tránsito y Trasporte del Meta, por contrato de prestación de servicios, labor por la que, percibía un salario básico mensual de $ 1.200.000, según lo indica el contrato de prestación de servicios suscrito entre el representante del instituto y el señor Giraldo Cardona el día 4 de junio de 1996 por un término de 6 meses (fls. 46-48, cdno. 2).

2. En efecto, en el momento de ser asesinado hacía apenas 4 meses que había dejado su cargo como gerente de la Empresa Licorera del Meta, y el único ingreso fijo que tenía era aquel derivado de su actividad como abogado consultor, pero que no correspondía realmente a su capacidad productiva, si se tiene en cuenta la trayectoria que tenía en posiciones públicas y su preparación académica, toda vez que fue juez de ejecuciones fiscales en la alcaldía de la ciudad de Villavicencio y su permanencia en el cargo comprendió desde el 3 de noviembre de 1987 hasta el primero de enero de 1992 (fl. 41, cdno. 2), en la Empresa Licorera del Meta desempeñó el cargo de gerente (fl. 42, cdno. 2) durante el período comprendido del 3 de enero de 1992 al 31 de mayo de 1996, devengando un sueldo mensual de $ 1.417.632 más gastos de representación por valor de $ 1'800.000, para un total de $ 3.217.632; adicionalmente para el momento de los hechos era el presidente del comité cívico de derechos humanos del Meta. Su trayectoria permite a la Sala determinar que la remuneración que tendría de haber continuado con vida, correspondería por lo menos a la que había dejado en meses pasados en un alto cargo, por las razones anteriormente expuestas, por lo cual se dará aplicación —tal como lo solicitó la parte actora a lo largo del proceso—, al precedente trazado por el Consejo de Estado en la sentencia de 19 de junio de 1997(5) referente al caso del ex Ministro de Justicia Enrique Low Murtra(6). En consecuencia, tomará como ingreso base de liquidación el valor del sueldo devengado cuando se encontraba laborando como gerente en la licorera del Meta.

3. Esta suma será actualizada, desde la fecha del deceso del señor Giraldo Cardona, al valor correspondiente a la fecha de la presente decisión, (...)”(7).

Como puede verse, en el precedente fijado por la Sección, se fijaron unos criterios para efectos de la indemnización del lucro cesante en aquellos casos donde, si bien la víctima en el momento de los hechos no se encontraba ejerciendo el cargo, dada su preparación, esto es la experiencia profesional anterior, no cabe sino suponer que no tendría que devengar un salario inferior. Es decir que cuando la trayectoria la excluye no se acude a la regla general, esto es al salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de la providencia, sino que se consultan las condiciones particulares de la víctima.

Precedente que, como lo señalan jurisprudencias traídas a colación, ha sido igualmente reiterado por la Sección para resolver asuntos similares al de la referencia, esto es la reparación del daño por privación injusta de la libertad. No obstante, en la providencia de la que me apartó, respecto de la indemnización del lucro cesante, puntualmente se señala que “el demandante aportó una constancia emitida por la directora administrativa y financiera de la personería municipal de Palmira en la que da cuenta que aquel desempeñó el cargo de profesional universitario grado 3º en tal entidad, con una asignación mensual de un millón setecientos cincuenta y un mil doscientos veinticuatro pesos ($ 1.751.224), entre el 1º de abril de 2003 hasta el 15 de marzo de 2004”, y que “el certificado aportado acredita que aquel trabajó en dicha entidad para un periodo anterior que no corresponde al momento en que fue privado de su libertad”.

Es de anotar que para el cambio del precedente es imperativo sujetarse a las reglas que para el efecto establece el ordenamiento, en cumplimiento a las previsiones constitucionales sobre el derecho a la igualdad.

Siendo así y, dado que no se justificó en contra, tendría que haberse considerado el salario que el afectado dejó de devengar acorde con las calidades exigidas para ocupar el cargo en la personería municipal de Palmira, esto es de un profesional universitario grado 3º con una asignación mensual de un millón setecientos cincuenta y un mil doscientos veinticuatro pesos ($ 1'751.224). Pero como ello no fue así, sino que sin justificación se resolvió acudir al salario mínimo legal mensual vigente, debo apartarme de la decisión, porque bien vale insistir en que resulta violatorio del derecho a la igualdad.

Fecha ut supra 

Stella Conto Díaz del Castillo 

1 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de junio de 1997, expediente 11875, Actor: Yoshiko Nakayama de Low y otras. Demandado: Nación - Mindefensa - Policía Nacional - DAS - Presidencia de la República - Ministerio de Relaciones Exteriores.

2 Expediente 11.875, C.P. Daniel Suárez Hernández.

3 En esta oportunidad, la corporación tomó como ingreso base de liquidación el que correspondería a un consejero de Estado, estimado en $ 8.581.186, pese a que al momento de su fallecimiento el ex ministro devengaba un salario de $ 400.000 mensuales como decano de la facultad de economía de la Universidad de La Salle, pues consideró que “en el momento de ser asesinado hacía apenas 4 meses que había regresado al país después de pasar más de un año en la embajada de Suiza, apenas estaba empezando a reorganizar su actividad económica por fuera de un cargo público, y el único ingreso fijo que tenía era aquel derivado de su actividad académica, pero que no correspondía realmente a su capacidad productiva, si se tiene en cuenta la trayectoria que tenía en posiciones públicas y su preparación académica”.

4 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia de 30 de enero de 2013, radicado 25000-2326-000-1997-14606-01(27093), Actor: Carlos González Vargas y otros, Demandado: Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación, C.P. Danilo Rojas Betancourth (E).

5 Expediente 11.875, C.P. Daniel Suárez Hernández.

6 En esta oportunidad, la corporación tomó como ingreso base de liquidación el que correspondería a un consejero de Estado, estimado en $ 8.581.186, pese a que al momento de su fallecimiento el ex ministro devengaba un salario de $ 400.000 mensuales como decano de la facultad de economía de la Universidad de La Salle, pues consideró que “en el momento de ser asesinado hacía apenas 4 meses que había regresado al país después de pasar más de un año en la embajada de Suiza, apenas estaba empezando a reorganizar su actividad económica por fuera de un cargo público, y el único ingreso fijo que tenía era aquel derivado de su actividad académica, pero que no correspondía realmente a su capacidad productiva, si se tiene en cuenta la trayectoria que tenía en posiciones públicas y su preparación académica”.

7 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia 26 de junio de 2014, radicación 50001-23-31-000-1998-01262-01(26029), Actor: Mariela Duarte Parrado y otros, Demandado: Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional - Departamento Administrativo de Seguridad —DAS—, C.P. Danilo Rojas Betancourth.