Sentencia 2008-00600 de febrero 22 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Radicación 73001-23-31-000-2008-00600-01(38473)

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Actor: Adriana Casallas Arboleda y otros

Demandado: Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura

Referencia: Apelación sentencia - Acción reparación directa

Temas: FALLA EN EL SERVICIO - Existencia / FALLA EN EL SERVICIO - Defectuoso funcionamiento de la Administración Judicial / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR EL DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - Errores en diligencias de notificación del demandado dentro de un proceso ejecutivo.

Bogotá, D.C., veintidós de febrero de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir los recursos de apelación interpuestos por la parte actora y por la entidad demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima 4 de febrero de 2010.

La Sala abordará el asunto en el siguiente orden: i) verificación de la existencia de los presupuestos de procedibilidad de la acción de reparación directa en el caso sub examine, como lo son la competencia, la legitimación en la causa y la caducidad; ii) análisis de los medios probatorios obrantes en el expediente; iii) caso concreto y iv) indemnización de perjuicios.

1. Requisitos de procedibilidad.

1.1. Competencia.

Esta corporación es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, debido a que la sentencia se fundamentó en la falla en el servicio por el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia(10).

1.2. Ejercicio oportuno de la acción.

De conformidad con lo previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debía instaurarse dentro de los dos años contados —decía la norma en la época de presentación de la demanda— a partir del acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación temporal o permanente de inmuebles por causa de trabajos públicos.

En el caso sub examine la responsabilidad administrativa que se impetra en la demanda se originó en los daños sufridos por la parte actora como consecuencia de la declaratoria de nulidad de todo lo actuado, por indebida notificación del ejecutado, mediante providencia del 30 de enero de 2006, la cual cobró firmeza el 27 de marzo de 2006(11), lo que significa que la parte demandante tenía hasta el 27 de marzo de 2008 para presentar oportunamente su demanda, y como ello se hizo el 1º de septiembre de 2006, resulta evidente que el ejercicio de la acción se presentó dentro del término previsto por la ley(12).

1.3. Legitimación en la causa por activa.

Por los daños sufridos como consecuencia de la declaratoria de nulidad en el proceso ejecutivo hipotecario que se adelantó en el Juzgado Primero Civil del Circuito concurrieron al proceso los señores Adriana Casallas Arboleda y Mario Alejandro Parra Casallas, quienes demostraron su legitimación en la causa de la siguiente manera:

Respecto de la demandante Adriana Casallas Arboleda se tiene que a ella fue a quien se le adjudicó el inmueble que había sido embargado y secuestrado, razón por la cual se encuentra acreditada su legitimación en la causa por activa(13).

En cuanto al demandante Mario Alejandro Parra Casallas, se allegó al proceso su respectivo registro civil de nacimiento, en el cual consta que su madre es la también actora Adriana Casallas Arboleda(14), por lo cual se encuentra acreditada la calidad de hijo.

2. Valoración probatoria.

De conformidad con el conjunto probatorio obrante en el expediente, se encuentra acreditado lo siguiente:

— El 10 de julio de 2002, la sociedad Granahorrar, Banco Comercial S.A., o Banco Granahorrar interpuso demanda ejecutiva en contra del señor José Célimo Quintero Prieto(15).

— El 11 de julio de 2002, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagué libró mandamiento de pago en contra del señor Quintero Prieto, ordenó notificarlo en la forma indicada en el artículo 505 del Código de Procedimiento Civil y decretó el embargo y secuestro del inmueble ubicado en la casa Nº 17 Manzana F Urbanización Ciudad Alcalá de Ibagué(16).

— El 21 de marzo de 2003, se intentó la notificación personal del señor José Célimo Quintero Prieto; sin embargo, la misma no se practicó, toda vez que el ejecutado no se encontraba en el momento de la diligencia(17).

— El 2 de abril de 2003, se fijó el aviso en la puerta de acceso de la dirección casa Nº 17 Manzana F Urbanización Ciudad Alcalá de Ibagué(18).

— El 22 de enero de 2004, el ejecutante solicitó que se decretara el emplazamiento del ejecutado, habida cuenta de que desconocía otro domicilio o residencia(19). El 26 de enero de ese mismo año el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagué ordenó el emplazamiento del señor José Célimo Quintero Prieto(20).

— El 7 de octubre de 2004, el curado ad litem se notificó personalmente del mandamiento ejecutivo(21) y el 20 de octubre de ese año contestó la demanda(22).

— El 25 de octubre de 2004, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagué ordenó seguir adelante con la ejecución y decretó la venta en pública subasta del inmueble hipotecado y embargado(23).

— El 26 de mayo de 2005 se fijó fecha para para la diligencia de remate del inmueble(24), la cual se llevó a cabo el 30 de junio de ese mismo año y en aquella oportunidad la señora Adriana Casallas Arboleda realizó la postura más alta, por lo que el bien le fue adjudicado(25). El 13 de julio de 2005, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagué aprobó el remate(26).

— El 29 de agosto de 2005, el ejecutado presentó incidente de nulidad, toda vez que consideró que la notificación del mandamiento ejecutivo no se había efectuado en debida forma al ejecutado(27).

— El 12 de enero de 2006, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagué resolvió el incidente de nulidad en el sentido de negarlo, por cuanto la notificación del ejecutado sí se practicó en debida forma(28). Esa providencia fue objeto de recurso de reposición y en subsidio apelación por la parte ejecutada.

— El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagué resolvió el recurso de reposición y decidió reponer la providencia dictada el 12 de enero de 2006 y por tanto declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del auto que ordenó el emplazamiento del ejecutado y ordenó a la señora Casallas Arboleda la devolución de los dineros consignados para efectos del remate, en aquella oportunidad consideró lo siguiente(29):

“… Pues bien, al revisar nuevamente lo establecido en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, para la época de la notificación al demandado, colige el despacho, que le asiste razón al reposicionista y acepta que se equivocó en el planteamiento indicado en el auto atacado, teniendo que reponer la providencia, pues es cierto que en ninguna parte de las diligencias aparece que el notificador de la oficina judicial al llegar a la dirección indicada para efecto de notificar al accionado y no encontrarlo haya entregado copia del aviso a persona alguna que habite o trabaje allí y que ésta haya firmado el mismo, solamente existe el informe (fl. 88) de la fijación del aviso en el inmueble y que se envió por correo, sin que tampoco haya constancia de la fecha en que fue entregado.

“Se concluye de lo anterior que la falta de la entrega de la copia del aviso a cualquier persona que habite o trabaje en la dirección indicada para notificar deja incompleto el procedimiento de la notificación debiéndose como ya se dijo reponer la providencia y en su lugar declarar la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso a partir del auto que dispuso el emplazamiento al demandado …”.

— Inconforme con la anterior decisión, la parte ejecutante interpuso recurso de apelación, el 3 de febrero de 2006(30). El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala Civil-Familia, mediante providencia del 6 de marzo de 2006, admitió el recurso de apelación y corrió traslado para que fuera sustentado.

— El recurrente no sustentó el recurso de apelación, razón por la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala Civil-Familia declaró desierta la impugnación(31).

— El 4 de mayo de 2006 y el 23 de abril de 2007 se hizo la devolución de los dineros pagados por la señora Casallas Arboleda por concepto del remate y del 3% del impuesto del remate(32).

3. Caso concreto.

La parte actora en la demanda señaló que el hecho generador de responsabilidad de la Rama Judicial consistía en el hecho de que los dineros pagados por la demandante en virtud de la adjudicación del inmueble objeto del remate estuvieron por fuera del comercio por un poco más de un año, lo cual se tradujo en un detrimento patrimonial.

De conformidad con los elementos de juicio anteriormente relacionados se tiene acreditado que efectivamente se tramitó un proceso ejecutivo hipotecario ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagué, en el cual no se notificó en debida forma al ejecutado y a pesar de ello el proceso continuó su curso normal al punto que se llevó acabo la diligencia de remate, en la cual se le adjudicó el bien que había sido embargado y secuestrado a la señora Adriana Casallas Arboleda.

También se acreditó que después de que se aprobó el remate del inmueble, el ejecutado solicitó que se declarara la nulidad de todo lo actuado, habida cuenta de que el mandamiento ejecutivo no había sido notificado en debida forma, razón por la cual el juzgado de conocimiento declaró la nulidad de todo lo actuado, desde el auto que ordenó emplazar al ejecutado, pues efectivamente existió una indebida notificación de esa providencia.

Se probó que la existencia de la irregularidad en la notificación del demandado fue la razón por la cual el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagué dejó sin efectos la diligencia de remate efectuada y ordenó reembolsar a la señora Adriana Arboleda, persona favorecida con la adjudicación, el dinero que entregó por ese concepto.

En igual sentido se encuentra demostrado que la demandante consignó a órdenes del Juzgado las sumas de $ 8’400.000 —título judicial Nº 466012005414152— del 30 de junio de 2005, $ 6’188.500 —título judicial Nº 13340219— del 6 de julio de 2005 y $ 438.000 - título judicial Nº 9745115 del 1º de julio de 2005, las cuales ese mismo juzgado ordenó reembolsar a la señora Adriana Casallas Arboleda y según los elementos de juicio allegados al proceso, le fueron devueltas el 4 de mayo de 2006 y el 23 de abril de 2007, es decir, pasado más de un año desde que las depósito para participar en la venta forzada que adelantó el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagué y para cancelar el saldo pendiente del valor del remate, una vez le fue adjudicado el bien inmueble.

Para la Sala es claro que en el sub lite se acreditó la falla del servicio que se imputa a la entidad demandada por el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, toda vez que el daño antijurídico que sufrió la demandante se produjo como consecuencia del error cometido en la notificación del mandamiento de pago al ejecutado, dentro del proceso ejecutivo en cuyo desarrollo la señora Adriana Casallas Arboleda participó haciendo oferta para la adquisición en la venta forzada del inmueble embargado, error consistente en que no se realizó la notificación por aviso, tal y como lo dispone el Código de Procedimiento Civil, y que condujo a que se dejara sin efectos la adjudicación que a favor de la demandante se había efectuado en la diligencia de remate.

En un caso similar al que ahora se debate, esta corporación señaló(33):

“II. Con las pruebas que obran en el expediente queda demostrado que la demandante consignó a órdenes del Juzgado 18 Civil del Circuito de Bogotá los días 16 y 20 de febrero de 1990 una suma total equivalente a $ 11.729.000, con el objeto de adquirir los inmuebles sometidos a remate dentro del proceso ejecutivo iniciado por el señor Andrés Rivera contra el señor Mohamad Khalin Mustafá y como consecuencia de la declaratoria de nulidad del remate, esa suma le fue reintegrada el día 1º de noviembre de 1991.

“Se demanda la reparación de los perjuicios que sufrió la demandante durante el tiempo en que su dinero permaneció inactivo por causa del error cometido en el aviso de remate. En otros términos, se reclama la indemnización de los perjuicios producidos con ocasión de una falla del servicio de justicia.

“(…).

“A propósito de la distinción entre el error judicial y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia ha dicho la doctrina española(34) que el error judicial se predica de las actuaciones en las cuales se interpreta y aplica el derecho, en tanto que la responsabilidad por funcionamiento anormal de la administración de justicia se produce en las demás actuaciones judiciales necesarias para el realizar el juzgamiento o la ejecución de las decisiones judiciales.

‘… [N]os encontramos en el dominio de la responsabilidad por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, siempre y cuando la lesión se haya producido en el ‘giro o tráfico jurisdiccional’, entendido éste como el conjunto de las actuaciones propias de lo que es la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (excluidas las actuaciones de interpretar y aplicar el derecho plasmadas en una resolución judicial que, como se acaba de indicar, caerán en el ámbito del error judicial); a sensu contrario, no entrarían en este concepto aquéllas actividades que produjesen un daño —incluso si éste fuese identificado plenamente como achacable a la actuación de un juez o magistrado —si su actuación no se hubiese realizado en el mencionado ‘giro o tráfico jurisdiccional’, sino en otro tipo de actuaciones distintas.

‘En definitiva, en el régimen establecido para la responsabilidad por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia habrán de incluirse las actuaciones que, no consistiendo en resoluciones judiciales erróneas, se efectúen en el ámbito propio de la actividad necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado o para garantizar jurisdiccionalmente algún derecho’(35).

“Es ese el alcance que tiene el artículo 69 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, cuando define por exclusión el defectuoso de la administración de justicia al señalar que fuera de los casos de error jurisdiccional y privación injusta de la libertad, supuestos en los cuales se está frente a una decisión jurisdiccional, ‘quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación’.

“Se destaca que la responsabilidad del Estado por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia no ha sido objeto de discusión y se ha admitido en forma pacífica de tiempo atrás”(36).

Las anteriores consideraciones, relativas a la responsabilidad estatal por el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, son aplicables en el presente caso, puesto que también se produjo un daño antijurídico proveniente de una actuación surtida al interior de un proceso que no corresponde a una decisión judicial respecto de la cual se predique la existencia de un error judicial, sino a un trámite eminentemente procesal, como era el notificar al ejecutado del mandamiento de pago en los términos previstos en el Código de Procedimiento Civil.

Al respecto conviene precisar que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 505 de esa codificación, la notificación del mandamiento ejecutivo se debía hacer en la forma indicada en los artículos 315 a 320 y 330.

Pues bien, al proceso se allegó la copia del formato de la notificación personal, artículo 315 Código de Procedimiento Civil, en el que se señaló que no se pudo practicar la notificación, porque el notificado no se encontraba en el momento de la diligencia.

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al demandado, por no encontrarse en la dirección indicada al momento de la diligencia, la misma norma procesal en su artículo 320 estableció que:

“Si no se hallare a quien deba ser notificado personalmente en la dirección indicada en la demanda, su contestación, memorial de intervención, escrito de excepciones u otro posterior en caso de haberse variado aquélla, o a falta de tal dirección en el lugar que la parte contraria haya señalado bajo juramento, o cuando se impida la notificación, ésta se surtirá de la siguiente manera:

“1. El notificador entregará un aviso a cualquier persona que se encuentre allí y manifieste que habita o trabaja en ese lugar, en el cual se expresará el proceso de que se trata, la orden de comparecer y el objeto de la comparecencia, así como el lugar, fecha y hora en que debe surtirse la diligencia para la cual se cita, o el término de que disponga para comparecer, según fuere el caso. El secretario deberá firmar el aviso.

“La persona que reciba el aviso deberá firmar la copia que conserve el notificador, la cual se agregará al expediente; si se niega a hacerlo, se dejará constancia de ello.

“2. El aviso se fijará en la puerta de acceso a dicho lugar, salvo que se impida al notificador fijarlo. La notificación se considerará efectuada al finalizar el día siguiente al de la fijación del aviso, o a aquél en que debía hacerse ésta.

“Copia del aviso se remitirá a la misma dirección por correo, de lo cual se dejará constancia por el secretario ...”.

Al revisar el acta de notificación por aviso(37) se observa que no se le entregó el aviso a alguna persona que se hubiese encontrado y que hubiere afirmado que habitaba o trabajaba en la dirección indicada para la notificación, pues la casilla correspondiente a “firma de quien recibe el aviso”, se encuentra sin diligenciar.

Igualmente, aunque en el expediente obra la guía de envío del aviso(38), lo cierto es que no se observa que el mismo hubiese sido entregado.

Así las cosas, concluye la Sala que si bien se incurrió en un error en el trámite del proceso ejecutivo, al no efectuar la notificación por aviso, tal y como lo dispone el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, lo cierto es que ese error se tradujo en una decisión, esa sí judicial, del Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagué, a través de la cual y en aplicación de las normas procesales, se declaró la nulidad de todo lo actuado, inclusive la diligencia de remate en la que se había radicado un derecho en cabeza de la demandante, a quien se ordenó devolver el dinero que había consignado por concepto de la adquisición del bien inmueble rematado, pero sin que conste en parte alguna que se hubieren ordenado hacerlo con la correspondiente actualización y pago de intereses legales a los que tenía derecho la demandante, para salir indemne de la situación creada por el deficiente funcionamiento de la Administración de Justicia.

De conformidad con lo expuesto, no existe duda sobre la existencia de la falla de la Administración de Justicia y del daño antijurídico ocasionado con ella a la actora, pues al invalidarse la diligencia de remate en la que ella había sido favorecida con la adjudicación del inmueble objeto de la venta forzada y ordenarse la devolución de las sumas que canceló la señora Adriana Casallas Arboleda para la participación dentro de dicha diligencia, se devolvió la misma suma de dinero que la demandante había consignado a órdenes del juzgado desde hacía más de un año, lo que implicó una disminución patrimonial que no estaba obligada a soportar, constituida, de un lado, por la desvalorización de la moneda que se produjo por el solo transcurso del tiempo entre las fechas de consignación y las fechas de devolución del dinero y, de otro lado, por los rendimientos que dicho dinero habría podido producir durante ese lapso, que corresponden a los intereses legales.

Finalmente, la Sala no puede pasar por alto el hecho de que en el recurso de apelación la entidad demandada señaló que el Consejo Seccional de la Judicatura, Sala Administrativa, informó el procedimiento que debía seguir la señora Casallas para reclamar el dinero que había sido consignado en virtud del remate del inmueble que le fue adjudicado, por lo que propuso la excepción de “indebida acción”.

Al respecto resulta necesario precisar que en este proceso se demandó por el detrimento patrimonial que sufrió la parte actora, habida cuenta de que los dineros pagados en razón de la adjudicación del inmueble objeto del remate estuvieron por fuera del comercio por un poco más de un año y no por la falta de devolución de su capital, razón por la cual se concluye que ese argumento no está llamado a prosperar.

Por consiguiente, la Sala confirmará la sentencia apelada por las razones que se dejaron expuestas en precedencia.

5. Indemnización de perjuicios.

5.1. Perjuicios morales.

El Tribunal Administrativo de Primera Instancia denegó el reconocimiento de este perjuicio; sin embargo, la parte actora en su recurso de apelación señaló que se debí acceder al reconocimiento de este perjuicio, toda vez que en el proceso sí se demostró el daño moral irrogado a los demandantes.

Pues bien, la Sala considera importante resaltar que con los testimonios recaudados en este proceso(39) se acreditó que la señora Casallas Arboleda permanecía muy estresada y aburrida por el detrimento de su patrimonio, en ese sentido se encuentra demostrado el perjuicio moral.

Al respecto conviene advertir que la Sección Tercera del Consejo de Estado en un caso similar al que ahora se debate reconoció indemnización de este perjuicio por la afectación a un bien inmueble, en aquella oportunidad sostuvo(40):

“… la Sala ha adoptado un criterio más amplio, para considerar que hay lugar a indemnizar todo perjuicio moral, sin importar su origen, inclusive el derivado de la pérdida de bienes materiales o el causado con el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, siempre que, como sucede en relación con cualquier clase de perjuicios, aquéllos sean demostrados en el proceso. Para que haya lugar a la reparación del perjuicio basta que el padecimiento sea fundado, sin que se requiera acreditar ningún requisito adicional. Corresponde al juez tasar discrecionalmente la cuantía de su reparación, teniendo en cuenta las condiciones particulares de la víctima y la gravedad objetiva de la lesión. La intensidad del daño es apreciable por sus manifestaciones externas; por esto se admite para su demostración cualquier tipo de prueba…”.

De conformidad con lo anterior, la sentencia objeto del recurso de apelación será revocada en este punto y en su lugar se reconocerá el equivalente en pesos a 30 SMLMV a favor de la señora Adriana Casallas Arboleda.

Ahora bien, en relación con el demandante Mario Alejandro Parra Casallas, no se acreditó el perjuicio moral ocasionado por el daño irrogado por la entidad demandada, pues los testimonios nada dicen respecto de él, razón por la cual la Sala confirmará en este sentido la sentencia apelada.

5.2. Perjuicios materiales.

5.2.1. Daño emergente.

El Tribunal Administrativo de primera instancia condenó a la Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura a pagar la suma de $ 5’449.647 a favor de la señora Adriana Casallas Arboleda, no obstante, este punto no fue objeto del recurso de alzada, por lo que solo se actualizará la suma reconocida de la siguiente manera:

Ra = Rh ($ 5’449.647) índice final – enero/17 (134.77)

Índice inicial – febrero/10 (103.55)

Como consecuencia, se modificará la sentencia apelada y reconocerá a favor de la señora Adriana Casallas Arboleda, la suma de $ 7’092.698 por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente.

5.2.2. Lucro cesante.

El Tribunal Administrativo de primera instancia denegó el reconocimiento de este perjuicio; sin embargo esa determinación no fue objeto de apelación, razón por la cual no se realizará pronunciamiento al respecto.

6. Condena en costas.

Dado que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna de ellas actuó de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFICAR la sentencia recurrida, esto es la dictada por el Tribunal Administrativo del Tolima, el 4 de febrero de 2010, la cual quedará así:

“…PRIMERO: DECLARAR a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, administrativamente responsable del perjuicio patrimonial causado a la demandante ADRIANA CASALLAS ARBOLEDA por el ‘defectuoso funcionamiento en la administración de justicia’, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

“SEGUNDO: Condenar a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, a pagar a la señora Adriana Casallas Arboleda la suma equivalente a 30 SMLMV por concepto de perjuicios morales.

TERCERO: Condenar a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, a pagar a la señora Adriana Casallas Arboleda por concepto de daño patrimonial en la modalidad de daño emergente, la suma de ($ 7’092.698 Mcte.)”.

2. CONFIRMAR en lo demás el fallo apelado.

3. Sin condena en costas.

4. CÚMPLASE lo dispuesto en esta providencia, en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

5. EXPÍDANSE a la parte actora las copias auténticas con las constancias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

6. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente a su tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

10 Así lo definió la jurisprudencia del Consejo de Estado, Sección Tercera en la providencia del 9 de septiembre de 2008, expediente con número de radicado 11001032600020080000900 (IJ), M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

11 Certificación expedida por la secretaría del Tribunal Sala Civil, Familia de Ibagué (fl. 40, cdno. 1).

12 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 18 de febrero de 2010, expediente 20.536, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

13 Folio 5, cuaderno 1.

14 Folio 6, cuaderno 1.

15 Folios 55 a 57, cuaderno 2.

16 Folios 58 y 59, cuaderno 2.

17 Folio 88, cuaderno 2.

18 Folio 88 (reverso), cuaderno 2.

19 Folio 98, cuaderno 2.

20 Folio 100, cuaderno 2.

21 Folio 107, cuaderno 2.

22 Folios 108 y 109, cuaderno 2.

23 Folios 110 y 111, cuaderno 2.

24 Folio 1, cuaderno 2.

25 Folio 191 y 192, cuaderno 2.

26 Folio 203 y 204, cuaderno 2.

27 Folios 298 a 300, cuaderno 2.

28 Folios 306 a 308, cuaderno 2.

29 Folios 312 a 313, cuaderno 2.

30 Folio 314, cuaderno 1.

31 Folio 339, cuaderno 1.

32 Folio 75, cuaderno 1 y folio 5, cuaderno 3.

33 Consejo de Estado, Sección Tercera sentencia del 10 de mayo de 2001, expediente 12.719, M.P. Dr. Ricardo Hoyos Duque, reiterada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 11 de agosto de 2010, expediente 17301, M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

34 Original de la cita: “Cabe anotar que la jurisprudencia y doctrina española son de recibo en la resolución de los casos de responsabilidad contra el Estado colombiano porque la ley 270 de 1996 tuvo como fuente la ley orgánica del poder judicial de España”.

35 Original de la cita: “EDUARDO COBREROS MENDAZONA. La responsabilidad del Estado derivada del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Cuadernos Civitas. 1998, pág. 25”.

36 Original de la cita: “La responsabilidad por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia no se ha puesto en duda por cuanto allí no existe el obstáculo de la cosa juzgada, cfr. León DUGUIT, Las transformaciones del derecho público, Buenos Aires, edit. Heliastra S.R.L., 1975, pág. 149 y ss. La Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia del 10 de noviembre de 1967 (exp. 867), señaló: ‘una cosa es la intangibilidad de la cosa juzgada, presupuesto fundamental de la sociedad y también dogma político, y otra cosa son ciertos actos que cumplen los jueces en orden de (sic) definir cada proceso, los que no requieren de más que de la prudencia administrativa. Por eso cuando con esos actos se causan daños, haciéndose patente como en el caso en estudio, el mal funcionamiento del servicio público, es ineludible que surja la responsabilidad (...) no es este el primer caso en que la Nación es condenada al pago de los perjuicios por hechos de esta naturaleza, provenientes una veces por (sic) la inseguridad en que se mantiene los despachos judiciales y otras por negligencia de sus empleados’”.

37 Folio 88 (reverso) cuaderno 2.

38 Folio 90, cuaderno 2.

39 Folios 343 a 346, cuaderno 2.

40 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de mayo de 2004, expediente AG-2002-00226, C.P. Ricardo Hoyos, reiterada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 25 de marzo 2015, M.P. Dr. Hernán Andrade Rincón.