SENTENCIA 2008-00613/1895-2014 DE DICIEMBRE 1 DE 2016

 

Sentencia 2008-00613/1895-2014 de diciembre 1 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Exp.: 76001-23-31-000-2008-00613-01 (1895-2014)

Consejero Ponente:

Dr. Carmelo Perdomo Cuéter

Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Demandante: Carlos Alberto Escudero Suaza

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

Tema: Pensión de invalidez para personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional.

Bogotá, D.C., primero de diciembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

5.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 129 del Código Contencioso Administrativo (CCA), esta corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda instancia.

5.2 Problema jurídico. Corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar si el demandante en calidad de expatrullero de la Policía Nacional le asiste razón jurídica o no para reclamar de la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional el reconocimiento de la pensión de invalidez, de conformidad con los artículos 65 del Decreto 1091 de 1995 y 38 del Decreto 1796 de 2000, régimen especial de la Policía Nacional.

5.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso concreto.

En lo que se refiere a la pensión por invalidez para miembros de la Policía Nacional del nivel ejecutivo, la Sala se remite a lo dispuesto en el Decreto 1091 de 1995, artículo 65, «Por el cual se expide el Régimen de Asignaciones y Prestaciones para el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, creado mediante Decreto 132 de 1995», a saber:

“ART. 65.—Disminución de la capacidad psicofísica. El personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, que presente disminución de la capacidad psicofísica que no haya sido indemnizada en la forma prevista en el artículo 47 de este decreto, tendrá derecho a que el Tesorero Público le pague:

a) Por una sola vez una indemnización proporcional al daño sufrido de conformidad con el reglamento de Incapacidades, Invalideces e Indemnizaciones para el personal de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, tomando como base las partidas señaladas en artículo 49 de este decreto, según el índice de lesión fijado en la respectiva acta médico-laboral y de acuerdo con las circunstancias en que se adquirió la lesión;

b) El auxilio de cesantía y demás prestaciones que le corresponda en el momento del retiro;

c) Cuando el personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional haya perdido el setenta y cinco por ciento (75%) o más de la capacidad psicofísica, tendrá derecho a una pensión mensual mientras subsista la incapacidad, pagadera por el Tesoro Público y liquidada con base en la última remuneración y teniendo en cuenta las partidas señaladas en el artículo 49 de este decreto, así:

1. El setenta y cinco por ciento (75%) de dichas partidas cu'ando la pérdida de la capacidad laboral sea o exceda del setenta y cinco por ciento (75%) y no alcance al ochenta y cinco por ciento (85%).

2. El ochenta y cinco por ciento (85%) de dichas partidas cuando la pérdida de la capacidad laboral sea o exceda del ochenta y cinco por ciento (85%) y no alcance al noventa y cinco por ciento (95%).

3. El ciento por ciento (100%) de dichas partidas, cuando la pérdida de la capacidad laboral sea igual o superior al noventa y cinco por ciento (95%).

PAR. 1º—Si la disminución de la capacidad psicofísica fuere consecuencia de hechos ocurridos en el servicio y por causa y razón del mismo, la indemnización de que trata el literal a) de este artículo se aumentará en la mitad.

PAR. 2º—Si la disminución de la capacidad sicofísica fuere consecuencia de heridas recibidas en actos meritorios del servicio o por causa de heridas recibidas en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto internacional o en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público interno, la indemnización a que se refiere el literal a) del presente artículo se pagará doble.

De igual modo, el Decreto 1796 de 2000, «Por el cual se regula la evaluación de la capacidad psicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones, de los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las Escuelas de Formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993», prevé:

“ART. 38.—Liquidación de pensión de invalidez para el personal de oficiales, suboficiales, agentes, y personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional. Cuando mediante Junta Médico-Laboral o Tribunal Médico-Laboral de Revisión Militar y de Policía, haya sido determinada una disminución de la capacidad laboral igual o superior al 75%, ocurrida durante el servicio, el personal a que se refiere el presente artículo, tendrá derecho, mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual, valorada y definida de acuerdo con la reglamentación que expida para el efecto el Gobierno Nacional, liquidada con base en las partidas establecidas en las normas que regulen la materia y de conformidad con los porcentajes que a continuación se señalan:

a. El setenta y cinco por ciento (75%) de dichas partidas, cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%) y no alcance el ochenta y cinco por ciento (85%).

b. El ochenta y cinco por ciento (85%) de dichas partidas, cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al ochenta y cinco por ciento (85%) y no alcance el noventa y cinco por ciento (95%).

c. El noventa y cinco por ciento (95%) de dichas partidas, cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al noventa y cinco por ciento (95%).

PAR. 1º—Cuando el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral no sea igual o superior al 75%, no se generará derecho a pensión de invalidez.

PAR. 2º—El personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y el personal no uniformado de la Policía Nacional, vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, continuará rigiéndose, en lo referente a las pensiones de invalidez, por las normas pertinentes del Decreto 94 de 1989.

De lo anterior se colige que el agente, el personal del nivel ejecutivo, suboficial u oficial de la Policía Nacional o de las fuerzas militares que sufra pérdida de su capacidad psicofísica durante el servicio en un porcentaje superior al setenta y cinco por ciento (75%), tendrá derecho a una pensión por invalidez equivalente al (i) ciento por ciento (100%) de las partidas legalmente computables, si su incapacidad es igual o excede el 95%, (ii) setenta y cinco por ciento (75%) de las partidas legalmente computables, si su incapacidad está entre el 75 y el 95% y (iii) cincuenta por ciento (50%) de las partidas legalmente computables, si su incapacidad es igual al 75%.

5.5 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que gobierna la materia.

En ese sentido, en atención al material probatorio traído al plenario y de conformidad eón los hechos constatados por esta corporación, se destaca:

a) Hoja de servicios 94505125, de 20 de noviembre de 2001, en la que se hace constar que el accionante fue retirado del servicio el 24 de octubre de 2001 por disminución de la capacidad laboral, y que su permanencia en la Policía Nacional fue de 5 años, 9 meses y 12 días, pues ingresó como alumno el 12 de febrero de 1996 y pasó al nivel ejecutivo el 1º de febrero de 1997 (ff. 5-6, cdno. 2).

b) Acta 116 de la junta médico laboral de la Policía Nacional, de Cali, de 21 de julio de 1999, sobre la evaluación de la disminución de la capacidad laboral del patrullero Carlos Alberto Escudero Suaza, después de haber sufrido heridas en combate, en 23.01% (f.4).

c) Acta del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía 1673, de Bogotá, de 10 de marzo de 2000, en que se decide la reclamación interpuesta por el actor contra el acta 116 de 21 de julio de 1999 y en la que se establece una disminución en la capacidad laboral del 52% (ff. 6-8).

d) Escrito del demandante al director general de la Policía Nacional, de 20 de mayo de 2008, en el que pide el reconocimiento de la pensión de invalidez por tener más del 50% de disminución de la capacidad laboral (ff. 3, 10-14).

e) Oficio 12325 de 17 de junio de 2008, del jefe de grupo de pensionado de la Policía Nacional, en que al actor se le niega el reconocimiento de la pensión de invalidez (f. 2).

De las pruebas anteriormente enunciadas, se desprende que el demandante ingresó al nivel ejecutivo de la Policía Nacional, el 1º de febrero de 1997, y del cual fue retirado, por la disminución de su capacidad laboral en un 52%, el 24 de octubre de 2001, en su calidad de patrullero, según la hoja de servicios 94505125, de 20 de noviembre de 2001 (ff-5-6, cdno. 2). En efecto, en el acta 1673 de 10 de marzo de 2000, del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, registrada en el folio 189 del Libro de Tribunales Médicos, se dice:

[…]

V. DECISIONES.

Teniendo en cuenta lo anterior; los miembros del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía por unanimidad deciden MODIFICAR el Acta de Junta Médico Laboral de Policía Nº 116 del 210799. XXX.

CONCLUSIONES.

A. Diagnósticos definitivos.

1º- Herida por arma fragmentada, con lesión cerebral a nivel pariento occipital que deja como secuela síndrome convulsivo y depresión reactiva. XXX.

B. Calificación de la aptitud y de la capacidad laboral.

INCAPACIDAD RELATIVA Y PERMANENTE - NO APTO. XXX.

C. Disminución de la capacidad laboral.

• Presenta una disminución de la capacidad laboral de CINCUENTA Y DOS PUNTO CERO POR CIENTO (52.0%). XXX (ff. 7-8).

[...]

En estas condiciones, el actor solicitó de la Policía Nacional, después de su retiro, el 20 de mayo de 2008 (ff. 3, 10-14), el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez; pero esta le fue negada mediante oficio 12325 de 17 de junio de 2008, del jefe de grupo de pensionado (f.2), ya que «de acuerdo al Decreto 1091 de 1995 en concordancia con el Decreto 1796 de 2000 los cuales regían para la época en que fue retirado el patrullero en mención, para acceder a pensión de invalidez se debe tener un [sic] un disminución de la merma del 75% requisito que no se cumple».

Significa lo anterior que, conforme al Decreto 1091 de 1995 (sobre el régimen de asignaciones y prestaciones del personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional), artículo 65, letra c), solo se tendrá derecho a una pensión de invalidez cuando se haya perdido el setenta y cinco por ciento (75%) o más de la capacidad psicofísica, porcentaje que fue ratificado por el Decreto 1796 de 2000(1), en su artículo 38, al establecer que cuando haya sido determinada una disminución de la capacidad laboral igual o superior al 75%, ocurrida durante el servicio, «[...] el personal a que se refiere el presente artículo, tendrá derecho, mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual, valorada y definida de acuerdo con la reglamentación que expida para el efecto el Gobierno Nacional [...]>>; por consiguiente, al actor, con una disminución del 52% de la capacidad laboral, no se le podría reconocer la pensión.

Sin embargo, como en la sentencia de primera instancia se accede a las pretensiones de la demanda con base en el principio de favorabilidad, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, y, por ende, en la aplicación del artículo 38 de la Ley 100 de 1993, «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones», que le resulta más benéfica al accionante, la Sala estima que aunque el artículo 11 de dicha ley(2) dispone que el sistema general de pensiones, con las excepciones previstas en su artículo 279, cobijará a todos los habitantes del territorio nacional, se referirá a dicho principio.

En verdad, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 estatuye, entre sus excepciones, que el sistema integral de seguridad social «no se aplica a los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional», lo que implica, en estricto sentido, que, en principio, este no se pueda tener en cuenta en el presente asunto, pues las lesiones que produjeron la disminución de la capacidad laboral del demandante ocurrieron en el año de 1998, en vigor del Decreto 1091 de 1995, norma especial para la Policía Nacional.

No obstante, se debe recordar que la Corte Constitucional ha predicado en distintos pronunciamientos, tal como en la Sentencia de Tutela T-393 de 2 de julio de 2013(3), que se debe examinar si las normas de una prestación específica en el régimen especial pueden vulnerar el derecho a la igualdad respecto de la ley general.

En este orden de ideas, el artículo 38 de la Ley 100 de 1993 determina que se considera inválida «la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral», mientras que los artículos 65 y 38 de los decretos 1091 de 1995 y 1796 de 2000, en su orden, exigen para el mismo fin un porcentaje mínimo del 75%, lo cual, de manera objetiva, muestra una enorme diferencia y desmejora en perjuicio del régimen especial, lo que resulta discriminatorio.

Sobre el particular, dice la sentencia de la Corte Constitucional antes citada:

4. Aplicación del régimen general de seguridad social a quienes pertenecen al régimen especial de las Fuerzas Militares

Ahora bien, como se observó, la implementación de regímenes especiales de seguridad social ya ha sido objeto de estudio por parte de este tribunal y, además de señalar que no vulneran el derecho a la igualdad, se indicó que quienes son beneficiaros de dichos regímenes deben acogerse a ellos en su totalidad, toda vez que existen otras disposiciones dentro de los mismos que permiten compensar la diferencia de tratamiento en términos prestacionales(4).

No obstante, la Corte también ha resaltado que cabe la posibilidad de entrar a analizar si las normas de una prestación específica en el régimen especial pueden vulnerar el derecho a la igualdad, lo cual procede cuando la diferenciación que dispone la ley se puede considerar como arbitraria y es clara la desmejora que sin justificación aparente se le brinda a los beneficiarios del régimen especial. Para que este examen sea posible la jurisprudencia constitucional ha establecido ciertos requisitos:

“Así las cosas, es posible concluir que existe una discriminación (i) si la prestación es separable y (ii) la ley prevé un beneficio inferior para el régimen especial, sin que (iii) aparezca otro beneficio superior en ese régimen especial que compense la desigualdad frente al sistema general de seguridad social;

Sin embargo, en virtud de la especialidad de cada régimen de seguridad social, en principio este es aplicable en su totalidad al usuario, por lo cual la Corte considera que estos requisitos deben cumplirse de manera manifiesta para que puede concluirse que existe una violación a la igualdad. Por consiguiente, (i) la autonomía y separabilidad de la prestación deben ser muy claras, (ii) la inferioridad del régimen especial debe ser indudable y (iii) la carencia de compensación debe ser evidente”(5).

De lo anterior se puede entender que, existe la posibilidad de aplicar el régimen general a los miembros de estos grupos especiales, cuando se verifique la ocurrencia de los anteriores supuestos, ya que el objetivo de la Constitución en cuanto a este tema, es la especial protección del mínimo vital y de las personas de la tercera edad. Con la creación de los regímenes especiales lo que se busca es brindar una protección específica debido a las condiciones de la labor que desempeñan quienes están sujetos a los mismos, la cual no puede ser menos beneficiosa que las que se aplican al resto de la población, en otras palabras, el régimen no puede resultar discriminatorio.

[...]

En efecto, así lo ha entendido el Consejo de Estado, el cual ya se ha pronunciado al respecto en un caso similar, haciendo referencia a la pensión de sobrevivientes que interesa a esta causa. Manifestó básicamente, que en virtud del principio de favorabilidad, si el causante cumple con los requisitos de la pensión de sobrevivientes contemplada en el régimen general y no las estipuladas en el régimen especial, es imperativo concluir que en desarrollo del derecho fundamental a la igualdad, si sus beneficiarios acreditaban los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes prevista en la Ley 100 de 1993, tenían derecho a que la misma les fuera reconocida(6).

[...]

En este mismo sentido, esta Sala(7), después de examinar los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993, en un asunto similar al presente, dijo:

[...]

En el caso concreto, está probado de acuerdo con el Acta de Junta Médica Laboral Nº 990 de 21 de abril de 1992, que al demandante se le fijó una incapacidad relativa permanente, de acuerdo con el Decreto 84 de 1989, con una merma laboral del 55.45% (fls. 13 y 14).

Conforme a lo dispuesto en el artículo 89 del Decreto 94 de 1989, y como quiera que la incapacidad no es igual o superior al 75% no tiene derecho a la pensión de invalidez, bajo el régimen especial previsto en dicha normatividad para los miembros de la Policía Nacional.

No obstante, observa la Sala, que el demandante cumple los requisitos para ser acreedor a la pensión de invalidez contemplada en el régimen general, circunstancia por la cual, resulta forzoso concluir, que en aras del principio de favorabilidad y en desarrollo del principio de igualdad, tiene derecho a la pensión de invalidez prevista en la Ley 100 de 1993(8).

[...]

Además de la exigencia del 50% de la pérdida de capacidad laboral, la Ley 100 de 1993, en su artículo 39(9), conforme a su texto original (antes de la modificación de la Ley 860 de 2003), para el reconocimiento de la pensión de invalidez causada por accidente requiere que se haya cotizado 50 semanas, dentro de los últimos 3 años inmediatamente anteriores a este, lo cual cumple el accionante, pues ingresó a la entidad demandada el 12 de febrero de 1996, como consta en su hoja de servicios 94505125, de 20 de noviembre de 2001 (ff.5-6, cdno. 2). Asimismo, de la lectura de las actas de la junta médico laboral de la Policía Nacional (116), de 21 de julio de 1999, y del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía (1673), de 10 de marzo de 2000, se deduce que la disminución de la capacidad laboral fue del 23.01% (f.5); pero en la medida en que transcurrió el tiempo evolucionó y se determinó en un 52% (f.8), hasta cuando el actor tuvo que ser retirado del servicio el 24 de octubre de 2001.

Por lo que hace al monto de la pensión, el artículo 40 de la Ley 100 de 1993 establece:

“ART. 40.—Monto de la pensión de invalidez. El monto mensual de la pensión de invalidez será equivalente a:

a) El 45% del ingreso base de liquidación, más el 1.5% de dicho ingreso por cada cincuenta (50) semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con posterioridad a las primeras quinientas (500) semanas de cotización, cuando la disminución en su capacidad laboral sea igual o superior al 50% e inferior al 66%, y

b) El 54% del ingreso base de liquidación, más el 2% de dicho ingreso por cada cincuenta (50) semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con posterioridad a las primeras ochocientas (800) semanas de cotización, cuando la disminución en su capacidad laboral es igual o superior al 66%.

La pensión por invalidez no podrá ser superior al 75% del ingreso base de liquidación.

En ningún caso la pensión de invalidez podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual.

La pensión de invalidez se reconocerá a solicitud de parte interesada y comenzará a pagarse, en forma retroactiva, desde la fecha en que se produzca tal estado.

Como el tiempo total de servicios prestados por el actor fue de 5 años, 9 meses y 12 días, según su hoja de servicios 94505125, de 20 de noviembre de 2001 (ff.5-6, cdno. 2), el monto de la pensión de invalidez, de acuerdo con la norma anterior, es del 45%, tal como se concluyó en la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad del acto acusado y la reconoció a partir del 24 de octubre de 2001.

Así las cosas, se confirmará el reconocimiento de la pensión de invalidez con base en lo dispuesto por los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993. Igualmente, el pago de las mesadas pensionales, por una parte, a partir del 20 de mayo de 2005, conforme al artículo 41 del Decreto 3135 de 1968(10), ya que el actor presentó la solicitud de reconocimiento de la pensión de invalidez ante la entidad accionada, el 20 de mayo de 2008 (ff. 3, 10-14), y la prescripción trienal se interrumpe por un lapso igual; y, por la otra, que se descuente al demandante lo pagado por indemnización, pues es incompatible con la pensión de invalidez(11).

Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se confirmará la sentencia apelada que accedió a las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confirmase la sentencia proferida el 24 de mayo de 2012 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (sala cuarta de descongestión), que accedió a las súplicas de la demanda incoada por el señor Carlos Alberto Escudero Suaza contra la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

2. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en la de la fecha».

1 «Por el cual se regula la evaluación de la capacidad psicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones, de los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las Escuelas de Formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993».

2 «El sistema general de pensiones, con las excepciones previstas en el artículo 279 de la presente ley, se aplicará a todos los habitantes del territorio nacional, conservando adicionalmente todos los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos y establecidos conforme a disposiciones normativas anteriores para quienes a la fecha de vigencia de esta ley hayan cumplido los requisitos para acceder a una pensión o se encuentren pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes de los sectores público, oficial, semiofícial, en todos sus órdenes, del Instituto de Seguros Sociales y del sector privado en general.
Para efectos de este artículo se respetarán y por tanto mantendrán su vigencia los derechos adquiridos conforme a disposiciones normativas anteriores, pacto o convención colectiva de trabajo.
Lo anterior será sin perjuicio del derecho de denuncia que le asiste a las partes y que el tribunal de arbitramento dirima las diferencias entre las partes».

3 Corte Constitucional, Sentencia de Tutela T-393 de 2 de julio de 2013, actor: Luis Carlos Miranda Mufioz, demandado: la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

4 Sentencia C-956 de 2001.

5 Sentencia T-167 de 2011.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda - Subsección A sentencia del 8 de mayo de 2008, número de radicación 76007-23-31-000-2003-04045- 01(1371-07) «Así pues, se harán efectivas las consideraciones anteriormente consignadas al caso que ocupa la atención de la Sala, dejando de lado por razones de equidad las disposiciones del Decreto 1213 de 1990, pues sin duda alguna, si el causante cumplía los requisitos para ser acreedor a la pensión de sobrevivientes contemplada en el régimen general y no las previstas en el régimen especial, resulta forzoso concluir que, en aras al principio de favorabilidad y en desarrollo del principio de igualdad, sus beneficiarios tienen derecho a la pensión de sobrevivientes prevista en la Ley 100 de 1993, desde luego, si reunían las condiciones para ello».

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, 130012331000200300080 01 (1925-2007), actor: William Tapiero Mejía, demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional.

8 Arts. 38 y 39 en su texto original.

9 ART. 1º—El artículo 39 de la Ley 100 quedará así: ART. 39.—Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:
1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez. El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-428 de 2009.
2. Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma, y su fidelidad (de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez. El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-428 de 2009.
PAR. 1º—Los menores de veinte (20) años de edad solo deberán acreditar que han cotizado veintiséis (26) semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria.
PAR. 2º—Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) años.

10 «Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual>>.

11 Artículo 37, Ley 100 de 1993. «Las personas que habiendo cumplido la edad para obtener la pensión de vejez no hayan cotizado el mínimo de semanas exigidas, y declaren su imposibilidad de continuar cotizando, tendrán derecho a recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a un salario base de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas; al resultado así obtenido se le aplica el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado».