SENTENCIA 2008-00639/38875 DE FEBRERO 8 DE 2017

 

Sentencia 2008-00639/38875 de febrero 8 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “A”

Rad.: 73001-23-31-000-2008-00639-01(38875)

Actor: Javier Noguera Peralta

Demandado: Rama judicial - Dirección ejecutiva de administración judicial - Consejo Superior de la Judicatura y otro

Referencia: Apelación sentencia - Acción de reparación directa

Temas: Responsabilidad del Estado por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia / incumplimiento de funciones de un auxiliar de la justicia / irregularidades en custodia de bienes embargados y rematados dentro de un proceso ejecutivo.

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Bogotá D.C., ocho de febrero de dos mil diecisiete.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 3 de mayo de 2010, por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1. La demanda.

En escrito presentado el 13 de marzo de 2008, el señor Javier Noguera Peralta, actuando en su propio nombre, interpuso demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación - Rama judicial - Dirección ejecutiva de administración judicial - Consejo Superior de la Judicatura y el señor Carlos Ángel Cubillos Bonilla, con el fin de que se les declarara administrativamente responsables por:

“La totalidad de los daños y perjuicios ocasionados a Javier Noguera Peralta, con ocasión de la falta de custodia, deterioro y no entrega de los muebles embargados, secuestrados y rematados en el proceso ejecutivo de Javier Noguera Peralta contra Luz Mila Buitrago Calderón que cursa en el juzgado quinto civil municipal de esta ciudad, Rad. 787-00”(1).

2. Las pretensiones.

Por perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente se solicitó la suma de $ 1.970.000 y a título de lucro cesante el que sea determinado aplicando la máxima tasa de interés bancario. Igualmente, por concepto de perjuicios morales el equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

3. Los hechos.

En la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:

En octubre del año 2000 el señor Javier Noguera Peralta inició proceso ejecutivo de menor cuantía contra la señora Luz Mila Buitrago Calderón, el cual correspondió por reparto al juzgado quinto civil municipal de Ibagué, radicación 787-00, el que decretó Auto de mandamiento de pago el 30 de octubre de 2000.

Entre las medidas cautelares el despacho decretó el embargo de los bienes muebles de propiedad de la ejecutada, ubicados en la calle 39B Nº 4b-17 del barrio La Macarena de Ibagué.

El 5 de febrero de 2001 en atención al despacho comisorio Nº 311, la Inspección Décima Urbana de Policía Municipal de Ibagué nombró y posesionó al auxiliar de la justicia, señor Carlos Ángel Cubillos Bonilla y procedió a embargar y secuestrar los bienes muebles que según el acta de dicha diligencia se encontraban en buen estado.

Desde la misma diligencia el auxiliar de la justicia, sin motivo alguno, le dejó en depósito los bienes embargados y secuestrados al señor Robert Dana Vélez.

El 2 de marzo de 2001 el señor Robert Dana Vélez presentó incidente de levantamiento de medidas cautelares sobre los bienes embargados y secuestrados, solicitud que fue negada por el juzgado de conocimiento el 10 de mayo de 2003.

El 11 de abril de 2005 el perito presentó el dictamen de avalúo de los bienes embargados y secuestrados a los cuales otorgó el valor de $ 1.970.000.

El señor Robert Dana Vélez impugnó dicho avalúo argumentando que los bienes se encontraban en buen estado y que tenían un mayor valor, pero la impugnación fracasó porque él no era parte en el proceso.

El 29 de marzo de 2006 el juzgado quinto civil municipal de Ibagué llevó a cabo la diligencia de remate de los bienes embargados y secuestrados, de propiedad de la demandada Luz Mila Buitrago Calderón. Por tratarse del único postor, fueron adjudicados al demandante Javier Noguera Peralta.

Ante el incumplimiento de las obligaciones del secuestre Carlos Ángel Cubillos Bonilla, el 6 de junio de 2006, el señor Robert Dana Vélez le informó al juzgado sobre el traslado de los bienes rematados a una bodega situada en la carrera 1ª Nº 11-30 de Ibagué y aportó el contrato de arrendamiento celebrado con el señor Arnulfo Campos Lozano.

El 31 de julio de 2006 el señor Robert Dana Vélez presentó incidente de exclusión contra el secuestre Carlos Ángel Cubillos Bonilla argumentando que este no le recibió los bienes rematados.

El 11 de septiembre de 2006 el juzgado aprobó el remate y ordenó al secuestre Carlos Ángel Cubillos Bonilla entregarle los bienes rematados a Javier Noguera Peralta. En la misma fecha ordenó dar trámite al incidente de exclusión de ese auxiliar de la justicia, decretando varias pruebas, entre ellas la declaración del señor Arnulfo Campos Lozano e interrogatorio de parte al secuestre, quien no acudió al mismo.

El 29 de septiembre de 2006 el juzgado quinto civil municipal de Ibagué aclaró que la persona responsable ante ese despacho y ante las partes por los bienes embargados, secuestrados y rematados era el secuestre Carlos Ángel Cubillos Bonilla.

En la declaración rendida el 22 de noviembre de 2006, el señor Arnulfo Campos Lozano manifestó que el secuestre visitó la bodega en una sola ocasión y nunca más volvió.

En vista de que el secuestre no hizo entrega de los bienes de acuerdo con lo dispuesto en el Auto del 11 de septiembre de 2006, por el cual se aprobó el remate, el juzgado comisionó al grupo de justicia y seguridad del municipio de Ibagué para que hiciera entrega de los bienes rematados al demandante Javier Noguera Peralta.

El 16 de marzo de 2007 el señor Arnulfo Campos Lozano le informó al juzgado el traslado de los bienes rematados a la calle 88 Nº 4-10 de Ibagué.

El 6 de julio de 2007 la inspectora permanente central del municipio de Ibagué junto con su secretaria y el señor Javier Noguera Peralta, instalaron audiencia pública para la entrega de los bienes en el lugar de su última ubicación, pero esta se suspendió y no se fijó fecha para su continuación.

El deterioro que sufrieron los bienes embargados y secuestrados desde el 5 de febrero de 2001 fue total, pues el auxiliar de la justicia Carlos Ángel Cubillos Bonilla en ningún momento procedió a trasladarlos a su bodega para cuidarlos, preservarlos y entregarlos al rematante.

El señor Javier Noguera Peralta tuvo que pagar $ 218.559 por concepto de avisos de remate, impuesto de aprobación del remate y pago del avalúo al perito.

Desde el 5 de febrero de 2001, fecha de la diligencia de embargo y secuestro, el secuestre no procedió de conformidad con el artículo 10 inciso 4 del código de Procedimiento Civil, esto es, no rindió informes de su gestión.

4. La oposición.

4.1. La Nación - Rama judicial contestó la demanda y se opuso a las pretensiones en ella contenidas. Defendió su actuación señalando que no existió falla en el servicio pues el juez no estaba en la obligación de vigilar al secuestre respecto del cuidado y custodia de los bienes secuestrados.

Insistió en que el auxiliar de la justicia es autónomo en su labor y le corresponde rendir cuentas, en estos casos, el demandado en el proceso ejecutivo debe estar al tanto del manejo de su patrimonio e informar al despacho judicial solicitando que se requiera al auxiliar de la justicia para rendirlas, de lo contrario se haría acreedor de las investigaciones civiles, penales y disciplinarias a que haya lugar.

Adicionalmente, la Rama judicial exige a los secuestres una póliza judicial antes de conformar las listas de auxiliares de la justicia, según lo dispuesto en el Acuerdo Nº 1518 de 2002 de la Sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y el demandante pudo ejercer la acción correspondiente por perjuicios(2).

4.1.(sic) El señor Carlos Ángel Cubillos Bonilla contestó la demanda oponiéndose a lo solicitado en la misma. Argumentó que ejerció sus funciones como secuestre y que su actuación terminó el 6 de julio de 2006, cuando la Inspección de Policía Permanente Central de Ibagué dio cumplimiento al despacho comisorio procedente del juzgado quinto civil municipal de esa ciudad entrando a la bodega donde se encontraban los bienes rematados para hacer su entrega, pero que por falta de apoyo de la Policía Nacional no le fue posible entregarlos.

Aseguró que la demanda debió dirigirse contra el municipio de Ibagué - Dirección de justicia - Inspección permanente central dado que no pidió ni obtuvo el apoyo de la Policía Nacional para continuar la diligencia de entrega de los bienes rematados.

Señaló que como secuestre sí estuvo dispuesto a entregar los bienes pero el interesado no apareció y no indicó cual otro día se podía llevar a cabo la entrega(3).

5. La sentencia apelada.

El Tribunal Administrativo del Tolima, en Sentencia del 3 de mayo de 2010, negó las súplicas de la demanda.

El a quo señaló que de las actuaciones surtidas en el proceso ejecutivo instaurado por Jorge Noguera Peralta contra Luz Mila Buitrago Calderón se presentaron inconvenientes que fueron puestos en conocimiento del juzgado quinto civil municipal de Ibagué, en relación con la tenencia de los bienes muebles embargados y secuestrados el 5 de febrero de 2001, dentro de dicho proceso.

Según el a quo dichos bienes fueron dejados en depósito gratuito y provisional al señor Robert Dana Vélez, quien atendió la diligencia y, desde ese mismo día, 5 de febrero de 2001, el secuestre le hizo las advertencias de ley respecto de la responsabilidad civil y penal por la tenencia de los bienes.

Igualmente, encontró acreditado que los bienes fueron trasladados a una bodega de propiedad del señor Arnulfo Campos Lozano por parte del depositario, luego de que el 31 de marzo de 2006 ambos suscribieran un contrato de arrendamiento de depósito de un espacio privado para guardar y conservar tales bienes, contrato que el depositario suscribió por cuenta del secuestre Carlos Ángel Cubillos Bonilla.

No obstante, advirtió que dicho contrato fue celebrado sin la autorización y sin el conocimiento del secuestre, además, se opuso a las medidas cautelares y alegó dentro del proceso ejecutivo que los bienes eran de su propiedad, de modo que resultó dudoso si el traslado de los mismos fue porque ya no podía tenerlos, porque el auxiliar de la justicia no se los quiso recibir o porque quería evitar su remate.

También señaló el a quo que el secuestre no cumplió debidamente con sus deberes, pues no rindió cuentas mensuales respecto de los bienes a su cargo, sin embargo, consideró que su comportamiento irregular no era suficiente para responsabilizar al Estado, dado que debía demostrarse la existencia del daño, lo cual no ocurrió en este caso.

Concluyó el tribunal a quo que no se demostró el deterioro de los bienes rematados así como tampoco que la no entrega de los mismos se debió a la actuación del secuestre, pues el demandante no acreditó en qué estado se encontraban los bienes al momento de la diligencia de remate ni el actual por cuya reparación demandó, carga que le correspondía satisfacer(4).

6. Objeto de la apelación.

La parte actora interpuso recurso de apelación en contra del fallo de primera instancia, con el fin de que se revocara dicho proveído, al considerar que el daño antijurídico se concretó en el momento en que el juez civil municipal de Ibagué ordenó al auxiliar de la justicia entregar los bienes rematados y este incumplió con los deberes establecidos en los artículos 10, 682 y 683 del Código de Procedimiento Civil.

Insistió en que por la falta al deber de cuidado de parte del auxiliar de la justicia la obligación ejecutada no se pudo satisfacer, dado que su respaldo eran los bienes embargados, tampoco pudo recuperar los gastos en que incurrió con ocasión del proceso ejecutivo.

Señaló que el daño antijurídico consistió en la insatisfacción del derecho de crédito a pesar de haber iniciado un proceso ejecutivo de forma oportuna, pues se le privó de disponer de los bienes muebles rematados el 29 de marzo de 2006.

Agregó que la conducta del secuestre fue advertida por el juez quinto civil municipal de Ibagué, quien en providencia del 30 de marzo de 2006 excluyó al señor Carlos Ángel Cubillos Bonilla de la lista de auxiliares de la justicia(5).

7. Los alegatos de conclusión en segunda instancia.

Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.

II. Consideraciones

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la Sentencia de primera instancia, para cuyo efecto se abordarán los siguientes temas: 1) la competencia funcional del Consejo de Estado para conocer del presente asunto; 2) la oportunidad de la acción; 3) la legitimación en la causa; 4) la responsabilidad del Estado por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y por la gestión de los auxiliares de la justicia; 5) la determinación de la responsabilidad de la Nación - Rama judicial y del auxiliar de la justicia en el caso concreto; 6) liquidación de perjuicios; 7) otras consideraciones; 8) decisión sobre costas.

1. Competencia.

Teniendo en cuenta que en los asuntos relativos a la responsabilidad del Estado por el error judicial, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y la privación injusta de la libertad, el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 estableció la competencia privativa de los tribunales administrativos en primera instancia y del Consejo de Estado en segunda instancia, se impone concluir que esta corporación es competente para conocer, en segunda instancia, del recurso de apelación interpuesto.

2. La oportunidad de la acción.

De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, aplicable para la época de los hechos, la acción de reparación directa caduca al cabo de dos años, contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

Observa la Sala que el 13 de septiembre de 2007(6), cuando la inspectora de policía devolvió al juzgado quinto civil municipal de Ibagué el despacho comisorio, sin tramitar, respecto de la diligencia de entrega de los bienes rematados al demandante, fue cuando este perdió la posibilidad de acceder a los bienes que le habían sido adjudicados.

Lo anterior significa que a partir de dicha fecha tuvo conocimiento del daño alegado y se observa que la demanda fue interpuesta el 13 de marzo de 2008, esto es, dentro de los dos años a los que alude el artículo 136 numeral 8 del Código Contencioso Administrativo.

3. La legitimación en la causa.

El demandante se encuentra legitimado para actuar, dado que los bienes rematados cuya propiedad reclama, le fueron adjudicados como único postor, dentro de la diligencia llevada a cabo el 29 de marzo de 2006 por el juzgado quinto civil municipal de Ibagué, dentro del proceso ejecutivo adelantado contra su deudora, la señora Luz Mila Buitrago Calderón(7).

Igualmente, la Nación - Rama judicial se encuentra legitimada en la causa por pasiva, dado que contra esta entidad se dirigió la demanda y está debidamente representada por el director ejecutivo de administración judicial, de conformidad con el artículo 49 de la Ley 446 de 1998.

4. Responsabilidad del Estado por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y por la gestión de los auxiliares de la justicia. 

La jurisprudencia de esta corporación y la ley se encargaron de dotar de sustantividad al régimen de responsabilidad patrimonial del Estado en aquellos casos en los cuales se cuestionaba la ocurrencia de un daño causado por la acción del aparato judicial, ya fuere en el marco del tráfico procesal mismo o como consecuencia de un error judicial o jurisdiccional o en los casos de privación injusta de la libertad realizados como consecuencia de una providencia judicial.

De conformidad con los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, el legislador estableció tres hipótesis para la configuración de la responsabilidad del Estado por la actividad del aparato judicial: 1) el error jurisdiccional; 2) la privación injusta de la libertad; y, 3) el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. 

En relación con el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, esta sección ha interpretado que la responsabilidad del Estado se puede concretar en las múltiples actuaciones u omisiones dentro de los procesos judiciales, sin origen en una providencia, que pueden constituirse en fuente de daños a terceros durante el desarrollo de los mismos(8).

Igualmente, la misma jurisprudencia ha destacado como características de este sistema de imputación las siguientes: 1) se produce frente a actuaciones u omisiones, diferentes a providencias judiciales, necesarias para adelantar un proceso; 2) puede provenir de funcionarios judiciales y particulares que ejerzan facultades jurisdiccionales; 3) debe existir un funcionamiento defectuoso o anormal, partiendo de la comparación de lo que debería ser un ejercicio adecuado de la función judicial; 4) el título de imputación es el subjetivo, falla en el servicio y; 5) se manifiesta de tres formas: la administración de justicia ha funcionado mal, no ha funcionado o funcionó tardíamente(9).

Así mismo, el artículo 29 de la Constitución Política al consagrar la garantía del debido proceso proscribe las dilaciones injustificadas en los trámites tanto administrativos como judiciales y en el artículo 228 ibídem estableció los principios de celeridad y eficacia en la actuación judicial, al disponer que “los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado”. La misma garantía se prevé en el artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos cuando señala que el juicio sin dilaciones es un elemento básico del debido proceso legal, aplicable a todos los procesos judiciales. 

Finalmente, la jurisprudencia de esta sección ha precisado que “en el concepto de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia están comprendidas todas las acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia en que incurran no sólo los funcionarios sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares de la justicia”(10).

5. La determinación de la responsabilidad de la Nación - Rama judicial y del auxiliar de la justicia en el caso concreto.

En el caso que se examina, el actor hace consistir la responsabilidad de la Nación - Rama judicial por la falta de custodia, deterioro y no entrega de los bienes muebles embargados, secuestrados y rematados dentro del proceso ejecutivo adelantado contra la señora Luz Mila Buitrago Calderón, por parte del juzgado quinto civil municipal de Ibagué.

En efecto, según el acta de diligencia de embargo y secuestro adelantada por la Inspección Décima Urbana Municipal de Policía de Ibagué, comisionada por el juzgado de conocimiento dentro del referido proceso ejecutivo el 5 de febrero de 2001, a la ejecutada se le embargaron y secuestraron los siguientes bienes: un juego de sala, una silla mecedora pequeña hecha de madera, un televisor a blanco y negro “en regular estado y funcionando”, una aspiradora “sin comprobar funcionamiento”, una nevera de color blanco de ocho pies “sin referencia a la vista y funcionando” y una lavadora de cuatro ciclos “en buen estado y funcionando”(11).

En la misma diligencia, el funcionario comisionado negó la oposición presentada por el señor Robert Dana Vélez quien dijo ser el dueño de los bienes muebles embargados y secuestrados, por no haber acreditado la propiedad sobre los mismos.

Igualmente, el secuestre debidamente posesionado por el funcionario comisionado recibió los bienes a entera satisfacción y procedió a dejarlos en depósito provisional y gratuito al señor Robert Dana Vélez, quien los aceptó y se le hicieron las advertencias de ley sobre la responsabilidad penal y civil por dicho encargo. Posteriormente, el 29 de marzo de 2006 se llevó a cabo diligencia de remate de los bienes, los cuales fueron adjudicados al señor Javier Noguera Peralta, quien fue el único postor(12).

El 10 de mayo de 2006 el depositario, señor Robert Dana Vélez, informó al juzgado quinto civil municipal de Ibagué que en vista de que no podía continuar con el depósito de los bienes rematados en el sitio donde fueron embargados, los había trasladado a un sitio privado, previa celebración de un contrato de arrendamiento con el señor Arnulfo Lozano Campos, bienes de los cuales debía hacerse cargo el secuestre, a quien dijo haber llamado para que los retirara pero este no acudió a ello(13).

El 30 de julio de 2006 el depositario presentó al juzgado incidente de exclusión del secuestre, por lo que consideró omisiones graves en su gestión, dado que no retiró los bienes una vez rematados como lo preveía el artículo 682 numeral 4 del Código de Procedimiento Civil, ni tampoco rindió el informe mensual de gestión a que se refería el artículo 10 del mismo estatuto(14).

En virtud de tal solicitud, el 11 de septiembre de 2006, el juzgado quinto civil municipal de Ibagué decidió dar trámite incidental a la investigación de la conducta del auxiliar de la justicia, señor Carlos Ángel Cubillos Bonilla, por cuanto este no había cumplido estrictamente las exigencias del artículo 9º numeral 2 del Código de Procedimiento Civil(15).

En la misma fecha ese despacho aprobó el remate, canceló el embargo y secuestro de los bienes y ordenó al secuestre entregar los bienes rematados al rematante, señor Javier Noguera Peralta(16).

El 15 de septiembre de 2006 el secuestre Carlos Ángel Cubillos Bonilla contestó el trámite incidental adelantado en su contra manifestando que no había rendido cuentas mensuales de los bienes embargados y secuestrados porque los mismos eran de uso doméstico, que no generaban dinero por su uso y que habían sido dejados en depósito al señor Robert Dana Vélez(17).

Señaló igualmente, que cada mes verificaba que los bienes muebles se encontraran en su sitio pero perdió contacto con el depositario cuando este se los llevó a otra parte y que como el mismo no había renunciado a su cargo, era el depositario quien debía rendir cuentas, de conformidad con el artículo 10 inciso final del Código de Procedimiento Civil.

También adujo que no había hecho entrega de los mismos porque el remate no estaba en firme, no había recibido los oficios y no lo dejaban ingresar a la bodega donde se encontraban los bienes, además tampoco tenía certeza de si se trataba de los mismos bienes.

Así mismo, consta que el 20 de septiembre de 2006, el secuestre denunció penalmente al señor Robert Dana Vélez por los presuntos delitos de fraude procesal y fraude a resolución judicial, por haber celebrado contrato de arrendamiento para el depósito de los bienes embargados colocándolo como arrendatario a él y al señor Javier Noguera Peralta, sin su autorización(18). Al respecto, el 12 de octubre de 2006, la fiscalía 53 seccional de Ibagué decretó resolución de preclusión de la investigación en favor del señor Robert Dana Vélez(19).

El 29 de septiembre de 2006 el juzgado dispuso que el secuestre debía responder ante el despacho y ante las partes por los bienes que le fueron entregados en la diligencia de embargo y secuestro(20).

Por su parte, el 12 de enero de 2007, el secuestre solicitó al juzgado que comisionara a la inspección de policía correspondiente para realizar la entrega de los bienes rematados(21).

El 2 de febrero de 2007 el juzgado quinto civil municipal de Ibagué comisionó a la dirección del grupo de justicia y seguridad del municipio de Ibagué para practicar la diligencia de entrega de los bienes muebles y enseres a favor del rematante Javier Noguera Peralta(22).

El 16 de mayo de 2007 el señor Arnulfo Lozano Campos le informó al juzgado el nuevo lugar de ubicación de los bienes, por motivo de traslado de sus instalaciones y oficinas(23).

El 6 de julio de 2007 se llevó a cabo diligencia de entrega de los bienes rematados, de la cual participaron el hoy demandante, en su calidad de rematante, y la inspectora de la Inspección Permanente Central de Policía de Ibagué, sin embargo, los bienes no pudieron ser entregados, pues según consta en el acta la persona que los atendió les enseñó dónde se encontraban los bienes pero luego cerró la puerta de la bodega y dado que no hubo acompañamiento policial, no se pudo realizar allanamiento al lugar por lo que se suspendió la diligencia, a la cual no asistió el secuestre(24).

No obstante, la inspectora de policía que suspendió la diligencia, no fijó nueva fecha ni solicitó acompañamiento policial para adelantar la entrega para la cual fue comisionada y mediante oficio del 13 de septiembre de 2007 devolvió el despacho comisorio al juzgado quinto civil municipal de Ibagué(25).

Finalmente, mediante Auto del 30 de marzo de 2009 el juzgado quinto civil municipal de Ibagué decidió excluir al señor Carlos Ángel Cubillos Bonilla de la lista de auxiliares de la justicia y le impuso sanción de multa por valor de $ 993.800, al considerar que no existía prueba sobre la rendición de informes por parte del secuestre y que con la denuncia penal formulada contra el depositario 5 años después de haber recibido los bienes embargados, no se desvirtuó el abandono por parte del auxiliar de la justicia(26).

En el mismo auto el juzgado resaltó que en el interrogatorio de parte rendido por el auxiliar de la justicia, este manifestó que no recordaba haber rendido cuentas y solo hasta el 1º de agosto de 2006, cuando fue requerido, se enteró del remate de los bienes e informó del traslado de los mismos por parte del depositario, sin su consentimiento, lo cual evidenció su negligencia. Esta decisión fue recurrida por el sancionado y confirmada por el despacho mediante providencia del 23 de abril de 2009(27).

Como antes se precisó, el defectuoso funcionamiento se materializa en actividades por la cuales se desarrolla el proceso judicial distintas a las providencias jurisdiccionales, incluyendo todas las acciones y omisiones no solo de los funcionarios y empleados judiciales sino también de los particulares investidos de funciones jurisdiccionales y de los auxiliares de la justicia.

De todo lo allegado al plenario observa la Sala que se presentaron serias inconsistencias en el cuidado y custodia de los bienes embargados y posteriormente rematados al demandante dentro del proceso ejecutivo ya referido, pues una vez el secuestre los dejó en depósito gratuito al particular que los custodió por más de 5 años, hasta cuando los trasladó a otro lugar, el auxiliar de la justicia no demostró haber permanecido al tanto del destino de dichos bienes, ni de su estado, ni informó cualquier situación respecto de ellos al juzgado, como era su deber.

En efecto, desde febrero de 2001 cuando los bienes fueron embargados y fue designado el secuestre de los mismos, hasta agosto de 2006 cuando ya habían sido rematados y el despacho de conocimiento lo requirió para su entrega, el secuestre no se dio por enterado de lo que había acontecido con dichos bienes, no se había comunicado con el depositario ni supo hasta entonces del nuevo lugar donde se encontraban, tampoco solicitó apoyo del juzgado o de la policía para ingresar a la bodega y verificar la existencia y estado de los mismos.

Por su parte, el juzgado quinto civil municipal de Ibagué no dio trámite expedito al incidente de exclusión del auxiliar de la justicia el cual inició en 2006 y culminó en 2009 con la remoción del secuestre y tampoco lo requirió para rendir cuentas de su gestión.

De igual manera, ese juzgado no se ocupó de requerir el despacho comisorio a la Inspección de Policía de Ibagué, que en julio de 2007 fue comisionada para la diligencia de entrega de los bienes, quien no pudo ingresar al lugar, no solicitó apoyo policial para dar efectivo cumplimiento a la orden judicial ni fijó nueva fecha para reintentar la diligencia, simplemente, en septiembre del mismo año devolvió el despacho comisorio sin diligenciar, quedando el rematante sin posibilidad de acceder a los bienes que ya le habían sido adjudicados.

No obstante, el juzgado quinto civil municipal de Ibagué no requirió informe alguno por la devolución del despacho comisorio sin diligenciar, por el contrario, la agregó a los autos “para todos los efectos legales”(28).

De todo lo anterior se colige la falla en el servicio de la administración de justicia en cabeza del juzgado quinto civil municipal de Ibagué y del auxiliar de la justicia, pues si bien no se comprobó el deterioro o pérdida de los bienes, como lo aseveró el a quo, tampoco se allegó al plenario prueba alguna de que se celebrara nueva diligencia de entrega de los bienes mediante otra comisión para ello o la designación de un nuevo auxiliar de la justicia o directamente por el despacho.

Lo que se observa es que el secuestre no cumplió debidamente con sus funciones como tampoco el despacho de conocimiento que actuó de forma tardía con la exclusión del auxiliar de la justicia pero sin resolver el asunto de la entrega de los bienes rematados al ejecutante como adjudicatario de los mismos.

Tal como lo alegó el demandante sí se le causó un daño antijurídico con ocasión de dicha falla, pues no se comprobó que finalmente le hayan sido entregados los bienes con los cuales se pagaría su acreencia, propósito por el cual el demandante había instaurado el proceso ejecutivo y conseguido que los bienes le fueran rematados y adjudicados.

Así lo determinó esta Sala en caso similar en el cual se señaló lo siguiente:

“Las omisiones en que incurrió el juzgado 23 civil municipal al no exigirle al secuestre la caución de buen manejo que prevé la ley y, al no haber ordenado medidas eficaces y oportunas cuando fue informado por el ejecutante de que el bien se encontraba en peligro por el incumplimiento reiterado del secuestre, son muestra clara de que le faltó diligencia y cuidado en el ejercicio de las funciones de vigilancia y control al auxiliar judicial que fue designado en el proceso ejecutivo iniciado por el ahora demandante.

Tales irregularidades resultan particularmente graves, si se tiene en cuenta que se produjeron en torno al decreto, práctica y efectividad de las medidas cautelares ordenadas legalmente dentro de un proceso ejecutivo; máxime si se tiene en cuenta que éstas aseguran la efectividad del cobro ejecutivo, cumplen una función inmediata de protección frente a las contingencias que afectan el proceso y sirven para contrarrestar los riesgos derivados de su imperfección, es así como cualquier defecto en su trámite tiene implicaciones particularmente relevantes que conducen a la ineficacia de un derecho subjetivo, previamente demostrado, cierto y exigible(29).

De ahí que resulte forzoso concluir que los demandados Nación - Rama judicial y el señor Carlos Ángel Cubillos Bonilla son concurrentes en la responsabilidad por el daño antijurídico causado al demandante, por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia dentro del proceso ejecutivo que este adelantara contra la señora Luz Mila Buitrago Calderón ante el juzgado quinto civil municipal de Ibagué.

Por todo lo expuesto, se revocará el fallo apelado.

6. Liquidación de perjuicios.

6.1. Perjuicios materiales.

En cuanto a los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente por concepto del avalúo de los bienes muebles embargados, rematados y adjudicados al demandante por parte del juzgado quinto civil municipal de Ibagué, en suma de $ 1.970.000, dicha cantidad no admite discusión pues fue determinada por perito avaluador dentro del proceso ejecutivo según dictamen rendido el 11 de abril de 2005, el cual no tuvo objeciones ni modificación alguna(30).

Por tal razón se reconocerá dicha suma actualizando su valor a la fecha de esta providencia, de conformidad con la fórmula utilizada a continuación, donde la renta actualizada (Ra) es igual a la renta histórica ($ 1.970.000), multiplicada por la cifra que arroje dividir el índice de precios al consumidor del mes anterior a esta sentencia (índice final), por el índice de precios al consumidor vigente para abril de 2005 cuando fueron avaluados los bienes embargados y rematados (índice inicial), de la siguiente manera:

1
 

En relación con el lucro cesante el actor se limitó a señalar en la demanda que este sería determinado aplicando la máxima tasa de interés bancario pero no solicitó específicamente por qué concepto, motivo por el cual no se hará reconocimiento alguno.

6.2. Perjuicios morales.

Frente a los perjuicios morales el accionante solicitó la cantidad equivalente a cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes, argumentando la congoja que sufrió y, en especial, por su padecimiento al descubrir que el auxiliar de la justicia no cumplió con sus funciones, “lo cual produjo daños a mi vida, a la integridad personal, al buen nombre personal y familiar, a la dignidad humana, al honor, a la reputación e intimidad, los cuales me fueron menguados por dicho descuido”.

Pese a que la Sala ha ampliado el espectro de indemnización de este perjuicio el cual se extiende al derivado de la pérdida de bienes materiales, el alegado por el demandante en el caso concreto se sustenta en afirmaciones que carecen de comprobación en el expediente, pues no se allegó ninguna evidencia que diera certeza sobre la existencia y justificación de tal perjuicio, razón por la cual no se reconocerá.

7. Otras consideraciones.

Dado que la actuación del juzgado quinto civil municipal de Ibagué incidió en la declaratoria de responsabilidad del Estado y su consecuente condena por el presente fallo, se hace necesario expedir copias de esta providencia al Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, a fin de que investigue la conducta de quien se encontraba a cargo de dicho despacho para la época de los hechos, con motivo de las irregularidades aquí examinadas.

8. Decisión sobre costas.

Habida cuenta de que, para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVOCAR la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo del Tolima, el 3 de mayo de 2010 y, en su lugar, se dispone lo siguiente:

“1. DECLARAR administrativamente responsable a la Nación - Rama judicial en concurrencia con el señor Carlos Ángel Cubillos Bonilla por los daños y perjuicios causados al señor Javier Noguera Peralta, por el defectuoso funcionamiento en la administración de justicia por la no entrega de los bienes embargados y rematados a este último, dentro del proceso ejecutivo que adelantó contra la señora Luz Mila Buitrago Calderón ante el juzgado quinto civil municipal de Ibagué.

“2. CONDENAR en partes iguales a la Nación - Rama judicial y al señor Carlos Ángel Cubillos Bonilla a pagar al señor Javier Noguera Peralta, la suma de $ 3.178.111,02, por concepto de daño emergente.

“3. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

“4. Los demandados darán cumplimiento a esta sentencia en los términos indicados en los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

“5. Sin lugar a costas”.

2. Por secretaría EXPÍDANSE copias de esta providencia con destino al Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de la misma.

3. Ejecutoriada esta providencia, por secretaría REMÍTASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

Consejeros: Hernán Andrade Rincón—Marta Nubia Velásquez Rico—Carlos Alberto Zambrano Barrera. 

(1) Fls. 51 a 64 c. 1.

(2) Fls. 99 a 102 c. 1.

(3) Fls. 104 a 105 c. 1.

(4) Fls. 133 a 153 c. 5.

(5) Fls. 155 a 157 c. 4.

(6) Fl. 43 c. 1.

(7) Fls. 19 y 20 c. 1.

(8) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, Sentencia del 11 de agosto de 2010, Exp. 25000-23-26-000-1995-01337-01(17301), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(9) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, subsección C, Sentencia del 9 de septiembre de 2013, Exp. 25000-23-26-000-2000-01353-01(27452), C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

(10) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, subsección A, Sentencia del 14 de marzo de 2013, Exp. 25000-23-26-000-2002-00696-01(26577), C.P. Hernán Andrade Rincón.

(11) Fl. 5 c. 1.

(12) Fls. 19 y 20 c. 1.

(13) Fl. 24 c. 1.

(14) Fls. 25 a 27 c. 1.

(15) Fl. 28 c. 1.

(16) Fl. 29 c. 1.

(17) Fls. 10 a 14 c. 4.

(18) Fls. 15 a 18 c. 4.

(19) Fls. 32 a 36 c. 4.

(20) Fls. 30 y 31 c. 1.

(21) Fl. 43 c. 4.

(22) Fl. 38 c. 1.

(23) Fl. 40 c. 1.

(24) Fl. 41 c. 1.

(25) Fl. 43 c. 1.

(26) Fls. 76 a 82 c. 4.

(27) Fls. 94 a 96 c. 4.

(28) Fl. 389 c. 4.

(29) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, subsección A, Sentencia del 14 de marzo de 2013, Exp. 25000-23-26-000-2002-00696-01(26577), C.P. Hernán Andrade Rincón.

(30) Fls. 13 y 14 c. 1.