Sentencia 2008-00646 de agosto 1º de 2013

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 68001 23 31 000 2008 00646 01 (19434)

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Actor: Inocencio Sarmiento Monsalve (NIT 13643022-9)

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN

Impuesto sobre la renta - 2004

Fallo

Bogotá, D.C., primero de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

La Sala decide sobre la legalidad de los actos por los cuales la DIAN modificó la declaración de renta que el actor presentó por el año 2004.

En el expediente se encuentran probados los siguientes hechos:

• El 6 de febrero de 2007, la DIAN profirió requerimiento especial, en el que propuso modificar la declaración de renta del demandante para (i) desconocer costos y deducciones, rentas exentas y retenciones, (ii) incrementar el impuesto a cargo e (iii) imponer sanción por inexactitud.

• No obstante que el requerimiento especial se notificó por correo el 9 de febrero de 2007, el actor no lo objetó.

• El 4 de octubre de 2007, la administración tributaria notificó la liquidación de revisión.

• Dentro del término para interponer el recurso de reconsideración, el demandante no lo interpuso(9).

• El 28 de noviembre de 2007, el contribuyente corrigió la declaración para aceptar algunas deducciones, disminuir a cero (0) las rentas exentas y las retenciones, fijar el impuesto a cargo en $ 15.972.000 y liquidar la sanción por inexactitud sobre el mayor saldo a pagar que determinó en esa declaración, reducida al 50% ($ 8.505.000).

• El 4 de diciembre de 2007, radicó un memorial en el que aceptó parcialmente los hechos planteados en la liquidación de revisión y solicitó la aprobación de las correcciones aceptadas y la sanción por inexactitud reducida.

• Por resolución de 15 de febrero de 2008, la demandada negó la reducción de la sanción por inexactitud.

• Por Resolución 40772008000001 notificada el 16 de octubre de 2008, la DIAN confirmó el acto que negó la reducción de la sanción.

La Sala precisa que de acuerdo con las pretensiones y los argumentos que expuso en la demanda, el actor cuestionó exclusivamente la legalidad de la liquidación de revisión, no la de los actos que negaron la reducción de la sanción por inexactitud, como acertadamente lo advierte el Ministerio Público.

En efecto, en la demanda pidió que:

“Se decrete la nulidad del acto administrativo contenido en la liquidación oficial de revisión 040642007000029 de fecha 25 de septiembre del año 2007 por medio de la cual se le aplica una sanción económica tributaria al señor Inocencio Sarmiento Monsalve por inexactitud. Dentro del Expediente DT-2004-2006-005929 por concepto de renta, año gravable 2004, cuyo NIT es 13.643.022-9. Igualmente, se decreta (sic) la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución recurso de reconsideración 40772008000001 del 9 de octubre de 2008, el cual confirma la liquidación oficial de revisión enunciada inicialmente”(10).

A su vez, cuestionó únicamente la legalidad de la liquidación oficial de revisión porque, a su juicio (i) la DIAN desconoció el debido proceso toda vez que no notificó el requerimiento especial en forma correcta; (ii) los costos presuntos eran procedentes y las cifras declaradas cuentan con respaldo probatorio y (iii) la sanción por inexactitud por $ 153.642.000 era muy elevada.

La Sala insiste en que el actor no demandó los actos que negaron la reducción de la sanción, pues todos los argumentos de la demanda se dirigieron a cuestionar las modificaciones a la declaración privada, efectuadas en la liquidación de revisión, entre ellas, la elevada sanción por inexactitud.

Y, si bien dijo demandar la Resolución recurso de reconsideración 40772008000001 de 9 de octubre de 2008, que confirmó el acto que negó la reducción de la sanción, lo hizo con el erróneo convencimiento de que ese acto “confirmaba la liquidación oficial de revisión.

En síntesis, el actor solo demandó, realmente, la liquidación oficial de revisión, acto respecto del cual no interpuso recurso de reconsideración.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 135 del Código Contencioso Administrativo, el agotamiento de la vía gubernativa es presupuesto procesal de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Según los artículos 62 y 63 ibídem, el agotamiento de la vía gubernativa se produce cuando el acto administrativo queda en firme, porque (i) no proceden recursos en su contra, (ii) los recursos interpuestos ya fueron resueltos, o (iii) no se interpusieron los recursos de reposición y queja, que eran los únicos procedentes.

El artículo 720 ibídem(11) establece que contra la liquidación de revisión y demás actos de la DIAN proferidos en relación con los impuestos que administra procede el recurso de reconsideración, que es obligatorio.

Solo puede prescindirse del recurso de reconsideración y demandar directamente la liquidación de revisión cuando el contribuyente responde en debida forma requerimiento especial, caso en el cual el término de caducidad de la acción se cuenta a partir de la notificación de la liquidación oficial de revisión.

En la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la pretensión de nulidad debe recaer sobre el acto definitivo y el acto que lo confirma o modifica, salvo que la administración decida revocar la decisión inicial, pues, en tal situación, únicamente es demandable el acto que resolvió el recurso(12).

Así, quien pretenda la nulidad de actos proferidos por la DIAN en relación con los impuestos que administra debe demandar el acto definitivo y el acto que resuelve el recurso de reconsideración, a menos que éste revoque el primero, pues en tal situación se demandaría el último.

En el caso en estudio, el actor no agotó la vía gubernativa porque no interpuso el recurso de reconsideración contra el acto definitivo que demandó, esto es, la liquidación de revisión. Además, no podía demandar directamente la liquidación oficial de revisión, comoquiera que no contestó el requerimiento especial.

En consecuencia, estaba probada la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa frente a la liquidación oficial de revisión, por lo cual debía proferirse fallo inhibitorio.

En ese orden de ideas, la Sala modifica el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia apelada para declarar probada la excepción ya mencionada y proferir fallo inhibitorio y revoca el numeral segundo que negó las pretensiones de la demanda.

Por último, la mención del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Bucaramanga que se hace en la parte final de las consideraciones de la sentencia impugnada obedece a un error de transcripción que no afecta la validez del fallo.

Lo anterior, por cuanto en el encabezado de la providencia apelada aparece el nombre del Tribunal Administrativo de Santander y quienes la suscriben son los magistrados que componen dicho tribunal. En consecuencia, se cumplen las formalidades del artículo 303 inciso 1º del Código de Procedimiento Civil(13).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFÍCASE el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia apelada. En su lugar dispone:

1. DECLÁRASE probada la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa e INHÍBESE la Sala para proferir fallo de fondo.

2. REVÓCASE el numeral segundo.

3. RECONÓCESE a JULIO CÉSAR RUIZ MUÑOZ como apoderado de la demandada, en los términos del poder conferido (fl. 17, c.p. 2).

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase».

(9) El término para interponer el recurso de reconsideración venció el 4 de diciembre de 2007 teniendo en cuenta que, de acuerdo con el artículo 720 del estatuto tributario, el plazo es de dos meses contados a partir de la interposición en debida forma.

(10) Folio 297, c.p. 1.

(11) “ART. 720.—Recursos contra los actos de la administración tributaria. Sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales de este estatuto, contra las liquidaciones oficiales, resoluciones que impongan sanciones u ordenen el reintegro de sumas devueltas y demás actos producidos, en relación con los impuestos administrados por la Unidad Administrativa Especial Dirección General de Impuestos Nacionales, procede el recurso de reconsideración. (...) PAR.—Cuando se hubiere atendido en debida forma el requerimiento especial y no obstante se practique liquidación oficial, el contribuyente podrá prescindir del recurso de reconsideración y acudir directamente ante la jurisdicción contencioso administrativa dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación de la liquidación oficial”.

(12) Código Contencioso Administrativo. ART. 138.—“Individualización de las pretensiones. Cuando se demande la nulidad del acto se le debe individualizar con toda precisión. Cuando se pretendan declaraciones o condenas diferentes de la declaración de nulidad de un acto, deberán enunciarse clara y separadamente en la demanda. Si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen; pero si fue revocado, sólo procede demandar la última decisión. Si se alega el silencio administrativo a la demanda deberán acompañarse las pruebas que lo demuestren”.

(13) Código de Procedimiento Civil. “ART. 303.—Formalidades. Toda providencia se encabezará con la denominación del correspondiente juzgado o corporación, seguida del lugar y la fecha en que se pronuncie, expresada en letras, y terminará con las firmas del juez o los magistrados (...)”.