Sentencia 2008-00649/44595 de octubre 12 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero 

Rad.: 08001-23-31-000-2008-00649-01 (44595)

Actor: William Miguel De Alba Sierra

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional

Ref.: Medio de control de reparación directa

Bogotá, D.C., doce de octubre de dos mil diecisiete.

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación presentado por la parte demandante y la Procuraduría General de la Nación en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, el 18 de mayo de 2011, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

Síntesis del caso

El 28 de octubre de 2007, con ocasión de las elecciones realizadas en Colombia para designar gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles en todos los municipios del territorio nacional, el señor William Miguel de Alba Sierra fue designado testigo electoral en el municipio de Soledad, Atlántico, mesa de votación Nº 38, puesto 03, zona 1, ubicada en el Colegio Inobasol de dicha entidad territorial. Durante el desarrollo del certamen electoral y cuando se aproximaban las 3:30 p.m., los jurados de la mesa de votación le solicitaron al señor de Alba Sierra recoger el tarjetón que se encontraba abandonado en uno de los cubículos del centro de votación y lo introdujera en alguna de las urnas. Al momento de ejecutar la orden, el testigo electoral fue increpado por un votante y puso dicha acción en conocimiento de uniformados de la Policía Nacional adscritos al Departamento de Policía Seccional Atlántico, quienes luego de detenerlo lo pusieron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

I. Antecedentes

A. Lo que se demanda.

1. Mediante escrito presentado el 13 de noviembre de 2008 ante el Tribunal Administrativo del Atlántico (fl. 1 a 6, cdno. 1), el señor William Miguel de Alba Sierra, mediante apoderado debidamente constituido (fl. 7, cdno. 1), en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, formuló demanda contra La Nación - Ministerio de Defensa Nacional, por los perjuicios ocasionados con la privación injusta de la libertad de la que fue víctima, el 28 de octubre de 2007, en el municipio de Soledad - Atlántico. Como consecuencia de lo anterior, solicitó se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:

1. Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa de los perjuicios causados al demandante con motivo de la captura arbitraria, abusiva e injusta de que (sic) este fue objeto, ocurrida el 28 de octubre de 2007 en el puesto de votación del Colegio Inobasol ubicado en el municipio de Soledad, por parte de agentes de policía adscritos al Departamento de Policía Seccional Atlántico.

2. Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa a pagar al demandante los perjuicios materiales sufridos con motivo de esa captura arbitraria, abusiva e injusta de que (sic) fue objeto por parte de miembros de la Policía Nacional - Ministerio de Defensa, teniendo en cuenta las siguientes bases de liquidación:

a) El salario devengado por el demandante como periodista de Emisoras ABC programa “El Atlántico al Día” o sea la suma de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000) mensuales al momento de ser despedido por virtud de los hechos relacionados con su captura arbitraria, abusiva e injusta por parte de miembros de la Policía Nacional, más un veinticinco (25%) por ciento de prestaciones sociales.

b) La vida activa profesional del demandante y la edad promedio probable del ser humano en nuestro medio; teniendo en cuenta que cuando se produjo el hecho generador del daño antijuirídico contaba con 34 años de edad y estaba en plenitud de su actividad periodística, gozando en ese momento de estabilidad laboral y con contrato a término indefinido, además por las dificultades que implica en nuestra Nación conseguir trabajo.

(...).

3. Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa a pagar al demandante, el equivalente en pesos la cantidad de mil (1.000) gramos oro fino según su precio internacional certificado por el Banco de la República a la fecha de la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia como perjuicios morales causados por el mismo hecho.

1.1. En respaldo de sus pretensiones, la parte actora adujo los hechos que se resumen a continuación: i) En razón del certamen electoral que se llevaría a cabo el 28 de octubre de 2007, el señor William Miguel de Alba Sierra fue designado testigo electoral de la mesa de votación Nº 38 del puesto 03, zona 1, ubicada en el Colegio Inobasol del municipio de Soledad, Atlántico. ii) Aproximadamente a las 3:30 p.m., los jurados de la mesa de votación le solicitaron al testigo electoral recoger un tarjetón sin marcar que había sido abandonado en uno de los cubículos del centro de votación para que lo introdujera en cualquiera de las urnas; sin embargo, al momento de ejecutar la petición, el testigo fue abordado por agentes de la Policía Nacional que prestaban servicio en dicho lugar, quienes lo aprehendieron y lo dejaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. iii) Por cuenta de esta aprehensión, el testigo electoral fue vinculado a una investigación penal y mediante providencia del 6 de noviembre de 2007, la Fiscalía General de la Nación resolvió la situación jurídica del señor William de Alba Sierra en la que se abstuvo de proferir medida de aseguramiento en su contra y ordenó su libertad inmediata. iv) Finalmente, el 3 de abril de 2008, la Fiscalía de conocimiento precluyó la investigación por no tener fundamentos probatorios que le permitieran demostrar que los hechos investigados eran constitutivos de alguna conducta punible. v) El accionante estuvo privado de la libertad por espacio de nueve (9) días.

B. Trámite procesal.

2. Surtida la notificación del auto admisorio de la demanda, la entidad demandada presentó oportunamente escrito de contestación, así:

2.1. La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional se opuso a las pretensiones de la misma por estimar que los uniformados actuaron con soporte en las normas sustantivas y procesales vigentes y en el estricto marco de sus competencias constitucionales y legales, pues si se tiene en cuenta las circunstancias que rodearon el caso, se adelantó la aprehensión que le correspondía llevar a cabo frente a la denuncia interpuesta oportunamente por un ciudadano que concurría al certamen electoral (fl. 177 a 179, cdno. 1).

2.2. El Ministerio Público por intermedio del Procurador 117 Delegado ante el Tribunal Administrativo del Atlántico calificó de ilícita e injusta la privación de la libertad padecida por el actor, con fundamento en que los hechos que dieron origen a su captura no generaban la suficiente certeza respecto de la comisión del delito electoral y, por ende, la actuación de la Policía Nacional constituyó una vía de hecho que limitó el derecho fundamental a la libertad del sindicado. Indicó que de las pruebas allegadas al proceso se evidencia la inexistencia de manipulación o actuación preconcebida dolosa por parte del actor para alterar el cómputo electoral y generar favorecimiento a un determinado candidato, razón por la que la detención preventiva resultó abusiva, desproporcional y arbitraria (fl. 202 a 217, cdno. 1).

3. Surtido el trámite de rigor y practicadas las pruebas decretadas, el Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico profirió sentencia de primer grado el 18 de mayo de 2011 mediante la cual denegó las súplicas de la demanda. Fundó su decisión en las siguientes consideraciones: i) La configuración de los presupuestos legales que solventaron la captura en flagrancia del señor William de Alba Sierra por parte de los agentes de la Policía Nacional y la existencia de razones objetivas e indicios razonables y conducentes. ii) El cumplimiento de los lineamientos legales y constitucionales instaurados para la ejecución del procedimiento policivo adelantado por la accionada, así como el respeto de las garantías constitucionales del detenido (fl. 202 a 223, c.p.).

4. Contra la sentencia de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación(1) interpuso y sustento el 30 de junio de 2011 recurso de apelación a fin de que se revocara y, en su lugar, se accediera a las pretensiones formuladas por el actor. La razón principal de su inconformidad consistió en que la Policía Nacional cuando restringió del derecho fundamental a la libertad al actor actuó de manera irracional y arbitraria con lo que incurrió en una vía de hecho, pues de las probanzas aportadas al proceso contencioso, se evidenciaba que no existió ningún hecho constitutivo de delito en la modalidad de flagrancia ni una actuación provista de mala fe o dolo por parte del encartado que sirviera de sustento a los uniformados para efectuar la captura (fl. 224 a 230, c.p.).

4.1. En el mismo sentido, la parte demandante impugnó el 26 de agosto de 2011 la decisión acogida por el a quo, cuya inconformidad consiste en la configuración de una actuación arbitraria de la entidad demandada al haberlo capturado en supuesta flagrancia, si se tiene en cuenta que no se demostró durante el proceso penal la existencia de las alteraciones electorales en las que presuntamente incurrió el demandante, en virtud de la cuales se fundó la captura (fl. 232 a 233, c.p.).

5. Mediante auto del 10 de octubre de 2012, la Sección Tercera del Consejo de Estado ordenó correr traslado a las partes por el término de diez (10) días para alegar de conclusión, y al Ministerio Público para que procediera de conformidad con el artículo 59 de la Ley 446 de 1998 (fl. 241, c.p.).

5.1. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio (fl. 242, c.p.)

II. Consideraciones

A. Presupuestos procesales de la acción.

6. Por ser la demandada una entidad estatal, el presente asunto es de conocimiento de esta jurisdicción, de acuerdo con el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo.

6.1. La Sala es competente para resolver el presente caso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en razón a la naturaleza del asunto. En efecto, la Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y determinó la competencia funcional para conocer de tales asuntos en primera instancia en cabeza de los tribunales administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea menester dilucidar lo relacionado con la cuantía(2).

6.2. La acción de reparación directa establecida en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo es la procedente en este caso, por cuanto las súplicas de la demanda van encaminadas a solicitar la declaratoria de responsabilidad de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, por las acciones y omisiones en que incurrió con ocasión de la detención que sufrió el señor William Miguel de Alba Sierra y, en consecuencia, está legitimada para reparar los perjuicios por él alegados.

6.3. En cuanto a la legitimación en la causa por activa, se encuentra acreditada por el señor William Miguel de Alba Sierra, quien manifiesta ser la víctima de la detención.

6.4. Frente a la legitimación en la causa por pasiva, la Sala encuentra que el actor atribuyó los daños por él padecidos a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional por haber participado en la producción del daño, al tiempo que formuló pretensiones indemnizatorias sobre aquella, razón por la que en el presente caso se encuentra legitimada en la causa por pasiva.

6.5. Finalmente en lo concerniente a la caducidad. El ordenamiento jurídico consagra esta figura como una sanción por el no ejercicio oportuno de las acciones judiciales, para lo cual la ley establece taxativamente unos términos dentro de los cuales el interesado tendrá la carga de promover el litigio a través de demanda. Si el recurso judicial se ejerce por fuera de este lapso temporal, aquel perderá la posibilidad de hacer efectivo el derecho sustancial que intenta deprecar ante la administración de justicia.

6.6. En ese orden de ideas, el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, en lo relativo a la acción de reparación directa, instituye un término de dos años para que sea impetrada, contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de la causa del daño (hecho, omisión, operación administrativa u ocupación temporal o permanente), vencido el cual ya no será posible solicitar que se declare la responsabilidad patrimonial del Estado.

6.7. En efecto, de conformidad con las pruebas obrantes en el plenario, resulta acreditado que el señor William Miguel de Alba Sierra fue detenido el 28 de octubre de 2007 en Soledad, Atlántico, por uniformados de la Policía Nacional y la demanda fue presentada el 13 de noviembre de 2008, razón por la que no operó el fenómeno de caducidad.

B. En lo concerniente a las pruebas.

7. En relación con algunos medios de prueba que se relacionarán en el acápite de hechos probados, la Sala hará una breve referencia a los testimonios trasladados.

7.1. La mayoría de testimonios, provenientes de una investigación penal adelantada por la jurisdicción penal en contra del señor William de Alba Sierra, fueron allegados al sub lite por la parte actora en copia auténtica (fl.4, cdno. 1), coadyuvadas por la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional (fl. 179, cdno. 1), las cuales fueron decretados por el juez de primer grado en el auto de pruebas (fl.199, cdno. 1).

7.2. Cabe recordar que el art. 185 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al procedimiento contencioso administrativo en virtud de lo señalado en el art. 267 del Código Contencioso Administrativo, dispone que las pruebas practicadas válidamente en un proceso foráneo podrán trasladarse a otro en copia auténtica, y serán apreciables, sin más formalidades, “siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”.

7.3. Si bien es cierto que no se llevó a cabo esta formalidad en el proceso primigenio, también lo es que, de acuerdo con la jurisprudencia unificada por esta Corporación, las pruebas recaudadas en un proceso distinto pueden ser valoradas dentro del proceso contencioso administrativo, aunque no hayan sido practicadas a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella, ni hayan sido objeto de ratificación, si las dos partes solicitan en el trámite contencioso administrativo su traslado o el mismo se da con la anuencia de ellas, pues se ha entendido que es contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que dichas pruebas hagan parte del acervo probatorio, pero que luego de resultar desfavorables a sus intereses, invoque formalidades legales para su inadmisión(3).

7.4. De esta manera, toda vez que las declaraciones juramentadas de varios testigos que reposan en el proceso penal fueron allegadas al presente trámite en copia auténtica con la presentación de la demanda y en la contestación de la misma la Policía Nacional coadyuvó la práctica de dicha prueba, y fueron puestas en conocimiento de los sujetos procesales, la Sala considera que serán susceptibles de valoración sin formalidad adicional alguna.

B. Hechos probados.

8. De conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso, se tienen por probados los siguientes hechos relevantes:

7.1. El 28 octubre de 2007 se realizaron elecciones en Colombia con el fin de elegir los cargos de gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles de los municipios. El señor William Miguel De Alba Sierra, de ocupación periodista(4), quien trabajaba en el programa “El Atlántico al día” de las Emisoras A.B.C(5)., fue designado con ocasión del certamen democrático testigo electoral por partido social de Unidad Nacional(6) en la mesa Nº 38, puesto 3, zona 01, Colegio Inobasol del municipio de Soledad, Atlántico, cuyo jurado estaba conformado por los señores Jesús María de la Hoz, Yesid Bayter Arias y Yelitza Paola Madrid Caballero. A las 15:30 horas de aquel día, el señor de Alba Sierra fue detenido en dicho lugar de votación por miembros de la Policía Nacional bajo la sospecha de estar alterando resultados electorales y, como consecuencia de dicha conducta, fue puesto a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata U.R.I.(7). En el informe de policía se consignó que un votante que concurría a sufragar, Never José Muskus Acosta, solicitó la presencia de los uniformados en la mesa Nº 38 porque, según dicho testigo, el señor De Alba Sierra tomó un tarjetón electoral abandonado, lo manipuló y lo introdujo en la urna. Al respecto, en dicho informe de policía, se consignó los siguientes datos relevantes para el presente proceso:

Hechos: Siendo las 15:30 horas aproximadamente del día 28/10/07, me encontraba como comandante del puesto de votación del colegio Inobasol, ubicado en la calle 15 Nº 18-64, barrio la Plaza del municipio de Soledad, al momento me llama el PT. Álvarez Pamiza Jhon, quien se encuentra de servicio en este puesto de votación y me manifiesta que en la mesa 38 de este colegio había una discusión entre un testigo de los hechos, quien ese momento iba a sufragar de nombre Never José Mus[k]us (sic) Acosta (…) y los jurados de la mesa de votación, quienes más adelante se relacionan, y el capturado porque se observa que el señor antes mencionado [De Alba Sierra], quien ese momento portaba una credencial como testigo de la mesa de votación, toma un tarjetón que se encontraba en el cubículo, lo manipula y lo introduce en la urna electoral. El antes mencionado no tenía inscrita la cédula de ciudadanía en esta mesa violando los artículos anteriormente fueron descritos. Al testigo de los hechos se le recibe una entrevista de los hechos, la cual se anexa al presente informe y a continuación relaciono los jurados de la mesa 38, así: De La Hoz De Alba María (…) 2. Bayter Arias, Yesid (…), 3. Madrid Caballero Yelitza, Paola”. Anexó acta de derechos del capturado, entrevista realizada al señor Never José Mus[k]us (sic) Acosta, escarapela referencia E15 de la Registraduría Nacional del Estado Civil a nombre del capturado como testigo ante la mesa de votación, se resalta.

7.2. Según la versión de los hechos denunciados por el señor Never Muskus Acosta, se trataba de una persona que entró al cubículo donde el votante debía sufragar y tomó un tarjetón electoral que se encontraba abandonado y lo introdujo en la urna. El testigo manifestó(8):

Haga un relato claro y detallado de los hechos: yo iba a entrar al cubículo de la mesa Nº 38 cuando observé que una persona entró primero yo (sic) al cubículo, agarró un tarjetón que se encontraba allí abandonado posteriormente entré yo al cubículo y cuando doy la vuelta me doy cuenta que dicho señor había puesto el tarjetón en la urna que se había encontrado abandonado en el cubículo. Preguntado: manifieste usted si alcanzó a observar el tarjetón que esta persona introdujo en la urna y en caso positivo manifieste ¿qué candidato? RESPONDIÓ: no porque se encontraba doblado (…) PREGUNTADO: ¿tiene algo más que agregar corregir o enmendar a la presente diligencia? CONTESTÓ: apenas me di cuenta del hecho que se había presentado le informé a los policías uniformados.

7.3. Asumido el caso por la Fiscalía Primera Delegada de la Unidad de Reacción Inmediata de Barranquilla y teniendo como base el informe de policía cuya prueba fundamental es la entrevista del testigo presencial, el ente investigador, por medio de providencia del 29 de octubre de 2007, ordenó la apertura de la instrucción en contra del señor De Alba y en diligencia de indagatoria el sindicado confirmó el desarrollo de los hechos tal como fueron consignados tanto en el informe de policía como en la versión de los hechos entregada por el señor Muskus Acosta donde se precisó que este último ante la presunta conducta irregular del testigo electoral solicitó el auxilio de los uniformados(9):

PREGUNTADO: Haga un relato claro y detallado de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fue capturado. CONTESTÓ: Yo fui capturado el día 28 de octubre siendo las tres y media de la tarde, yo era testigo electoral del partido de la U, estaba designado en la mesa número 38, y como testigo electoral uno entra y sale del recinto donde estaban ubicada las urnas porque no dejaban estar permanentemente en la mesa, sino a cierta distancia, me llamaron los jurados de la mesa 38 JESÚS DE LA HOZ y me comunicaron que había un tarjetón que lo habían dejado olvidado en el cubículo, estaba sin marcar, porque cuando lo cogí se los mostré a los jurados y es cuando procedo a meterlo en la urna y yo procedí delante de la persona que iba a sufragar que se esperara un momento mientras yo retiraba el tarjetón, recogí el tarjetón, se los mostré a los jurados y se dieron cuenta que el tarjetón estaba limpio, cuando yo procedo a introducirlo en la urna electoral porque ellos me dieron la orden, osea (sic) los jurados, y la persona que iba a votar llamó al C.T.I, a la policía que se encontraba en turno y al delegado de la Registraduría y le (sic) [dijo] a estas personas lo que yo había hecho, y entre otras cosas no dijo mentira, porque yo cogí el tarjetón y lo iba depositar en la urna y el comandante de la policía me dijo que lo esperara y me metieron en la rectoría del bachillerato (…) PREGUNTADO: Diga por qué razón o motivos el señor Jesús De La Hoz, quien se encontraba en la mesa número 38 como jurado, le solicitó a usted que cogiera el tarjetón que habían dejado abandonado en el cubículo y lo introdujera usted en la respectiva urna (…). CONTESTÓ: Cuando llegó el comandante de la policía preguntó quién había dado la autorización de que yo recogiera el tarjetón y Jesús De La Hoz se levantó y dijo que él había dado la orden para que yo lo recogiera y lo depositara en la urna. PREGUNTADO: Diga si la persona que se encontraba en ese momento en la mesa número 38 para ejercer su derecho al sufragio, escuchó o estaba presente cuando el señor JESÚS DE LA HOZ, le dijo a usted que recogiera el tarjetón del cubículo y lo introdujera en la urna. CONTESTÓ: Él estaba ahí y escuchó todo, ya que en todo momento estuvo ahí, y me preguntó que quien era yo y yo le mostré mi carnet de testigo electoral y le dije mi nombre y ni número de identificación (…) PREGUNTADO: se manifiesta en el informe policivo de captura suscrito por el subteniente Edwin Oliden Giraldo Valencia, comandante de policía manzana de soledad que usted fue capturado el día 28 de octubre siendo las 15:30 horas cuando se encontraban prestando sus servicios en el colegio Inobasol y el PT Álvarez Pamiza, Jhon, que se encontraba en servicio en ese puesto, le manifestó que en la mesa número 38 había una discusión entre un testigo que en ese momento iba a sufragar de nombre Never José Muscus Acosta y los jurados de votación señores De La Hoz De Alba, Jesús María, Bayter Arias Yesid, Madrid Caballero Yelitza, Paola, y usted, porque se observó cuando usted que en ese momento portaba un carnet como testigo electoral toma un tarjetón que se encontraba en el cubículo lo manipula y lo introduce en la urna electoral. Que usted no tenía inscrita su cédula en esa mesa. ¿Qué tiene que manifestar al respecto? CONTESTÓ: lo que no me gusta es la palabra manipulación porque se presta a entender como si yo lo hubiese marcado y yo lo que hice fue llegar y coger el tarjetón y delante de los jurados y el señor que estaba ahí, cogerlo y meterlo en la urna, pero por orden los jurados y en esa mesa no se presentó ninguna impugnación, ninguna anulación, ni nada.

7.4. Durante el desarrollo de la instrucción, el señor Jesús María De la Hoz, en declaración juramentada, coincidió con la descripción fáctica descrita por los otros testigos en el sentido de afirmar que el señor Never José Muskus Acosta solicitó el auxilio de los uniformados de la Policía Nacional cuando observó que el señor De Alba Sierra introdujo el tarjetón electoral abandonado en la urna. Esto fue lo que consignó en su declaración(10):

El día 28 de octubre yo fui suplente del presiente de la mesa de votación Nº 38 ubicada en el colegio Bachillerato masculino de Soledad en el piso segundo, eran las dos de la tarde del día 28 de octubre cuando llegó un señor de edad a cumplir con su derecho de votante, yo personalmente le entregué cuatro tarjetones, cuando él se dirige al cubículo, yo hice la mirada hacia el cubículo y vi un tarjetón puesto encima del cubículo y de inmediato me paré de la silla donde estaba sentado y le dije a la persona que se dirigía al cubículo y que yo le había entregado los cuatro tarjetones que se aguantara un momento ahí y me dirigí al testigo electoral que estaba ahí en ese momento que había un tarjetón en el cubículo, él se paró, se dirigió hacia donde estaba el tarjetón, lo cogió, lo miró, nos lo mostró que estaba en blanco y con consentimiento de los tres jurados que estaban en la mesa 38 y lo introdujo a la urna que es una caja donde meten los tarjetones. De los tres jurados recuerdo a uno que se llama YEDIS, que vive en Bario la Luz de Barranquilla y a una profesora que da clase en el INEM. Cuando el introdujo el tarjetón la persona que yo detuve y a la que le había entregado los cuatro tarjetones manifestó que el testigo electoral no podía hacer eso de introducir el tarjetón que había encontrado en el cubículo y la misma persona le preguntó al testigo electoral que como se llamaba y el testigo le dio el nombre completo y él lo apuntó en un memo y llamó a la policía y la policía vino y le dijo lo que sucedió y la policía llamó al registrador que estaba en ese momento en el área donde sucedieron los hechos y no sé qué dijo porque ellos salieron para el pasillo con el testigo electoral (…) -se subraya-

7.5. El anterior testimonio fue confirmado ante la Fiscalía General de la Nación también por otro jurado de votación, señor Yesid Bayter Arias(11):

El día 28 de octubre del presente año me tocó las veces de jurado en la mesa Nº 38 en la plaza de soledad, en el Colegio Inobasol, ahí estábamos cuatro jurados en la mesa y un testigo, el testigo de la mesa 38, siendo más o menos las tres de la tarde se acercó un señor a ejercer su derecho al voto, cuando nosotros le entregamos los cartones para que el ejerciera su derecho, nosotros miramos hacia el cubículo donde él iba a votar y uno de los compañeros de nombre Jesús se dio cuenta que había un tarjetón, entonces nosotros le dijimos al señor que iba a ejercer su derecho al voto que esperara un momento porque había un tarjetón en el cubículo donde iba a votar, nosotros le pedimos el favor al testigo electoral que se acercara al cubículo y que trajera el tarjetón, cuando él lo trajo él nos los mostró a nosotros y pudimos darnos cuenta de que el tarjetón no estaba marcado, entonces los que estamos en la mesa, en ese momento habíamos tres, tomamos la decisión de pedirle el favor al testigo de que lo depositara en la urna ya que estaba en blanco, entonces lo hizo, nosotros tomamos esa decisión porque en la mesa todas las personas que votaron eran personas de tercera edad y supusimos que a alguno se le olvidó depositarlo. Cuando el testigo mete el tarjetón en la urna, el señor que mandamos que esperara, vino y dijo y grito que eso no se podía hacer y nosotros le dijimos que eso no estaba marcado y eso no iba a afectar el conteo de los votos, al contrario si falta nos perjudicamos nosotros, entonces el señor dijo que no se podía hacer y formó un escándalo y llamó a la policía y nosotros dijimos que al testigo nosotros lo autorizamos, porque vimos que el tarjetón estaba sin marcar, entonces sacaron afuera a hablar con el testigo los policías y también sacaron al señor que estaba haciendo el escándalo, después nos enteramos de que al muchacho se lo habían llevado detenido (fl. 34, cdno. 1).

7.6. El 6 de noviembre de 2007, la Fiscalía 4ª Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Soledad se abstuvo de imponer medida de aseguramiento por considerar que cuando los integrantes del jurado de votación autorizaron al testigo electoral a introducir el tarjetón electoral abandonado en la urna no se evidenció ninguna conducta dolosa de su parte y, en consecuencia, ordenó su libertad provisional(12). Se consignaron los siguientes datos importantes en la resolución:

El procesado William Miguel De Alba Sierra, en su medio de defensa, manifiesta que el día de los hechos, él era testigo electoral de la mesa Nº 38 y estando en esas funciones fue llamado por los jurado de la mesa Nº 38 señor Jesús de la Hoz y le comunicaron que había un tarjetón que lo habían dejado olvidado en el cubículo, que estaba sin marcar, porque cuando él lo cogió se lo mostró a los jurados y es cuando procede a meterlo en la urna electoral porque ellos o sea el jurado de votación le dio la orden. Dice además que una persona que iba a votar llamó al C.T.I. y a policía que se encontraban de turno y al delegado de la Registraduría y les contó lo que él había hecho, lo cual para él no era mentira, pero que lo hizo por autorización del jurado de votación. Hace saber que en ningún momento en esa mesa de votación se presentó ninguna impugnación ni anulación y en cuanto a la afirmado en el informe policivo dice que no es cierto eso de que él haya manipulado el tarjetón por cuanto así como lo cogió y se lo mostró a los señores jurados de votación, así lo introdujo en la urna por orden de los señores jurados y por eso se declara inocente del cargo que le imputa -se subraya-.

Por otra parte, se allegó a esta investigación las declaraciones jurada de los señores: Jesús María De La Hoz De Alba y Yesid Bayter Arías, personas estas que actuaron como testigo de votación de la mesa Nº 38 del puesto de votación, ubicado en el Colegio Inobasol, de este municipio de soledad, personas estas que fueron testigos presenciales de los hechos que son objeto de esta investigación y quienes al unísono son coherentes al manifestar que efectivamente el señor William Miguel De Alba Sierra, quien actuó como testigo electoral ante la mesa de votación en la que ellos actuaron en las elecciones del 28 de octubre del presente año, recogió un tarjetón del cubículo de votación correspondiente a esta mesa de votación Nº 38 por orden de ellos, es decir, por parte del jurado del cual ellos hacían parte y le dieron la orden señor testigo electoral de esa mesa que recogiera el voto que se encontraba en el cubículo y lo introdujera en la urna, por cuanto debía ser que se le había quedado a alguno de los votantes de esa mesa, quienes en su mayoría eran personas de la tercera edad, circunstancias estas son concordantes y coherentes con las exculpaciones dadas por el procesado De Alba Sierra, en su injuriada cuando manifiesta que si fue cierto que introdujo un tarjetón en la urna de la mesa 36, pero por orden del jurado de votación de esa misma mesa, elemento subjetivo este que de por sí, le podrían quitar, cualquier dolo a la conducta ejecutada por el procesado, si se tiene en cuenta que en razón a la orden que se le fue daba por la autoridades de la mesa de votación en ese momento, pudo haber pensado que su conducta era ilícita y en razón de ello procedió a introducir el tarjetón a la urna como efectivamente él mimo lo sostiene, pero sin ninguna manipulación de su parte (…).

7.7. Por medio de providencia del 3 de abril de 2008, la Fiscalía Tercera Delegada ante los Jueces Municipales de Soledad profirió resolución de preclusión de la investigación en favor del señor De Alba Sierra al considerar que no había cometido la conducta punible endilgada. Esta resolución se encuentra ejecutoriada(13). Al respecto, dijo el ente investigador(14):

(…) Del análisis realizado a las piezas procesales que compone la foliatura en el presente caso el delito de alteración de resultados electorales, por el cual se vinculó a William Miguel De Alba Sierra no tuvo existencia legal ya que la acción típica configurante del mencionado delito no se demostró(15) y, pero a contrario sensu, fue desvirtuado por dichas pruebas, por lo cual no queda otra alternativa al Despacho que proferir en favor del incriminado resolución de preclusión de la investigación y, por ende, en firme este proveído, archivar el expediente.

C. Problema jurídico.

8. Corresponde a la Sala determinar si resulta antijurídico el daño alegado en la demanda, consistente en la detención del señor William Miguel de Alba Sierra por uniformados de la Policía Nacional, el 28 de octubre de 2007, debido a las sospechas que pesaban en su contra de estar involucrado en la conducta punible de alteración de resultados electorales, teniendo en cuenta que la Fiscalía General de la Nación profirió resolución de preclusión de la investigación.

D. Análisis de la Sala.

9. Con el fin de abordar la problemática que exige el recurso de apelación interpuesto tanto por el Ministerio Público como por la parte demandante, la Sala comenzará por analizar los elementos de configuración del daño antijurídico(16), toda vez que se trata del núcleo central de la responsabilidad estatal en Colombia a la luz del artículo 90 de la Constitución Política(17), de manera que, una vez acreditado este, se entrará a decidir si hay lugar a estudiar el juicio de imputabilidad en cabeza de la entidad demandada en el caso concreto o si, el mismo, por no ser antijurídico, debe ser soportado por el reclamante.

9.1. El concepto de daño hace referencia al detrimento infligido a un derecho o interés previamente existente el cual debe estar integrado en el patrimonio jurídico de la víctima, siendo necesario que dicho daño sea antijurídico, condición que no hace alusión a una cualificación subjetiva de la actividad desplegada por el agente dañoso, sino a que la víctima no tiene el deber jurídico de soportar el daño. En ese orden, para que un daño sea susceptible de ser resarcido, es indispensable verificar antes de llevar a cabo el análisis de la responsabilidad, la configuración de los elementos que estructuran el daño, es decir, que sea cierto(18), actual(19), real o futuro(20), determinado o determinable(21), anormal, protegido jurídicamente(22), y que sea antijurídico, es decir, que no exista por parte de la víctima obligación de soportarlo(23).

9.2. Al respecto, el precedente constitucional ha sostenido que la responsabilidad estatal se justifica por el hecho de que la víctima no tiene el deber de soportar el daño, pues el mismo Estado es el que tiene el mandato de preservar los derechos y libertades de los particulares frente a la concomitante actividad que despliega la administración(24).

9.3. A propósito del caso sub examine, la Sala tiene por demostrado el daño que sufrió William Miguel De Alba Sierra, al ser detenido por miembros de la Policía Nacional, momentos después de que otro votante lo denunciara públicamente por estar presuntamente alterando los escrutinios electorales que se llevaban a cabo el 28 de octubre de 2007 en la mesa de votación Nº 38 ubicada en la Institución Educativa, Inobasol, de Soledad, Atlántico.

9.4. También está probado que la Fiscalía Primera Delegada de la Unidad de Reacción Inmediata de Barranquilla por medio de la providencia del 29 de octubre de 2007 ordenó la apertura de instrucción en contra del señor De Alba Sierra y mediante providencia del 3 de abril de 2008, la Fiscalía Tercera Delegada ante los Jueces Municipales de Soledad profirió resolución de preclusión de la investigación a su favor, la cual se encuentra debidamente ejecutoriada, por considerar que no había cometido la conducta punible endilgada de alteración de resultados electorales.

9.5. El señor De Alba Sierra fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente que es la Fiscalía General de la Nación el día 29 de octubre de la misma anualidad(25), esto es, dentro de las 36 horas siguientes de que trata el artículo 28 de la Constitución. También está probado que a manos de la Fiscalía General de la Nación estuvo privado de la libertad durante 9 días —entre el 28 de octubre y el 6 de noviembre de 2007— y que al cabo de la investigación fue absuelto de toda responsabilidad, por lo que se evidencia claramente que dicha medida no fue justa y que el implicado no estaba, en principio, en la obligación de soportarla.

9.6. Sin embargo, la Sala llama la atención de las partes sobre el hecho importante que no fue demandada en la presente causa la Fiscalía General de la Nación, razón por la que las pretensiones indemnizatorias están encauzadas a lograr la reparación de la detención efectuada por parte de la Policía Nacional y, por ende, a efectos de determinar la imputabilidad del daño acreditado, se hará un análisis de la responsabilidad relacionada con las condiciones fácticas en las que se llevó a cabo dicha detención sin que sea posible profundizar, so pena de infringir el debido proceso, sobre el daño causado por la privación de la libertad a manos del ente instructor en la medida que no está legitimado por pasiva en el presente proceso.

9.7. Frente a la detención de la que fue objeto el señor De Alba Sierra, observa la Sala que la misma se originó en el marco de un procedimiento de policía, cuando le fue increpado públicamente por un votante, el hecho de incurrir en una irregularidad electoral, al depositar un tarjetón electoral abandonado en la urna de la mesa de votación Nº 38, donde se desempeñaba como testigo electoral.

9.8. Ahora, teniendo en consideración que aquí la demandada es la Policía Nacional, se probó que el señor De Alba Sierra en razón del presunto delito electoral fue puesto a órdenes de la autoridad judicial competente dentro de las 36 horas siguientes al desenlace de los hechos y, posteriormente, en el marco de la investigación, absuelto de toda responsabilidad penal; no obstante, de ello no se sigue que la conducción del señor De Alba Sierra a manos de los uniformados de la Policía Nacional hubiera sido injusta o arbitraria. La Sala presenta las razones que la conducen a sostener esta conclusión.

9.9. La Constitución Nacional, con el fin de garantizar el derecho fundamental a la libertad de las personas, condiciona su restricción a un mandamiento escrito de autoridad judicial competente, de modo que las autoridades de policía no pueden privar de la libertad a las personas, sino por orden escrita de autoridad judicial competente. De conformidad con el artículo 28 constitucional, son tres los requisitos exigidos a las autoridades para reducir a prisión o arresto a una persona o para registrar su domicilio, a saber: i) la existencia de un mandamiento escrito de autoridad judicial competente; ii) el respeto a las formalidades legales; y iii) la existencia de un motivo previamente definido en la ley(26).

9.10. Sin embargo, el derecho a la libertad personal no es un derecho de carácter absoluto, ya que admite, a luz de la jurisprudencia constitucional, ser relativizado, sin que se entienda que de suyo se pueda lesionar su núcleo esencial, aspecto que se presenta cuando la persona siendo afectada en su libertad es puesta ante las autoridades judiciales competentes dentro de las 36 horas siguientes a dicha afectación, y la misma no es irracional o arbitraria.

9.11. Al respecto, la sentencia C-239 de 2012 de la Corte Constitucional, precisó:

9. Empero, ese talante liberal de la Constitución no ha sido óbice para admitir al mismo tiempo que también corresponde al Estado la defensa de otros bienes jurídicos e intereses, dentro de los cuales se encuentra la seguridad y orden público, cuya afectación por el abuso de las libertades y el incumplimiento del Derecho, afectan tanto la estabilidad institucional, como la convivencia y la realización de todos los derechos de personas y grupos… Por esto, hace parte de las propias garantías de la libertad, la previsión de restricciones destinadas a asegurar su ejercicio armónico por parte de todos los asociados, así como el cumplimiento de intereses generales soportados en la Constitución y concretados por el legislador.

10. Con referencia a la libertad personal, que es la faceta de la libertad que concierne al asunto bajo estudio, la propia Carta ha previsto las reglas para su limitación, que la Corte constitucional ha reconocido reiteradamente, desde lo previsto en los artículos 28, 29, 30 y 32 C.P., como garantías constitucionales concretas para la salvaguarda de la misma.

En los artículos 28 y 29, por un lado, se contempla la reserva legal según la cual la privación de la libertad sólo puede ocurrir por motivos previamente establecidos por leyes preexistentes, con cumplimiento de las formas procesales, la aplicación del principio de presunción de inocencia y en general, con el cumplimiento de las garantías que integran el derecho de defensa y el debido proceso. Pero también en los artículos 28, 30 y 32 se determina el principio de reserva judicial con el que también se procura asegurar que las limitaciones de la libertad personal sólo puedan operar conforme la estricta legalidad que semejante limitación implica. En este sentido, tras la declaración abierta y expresa de que toda persona es libre, se reconoce la posibilidad de que esta condición pueda ser afectada por la orden de prisión, arresto o detención, siempre y cuando la misma sea determinada por un juez competente. En el mismo sentido, se garantiza la inviolabilidad del domicilio la cual podrá ser restringida cuando así lo determine el juez, con todas las formalidades de ley.

Igualmente, la Constitución admite la posibilidad de la detención preventiva que, conforme al artículo 28 constitucional, fuerza en todo caso a que la persona detenida sea puesta a disposición del juez competente, dentro de las 36 horas siguientes, para que éste adopte la decisión que corresponda en el término establecido por la ley. Además, en el artículo 32 C.P., se permite que en flagrancia el delincuente sea aprehendido por cualquier persona, caso en el cual debe ser llevado inmediatamente ante la autoridad judicial. En este caso se autoriza la persecución del delincuente por la autoridad, incluida la posibilidad de ingresar en el domicilio de aquel, con el propósito de lograr la aprehensión. Y junto con lo anterior, en el evento en que una persona estime estar privada de la libertad de manera ilegal, puede ejercer la garantía judicial por excelencia del Estado de derecho… el habeas corpus, que se deberá tramitar en el término no superior de 36 horas desde que fuese interpuesto.

11. En este apretado recuento se aprecia cómo en el orden superior, la libertad personal no sólo se garantiza con su reconocimiento expreso en tanto condición inherente a la persona humana, sino desde las reservas legales y judiciales exigidas para su limitación, las cuales incorporan en la dogmática de la libertad, los principios democrático… de separación y colaboración armónica entre los poderes públicos… y de reserva de la primera… y de la última palabra… para asegurar la legitimidad de la actuación del Estado sobre, si se quiere, uno de los bienes más preciados de la Constitución (…).

12. No obstante la claridad que arrojan los preceptos constitucionales y la jurisprudencia constitucional en lo relacionado con la defensa de la libertad personal y las exigencias para su limitación, conviene precisar a los efectos del presente proceso, las excepciones a la reserva judicial para la detención de la persona. Son ellas, la que establece el artículo 32 constitucional en caso de flagrancia, la figura de la detención preventiva del artículo 28 superior y finalmente, la detención excepcional que se autoriza conforme al artículo 250-1 C.P., para la Fiscalía General de la Nación (…).

17. Son pues cuatro las excepciones a la reserva judicial para la privación de la libertad, como reserva de la primera palabra: la captura en flagrancia (art. 32 C.P.), la captura excepcional en cabeza de la Fiscalía (art. 250.num. 1º C.P., modificado por el A.L. no. 2 de 2003), la detención administrativa preventiva y la retención transitoria, ambas bajo el cuestionamiento de la jurisprudencia constitucional, todas concebidas como excepciones de restrictiva interpretación a esa garantía constitucional con que se pretende preservar el valor, el principio y el derecho de la libertad personal(27) -se subraya-.

9.12. Siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Sala en aplicación del Decreto 1355 de 1970 “por el cual se dictan normas sobre policía” precisó que una detención preventiva como la que es materia de juzgamiento en el caso concreto para no ser calificada de arbitraria o irracional debe cumplir con los siguientes requisitos: i) tiene que basarse en motivos de policía fundados; ii) debe ser necesaria; iii) debe tener como único objeto verificar de manera breve, rápida y efectiva los hechos relacionados con los motivos de policía fundados de la aprehensión o la identidad de la persona; iv) tiene estrictas limitaciones temporales; y v) debe ser proporcional.

9.13. Estas mismas condiciones que relativizan el valor absoluto de la libertad se aplicaron a casos de similares condiciones fácticas en sentencias proferidas por esta Sala el 29 de abril de 2015(28) y del 8 de julio de 2016(29), en los siguientes términos:

9.3. En virtud de los requisitos mencionados, la Corte Constitucional señaló que existe una estricta reserva legal en materia de libertad personal e inviolabilidad de domicilio, por lo cual estos derechos no pueden ser limitados sino por la ley. Pese a lo anterior, la Constitución contempla dos excepciones a dicha reserva legal: i) la detención preventiva prevista en el inciso segundo del artículo 28 de la Constitución Nacional que consagra una facultad para que, en determinadas circunstancias y con ciertas formalidades, las autoridades no judiciales aprehendan materialmente a una persona sin contar con previa orden judicial; y ii) la flagrancia, reconocida en el artículo 32 constitucional que establece otra posibilidad en virtud de la cual una persona puede ser privada de la libertad por una autoridad administrativa, sin mandamiento de autoridad judicial, a fin de que sea puesta sin demora a disposición de la autoridad competente…

9.4. En el presente asunto, interesa entender los alcances de la detención preventiva consagrada en el artículo 71 del Decreto Ley 1355 de 1970, vigente y aplicable para el momento de los hechos, que prescribe:

Con el solo fin de facilitar la aprehensión de delincuentes solicitados por autoridad competente, la policía previa venia del alcalde del lugar, podrá efectuar capturas momentáneas de quienes se hallen en sitios públicos o abiertos al público.

Esta operación se ejecutará en sitios urbanos o rurales predeterminados.

Las personas contra quienes no exista petición de captura deberán ser puestas inmediatamente en libertad, a menos que su identificación se dificulte, caso en el cual la captura podrá prolongarse hasta por 12 horas (se destaca).

9.5. El anterior artículo establece que en caso de que la identificación de una persona se dificulte, esta podrá ser detenida preventivamente hasta por doce horas. Respecto al inciso tercero del artículo 71 del Decreto 1355 de 1970, antes referido, la Corte Constitucional, en sentencia C-024 de 1994, declaró su exequibilidad, en el siguiente sentido:

El inciso [tercero] es exequible pues remite al cumplimiento de las funciones preventivas propias de las autoridades judiciales a fin de colaborar en la conservación del orden público. En ella se fija un término muy inferior a las 36 horas a que hace referencia el inciso segundo del artículo 28 de la Constitución, además de la obligación de remitir al aprehendido ante la autoridad judicial competente. Este criterio es compartido por la vista fiscal.

9.6. La Corte Constitucional estableció en la sentencia C-024 de 1994 las condiciones de la detención preventiva, las cuáles derivan de la naturaleza excepcional de este tipo de aprehensiones y del régimen constitucional de la policía en un Estado social de derecho, así:

En primer término, la detención preventiva gubernativa tiene que basarse en razones objetivas, en motivos fundados. Esta exigencia busca tanto proteger los derechos ciudadanos contra injerencias policiales arbitrarias como permitir que la legitimidad de la aprehensión pueda ser controlada tanto por los superiores del funcionario que la practicó como por las autoridades judiciales y los organismos de vigilancia y control del Estado (…) los motivos fundados son hechos, situaciones fácticas, que si bien no tienen la inmediatez de los casos de flagrancia sino una relación mediata con el momento de la aprehensión material, deben ser suficientemente claros y urgentes para justificar la detención. El motivo fundado que justifica una aprehensión material es entonces un conjunto articulado de hechos que permitan inferir de manera objetiva que la persona que va a ser aprehendida es probablemente autora de una infracción o partícipe de ella. Por consiguiente, la mera sospecha o la simple convicción del agente policial no constituye motivo fundado (…) Más allá de la simple sospecha, la detención debe estar entonces basada en situaciones objetivas que permitan concluir con cierta probabilidad y plausibilidad que la persona está vinculada a actividades criminales.

En segundo término, la detención preventiva debe ser necesaria, esto es, debe operar en situaciones de apremio en las cuáles no pueda exigirse la orden judicial, porque si la autoridad policial tuviera que esperar a ella para actuar, ya probablemente la orden resultaría ineficaz. Por eso, sólo en aquellos casos en los cuáles se deba proceder con urgencia para no perjudicar la investigación judicial o cuando la demora implique un peligro inminente, podrá la autoridad policial proceder a una detención preventiva sin orden judicial. Estaríamos frente a una detención arbitraria si no se dan estas situaciones de urgencia o de evidente peligro, y las autoridades policiales deciden detener preventivamente, incluso con motivo fundado, simplemente por eludir el control judicial previo o ahorrar tiempo o trabajo. Esto significa que la retención sólo es constitucionalmente legítima si es la única alternativa para que la Policía pueda cumplir de manera adecuada sus deberes constitucionales Admitir otra interpretación sería convertir la excepción —detención sin orden judicial— en la regla.

En tercer término, esta detención preventiva tiene como único objeto verificar de manera breve los hechos relacionados con los motivos fundados de la aprehensión o la identidad de la persona y, si es el caso, poner a disposición de las autoridades judiciales competentes a la persona aprehendida para que se investigue su conducta. Es pues una aprehensión material con estrictos fines de verificación a fin de constatar si hay motivos para que las autoridades judiciales adelanten la correspondiente investigación.

En cuarto término, esta facultad tiene estrictas limitaciones temporales. La detención preventiva tiene un límite máximo que no puede en ningún caso ser sobrepasado: antes de 36 horas la persona debe ser liberada o puesta a disposición de la autoridad judicial competente.

(…) En quinto término, la aprehensión no sólo se debe dirigir a cumplir un fin preciso —verificar ciertos hechos o identidades— adecuadamente comprendido dentro de la órbita de las autoridades de policía sino que además debe ser proporcionada. Debe tener en cuenta la gravedad del hecho y no se puede traducir en una limitación desproporcionada de la libertad de la persona (…). Por eso es deber de las autoridades policiales utilizar todos los medios técnicos disponibles a fin de reducir al mínimo esas aprehensiones materiales, no sólo en el sentido de limitar su número a lo estrictamente necesario sino también de reducir tanto como sea posible la duración de las mismas. Para ello deberán, por ejemplo, establecer sistemas ágiles de verificación de identidad que permitan establecer antecedentes criminales en los lugares mismos de la aprehensión.

En sexto término, como es obvio, para estos casos se aplica plenamente el derecho de Habeas Corpus como una garantía del control de la aprehensión, puesto que el artículo 30 señala que éste se podrá invocar "en todo tiempo". Por consiguiente, todo ciudadano que considere que ha sido objeto de una detención gubernativa ilegal tiene derecho a invocar el Habeas Corpus.

En séptimo término, esas aprehensiones no pueden traducirse en la práctica en una violación del principio de igualdad de los ciudadanos. Por eso ellas no pueden ser discriminatorias y derivar en formas de hostilidad hacia ciertos grupos sociales debido a la eventual existencia de prejuicios peligrosistas de las autoridades policiales contra ciertas poblaciones marginales o grupos de ciudadanos.

En octavo término, reitera la Corte, que la inviolabilidad de domicilio tiene estricta reserva judicial, pues, salvo los casos de flagrancia, el allanamiento sólo puede ser ordenado por autoridad judicial. Por consiguiente, no podrán aducir las autoridades policiales la práctica de una detención preventiva para efectuar de manera abusiva registros domiciliarios sin orden judicial (…).

En noveno término, la persona objeto de una detención preventiva no sólo debe ser "tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano" (art. 10-1 Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, C.P. art. 5) sino que además se le deberá informar de las razones de la detención y de sus derechos constitucionales y legales, como el derecho a ser asistido por un abogado (C.P. art 29) o el derecho a no declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil (C.P. art. 33).

Finalmente, y como es obvio en un Estado social de derecho en donde la administración está sometida al principio de legalidad, la regulación de las detenciones preventivas es materia legal, a fin de que se establezcan las formalidades que debe reunir toda detención preventiva y se delimiten los eventos y motivos en los que ella puede operar.

9.7. La jurisprudencia de la Corte Constitucional en fallos posteriores ha sido clara en señalar que solo las autoridades judiciales cuentan con la competencia para privar de la libertad; sin embargo, frente a la excepción de que trata el inciso segundo del artículo 28 de la Constitución desarrollado por el inciso tercero del artículo 71 del Decreto 1355 de 1970, la jurisprudencia no ha sido muy explícita.

(…).

9.11. En vista de lo anterior, se vislumbra claramente que el medio que suscita controversia a los ojos de los demandantes es la detención preventiva, contemplado por el artículo 71 del Código Nacional de Policía, cuyos requisitos particulares son: i) se da en cumplimiento de las funciones preventivas propias de las autoridades de policía a fin de colaborar en la conservación del orden público; ii) en personas contra quienes no exista petición de captura; iii) por existir circunstancias y motivos fundados que dificulten su identificación; y iv) bajo un límite en su prolongación, hasta por 12 horas.

9.12. Frente al medio de policía de detención preventiva, la Corte Constitucional estableció, de conformidad con la sentencia C-024 de 1994 citada anteriormente, unos límites que, en razón de su naturaleza excepcional, deben cumplirse antes de practicar este tipo de aprehensiones, así: i) tiene que basarse en motivos fundados; ii) debe ser necesaria; iii) debe tener como único objeto verificar de manera breve los hechos relacionados con los motivos fundados de la aprehensión o la identidad de la persona; iv) tiene estrictas limitaciones temporales; v) debe ser proporcional; vi) como garantía del control de la aprehensión se aplica plenamente el derecho de habeas corpus; vii) no puede traducirse en la práctica en una violación del principio de igualdad de los ciudadanos; viii) la inviolabilidad de domicilio tiene estricta reserva judicial, pues, salvo los casos de flagrancia, el allanamiento sólo puede ser ordenado por autoridad judicial; ix) la persona objeto de una detención preventiva debe ser "tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano"; x) las detenciones preventivas son reguladas por la ley, a fin de que se establezcan las formalidades que deben reunir y se delimiten los eventos y motivos en los que ella puede operar (negrilla del texto citado)(30).

9.14. Traídas las anteriores pautas de restricción a la libertad al caso objeto de litigio, si bien se acreditó que los agentes de la Policía Nacional detuvieron al señor De Alba Sierra, también se aprecia que ello se hizo de forma preventiva y ante la posible consumación de un delito electoral puesto en evidencia por un testigo directo como lo fue el señor Never Muskus Acosta, quien aseguró delante de los uniformados -los que se ocuparon de atender el procedimiento de policía- que el señor De Alba introdujo un tarjetón electoral abandonado en la urna, de lo que se colige que la conducción no fue arbitraria ni irracional, máxime cuando el mismo investigado y los demás testigos electorales así lo confirmaron en sus declaraciones rendidas en la investigación penal.

9.15. En efecto, el señor De Alba Sierra en la diligencia de indagatoria fue enfático en sostener que el señor Muskus Acosta, después de haber percibido directamente que los jurados de la mesa Nº 38 llamaron la atención del testigo electoral para que introdujera el tarjetón electoral abandonado en la urna, solicitó el auxilio de los uniformados de la Policía Nacional para denunciar la supuesta irregularidad y la alteración en los escrutinios electorales. Asimismo el testigo electoral, señor Jesús María de la Hoz, señaló que exhortó al señor Muskus Acosta para que se detuviera unos momentos antes de sufragar y en el entretanto el testigo electoral introdujera el tarjetón abandonado en la urna; no obstante, pese a la reconvención por parte de los jurados, el señor Muskus llamó a los uniformados y denunció las presuntas irregularidades. En similar sentido con las demás probanzas y bajo una valoración integral de la prueba, el otro testigo electoral, señor Yesi Bayter Arias precisó que antes de que autorizaran al señor Muskus para que ingresara al cubículo le solicitaron al señor De Alba Sierra recuperar el tarjetón abandonado y depositarlo en la urna, ante lo cual el señor Muskus les advirtió a los testigos electorales que dicha acción constituía una conducta irregular por lo que en medio de un altercado suscitado con el testigo electoral denunció los hechos ante uniformados de la Policía Nacional que acudieron a la mesa Nº 38 para solucionar la situación.

9.16. A juicio de la Sala, la Policía Nacional cumplió a cabalidad con los criterios establecidos en la jurisprudencia contencioso administrativa para ese tipo de detención, a saber: i) fue una limitación de la libertad transitoria, la cual obedeció a motivos de policía serios y fundados -se requería atender la denuncia pública hecha por un ciudadano y comprobar si el señor De Alba era probablemente autor de una infracción electoral, que si bien esto no tenía la inmediatez de los casos de flagrancia por no haber sido en sí presenciados por los uniformados, hubo una relación mediata con el momento de la aprehensión material, cuestión clara y urgente que justificó la detención, ii) era necesaria -es un deber de las autoridades de policía evitar la comisión de los delitos, en este caso, electorales, razón por la que sí existió una situación de apremio por los uniformados ante la cual no era posible esperar la autorización de una orden judicial-, iii) tuvo como fin hacer unas verificaciones de interés para la actividad de la Policía Nacional -se realizó una aprehensión material en aras de verificar si había motivos de policía para que las autoridades judiciales adelantaran la investigación-, iv) estuvo limitada a un periodo de tiempo razonablemente corto autorizado por la Constitución —el demandante fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente dentro de las 36 horas siguientes—, y, v) fue una medida proporcional —en la medida en que existió una relación entre la detención como medio y el fin que con la misma persiguieron los miembros del cuerpo policial—.

9.17. Del mismo modo, se aprecia que el detenido fue puesto a órdenes de la autoridad judicial competente antes de 36 horas siguientes a la restricción, sin que al respecto pueda endilgársele a la Policía Nacional falla alguna en el procedimiento de policía, el cual estuvo ajustado a la Constitución y al Decreto 1355 de 1970, vigente para el momento de los hechos. Lo anterior indica que no hubo falla del servicio por parte de la Policía Nacional al haber detenido preventivamente al señor De Alba Sierra.

9.18. La Sala considera importante pronunciarse respecto al testimonio rendido por el señor Muskus durante la investigación penal, donde se observa un cambio radical de su versión, la cual no coincide ni con lo dicho inicialmente por él mismo al momento del desenlace de los hechos ni con la versión rendida en indagatoria por el señor De Alba Sierra ni con las declaraciones de los jurados electorales. En esta versión el señor Muskus afirmó que fueron los uniformados de la Policía Nacional los que presenciaron el desarrollo de los hechos y que fue constreñido por estos para que rindiera su declaración, la cual suscribió sin haberse percatado de la información consignada en el informe de policía(31):

PREGUNTADO: Diga el declarante, si usted el día 28 de octubre sufragó en esta localidad en Soledad. En caso afirmativo, sírvase decirnos la hora aproximada en que lo hizo, el sitio y mesa en la cual estaba habilitado para ello y si hubo algún incidente al momento de sufragar. CONTESTÓ: Sí sufragué en esta localidad, sufragué pasada las dos de la tarde, en el Bachillerato que está diagonal a la iglesia en el segundo piso, mesa Nº 38. No sé si se le llamará incidente a eso, yo llegó a votar (…) me dan los tarjetones y cuando miró hacía el cubículo vi una hoja doblada en ese mismo instante el jurado se percató también de lo mismo y le dijo a un muchacho de ellos mismos que cogiera la hoja y se la trajera a la mesa, el muchacho cogió la hoja y la puso en la mesa, yo fui y voté, cuando terminé de votar di la vuelta y vi que la policía estaba presente, el señor policía me pregunta a mí si yo vi lo de la hoja en el cubículo y yo le dije que sí. Entonces me pregunta si yo servía de testigo si el señor cogió la hoja del cubículo. Yo le dije que sí, pero usted se dio cuenta si el introdujo la hoja en la urna, yo le dije que no porque yo no había visto si él la había introducido en la urna, yo solamente vi que él la puso en la mesa, es más me doy a cuenta que la hoja el muchacho que la cogió que no sé quien es la cogió a petición de los otros compañeros que eran como dos o tres que estaban ahí en la mesa, pero vuelvo y repito de ninguna manera yo vi algo diferente de lo ya expresado, en vista de que yo tenía que salir a encontrarme con mi señora en el otro colegio, en el colegio femenino, yo le dije al policía que yo no le podía servir de testigo si no era de una vez expresándole lo que ya le había dicho, porque tenía que encontrarme con mi señora para irme para la casa, no tuvieron en cuenta mí razón, entonces decidí salirme normalmente y cuando ya venía llegando a la notaria una patrulla de la policía me detuvo y me llevó retenido, yo le pregunté que porque y muchas personas se dieron cuenta del acto, y me dijeron que yo tenía que ir a declarar, yo le dije que como así, que yo no quería declarar que sí me iban a llevar obligado (…) no tengo que decir más nada porque más nada vi, entonces me dijeron que tenía que ir y me llevaron obligado. PREGUNTADO. En este estado de la diligencia el señor Fiscal procede a dar lectura al informe policivo de 28 de octubre de 2007 a efecto de que el declarante se enteré de su contenido y ¿qué tiene que decir al respecto? CONTESTÓ: Lo primero que tengo que decir es que yo no discutí con ningún jurado, yo discutí fue con la policía, porque me querían retener obligadamente para declarar lo que vi y lo que vi fue cortico, pues yo no encuentro razón porque tenían que obligarme y eso de que el manipulo la hoja o el tarjetón y lo manipuló eso es falso y a mí no me consta y ante los ojos de Dios yo no puedo decir cosa contraria a eso. PREGUNTADO: en este estado de la diligencia, el señor fiscal, procede a darle lectura a la entrevista plasmada en el formato FPJ-14 de fecha 28-10-07, realizada al señor NEVER JOSÉ MUSKUS ACOSTA, a efecto de que el declarante se enteré de su contenido y que tiene que decir al respecto y si la firma que aparece es la suya. CONTESTÓ: Primero que todo la firma sí es mía y yo no le he dado informe a la policía porque yo cuando entro la policía estaba en la puerta y por lo sucedido, ellos mismos fueron los que se dieron cuenta, porque cuando yo doy la vuelta ya ellos están ahí, otra cosa, la pregunta que la policía me hace en la entrevista es tendenciosa, porque ellos me hacen la pregunta como si yo hubiese visto que el muchacho introdujo el tarjetón en la urna y de ninguna manera eso fue así, lo otro es que a la hora de firmar yo no me doy cuenta de ese tipo de pregunta y por la rapidez que tenía que hacer las cosas, porque me estaba esperando la señora, formo (sic) algo que yo no había dicho. En la entrevista en ninguna parte está donde yo haya dicho que el señor introdujo el tarjetón en la urna, esa palabra introducir no fue mía, yo dije puso, porque es que yo no me di cuenta de ninguna manera que él introdujo nada en la urna y si no me di cuenta que él introdujo nada en la urna de ninguna manera puedo decir que él lo introdujo —se subraya—

9.19. La Procuraduría General de la Nación señaló́ en el recurso de apelación que de las probanzas aportadas está demostrada la captura ilegal desprovista de toda sindéresis jurídica, la cual constituye una vía de hecho, por no haber existido un hecho físico que enunciara por sí sólo la comisión de un delito por parte del señor De Alba en forma flagrante a la vista de las autoridades de policía y, por el contrario, los jurados de votación y el capturado explicaron a los uniformados la causa que motivó la acción de aquel (fls. 224 a 230, c.p):

Se observa con preocupación la declaración del señor Never José Muskus Acosta, votante de la mesa 38, quien deja claramente enunciado el equívoco del informe de policía de fecha octubre de 2007, dirigido a la URI-Fiscalía, por Edwin Oliden Giraldo Valencia, Comandante de Policía de la Manzana de Soledad, en la parte relacionada con la supuesta manipulación de un tarjetón electoral por el señor William de Alba Sierra y la también inexacta imputación a éste de haberlo depositado en la urna, pues el declarante Muskus niega rotundamente que hubiese advertido a las autoridades de policía [contrario a lo que afirman el señor De Alaba y los testigos electorales] sobre la ocurrencia de un hecho ilícito imputable a De Alba, en tanto sólo describe un hecho exento de dolo o mala fe, que coincide con la declaración de los jurados de votación y del mismo capturado (…) Se notra entre las dos versiones de los jurados de votación, del votante Muskus y del capturado De Alba, en cuanto refieren con identidad de modo y de causa un mismo suceso que desmiente categóricamente el informe policial (…) Aún en el evento en que el votante Muskus hubiera calificado como irregular la introducción del tarjetón electoral por parte del señor De Alba, circunstancia que jamás ocurrió, no resulta ello per se un referente fáctico o jurídico con carácter vinculante para motivar la captura de una persona por los agentes de policía, cuando de inmediato surgió el claro y explicativo mensaje de los funcionarios públicos transitorios que integran el jurado de votación infirmando toda posibilidad de estar presente un ánimo doloso o torticero en la conducta de este. Así, la captura en esas circunstancias implicó un juicio de valor de dichos agentes que calificó (sic) como irregular y constitutivo de delito in fraganti aquél proceder, lo cual es en todo tiempo y lugar reprochable para un agente de la policía que carece de facultades legales para imponer sus propias razones e imprimirle consecuencias jurídicas punitivas a una conducta en laq ue no cabe configuración de flagrancia por haberse satisfecho con explicaciones de los jurados de votación en forma unánime, sus circunstancias modales y causales. // No es cierto por ningún aspecto que haya existido manipulación o una actuación preconcebidamente dolosa para alterar el cómputo electoral y generar un favorecimiento a un determinado candidato por el inculpado señor De Alba, que constituye el fundamento o móvil de la captura realizada por los agentes de la policía en una escena en la que sólo podía darse este fenómeno en caso de flagrancia, dado que lo probado ha elimando toalmente la imputación determinada por los agentes y consecuencialmente dejar evidenciado el frío, irracional y mecanicista uso de la fuerza pública aplicada a un civil para eliminar su libertad, lo cual es tan demoniaco como irregular. // Es completamente inexistente el estado de flagrancia que se quiere irracionalmente imputar al señor De Alba, porque aún en el extremo hipotético de que Muskus hubiese sido la persona que advirtió a las autoridades de policía sobre la introducción por aquel del tarjetón a la urna, ello no alcanza a configurar un hecho discordante con el ordenamiento jurídico y típico de un delito que fuere percibido en estado de flagrancia por dichas autoridades, porque, eses acontecimiento queda neutralizado y sustraído del campo de lo injurídico cuando se observa la inmediata explosición de los jurados de votación y del mismo capturado al describir el hecho como un modo pertinente, según su pensamiento, para calumniar el proceso racional y voluntario de aquel elector que omitió el dépostio del tarjetón.

9.20. Siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la Sala ha precisado que para analizar un testimonio debe tenerse en cuenta las reglas que rigen la sana crítica y para ello debe realizarse una recopilación integral de todos los otros medios de prueba que rodean y condicionan la declaración en aras de constatar si existe: i) imparcialidad del testigo, ii) coherencia interna de sus dichos, iii) la ciencia del conocimiento que tiene sobre los hechos y iv) la coherencia externa del testimonio con los demás medios de prueba que obren en el plenario, y dado el caso que la prueba incurra en alguno de estos vicios, puede restársele fuerza probatoria a la firmeza del testimonio:

Con observancia de que la naturaleza del medio probatorio aducido que da cuenta de lo acaecido el 26 de mayo de 1994 es de carácter testimonial, de manera previa a abordar su análisis, es necesario tener en cuenta las reglas de la sana crítica según las cuales, para el estudio de testimonios, debe realizarse una lectura integral de todos los elementos que rodean la declaración, así como las condiciones personales del deponente, todo ello con el objetivo de verificar las características que deben estar presentes en la versión juramentada, si es que con ella se pretende formar el convencimiento del juez. Dichos rasgos son la imparcialidad del testigo, la coherencia interna de sus dichos, la ciencia del conocimiento que tiene sobre los hechos y la coherencia externa del testimonio con los demás medios de prueba que obren en el plenario, y cualquier defecto presente en alguno o varios de dichos elementos de análisis, tiene virtud para minar la credibilidad del declarante y, por esa misma vía, dar al traste con la vocación probatoria del medio de convicción sometido a la crítica del juzgador(32).

9.21. Sobre este punto, la Sala ha citado varias decisiones de la Corte Suprema de Justicia y ha precisado lo siguiente:

Como es bien sabido, la atendibilidad de la prueba testimonial depende en buena medida de que las declaraciones rendidas sean responsivas, condición que ha de entenderse satisfecha cuando “las respectivas contestaciones se relaten concienzudamente (sic)...” (G.J.T. CXI, pág. 54), relato que por lo tanto debe incluir la razón de la ciencia del dicho de los deponentes que, según conocida definición de la jurisprudencia, consiste en “la expresión de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el hecho, y la explicación concerniente al lugar, modo y tiempo como el testigo tuvo conocimiento del mismo” (Casación Civil de 8 de marzo de 1972), toda vez que solamente así, explicando de qué manera tuvo el declarante conocimiento del hecho acerca del cual testifica, podrá el juzgador apreciar la veracidad con que el testimonio se produce y si realmente dicho declarante tiene o no el conocimiento que se atribuye, resultado al que no es fácil arribar pues supone comprobar, ante esa información así suministrada, si el testigo declaró sobre hechos que pudieron caer sobre la acción de sus sentidos, si apoya o no su dicho en observaciones personales suyas, si la declaración resulta verosímil por no contrariar los dictados del sentido común ni las leyes elementales de la naturaleza y, en fin, si esa misma declaración, además de original y persistente, es consonante con el resto del material probatorio obrante en el proceso. Y en orden a verificar si el requisito mencionado se cumple, es decir si en un caso determinado los testigos dieron razón fundada de su dicho o no, preciso es no olvidar que las declaraciones efectuadas, sea para acogerlas o sea para desecharlas, han de tomarse en su integridad, evitando extraer frases aisladas o afirmaciones ocasionales que por lo común desorientan en el análisis, sentándose entonces un criterio de razonable ponderación crítica en el cual muchas veces ha insistido la Corte al destacar que, cuando de la prueba testimonial se trata, “no se pueden analizar aisladamente unos pasajes de la declaración, sino que debe serlo en su conjunto para deducir su verdadera significación” (G.J.T. LXXXIX pág. 842), regla ésta que lleva a entender, por lógica inferencia, que la expresión de la ciencia del dicho de los testigos no es cuestión que dependa en modo alguno de exigencias rituales, toda vez que aún cuando lo normal es que aparezca explícita o formalmente referida, pues a ello tiende sin duda alguna el numeral 3º del artículo 228 del Código de Procedimiento Civil, “no repugna que ella esté implícita en los términos de la exposición misma, tomada en su conjunto; y si tratándose de una declaración cuyos varios puntos, por razón de la materia están íntimamente enlazados entre sí, la razón de una de las respuestas podría entrarse en la contestación dada a otro de los puntos” (G.J.T. CVI, pág. 140)(33)

9.22. Si bien, en el sistema probatorio establecido en el Código de Procedimiento Civil no se prevé la descalificación legal de la persona cuya declaración pueda ser objeto de sospecha, ya que esto sería incompatible con el principio de la sana crítica(34), la Sala no comparte las conclusiones a las que ha llegado el Ministerio Público, pues considera que al analizar la prueba testimonial del señor Muskus vertida al proceso penal en conjunto con los demás medios de convicción que componen el acervo probatorio, no existe coherencia externa desde una perspectiva integral con lo dicho por los integrantes del jurado electoral y por el sindicado durante la instrucción. En consecuencia, se estima que la declaración del votante es impertinente para aclarar el desarrollo de la situación fáctica y aproximar al juez a la verdad procesal de los hechos, por lo que su declaración traída del proceso penal no reviste ningún interés en el presente caso. En ese orden, el testimonio sobre el cual se edifica principalmente el recurso de apelación impetrado por el Ministerio Público, no tiene armonía con los demás medios de prueba aportados dentro del proceso por las siguientes razones: i) el jurado electoral y el sindicado afirman que el señor Muskus calificó como irregular la introducción del tarjetón electoral por parte del señor De Alba, lo que suscitó por parte del votante el auxilio de los uniformados de la Policía Nacional, mientras que en el testimonio entregado a la Fiscalía General de la Nación, el señor Muskus manifestó que fueron los policías los que presenciaron directamente el desarrollo de los hechos; ii) según las declaraciones entregadas por los integrantes del jurado electoral y por el señor De Alba Sierra ante la Fiscalía General de la Nación, los uniformados no fueron testigos directos del desarrollo fáctico, y solo recibieron explicaciones después de suscitado el altercado, en tanto que el señor Muskus sostiene que los policías coaccionaron al votante para denunciar los hechos, lo cual no aparece respaldado por ningún otro medio de prueba que obre en el presente proceso; iii) los integrantes del jurado electoral y el señor De Alba convergen en afirmar que previa autorización, aquel introdujo un tarjetón electoral ajeno en la urna, cuestión que a los ojos de los uniformados era irregular y, por tanto, era razonable que podía, al margen de que no estuviera marcado, variar el cómputo de los resultados electorales, motivo serio y fundado que condujo a los policías a esclarecer prontamente dicha situación.

9.23. Así las cosas, se concluye que la declaración rendida por el señor Muskus ante la Fiscalía no ofrece credibilidad alguna en tanto que es el único medio de prueba contradictorio e inverosímil sobre las circunstancias en que se produjeron los hechos, máxime cuando disiente con la información que fue entregada inicialmente por él mismo a los uniformados, la cual quedó registrada en el informe de policía en la misma fecha de los acontecimientos. Por tal razón, las variaciones efectuadas por el señor Muskus de la versión inicial, no ofrecen convicción alguna al juzgador que se pueda tener en cuenta para el ánalisis del presente caso.

9.24. Bajo estas observaciones, la Sala considera que las razones argumentadas por el Ministerio Público no encuentran ningún asidero lógico y, por tanto, no es posible afirmar ni que los policías presenciaron directamente los hechos ni que aquellos hayan constreñido al señor Muskus para rendir una declaración mentirosa, alejada de la realidad.

9.25. Por último, la Sala recuerda que cuando una persona es privada de la libertad y es absuelta mediante sentencia, o su equivalente, habrá lugar a reparar dicho daño porque es una carga que no está en la obligación de soportar; no obstante, este análisis escapa al presente juicio de responsabilidad en la medida que la Fiscalía General de la Nación no fue demandada en el presente proceso.

9.26. De conformidad con lo antes expuesto, la Sala considera que no es procedente declarar la responsabilidad de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y, en consecuencia, se negará la indemnización de perjuicios solicitados por los demandantes frente al daño consistente en la detención del señor William Miguel de Alba Sierra, ocurrida el 28 de octubre de 2007, en el municipio de Soledad, Atlántico.

E. Costas.

10. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia del 18 de mayo de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente decisión.

2. Sin condena en costas.

En firme este proveído, devuélvase al Tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Ramiro Pazos Guerrero, presidente, salva voto—Danilo Rojas Betancourth—Stella Conto Díaz Del Castillo.

1 La sentencia de unificación del 27 de septiembre de 2012, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, puntualizó en torno a la capacidad con la que cuenta el Ministerio Público para impugnar las providencias proferidas por esta jurisdicción, que cuando se trata del agente del Ministerio Público, este podrá recurrir si tiene interés jurídico para hacerlo, esto es, porque la decisión del juez implique un detrimento al patrimonio público, a los derechos fundamentales o una transgresión al ordenamiento jurídico. En consecuencia, si se tiene en cuenta que el agente del Ministerio Público representa el interés general en la defensa del ordenamiento jurídico, el patrimonio público y los derechos fundamentales, su intervención no puede ser entendida en este proceso como una violación a los principios de igualdad y al debido proceso. Ver. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de septiembre de 2012, rad. 44541, M.P. Enrique Gil Botero.

2 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, auto del 9 de septiembre de 2008, rad. 11001-03-26-000-2008-00009-00, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

3 Se remite al siguiente pronunciamiento que permite evidenciar la evolución de la jurisprudencia en este sentido: Consejo de Estado, sentencia de septiembre 11 de 2013, rad. 20601, Sala Plena de la Sección Tercera, M.P. Danilo Rojas Betancourth.

4 Copia del carnet profesional que lo acredita al señor William De Alba Sierra como locutor, expedida por la Academia de Arte y Gimnasia del Caribe (fl. 8, cdno. 1).

5 Certificación expedida el 27 de junio de 2008 por el señor Jorge Rolong Jiménez, Director de las Emisoras A.B.C., Atlántico al día: “el señor William Miguel De Alba Sierra (…) ingresó a laborar como periodista desde el 10 del mes de enero de 2005 hasta el día 7 del mes de noviembre de 2007, con una asignación mensual de $1.500.000 vinculado por contrato indefinido” (fl. 65, cdno. 1).

6 Copia de la credencial de testigo de votación del señor William De Alba Sierra, en el Colegio Inobasol, zona 01, puesto 03, mesa 38, Partido Social de Unidad Nacional, “Partido de la U” (fl. 14, cdno. 1).

7 Constancia del 28 de octubre de 1997, expedida por la Policía Nacional, Departamento del Atlántico, Policía de la Manzana de Soledad, suscrita por el Comandante Policía de la Manzana de Soledad, Subteniente, Edwin Oliden Giraldo Valencia, en virtud de la cual se deja a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata URI al señor William Miguel De Alba Sierra quién habría incurrido en el delito de alteración de resultados electorales (fls. 9 y 10, cdno. 1).

8 Copia de la versión de los hechos entregada a la Policía Nacional por el señor Never José Muskus Acosta, suscrito por él mismo y el patrullero Oscar Dario Castro Contreras (fls. 9 a 13, cdno. 1).

9 Copia de la diligencia de indagatoria que rindió el señor William Miguel De Alba Sierra, el 29 de octubre de 2007 a las 15:45 ante la Fiscalía Primera de Unidad de Reacción Inmediata (fls. 18 a 20, cdno. 1).

10 Copia de la declaración jurada rendida por el señor Jesús María de la Hoz de Alba el 1º de noviembre de 2007 ante la Fiscalía 4ª Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Soledad (fls. 28 y s, cdno. 1).

11 Copia de la declaración rendida por el señor Yesid Bayter Arias, el 2 de noviembre de 2007 ante la Fiscalía 4ª Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Soledad (fls. 33 a 37, cdno. 1).

12 Acta de compromiso suscrita por el señor William Miguel De Alba Sierra, el 6 de noviembre de 2007 donde concedió libertad inmediata (fl. 53, cdno. 1). Oficio n.° 1774 del 6 de noviembre de 2007 suscrito por el Fiscal 4º Delegado ante los Jueces Penales del Circuito de Soledad y remitido al Comandante Noveno de la Estación de Policía de Soledad, Atlántico: “la Fiscalía 4ª Seccional mediante resolución de la fecha, mediante la cual se dispuso Libertad Provisional a favor del señor procesado William Miguel De Alba Sierra (…) sindicado por la presunta comisión de un delito contra el sufragio (alteración de resultados electorales) del cual resultará víctima el Estado. Así las cosas, se solicita se sirva proceder de conformidad a dejar en libertad al referido interno. Previa suscripción de Acta de compromiso” (fl. 55, cdno. 1).

13 Informe secretarial, ref. 212114, del 17 de diciembre de 2007, “al despacho el proceso seguido contra William Miguel De Alba Suárez, sindicado del delito de Alteración de Resultados Electorales, donde aparece víctima El Estado, informándole que la resolución de fecha noviembre 6 de 2007, donde se resolvió la situación jurídica con abstención se encuentra debidamente ejecutoria (sic)” (fl. 56, cdno. 1) -se subraya-.

14 Copia de la resolución de preclusión de la investigación proferida el 3 de abril de 2008 por la Fiscalía 3ª Seccional Delegada ante los Jueces Penales Municipales de Soledad (fls. 59 a 61, cdno. 1).

15 Oficio J-553-A suscrito por la Registradora Especial de Soledad: “una vez revisada el acta general de escrutinio correspondiente a la zona 1 del municipio de Soledad se pudo establecer que la mesa n.° 38 del puesto 2, zona 1 (Inobasol) funcionó de manera normal y no se presentó impugnación alguna por parte de testigos electorales o candidatos” (fl. 58, cdno. 1).

16 La Corte Constitucional en sentencia C-333 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero, consideró: “El perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo. La Corte considera que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación del Estado armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado Social de Derecho, pues al propio Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los particulares frente a la actividad de la administración. Así, la responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello, el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del Estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y éste sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización. Igualmente, no basta que el daño sea antijurídico sino que éste debe ser además imputable al Estado, es decir, debe existir un título que permita su atribución a una actuación u omisión de una autoridad pública”.

17 “Artículo 90: El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.

18 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de abril de 2010, rad. 18878, citada por la sentencia de la Sección Tercera del 1º de febrero de 2012, rad. 20505, M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

19 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de marzo de 2012, rad. 20497, M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz; sentencia del 12 de febrero de 2014, rad. 28857, M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

20 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de agosto de 2001, rad. 12555, M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

21 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de febrero de 2010, rad. 18425, M.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia del 19 de mayo de 2005, rad. 2001-01541 AG, M.P. María Elena Giraldo Gómez.

22 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de junio 2005, rad. 1999-02382 AG, M.P. María Elena Giraldo Gómez.

23 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de abril de 2012, rad. 21861, M.P. Enrique Gil Botero.

24 “El perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo. La Corte considera que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación del Estado armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado Social de Derecho, pues al propio Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los particulares frente a la actividad de la administración. Así, la responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del Estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y éste sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización. Igualmente no basta que el daño sea antijurídico sino que éste debe ser además imputable al Estado, es decir, debe existir un título que permita su atribución a una actuación u omisión de una autoridad pública”. Corte Constitucional, sentencia C-333 del 1º de agosto de 1996 que estudió la constitucionalidad del art. 50 parcial de la ley 80 de 1993.

25 Oficio 5448 del 29 de octubre de 2007 suscrito por la Fiscal Primera Delegada U.R.I. y remitida al Director del Centro de Rehabilitación Masculino: “solicito a usted mantener privado de su libertad a William Miguel De Alba Sierra (…) sindicado del delitio de Alteración de Resultados Electorales, lo anterior conforme con el artículo 352 del CPP // El antes mencionado fue capturado el día 28 de octubre de 2007 a las 15:30 horas y puesto a disposición de esta Unidad el día 28 de octubre a las 21:30 horas” (fl. 17, cdno. 1).

26 Corte Constitucional, sentencia C-024 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

27 Corte Constitucional, sentencia C-239 de 2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.

28 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de abril de 2015, rad. 25775, con ponencia de quien proyecta el presente fallo.

29 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 8 de julio de 2016, rad. 39429, M.P. Danilo Rojas Betancourth.

30 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de abril de 2015, rad. 25775, con ponencia de quien proyecta el presente fallo.

31 Copia de la declaración rendida por el señor Never José Muskus el 6 de noviembre de 2007 ante la Fiscalía Cuarta Delegada ante los Jueces Penales del Circuito (fls. 43 a 44, cdno. 1).

32 Consejo de Estado, Subsección B, sentencia del 31 de agosto de 2015, rad. 30532, M.P. Danilo Rojas Betancourth.

33 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 11 de agosto de 1992. Dicha providencia aparece citada por la Sección Primera del Consejo de Estado en la sentencia del 19 de julio de 2007, M.P. Martha Sofía Sanz Tobón, rad. 68001-23-15-000-2006-02791- 01(PI).

34 Sobre la valoración del llamado “declarante sospechoso” la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado lo siguiente: “dentro del sistema que adopta el C.P.C. para la valoración de la prueba, no existe descalificación legal de un testigo que se pueda calificar de “sospechoso”, ya que ello sería incompatible con el principio de la sana crítica que gobierna todo el régimen probatorio en nuestro medio, sin embargo, las razones por las cuales un declarante puede tildarse de sospechoso (amistad, enemistad, parentesco, subordinación, etc.), deben ser miradas por el juzgador como aquellas que pueden colocar al testigo en capacidad de engañar a la justicia; pero para ello, el juez debe hacer uso del análisis de la prueba, en su conjunto, a fin de llegar a una convicción aplicando las reglas de la sana crítica de la prueba. Y no resulta procedente desestimar de plano un testimonio, porque el artículo 218 del C.P.C. establece como norma de conducta para el juez apreciar los testimonios sospechosos, de acuerdo con las circunstancias de cada caso, y no desecharlos de plano. El calificar como sospechoso un testigo no implica necesariamente que este haya incurrido en un falso testimonio, pues, en la práctica, respecto de testigos que en principio puedan ser calificados sin tacha de sospecha, no puede presumir el juez que siempre dicen la verdad; su dicho, como todo medio probatorio, debe evaluarse en conexidad con todos los demás medios de prueba aportados dentro de un proceso”. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 1 de julio de 2004, rad. 2003-01445, M.P. Olga Inés Navarrete. En el mismo sentido, sentencia de 19 de julio de 2007, rad. PI-02791, M.P. Martha Sofía Sánz Tobón.