SENTENCIA 2008-00669/47338 DE MAYO 10 DE 2017

 

Sentencia 2008-00669/47338 de mayo 10 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Bogotá D.C., diez de mayo de dos mil diecisiete.

Rad. 73001-23-31-000-2008-00669-01(47338)

Actor: L... A... R... V... y otra.

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional - Fiscalía General de la Nación y Ecopetrol S.A.

Referencia: Acción de reparación directa.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Para resolver la segunda instancia de la presente litis se abordarán los siguientes temas: 1) cuestión previa: impedimento; 2) causa petendi; 3) prelación del fallo en casos de privación de la libertad; 4) competencia de la Sala; 5) ejercicio oportuno de la acción y, de ser el caso, 6) régimen de responsabilidad aplicable; 7) caso concreto; 8) indemnización de perjuicios y 9) procedencia o no de la condena en costas.

1. Cuestión previa: impedimento.

El señor Consejero de Estado Carlos Alberto Zambrano Barrera manifestó su impedimento para conocer del presente proceso por considerar que se encontraba incurso en la causal de impedimento prevista en el numeral 1º del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil(18), dado que se desempeñó como Jefe de la Unidad de Asuntos Judiciales y Extrajudiciales de la Vicepresidencia Jurídica de Ecopetrol S.A., entre el 23 de octubre de 2000 y el 31 de octubre de 2011, tiempo durante el cual emitió conceptos y gestionó las actuaciones judiciales tendientes a garantizar la defensa de los intereses de la citada sociedad en litigios como el de la referencia.

Pues bien, el régimen de impedimentos aplicable a los procesos de conocimiento de esta Jurisdicción, en virtud de lo dispuesto en el artículo 160 del Código Contencioso Administrativo(19), se encuentra integrado tanto por las causales previstas en la mencionada disposición, como por las consagradas en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil.

Ahora, en los eventos en los que se advierta la configuración de cualquiera de las circunstancias anotadas, a los jueces y magistrados, so pena de recusación, les corresponde declararse impedidos, con el fin de que la Sala de decisión a la que pertenecen resuelva de plano sobre la legalidad de tal manifestación.

Pues bien, el Consejero Carlos Alberto Zambrano Barrera se declaró impedido para conocer del sub júdice, en cuanto le asiste un interés directo en el litigio.

La Sala Plena de esta corporación ha entendido que para que se declare fundado el impedimento planteado con fundamento en la causal descrita “es menester que se trate de un interés particular, personal, cierto y actual, que tenga relación, al menos mediata, con el caso objeto de juzgamiento, de manera que impida una decisión imparcial(20)“.

En otra oportunidad, en relación con el alcance del interés directo o indirecto en el como causal de impedimento, esta corporación sostuvo:

“En relación con la referida causal de impedimento, la Sala, de manera reiterada, ha adoptado el criterio expuesto por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en los siguientes términos:

‘Si bien esta causal subjetiva es bastante amplia, en cuanto subsume cualquier tipo de interés, ya sea directo o indirecto, lo cierto es que dicho interés además de ser real y serio, debe tener relación inmediata con el objeto mismo de la litis o cuestión a decidir; debe ser de tal trascendencia que, teniendo en cuenta el caso concreto, implique un verdadero trastorno en la imparcialidad del fallador y pueda afectar su capacidad de juzgamiento (…).

‘Es por esta razón que cualquier tipo de manifestación que no esté sustentada o en la que no se evidencie de manera clara y precisa la posibilidad de que el juzgador pueda verse perturbado al momento de pronunciarse en determinado asunto, comprometiendo por ello su imparcialidad, no será suficiente para declarar fundado el impedimento’ (…)(21)’”.

En igual sentido, la doctrina considera que el interés al que se refiere esta causal “puede ser directo e indirecto y de cualquier índole, es decir, material, intelectual, o inclusive puramente moral (…). No sólo el interés económico, el más común, sino cualquier otro motivo que lleve al funcionario a querer determinada decisión, acorde con el interés (de cualquier índole) que abrigue frente al proceso(22).

Pues bien, para la Sala, las circunstancias fácticas expuestas por el Consejero que se declaró impedido se subsumen en el supuesto normativo previsto en el numeral 1 del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que dan cuenta de la relación de dependencia, de carácter laboral, que el Dr. Zambrano Barrera tuvo con una de las partes, en virtud de la cual defendió sus intereses en este asunto.

De este modo, se advierte una situación con la suficiencia para afectar la imparcialidad e independencia del Magistrado en el cumplimiento de sus funciones, que de no declararse, llevaría a que el referido funcionario se pronunciara sobre un asunto que tuvo a cargo, en su condición de Jefe de la Unidad de Asuntos Judiciales y Extrajudiciales de la Vicepresidencia Jurídica de Ecopetrol S.A.

En este estado de cosas, se aceptará el impedimento manifestado por el doctor Zambrano Barrera.

2. Causa petendi. 

Para decidir sobre el presente asunto, se debe tomar en consideración que las pretensiones planteadas tienen por objeto la reparación de los perjuicios ocasionados por la “privación injusta de la libertad” a la que, según la demanda, se sometió a la señora L... A... R... V..., la cual fue consecuencia de su captura por parte de la Policía Nacional, sin orden judicial previa.

En las condiciones analizadas, es claro que la solución del caso implica determinar si en el sub lite se presentó o no una “privación injusta de la libertad”, punto que solo podrá establecerse al resolver el punto objeto de apelación —configuración de la caducidad— y, de ser el caso, definir de fondo la controversia, dado que ello depende de las circunstancias particulares en las que se hubiera presentado la situación por la que se demanda.

3. Prelación de fallo.

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al despacho.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”.

En el sub lite, el debate versa sobre la privación de la libertad a la que, según lo sostenido en la demanda, se sometió a la señora L... A... R... V..., tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en diversas ocasiones, para lo cual ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, por lo que, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada.

4. Competencia.

A la Sala, a través del artículo 73 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el reglamento interno de la corporación(23), se le asignó el conocimiento en segunda instancia, sin consideración a la cuantía, de los procesos de reparación directa promovidos en vigencia del Decreto 01 de 1984, cuya causa petendi sea: i) el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia; ii) el error judicial o iii) la privación injusta de la libertad(24).

5. Ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, a la omisión, a la operación administrativa y a la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

En tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad(25).

En el presente caso, la señora L... A... R... V... fue capturada “en flagrancia” y, como consecuencia, se adelantó en su contra una investigación penal, con el fin de determinar su responsabilidad en el delito de receptacion, actuación que terminó con resolución inhibitoria del 25 de enero de 2008, ante la evidencia de que la conducta era atípica.

Ahora, el ente acusador no dictó decisión alguna con el fin de declarar la ilegalidad de la captura de la señora L... A... R... V..., por tal razón, solo hasta que se agotó la investigación y se profirió la resolución inhibitoria —25 de enero de 2008— el ente acusador puso de presente la carencia de fundamento de dicha medida —de la captura—, por tal razón, el término de caducidad de la acción debe computarse a partir de la ejecutoria de la referida providencia, la cual ocurrió el 5 de febrero de 2008, según la constancia obrante a folio 26 del cuaderno 1.

Así las cosas, el término para demandar empezó a correr el 6 de febrero de 2008 y se extinguió el 6 de febrero de 2010, empero, como la parte actora acudió ante esta Jurisdicción el 27 de octubre de 2008, se impone concluir que el derecho de acción se ejerció en oportunidad y, como consecuencia, se revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se definirá de fondo el presente asunto, previas las siguientes consideraciones.

6. Responsabilidad del Estado derivada de la captura de los ciudadanos por parte de la Policía Nacional, sin orden judicial previa.

Acerca de los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada y reiterada a partir de la interpretación y el alcance del artículo 90 de la Constitución Política, del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 —Código de Procedimiento Penal— y de la Ley 270 de 1996.

En tal sentido, la Sala ha adoptado el criterio conforme con el cual el Estado, en virtud del régimen de responsabilidad de carácter objetivo, debe indemnizar los perjuicios ocasionados a los ciudadanos afectados con medidas de aseguramiento y que, luego, resultaron exonerados de los cargos imputados, mediante sentencia absolutoria o su equivalente, con fundamento en que i) el hecho no existió, ii) el implicado no lo cometió; iii) la conducta no constituía hecho punible(26) o iv) por aplicación del principio del in dubio pro reo(27).

De este modo, la absolución, en tales términos, de quien fue sometido a una medida restrictiva de la libertad da paso a la reparación de los perjuicios irrogados, siempre que el daño no hubiera tenido como causa el hecho exclusivo y determinante de la víctima(28), y no obstante que la privación de la libertad se hubiera generado a través de una decisión jurisdiccional adoptada con el lleno de las exigencias legales.

Con todo, según lo ha sostenido en diversas oportunidades esta Subsección(29), cuando se advierta un error jurisdiccional o un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia es posible recurrir al régimen de responsabilidad de carácter subjetivo y declarar la existencia de una falla en el servicio, con el fin de efectuar un juicio de reproche sobre el proceder de las autoridades jurisdiccionales.

En las condiciones analizadas, lo que determina la configuración o no de la privación injusta de la libertad y, de manera consecuente, da paso a la aplicación del régimen de responsabilidad objetivo, es que al sindicado que resultó absuelto se le hubiera impuesto una medida de aseguramiento.

En relación con la naturaleza y alcance de las medidas de aseguramiento, la Corte Constitucional se ha pronunciado en los siguientes términos:

“La jurisprudencia constitucional ha señalado que el derecho a la libertad personal no es absoluto sino que se está sujeto a privaciones y restricciones temporales. Las privaciones legítimas a la libertad son llevadas a cabo por esencia en el marco del proceso penal, bajo la forma de sanciones contra el acusado, como consecuencia de su declaratoria de responsabilidad penal. Sin embargo, también en el trámite de la actuación el Estado puede afectar la libertad personal a través de decisiones cautelares, denominas medidas de aseguramiento, transitorias, decretadas con fines preventivos.

“Las medidas de aseguramiento implican la privación efectiva del derecho a la libertad personal, restricciones a su ejercicio o la imposición de otras obligaciones, con el objeto general de garantizar el cumplimiento de las decisiones adoptadas dentro del trámite, la presencia del imputado en el proceso y asegurar la estabilidad y tranquilidad sociales, de modo que se contrarresten hipotéticas e indeseables situaciones como producto del tiempo transcurrido en la adopción de la decisión y las medidas de fondo a que haya lugar.

“Las medidas de aseguramiento adquieren, sin embargo, una particular incidencia constitucional debido, ante todo, a su capacidad para afectar de manera intensa la libertad personal. El agente sufre un temporal, preventivo y, sin embargo, ostensible impacto en el derecho a su libertad. Por estos innegables efectos, de acuerdo con la Constitución y la jurisprudencia de la Corte, la creación de las medidas de aseguramiento debe ser estrictamente excepcional y se encuentra sometida a un conjunto de límites, diseñados en orden a salvaguardar el principio de la dignidad humana y la prevención del exceso en su utilización (…).

“Las medidas de aseguramiento tienen una doble naturaleza que plantea relevantes problemas a la hora de proporcionar una justificación aceptable a su existencia. De un lado, son auténticas restricciones de derechos fundamentales; de suyo comportan una privación o reducción en grados más o menos importantes de prerrogativas de carácter constitucional y especialmente de la libertad. Pero, por otro lado, el legislador recurre a ellas porque busca preservar también otros bienes importantes, con frecuencia reconducibles también a derechos de otras personas, cuya garantía depende de las limitaciones que esas medidas llevan a cabo(30)” (se destaca).

De este modo, las medidas de aseguramiento se adoptan una vez se ha iniciado el proceso penal, con el fin de “garantizar la comparecencia del sindicado al proceso, la ejecución de la pena privativa de la libertad o impedir su fuga o la continuación de su actividad delictual o las labores que emprenda para ocultar, destruir o deformar elementos probatorios importantes para la instrucción, o entorpecer la actividad probatoria” (artículo 355 de la Ley 600 del 2000, aplicable al presente asunto).

Ahora bien, la responsabilidad derivada de la captura en flagrancia de un ciudadano no es susceptible de ser analizada con fundamento en los criterios propios de la “privación injusta de la libertad”, dado que la aprehensión en estas condiciones no proviene de la imposición de una medida de aseguramiento, sino del cumplimiento del deber consagrado en el artículo 32 de la Constitución Política, esto es, aquel en virtud del cual cualquier ciudadano y autoridad pública debe capturar a las personas sorprendidas al cometer un delito(31), de ahí que no se requiera una orden judicial y no comporte una detención preventiva.

En efecto, la captura en flagrancia está orientada a que la persona sorprendida al momento de cometer un delito sea puesta a disposición del funcionario judicial competente para que este decida respecto de la legalización de la aprehensión, así como sobre la procedencia de iniciar la investigación penal. Al respecto, los artículos 346, 352 y 353 de la Ley 600 del 2000, aplicables a este asunto, disponían:

“ART. 346.—Procedimiento en caso de flagrancia. Quien sea capturado por cualquier autoridad será conducido inmediatamente, o a más tardar en el término de la distancia, ante el funcionario judicial competente para iniciar la investigación, a quien se deberá rendir informe sobre las causas de la captura.

“(…).

“ART. 352.—Formalización de la captura. Cuando el capturado, según las previsiones legales, deba ser recluido, el funcionario judicial bajo cuyas órdenes se encuentre dispondrá de un plazo máximo de treinta y seis (36) horas para legalizar dicha situación, contadas a partir del momento en que tenga noticia de la captura.

“(…).

“ART. 353.—Libertad inmediata por captura o prolongación ilegal de privación de la libertad. Cuando la captura se produzca o prolongue con violación de las garantías constitucionales o legales, el funcionario a cuya disposición se encuentre el capturado, ordenará inmediatamente su libertad.

“Lo dispuesto en el inciso anterior también se aplicará cuando la persona sea aprehendida en flagrancia por conducta punible que exigiere querella y esta no se hubiere formulado (…)”.

Así las cosas, la captura en flagrancia y las medidas de aseguramiento corresponden a restricciones de la libertad con alcances y finalidades propias, razón por la cual, al primer evento -captura en flagrancia-, por no ser el resultado de una decisión jurisdiccional, a través de la cual se impone una medida preventiva, no le resultan aplicables los criterios jurisprudenciales predicables en relación con el segundo, sino que se rige por el régimen subjetivo de responsabilidad extracontractual del Estado.

6.1. Flagrancia.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 28(32) y 32 de la Constitución Política, toda persona es libre y nadie puede ser reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

Sin embargo, procede la captura, sin previa orden judicial, en las situaciones de detención administrativa(33) y en los estados de flagrancia, los cuales, para el caso concreto, corresponden a los definidos por el artículo 345 de la Ley 600 del 2000(34), en los siguientes términos:

“ART. 345.—Flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando:

“1. La persona es sorprendida y aprehendida al momento de cometer una conducta punible.

”2. La persona es sorprendida e identificada o individualizada al momento de cometer la conducta punible y aprehendida inmediatamente después por persecución o voces de auxilio de quien presencie el hecho.

“3. Es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas, de los cuales aparezca fundadamente que momentos antes ha cometido una conducta punible o participado en ella”.

La jurisprudencia constitucional respecto de la flagrancia ha señalado:

“En términos generales, el concepto de flagrancia se refiere a aquellas situaciones en donde una persona es sorprendida y capturada en el momento de cometer un hecho punible o cuando es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas, de los cuales aparezca fundadamente que momentos antes ha cometido un hecho punible. Este moderno concepto de flagrancia funde entonces los fenómenos de flagrancia en sentido estricto y cuasiflagrancia. Así, a la captura en el momento de cometer el delito se suma la posibilidad de que la persona sea sorprendida y aprehendida con objetos, instrumentos o huellas que hagan aparecer fundadamente no sólo la autoría sino la participación (en cualquiera de sus formas) en la comisión del punible.

“(…).

“Considera la Corte que a pesar de los requisitos que jurisprudencialmente se han considerado como característicos de una situación de flagrancia, subsiste en su valoración una cierta discrecionalidad del funcionario de policía que realiza la captura. Pero este acto discrecional de valorar el comportamiento de la persona para colegir que se amerita su captura no puede ser arbitrario; debe estar rodeado de razonabilidad y de proporcionalidad.

“Es pues necesario distinguir la arbitrariedad y la discrecionalidad. Lo discrecional, para ser legítimo, se halla o debe hallarse cubierto de motivaciones suficientes, discutibles o no, pero considerables y evaluables en todo caso, mientras que lo arbitrario no tiene motivación respetable, sino que es simplemente fruto de la mera voluntad o del puro capricho de los administradores, la conocida sit pro ratione volantes(35)” (se resalta).

En este sentido, la flagrancia se configura cuando, entre otros, la persona identificada o por lo menos individualizada es sorprendida al momento de cometer un delito, a título de autor o de partícipe.

Conviene aclarar que a la autoridad que lleva a cabo la aprehensión no le corresponde valorar las circunstancias que permitan esclarecer la responsabilidad del sujeto sorprendido en flagrancia o que conlleven a su libertad, dado que este es un asunto de competencia de las autoridades penales, a disposición de las cuales se debe dejar al implicado, en el menor tiempo posible.

Ahora, derechos como el de la intimidad y el de la inviolabilidad de domicilio no son de carácter absoluto, de ahí que la Constitución Política, en su artículo 28, admita su afectación, sin orden judicial en algunos eventos excepcionales. Así lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia:

“La existencia de motivos previamente definidos en la ley autoriza la restricción de los derechos de intimidad e inviolabilidad de domicilio sin necesidad de la expedición de previa orden judicial, el cual hace relación fundamentalmente a las siguientes hipótesis que la Sala ha decantado:

“‘1) Cuando el delincuente que ha sido sorprendido en situación de flagrancia y es perseguido por las autoridades, logra refugiarse en su propio domicilio o domicilio ajeno. En estos casos, por expresa disposición del artículo 32 de la Constitución Nacional, las autoridades pueden ingresar al lugar sin orden judicial si los moradores se oponen a su ingreso, para el solo acto de aprehensión del imputado.

“‘(…).

“‘3) Cuando se está cometiendo un delito en el propio domicilio, en domicilio ajeno, o en lugar no abierto al público, y se hace necesario ingresar en él para impedir que se siga ejecutando’(36).

Ahora bien, para la Corte la incursión al domicilio por parte de las autoridades de Policía Judicial que por excepción están autorizadas para la práctica de registros y allanamientos sin orden judicial previa (principio de reserva judicial), en cualquiera de las situaciones anteriores, debe estar precedida de un conocimiento fundado, fruto de una valoración ex ante” (se resalta)(37).

En las condiciones analizadas, el estado de flagrancia también justifica la ausencia de orden judicial para proceder al registro del domicilio de los ciudadanos, respecto de lo cual el artículo 294 de la Ley 600 del 2000, dispone que en los casos en los que “se esté cometiendo un delito en lugar no abierto al público, la Policía Judicial podrá ingresar sin orden escrita del funcionario judicial, con la finalidad de impedir que se siga ejecutando la conducta(38)” (se resalta).

Con todo, la práctica de tales diligencias, según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, debe estar precedida de un conocimiento fundado que permita deducir las situaciones especiales que justifiquen la intromisión domiciliaria, lo que no quiere decir que se deba tener certeza, sino que se debe contar con elementos que permitan inferir la probabilidad de configuración de las situaciones que facultan la intromisión sin orden judicial previa(39).

7. Caso concreto.

En el sub lite, se encuentran probados los siguientes hechos:

7.1. La actuación objeto de controversia se inició con fundamento en la información reportada ante la SIJIN, según la cual en la vereda Betania del municipio de Fresno – Tolima se comercializaban hidrocarburos hurtados “del poliducto”, por tal razón, funcionarios adscritos a tal organismo, en compañía de uniformados de la estación de policía de Fresno(40) y de algunos empleados de Ecopetrol, el 20 de octubre de 2006, a las 11:05 am, se dirigieron, entre otros, a la residencia de la señora L... A... R... V...(41).

7.2. Para lo anterior, previa autorización de la ahora demandante(42), se efectuó un registro del inmueble, encontrando una caneca con ACPM, combustible que, al parecer, había sido hurtado del oleoducto, toda vez que no cumplía con los parámetros mínimos de densidad, de conformidad con las pruebas practicadas por “el personal de seguridad de Ecopetrol S.A.”, tal como se dejó constancia en los documentos que dan cuenta de lo actuado en aquella oportunidad.

7.3. Con fundamento en lo expuesto, a las 11:15 am del mismo día, se procedió a la captura de la señora R... V...(43), para lo cual se invocó la configuración de un estado de flagrancia, respecto del delito de receptación de hidrocarburos, tipificado en el artículo 327C de la Ley 599 del 2000, a cuyo tenor:

“ART. 327-C.—Receptación. El que sin haber tomado parte en la ejecución de las conductas punibles descritas en los artículos 327-A(44) y 327-B(45) adquiera, transporte, almacene, conserve, tenga en su poder, venda, ofrezca, financie, suministre o comercialice a cualquier título hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan debidamente reglamentadas o sistemas de identificación legalmente autorizados, cuando tales bienes provengan de la ejecución de alguno de estos delitos, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de mil (1.000) a seis mil (6.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes (…)” (se destaca).

7.4. El 20 de octubre de 2006, a las 11:00 pm, la Personera Municipal de Fresno – Tolima, en virtud de la solicitud formulada por el señor Armando R... V..., se presentó ante la Unidad Investigativa de la SIJIN de Fresno, con el fin de verificar el procedimiento adelantado respecto de la captura de la señora L... A... R... V..., para lo cual dejó la constancia de que solo hasta las 9:15 pm se le leyeron los derechos a la capturada y que el procedimiento de aprehensión, según lo indicado por el Mayor Luis Fernando González Herrera, fue practicado por miembros de la Policía Nacional y de la SIJIN.

En el acta que se levantó, en relación con dicha diligencia se dejó constancia de lo anterior; asimismo, se indicó que, finalmente, el 21 de octubre de 2006, a las 12:22 am, se dejó en libertad a la capturada, previa suscripción de un acta de compromiso(46), en la que se le impusieron las obligaciones de comparecer ante la Fiscalía General de la Nación cuando se lo requiriera, de permanecer en el municipio de Fresno y de comunicar cualquier cambio de residencia.

Lo señalado, ante la evidencia de que no resultó posible la comunicación con el Fiscal de turno(47).

7.5. A través de oficio del 23 de octubre de 2006, la SIJIN rindió informe de lo ocurrido ante la Fiscal 36 Seccional, para lo cual le dejó a disposición la caneca de ACPM encontrada en el domicilio de la señora R... V...(48).

7.6. Por auto del 1º de diciembre de 2006, la fiscal 36 Seccional de Fresno le ordenó al CTI que adelantara las labores investigativas del caso, con el fin de determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se presentaron los hechos, así como para establecer si el combustible encontrado tenía como origen un hurto(49).

7.7. Con fundamento en lo anterior, se practicaron los exámenes de laboratorio en los que se concluyó lo siguiente:

“Las muestras 01 y 02 corresponden a ACPM (…), no contienen el [m]arcador [n]acional que Ecopetrol utiliza para dosificar a sus combustibles. El [m]arcador [n]acional debe estar dentro de los parámetros de 4.0 a 5.6. pm, para el control de las autoridades.

“Las muestras presentaron ausencia del marcador de frontera(50)”.

7.8. Mediante decisión del 25 de enero de 2007, la Fiscalía General de la Nación dio apertura a una investigación previa, por el delito de receptación, en contra de la señora L... A... R... V..., a quien citó para efectos de escuchar en versión libre(51).

7.9. El 25 de enero de 2008, el ente acusador dictó resolución inhibitoria en favor de la señora R... V..., dentro de la investigación que adelantó en su contra por el delito de receptación.

Al respecto, sostuvo que si bien se había demostrado que el ACPM encontrado en la residencia de la ahora demandante carecía del marcador nacional de Ecopetrol y del marcador de fronteras, no era menos cierto que no se estableció que el combustible tuviera “una procedencia ilícita”(52).

Pues bien, de conformidad con lo anterior, la Sala advierte que, en efecto, se presentó una restricción del derecho a la libertad de la señora L... A... R... V..., sin embargo, ello no fue consecuencia de la imposición de una medida de aseguramiento y, como consecuencia, de una “privación injusta de la libertad”, sino que se ocasionó por su captura en supuesto estado de “flagrancia”.

Por lo expuesto, en el sub lite, para acceder a las pretensiones de la demanda, no basta con acreditar que las demandantes fueron retenidas y que la actuación penal adelantada en su contra terminó con resolución inhibitoria, como ocurre en los casos de “privación injusta de la libertad”, sino que, además, por ser aplicable el régimen de responsabilidad subjetivo, se requiere demostrar que la Policía Nacional incurrió en una falla en el servicio al proceder a su captura.

En relación con la carga de acreditar la falla en el servicio en eventos como el analizado, la Subsección se ha pronunciado en los siguientes términos:

“De conformidad con lo anterior, se advierte que el señor José Alberto Montero Quintero fue capturado por miembros del Ejército Nacional, el 3 de abril de 2006, actuación que la Fiscalía General de la Nación encontró ajustada a derecho y frente a la cual la Sala no tiene reparo, pues en el plenario no obra ningún elemento probatorio que permita inferir que su aprehensión fue el resultado de una falla del servicio, lo cual resulta suficiente para denegar las pretensiones formuladas en este sentido, en contra de las fuerzas militares.

“(…).

“Ahora, conviene aclarar que la aplicación general del régimen de responsabilidad de carácter objetivo que rige en materia de privación de la libertad no es predicable del Ejército Nacional, toda vez que en el presente caso no actuó en ejercicio de facultades jurisdiccionales, sino en cumplimiento del deber que tiene toda autoridad pública o particular de aprehender a las personas sorprendidas en flagrancia, según lo previsto en el artículo 32 de la Constitución Política (…)(53).

Pues bien, se advierte que el registro de la residencia de la ahora demandante no se llevó a cabo en virtud de una orden proferida por la Fiscalía General de la Nación o por un juez de la República, empero, estuvo precedido del consentimiento libre y expreso de la señora L... A... R... V..., como consta en el acta que se levantó en la diligencia, la cual no fue objeto de cuestionamiento por la parte actora, de ahí que, por lo menos, en lo que a este punto se refiere no se advierta un proceder arbitrario.

Sin embargo, en el transcurso de la diligencia de registro que dio lugar a la captura se incurrió en una serie de irregularidades. Esta se llevó a cabo con la audiencia de la supuesta víctima del delito —Ecopetrol S.A.—, pese a que solo podía hacer parte de las diligencias hasta tanto se iniciara la actuación penal, para lo cual debía presentar una petición y/o una demanda de constitución de parte civil ante el funcionario a cargo de la investigación, en atención a lo previsto en los artículos 30 y 50(54) de la Ley 600 del 2000(55).

La SIJIN estaba facultada para registrar el domicilio de la señora R... V..., empero, no para hacerlo con la intervención de terceros, dado que la admisión de su intervención era competencia de las autoridades jurisdiccionales en materia penal, una vez resolvieran sobre la procedencia de dar apertura a la investigación.

En las condiciones analizadas, se impone concluir que los funcionarios que adelantaron el procedimiento analizado desconocieron el contenido normativo del artículo 14 de la Ley 600 del 2000, en virtud del cual las investigaciones penales “será[n] reservada[s] para quienes no sean sujetos procesales”, dado que para el momento del registro del domicilio de la ahora demandante Ecopetrol S.A. no hacía parte de las diligencias.

Pues bien, conviene precisar que si bien los servidores públicos que ejercen funciones de policía judicial pueden ordenar y practicar pruebas en los casos de flagrancia, tal como lo señala el artículo 315 ejusdem, no es menos cierto que esta facultad, tratándose de las pruebas periciales, debe ejercerse en los términos previstos en los artículos 249, 250 y 258 de la Ley 600 del 2000, los cuales establecen que para la práctica de los dictámenes técnicos se deben designar peritos oficiales y, excepcionalmente, de carácter no oficial, los cuales, en todo caso, son recusables por las mismas causas de los funcionarios judiciales, dentro de las cuales se encuentra el hecho de tener interés directo en la actuación.

En el sub lite, los funcionarios de la SIJIN, en el lugar de los hechos, designaron a Ecopetrol S.A., con el fin de que determinara las características técnicas del hidrocarburo hallado en el domicilio de la señora R... V..., pese al interés directo que esta sociedad tenía en el caso concreto, pues, supuestamente, era la víctima del delito; además, no se tomó en consideración que carecía de la condición de “perito”, dado que dentro de su objeto social no se encontraban actividades que le permitieran practicar la prueba decretada.

Las circunstancias anotadas dan cuenta del carácter ilegal del elemento probatorio a través del cual se determinó la existencia de falencias en la composición de la sustancia encontrada por los funcionarios de la SIJIN, lo que imponía su exclusión del análisis propio de la situación de flagrancia.

El referido artículo 327C de la Ley 599 del 2000, como antes se precisó, consagra el delito de receptación, el cual comprende varios comportamientos alternativos —adquirir, transportar, almacenar, conservar, vender, ofrecer, entre otros—, de suerte que con cualquiera de estas conductas se entiende cometido el punible.

El objeto material del tipo penal mencionado lo constituyen los “hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan”, entre otros, que hubieran sido objeto de apoderamiento “cuando [fueran] transportados a través de un oleoducto, gasoducto, poliducto o a través de cualquier otro medio, o cuando se encuentren almacenados en fuentes inmediatas de abastecimiento o plantas de bombeo”.

En esta medida, no basta con que una persona sea sorprendida con hidrocarburos en su poder, sino que también se requiere demostrar su origen ilícito, dado que “la receptación es una conducta punible (…) que tiene por objeto sancionar, [entre otras], la comercialización de objetos que provienen de la comisión de un delito, en especial del delito de hurto”(56).

Pues bien, en el presente asunto se tiene que en la diligencia objeto de controversia solo se encontró acreditada la existencia de una caneca con ACPM en el domicilio de la señora L... A... R... V..., toda vez que el supuesto relacionado con la composición del combustible, por ilicitud de la prueba, no podía tenerse por demostrado.

En gracia de discusión, los bajos índices de densidad en el ACPM no resultaban suficientes para asumir que se estaba cometiendo el delito de receptación, en cuanto en el plenario no obraba elemento alguno que diera cuenta del origen ilícito del combustible, tal como lo sostuvo la Fiscalía General de la Nación, en la resolución inhibitoria que dictó el 25 de febrero de 2008.

La Policía Nacional no contaba con razones suficientes para asumir que la señora R... V... se encontraba cometiendo un delito, pues sobre lo único que se tenía certeza era que la demandante tenía en su poder una caneca con ACPM, lo cual, per se, no constituye ilícito alguno, pues la comercialización de este hidrocarburo no se encuentra prohibida, conclusión a la que arribó ente acusador al ordenar el archivo de las diligencias penales.

Así pues, se configuró una falla en el servicio respecto de la captura de la señora R... V..., toda vez que fue detenida por miembros de la Policía Nacional, lo cual se presentó no obstante la inexistencia de mandamiento escrito de la autoridad judicial competente y a que no se encontraba incursa en circunstancias que pudieran ser calificadas como flagrancia, en los términos dispuestos en el artículo 345 de la Ley 600 del 2000 —Código de Procedimiento Penal—. Al respecto, en un caso similar la Sala precisó:

“Así pues, se encuentra que si bien el señor Ramiro Antonio Salas Torres fue aprehendido el 7 de abril de 2006 por miembros de la Unidad Táctica 6/G/GMRON del Ejército Nacional, debido a que en su base de datos aparecía con anotaciones de inteligencia como integrante del frente 59 de las FARC, lo cierto es que para el momento en el que se produjo la detención del ahora demandante, la Fiscalía General de la Nación aún no había iniciado una investigación en su contra y, por ende, no había expedido ninguna orden de captura al respecto, razón por la cual el actor no podía ser capturado.

“(…).

“De este modo, de conformidad con las pruebas que reposan en el plenario se observa que el señor Salas Torres no se encontraba en situación de flagrancia cuando fue aprendido por miembros del Ejército Nacional, habida cuenta de que aquel se desplazaba en su bicicleta por el perímetro urbano del municipio de Villanueva (Guajira) en el momento en que fue capturado.

“Así las cosas, teniendo en cuenta que la captura del señor Ramiro Antonio Salas Torres no se produjo en cumplimiento de una orden proferida por autoridad judicial competente y menos aún en flagrancia, dicha medida fue ilegal, circunstancia que denota la presencia de una falla en la prestación del servicio imputable a la Nación - Ministerio de Defensa Ejército Nacional, dado que los miembros que intervinieron en el procedimiento de detención del señor Salas Torres se extralimitaron en el ejercicio de sus funciones, lo que conllevó a que el actor permaneciera detenido desde el 7 de abril de 2006 hasta el 23 de agosto de la misma anualidad.

En ese sentido, se modificará el fallo de primera instancia y se declarará la responsabilidad del Ejército Nacional, pues ese punto fue apelado por la parte actora(57)”.

De este modo, se concluye que la limitación del derecho a la libertad objeto de las pretensiones se presentó como consecuencia una actuación contraria a derecho, por tal razón, es claro que a las demandantes se les causó un daño antijurídico, que en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, debe ser reparado.

En relación con la imputación del daño, es claro que la llamada a responder es la Policía Nacional, por cuanto esta autoridad que capturó a la demandante, pese a no cumplirse los presupuestos dispuestos para tal fin —configuración de la flagrancia o existencia de orden judicial previa—.

Por su parte, se advierte que la Fiscalía General de la Nación no participó en las actuaciones objeto de cuestionamiento y no adoptó ninguna decisión en el marco de las diligencias de registro y captura adelantadas el 20 de octubre de 2006, lo que resulta suficiente para concluir que esta entidad no debe asumir ningún tipo de responsabilidad en este asunto.

En cuanto a Ecopetrol S.A., se tiene que si bien practicó un análisis con fundamento en el cual se procedió a la captura analizada, no es menos cierto que su actuación no fue la que causó el daño, dado que fueron los funcionarios de la Policía Nacional los que le otorgaron mérito probatorio, pese a que carecían de este, por ser el resultado de una prueba practicada de manera ilegal.

8. Perjuicios.

Para resolver sobre este punto, conviene precisar que la demanda es el acto en el que se establece el objeto del litigio y, por consiguiente, se fijan, en principio, los límites fácticos y jurídicos dentro de los que se resolverá la controversia, razón por la cual, so pena de vulnerar el principio de congruencia y con ello el derecho de defensa del demandado, no es posible dictar sentencia que exceda el alcance de las pretensiones planteadas por quien ejerce el derecho de acción.

En el presente asunto, la parte actora alegó como causa del petitum la restricción del derecho a la libertad a la que fue sometida la señora L... A... R... V..., con ocasión de su captura por parte de la Policía Nacional, la cual se mantuvo durante el 20 y el 21 de octubre de 2006.

Para efectos de establecer el monto de la indemnización a reconocer se tendrá en cuenta que la demandante estuvo retenida en el Comando de Policía de Fresno por un lapso de 2 días.

Si bien en la primera instancia se practicó un dictamen pericial, con el fin de determinar el monto de la indemnización por perjuicios materiales, en las modalidades de daño emergente y lucro cesante, no es menos cierto que el perito designado se limitó a calcular, previa actualización, los intereses de las sumas solicitadas en la demanda, para lo cual asumió que el monto a reconocer era el indicado por la parte actora, independientemente de que se hubiera demostrado o no la causación de los perjuicios, lo que implica una vulneración al principio de la carga de la prueba, según el cual a las partes les corresponde acreditar los hechos que alegan.

La Sala se abstendrá de valorar el respectivo dictamen y, en su lugar, determinará, con base en lo obrante en el plenario, si los perjuicios alegados se probaron o no y, de encontrar acreditada esta circunstancia, establecerá los montos a reconocer por cada concepto.

8.1. Perjuicios morales.

8.1.1. (sic)mación.

Con fundamento en las máximas de la experiencia, según la jurisprudencia reiterada y unificada de esta Corporación, es posible presumir que las personas sometidas a una medida restrictiva de la libertad sufren perjuicios de carácter moral, que deben ser indemnizados, supuesto que también resulta predicable de quienes concurren al proceso, debidamente acreditados, en condición de cónyuge, compañero(a) permanente y/o familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o civil.

Pues bien, al presente proceso, además del sujeto pasivo de la captura, compareció la señora M... R... V..., quien invocó la condición de hermana de la señora L... A... R... V..., la cual se encuentra acreditada con los registros civiles de nacimiento obrantes a folios 30 y 31 del cuaderno 1.

8.1.2. Monto de la indemnización.

Esta Sección ha precisado que en los casos en los casos en los que privación injusta de la libertad se prolonga por un período inferior a 1 mes resulta razonable el reconocimiento por concepto de perjuicios morales de i) 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes - SMMLV tanto para la víctima directa, como para sus familiares dentro del primer grado de consanguinidad, su cónyuge y/o compañero permanente, así como de ii) 7,5 SMMLV para los familiares que se encuentran dentro del segundo grado de consanguinidad con el sujeto pasivo de la detención, verbigracia los hermanos(58).

Ahora, el criterio jurisprudencial expuesto se fijó respecto de los eventos de “privación injusta de la libertad”, sin indicarse que sería aplicable en los casos en los que la restricción de esta garantía constitucional tiene una causa diferente, circunstancia que no obsta para que la Sala tome en consideración los referidos parámetros indemnizatorios, en cuanto, para el efecto el juez, en ejercicio del arbitrio iudicis y con fundamento en los principios de equidad y justicia, debe adoptar una decisión que resulte consecuente con asuntos en los que el daño antijurídico causado reviste la misma gravedad, por tratarse de una situación material idéntica.

Además, es clara la relación que existe entre la captura de un ciudadano y la privación injusta de la libertad, entendida esta como aquella restricción que tiene como fundamento una medida de aseguramiento, dado que las dos implican una restricción a un derecho fundamental, en virtud de la supuesta responsabilidad penal de un ciudadano, es decir, las dos son conexas al ejercicio del ius puniendi del Estado.

Con fundamento en lo anterior, y en cuanto la aprehensión física por la que se demanda tuvo una duración de 2 días, se condenará a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar, por concepto de perjuicios morales, la suma de 15 SMMLV a la señora L... A... R... V... y de 7,5 SMMLV a la señora M... R... V....

8.2. Perjuicios materiales.

La señora L... A... R... V... solicitó el reconocimiento de $ 10’000.000, a título de daño emergente, sin indicar en qué consistía el perjuicio causado.

La Sala, con fundamento en el principio iura novit curia, confrontó el contenido de la pretensión con el material probatorio obrante en el plenario, sin encontrar acreditado perjuicio material alguno susceptible de indemnización, razón por la cual, se abstendrá de acceder a la petición analizada.

Además, conviene aclarar que la parte actora no formuló ninguna pretensión por lucro cesante, lo que resulta consecuente con el hecho según el cual la señora L... A... R... V... para la época de los hechos se encontraba disfrutando de una licencia por incapacidad médica.

9. Condena en costas.

En el presente caso, no se advierte una conducta que amerite y justifique la condena en costas de que trata el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, por tal razón, la Sala se abstendrá de imponerla.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º. ACEPTAR el impedimento manifestado por el doctor Carlos Alberto Zambrano Barrera y, como consecuencia, se le separa del conocimiento del presente asunto.

2º. REVOCAR la sentencia del 8 de abril de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima; como consecuencia, se dispone:

“— 1. DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional por la captura de la señora L... A... R... V....

“— 2. CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar, por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas de dinero expresadas en salarios mínimos mensuales legales vigentes - SMMLV:

“i) L... A... R... V...: 15.

“ii) M... R... V...: 7,5.

“— 3. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

“— 4. Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

“— 5. Para el cumplimiento de la sentencia expídanse copias con destino a las partes con las observancias de lo previsto en el artículo 115 del C.P.C. y en el artículo 37 del Decreto 359 de 1995. Las copias de la parte actora se entregarán al apoderado que ha venido actuando.

“— 6. Sin condena en costas”.

2º. En firme la presente providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(18) “ART. 150.—Causales de recusación: Son causales de recusación las siguientes:
“(…).
“1. Tener el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, interés directo o indirecto en el proceso” (se destaca).

(19) “ART. 160.—Causales y procedimiento. Serán causales de recusación e impedimento para los consejeros, magistrados y jueces administrativos, además de las señaladas en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, las siguientes (…)”.

(20) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, auto del 27 de enero de 2004, rad. 11001-03-15-000-2003-1417-0. M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(21) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, providencia del 28 de julio de 2010, exp. 2009-00016, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(22) López Blanco, Hernán Fabio. Procedimiento Civil. Tomo 1. Dupré Editores. Décima Edición 2009. p. 239 y ss.

(23) Acuerdo 58 de 1999, dictado por la Sala Plena del Consejo de Estado y modificado por los siguientes acuerdos: i) 45 del 2000; ii) 35 de 2001; iii) 55 de 2003; iv) 117 de 2010; v) 140 de 2010; vi) 15 de 2011; vii) 148 de 2014; viii) 110 de 2015 y ix) 306 de 2015.

(24) Consejo de Estado, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia del 9 de septiembre de 2008, exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(25) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 14 de febrero de 2002, exp. 13.622, M.P. María Elena Giraldo Gómez, reiterada en Sentencia del 11 de agosto de 2011, exp. 21.801.

(26) Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 6 de abril de 2011, exp. 21.653, M.P Ruth Stella Correa Palacio.

(27) Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 17 de octubre de 2013, exp. 23.354, M.P Mauricio Fajardo Gómez.

(28) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, providencias del 4 de diciembre de 2006, exp. 13.168, y del 2 de mayo de 2007, exp. 15.463, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, reiteradas por esta Subsección en sentencia de mayo 26 de 2011, exp. 20.299, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, entre otras.

(29) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A, Sentencia del 30 de junio de 2016, exp. 39808, reiterada en fallo del 24 de octubre de 2016, exp. 37812, respectivamente, entre otros.

(30) Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia de constitucionalidad C-469 del 31 de agosto de 2016, exp. D-11214, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

(31) “ART. 32.—El delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprehendido y llevado ante el juez por cualquier persona. Si los agentes de la autoridad lo persiguieren y se refugiare en su propio domicilio, podrán penetrar en él, para el acto de la aprehensión; si se acogiere a domicilio ajeno, deberá preceder requerimiento al morador”.

(32) “ART. 28.—Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.
“La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.
“En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”.

(33) Al respecto, la Corte Constitucional, Sala Plena, en Sentencia C-024 del 27 de enero de 1994, exp. D-350, M.P. Alejandro Martínez Caballero, sostuvo:
“De un lado, el inciso segundo del artículo 28 transcrito en el numeral anterior establece una excepción al principio de la estricta reserva judicial de la libertad, puesto que consagra la atribución constitucional administrativa para detener preventivamente a una persona hasta por 36 horas (…). Esta norma consagra entonces una facultad para que, en determinadas circunstancias y con ciertas formalidades, autoridades no judiciales aprehendan materialmente a una persona sin contar con previa orden judicial (…). Y no se puede considerar que esta norma se refiere únicamente al caso de la flagrancia, puesto que tal evento es regulado por otra disposición constitucional. Consagró entonces el constituyente una más amplia facultad de detención administrativa, lo cual no contradice sino que armoniza plenamente con los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Colombia, de conformidad con los cuáles se interpretan los derechos y deberes consagrados por la Constitución (C.P., art. 93).
“(…).
“La detención preventiva administrativa (…) no implica una posibilidad de retención arbitraria por autoridades policiales sino que es una aprehensión material que tiene como único objeto verificar ciertos hechos que sean necesarios para que la policía pueda cumplir su función constitucional, a saber ‘el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades pública, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz’ (C.P., art. 218)” (se resalta).

(34) Estatuto procesal penal vigente para la época de ocurrencia de los hechos.

(35) Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-024 del 27 de enero de 1994, exp. D-350, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(36) Cita del original: “Sentencia de fecha junio 28 de 2000, rad. 10797”.

(37) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 9 de noviembre de 2016, exp. 23.327, M.P. Marina Pulido de Barón.

(38) Se precisa que en los términos previstos por el numeral 8 del artículo 250 de la Constitución Política la Policía Nacional cumple funciones de policía judicial, de manera permanente.

(39) Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en Sentencia del 9 de noviembre de 2006, exp. 23.327, M.P. Marina Pulido de Barón, sostuvo:
“En relación con el conocimiento fundado (…), oportuno se ofrece precisar que doctrinaria y jurisprudencialmente se ha dicho que si bien se aleja de la categoría epistemológica de certeza, también excluye la mera sospecha, ubicándose fundamentalmente en el grado de probabilidad39. De tal suerte que preferiblemente los funcionarios de policía judicial previo a la práctica de las diligencias aludidas, deben desarrollar labores previas de investigación que les permitan inferir que se encuentran dentro de una de las situaciones que facultan la incursión domiciliaria sin orden judicial previa.
“(…).
“Así las cosas, (…) la exigencia de contar con motivos serios y fundados para practicar dichas diligencias (…) se hace extensiva a los servidores públicos que ejercen funciones de policía judicial; ello, como única forma de posibilitar la incursión al domicilio sin orden judicial, pues, de no ser así, se propiciaría la práctica de actos arbitrarios en los que sin justificación alguna se invadiría el entorno íntimo de las personas con la consecuente vulneración de las garantías fundamentales aludidas en precedencia, lo cual ciertamente no se corresponde con el modelo de estado social y democrático de derecho al que adscribe la Constitución Política.
“No obstante lo anterior, es necesario aclarar, así mismo, que la situación de apremio o urgencia que suele acompañar la actividad propia que desarrollan este tipo de funcionarios y que determina la adopción de medidas inmediatas para prevenir o evitar la comisión de un delito o sus consecuencias, no puede excusarlos de contar con fundamentos serios para la práctica de tales diligencias, aunque en el sopesamiento de sus motivos han de tenerse en cuenta factores tales como la naturaleza del delito o la producción de un daño para la víctima, entre otros, que pueden constituir motivo fundado para justificar su intervención, permitiendo prescindir en esos casos especiales de labores exhaustivas de verificación.
“Es por esa razón que para la Sala no resulta atinado diseñar una especie de tarifa legal probatoria para facultar la práctica de tales diligencias, pues cada caso debe valorarse conforme a las particulares circunstancias que lo rodeen. Sin embargo, es preciso hacer hincapié en que siempre la realización de este tipo de diligencias debe estar precedida de un conocimiento fundado que permita deducir las situaciones especiales que justifiquen la intromisión domiciliaria” (se resalta).

(40) En los testimonios que la señora María Gladis Aguirre Henao y el señor Jesús Danilo Ocampo Castaño rindieron ante la primera instancia se indicó que las personas que practicaron la diligencia se encontraban uniformados y se movilizaban en un carro de la Policía Nacional; además, en el acta de registro voluntario del inmueble y en la de derechos del capturado se dejó constancia expresa de los agentes que participaron en la diligencia, razón por la cual, no resulta de recibo la afirmación de la parte actora, según la cual la señora L... A... R... V... fue aprehendida por desconocidos, que no se identificaron.

(41) En relación con estos hechos se tomó en consideración el informe rendido por la SIJIN ante la Fiscalía General de la Nación el 23 de octubre de 2006 (fls. 34 a 37, c. 2).

(42) Al respecto, en el plenario obra copia del “acta de registro voluntario”, la cual aparece suscrita por la señora L... A... R... V..., quien no lo tachó de falso, por lo que es susceptible de valoración.
Lo anterior, de conformidad con el artículo 252 del C.P.C., que dispone:
“ART. 252.—Documento auténtico. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado (…). El documento privado es auténtico en los siguientes casos:
“(…).
3. Si habiéndose aportado a un proceso y afirmado estar suscrito, o haber sido manuscrito por la parte contra quien se opone, ésta no lo tachó de falso oportunamente (…)” (se resalta).

(43) A folio 37 del cuaderno 2 obra el acta de derechos del capturado.

(44) “ART. 327-A.—Apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan. El que se apodere de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan debidamente reglamentados, cuando sean transportados a través de un oleoducto, gasoducto, poliducto o a través de cualquier otro medio, o cuando se encuentren almacenados en fuentes inmediatas de abastecimiento o plantas de bombeo, incurrirá en prisión de ocho (8) a quince (15) años y multa de mil trescientos (1.300) a doce mil (12.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
En las mismas penas incurrirá el que mezcle ilícitamente hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan (…)” (se resalta).

(45) “ART. 327-B.—Apoderamiento o alteración de sistemas de identificación. El que se apodere o altere sistemas o mecanismos legalmente autorizados para la identificación de la procedencia de los hidrocarburos, sus derivados, los biocombustibles o mezclas que los contengan, tales como equipos, sustancias, marcadores, detectores o reveladores, incurrirá en prisión de cinco (5) a doce (12) años y multa de setecientos (700) a seis mil (6.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes” (se resalta).

(46) El acta levantada para tal fin, obra a folio 15 del cuaderno 1.

(47) Fls. 7-9, c. 1.

(48) Fls. 34-44, c. 2.

(49) Fl. 46, c. 2.

(50) Fl. 49, c. 2.

(51) Según lo indicado por la Fiscalía General de la Nación en la resolución inhibitoria proferida a favor de la demandante el 25 de enero de 2008 (fls. 21-25, c. 1).

(52) Fls. 42-45, c. 2.

(53) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, exp. 45460, Sentencia del 8 de marzo de 2017.

(54) “ART. 30.—Acceso al expediente y aporte de pruebas por el perjudicado. La víctima o el perjudicado, según el caso, podrán ejercer el derecho de petición ante el funcionario judicial con el fin de obtener información o hacer solicitudes específicas, pudiendo aportar pruebas. El funcionario deberá responder dentro de los diez (10) días siguientes.
(…).
“ART. 50.—Admisión de la demanda y facultades de la parte civil. Admitida la demanda de parte civil, ésta quedará facultada para solicitar la práctica de pruebas orientadas a demostrar la existencia de la conducta investigada, la identidad de los autores o partícipes, su responsabilidad, y la naturaleza y cuantía de los perjuicios ocasionados. Podrá igualmente denunciar bienes del procesado y solicitar su embargo y secuestro, e interponer recursos contra las providencias que resuelvan sobre las materias de que trata este artículo” (se resalta).

(55) Régimen procesal penal vigente para la época de ocurrencia de los hechos, toda vez que el Sistema Penal Acusatorio contenido en la Ley 906 de 2004 entró a regir hasta el 1º de enero de 2007 en el Distrito Judicial de Ibagué, según lo establecido en el artículo 530 ejusdem.

(56) Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-365 del 16 de mayo de 2012, exp. D-8798, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

(57) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, exp. 45475, Sentencia del 27 de enero de 2017.

(58) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencias de: i) 28 de agosto de 2013, C.P. Enrique Gil Botero, rad. 25.022, y de ii) 28 de agosto de 2014, C.P. Hernán Andrade Rincón, rad. 36.149.