Sentencia 2008-00694/48091 de octubre 23 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Rad.: 680012331000200800694 01 (48.091)

Actor: L.P.S.

Demandado: La Nación - Ministerio de Defensa Nacional- Policía Nacional.

Proceso: Acción de Reparación Directa

Asunto: Recurso de Apelación.

Nota: Legis considera conveniente que los datos de las partes y terceros, sean suprimidos por las iniciales de los nombres y apellidos, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política.

Bogotá D.C. veintitrés (23) de octubre de dos mil diecisiete (2017).

Extractos: «V. Consideraciones.

1. Aspectos procesales.

1.1. Legitimación en la causa

La legitimación en la causa es la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”(8), o en otras palabras, la legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Así, es evidente que cuando la legitimación en la causa falte en el demandante o en el demandado, la sentencia debe ser desestimatoria de las pretensiones.

En el caso concreto, comparece al proceso en calidad de demandante L.P.S., en su condición de privado de la libertad, quien en la condición aducida se encuentra legitimado en la causa por activa.

Por otra parte, teniendo en cuenta que la parte actora hizo consistir su recurso de apelación en la calidad que ostentaba la Policía Nacional como parte demandada en el proceso, la Sala procederá a analizar como presupuesto procesal previo la legitimación en la causa por pasiva de dicha entidad, para lo cual se soportará en lo manifestado múltiples ocasiones por esta Corporación.

En el caso de autos, la parte actora solicitó se declarara administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación -Ministerio de Defensa -Policía Nacional por la privación injusta de la libertad del señor L.P.S., como posible autor de los delitos de lesiones personales y abuso de autoridad; sin embargo, la parte demandada en su recurso de apelación, indicó que su poderdante no estaba llamada a responder en el presente caso debido a la falta de legitimación en la causa por pasiva que sobre esta recaía, al considerar que quien debía ser llamada a responder era la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar, dada su autonomía administrativa y financiera otorgada por la Ley.

Así las cosas, con el propósito de brindar una solución al asunto en comento, la Sala tendrá como fundamento para dirimir el problema expuesto, el criterio interpretativo definido en la providencia del 25 de septiembre de 2013 de la Sala Plena de la Sección Tercera(9), el cual apoyado en lo establecido en el artículo 49 de la Ley 446 de 1998, indicó que frente a casos similares como el que aquí se estudia, cuando se demanda a la Nación, no se está frente a un problema de legitimación en la causa por pasiva, sino de indebida representación.

De manera que, para esta Corporación al ser aplicable dicha posición al caso en concreto, aunque se demande a la Nación - Ministerio de Defensa -Policía Nacional y la notificación se surta frente al representante de dicha entidad, no se deberá considerar como una situación que configure una falta de legitimación en la causa por pasiva sino de una indebida representación, dado a que el centro de imputación es el mismo, esto es, la Nación -Ministerio de Defensa Nacional (de la que hace parte tanto la Policía Nacional y la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar), y en consecuencia, en el evento de resultar condenada la administración, la condena se impondrá en cabeza del Ministerio de Defensa - Dirección Administrativa de la Justicia Penal Militar, por ser la directa vinculada en los hechos objeto de la presente demanda; lo anterior, de conformidad con las funciones a ella encomendadas en el Decreto 1512 del 2000.

1.2. Caducidad de la acción de reparación directa.

La caducidad es concebida como un instituto que permite garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia y representa una manifestación clara del principio de seguridad jurídica y de la prevalencia del interés general; cuyos términos están fijados por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, que en su numeral 8º dispone que la acción “de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

La caducidad, a diferencia de la prescripción, no se suspende, salvo la excepción consagrada en la Ley 446 de 1998 y el artículo 21 de la Ley 640 de 2001(10), y sólo se interrumpe, de acuerdo con el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, con la presentación de la demanda que cumpla los requisitos y formalidades previstas en el Código Contencioso Administrativo(11). Tampoco admite renuncia y de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez(12).

Ahora bien, tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente al de ejecutoria de la providencia judicial preclusoria o absolutoria, como lo ha precisado la jurisprudencia de esta Corporación(13).

En el caso concreto, la Sala observa que el demandante fue absuelto mediante providencia que quedó ejecutoriada el 18 de julio de 2006 y la demanda de reparación directa tuvo lugar el 23 de enero de 2007, esto es, dentro del término de caducidad previsto en el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

2. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

En relación con la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés.

De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.

En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.

El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable”, sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración.”(14).

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

Finalmente, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede ser concebida simplemente como una herramienta destinada a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo(15) que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

3. El derecho a la libertad individual.

Dentro del catálogo de derechos contenido en la Constitución Nacional, la garantía de la libertad ocupa un especial e importantísimo lugar, esto es, la posición de derecho fundamental cuya eficacia emerge como el hilo conductor de todo el ordenamiento democrático y vincula a todas las manifestaciones del poder público y, fundamentalmente, al juez de responsabilidad extracontractual del Estado a quien se le impone el velar por la reparación integral de los perjuicios.

Es por esto que la limitación o restricción al derecho de libertad lleva consigo la configuración de un daño antijurídico que, en principio, el ciudadano no está obligado a soportar, en tanto no haya una razón jurídica que imponga tal carga, como es la comisión de una conducta punible, caso en el cual el particular puede ser restringido o privado del ejercicio de la libertad.

4. Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad.

La responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad en su construcción normativa y jurisprudencial ha pasado por las siguientes etapas:

En la primera etapa se consideró que debía aplicarse la teoría subjetiva o restrictiva, según la cual, esa responsabilidad estaba condicionada a que la decisión judicial de privación de la libertad fuera abiertamente ilegal o arbitraria, es decir, que debía demostrarse el error judicial(16).

También se sostuvo que dicho error debía ser producto “de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso”(17).

Así las cosas, tal declaratoria de responsabilidad procedía porque la privación de la libertad fue ilegal porque la captura se produjo sin que la persona se encontrara en situación de flagrancia o porque se realizó sin orden judicial previa.

Dijo entonces el Consejo de Estado:

“Ella [la sindicada] fue retenida en el curso de la investigación relacionada con el aludido secuestro; y del hecho de que hubiera sido absuelta al final no puede inferirse que fue indebida su retención. La justificación de la medida aparece plausible y nada hace pensar que en ella mediarán circunstancias extralegales o deseos de simple venganza.

“La investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra la persona sindicada, es una carga que todas las personas deben soportar por igual. Y la absolución final que puedan éstas obtener no prueba, per se, que hubo algo indebido en la retención. Este extremo, de tan delicado manejo, requería pruebas robustas y serias y no meras inferencias o conjeturas.”(18)

En una segunda etapa, el Consejo de Estado consideró que la privación injusta de la libertad por “error judicial” comprendía casos diferentes a los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal,(19)-(20) eventos aquellos en los cuales la víctima debe demostrar lo injusto de su detención toda vez que en los del artículo 414 se presumen:

“En este orden de ideas, fuera de los casos señalados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, en los cuales la ley presume que se presenta la privación injusta de la libertad, cuando se pretenda obtener indemnización de perjuicios por esta causa, el demandante debe demostrar que la detención preventiva que se dispuso en su contra fue injusta; y, en tales eventos, habiéndose producido la detención preventiva por una providencia judicial, la fuente de la responsabilidad no será otra que el error jurisdiccional”(21).

En la tercera, que es la que prohíja la Sala actualmente, sostiene que se puede derivar la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad, cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria (o preclusión de la investigación), incluyendo el evento del in dubio pro reo, aunque para la privación se hayan cumplido todas las exigencias legales ya que se entiende que es desproporcionado, inequitativo y rompe con las cargas públicas soportables que una persona en el Estado Social de Derecho vea limitado su derecho a la libertad para luego resultar absuelto del cargo imputado.

Y es que en un Estado Social de Derecho la privación de la libertad sólo debería ser consecuencia de una sentencia condenatoria, con el fin de proteger el principio universal de la presunción de inocencia establecido en el artículo 29 de la Constitución.

En consecuencia, se reitera que una vez que el juez de lo contencioso administrativo encuentre probado que el derecho fundamental a la libertad de una persona ha sido vulnerado como consecuencia de una decisión judicial, lo que constituye un daño antijurídico a la luz del artículo 90 de la C.P, debe ordenar su reparación.

En síntesis, la privación injusta de la libertad no se limita a las hipótesis previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y además no interesa que ella sea intramural o domiciliaria, esto es que la restricción de la libertad cualquiera que sea su naturaleza haya sido efectiva(22).

Esta idea vertebral se encuentra expresada como postulado en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 al disponer que “[q]uién haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios,” sin perder de vista que el artículo 70 de esa misma Ley prevé que “[e]l daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley.

En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado.”

Es pertinente precisar que respecto la norma transcrita la Corte Constitucional C -037 de 1996 señaló que:

“Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (Art. 95-7 C.P.), pues no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la rama judicial. Gran parte de la responsabilidad de las fallas y el retardo en el funcionamiento de la administración de justicia, recae en los ciudadanos que colman los despachos judiciales con demandas, memoriales y peticiones que, o bien carecen de valor o importancia jurídica alguna, o bien permanecen inactivos ante la pasividad de los propios interesados. Por lo demás, la norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según el cual “nadie puede sacar provecho de su propia culpa

(…)”. (Resaltado fuera del texto)

Asimismo, la culpa exclusiva de la víctima, es entendida como “la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado”, y tal situación releva de responsabilidad al Estado cuando la producción del daño se ha ocasionado con la acción u omisión de la víctima, por lo que esta debe asumir las consecuencias de su proceder.

Y se entiende por culpa grave no cualquier equivocación, error de juicio o actuación que desconozca el ordenamiento jurídico, sino aquel comportamiento que revista tal gravedad que implique no “manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suele emplear en sus negocios propios”, en los términos del artículo 63 Código Civil.

A la sazón, está Sala de Subsección ha precisado:

“La Sala pone de presente que, la culpa grave es una de las especies de culpa o descuido, según la distinción establecida en el artículo 63 del Código Civil, también llamada negligencia grave o culpa lata, que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Culpa esta que en materia civil equivale al dolo, según las voces de la norma en cita.

Valga decir, que de la definición de culpa grave anotada, puede decirse que es aquella en que se incurre por inobservancia del cuidado mínimo que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones.

Es pertinente aclarar que no obstante en el proceso surtido ante la Fiscalía General de la Nación, se estableció que la demandante no actuó dolosamente desde la óptica del derecho penal, no ocurre lo mismo en sede de la acción de responsabilidad, en la cual debe realizarse el análisis conforme a la Ley 270 y al Código Civil”(23).

En este orden de ideas, aunque el actuar irregular y negligente del privado de la libertad frente a los hechos que dieron lugar a la investigación penal y, por supuesto, a la privación de la libertad o el comportamiento por él asumido dentro del curso del proceso punitivo no haya sido suficiente ante la justicia penal para proferir una sentencia condenatoria en su contra, en sede de responsabilidad civil y administrativa, y con sujeción al artículo 70 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 63 del Código Civil, podría llegar a configurar la culpa grave y exclusiva de la víctima, y exonerar de responsabilidad a la entidad demandada.

Dicho de otra manera, que la parte demandante haya sido absuelta por la justicia penal, ello no quiere decir, per se, que se configure la responsabilidad patrimonial de la administración, pues debe revisarse la culpa del penalmente investigado, pues, pese a que su actuación no haya tenido la magnitud para configurar el delito endilgado en su contra, sí puede exonerar patrimonialmente a la entidad demandada.

Bajo la anterior óptica la Sala estudiará el asunto, previo análisis del material probatorio.

5. Caso concreto.

Solicita la apoderada de la parte demandada, se revoque la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda al considerar que se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva de su prohijada, dado a que quien ha debido ser llamada para responder por las decisiones tomadas por el Juzgado Penal Militar era la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar y no su prohijada, y en consecuencia que se nieguen las pretensiones de la demanda.

De acuerdo a lo expuesto, y teniendo en cuenta lo dicho en el recurso de apelación, el problema jurídico que se plantea la Sala consiste en determinar si hay lugar a confirmar la sentencia de primera instancia que concedió parcialmente las pretensiones de la demanda por considerar que se evidenció un daño antijurídico, o si por el contrario, se debe revocar la decisión negando las pretensiones de la demanda, descartando que no se haya configurado alguna causal eximente de responsabilidad a favor del demandado, por no encontrarse configurada la responsabilidad del Estado.

Así las cosas, se encuentra demostrado que el señor L.P.S. fue privado de su libertad mediante providencia del 29 de marzo de 2003(24) emitida por el Juzgado Ciento Sesenta y Nueve (169) de Instrucción Penal Militar de Bucaramanga, cuando decidió imponer medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación, al considerar que habían indicios graves de responsabilidad en su contra por la comisión del delito de lesiones personales, señalando entre otras cosas, la suspensión en el uso de sus funciones y atribuciones, la cual quedó registrada en su hoja de vida(25); y fue confirmada por dicha autoridad en proveído del 2 de julio de 2003.

No obstante, en sede de recurso de apelación el Tribunal Superior Militar en providencia del 13 de agosto de 2003(26), resolvió revocar la medida de aseguramiento y en consecuencia, otorgó la libertad inmediata al señor P.S., al considerar que no habían indicios graves de responsabilidad en su contra para imponer dicha medida.

Así las cosas, la Fiscalía Ciento Cincuenta y Uno (151) Penal Militar mediante proveído del 23 de junio de 2004(27), decidió llamar a juicio al señor L.P.S. por los delitos de lesiones personales y abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto en contra del señor A.R.R.

Sin embargo, una vez el proceso pasó a etapa de juzgamiento, el Juzgado Ciento Cuarenta y Nueve (149) de Instrucción Penal Militar mediante Sentencia de fecha 3 de marzo de 2006(28), y previa solicitud de absolución elevada por la misma Fiscalía Ciento Cincuenta y Uno (151) Penal Militar y el Ministerio Público, decidió absolver de todo cargo al hoy accionante, para lo cual indicó con relación el delito de lesiones personales que el investigado no fue el autor de las mismas, ni con su conducta dio lugar a ellas y con respecto, al delito de abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto, afirmó no encontrar ningún reproche en la instrucción dada por el investigado cuando ordenó la conducción del señor A.R. a la Estación de Policía, en dicho momento se dijo:

“(…) Corte Marcial

El Fiscal Penal Militar 151, solicitó sentencia absolutoria por los delitos endilgados al Procesado, habida cuenta la ausencia probatoria para demostrar la responsabilidad del Enjuiciado. En las lesiones personales, los testimonios de cargos son de oídas que además no ofrecen credibilidad. En cuanto al abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, señaló que debido a la exaltación y alteración del señor Roa, quien se hallaba ebrio y estaba fomentando riñas, era indispensable que el policial ordenara su conducción a la Estación de Policía, para evitar una eventual conducta punitiva.

El representante del Ministerio Público, peticionó sentencia absolutoria, por considerar que P.S. no es responsable de las lesiones de A.R., toda vez que ellas se produjeron por culpa de la propia víctima, quien se subió a la antena de comunicaciones para escabullirse de la medida policiva, pero en su intento y por su estado de embriaguez, se cayó. Del abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto manifestó que el procesado como Comandante de Estación, debía velar por el orden público del pueblo y que no afectaran las festividades, por ello debió retener al desadaptado, quien estaba exaltado y con alto nivel de agresividad, promoviendo riñas. Se quejó de la injusta detención del Procesado y de la terquedad de la funcionaria de Instrucción Penal Militar, al aplicar esta medida privativa de la libertad sin ningún fundamento.

(…)

De igual forma, no es viable admitir que el Procesado sea responsable en forma culposa de las lesiones de A.R., toda vez que como Comandante de Estación, apenas dio la orden de su retención, la cual fue cumplida por los uniformados C. y D. El retenido al ingresar a la Estación, y de acuerdo con la Resolución 6062 de 1986 (Manual de funciones y requisitos mínimos para la Policía Nacional) quedó bajo custodia y protección del Comandante de Guardia, por ser el encargado de la seguridad de las instalaciones de la unidad y ser el competente del control sobre el público que entra y sale de las instalaciones. (…) Téngase en cuenta además que el Comandante de Estación cuando estaba afuera de la Unidad, ordenó la retención que como se dijo arriba, fue realizada por otros dos uniformados, por lo cual le correspondía con mayor razón al Comandante de guardia velar por la seguridad del retenido, obviamente dentro de los medios que el Estado ofrece y proporciona para tales fines (…).

En tales circunstancias y con las pruebas referidas, el Despacho absolverá al Procesado por la conducta de lesiones personales culposas, al considerar que no fue autor de las mismas, ni dio lugar a ellas.

En cuanto a la conducción del lesionado a las instalaciones de la Estación de Policía, el Despacho acoge los argumentos expuestos en Corte Marcial por el Fiscal Penal Militar, el Representante del Ministerio Público y la defensora, en el sentido que le era imperativo al Comandante de Estación, ordenar la retención transitoria del señor A.R., debido al alto grado de su embriaguez, representando un potencial riesgo para la comunidad de San José de Miranda, (…) Ante tales apreciaciones, el Despacho considera que el Procesado como Comandante de Estación, actuó previendo alguna posible y eventual conducta no acorde a la ley que podía alterar y generar tranquilidad, zozobra e inseguridad para la comunidad de Miranda que se hallaba disfrutando de sus festividades. El Comandante de Estación, ordenó la conducción de A.R. a la Estación, buscando que el exaltado lograra apaciguar su agresividad, calmara sus ánimos alterados por la ingesta alcohólica, y se abstuviera de repetir conductas potencialmente generadoras de cualquier daño a algún bien jurídico. En tal virtud, este fallador de instancia, no encuentra reproche a la conducta del Procesado y por tanto lo absolverá por la conducta de Abuso de Autoridad por acto arbitrario o injusto. (…)”.

En ese mismo sentido, pero en sede de consulta el Tribunal Superior Militar a través de providencia del 20 de junio de 2006(29) confirmó la referida sentencia emitida por el Juzgado Ciento Cuarenta y Nueve (149) de Instrucción Penal Militar, al ratificar las razones en que se soportó su decisión para su absolución.

Ahora bien, la Sala analizará la conducta del actor con base al problema jurídico planteado, en el que se determinará si el hoy accionante, actuó con dolo o culpa grave dentro de los hechos por los cuales fue investigado penalmente, y en el que se deberá decidir si se revoca o se confirma la sentencia de primera instancia.

Conforme con lo anterior, la Sala encuentra que en proveído de fecha 29 de marzo de 2003(30) el Juzgado Sesenta y Nueve (169) de Instrucción Penal Militar de Bucaramanga, se refirió a las razones que lo motivaron para imponer medida de aseguramiento en contra del señor P.S., en los siguientes términos:

“(…) el lugar donde encontrándose retenido R.R. en los calabozos policiales a merced de quienes debían prestar seguridad y protección había cuenta su estado emocional no siendo otros que los policiales que lo custodiaban y por el contrario permitieron que sobre esta persona el hoy sindicado P.S. ejerciera violencia contra su integridad física en total estado de indefensión de la víctima en consideración a su estado anímico y valiéndose de su condición de comandante de la estación de policía Miranda (SS.), lo que le imprimía mayor autoridad sobre la víctima s quien debía aprovecharse de esta condición o investidura como ejercer actos violentos que perjudicaron la integridad física de la víctima por su presunto estado de alteración mental o emocional con las secuelas hoy resultadas de esa agresión, lo cual dadas estas circunstancias que agravan la conducta del hoy sindicado, P.S.L. en su condición de garante de la integridad ciudadana para la fecha de los hechos sin que se aviste una causal de justificación para tal obrar, y si movido por el deseo de desquite ante los improperios de que fue objeto de parte de Roa Rodriguez tal y como lo aducen los declarantes. (…)”

En ese mismo sentido, pero en interlocutorio de fecha 2 de julio de 2003, el citado estrado judicial al valorar la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento por parte de la defensa del hoy accionante, se refirió al deber de custodia que imperaba sobre el Comandante de Estación de Policía, quien en su consideración tenía que velar por la seguridad y protección de las personas salvaguardadas en su estación, de la siguiente manera:

“(…) Los argumentos con que la defensa pretende restarle credibilidad al testimonio tildándolo de mentiroso como quiera que parte de la sindicación que hace la propia víctima no tiene fundamento de peso controversial que le reste validez probatoria habida consideración que es la misma víctima de las lesiones quien depone sobre los hechos de una manera desprevenida y sin asomo de perseguir un interés oculto de perjudicar al sindicado simple y llanamente se limita a decir que no recuerda como se produjeron dichas lesiones (…) pero independientemente del lapsus mental en que pudo haber recaído el denunciante por la ingesta de alcohol para la fecha de autos, lo cierto es que existen hechos indicadores que llevaron a concluir a este despacho que efectivamente las lesiones sufridas por la víctima le fueron ocasionadas bajo la custodia y vigilancia del comandante de la estación de policía de Miranda (Santander) y que no es otro que el hoy sindicado Si. P.S.L. y a quien directamente se le atribuye la comisión del hecho criminal como se dijo basado en pruebas que fueron la base de la decisión privativa de la libertad (…)”

Así pues, con fundamento en las pruebas allegadas a la actuación, para la Sala es evidente al valorar de manera armónica y bajo criterios de la sana crítica, que en primer lugar, las múltiples lesiones que se produjeron en la humanidad del señor A.R.R., fueron ocasionadas al interior de la Estación de Policía del municipio de Miranda de Santander, donde cuyo Comandante era el hoy accionante el señor L.P.S.

De igual manera y en segundo lugar se deduce que, la persona que resultó lesionada se encontraba en estado de indefensión y disminuido en su capacidad de reacción, toda vez que tal y como quedó acreditado en la investigación penal, el señor R.R. se encontraba en alto grado alicoramiento, lo que le imponía al Comandante de Estación desde el mismo momento en que ordenó su retención y en atención de salvaguardar el interés general, un mayor cuidado en su integridad física en la estación de policía a su cargo.

Se colige de lo expuesto anteriormente, que fue el actuar gravemente culposo del demandante el que ocasionó que el ciudadano A.R.R. resultara lesionado dentro de las instalaciones de la estación de policía del municipio de Miranda -Santander, pues al no percatarse de las condiciones en que fue dejado a disposición del comandante de guardia, esto es, que la persona fuese asegurada en un lugar cerrado, en donde el mismo retenido no hubiera podido generar daño ni siquiera a sí mismo, supone el desconocimiento del artículo 218 de la Constitución Política que propende porque la fuerza pública mantenga las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y asegure la convivencia pacífica.

Entonces, el hoy accionante no veló en últimas por el respeto de los derechos fundamentales del referido ciudadano y por el contrario, su omisión representó que se generara un riesgo en contra de este, lo que le revela a esta Subsección que en su calidad de máximo Comandante de Estación de Policía, debía soportar no solo la investigación, sino la medida de aseguramiento decretada en su contra.

Todo lo anterior le muestra a la Sala, que el comportamiento del señor P.S. al no haber demostrado con diligencia el cumplimiento de sus funciones como garante de la custodia de quien a su orden se encontraba retenido en la estación de policía de la cual era Comandante, fue lo que generó la imposición de la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva decretada en su contra, así como su vinculación al proceso penal, teniendo que soportar en consecuencia la obligación que su cargo le imponía, con el agravante de ser el funcionario de mayor jerarquía de la Estación, culpa que no puede pretender usar a su favor en detrimento del patrimonio económico de la Nación.

Ahora, si bien la investigación le descubrió al juez de conocimiento diferentes circunstancias que pudieron haber enmarcado la conducta del hoy accionante como jurídica, a la luz del análisis realizado en materia penal, lo cierto es, que este no impide para que en sede contenciosa administrativa, su conducta sea reprochada por esta Corporación.

En otras palabras y con sujeción al artículo 70 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 63 del Código Civil, la Sala encuentra acreditado que el comportamiento del demandante desconoce los parámetros de cuidado y diligencia que una persona de poca prudencia hubiera empleado en sus negocios propios, y en consecuencia es configurativo de la culpa grave y exclusiva de la víctima.

De esta manera, la Sala encuentra configurada la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima consagrada en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, pues el comportamiento desplegado por el señor P.S. provocó que se iniciara una investigación en su contra para poder determinar si realmente con su proceder este habría sido el generador de las lesiones propinadas a la humanidad del señor A.R.R., o si su actuar fue acorde al ordenamiento jurídico existente.

Por lo tanto, al momento de restringirle la libertad al aquí demandante el ente acusador contaba con indicios racionales que le indicaban que podía estar incurso en los delitos investigados, pues fue el proceder del propio investigado el que dio lugar al proceso penal que se adelantó en su contra, conforme se explicó en los párrafos anteriores.

Así las cosas, para la Sala es claro que la detención de que fue objeto el demandante no es imputable al Estado, por cuanto fue el proceder del propio investigado el que dio lugar al proceso penal que se adelantó en su contra.

Lo anterior, no riñe con el hecho de que el Juzgado Ciento Cuarenta y Nueve (149) Penal Militar de Bucaramanga, en ejercicio de sus funciones y en aplicación del arbitrio judicial considerara que los medios de prueba recaudados no eran suficientes para endilgar responsabilidad penal al acusado por los delitos de lesiones personales culposas y abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto, pues como lo ha manifestado en reiteradas ocasiones la jurisprudencia de esta Subsección, el análisis que se hace en este tipo de casos es única y exclusivamente con el propósito de estudiar la conducta del administrado frente a sus deberes con la administración.

En suma, la Sala resalta que como se dijo en la parte conceptual de estas consideraciones, aunque el demandante fue absuelto por la justicia penal, ello no quiere decir, per se, que se configure la responsabilidad patrimonial de la administración, pues no puede pasarse por alto la culpa del penalmente investigado, ya que si bien su actuación no tuvo la magnitud para configurar el delito endilgado en su contra, sí exonera patrimonialmente a la entidad demandada.

En este sentido también se dijo que sí el actuar irregular y negligente de la parte actora no fue suficiente ante la justicia penal para proferir una sentencia condenatoria, en sede de responsabilidad sí lo es para encontrar acreditada la culpa grave y exclusiva de la víctima en los hechos que dieron lugar a la investigación penal y, por supuesto, a la privación de la libertad de la que fue objeto la parte demandante, y exonerar de responsabilidad a la entidad demandada.

En conclusión, se revocará la sentencia proferida por la Sala de Subsección de Descongestión del Tribunal Contencioso Administrativo de Santander, por encontrarse probada la causal eximente de responsabilidad de la culpa exclusiva de la víctima.

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

REVOCAR la Sentencia proferida el 24 de enero de 2012 por el Tribunal Contencioso Administrativo de Santander, la cual quedará así:

1. NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones expuesta en la parte considerativa de esta providencia.

2. DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

8. Corte Constitucional. Sentencia C- 965 de 2003.

9. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Pleno de Sección Tercera. Auto de 25 de septiembre de 2013. Exp. 20420.

10. “ART. 21.—Suspensión de la Prescripción o de la Caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”. (Resaltado fuera de texto)

11. Consejo de Estado, Auto de fecha 2 de marzo de 2001, Rad. 10909.

12. Consejo de Estado, Auto de fecha 26 de marzo de 2007, Rad. 33372.

13. Consejo de Estado, Auto de 9 de mayo de 2011, Rad. 40.324.

14. Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.

15. “En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en AFDUAM, 4, 2000, p.174.

16. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 1 de octubre de 1992, expediente: 10923.

17. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 2 de mayo de 200, Expediente: 15989.

18. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 25 de julio de 1994, expediente: 8666.

19. Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc.

20. Decreto 2700 de 1991, artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios.
Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.

21. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 17 de noviembre de 1995, expediente: 10056.

22. Debe aclararse que en lo que respecta a las restricciones para salir del país o cambiar de domicilio, la Sala ha considerado que el daño antijurídico recae sobre la libertad de locomoción que tienen las personas y no se configura con la simple prescripción de la medida sino que debe acreditarse la afectación efectiva frente a la víctima en particular. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 22 de enero de 2014. Exp.: 27.689. En otra oportunidad, la Sala precisó que debe demostrarse “que con dicha medida se hubiera materializado la afectación efectiva de la libre locomoción, por cuanto no se acreditó entre otras, que [los demandantes] tuvieran la necesidad o proyecto para salir del país o que su vida personal o profesional les demandara salir del país con alta frecuencia”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 26 de abril de 2017. Exp.: 41.326

23. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 12 de agosto de 2013, Rad. 27.577.

24. Fls.9-20 del cdno.1.

25. Fl.91 del cdno.1.

26. Fls. 25-53 del cdno.1.

27. Fls.54-74 del cdno.1.

28. Fls. 75-80 del cdno.1.

29. Fls.81-89 del cdno.1.

30. Fl.70-74 del cdno.2.