Sentencia 2008-00709/38549 de noviembre21 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad.: 73001-23-31-000-2008-00709-01 (38549)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actores: Ismael Domínguez Herrera y otros

Demandado: Nación - Rama judicial

Asunto: Acción de reparación directa (sentencia)

Contenido: Se confirma la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones, pero por la ausencia de daño antijurídico alegado. Presupuestos para la configuración de la responsabilidad extracontractual del Estado - La responsabilidad del Estado por daños derivados de la administración de justicia. Responsabilidad del Estado por error jurisdiccional - Responsabilidad del Estado por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Bogotá, D.C., veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación toda vez que de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, y el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta corporación el 9 de septiembre de 2008, de las acciones de reparación directa relacionadas con el ejercicio de la administración de justicia conocen, en primera instancia, los tribunales administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado(21).

2. Análisis de la impugnación.

El análisis de la impugnación se circunscribirá a los argumentos expuestos y desarrollados por la parte demandante en su escrito de apelación oportunamente presentado [siguiendo la sentencia de Sala Plena de Sección Tercera de 9 de febrero de 2012, exp. 21060]. Por lo cual la sala procederá a analizar si las actuaciones judiciales realizadas por el auxiliar de justicia dentro del proceso ejecutivo seguido en contra del señor Ismael Domínguez Herrera, generaron efectivamente un daño antijurídico contra los aquí demandantes.

Para resolver lo pertinente la sala en primer lugar reseñará las pruebas que obran en el expediente; a continuación, examinará los presupuestos para configuración de la responsabilidad extracontractual del Estado; luego se analizará la responsabilidad del Estado por daños derivados de la administración de justicia y finalmente se realizará el análisis del caso concreto.

3. Del acervo probatorio.

Dentro del plenario, obran los siguientes medios de prueba relevantes:

1. Copia auténtica del proceso ejecutivo prendario de Omar Poveda Díaz en contra de Ismael Domínguez Herrera tramitado ante el juzgado octavo civil municipal(22). dentro del cual obra lo siguiente:

1.1. Demanda ejecutiva de Omar Poveda Díaz contra Ismael Domínguez Herrera(23).

1.2. Certificado de tradición Nº 2102 del vehículo de placas SAK-082 expedido por el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte sede operativa Alvarado, en el cual, se encuentra registrado que dicho automotor se encuentra con limitación de propiedad por pignoración en primer grado a favor del señor Omar Poveda Díaz; por otra parte en pendientes judiciales obra la medida judicial de embargo ejecutivo proferida por el Juzgado Tercero Civil Municipal dentro del proceso 2006-00653, así como, la medida judicial de embargo ejecutivo proferida por el juzgado séptimo civil municipal a favor de Nubia Janeth Tovar, las cuales se encontraban activas(24).

1.3. Contrato de prenda sin tenencia celebrado entre el señor Omar Poveda Díaz en calidad de acreedor prendario e Ismael Domínguez Herrera en calidad de deudor prendario, sobre el vehículo camión de placas SAK-082(25).

1.4. Auto inadmisorio de la demanda del 14 de junio de 2007 emitido por el juzgado octavo civil municipal(26) por lo que la parte demandante la subsanó(27), en consecuencia, el juzgado el 21 de junio de 2007 admitió la demanda promovida por el señor Omar Poveda Díaz contra Ismael Domínguez Herrera, y decretó el embargo y posterior secuestro del vehículo de servicio público de placas SAK-082, de propiedad del demandado(28).

1.5. Oficio Nº 1174 del 25 de junio de 2007 mediante el cual se le ordenó al secretario de tránsito y transporte de Alvarado la inscripción de la medida de embargo.(29)

1.6. Copia de la citación para diligencia de notificación personal Nº 271 del 9 de agosto de 2007 dirigida al señor Ismael Domínguez Herrera(30).

1.7. Copia del oficio ORP 11159-0943 del 15 de agosto de 2007, mediante el cual el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte le informó al juzgado octavo civil municipal que había inscrito la medida judicial de embargo del vehículo de placas SAK-082 de propiedad del señor Ismael Domínguez Herrera(31).

1.8. Reposa el avalúo del automotor de placas SAK-082 realizado por la auxiliar de justicia María Eugenia Ortega Ortiz el 21 de agosto de 2007 con destino al juzgado séptimo civil municipal, en el cual se indicó que el vehículo se encontraba en el parqueadero La octava ubicado en la calle 1 Nº 7-12 barrio Las cruces de la ciudad de Bogotá, calculó el valor comercial en cien millones de pesos ($ 100.000.000)(32).

1.9. Copia de la providencia del juzgado octavo civil municipal del 23 de agosto de 2007 mediante la cual ofició a la Policía Nacional y al tránsito y transporte municipal de Ibagué para que retuvieran el vehículo de placas SAK-082 y fuera dejado a disposición de ese juzgado(33).

1.10. Copia de la notificación por aviso Nº 113 del 30 de agosto 2007 al señor Ismael Domínguez Herrera(34).

1.11. Obra copia de la solicitud radicada ante el juzgado octavo civil municipal por el apoderado del señor Omar Poveda Díaz mediante el cual señaló que “el vehículo comprometido con embargo y la base de prenda de este proceso, se encuentra secuestrado y retenido por cuenta del Juzgado 7º Civil Municipal de Ibagué, dentro del proceso ejecutivo singular de Nubia Yaneth Tovar vs. Ismael Domínguez Herrera rad. 711-2006. (…) Lo anterior, para que el despacho de conocimiento proceda ordenar se oficie al Juzgado 7º Civil Municipal de Ibagué, para que ponga a disposición el mencionado vehículo y las diligencias de aprehensión y secuestro, para efectivizar la medida cautelar. (…)”(35).

1.12. Providencia del 31 de agosto de 2007 Juzgado Octavo Civil Municipal mediante la cual ordenó oficiar a la secretaría de tránsito y transporte de Alvarado, para que expidiera el certificado de tradición del vehículo de placas SAK-082, “tal como fue solicitado en el oficio Nº 1174 de 25 de junio de 2007, igualmente, se le solicita a dicha secretaría informe que embargo fue desplazado en razón a la medida comunicada por este despacho, pues esta medida tiene prelación sobre las demás por tratarse de una garantía real”(36).

1.13. Obra el acta de la diligencia del secuestro de un vehículo del 15 de diciembre de 2006 realizada por la inspección permanente municipal de policía de Ibagué, primer turno, decretada por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagué, documento en el que se lee:

“mediante despacho comisorio Nº 224 de fecha 13 de diciembre del año en curso, librado dentro del proceso ejecutivo singular de mínima cuantía adelantado por Carolina Calderón Trejos contra Ismael Domínguez Herrera, el suscrito inspector se constituyó en AUDIENCIA PÚBLICA, con el indicado fin. Seguidamente se procedió a posesionar al secuestre designado para esta diligencia, pero en razón a que la designada por el comitente no se presentó el despacho de conformidad a normas establecidas en el C. de P. Civil procedió a reemplazarlo por el señor Luis Enrique Castillo Cerón quien hace parte de la lista de auxiliares de la justicia en su orden y estando presente aceptó el cargo para el cual se juramentó (…) nos trasladamos al parqueadero taller de la Santísima Trinidad ubicada por la vía principal avenida Ibagué Cajamarca (Tol) (…) Allí encontramos el vehículo objeto de la diligencia. En este momento se hace presente el demandado señor Ismael Domínguez Herera (sic) a quien se le enteró del motivo de la diligencia. (…) Seguidamente se procede a identificar el vehículo objeto de la diligencia. Se trata de un camión doble troque de placas SAK 082, (…) No se ha comprobado su funcionamiento ni eléctrico y mecánico toda vez que se encuentra en reparación, (…). Lo anterior por versión del propietario que se hizo presente, el vehículo generalmente se encuentra parado. (…) En este estado de la diligencia se le concede el uso de la palabra al señor Ismael Domínguez Herrera quien manifestó: Yo quiero un arreglo con el demandante señor Omar Poveda Díaz. En este estado de la diligencia y como quiere que no se ha presentado ninguna clase de oposición a la misma el despacho de la inspección permanente central de policía de Ibagué, primer turno, declara legalmente secuestrado el vehículo antes identificado y procede hacer entrega del mismo en forma real y material al señor secuestre quien lo recibe a entera satisfacción (…)”(37).

1.14. Obra oficio SOA-001161 del 28 de septiembre de 2007, expedido por el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte - Sede operativa mediante el cual le informó al Juzgado Octavo Civil Municipal de Ibagué, que mediante oficio Nº 2074 del 6 de diciembre de 2006, expedido por el Juzgado Tercero Municipal de Ibagué, se inscribió la medida de embargo sobre el vehículo de placas SAK-082 en el proceso ejecutivo prendario de Omar Poveda Díaz contra Ismael Domínguez Herrera, por lo que es esa la medida que quedó vigente por ser la primera que se inscribió(38).

1.15. Oficio Nº 1650 del 28 de septiembre de 2007, mediante el cual el Juzgado Noveno Civil Municipal de Ibagué le comunicó al Juzgado Octavo Civil Municipal de esa misma ciudad, que dentro del proceso Ejecutivo de Martha Eulalia Arévalo Sierra contra Ismael Domínguez Herrera (rad: 73001-40-03-009-2006-00646-00) “que este juzgado con providencia de fecha septiembre veinte (20) del presente año, decreto el embargo de los remanentes que llegaren a quedar dentro del proceso adelantado por Omar Poveda Díaz contra el demandado Isamel (sic) Domínguez Herrera, con radicación 316/07, que cursa en ese despacho judicial. (…) Es de advertir que el límite máximo de lo embargado es hasta la suma de $ 30.413.000”(39).

1.16. Providencia del 16 de octubre de 2007 el Juzgado Octavo Civil Municipal mediante la cual señaló que se tuviera en cuenta en debida oportunidad el embargo de remanentes decretado y comunicado por el Juzgado Noveno Civil Municipal(40).

1.17. Obra providencia del 9 noviembre de 2007, en la que el Juzgado Octavo Civil Municipal de Ibagué designó curador ad-litem en los términos del artículo 3º de la Ley 794 de 2003(41).

1.18. Obra el oficio Nº 2035 del Juzgado Sexto Civil Municipal de Ibagué del 22 de noviembre de 2007, mediante el cual le comunicó al juzgado octavo civil municipal el decretó del embargo de los remanentes que se le llegaren a desembargar al señor Domínguez Herrera dentro del proceso prendario que le adelanta Omar Poveda Díaz rad. 2007-316(42).

1.19. Reposa la providencial del 13 de diciembre de 2007, mediante la cual el juzgado octavo civil municipal dentro del proceso Nº 2007-0316 ordenó llevar a cabo la ejecución, practicar la liquidación respectiva, condenar en costas al demandado y realizar el avaluó y remate de los bienes que se embargaran y secuestraran en este proceso(43).

1.20. Reposa el oficio Nº 55 del 25 de febrero de 2008 dirigido al señor Luis Enrique Castillo Cerón, mediante el cual el juzgado octavo civil municipal le solicitó que dejara a disposición el vehículo de placas SAK-082 el cual fue secuestrado por el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Ibagué, igualmente para que rindiera cuentas comprobadas de su gestión como secuestre del automotor.(44).

1.21. Informe rendido por el señor Luis Enrique Castillo Cerón el 26 de febrero de 2008 ante el Juzgado Octavo Civil Municipal de Ibagué, en el que manifestó que “por medio del presente me permito dejar a su disposición el bien cautelado en estas diligencias y se encuentra en el parqueadero La octava ubicado en el barrio Las cruces calle 1 Nº 7-72 de Bogotá; lugar en el que fue dejado por la policía desde el día 25 de mayo de 2007, día en el que se inmovilizó; después de que al parecer a través de terceros el demandado lo vendió a una consignataria en la ciudad de Bogotá desconociendo la medida cautelar decretada sobre el vehículo”(45); adjuntó el acta de inventario del parqueadero “La octava”, del 25 de mayo de 2007, en la cual reposa que la inmovilización del vehículo se dio en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagué dentro del ejecutivo singular Nº 110013103010200300052(46).

1.22. Reposa la providencia del 16 de abril de 2008, mediante la cual el juzgado octavo civil municipal fijó el día 15 de julio de esa anualidad como fecha para llevar a cabo la diligencia de remate de los bienes embargados y secuestrados(47).

1.23. Obra informe radicado el 23 de abril del 2008 ante el Juzgado Octavo Civil Municipal de Ibagué dentro del proceso 2007-0319 rendido por el secuestre Luis Enrique Castillo Cerón, mediante el cual informó que el automotor de placas SAK-082 no generaba renta y se encontraba en el mismo lugar y estado, como lo informó en el informe del 26 de febrero de 2008(48).

1.24. Obra informe radicado el 26 de agosto de 2008 ante el Juzgado Octavo Civil Municipal de Ibagué dentro del proceso 2007-0319 rendido por el secuestre Luis Enrique Castillo Cerón, mediante el cual informó que el automotor del placas SAK-082 no generaba renta y se encontraba en el mismo lugar y estado; asimismo, señaló que “a la fecha las partes guardaban silencio en colaborar con la administración del vehículo y/o recibirlo en depósito para que siga prestando el servicio público de transporte de carga a nivel nacional”(49), informe que el 28 de agosto de 2008 el juzgado puso en conocimiento de las partes(50).

1.25. Obra informe radicado el 20 de octubre del 2008 ante el Juzgado Octavo Civil Municipal de Ibagué dentro del proceso 2007-0319 rendido por el secuestre Luis Enrique Castillo Cerón, mediante el cual informó que el automotor del placas SAK-082 no generaba renta y se encontraba en el mismo lugar y estado; señaló que “a la fecha las partes guardaban silencio en colaborar con la administración del vehículo y/o recibirlo en depósito para que siga prestando el servicio público de transporte de carga a nivel nacional”(51).

1.26. Obra copa de la diligencia de remate la cual se llevó a cabo el 18 de noviembre de 2008 dentro del proceso Nº 2007-0316 la cual realizó el Juzgado Octavo Civil Municipal de Ibagué en la que se remató el vehículo de placas SAK-082(52), la cual aprobó dicho juzgado el 19 de diciembre de 2008(53).

1.27. Reposa oficio del 27 de noviembre de 2008 dirigido al juzgado octavo civil municipal, en el que el señor Ismael Domínguez Herrera señaló que se oponía a la diligencia de remate del vehículo de su propiedad; asimismo, solicitó la suspensión del proceso hasta que no se resolviera el proceso penal que se adelantaba contra el señor Luis Enrique Castillo Secuestre del automotor, por hurto calificado y presuntas irregularidades(54).

1.28. Obra el informe radicado el 15 de enero de 2009 por el señor Luis Enrique Castillo Cerón en calidad de secuestre dirigido al juzgado octavo civil municipal, en el que informó que el automotor del placas SAK-082, rematado, fue entregado el 22 de diciembre de 2008; asimismo, que el vehículo permaneció en un parqueadero “La octava”, ubicado en la ciudad de Bogotá, sin que ninguna de las partes prestaran atención a lo requerido mensualmente por él, por lo que ese carro no generó renta para consignar a ese despacho a cuenta de ese proceso. Por otra parte, solicitó el reconocimiento de sus honorarios definitivos, para ello solicitó que se tuviera en cuenta su gestión ante ese juzgado, así como, en la del juzgado séptimo civil municipal quien también reclamó como prenda ese carro(55).

1.29. Reposa el informe radicado el 9 de febrero de 2009 por el señor Luis Eduardo Castillo Cerón ante el juzgado octavo civil municipal, mediante el cual reiteró lo expuesto en el informe del 15 de enero de 2009(56).

1.30. El 9 de febrero de 2009 el juzgado octavo civil municipal le fijo como honorarios al señor Luis Eduardo Castillo Cerón la suma de cien mil pesos ($ 100.000)(57).

1.31. Obra la providencia del 22 de abril de 2009 mediante la cual el secretario del juzgado octavo civil municipal le informó al juzgado tercero civil municipal del remate del automotor de placas SAK-082 y de la adjudicación del mismo(58), lo anterior a solicitud de ese despacho judicial para tenerlo como prueba dentro del incidente de sanción exclusión lista de auxiliares de la justicia(59).

2. Copia auténtica del proceso que adelantó la fiscalía veintidós seccional dentro del sumario Nº 226.842 en el que fungía como sindicado Luis Enrique Castillo Cerón por el delito de peculado por apropiación, en el mismo el apoderado del señor Ismael Domínguez Herrera formuló demanda de parte civil(60).

3. Obra el auto del 12 de diciembre de 2006 mediante el cual el juzgado tercero civil municipal nombró como secuestre a la señora Blanca Consuelo Ararly Camacho(61).

4. Obra el escrito radicado el 11 de enero de 2007 por Luis Enrique Castillo Cerón ante el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagué, en el cual en su calidad de secuestre presentó informe de la gestión realizada en el que consigno:

“15 de diciembre de 2006 se me entregó en calidad de secuestre un vehículo automotor de servicio público tipo doble troque de placa SAK-082, al momento de realizar la diligencia del vehículo se encontraba, en un taller denominado Santísima Trinidad ubicado en el barrio Ricaurte, con el troque trasero del lado izquierdo bajado, así como su muelle, por lo que se averiguo (sic) estaba en arreglo de un eje. El día 18 de diciembre se procedió a visitar nuevamente el automotor para ver si ya había sido reparado y efectivamente estaba armado, pero no se conocía de mi parte el estado general, tanto mecánico como eléctrico. (…) Por los trabajos que se realizaron en ese parqueadero se asumieron los siguientes gastos: (…) Los anteriores suma un total de doscientos tres mil pesos m/cte (sic) ($ 203.000.000). (…) El día 18 de diciembre de 2006, sobre la 1:00 pm., se dejó el tracto camión en el parqueadero Mirolindo de esta ciudad en calidad de parqueo y con el ánimo de hacerle una revisión más acertada de los arreglos necesarias para el funcionamiento del vehículo, por estos arreglos fueron arrojados los siguientes gastos explicados directamente en las facturas números: (…) Las anteriores suman un total de novecientos dos mil cuatrosientos pesos m/cte (sic) ($ 902.400.000), para un gran total de gastos adquiridos en reparación y parqueadero del automotor de placas SAK-08 (sic), secuestrados en esta diligencia. (…) Total gastos: un millón ciento cinco mil cuatrosientos pesos m/cte (sic) ($ 1.105.400.00). (…) Al momento de la diligencia el señor demandado se hizo presente, en ningún momento manifestó su inquietud de que se le dejara el carro en depósito, por tal motivo y señoría téngase en cuenta que el automotor es de servicio público, me di a la tarea de averiguar carga para el mismo y en la empresa de cementos al que estaba afiliado por intermedio de la apoderada Dra. Carolina Calderón Trejos se informó que la carga no se la daban si no a una persona que apareciera registrada en la empresa como beneficiario del automotor citado. (…) Por tal motivo, en vista de que el vehículo ya que adeudaba una suma considerable de pago de arreglos y estaba en óptimas condiciones para trabajar procedí arrendarlo en la suma de dos millones de pesos m/cte ($ 2.000.000) mensuales libres de todo gasto y responsabilidad, contrato que suscribí con Jaime De Jesús Montoya Vanegas, residenciado en Bogotá, el mismo es conocido como transportador en la ciudad de Bogotá y Manizales. (…) El contrato se suscribió el 5 de enero de 2007, con un pago de dos meses de la suma pactada por arriendo por adelanto, contrato que me permito adjuntar debidamente autenticado y con las cláusulas de ley respectivas. (…) De los cuatro millones de pesos m/cte ($ 4.000.000) recibidos por concepto de los cánones de arrendamiento, cada uno por la suma de dos millones de pesos m/cte ($ 2.000.000), hasta el 5 de marzo de 2007. Se cancelaron las deudas adquiridas por los arreglos asumidos en mantenimiento y prevención para el automotor”(62).

5. Reposa el informe radicado el 12 de febrero de 2007 por el señor Luis Enrique Castillo Cerón al juzgado tercero civil municipal mediante el cual informó que el vehículo cautelado se encontraba alquilado al señor Jaime De Jesús Montoya desde el 5 de enero de esa misma anualidad, quien canceló dos meses por anticipado; seguidamente informó que el demandado Ismael Domínguez Herrera se comunicó con él telefónicamente para que le permitiera ver el automotor; por lo que le facilitó el número telefónico del arrendatario, quienes se pusieron de acuerdo para entrevistarse(63).

6. Obra el auto del 13 de febrero de 2007 del juzgado tercero civil municipal, mediante el cual relevó del cargo al secuestre Luis Enrique Castillo Cerón y nombró en su reemplazo a Alex Barreto González a quien el secuestre saliente debería entregar de forma inmediata los bienes a su cargo lo anterior con fundamento en las siguientes consideraciones(64):

“Preocupante se torna la afirmación que se pone de presente dentro de estas diligencias por parte del demandando, en cuanto a la actuación que ha ejercido el secuestre dentro del proceso, respecto de la custodia del vehículo que se cauteló (posible oferta de venta, perjuicios causados, etc.); lo que obliga al juzgado a tomar los correctivos que sean necesarios para garantizar los derechos constitucionales que le asiste al demandado.

Ante las presuntas irregularidades y aunque el ejecutado en la diligencia de secuestro no haya manifestado su intención de que se le dejara el bien en depósito provisional, debe recordársele al secuestre que la medida cautelar no implica que el propietario o poseedor del rodante haya perdido sus derechos sobre el mismo, hasta que no sobrevenga un eventual remate y adjudicación; es claro que el auxiliar debe administrar el bien controlando la productividad, consignando al proceso el excedente del producido, pero permitiendo que el ejecutado siga obteniendo su propio sustento.

(…)

Lo anterior significa que el demandado debe estar al frente de la custodia y cuidado del vehículo, brindar las garantías para que siga explotando el automotor y dar la posibilidad que la persona subsista de tal productividad.

Se advierte por el demandado que el doble troque se encuentra en consignación en una compraventa de vehículos de Bogotá, denominada Carriautos 50 para lo cual aporta unas fotos y la cotización expedida por esa empresa en donde se encuentra y que por ello presentará la correspondiente denuncia penal y como consecuencia solicita se EXCLUYA de la lista de auxiliares de justicia.

En las fotografías y cotización allegada, claramente se observa que se trataba del mismo rodante que fuera cautelado al interior de estas diligencias, lo que demuestra un riesgo para los intereses del demandado y un incumplimiento del secuestre en sus deberes y obligaciones legales, máxime si se tiene en cuenta que el auxiliar tampoco prestó la caución ordenada en el auto del 17 de enero de 2007, lo que nos obliga a tomar los correctivos del caso, de acuerdo a lo previsto en el artículo 688 del CPC que serán —por ahora— ordenar el relevo del secuestre Luis Enrique Castillo Cerón”.

7. Asimismo, obra la constancia expedida el 14 de febrero de 2007 por el señor Jaime De Jesús Montoya Vanegas, en el que informó que el señor Ismael Domínguez Herrera le manifestó que quería vender el automotor para saldar las cuentas que este tenía, por lo que el señor Montoya Vanegas le ofreció comprarle el automotor(65).

8. Obra el escrito radicado el 19 de febrero de 2007 por el secuestre Luis Enrique Castillo Cerón ante el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagué, en el que informó que el 14 de febrero de 2007 se trasladó a la ciudad de Bogotá y encontró que el vehículo que tenía su cargo se encontraba en la consignataria “Carriautos” de la ciudad de Bogotá; indicó que al requerir al arrendatario para que le informara el por qué se encontraba allá este le manifestó que el dueño del carro le solicitó que lo dejara allá para venderlo, y él así pagar todas sus obligaciones, le manifestó al juzgado que como es anormal que el demandado pretendiera vender el carro, peticionó al juzgado para que este oficiara a la Policía Nacional a fin de obtener la inmovilización de dicho automotor(66).

9. Obra auto del 22 de febrero de 2007 proferido por el juzgado tercero municipal mediante el cual decretó la terminación del proceso ejecutivo singular de mínima cuantía, como consecuencia canceló las medidas previas decretadas y perfeccionadas en contra del señor Ismael Domínguez Herrera, “pero quedando vigentes las mismas, con destino al Juzgado Segundo Civil Municipal de Ibagué, para el proceso ejecutivo que adelanta Mercallantas S.A. (…), con rad. 264/2006, por embargo de remanentes. (…) Infórmese a los demás juzgados que solicitaron embargos de remanentes, que no se pueden cumplir sus peticiones, porque los bienes cautelados quedaron por cuenta del juzgado 2º civil municipal de esta capital por embargo de remanentes. (…) se ordena notificar esta decisión al nuevo secuestre Jorge Alex Barreto González, para que continúe en el ejercicio de sus funciones ante el Juzgado citado, a quien debe situársele el automotor correspondiente y entenderse para todos los efectos con ese despacho. (…). Deben secuestra posesionada prestar la caución ordenada en el inciso 2º del auto de enero 17/07 fl. 45, del cdno. 2, para poder fijar los honorarios provisionales (…). Reitérese al secuestre saliente Luis Enrique Castillo Cerón, la orden emitida en el numeral 3º del auto del 17 de febrero de 2.007, en el sentido de rendir cuentas comprobadas de su administración dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de este auto. (…)”(67).

10. Obra solicitud remita por “Enviared”, con guía Nº 1003394328 del 1º de marzo de 2007 al señor Jaime De Jesús Montoya Vanegas por parte del señor Luis Enrique Castillo Cerón, mediante la cual le solicitó la entrega del vehículo que este le había arrendado, en razón a que este había sido relevado como secuestre del automotor de placas SAK-082; por lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el contrato de arrendamiento le indicó la terminación unilateral del mismo(68).

11. Obra oficio radicado el 7 de marzo de 2007 ante el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagué, mediante el cual señaló que en cumplimiento de lo ordenado en el auto del 22 de febrero de 2007, informó que el vehículo objeto de la medida cautelar se encontraba en manos del señor Jesús Montoya arrendatario del mismo, “quien se niega a entregarlo manifestando poseerlo en razón a que el dueño y demandado dentro de este proceso se lo vendió”; señaló que la renta del vehículo estaba paga hasta el 5 de marzo de esa misma anualidad. Por otra parte, indicó que “como el vehículo se arrendó libre de gastos de mantenimiento y de operación la renta corresponde a la utilidad líquida. Por esta razón no existen gastos de administración, el único gasto que realicé fue el costo de transporte del suscrito de Ibagué a Bogotá y viceversa, viaje que realicé con el fin de revisar el vehículo”(69).

12. Asimismo, reposa el oficio del 13 de marzo de 2007 remitido por la empresa Cronoenvíos Tolima, en esa misma fecha por el señor Luis Enrique Castillo Cerón al señor Jaime de Jesús Montoya Vanegas, mediante el cual le requirió por segunda vez de la entrega del vehículo SAK-082; en esta oportunidad le advirtió que si no le entregaba el mismo se vería en la obligación denunciarlo(70).

13. Reposa copia de la denuncia radicada el 22 de marzo de 2007 por el señor Luis Enrique Castillo Cerón contra el señor Jaime de Jesús Enrique Montoya Vanegas por “los delitos que se pueda calificar al disponer de un bien ajeno gravado con la medida cautelar que se le entregó en arriendo”, en la misma en el acápite de los hechos señaló que como “ninguna de las partes quiso recibir el vehículo para administrarlo y presentarme las cuentas mensuales y por este motivo en cumplimiento de mis funciones procedí a entregarlo en arriendo al señor denunciado Jaime De Jesús Montoya Vanegas, en los términos del contrato que previamente se firmó entre el señor arrendatario y el suscrito, el contrato lo firmo como secuestre tal y como consta, el contrato se inició el día 5 de enero de 2007”(71).

14. Obra el oficio radicado el 11 de abril de 2007 ante la Sijin —grupo de automotores— en el que el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagué solicitó la colaboración para retener el vehículo de placas de SAK-082 y para que lo dejaran a disposición de ese juzgado, debido a que se encontraba legalmente embargado y secuestrado; se advirtió que el automotor lo podían entregar al señor Luis Enrique Castillo Cerón, quien era uno de los interesados en recuperar el automotor(72).

15. Reposa el acta de inventario del 25 de mayo de 2007 del parqueadero “La octava”, mediante la cual la Policía Nacional dejó el vehículo de placas SAK-0082 (sic) en cumplimiento de la orden emanada por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagué(73).

16. Obra el oficio radicado el 25 de mayo de 2007 por Luis Eduardo Villegas Rodríguez apoderado del Luis Enrique Castillo Cerón ante el Juzgado Tercero Municipal de Ibagué, mediante el cual informó a ese despacho que el secuestre el día 25 de mayo de 2007 “procedió a retener el vehículo de placas SAK-082 con la colaboración de la Policía Nacional en la ciudad de Bogotá”; asimismo, indicó que la ubicación del automotor la consiguió mediante una llamada telefónica; por otra parte señaló que el señor Domínguez Herrera se presentó en la diligencia de incautación con el fin de interferir en la misma. Por último, señaló que le vehículo había quedado por cuenta de la policía en el parqueadero “La octava”(74).

17. Reposa el oficio radicado el 4 de julio de 2007 por el señor Luis Enrique Castillo Cerón ante el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Ibagué, en el cual señaló que “en atención a lo ordenado por su despacho en auto del 19 de junio del año en curso, me permito presentar informe de la gestión adelantada respecto del vehículo embargado y secuestrado y que se encuentra a disposición del despacho por embargo de remanentes lo hago de la siguiente manera: (…) En cumplimiento de mis funciones dentro del proceso que se adelanto (sic) en el juzgado tercero civil municipal de esta ciudad y donde se realizo (sic) la Diligencia de secuestro, arrendé el vehículo dado que es de servicio público y las partes especialmente la demandada no manifestó por ningún medio su intención de recibir el vehículo en depósito. (…) Posteriormente el demandado y el arrendatario al parecer acordaron vender el vehículo y por este motivo cuando requerí al arrendatario para que me entregara el automotor no lo quiso hacer. (…) Por esta circunstancia solicite oficios al juzgado con el fin de inmovilizar el vehículo, lo que logre hacer en colaboración de la policía el 25 de mayo en la ciudad de Bogotá. (…) Desde entonces y hasta la fecha el vehículo permanece en el parqueadero La octava. Ubicado en la carrera 7 con calle 2 barrio Las cruces de Bogotá. (…) Muy respetuosamente solicito del despacho requerir a las partes con el fin que me presten los medios necesarios para trasladar el vehículo a esta ciudad y en lo posible ponerlo a generar renta para el proceso. (…) Cuentas para rendir no tengo dado que a la fecha el vehículo permanece inmovilizado en un parqueadero de la ciudad de Bogotá. (…)”(75).

18. Obra un escrito radicado el 23 de julio de 2009 por el apoderado de la parte demandante, mediante el cual allega copia de la minuta de población del Caí (sic) Sabana Grande en la que reposan anotaciones de fecha del 24 de mayo de 2007 en donde está registrado que el vehículo de placas SAK-082 quedó a disposición del juzgado tercero civil municipal(76).

19. Aparece también oficio radicado el 19 de agosto de 2007 ante la Fiscalía 22 Seccional de Ibagué por Luis Enrique Castillo Cerón, mediante el cual informó a ese despacho que “el vehículo de placas SAK-082 a la fecha se encuentra legalmente embargado y secuestrado y a disposición del juzgado séptimo civil municipal de esta ciudad. Actualmente sigo siendo el “secuestre” del vehículo. En razón a que el proceso que cursaba en el juzgado tercero civil municipal de esta ciudad, se termino (sic) y el secuestre designado para mi relevo no quiso recibir el automotor. (…) El automotor fue dejado a disposición de este despacho por solicitud de embargo de remanentes; los cuales fueron decretados dentro del proceso de Nubia Yaneth Tovar contra Ismael Domínguez Herrera, que cursa en el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Ibagué. Radicado con el número 711-2006. (…)”(77).

20. Reposa copia del oficio remitido el 28 de agosto de 2007 por la secretaría del juzgado séptimo municipal mediante el cual le comunicó al administrador del parqueadero La octava “que este juzgado con providencia de fecha 17 de agosto de 2007, ordeno (sic) oficiar con el fin de enterarlo, que el señor Luis Enrique Castillo Cerón, (…) es el secuestre actuante dentro del proceso de la referencia, desde el quince (15) de Diciembre del año próximo pasado, el cual tiene bajo su cuidado y responsabilidad el automotor distinguido con las placas SAK-082 (…)”(78).

21. Obra los informes radicados el 15 de noviembre de 2007 y el 5 de diciembre de 2007 ante el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Ibagué por Luis Enrique Castillo Cerón, mediante el cual reiteró que el vehículo de placas SAK-082 se encontraba inmovilizado en el parqueadero de La octava, indicó que su gestión consta de visitas periódicas para verificar el estado de uso y conservación; por último, solicitó de nuevo requerir a las partes con el fin que colaboren la administración del vehículo y/o recibirlo en depósito para poderlo arreglar y que siga prestando el servicio público de transporte(79).

22. Reposa copia auténtica del proceso ejecutivo singular de mínima cuantía de Omar Poveda Díaz contra Ismael Domínguez Herrera ante el Juzgado 3º Civil Municipal de Ibagué, en el cual reposan las siguientes actuaciones(80):

22.1. Auto del 26 de octubre de 2006 mediante el cual el juzgado tercero civil municipal decretó el embargo del vehículo de placas SAK-082 de propiedad del demandado(81).

22.2. Reposa el oficio ORO J0996 del 17 de noviembre de 2006 mediante el cual el Departamento Administrativo de Tránsito y Trasporte informa el juzgado tercero civil municipal que ya se inscribió la medida judicial de embargo del vehículo de placas SAK-082 de propiedad de Ismael Domínguez Herrera(82).

22.3. Obra el informe de cuentas del 11 de enero de 2007 en el que pone de presente una serie de gastos en la que debió incurrir por el arreglo del vehículo de placas SAK-082, con sus respectivos soportes(83).

22.4. Auto del 7 de marzo de 2007 mediante el cual el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagué, inicia incidente de sanción o exclusión en contra del señor secuestre Luis Enrique Castillo Cerón con el fin de investigar los motivos por los cuales ha incumplido con sus deberes y obligaciones respecto de la custodia del automotor de placas SAK-082, toda vez que desconoce su paradero y además, no informó de diligencia alguna para iniciar su recuperación(84).

22.5. Reposa memorial radicado por el apoderado del señor Castillo Cerón en el cual solicitó que el incidente se le resuelva a su favor, en razón a que este sí fue diligente en el desempeño de sus funciones como secuestre, para lo cual relacionó todas las gestiones y acciones legales iniciadas para lograr la recuperación del automotor cautelado(85).

22.6. Se encontró la audiencia pública de interrogatorio de parte del señor Luis Enrique Castillo Cerón en la cual señaló que el 15 de diciembre de 2006 fue designado como secuestre dentro de la diligencia en la que estaba comisionada la inspección municipal de policía de Ibagué, toda vez que la secuestre designada no se hizo presente. Manifestó que él aceptó el cargo y en consecuencia recibió el automotor de placas SAK-082, el cual arrendó, ya que ninguna de las partes manifestaron su interés de administrarlo, por lo que en cumplimiento de sus deberes como secuestre establecidos en el Código de Procedimiento Civil, el contrato de arrendamiento lo suscribió el 5 de enero de 2007; esto es 20 días después de haber recibido el carro de servicio público; por otra parte, señaló que el señor Ismael Domínguez 26 días después lo empezó a llamar para interrogarlo sobres su vehículo, por lo que le dio el número telefónico del arrendatario, con quien al parecer se puso de acuerdo para venderlo en una compraventa en Bogotá, situaciones esta que puso en conocimiento del juez competente(86).

22.7. Reposa la providencia del 13 y 22 de febrero de 2007 emanadas por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagué(87).

22.8. Oficio del 25 de mayo de 2007 en el cual la Policía Metropolitana de Bogotá dejó a disposición el vehículo a cargo del Juzgado Tercero Civil Municipal el vehículo de placas SAK-082(88).

23. Copia auténtica del proceso ejecutivo singular de Nubia Janeth Tovar Jaramillo contra Ismael Domínguez, adelantado ante el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Ibagué(89), del cual se resaltan las siguientes pruebas:

23.1. Providencias del 24 de enero 2007, mediante las cuales, en una se libró el mandamiento de pago(90); y en la otra se decretó el embargo del camión SAK-082(91).

23.2. Providencia del 18 de noviembre de 2008, mediante el cual el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Ibagué exoneró al señor Luis Castillo Cerón del cargo de secuestre del vehículo de placas SAK-082 y le fijó como honorarios definitivos la suma de $ 400.000(92).

24. Por otra parte, obra el oficio del 18 de agosto de 2009 expedido por el Director Ejecutivo de la Administración Judicial de Ibagué, en el que informó que en la base de datos de los auxiliares de justicia de la oficina judicial, reposa dos pólizas a favor del señor Castillo Cerón(93).

Los anteriores medios probatorios serán valorados por la sala para resolver los problemas jurídicos planteados en la impugnación presentada por la parte demandante.

4. Presupuestos para la configuración de la responsabilidad extracontractual del Estado.

Según lo prescrito en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado(94), este concepto tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la administración pública(95) tanto por la acción, como por la omisión, bien sea bajo los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional u otro.

En los anteriores términos, la responsabilidad extracontractual del Estado se puede configurar una vez se demuestre el daño antijurídico y la imputación (desde el ámbito fáctico y jurídico).

4.1. El daño.

El daño comprendido, desde la dogmática jurídica de la responsabilidad civil extracontractual(96) y del Estado impone considerar aquello que derivado de la actividad o de la inactividad de la administración pública no sea soportable i) bien porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o ii) porque sea “irrazonable”(97), en clave de los derechos e intereses constitucionalmente reconocidos.

En cuanto al daño antijurídico, la Corte Constitucional ha señalado que la:

“(…) antijuridicidad del perjuicio no depende de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la administración sino de la no soportabilidad del daño por parte de la víctima”(98).

Debe quedar claro que es un concepto que es constante en la jurisprudencia del Consejo de Estado, que debe ser objeto de adecuación y actualización a la luz de los principios del Estado social de derecho, ya que como lo señala el precedente de la sala un “Estado social de derecho y solidario y respetuoso de la dignidad de la persona humana, no puede causar daños antijurídicos y no indemnizarlos”(99). Dicho daño tiene como características que sea cierto, presente o futuro, determinado o determinable(100), anormal(101) y que se trate de una situación jurídicamente protegida(102).

Es preciso advertir que en la sociedad moderna, el instituto de la responsabilidad extracontractual está llamado a adaptarse, de tal manera que se comprenda el alcance del riesgo de una manera evolutiva y no sujetada al modelo tradicional. Esto implica, para el propósito de definir el daño antijurídico, que la premisa que opera en la sociedad moderna es aquella según la cual a toda actividad le son inherentes o intrínsecos peligros de todo orden, cuyo desencadenamiento no llevará siempre a establecer o demostrar la producción de un daño antijurídico. Si esto es así, solo aquellos eventos en los que se encuentre una amenaza inminente, irreversible e irremediable permitirían, con la prueba correspondiente, afirmar la producción de una daño cierto, que afecta o genera un detrimento en derechos, bienes o intereses jurídicos, y que esperar a su concreción material, podría implicar la asunción de una situación más gravosa para la persona que la padece(103).

4.2. Imputación de la responsabilidad al Estado y fundamento del deber jurídico de reparar.

En cuanto a la imputación exige analizar dos esferas: a) el ámbito fáctico, y; b) la imputación jurídica, en la que se debe determinar la atribución conforme a un deber jurídico (que opera conforme a los distintos títulos de imputación consolidados en el precedente de la sala: falla o falta en la prestación del servicio; daño especial; riesgo excepcional). Adicionalmente, resulta relevante tener en cuenta los aspectos de la teoría de la imputación objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado. Precisamente, en la jurisprudencia constitucional se sostiene, que la “superioridad jerárquica de las normas constitucionales impide al legislador diseñar un sistema de responsabilidad subjetiva para el resarcimiento de los daños antijurídicos que son producto de tales relaciones sustanciales o materiales que se dan entre los entes públicos y los administrados. La responsabilidad objetiva en el terreno de esas relaciones sustanciales es un imperativo constitucional, no solo por la norma expresa que así lo define, sino también porque los principios y valores que fundamentan la construcción del Estado según la cláusula social así lo exigen”(104).

Sin duda, en la actualidad todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado exige la afirmación del principio de imputabilidad(105), según el cual, la indemnización del daño antijurídico cabe achacarla al Estado cuando haya el sustento fáctico y la atribución jurídica(106).

En cuanto a lo anterior, la tendencia de la responsabilidad del Estado en la actualidad está marcada por la imputación objetiva que “parte de los límites de lo previsible por una persona prudente a la hora de adoptar las decisiones”(107). Luego, la contribución que nos ofrece la imputación objetiva, cuando hay lugar a su aplicación, es la de rechazar la simple averiguación descriptiva, instrumental y empírica de “cuando un resultado lesivo es verdaderamente obra del autor de una determinada conducta”(108).

Esto es sin duda, un aporte dado por Larenz según el cual había necesidad de “excluir del concepto de acción sus efectos imprevisibles, por entender que estos no pueden considerarse obra del autor de la acción, sino obra del azar”(109). Con lo anterior, se logra superar, definitivamente, en el juicio de responsabilidad, la aplicación tanto de la teoría de la equivalencia de condiciones, como de la causalidad adecuada, ofreciéndose como un correctivo de la causalidad, donde será determinante la magnitud del riesgo y su carácter permisible o no(110). Es más, se sostiene doctrinalmente “que la responsabilidad objetiva puede llegar a tener, en algunos casos, mayor eficacia preventiva que la responsabilidad por culpa. ¿Por qué? Porque la responsabilidad objetiva, aunque no altere la diligencia adoptada en el ejercicio de la actividad (no afecte a la calidad de la actividad), sí incide en el nivel de la actividad (incide en la cantidad de actividad) del sujeto productor de daños, estimulando un menor volumen de actividad (el nivel óptimo) y, con ello, la causación de un número menor de daños”(111).

Dicha tendencia es la que marcó la jurisprudencia constitucional, pero ampliando la consideración de la imputación (desde la perspectiva de la imputación objetiva) a la posición de garante donde la exigencia del principio de proporcionalidad(112) es necesario para considerar si cabía la adopción de medidas razonables para prevenir la producción del daño antijurídico, y así se motivara el juicio de imputación. Dicho juicio, en este marco, obedece sin lugar a dudas a un ejercicio de la ponderación(113) que el juez está llamado a aplicar bajo la consideración de la utilización de la máxima “Cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o del detrimento de un principio, mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro”(114).

Esta formulación no debe suponer, una aplicación absoluta o ilimitada de la teoría de la imputación objetiva que lleve a un desbordamiento de los supuestos que pueden ser objeto de la acción de reparación directa, ni a convertir a la responsabilidad extracontractual del Estado como herramienta de aseguramiento universal(115), teniendo en cuenta que el riesgo, o su creación, no debe llevar a “una responsabilidad objetiva global de la administración, puesto que no puede considerarse (…) que su actuación [de la administración pública] sea siempre fuente de riesgos especiales”(116), y que además debe obedecer a la cláusula del Estado social de derecho(117).

Debe, sin duda, plantearse un juicio de imputación en el que, demostrado el daño antijurídico, deba analizarse la atribución fáctica y jurídica en tres escenarios: peligro, amenaza y daño. En concreto, la atribución jurídica debe exigir la motivación razonada, sin fijar un solo título de imputación en el que deba delimitarse la responsabilidad extracontractual del Estado(118), sino que cabe hacer el proceso de examinar si procede en primera medida la falla en el servicio sustentada en la vulneración de deberes normativos(119), que en muchas ocasiones no se reducen al ámbito negativo, sino que se expresan como deberes positivos en los que la procura o tutela eficaz de los derechos, bienes e intereses jurídicos es lo esencial para que se cumpla con la cláusula del Estado social y democrático de derecho; en caso de no poder aplicarse dicha motivación, cabe examinar si procede en el daño especial, sustentado en la argumentación razonada de cómo (probatoriamente) se produjo la ruptura en el equilibrio de las cargas públicas; o, finalmente, si encuadra en el riesgo excepcional. De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Plena de la Sección Tercera “(…) en lo que se refiere al derecho de daños, el modelo de responsabilidad estatal que adoptó la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso en concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá que adoptar. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha dado cabida a la utilización de diversos “títulos de imputación” para la solución de los casos propuestos a su consideración, sin que esa circunstancia pueda entenderse como la existencia de un mandato que imponga la obligación al juez de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas —a manera de recetario— un específico título de imputación (…)”(120).

Así mismo, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede reducirse a su consideración como herramienta destinada solamente a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

5. La responsabilidad del Estado por daños derivados de la administración de justicia.

Los elementos de la responsabilidad del Estado que se vienen de comentar, han tenido un desarrollo particular en el ámbito específico de la responsabilidad del Estado por los daños derivados de los actos emanados de las autoridades judiciales, o por sus omisiones.

5.1. Régimen desde la óptica convencional.

Ese desarrollo, desde la perspectiva convencional está consagrado en los artículos 1.1, 2º, 8º y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos bajo la égida de la tutela judicial efectiva, y del acceso efectivo a la administración de justicia, que suponen que no solo deben existir los procedimientos y recursos, sino que los mismos tienen que mostrarse eficaces; de suerte que cualquier acto procesal de una autoridad jurisdiccional que vaya en contra de tal efectividad, o cualquiera omisión por parte de estas mismas autoridades que afecten a las personas intervinientes en un proceso judicial, en su derecho de defensa, generará responsabilidad del Estado frente a este particular.

La garantía de la tutela judicial efectiva vincula a los tribunales internacionales, tanto en el orden universal, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional; como en el orden regional, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ello es así, pese a que se establece en principio una inmunidad diplomática y en sus votos, pero únicamente respecto de los miembros que conforman estos tribunales; pero no de la institución misma, que está vinculada a un régimen de responsabilidad derivada de sus procedimientos y decisiones. De suerte que si en ejercicio de esta actividad judicial internacional se incurre en actos u omisiones que vulneren los elementos que conforman el acceso efectivo a la administración de justicia, el organismo tendrá que responder por los daños que de tales actos u omisiones se deriven(121).

5.2. Régimen de responsabilidad de daños derivados de la actividad judicial en el ordenamiento colombiano.

En el ámbito interno, a propósito de la responsabilidad del Estado por daños derivados de la actividad de las autoridades jurisdiccionales, se pueden identificar tres etapas claramente diferenciadas: Un primer período anterior a la expedición de la Constitución de 1991, en la que no existía esta responsabilidad bajo el argumento que las decisiones jurisdiccionales, al estar revestidas de la autoridad de cosa juzgada, cualquier omisión, error o anomalía en que incurrieran las autoridades judiciales al proferirlas, configuraba un riesgo que debía ser asumido por los coasociados.

Pese a lo anterior, y por influjo del ordenamiento convencional, artículo 10 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por vía excepcional fue abriéndose paso la responsabilidad por error judicial y por defectuoso funcionamiento; entendiéndose que el primero se verificaba cuando se condenaba a una persona mediante sentencia que comportaba un error; y para configurar el segundo evento se precisó que una cosa es la intangibilidad de la cosa juzgada y otra diversa ciertos actos ejecutados por los jueces en orden a resolver los procesos, que solo requieren de la prudencia administrativa.

Una vez entra en vigencia la constitución de 1991, pueden advertirse dos épocas: una primera en que a la cláusula prevista por el artículo 90 de la Constitución se le dio una aplicación jurisprudencial en materia de daños derivados por la actividad judicial, en la que, en aplicación de las hipótesis previstas en el artículo 414 del entonces vigente código de procedimiento penal, se asoció como un mismo supuesto la privación injusta de la libertad y el error judicial(122); y un segundo período que comienza con la expedición de la Ley 270 de 1996, normatividad que especificó como fundamentos de la responsabilidad del Estado por la actividad jurisdiccional tres hipótesis: la privación injusta de la libertad, el error jurisdiccional y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

De suerte que, observado en conjunto el ámbito convencional y la legislación colombiana, son cuatro los supuestos que generan la responsabilidad por la actividad judicial, los tres que se acaban de mencionar, a nivel interno; y el deficiente acceso a la administración de justicia, desde la perspectiva convencional.

Por cuanto en el sub judice se acusa a la rama judicial de haber incurrido en una falla del servicio derivada de irregularidades y negligencias, cometidas por el secuestre Luis Enrique Castillo Cerón por: i) no haber permitido que el señor Ismael Domínguez Herrera administrara el vehículo de su propiedad por cuanto el mismo prestaba un servicio público y ii) el haberlo alquilado por una suma inferior dicho automotor, puesto que desconocía que el mismo tenía unos ingresos de nueve millones de pesos y lo alquiló por dos millones de pesos puesto a la venta; y iii) el hecho de que se pusiera en venta el vehículo objeto del embargo y secuestro, situación que advirtió ante el Juzgado Tercero Civil Municipal el señor Ismael Domínguez Herrera, por lo que ese despacho profirió el auto del 13 de febrero de 2007 mediante el cual se relevó a ese secuestre, pero al cual hizo caso omiso, pues este siguió fungiendo como secuestre.

5.2.1. La responsabilidad al Estado por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

5.2.1.1. El daño antijurídico en la hipótesis de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

La configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado por el defectuoso o anormal funcionamiento de la justicia parte de la premisa de que “todo acto de comportamiento del servicio de la justicia que haya tenido incidencia sobre los derechos de las personas y con relación a la función judicial, debe poder fundar la responsabilidad del Estado”(123).

Siendo esto así, inicialmente se exige precisar qué puede considerarse como funcionamiento normal de la justicia. En el derecho comparado se ha entendido por tal, “la tutela judicial efectiva”, lo que implica el respeto a varios derechos: “el derecho al proceso, el derecho a que este se desarrolle según los parámetros constitucionales y el derecho al aseguramiento del bien o derecho en litigio”(124). En este orden de ideas, la responsabilidad podrá enervarse cuando el funcionamiento de la justicia deviene anormal o defectuoso y procede de actuaciones materiales que representan “infracciones graves de las normas procesales que la jurisdicción ha de emplear para decidir”(125).

Así las cosas, resulta necesario delimitar el concepto de “anormal” o “defectuoso”, para que el funcionamiento de la administración de justicia produzca un daño antijurídico. En este sentido la doctrina ha señalado:

“Esta debe obtenerse a través de los estándares de normalidad que, en el caso de una Justicia tradicionalmente lenta, cobran especial importancia en lo tocante a las dilaciones procesales. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en sentencia de 13 de julio de 1983 [Caso Zimmermann y Steiner], interpretando el artículo 6.1 del Convenio de protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales señaló como criterios a tener en cuenta para la medición de la razonabilidad en el retraso, “la complejidad del litigio, la conducta de los propios litigantes y de las autoridades y las consecuencias del litigio presuntamente demorado se siguen para aquellos”(126).

En la misma línea se ha pronunciado la Corte Constitucional, a fin de fijar criterios para que, a partir del alcance y contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, se pueda delimitar lo que debe entenderse como funcionamiento anormal o defectuoso de la justicia. Así:

“El derecho a una tutela judicial efectiva, apareja, entre otras cosas, la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad y sin obstáculos o barreras desproporcionadas, a un juez o tribunal independiente e imparcial, frente al cual se pueda acometer, libremente, la plena defensa los derechos o intereses propios a fin de obtener, dentro de un plazo razonable, la debida protección del Estado. Es un derecho de naturaleza prestacional, pues exige la puesta en obra del aparato estatal con miras a su realización. En este sentido, debe afirmarse que se trata de un derecho de configuración legal y, en consecuencia, depende, para su plena realización, de que el legislador defina los cauces que permitan su ejercicio”(127).

“Debe tenerse en cuenta que, tal como lo ha expresado la Corte, “(…) si bien la tutela judicial efectiva se define como un derecho fundamental de aplicación inmediata, esta última característica es predicable básicamente de su contenido o núcleo esencial, ya que el diseño de las condiciones de acceso y la fijación de los requisitos para su pleno ejercicio corresponde establecerlos al legislador, “en razón de que no se agotan en si (sic) mismas, sino que con ellas trasciende la idea, por demás general, impersonal y abstracta, de realización de justicia”(128).

“(…) la tutela judicial que el Estado está en el deber de garantizar a las personas vinculadas a la decisión es un derecho fundamental que demanda actuaciones ciertas, reales, y de claro compromiso institucional, de parte de las autoridades y de los particulares, enmarcadas dentro del postulado constitucional de la buena fe y el deber de respeto de los derechos ajenos y no abuso de los propios”(129).

“El derecho a la tutela judicial efectiva comprende no solo la posibilidad que se reconoce a las personas, naturales o jurídicas, de demandar justicia ante las autoridades judiciales del Estado, sino, también, la obligación correlativa de estas, de promover e impulsar las condiciones para que el acceso de los particulares a dicho servicio público sea real y efectivo. Así, ha dicho la Corte que “[n]o existe duda que cuando el artículo 229 Superior ordena ‘garantiza[r] el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia’, está adoptando, como imperativo constitucional del citado derecho su efectividad, el cual comporta el compromiso estatal de lograr, en forma real y no meramente nominal, que a través de las actuaciones judiciales se restablezca el orden jurídico y se protejan las garantías personales que se estiman violadas.” De este modo, el derecho de acceso a la administración de justicia permite alentar a las personas la expectativa de que el proceso culmine con una decisión que resuelva de fondo las pretensiones. Para ello es necesario que el juez adopte las medidas de saneamiento que sean necesarias para subsanar los vicios que puedan impedir una decisión de fondo”(130).

Ahora bien, por su parte esta corporación desde muy temprano consideró que puede existir un “mal funcionamiento del servicio público de la justicia” como consecuencia de la negligencia de los empleados judiciales. Se trata de encuadrar la responsabilidad en relación con los “actos que cumplen los jueces en orden de (sic) definir cada proceso, los que no requieren de más que de la prudencia administrativa”(131).

De acuerdo con lo anterior, la responsabilidad por funcionamiento anormal o defectuoso de la administración de justicia “se produce en las demás actuaciones judiciales necesarias para el (sic) realizar el juzgamiento o la ejecución de las decisiones judiciales”(132), lo que encaja en la tesis de la falla probada en el servicio(133). Igualmente pueden incluirse “(…) todas las acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia en que incurran no solo los funcionarios sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares judiciales”(134).

Lo anterior ha llevado a que la doctrina recientemente afirme que:

“el daño antijurídico en las hipótesis de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, tiene carácter residual, deviniendo en consecuencia el mismo, no de una providencia judicial viciada por error, (…) o de una privación injusta de la libertad que de una u otra manera involucra decisiones judiciales, sino, y en esto radica su carácter residual, de todas aquellas conductas del aparato judicial abiertamente contrarias a derecho que resulten ser escandalosas y contrarias al ordenamiento jurídico generadoras de daños y perjuicios materiales y morales(135) que la victima de las mismas no está llamada a soportar”(136).

5.2.1.2. Imputación del daño en los eventos de defectuoso funcionamiento.

El máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo definió el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia como aquel que constituye una falla del servicio(137), por “mal servicio administrativo”(138). Su configuración precisa de excluir que no se trate de un acto jurisdiccional [propiamente], sino que sea, por ejemplo, un acto administrativo que implica que no hubo una revisión meticulosa por parte del despacho judicial de los elementos y actos de ejecución que permitan el impulso y desarrollo de la obligación de impartir justicia(139).

Cabe señalar que antes de la Constitución Política de 1991 el precedente de la sala distinguía la falla del servicio judicial, del error judicial, donde el primero “se asimiló a las actuaciones administrativas de la jurisdicción”(140). De acuerdo con esta definición, se definieron como supuestos de fallas del servicio judicial(141): i) la sustracción de títulos valores, ii) la falsificación de oficios(142), iii) el hecho omisivo “consistente en la falla administrativa cometida por el secretario del juzgado” de no haber dado a conocer al demandante la existencia de la apertura de un proceso de quiebra(143) [que afectó un remate que se iba a realizar], iv) error en un aviso de remate que lleva a declararlo sin valor(144), v) prevalencia del embargo y secuestro respecto de bienes que ya habían sido objeto de esas medidas en otro proceso ejecutivo(145), vi) las omisiones del juzgado al no exigir al secuestre prestar la caución(146), vii) actuación secretarial que llevó a que una diligencia de remate se hubiera tenido que declarar sin valor(147).

En este orden de ideas, la responsabilidad por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia se produce por una falla probada del servicio; sin que ello implique que no sea posible que la imputación pueda realizarse desde el punto de vista objetivo.

6. Análisis del caso concreto.

Para realizar el análisis del caso concreto la sala en primer lugar verificará si se encuentra acreditado el daño antijurídico; si ello es así, posteriormente examinará si dicho daño es imputable a la Nación - rama judicial por un defectuoso funcionamiento que permita atribuirle falla del servicio de administración de justicia.

6.1. El daño antijurídico en el caso concreto.

En la demanda el daño se hace consistir en la falla del servicio, consistente en el defectuoso funcionamiento en que incurrió el secuestre Luis Enrique Castillo Cerón por su actuar negligente, dentro del proceso ejecutivo que se adelantó en contra del señor Ismael Domínguez Herrera, en el que le fue embargado y secuestrado el tracto camión con placas SAK-082, todo ello por cuanto: i) no permitió que el señor Ismael Domínguez Herrera administrara el vehículo de su propiedad, toda vez que el mismo prestaba un servicio público y ii) lo alquiló por una suma inferior dicho automotor, puesto que el mismo reportaba unos ingresos de nueve millones de pesos, y lo arrendó por dos millones de pesos; y iii) Puso en venta el vehículo objeto del embargo y secuestro, situación que advirtió ante el Juzgado Tercero Civil Municipal el señor Ismael Domínguez Herrera. Con base en tales irregularidades, se afirma en la demanda, el despacho que conocía del proceso ejecutivo profirió el auto del 13 de febrero de 2007, mediante el cual se relevó a ese secuestre; pero este siguió fungiendo como secuestre.

La Sala observa que en el sub judice no está acreditado el daño antijurídico. En primer lugar, porque en la diligencia de embargo, que se llevó a cabo el 15 de diciembre de 2006 por la Inspección Permanente Municipal de Policía de Ibagué, en la cual fue nombrado como secuestre el señor Luis Castillo Cerón; el señor Ismael Herrera Domínguez (propietario del vehículo embargado de placas SAK-082) no manifestó su interés de tener el depósito el automotor, como se encuentra demostrado en el acta de la diligencia del secuestro, lo único que exteriorizó es que quería un “(…) arreglo con el demandante señor Omar Poveda Díaz” Por lo cual se dispuso: “En este estado de la diligencia y como quiere que no se ha presentado ninguna clase de oposición a la misma el despacho de la inspección.

Permanente Central de Policía de Ibagué, primer turno, declara legalmente secuestrado el vehículo antes identificado y procede hacer entrega del mismo en forma real y material al señor secuestre quien lo recibe a entera satisfacción (…)”(148), situación que demuestra que él conocía del secuestro de su automotor; y que no manifestó en esa oportunidad legal su intención de ser depositario del carro, hecho que contradice lo señalado en la demanda, cuando afirma que nunca tuvo la oportunidad de administrar el bien de su propiedad.

En segundo lugar, se encuentra que el 11 de enero de 2007 Luis Enrique Castillo Cerón radicó informe de gestión ante el Juzgado Tercero Civil Municipal en el que relacionó sus actuaciones desde el momento en que recibió el automotor embargado al señor Domínguez Herrera. En esa época el vehículo se encontraba en un taller y que el mismo estaba desarmado, puesto que le estaban arreglando un eje, por lo que procedió el 18 de diciembre del 2006 a recibir el vehículo que ya estaba armado; sin embargo, advirtió que: “no (…) conocía (…) el estado general, tanto mecánico como eléctrico”, por lo que llevó el carro a otro taller para hacerle una revisión más técnica del funcionamiento del vehículo; en el mismo informe indicó que el señor demandado dentro del proceso ejecutivo (Domínguez Herrera) se hizo presente; pero no manifestó en ningún momento su ánimo de ser el depositario del automotor(149).

Lo anterior demuestra que el demandante contó con varias oportunidades para solicitar ser el depositario del vehículo, petición que no incoó ante el Juzgado Tercero Municipal de Ibagué ni frente al secuestre, por lo que está probada la pasividad del señor Domínguez Herrera ante una situación que conoció desde el primer momento, como lo era el embargo y secuestro del vehículo de su propiedad.

Por otra parte, el demandante señala que el secuestre alquiló el automotor por un valor inferior, esto es, de dos millones de pesos, en comparación al contrato que este tenía con la empresa Cemex, mediante el cual se le pagaba por el alquiler del vehículo la suma de nueve millones. Al respecto se encuentra que el secuestre actuó con fundamento en el numeral 6º del artículo 682(150); artículos 683(151) y el numeral 2º del artículo 684(152) del Código de Procedimiento Civil. Esta normativa dispone (sic) que cuando se preste un servicio público por particulares, se podrán embargar los bienes destinados a él, así como la renta que estos produzcan; en la misma normativa sobresale que se debe continuar con la misma administración que estos tenían antes de ser embargados y secuestrado, pero en el caso que nos ocupa, se encontró que, como ya se dijo, el señor Ismael Domínguez no manifestó tener su intención de ser el administrador del tracto camión de su propiedad o que el mismo siguiera prestando sus servicios con la empresa que este le tenía el contrato.

En efecto, en el informe del 11 de enero de 2007 el secuestre manifestó que procedió a “averiguar carga para el mismo y en la empresa de cementos al que estaba afiliado por intermedio de la apoderada Dra. Carolina Calderón Trejos se informó que la carga no se la daban si no a una persona que apareciera registradaenlaempresacomobeneficiariodelautomotorcitado(153); por lo que, no era procedente continuar con el contrato que tenía el carro secuestrado, pues el señor Domínguez Herrera nunca manifestó su interés de continuar como administrador del vehículo, ni coadyuvar con la misma, para que el automotor continuara con ese contrato.

Lo anterior demuestra a la sala, contrario a lo esgrimido por el demandante, que si bien el Secuestre alquiló el vehículo por una suma inferior, esto es, dos millones mensuales según consta en el contrato del 5 de enero de 2007(154); precio que no estaba desfasado, pues, en el expediente obra certificación expedida por el departamento de rodamientos de Rápido Humeda S.A., según la cual el señor Ismael Domínguez Herrera propietario del vehículo SAK-082 prestó a dicha compañía sus servicios de transporte de carga recibiendo un promedio mensual de $ 2.318.000 desde mayo a diciembre de 2005 y $ 1.754.000 en marzo, julio y diciembre de 2006(155). Esto significa que, contrario a lo señalado por el demandante, los ingresos mensuales del señor Domínguez Herrera estaban por el rango del que el secuestre alquiló el automotor.

En tercer lugar, el demandante cuestiona que el a-quo desconoció las pruebas que evidencia que el secuestre Luis Eduardo Castillo fue relevado de su cargo, concretamente el auto del 13 de febrero de 2007, en el que el Juzgado Tercero Civil Municpal relevó del cargo al secuestre y en el que se dispuso: “ante las presuntas irregularidades respecto de la custodia del vehículo que se cauteló (posible oferta de venta, perjuicios causados etc.)”; pues fue el señor Ismael Domínguez Herrera quien advirtió a ese despacho que “el doble troque se encuentra en consignación en una compraventa de vehículos en Bogotá denominada Carriautos de la 50, para lo cual aporta unas fotos y la cotización expedida por esa empresa; que se le ha negado verlo por parte del secuestre, no se le da informe en donde se encuentra y que por ello presentará la correspondiente Denuncia Penal y como consecuencia solicita que se excluya de la lista de auxiliares de justicia”(156).

Si bien se encuentra demostrado que mediante la anterior providencia el señor Luis Castillo Cerón fue relevado como secuestre del vehículo de placas SAK-082, y en su lugar se nombró al señor Alex Barreto González, quien no atendió el cargo designado por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagué; también lo está que el señor Castillo Cerón continuó fungiendo como secuestre del tracto camión, en consideración a que no tenía a quien entregarle ese vehículo; y contrario a lo manifestado por el demandante, se tiene probado que el secuestre actuó de manera diligente. En primer lugar, al recuperar el camión que había desaparecido el arrendatario; en segundo lugar, porque siempre solicitó al juzgado que requiriera a las partes del proceso para que estos se desempeñaran como administradores del mismo, quienes nunca manifestaron su interés, entre ellos, el señor Ismael Domínguez Herrera. Lo anterior se encuentra probado así:

El señor Luis Enrique Castillo el 12 de febrero de 2007 informó al Juzgado Tercero Civil Municipal que el vehículo cautelado se encontraba alquilado al señor Jaime de Jesús Montoya desde el 5 de enero de esa misma anualidad, quien canceló dos meses por anticipado; seguidamente avisó que el demandado Ismael Domínguez Herrera se comunicó con él telefónicamente para que le permitiera ver el automotor, dado que lo había rentado, le facilitó el número telefónico del arrendatario; para que estos se pusieran de acuerdo para que el señor Montoya le indicara donde podía ver el vehículo(157); sin embargo, dos días después 14 de febrero de 2007 le expidió una constancia autenticada en la que indicó que el señor Domínguez Herrera le manifestó que quería vender el automotor para saldar las cuentas que este tenía, por lo que el señor Montoya Vanegas le ofreció comprarle el automotor(158). Estas pruebas demuestran que el secuestre siempre estuvo atento del vehículo entregado bajo su custodia, y que quien manifestó su intención de vender el automotor fue el mismo señor Domínguez Herrera.

Asimismo, se encuentra que el 19 de febrero de 2007 el secuestre Luis Enrique Castillo Cerón le solicitó al Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagué que como era anormal que el demandado pretendiera vender el carro, se oficiara a la Policía Nacional para la inmovilización de dicho automotor(159), hecho que demuestra que el secuestre continuaba ejerciendo sus funciones y que este informó al juzgado de la irregularidad que se estaba presentando con el vehículo. Igualmente, requirió el 1º de marzo de 2007 al señor Montoya Vanegas para que le entregara el vehículo en razón a que había sido relevado como secuestre del vehículo de placas SAK-082, la anterior solicitud se la remitió por una empresa de correos denominada Enviared con guía Nº 1003394328(160).

Seguidamente, el 7 de marzo de 2007 radicó oficio ante el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagué, en el que manifestó que en cumplimiento de lo ordenado en el auto del 22 de febrero de 2007 informó que el vehículo objeto de la medida cautelar se encontraba en manos del señor Jesús Montoya arrendatario del mismo y se adujo que “se niega a entregarlo manifestando poseerlo en razón a que el dueño y demandado dentro de este proceso se lo vendió”; y señaló que la renta del vehículo estaba paga hasta el 5 de marzo de esa misma anualidad. Por otra parte, indicó que “como el vehículo se arrendó libre de gastos de mantenimiento y de operación la renta corresponde a la utilidad líquida. Por esta razón no existen gastos de administración, el único gasto que realicé fue el costo de transporte del suscrito de Ibagué a Bogotá y viceversa, viaje que realicé con el fin de revisar el vehículo”(161).

Posteriormente, requirió de nuevo al señor Montoya Vanegas el 13 de marzo de 2007 mediante oficio remitido por la empresa Cronoenvíos Tolima, para que este sujeto le entregara el vehículo SAK-082; le advirtió que si no le entregaba el mismo se vería en la obligación denunciarlo(162); en vista de que este nunca dio respuesta a sus requerimientos, el 22 de marzo de 2007 el señor Luis Enrique Castillo Cerón denunció a Jaime de Jesús Enrique Montoya Vanegas por “los delitos que se pueda calificar al disponer de un bien ajeno gravado con la medida cautelar que se le entregó en arriendo”, en el acápite de los hechos señaló que como “ninguna de las partes quiso recibir el vehículo para administrarlo y presentarme las cuentas mensuales y por este motivo en cumplimiento de mis funciones procedí a entregarlo en arriendo al señor denunciado Jaime De Jesús Montoya Vanegas, en los términos del contrato que previamente se firmó entre el señor arrendatario y el suscrito, el contrato lo firmo como secuestre tal y como consta, el contrato se inició el día 5 de enero de 2007”(163).

Por otra parte, se encuentra que el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagué mediante oficio radicado el 11 de abril de 2007 ante la Sijin —grupo de automotores— solicitó la colaboración para retener el vehículo de placas de SAK-082, y para que lo dejaran a disposición de ese juzgado, debido a que se encontraba legalmente embargado y secuestrado, selesadvirtióqueelautomotorlopodíanentregaralseñorLuisEnriqueCastilloCerónquieneraunodelosinteresadosenrecuperarelautomotor.(164), dicha autoridad policial el 25 de mayo de 2007 lo recuperó(165) y lo dejo en el parqueadero “La octava” en cumplimiento de la orden emanada por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagué;(166) asimismo, se tiene que el 24 de mayo de 2007 quedó consignado en la minuta de la población del Cai Sabana Grande que(167) “el señor Ismael Domínguez H (…) manifiesta que el vehículo (…) de placas SAK-082 de Alvarado (Tolima), es de su propiedad (…)” y que el mismo quedo en custodia del señor Osman Arias Acuña propietario del parqueadero donde se encontraba dicho automotor, hasta “las 9: horas del día 25/05/07, mientras la autoridad judicial requirente realiza el procedimiento, este acuerdo es voluntario entre las partes”(168).

De lo anterior se puede concluir que tanto el secuestre como el propietario del vehículo estuvieron en el lugar, en donde se recuperó el automotor; sin embargo, el juzgado solo permitía que el mismo fuera entregado al secuestre, que si bien había sido relevado, se encontraba en la obligación de poner a disposición del despacho y del auxiliar de la justicia designado para remplazarlo, como en efecto lo hizo.

De igual manera, obran los oficios radicados el 4 de julio de 2007, 15 de noviembre de 2007(169) y el 5 de diciembre de 2007(170) por el señor Luis Enrique Castillo Cerón ante el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Ibagué mediante los que rindió informe de su gestión y solicitó “(…) requerir a las partes con el fin que me presten los medios necesarios para trasladar el vehículo a esta ciudad y en lo posible ponerlo a generar renta para el proceso (…)”, al respecto ninguna de ellas se pronunció, situación que, se reitera, demuestra la pasividad de las partes, en especial el desinterés del señor Domínguez Herrera para ser el depositario del automotor como lo establece el Código de Procedimiento Civil (normativa aplicable para el proceso ejecutivo), pues el secuestre de manera reiterada solicitó al juzgado requerir a las partes para que estos pusieran el vehículo a producir renta. Es extraño para la sala, que la parte actora, tanto en la demanda como en otras oportunidades procesales, recalque que nunca tuvo la oportunidad de administrar el vehículo, pero contrario a ello, se itera, se encuentra demostrada su inactividad al respecto.

De lo expuesto, es claro para la sala que el señor Luis Enrique Castillo Cerón cumplía con sus deberes como secuestre tal cual como consta en el oficio remitido el 28 de agosto de 2007 por la Secretaría del Juzgado Séptimo Municipal mediante el cual le comunicó al administrador del parqueadero La octava “que este juzgado con providencia de fecha 17 de agosto de 2007, ORDENO oficiar con el fin de enterarlo, que el señor Luis Enrique Castillo Cerón, (…) es el secuestre actuante dentro del proceso de la referencia, desde el quince (15) de Diciembre del año próximo pasado, el cual tiene bajo su cuidado y responsabilidad el automotor distinguido con las placas SAK-082 (…)”(171).

Visto en conjunto todo este acervo probatorio, la sala no encuentra acreditado el daño antijurídico alegado por la parte demandante; por el contrario, se reitera que lo que se encuentra probado es el actuar diligente del secuestre dentro de los respectivos procesos, pues el mismo agotó todos sus recursos para velar por salvaguardar el vehículo de placas SAK-082; hasta que el mismo fue rematado y entregado a sus nuevos propietarios

Por último, atiende la sala que la parte actora solicita que se tenga en cuenta un Cd contentivo de unas grabaciones y transcripciones de las mismas(172), con las que pretendió demostrar el actuar negligente del secuestre, al respecto es claro que en las mismas participó el señor Ismael Domínguez Herrera(173); sin embargo, la sala no las tendrá en cuenta, toda vez que existe el criterio y la posición constitucional de que una prueba grabada (telefónicamente o en video) sucumbe a la legalidad cuando es producto de una situación generada en el ámbito personal del individuo. En estos casos, es necesario que tal procedimiento se realice con la anuencia del titular de este derecho a la intimidad(174).

Lo anterior, aplicado al caso concreto, permite precisar que, si el demandado quería que la sala le otorgara validez a dichas grabaciones, debió aportar la autorización de sus interlocutores, pues de no ser así se transgrede el derecho a la intimidad personal, de quienes no dieron la respectiva autorización para que estas fueran escuchadas.

Así las cosas, concluye la sala que, al no haberse demostrado el daño antijurídico, como consecuencia del supuesto defectuoso funcionamiento de la administración de justicia endilgado a la Nación - rama judicial, no es dable declarar la responsabilidad del Estado, por falta del primero de los presupuestos necesarios para que esta se estructure; y ante la ausencia de tal presupuesto, huelga cualquier consideración sobre el segundo de dichos presupuestos, es decir, sobre la imputación, pues, esta supone como presupuesto la existencia del daño antijurídico que, como se viene de explicar en el sub judice no fue demostrado.

En mérito de lo expuesto, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFÍRMESE la sentencia del 1º de marzo de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, pero por las razones expuestas en esta providencia.

2. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y publíquese».

21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez, exp.: 2008-00009. En este sentido véase también, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de 9 de diciembre de 2010, exp.: 39085, C.P.: Ruth Stella Correa; auto de 21 de octubre de 2009, exp.: 36913, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez; y auto de 28 de marzo de 2012, exp.: 42864, C.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

22 Fls. 1 - 265, cdno. 2.

23 Fls. 4 - 9, cdno. 2.

24 Fls. 10 - 11, cdno. 2.

25 Fls. 12 - 13, cdno. 2.

26 Fl. 15, cdno. 2.

27 Fl. 16, cdno. 2.

28 Fls. 17 - 19, cdno. 2.

29 Fl. 20, cdno. 2.

30 Fls. 21, cdno. 2.

31 Fls. 22, cdno. 2.

32 Fls. 35 - 55, cdno. 2.

33 Fls. 23 y 24, cdno. 2.

34 Fl. 30, cdno. 2.

35 Fl. 31, cdno. 2.

36 Fl. 32, cdno. 2.

37 Fl. 56, cdno. 2.

38 Fl. 59, cdno. 2.

39 Fl. 64, cdno. 2.

40 Fl. 65, cdno. 2.

41 Fl. 116, cdno. 2.

42 Fl. 120, cdno. 2.

43 Fls. 122 - 124, cdno. 2.

44 Fl. 130, cdno. 2.

45 Fl. 131, cdno. 2.

46 Fl. 132, cdno. 2.

47 Fl. 160, cdno. 2.

48 Fl. 161, cdno. 2.

49 Fl. 179, cdno. 2.

50 Fl. 180, cdno. 2.

51 Fl. 183, cdno. 2.

52 Fls. 192 - 193, cdno. 2.

53 Fls. 220 - 221, cdno. 2.

54 Fls. 198, cdno. 2.

55 Fl. 223, cdno. 2.

56 Fl. 237, cdno. 2.

57 Fl. 239, cdno. 2.

58 Fl. 242, cdno. 2.

59 Fl. 240, cdno. 2.

60 Fl. 198 - 212 y 441 - 587, cdno. 2.

61 Fl. 491, cdno. 2.

62 Fls. 556 - 559, cdno. 2.

63 Fl. 552, cdno. 2.

64 Fl. 493, cdno. 2.

65 Fl. 497, cdno. 2.

66 Fl. 496, cdno. 2.

67 Fl. 521, cdno. 2.

68 Fls. 540 y 541, cdno. 2.

69 Fl. 522, cdno. 2.

70 Fls. 542 y 543, cdno. 2.

71 Fls. 545 - 546, cdno. 2.

72 Fl. 544, cdno. 2.

73 Fl. 563, cdno. 2.

74 Fl. 564, cdno. 2.

75 Fl. 569, cdno. 2.

76 Fls. 335 - 338, cdno. 2.

77 Fl. 567, cdno. 2.

78 Fl. 578, cdno. 2.

79 Fl. 579 - 580, cdno. 2.

80 Fls. 1 - 364, cdno. 3.

81 Fl. 189, cdno. 3.

82 Fl. 191, cdno. 3.

83 Fls. 208 - 218, cdno. 3.

84 Fl. 29, cdno. 3.

85 Fls. 34 - 40, cdno. 3.

86 Fls. 122 - 125, cdno. 3.

87 Fls. 238 - 240 y 289 - 290, cdno. 3.

88 Fl. 321, cdno. 3.

89 Fls. 365 - 591, cdno. 3.

90 Fl. 386, cdno. 3.

91 Fl. 412, cdno. 3.

92 Fl. 578, cdno.3.

93 Fls. 1-5, cdno.4.

94 “3— Hasta la Constitución de 1991, no existía en la Constitución ni en la ley una cláusula general expresa sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y, en especial, del Consejo de Estado encontraron en diversas normas de la constitución derogada —en especial en el artículo 16— los fundamentos constitucionales de esa responsabilidad estatal y plantearon, en particular en el campo extracontractual, la existencia de diversos regímenes de responsabilidad, como la falla en el servicio, el régimen de riesgo o el de daño especial. Por el contrario, la actual Constitución reconoce expresamente la responsabilidad patrimonial del Estado”. Corte Constitucional, Sentencia C-864 de 2004, Sentencia C-037 de 2003.

95 Conforme a lo establecido en el artículo 90 de la Carta Política “los elementos indispensables para imputar la responsabilidad al estado son: a) el daño antijurídico y b) la imputabilidad del Estado”. Sentencia de 21 de octubre de 1999, expedientes: 10948-11643. Es, pues “menester, que además de constatar la antijuridicidad del [daño], el juzgador elabore un juicio de imputabilidad que le permita encontrar un título jurídico distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión; vale decir, ‘la imputatio juris’ además de la ‘imputatio facti’”.

96 “(…) el perjudicado a consecuencia del funcionamiento de un servicio público debe soportar el daño siempre que resulte (contrario a la letra o al espíritu de una norma legal o) simplemente irrazonable, conforme a la propia lógica de la responsabilidad patrimonial, que sea la Administración la que tenga que soportarlo”. Pantaleón, Fernando. “Como repnsa, Fernando. “hos e intereses constitucionalmente reconocidos.xtracontractual puede encontrarse posturas segómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las administraciones públicas)”, en AFDUAM, Nº 4, 2000, pág .185.

97 “(…) que lo razonable, en buena lógica de responsabilidad extracontractual, para las Administraciones públicas nunca puede ser hacerlas más responsables de lo que sea razonable para los entes jurídico-privados que desarrollan en su propio interés actividades análogas”. Pantaleón, Fernando. “Como repnsa, Fernando. “hos e intereses constitucionalmente reconocidos.xtracontractual puede encontrarse posturas segómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las administraciones públicas)”. Ob., cit., pág .186.

98 Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003. Así mismo, se considera: “El artículo 90 de la Carta, atendiendo las (sic) construcciones jurisprudenciales, le dio un nuevo enfoque normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado desplazando su fundamento desde la falla del servicio hasta el daño antijurídico. Ello implica la ampliación del espacio en el que puede declararse la responsabilidad patrimonial del Estado pues el punto de partida para la determinación de esa responsabilidad ya no está determinado por la irregular actuación estatal —bien sea por la no prestación del servicio, por la prestación irregular o por la prestación tardía— sino por la producción de un daño antijurídico que la víctima no está en el deber de soportar, independientemente de la regularidad o irregularidad de esa actuación”. Corte Constitucional, Sentencia C-285 de 2002.

99 Agregándose: “Para eludir el cumplimiento de sus deberes jurídicos no puede exigirle al juez que, como no le alcanzan sus recursos fiscales, no le condene por ejemplo, por los atentados de la fuerza pública, contra la dignidad de la persona humana”. Sección Tercera, sentencia de 9 de febrero de 1995, exp.: 9550.

100 Sección Tercera, sentencia de 19 de mayo de 2005, exp. 2001-01541 AG.

101 “(…) por haber excedido los inconvenientes inherentes al funcionamiento del servicio”. Sección Tercera, sentencia de 14 de septiembre de 2000, exp.: 12166.

102 Sección Tercera, sentencia de 2 de junio de 2005, exp.: 1999-02382 AG.

103 “(…) el daño que se presenta a partir de la simple amenaza que permite inferir el agravamiento de la violación del derecho, sin que suponga su destrucción total, no se incluye en los estudios de la doctrina sobre el carácter cierto del perjuicio. Y sin embargo, esta situación también se expresa en el carácter cierto del perjuicio. La única diferencia radica en que la proyección en el futuro se hará a partir de la amenaza y hasta la lesión definitiva y no respecto de las consecuencias temporales de esta última. Por esta razón es necesario tener en cuenta esta nueva situación y hacer una proyección en el futuro partiendo de la amenaza del derecho que implicará un agravamiento de la lesión del mismo (…) Se parte, en acuerdo con C. Thibierge cuando expone las carencias actuales de la responsabilidad civil, de tener en cuenta “el desarrollo filosófico del principio de responsabilidad y la idea de una responsabilidad orientada hacia el futuro que le permitiría al derecho liberarse de la necesidad de un perjuicio consumado y de crear una responsabilidad solo por la simple amenaza del daño, con la condición de que este último sea suficientemente grave” (…) La alteración del goce pacífico de un derecho es un perjuicio cierto. Aunque se pudiere reprochar que la amenaza de un derecho es por definición contraria a su violación, y por consecuencia, es contraria (sic) a la noción de daño, se reitera que la mera amenaza de violación es de por sí un daño cierto y actual. En efecto, el sentido común indica que el uso alterado de un derecho no es un goce pleno y pacífico de este, precisamente porque supone que se encuentra disminuido (…) La necesidad de estudiar la amenaza de agravación del derecho en la certeza del daño. Los desarrollos de esta primera parte nos permiten concluir que la amenaza de daño pertenece al ámbito del régimen jurídico del daño y por ende de la responsabilidad civil. Excluirla de la materia deja una parte esencial del daño sin estudio, permitiendo que se instauren concepciones en las cuales el derecho procesal limita el derecho sustancial”. Henao, Juan Carlos, “De la importancia de concebir la amenaza y el riesgo sobre derechos ambientales como daño cierto. Escrito a partir del derecho colombiano y del derecho francés”, en VVAA, Daño ambiental, T.II, 1ª editorial, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2009, págs. 194, 196 y 203.

104 Corte Constitucional, Sentencia C-043 de 2004.

105 En los términos de Kant, dicha imputación se entiende: “Imputación (imputatio) en sentido moral es el juicio por medio del cual alguien es considerado como autor (causa libera) de una acción, que entonces se llama acto (factum) y está sometida a leyes; si el juicio lleva consigo a la vez las consecuencias jurídicas del acto, es una imputación judicial (imputatio iudiciaria), en caso contrario, solo una imputación dictaminadora (imputatio diiudicatoria)”. Kant, I. La metafísica de las costumbres. Madrid, Alianza, 1989, pág. 35. En nuestro precedente jurisprudencial constitucional se sostiene: “La jurisprudencia nacional ha recabado en ello al sentar la tesis de que la base de la responsabilidad patrimonial del Estado la constituye la imputabilidad del daño. En efecto, con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado, la Corte Constitucional ha sostenido que la responsabilidad patrimonial del Estado y de las demás personas jurídicas públicas se deriva de la imputabilidad del perjuicio a una de ellas, lo cual impide extenderla a la conducta de los particulares o a las acciones u omisiones que tengan lugar por fuera del ámbito de la administración pública”. Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.

106 El “otro principio de responsabilidad patrimonial del Estado es el de imputabilidad. De conformidad con este, la indemnización del daño antijurídico le corresponde al estado cuando exista título jurídico de atribución, es decir, cuando de la voluntad del constituyente o del legislador pueda deducirse que la acción u omisión de una autoridad pública compromete al Estado con sus resultados”. Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.

107 “El derecho se dirige a hombre y no a adivinos. Declarar típica toda acción que produzca un resultado dañoso, aun cuando este fuese imprevisible, significaría que la ley no tiene en cuenta para nada la naturaleza de sus destinatarios; pues una característica del hombre es precisamente la de que no puede prever más que muy limitadamente las consecuencias condicionadas por sus actos. Vincular un juicio de valor negativo (el de antijuridicidad) a la producción de un resultado que el hombre prudente no puede prever sería desconocer la naturaleza de las cosas (más concretamente): la naturaleza del hombre”. Gimbernat Ordeig, E. Delitos cualificados por el resultado y relación de causalidad. Madrid, 1990, págs. 77, ss.

108 Mir Puig, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, Ob., cit., pág. 7.

109 Larenz, K. “Hegelszurechnungslehre”, en Mir Puig, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, ob., cit., p.7.

110 Jakobs, G. La imputación objetiva en el derecho penal. Bogotá, Universidad Externado, 1994. Sin embargo, como lo sostiene el precedente de la sala: “De conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado tiene el deber de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, norma que le sirve de fundamento al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo (…) No obstante que la norma constitucional hace énfasis en la existencia del daño antijurídico como fuente del derecho a obtener la reparación de perjuicios siempre que el mismo le sea imputable a una entidad estatal, dejando de lado el análisis de la conducta productora del hecho dañoso y su calificación como culposa o no, ello no significa que la responsabilidad patrimonial del Estado se haya tornado objetiva en términos absolutos, puesto que subsisten los diferentes regímenes de imputación de responsabilidad al Estado que de tiempo atrás han elaborado tanto la doctrina como la jurisprudencia”. Sentencia de 24 de febrero de 2005, exp.: 14170.

111 Mir Puigpelat, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema, ob., cit., pág. 171.

112 El principio de proporcionalidad se compone de tres sub-principios: el principio de idoneidad; el de necesidad y el de proporcionalidad en sentido estricto. Estos principios expresan la idea de optimización (…) En tanto que exigencias de optimización, los principios son normas que requieren que algo sea realizado en la mayor medida de lo posible, dadas sus posibilidades normativas y fácticas. Los principios de idoneidad y de necesidad se refieren a la optimización relativa a lo que es fácticamente posible por lo que expresan la idea de optimalidad de Pareto. El tercer subprincipio, el de proporcionalidad en sentido estricto, se refiere a la optimización respecto de las posibilidades normativas. Las posibilidades normativas vienen definidas, fundamentalmente, por la concurrencia de otros principios; de modo que el tercer sub principio podría formularse mediante la siguiente regla: Cuanto mayor ser el grado de la no satisfacción o del detrimento de un principio, mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro. Esta regla puede denominarse: “ley de la ponderación”. Alexy, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en Vásquez, Rodolfo; Zimmerling, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés., ob., cit., p.62.

113 La ley de la ponderación pone de manifiesto que esta se puede fraccionarse en tres pasos. El primero consiste en establecer el grado de insatisfacción o de detrimento del primer principio; el segundo, consiste en establecer la importancia de la satisfacción del segundo principio, que compite con el primero y, finalmente, el tercer paso consiste en determinar si, por su importancia, la satisfacción del segundo principio justifica la no satisfacción del primero”. Alexy, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en Vásquez, Rodolfo; Zimmerling, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés., ob., cit., pág. 64.

114 Alexy, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en Vásquez, Rodolfo; Zimmerling, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés., ob., cit., pág. 62. Sin embargo, se advierte que Habermas ha planteado objeciones a la ponderación: “(…) la aproximación de la ponderación priva de su poder normativo a los derechos constitucionales. Mediante la ponderación —afirma Habermas— los derechos son degradados a nivel de los objetivos, de las políticas y de los valores; y de este modo pierden la “estricta prioridad” característica de los “puntos de vista normativos”. Habermas, Jürgen. Between Facts and Norms, Trad. William Rehg, Cambridge, 1999, pág. 259. A lo que agrega: “(…) no hay criterios racionales para la ponderación: Y porque para ello faltan criterios racionales, la ponderación se efectúa de forma arbitraria o irreflexiva, según estándares y jerarquías a los que está acostumbrado”. Para concluir que: “La decisión de un tribunal es en sí misma un juicio de valor que refleja, de manera más o menos adecuada, una forma de vida que se articula en el marco de un orden de valores concreto. Pero este juicio ya no se relaciona con las alternativas de una decisión correcta o incorrecta”. Habermas, Jürgen. “Reply to Symposium Participants”, en Rosenfeld, Michel; Arato, Andrew. Habermas on Law and Democracy. Los Angeles, Berkeley, 1998, pág. 430.

115 La profesora Beladiez comparte sin reservas la preocupación por los excesos que desfiguran la institución, admite que con alguna frecuencia se producen “resultados desproporcionados e injustos” para la administración e insiste en advertir que la responsabilidad objetiva no es un seguro universal que cubra todos los daños que se produzcan con ocasión de las múltiples y heterogéneas actividades que la administración lleva cotidianamente a cabo para satisfacer los interese generales”. Leguina Villa, Jesús. “Prólogo”, en Beladiez Rojo, Margarita. Responsabilidad e imputación de daños por el funcionamiento de los servicios públicos. Con particular referencia a los daños que ocasiona la ejecución de un contrato administrativo. Madrid, Tecnos, 1997, pág. 23.

116 Mir Puigpelat, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema., ob., cit., pág. 204.

117 “(…) el tema de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas ha sido abordado tradicionalmente desde la óptica de las garantías individuales. Se trata de una institución que protege al individuo frente a los daños causados por las administraciones públicas como consecuencia de la amplia actividad que estas desarrollan. Pero, desde la perspectiva de la posición de la administración, la responsabilidad está en el mismo centro de su concepción constitucional como derivación de la cláusula del Estado social de derecho; derivación que, en hipótesis extrema, puede conllevar que los límites del sistema resarcitorio público estén condicionados por los propios límites del llamado Estado social de derecho”. Martín Rebollo, Luis. “Ayer y hoy de la responsabilidad patrimonial de la administración.: Un balance y tres reflexiones”, ob., cit., p.308.

118 Sección Tercera, sentencias de 19 de abril de 2012, exp.: 21515; de 23 de agosto de 2012, exp.: 23492.

119 Merkl ya lo señaló: “El hombre jurídicamente puede hacer todo lo que no le sea prohibido expresamente por el derecho; el órgano, en fin de cuentas, el estado, puede hacer solamente aquello que expresamente el derecho le permite, esto es, lo que cae dentro de su competencia. En este aspecto el derecho administrativo se presenta como una suma de preceptos jurídicos que hacen posible que determinadas actividades humanas se atribuyan a los órganos administrativos y, en último extremo, al estado administrador u otros complejos orgánicos, como puntos finales de la atribución. El derecho administrativo no es solo la conditio sine qua non, sino condijo per quam de la administración”. Merkl, Adolfo. Teoría general del derecho administrativo. México, Edinal, 1975, pág. 211. Para Martín Rebollo: “Un sistema de responsabilidad muy amplio presupone un estándar medio alto de calidad de los servicios. Y si eso no es así en la realidad puede ocurrir que el propio sistema de responsabilidad acabe siendo irreal porque no se aplique con todas sus consecuencias o se diluya en condenas a ojo, sin reglas fijas o casi con el único criterio de que las solicitudes indemnizatorias no “parezcan” excesivamente arbitrarias o desproporcionadas. Aunque, claro está, lo que sea proporcionado o no, en ausencia de referentes externos sobre cómo debe ser y actuar la administración, acaba siendo también una decisión subjetiva. De ahí la conveniencia de la existencia de parámetros normativos que señalen cuál es el nivel, la pauta o la cota de calidad de los servicios, es decir, el elemento comparativo y de cotejo sobre cómo debe ser la administración”. Martín Rebollo, Luis. “Ayer y hoy de la responsabilidad patrimonial de la administración.: Un balance y tres reflexiones”, ob., cit., pág. 311.

120 “En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado”. Sección Tercera, sentencias de 19 de abril de 2012, exp.: 21515; 23 de agosto de 2012, exp. 24392.

121 Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, Responsabilidad del Estado por el actividad judicial, Cuadernos de la Cátedra Allan R. Brewer - Carías de Derecho Administrativo Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2015.

122 Una reseña de las decisiones del Consejo de Estado que contiene este sincretismo entre error y privación injusta de la libertad puede ser consultada en Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, Responsabilidad del Estado por la actividad judicial, cit. pág. 22.

123 Sabourault, Didier. “La responsabilidad del servicio público de la justicia en Bélgica”, en Deguergue, Maryse (Coord.) La justicia y la responsabilidad del Estado, Bogotá, Universidad de Santo Tomás, 2010, pág. 94.

124 González Alonso, Augusto. Responsabilidad patrimonial del Estado en la administración de justicia. Funcionamiento anormal, error judicial y prisión preventiva. Valencia, Tirant lo Blanch, 2008, pág. 57.

125 González Alonso, Augusto. Responsabilidad patrimonial del Estado en la administración de justicia. Funcionamiento anormal, error judicial y prisión preventiva., ob., cit., pág. 58.

126 Tolivar Alas, Leopoldo. “La responsabilidad patrimonial del Estado-Juez”, en Quintana López, Tomás (Dir.). La responsabilidad patrimonial de la administración pública. Estudio general y ámbitos sectoriales. Valencia, Tirant lo Blanch, 2009, pág. 518.

127 Corte Constitucional, Sentencia C-318 de 30 de junio de 1998, M.P.: Carlos Gaviria Díaz.

128 Corte Constitucional, Sentencia C-1043 de 10 de agosto de 2000, M.P.: Álvaro Tafur Galvis. Tesis reiterada en la Sentencia C-207 de 11 de marzo de 2003, M.P.: Rodrigo Escobar Gil.

129 Corte Constitucional, Sentencia T-424 de 6 de mayo 2004, M.P.: Álvaro Tafur Galvis.

130 Corte Constitucional, Sentencia T-247 de 10 de abril de 2007, M.P.: Rodrigo Escobar Gil.

131 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 10 de noviembre de 1967. Exp.: 867.

132 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 10 de mayo de 2001, exp.: 12719, C.P.: Ricardo Hoyos Duque. Lo que se ratifica en el precedente afirmando que la responsabilidad del Estado puede surgir también “cuando tales daños son producidos en desarrollo de la función judicial, o por el acto judicial mismo o por los hechos, omisiones o excesos en el desarrollo judicial”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 13 de septiembre de 2001, exp. 12915, C.P.: María Elena Giraldo Gómez. Así mismo, se sostiene en el precedente que la responsabilidad por el funcionamiento anormal de la administración de justicia incluye las actuaciones “que (…) efectúen en el ámbito propio de la actividad necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado o para garantizar jurisdiccionalmente algún derecho”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 22 de noviembre de 2001, exp.: 13164, C.P.: Ricardo Hoyos Duque. Recientemente el precedente de la Sala hace referencia a hechos o simples trámites secretariales o administrativos. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 11 de agosto de 2010, exp.: 17301, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez (E).

133 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 10 de mayo de 2001, exp.: 12719, C.P.: Ricardo Hoyos Duque. Lo que significa que la responsabilidad del Estado puede surgir también “cuando tales daños son producidos en desarrollo de la función judicial, o por el acto judicial mismo o por los hechos, omisiones o excesos en el desarrollo judicial”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 13 de septiembre de 2001, exp. 12915, C.P.: María Elena Giraldo Gómez. Así mismo, se ha sostenido que la responsabilidad por el funcionamiento anormal de la administración de justicia incluye las actuaciones “que (…) efectúen en el ámbito propio de la actividad necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado o para garantizar jurisdiccionalmente algún derecho”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 22 de noviembre de 2001, exp.: 13164, C.P.: Ricardo Hoyos Duque. Recientemente la sala ha hecho referencia a hechos o simples trámites secretariales o administrativos como hipótesis de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 11 de agosto de 2010, exp.: 17301, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez (E).

134 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 22 de noviembre de 2001, exp.: 13164, C.P.: Ricardo Hoyos Duque. En el derecho comparado se afirma que “se trata de un funcionamiento anormal debido a la actividad de los juzgados y tribunales, tanto de los propios jueces y magistrados en el ejercicio de su actividad jurisdiccional como de la oficina judicial a través de los secretarios judiciales que la dirigen y el resto de personal al servicio de la administración de justicia”. González Alonso, Augusto. Responsabilidad patrimonial del Estado en la administración de justicia. Funcionamiento anormal, error judicial y prisión preventiva., ob., cit., pág. 57.

135 Colombia, Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 1º de octubre de 1992, exp.: 7058. Sentencia del 13 de agosto de 1993, exp.: 7869 y sentencia de 18 de septiembre de 1997, exp.: 12686.

136 Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, Responsabilidad del Estado por el actividad judicial, Cuadernos de la Cátedra Allan R. Brewer - Carías de Derecho Administrativo Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2015. Pág. 155.

137 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 4 de septiembre de 1997, Exp.: 10285, C.P.: Ricardo Hoyos Duque.

138 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 24 de mayo de 1990, exp.: 5451, C.P.: Julio Cesar Uribe Acosta.

139 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 4 de septiembre de 1997, exp.: 10285, C.P.: Ricardo Hoyos Duque.

140 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 10 de mayo de 2001, exp.: 12719, C.P.: Ricardo Hoyos Duque.

141 En el derecho comparado el funcionamiento anormal procede de actuaciones materiales, normalmente dilaciones indebidas, pero también por omisiones de fases, trámites o etapas procesales que impiden el recto enjuiciamiento de los asuntos. Son ejemplos típicos de funcionamiento anormal: las dilaciones indebidas, la desaparición de dinero, joyas, documentos u otras pruebas de convicción, sustracción de las mismas”. González Alonso, Augusto. Responsabilidad patrimonial del Estado en la administración de justicia. Funcionamiento anormal, error judicial y prisión preventiva., ob., cit., pág. 58.

142 Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 10 de mayo de 2001, exp.: 12719, C.P.: Ricardo Hoyos Duque. Puede verse el precedente Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 24 de mayo de 1990, exp.: 5451, C.P.: Julio Cesar Uribe Acosta.

143 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 12 de septiembre de 1996, exp.: 11092.

144 La actuación fallida está relacionada con “una actuación necesaria para la aplicación de la decisión judicial previa: la que ordenó el remate”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 10 de mayo de 2001, exp.: 12719, C.P.: Ricardo Hoyos Duque.

145 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 22 de noviembre de 2001, exp.: 13164, C.P.: Ricardo Hoyos Duque.

146 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 22 de noviembre de 2001, Exp.: 13164, C.P.: Ricardo Hoyos Duque.

147 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 11 de agosto de 2010, Exp.: 17301, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez (E).

148 Fl. 56, cdno. 2.

149 Fls. 556 - 559, cdno. 2.

150 “ART. 682.—Secuestro. “Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1º de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6º) del artículo 627” “Artículo modificado por el artículo 1º, numeral 340 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:” Para el secuestro de bienes se aplicarán las siguientes reglas:

(…)

6. “Numeral adicionado por el artículo 41 del Decreto Extraordinario 2651 de 1991. El nuevo texto es el siguiente:” Los almacenes o establecimientos similares se entregarán al secuestre, quien continuará administrándolos, como se indica en el numeral anterior, con el auxilio de los dependientes que en ese momento existieren y los que posteriormente designe de conformidad con el numeral 6º. del artículo 9º, y consignará los productos líquidos en la forma indicada en el artículo 10. El propietario del almacén o establecimiento podrá ejercer funciones de asesoría y vigilancia, bajo la dependencia del secuestre.

Inmediatamente se hará inventario por el secuestre y las partes o personas que estas designen, sin que sea necesaria la presencia del juez, copia del cual, firmado por quienes intervengan se agregará al expediente.

(…)”.

151 “ART. 683.—Funciones del secuestre y caución. “Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1º de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6º) del artículo 627” “Artículo modificado por el artículo 1º, numeral 341 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:” El secuestre tendrá la custodia de los bienes que se le entreguen, y si se trata de empresa o de bienes productivos de renta, las atribuciones previstas para el mandatario en el Código civil, sin perjuicio de las facultades y deberes de su cargo.

Si los bienes secuestrados son consumibles y se hallan expuestos a deteriorarse o perderse, el secuestre los enajenará en las condiciones normales del mercado, consignará el dinero en la forma establecida en el artículo 10 y rendirá al juez informe de la venta.

Cuando no se trate del caso previsto en los incisos cuarto y quinto del artículo 10, el secuestre deberá prestar la caución que el juez fije una vez practicado el secuestro y si no lo hace en el término que se le señale, será removido.

No se exigirá caución al opositor o a quien se dejen los bienes en calidad de secuestre, ni cuando las partes lo soliciten de común acuerdo.

El gobierno reglamentará lo relacionado con el desempeño del cargo de secuestre y con la custodia, manejo y disposición de los bienes secuestrados”.

152 ART. 684.—Bienes inembargables. “Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1º de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6º) del artículo 627” “Artículo modificado por el artículo 1º, numeral 342 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:”

Además de los bienes inembargables de conformidad con leyes especiales, no podrán embargarse:

(…)

2. Los destinados a un servicio público cuando este se preste directamente por un departamento, una intendencia, una comisaría, un distrito especial, un municipio o un establecimiento público, o por medio de concesionario de estos; pero es embargable hasta la tercera parte de los ingresos del respectivo servicio, sin que el total de embargos que se decreten exceda de dicho porcentaje.

Cuando el servicio lo presten los particulares, podrán embargarse los bienes destinados a él, así como la renta líquida que produzcan, y el secuestro se practicará como el de empresas industriales.

(…)”.

153 Fls. 556 - 559, cdno. 2.

154 Fls. 481 - 483, cdno. 2.

155 Fl. 311, cdno. 2.

156 Fls. 7 - 9, cdno. 1.

157 Fl. 552, cdno. 2.

158 Fl. 497, cdno. 2.

159 Fl. 496, cdno. 2.

160 Fls. 540 y 541, cdno. 2.

161 Fl. 522, cdno. 2.

162 Fls. 542 y 543, cdno. 2.

163 Fls. 545 - 546, cdno. 2.

164 Fl. 544, cdno. 2.

165 Fl. 477, cdno. 3.

166 Fl. 563, cdno. 2.

167 Fls. 337 - 338, cdno. 2.

168 Fl. 564, cdno. 2.

169 Fls. 579 - 580, cdno. 2.

170 Fl. 569, cdno. 2.

171 Fl. 578, cdno. 2.

172 Respecto de la naturaleza probatoria se le puede asignar a esta clase de material probatorio de conformidad con el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil (Normativa vigente para la época de la presentación de la demanda) establece que “Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares.(…)”;.

173 Fls. 335 - 337, cdno. 2.

174 Al respecto la Corte Constitucional precisó que son nulas de pleno derecho: “[…] las grabaciones de imagen o de voz realizadas en ámbitos privados de la persona, con destino a ser publicadas o sin ese propósito, constituyen violación del derecho a la intimidad personal, si las mismas no han sido autorizadas directamente por el titular del derecho y, además, en caso extremo, si no han sido autorizadas expresa y previamente por autoridad judicial competente. El resultado de la recolección de la imagen o la voz sin la debida autorización del titular implica, sin más, el quebrantamiento de su órbita de privacidad y, por tanto, la vulneración del derecho a la intimidad del sujeto. La Sala considera que la grabación de la reunión que se hizo sin el consentimiento del procesado vulneró el derecho a la intimidad de este en aspectos como el de la reserva de la propia imagen, la reserva de las comunicaciones personales y la reserva del domicilio —entendido en el sentido amplio pertinente al derecho a la intimidad—. En esas condiciones, la grabación no podía presentarse como prueba válida en el proceso y debió ser expulsada”. Sentencia T-233-07 Magistrado Ponente: Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.