Sentencia 2008-00740/38982 de marzo 14 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad.: 73001-23-31-000-2008-00740-01 (38982)

Actor: Juan Carlos Guerrero Cuartas y otros

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación - rama judicial - Consejo Superior de la Judicatura

Proceso: Acción de reparación directa

Asunto: Recurso de apelación

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Bogotá D.C. catorce de marzo de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones

1. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

En relación con la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés.

De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.

En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.

El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable,” sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración.”(1).

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

Finalmente, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede ser concebida simplemente como una herramienta destinada a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo(2) que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

2. El derecho a la libertad individual.

Dentro del catálogo de derechos contenido en la Constitución Nacional, la garantía de la libertad ocupa un especial e importantísimo lugar, esto es, la posición de derecho fundamental cuya eficacia emerge como el hilo conductor de todo el ordenamiento democrático y vincula a todas las manifestaciones del poder público y, fundamentalmente, al juez de responsabilidad extracontractual del Estado a quien se le impone el velar por la reparación integral de los perjuicios.

Es por esto que la limitación o restricción al derecho de libertad lleva consigo la configuración de un daño antijurídico que, en principio, el ciudadano no está obligado a soportar, en tanto no haya una razón jurídica que imponga tal carga, como es la comisión de una conducta punible, caso en el cual el particular puede ser restringido o privado del ejercicio de la libertad.

3. Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad.

La responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad en su construcción normativa y jurisprudencial ha pasado por las siguientes etapas:

En la primera etapa se consideró que debía aplicarse la teoría subjetiva o restrictiva, según la cual, esa responsabilidad estaba condicionada a que la decisión judicial de privación de la libertad fuera abiertamente ilegal o arbitraria, es decir, que debía demostrarse el error judicial(3).

También se sostuvo que dicho error debía ser producto “de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso”(4).

Así las cosas, tal declaratoria de responsabilidad procedía porque la privación de la libertad fue ilegal porque la captura se produjo sin que la persona se encontrara en situación de flagrancia o porque se realizó sin orden judicial previa.

Dijo entonces el Consejo de Estado:

“Ella [la sindicada] fue retenida en el curso de la investigación relacionada con el aludido secuestro; y del hecho de que hubiera sido absuelta al final no puede inferirse que fue indebida su retención. La justificación de la medida aparece plausible y nada hace pensar que en ella mediarán circunstancias extralegales o deseos de simple venganza.

“La investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra la persona sindicada, es una carga que todas las personas deben soportar por igual. Y la absolución final que puedan éstas obtener no prueba, per se, que hubo algo indebido en la retención. Este extremo, de tan delicado manejo, requería pruebas robustas y serias y no meras inferencias o conjeturas.”(5)

En una segunda etapa, el Consejo de Estado consideró que la privación injusta de la libertad por “error judicial” comprendía casos diferentes a los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal,(6)(7) eventos aquellos en los cuales la víctima debe demostrar lo injusto de su detención toda vez que en los del artículo 414 se presumen:

“En este orden de ideas, fuera de los casos señalados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, en los cuales la ley presume que se presenta la privación injusta de la libertad, cuando se pretenda obtener indemnización de perjuicios por esta causa, el demandante debe demostrar que la detención preventiva que se dispuso en su contra fue injusta; y, en tales eventos, habiéndose producido la detención preventiva por una providencia judicial, la fuente de la responsabilidad no será otra que el error jurisdiccional”(8).

En la tercera, que es la que prohíja la Sala actualmente, sostiene que se puede derivar la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad, cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria (o preclusión de la investigación), incluyendo el evento del in dubio pro reo, aunque para la privación se hayan cumplido todas las exigencias legales ya que se entiende que es desproporcionado, inequitativo y rompe con las cargas públicas soportables que una persona en el Estado Social de Derecho vea limitado su derecho a la libertad para luego resultar absuelto del cargo imputado.

Y es que en un Estado Social de Derecho la privación de la libertad sólo debería ser consecuencia de una sentencia condenatoria, con el fin de proteger el principio universal de la presunción de inocencia establecido en el artículo 29 de la Constitución.

En consecuencia, se reitera que una vez que el juez de lo contencioso administrativo encuentre probado que el derecho fundamental a la libertad de una persona ha sido vulnerado como consecuencia de una decisión judicial, lo que constituye un daño antijurídico a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, debe ordenar su reparación.

En síntesis, la privación injusta de la libertad no se limita a las hipótesis previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y además no interesa que ella sea intramural, domiciliaria, o consista en restricciones para salir del país o para cambiar de domicilio.

Esta idea vertebral se encuentra expresada como postulado en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 al disponer que “[q]uien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios,” sin perder de vista que el artículo 70 de esa misma Ley prevé que “[e]l daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado.”

4. Unificación jurisprudencial sobre la indemnización del perjuicio moral en los casos de privación injusta de la libertad.

En Sentencia del 28 de agosto de 2014, proferida por la sección tercera del Consejo de Estado, la reparación del perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertad se determina en salarios mínimos mensuales vigentes, a partir de cinco niveles que se configuran teniendo en cuenta el parentesco o la cercanía afectiva existente entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados, y el término de duración de la privación de la libertad, así:

1
 

Para los niveles 1 y 2 se requiere la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros; para los niveles 3 y 4 es indispensable además la prueba de la relación afectiva; y para el nivel 5 sólo se exige la prueba de la relación afectiva.

5. Caso concreto.

En este asunto aparece suficientemente demostrado que el señor Juan Carlos Guerrero Cuartas fue privado de su libertad el 26 de febrero de 2003 al ser capturado(9) cuando se disponía a abordar un vuelo en el aeropuerto El Dorado - Bogotá, por agentes del DAS, al existir sentencia condenatoria de 10 de septiembre de 2001 dictada por el juzgado quinto penal del circuito de Ibagué y orden de captura en su contra como autor de los delitos de homicidio y porte ilegal de armas(10), en virtud de la investigación realizada por la fiscalía cuarenta y nueve de la unidad primera de vida.

Está demostrada la acción de tutela que ejerció el demandante a fin de obtener su libertad(11), donde se resolvió tutelar transitoriamente los derechos invocados como trasgredidos al actor y ordenó la libertad inmediata e incondicional del accionante para lo cual el 21 de marzo de 2003 quedó en libertad, así lo informó el Departamento Administrativo de Seguridad en su momento(12).

Y de igual forma, se evidencia el proceso iniciado con ocasión del recurso de revisión(13) en contra de la Sentencia de 10 de septiembre de 2001 instaurado por el actor y del cual obtuvo pronunciamiento favorable, toda vez que, se logró evidenciar la inocencia del mismo, al no haber sido identificado e individualizado plenamente por el ente investigador y el aparato judicial y que por esta omisión colosal el actor se vio envuelto en una privación de su libertad que no debió soportar, derivada de un proceso penal que culminó con una sentencia en su contra, sin que en absoluto hubiera cometido algún ilícito, como bien resaltó la Sala de decisión penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, que con todo el acervo probatorio aportado, pudo demostrar la ausencia de responsabilidad del señor Juan Carlos Guerrero Cuartas, por lo que se resolvió ordenar la revisión del proceso penal que cursó contra el demandante y se dejó sin valor lo actuado desde la vinculación al mismo, solicitando la cancelación de antecedentes en relación con los hechos que tuvieron lugar a la acción de revisión, así lo pudo constatar, indicando que:

“Como puede verse, se vinculó al proceso penal e hizo sujeto de la sentencia a Juan Carlos Guerrero Cuartas, identificado con cédula de ciudadanía 93.387.548, quien nació en Ibagué el 7 de agosto de 1972 y no el 7 de agosto de 1977 como erradamente se plasmó en la sentencia en el aparte que denominó el juzgador “IDENTIDAD DEL PROCESADO”, persona está totalmente distinta del sujeto apodado “el desyerbado”, quien fue realmente el autor del homicidio. Curiosamente terminó el juez por atribuir al condenado la fecha de nacimiento de Luis Carlos Guerrero Rubiano, quien durante el proceso fue capturado por funcionarios de la policía como presunto autor del homicidio.

En conclusión, al ser el demandante totalmente ajeno o inocente de la conducta de homicidio por la que fue condenado, resulta imperativo remover la cosa juzgada que entraña la sentencia acusada, es decir, el fallo del 10 de septiembre de 2001 proferido por el juzgado quinto penal del circuito de Ibagué, Tolima, para que se restaure el proceso desde el momento que permita practicar las pruebas que en el sumario conduzcan a establecer la plena identidad del verdadero infractor de la ley penal en el referido evento y además desvincular del mismo a Juan Carlos Guerrero Cuartas, fase procesal que no es otra que aquella a partir de la cual se ordenó emplazar y vincular mediante declaratoria de persona ausente al mencionado”(14).

Pues bien, todas estas probanzas demuestran que el señor Juan Carlos Guerrero Cuartas fue privado injustamente de su libertad puesto que estuvo detenido durante 24 días en virtud de un proceso penal y de una sentencia condenatoria de la que luego se ordenó su revisión y se dejó sin valor lo actuado desde el momento en que se ordenó la vinculación del mencionado actor a la investigación penal.

Así que entonces se abre paso la responsabilidad del Estado.

6. Liquidación de perjuicios.

Teniendo en cuenta que el Tribunal Administrativo del Tolima, emitió sentencia que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, pasa la Sala a verificar la liquidación de los perjuicios realizada por el a quo, toda vez que pueden variar los montos de la condena, comoquiera que ambas partes - demandante y Nación - Fiscalía General de la Nación - rama judicial impugnaron la decisión de primera instancia, circunstancia en la cual hay lugar, a dar aplicación a lo señalado en el inciso segundo del artículo 328 del Código General del Proceso, el cual le permite al juez analizar el sub judice sin limitaciones.

6.1 Perjuicio moral.

Como se dejó dicho en el punto 4 de estas consideraciones, la sección tercera del Consejo de Estado determinó la tasación del perjuicio moral en atención al término de duración de la privación y el nivel de cercanía afectiva existente entre la víctima directa y los perjudicados.

En este expediente se encuentra acreditado que Juan Carlos Guerrero Cuartas comparece al proceso como la persona que fue privada injustamente de la libertad, Mercedes Cuartas Orozco como la madre de éste,(15) Enrique Guerrero Lozano como padre del mismo,(16) como hermanos de la víctima se identificaron a los señores Fabián Enrique Guerrero Díaz,(17) Jhonatan Felipe Guerrero Ospina,(18) Andrés Hernando Guerrero Abello(19) y Diana Andrea Guerrero Cuartas(20) parentescos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles.

Ahora bien, para acreditar y demostrar la relación estrecha y los vínculos afectivos entre el demandante Juan Carlos Guerrero Cuartas con su compañera permanente la señora Yomaira Barrero Reyes y el hijo biológico de ésta y de crianza del actor, quien responde al nombre de Jhoan Sebastián Cifuentes Barrero, se cuenta con el testimonio de Margarita del Pilar Zapato Arango, Gerente regional de la EPS Cafesalud Medicina Prepagada S.A. y amiga del actor, quien describió estos vínculos de afecto así:

“(…) Juan Carlos vive con su compañera o esposa Yomaira Barrero, tiene un hijo que es de ella, no tienen hijos en común, pero prácticamente él ha criado al niño, porque desde muy pequeño, temprana edad del niño formaron su hogar de pareja Juan Carlos y Yomaira, pero Juan Carlos sigue siendo el eje central de su familia paterna (…)”(21)

A su vez, el mencionado testimonio de Margarita del Pilar Zapato Arango, refiere que la señora Martha Gladys Ospina Guzmán, quien se vinculó al proceso como madrastra del señor Juan Carlos Guerrero Cuartas, poseía una relación muy fuerte con aquél y que conocía de aquellas relaciones afectivas tanto con su compañera permanente, hijo de crianza, como de su madre de crianza(22), por cuanto asistían a los eventos realizados por la entidad donde laboraba la víctima, así lo expuso en su declaración:

“PREGUNTADO: DIGA AL DESPACHO, SI EL NÚCLEO FAMILIAR DEL SEÑOR JUAN CARLOS GUERRERO, QUE USTED REFIERE ANTERIORMENTE, SE ENCUENTRA UNIDO POR FUERTES LAZOS AFECTIVOS, Y POR QUE LE CONSTA. CONSTESTÓ: lasos (sic) afectivos de Juan Carlos son tan fuertes que cuando conocí a la esposa del señor GUERRERO, madre de Juan Carlos, pensé que era la madre natural, siendo ésta la madrastra, sé además que su madre biológica, presentó altos problemas de salud generándole una parálisis facial y alterándole el sistema nervioso, la retensión (sic) de su hijo para esa fecha. De los eventos que hacía la compañía siempre se integraba por el grupo familiar, de ahí que conozcamos la unión de Juan Carlos con sus padres y hermanos.”(23) (resaltado propio)

Frente a los demás demandantes no se pudo acreditar la aflicción y el grado de afectación que padecieron con la privación de la libertad del actor Juan Carlos Guerrero Cuartas, toda vez que no basta acreditar su relación con el parentesco mediante registro civil de nacimiento, sino que se debe constatar con algún otro medio probatorio, que permitiese obtener con total certeza que en verdad hubo un padecimiento para el demandante cuando así lo reclamaba. Así las cosas, se negará el reconocimiento de perjuicios morales para los demás actores.

Asimismo se encuentra acreditado que la privación injusta de la libertad tuvo lugar por el término de 24 días, contados entre el 26 de febrero y el 21 de marzo de 2003, inclusive.

Todo lo anterior significa que los demandantes se encuentran entre el primer y segundo nivel de la tabla pero en el último rango indemnizatorio, esto es, el correspondiente al periodo de privación igual o inferior a un (1) mes, cuya cuantificación se limita a 15 smlmv.

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de perjuicio moral las siguientes sumas:

NivelDemandanteIndemnización
Juan Carlos Guerrero Cuartas15 smlmv
Mercedes Cuartas Orozco15 smlmv
Enrique Guerrero Lozano15 smlmv
Yomaira Barrero Reyes15 smlmv
Jhoan Sebastián Cifuentes Barrero15 smlmv
Martha Gladys Ospina Guzmán15 smlmv
Fabián Enrique Guerrero Díaz7.5 smlmv
2ºJhonatan Felipe Guerrero Ospina7.5 smlmv
Andrés Hernando Guerrero Abello7.5 smlmv
Diana Andrea Guerrero Cuartas7.5 smlmv

6.2. Perjuicio Material a título de lucro cesante.

Con relación a los perjuicios materiales a título de lucro cesante, se halla demostrado que el señor Juan Carlos Guerrero Cuartas laboraba como dependiente de la EPS Cafesalud Medicina Prepagada S.A., y que devengaba una asignación salarial mensual de trescientos treinta y dos mil pesos ($ 332.000) y un promedio de comisiones de cuatrocientos treinta y nueve mil novecientos cuarenta y dos pesos ($ 439.942), según certificado de la compañía, el cual se expidió el 27 de febrero de 2003(24), lo que correspondería a un promedio mensual de setecientos setenta y un mil novecientos cuarenta y dos pesos ($ 771.942) que sumado a un veinticinco (25%) por concepto de prestaciones sociales es de $ 964.927,5 suma que actualizada, acorde con la siguiente fórmula, asciende a $ 1.688.094,68:

Ra = Rh
 

Rh: $ 617.554

IPC inicial: Febrero de 2003 = 73,04

IPC Final: Enero de 2016 = 127,78

f1
 

En atención a que la víctima estuvo privado de la libertad por el término de 24 días (0,8 meses), corresponde un reconocimiento de un millón trescientos cuarenta y nueve mil ochocientos diecinueve pesos con setenta y cuatro centavos ($ 1.349.819,74) actualizado con aplicación de la fórmula acogida por la corporación(25), por concepto de lucro cesante consolidado a favor del señor Juan Carlos Guerrero Cuartas.

6.3. Perjuicio Material a título de daño emergente.

En las copias de la acción de tutela interpuesta y el proceso de revisión adelantando por el actor Juan Carlos Guerrero Cuartas aportadas al proceso se hace evidente que el señor demandante contó con la representación de un abogado, honorarios que según hechos de la demanda fueron asumidos por el privado de la libertad.

Sin embargo, con base en el testimonio rendido por la señora Margarita del Pilar Zapato Arango, Gerente regional de la EPS Cafesalud Medicina Prepagada S.A., quien mencionó que en una colecta realizada por los compañeros del trabajo del actor se recogió la suma de un millón de pesos ($ 1.000.000) para ayudar al pago de apoderados judiciales(26), razón por la cual se tomará en consideración esta declaración para tasar el daño emergente padecido por Guerrero Cuartas, conforme a los medios probatorios que obran en el expediente.

Dichos documentos conciernen a la certificación expedida por el abogado Humberto Escobar Escobar, en la que se hace constar que el señor Juan Carlos Guerrero Cuartas pagó la suma de dos millones de pesos ($ 2.000.000) por concepto de la acción de tutela instaurada ante el Tribunal Superior de Ibagué(27). Igualmente se encuentra la certificación del abogado Franz Leonardo Bedoya Rubio, quién certificó que el señor Juan Carlos Guerrero Cuartas se encontraba a paz y salvo por concepto de honorarios profesionales en proceso de acción de revisión que se llevó en el tribunal Superior Ibagué – Sala Penal, y que se canceló la suma de un millón de pesos ($ 1.000.000)(28).

Es decir que, el total de los gastos de representación por honorarios en los procesos judiciales en los que se vio envuelto el demandante Juan Carlos Guerrero Cuartas ascendieron en el momento de los hechos a tres millones de pesos ($ 3.000.000), de los cuales se deducirá el millón de pesos ($ 1.000.000) que fue sufragado por los compañeros de trabajo del actor en la EPS Cafesalud Medicina Prepagada S.A., por lo que se concluye que el valor a reconocer por daño emergente asciende a dos millones de pesos ($ 2.000.000), actualizada con aplicación de la fórmula acogida por la corporación, se deriva así:

Ra = Rh
 

Rh: $ 2.000.000

IPC inicial: Junio 12 de 2006(29) = 86,64

IPC Final: Enero de 2016 = 127,78

f4
 

Así las cosas, se cancelará el valor de dos millones novecientos cuarenta y nueve mil seiscientos pesos ($ 2.949.600) al actor Juan Carlos Guerrero Cuartas, tal y como se suplicó en las pretensiones de la demanda, en la modalidad de daño emergente.

6.4. Afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados (peticionado como perjuicio a la vida de relación).

En el libelo introductorio se solicitó para los accionantes Juan Carlos Guerrero Cuartas - privado de la libertad y su compañera permanente Yomaira Barrero Reyes el reconocimiento de perjuicios, como indemnización por el “pago del perjuicio extrapatrimonial en la modalidad del perjuicio a la relación de vida” producto de la privación injusta de la libertad de la que fue sujeto el señor Guerrero Cuartas.

Conforme al precedente jurisprudencial fijado por las sentencias de Sala Plena de sección de 28 de agosto de 2014 (exps. 26251, 28804 y 32988) se precisa que la indemnización por este tipo de afectación procede bien sea de oficio o a solicitud de parte, siempre que se trata de una “afectación o vulneración relevante de bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados. (…) procede siempre y cuando, se encuentre acreditada dentro del proceso su creación y se precise su reparación integral”.

En lo que hace referencia al modo de su reconocimiento la jurisprudencia ha precisado que

“Se privilegia la compensación a través de medidas de reparación no pecuniarias a favor de la víctima directa y a su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero(a) permanente y los parientes hasta el 1º de consanguinidad, en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que se presumen entre ellos. Debe entenderse comprendida la relación familiar biológica, la civil derivada de la adopción y aquellas denominadas “de crianza””.

(…)

En casos excepcionales, cuando las medidas de satisfacción no sean suficientes o posibles para consolidar la reparación integral podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, mediante el establecimiento de una medida pecuniaria de hasta 100 smlmv, si fuere el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocido con fundamento en el daño a la salud. Este quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño.”(30)

Revisado el expediente, se observa que los perjuicios padecidos por la víctima directa y a su núcleo familiar se les produjo una alteración personal en las condiciones de existencia, toda vez que se vieron afectados con la noticia de su captura y del proceso penal en el que se encontró vinculado, lo cual fue difundido por medios radiales, así lo dejo entrever el señor Héctor Alberto Sánchez Troncoso, periodista, quien en su declaración procedió a informar que le llamó la atención que el capturado fuera identificado como un asesor de Cafesalud EPS, y que había sido un “escándalo en la época”, así rindió su versión:

“(…) publiqué la información a través del noticiero que dirigía radio periódico al minuto de radio SUPER de Ibagué, y desarrolle esta información como un hecho por demás insólito lo cual ese mismo día entreviste en la emisión del medio día a la directora de CAFESALUD quien me habló acerca del caso y finalmente ella dedució (sic) a que se trataba seguramente de alguna equivocación y explicaba que iba era a una excursión fuera del país, la noticia trascendió durante varios de esa semana, y en virtud a que hubo incluso diversas reacciones incluso de la comunidad. (…) PREGUNTADO: Manifiéstele al Despacho si el hecho narrado anteriormente por Ud. En relación con el Juan Carlos Guerrero fue dado a conocer por otros medios de comunicación de la ciudad de Ibagué o a nivel departamental. CONTESTÓ: Es apenas obvio en virtud a que mí trayectoria como periodista daba ligar a una amplia audiencia y si bien la noticia la dí yo como exclusiva como primicia otros medios se pegaron a esa información que se constituyó en Ibagué como un escándalo en la época, recuerdo inclusive que hice informe nacional de TV. Para CMI, noticiero para el cual aún trabajo(31) (resaltado propio).

Bajo este entendido, en el caso de autos la Sala no encuentra ninguna circunstancia que le permita aseverar que la Fiscalía General de la Nación o la rama judicial llevaron a cabo un manejo indebido de la información relacionada con el proceso penal adelantado contra el señor Guerrero Cuartas o que ésta, por medio de cualquier conducta reprochable hubiera favorecido actos de difamación o afectación al buen nombre y el honor de los citados sujetos. Téngase en cuenta, al respecto, que el sustento de la alegada afectación a dichos derechos fundamentales proviene del dicho de Héctor Alberto Sánchez, periodista que declaró sobre la propagación mediática en Ibagué y a nivel nacional de la noticia, sin embargo, nada en el acervo probatorio lleva a decir que las demandadas hubieren participado o propiciado estas actuaciones.

Si bien, de suyo, el verse expuesto a un proceso penal y a una privación de la libertad puede llevar a afectar tales derechos, la jurisprudencia de esta corporación ha sido conteste en considerar que cuando tal afectación no ostenta tal intensidad o rigor, este tipo de afectación se enmarca dentro del concepto jurídico del perjuicio moral(32).

Súmese a lo anterior que, como se señaló arriba al traer a colación los criterios unificados que fueron fijados por el Pleno de la sección tercera en cuanto a lo que concierne a la categoría de la afectación a los bienes e intereses convencional y constitucionalmente amparados, es presupuesto ineludible que se trate de una “afectación o vulneración relevante” lo cual, por un mero ejercicio de exclusión, pone fuera de dicha órbita a aquellos daños que no satisfagan dicho criterio de intensidad o relevancia, tal como sucede en el sub judice.

Finalmente, se pone de presente que se declarará responsable tanto a la Nación - Fiscalía General de la Nación como a la rama judicial, por cuanto en virtud de las actuaciones de ambos organismos se generó el hecho dañoso, consistente en la privación de la libertad del señor Juan Carlos Guerrero Cuartas.

En mérito de lo expuesto la subsección C de la sección tercera de la Sala de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

MODIFICAR la sentencia proferida el 13 de abril de 2010 por el Tribunal Contencioso Administrativo del Tolima y en su lugar se dispone:

1. DECLARAR responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación y rama judicial de los perjuicios sufridos por el señor Juan Carlos Guerrero Cuartas como consecuencia de la privación injusta de la libertad de que fue víctima.

2. CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación y rama judicial solidariamente a pagar a título de perjuicios morales, al demandante las siguientes sumas:

NivelDemandanteIndemnización
Juan Carlos Guerrero Cuartas15 smlmv
Mercedes Cuartas Orozco15 smlmv
Enrique Guerrero Lozano15 smlmv
Yomaira Barrero Reyes15 smlmv
Jhoan Sebastián Cifuentes Barrero15 smlmv
Martha Gladys Ospina Guzmán15 smlmv
Fabián Enrique Guerrero Díaz7.5 smlmv
2ºJhonatan Felipe Guerrero Ospina7.5 smlmv
Andrés Hernando Guerrero Abello7.5 smlmv
Diana Andrea Guerrero Cuartas7.5 smlmv

3. CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación y rama judicial a pagar a título de lucro cesante a favor de Juan Carlos Guerrero Cuartas la suma de un millón trescientos cuarenta y nueve mil ochocientos diecinueve pesos con setenta y cuatro centavos ($ 1.349.819,74).

4. CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación y rama judicial a pagar a título de daño emergente la suma de dos millones novecientos cuarenta y nueve mil seiscientos pesos ($ 2.949.600) al actor Juan Carlos Guerrero Cuartas.

5. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

6. DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.

(2) “En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. PANTALEÓN, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en AFDUAM, Nº 4, 2000, p.174.

(3) Consejo de Estado, sección tercera. Sentencia de 1 de octubre de 1992, exp. 10923.

(4) Consejo de Estado, sección tercera. Sentencia de 2 de mayo de 2007, exp. 15989.

(5) Consejo de Estado, sección tercera. Sentencia de 25 de julio de 1994, exp. 8666.

(6) Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc.

(7) Decreto 2700 de 1991, artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios.
Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.

(8) Consejo de Estado, sección tercera. Sentencia de 17 de noviembre de 1995, exp. 10056.

(9) Folio 2, c. 3.

(10) Folios 164-171, c. 1.

(11) Folios 176-192, c. 1.

(12) Folio 120, c. 1.

(13) Folios 247-261, c. 1.

(14) Folios 259-260, c. 1.

(15) Registro civil de nacimiento de Juan Carlos Guerrero Cuartas, en el que figura que su madre es la señora Mercedes Cuartas Orozco. Folio 13, c. 1.

(16) Registro civil de nacimiento de Juan Carlos Guerrero Cuartas, en el que figura que su padre es el señor Enrique Guerrero Lozano. Folio 13, c. 1.

(17) Registro civil de nacimiento de Fabián Enrique Guerrero Díaz, hijo de Enrique Guerrero Lozano y Diana Esperanza Díaz Plazas. Folio 14, c. 1.

(18) Registro civil de nacimiento de Jhonatan Felipe Guerrero Ospina, hijo de Enrique Guerrero Lozano y Martha Gladys Ospina Guzmán. Folio 15, c. 1.

(19) Registro civil de nacimiento de Andrés Hernando Guerrero Abello, hijo de Enrique Guerrero Lozano y Libia Yaneth Abello López. Folio 16, c. 1.

(20) Registro civil de nacimiento de Diana Andrea Guerrero Cuartas, hija de Enrique Guerrero Lozano y Mercedes Cuartas. Folio 24, c. 1.

(21) Fls. 3-9, c. 3.

(22) Esta declaración se puede valorar conjuntamente con el testimonio concordante del señor Genaro Torres Zabal, quien indicó ser amigo desde la infancia del señor Juan Carlos Guerrero Cuartas, y en su aserción expresó la convivencia que sostuvo la víctima con su compañera, hijo de crianza y madre de crianza, indicando lo siguiente: “PREGUNTADO: Infórmele al Despacho cómo se encuentra conformado el núcleo familiar del Señor Juan Carlos Guerrero Cuartas. CONTESTÓ: En el momento del problema con su esposa que tiene un hijo, cuando se conoció con su esposa que se (sic) Jhoana (sic), y que tiene un hijo que se llama Sebastián de 12 años, ese su núcleo directo. Las demás familia que tiene, sus papas, don Enrique, la señora Mercedes, su hermana Diana y tiene tres medios hermanos por parte de papá, los otros dos hijos que conviven con el papá, son hijos de Martha la actual esposa de don Enrique”. Fls. 10-13, c. 3.

(23) Fls. 3-9, c. 3.

(24) Fl. 263, c. 1.

(25) Valor del lucro cesante consolidado según la fórmula acogida por esta corporación:

f2


Que para el sub examine corresponde a:

f3

(26) Extracto de la declaración rendida por la mencionada testigo: “Cuando a Juan Carlos le hicieron la retención o privación de su libertad, la más afectada fue Yomaira inicialmente, primero porque en el momento no había ingresos económicos para financiarle a ella su estadía en Bogotá, y a él por su puesto también tenía que tener unos ingresos para sostenerse en su sitio de retención, por ende mucho habían recursos para abogado, o traslados de la familia en Ibagué a Bogotá, la compañía en cabeza de la Directora Comercial del momento, hicieron una colecta y se recogió fondos para el sostenimiento de Juan Carlos, de Yomaira y del padre de Juan Carlos, el nombre no sé, yo tuve muchísimo contacto con él, pero no recuerdo los nombres, tengo mente fotográfica, siempre me dirigía hacia él como el señor Guerrero, nunca especifiqué el nombre; se recogió algo más de un millón de pesos” (resaltado propio) Fls. 3-9, c. 3.

(27) Fl. 274, c. 1.

(28) Fl. 275, c. 1.

(29) Fecha de la certificación de pago de honorarios al abogado Humberto Escobar Escobar, es decir junio 12 de 2006. Fl. 274, c. 1.

(30) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo. Pleno de sección tercera. Sentencia de 28 de agosto de 2014, exp. 26251.

(31) Fls. 44-46, c. 3.

(32) Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, sentencias de 9 de junio de 2010 (exp. 19283), 26 de julio de 2012 (exp. 24409 - subsección B) y 28 de febrero de 2013 (exp. 24622 - subsección B), entre otras.