Sentencia 200800745 de agosto 3 de 2011

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 730011102000200800745 01/2053F

Magistrado Ponente:

Dr. José Ovidio Claros Polanco

Aprobado según acta 075 de esta misma fecha

Bogotá D.C., tres de agosto de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer de las decisiones proferidas por las salas disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura, de conformidad con lo establecido en el numeral 3º del artículo 256 de la Constitución Política y 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996 (estatutaria de la administración de justicia).

2. Previo a abordar el análisis del material probatorio allegado al plenario, la Sala parte del principio según el cual, la manifestación de la potestad sancionadora del Estado, se concreta en la posibilidad de desplegar un control disciplinario sobre sus servidores, dada la especial sujeción de estos a él, en razón de la relación jurídica surgida por la atribución de una función jurisdiccional. De esta manera se pretende que, el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades se realice dentro de una ética del servicio público, con sujeción a los principios de moralidad, eficacia y eficiencia que deben caracterizar sus actuaciones.

En este orden de ideas en el derecho disciplinario funcional, la falta siempre supone la existencia de un deber, cuyo olvido, incumplimiento o desconocimiento trae como consecuencia la respuesta represiva del Estado.

De lo anterior se deduce que lo que genera el reproche del Estado al servidor judicial no es propiamente la voluntad de lesionar intereses jurídicos tutelados, sino los comportamientos que impliquen cumplimiento incompleto y defectuoso de los deberes que se le encomiendan como funcionario.

Es así como el artículo 196 de la ley 734 de 2002, define la falta disciplinaria, en los siguientes términos:

“ART. 196.—Falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la ley estatutaria de la administración de justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este código”.

La Corte Constitucional en Sentencia C-028 de 2006, define la potestad disciplinaria como “la facultad para corregir las faltas o deficiencias provenientes de la actividad de los servidores públicos, se torna en una prerrogativa tendiente a proteger al ciudadano de eventuales arbitrariedades por incumplimiento de las directrices fijadas en la ley, con ella se evita que quienes prestan funciones públicas lo hagan de manera negligente y contraria al servicio, desconociendo el interés general que debe orientar las actuaciones estatales...”.

Resulta en consecuencia imperioso analizar si en su actuar funcional, el doctor Luis Augusto Méndez Roa, en su condición de Juez 3 Penal del Circuito de Ibagué, incurrió en la falta endilgada y que le mereció la sanción impuesta en la sentencia.

Tenemos que al imputado se le disciplinó por la falta contemplada en el numeral 3º del artículo 154 de la Ley 270 de 1996, que es del siguiente tenor:

“ART. 154.—Deberes. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes:

3. Retardar o negar injustificadamente el despacho de los asuntos o la prestación del servicio a que estén obligados”

De conformidad con el material probatorio ninguna duda ofrece la materialidad de la falta endilgada al disciplinable, por cuanto dentro de la causa radicada bajo el número 2000-00055-03, seguida contra el señor Álvaro Edimer Tinjacá González, por el delito de Homicidio Preterintencional, retardó injustificadamente la decisión a que había lugar, al punto que, como se dijo, sólo hasta el 14 de abril de 2008, vino a proferir sentencia condenatoria en contra del precitado, la cual fue apelada, motivo por el cual el Tribunal Superior de Ibagué al desatacar la alzada, dispuso revocarla por haber operado el fenómeno de la prescripción.

Téngase en cuenta, que si bien, como lo alude el apoderado del censor, existió una gran carga laboral en los despachos penales del circuito de la ciudad de Ibagué, no lo es menos, que ello no conlleva a que el disciplinado tuviera que demorar la recepción los asuntos puestos bajo su conocimiento, en especial, del trámite penal que conllevó a la expedición de copias, que ahora aquí es objeto de estudio, pues es claro que los funcionarios judiciales no solamente tienen unos deberes que cumplir, sino unas prohibiciones que atender a efectos de evitar futuros trámites disciplinarios en su contra.

Por contera, al realizar el respectivo análisis de la totalidad del recaudo probatorio, con fundamento en la sana crítica, tenemos que el proceso ingresó al despacho del juez desde el 24 de septiembre de 2002, y tan sólo hasta el 14 de abril de 2008 se profirió la decisión que dirimió la instancia, pese a que el 3 de marzo del año 2006, se solicitó y se certificó sobre el estado en el que se encontraba el asunto, sin que mediara por parte del investigado el más mínimo respeto con las partes del proceso y sobre todo con el solicitante de la certificación, y menos aún, puso en práctica los principios que rigen la administración de justicia, como es la celeridad y eficiencia, destacándose de su proceder la negligencia con la cual actuó.

Y es que la negligencia en la que actúo del disciplinado, traduce su falta de prudencia y cuidado y esa extrema falta de prudencia y de cuidado, permiten estructurar la forma de culpabilidad en culposa, más cuando teniendo el pleno conocimiento de que debía proferir la sentencia, y que la acción penal prescribiría en el año 2008, pues una de sus funciones, es estar atento a los casos asignados, no lo hizo.

Ahora, conceptos como la antijuridicidad material o formal de la conducta y su adecuación a un tipo disciplinario, son básicos y están bien definidos en el caso sub exámine, cuando el funcionario conoce la norma y sin justificación alguna vulnera el deber sustancial contenido en la misma y la deja de aplicar.

Del mismo modo, si bien el caso penal adelantado en contra del señor Álvaro Edimer Tinjacá González, por el delito de Homicidio Preterintencional, se prescribió estando en el Tribunal Superior de Ibagué, Sala Penal para sentencia de segunda instancia, también lo es que una de las causas para que ello sucediera, fue la gran demora de parte del aquí investigado, en decidir el fondo del asunto, pues este tardó 5 años y 7 meses; máxime lo anterior, al disciplinado se le sancionó no por haber dejado operar el fenómeno jurídico de la prescripción, sino por la tardanza en la que incurrió el doctor Méndez Roa, en emitir el fallo, contribuyendo tal acontecer a que se perpetrara la extinción.

Asimismo, si bien de los testimonios se puede llegar a colegir que el funcionario, es honrado, transparente y consagrado, también lo es que ello no puede llegar a justificar la tardanza en la que incurrió el disciplinable en proferir un fallo, menos aún, pretender argüir que por la cantidad de pruebas en recepcionar, la complejidad de los asuntos a su cargo, y otros problemas de carácter administrativo atribuibles, según el secretario del investigado, a los empleados más no al juez, se haya dejado a un lado el caso penal por tanto tiempo, pues eso lo único que traduce es el gran descuido, negligencia y falta de cuidado por parte del operador judicial aquí investigado no solo en los expedientes bajo su conocimiento, sino en el manejo de su estrado judicial en pleno, situación esta última también de su resorte como administrador de justicia.

Por último, observando el cuaderno que se allegara como pruebas, y del cual se hace referencia en el escrito de apelación, tenemos que de él se puede observar un sin número de audiencias celebradas durante el año, pero no se puede colegir en debida forma el año de su recepción, ni los números de testimonios en sí fijados para cada día, por el contrario, es evidente para esta colegiatura el grado de desorden de la agenda, encontrándose solamente claro el número de horas fijadas por días, correspondiendo al de máximo 6, es decir, que contrario a lo expuesto en algunos testimonios, así como a lo aducido por el apoderado del disciplinado, ese era el número máximo de diligencias diarias.

Máxime lo anterior, tal agenda allegada como prueba a estas diligencias, no es suficiente prueba para justificar la demora en proferir la decisión de primera instancia, por cuanto tal cuaderno sólo refleja la programación de las audiencias, más no se puede llegar a colegir del mismo, si estas fueron evacuadas en su totalidad o no, otro punto más para no acoger los argumentos de la apelación.

Respecto a la sanción, considera la Sala que al ser válidos los argumentos expresados por la primera instancia, procederá a confirmarla, cuando al referirse a la modalidad de la conducta, las circunstancias que la rodearon, el enorme tiempo que transcurrió en resolver el asunto puesto bajo su conocimiento y el ser un profesional del derecho especializado en el área de penal, lo hacen merecedor a la suspensión de 30 días, convertibles en salarios devengados para el momento de la comisión de la falta, esto es, el 14 de abril de 2008, conducta calificada como grave a título de culpa y señalándose en ese análisis la falta de antecedentes disciplinarios del investigado.

Para esta colegiatura es cierto como lo refirió la primera Instancia, que no se observa en el proceder omisivo del doctor Méndez Roa la existencia de dolo o intención manifiesta de buscar con la no resolución a tiempo del caso penal puesto bajo su cocimiento y con radicado 2000-00055-03, algún interés distinto; para la corporación su conducta obedeció a actos de negligencia o descuido al no haber tomado las medidas pertinentes y eficaces tendientes a estar vigilante de la totalidad de procesos asignados y que éstos fueran tramitados oportunamente.

La sanción impuesta por el a quo y que será confirmada por la Sala resulta equivalente a la falta atribuida, cuando se debe tener presente que administración de justicia es un servicio público esencial y que los ciudadanos incursos en una investigación, en este caso de tipo procesos de tipo legal tienen derecho a que el asunto se dirima lo más pronto posible y que se haga de conformidad con los términos establecidos en la ley , pues de lo contrario la no resolución oportuna del conflicto genera incertidumbre, con trascendencia social al interior de la comunidad en cuanto esta pude perder confianza en las Instituciones al ver que no se tramitan oportunamente los procesos.

Resta esta superioridad por decir, que la sanción impuesta al doctor Méndez Roa, se convirtió y así se confirmará, en igual número de salarios devengados por el funcionario para el momento de la comisión de la falta, esto es, 14 de abril de 2008, tal como lo establece el inciso 3 del artículo 46 de la Ley 270 de 1996, como quiera que el inculpado ya no funge como funcionario activo, pues este de acuerdo a su versión libre se desempeña como notario del Espinal.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el fallo que declaró disciplinariamente responsable al doctor Luis Augusto Méndez Roa, en su condición de Ex Juez Tercero Penal del Circuito de Ibagué, con suspensión en el ejercicio del cargo por treinta (30) días, convertibles en salarios devengados para el momento de la comisión de la falta, esto es, 14 de abril de 2008, como autor a título de culpa de la falta grave prevista en el artículo 154.3 de la Ley 270 de 1996, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de este proveído.

2. NOTIFÍQUESE esta decisión al disciplinable, informándole que contra ella no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en los artículos 205 y 206 de la Ley 734 de 2002.

3. Ejecutoriada la presente sentencia, háganse las comunicaciones de rigor, conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y 221 de la Ley 734 de 2002.

4. Devuélvase el expediente al seccional de origen para lo de su cargo.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase».