Sentencia 2008-00820/43251 de junio 8 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Proceso Nº: 08001-23-31-000-2008-00820-01(43251)

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Demandante: Ajmid Saghir K-David

Demandado: Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Acción: Reparación directa

Temas: Daño. Carácter eventual cuando el afectado no ha hecho uso de las vías judiciales tendientes a evitar el perjuicio. Responsabilidad estatal derivada del erróneo secuestro de un bien en el trámite de remate. Perjuicios morales por pérdida de dinero y su necesaria demostración.

Bogotá, D.C., ocho de junio de dos mil diecisiete.

Sin que se observe nulidad de lo actuado, la Sala procede a resolver los recursos de apelación presentados por las partes en contra de la sentencia del 16 de febrero de 2011 del Tribunal Administrativo del Atlántico que accedió a las pretensiones de la demanda (fls. 426 a 444, c. ppal. 2).

Síntesis

Se demanda la responsabilidad extracontractual de la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial por los daños que afirma padeció el demandante, quien en el trámite de remate de un inmueble, con el fin de adquirir en venta forzada su propiedad, pagó unas sumas de dinero, pese a lo cual y por razón de la nulidad del trámite judicial el inmueble nunca entró a su patrimonio, al tiempo que tampoco le fueron reintegrados los dineros pagados.

Antecedentes

1. Demanda

1. El señor Ajmid Saghir K-David, en ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda en contra de la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (fls. 2 a 22, c. ppal. 1).

1.1. Las pretensiones

2. La parte demandante solicitó las siguientes declaraciones y condenas (fls. 2 y 3, c. ppal. 1):

Primera. La Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura es administrativamente responsable de los perjuicios materiales y morales que le causó y que le sigue causando al señor Ajmid Saghir K-David, por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia ocasionada por el error cometido, el cual es reconocido por el Juzgado 4º Civil del Circuito de Barranquilla en providencia de 17 de febrero de 2006, cuando expresa que: “(…) el bien sobre el cual recayó el remate no se encontraba debidamente secuestrado (…)” y que originó la declaratoria de nulidad de todo lo actuado en el proceso antes señalado, a partir de la diligencia de secuestro de 11 de octubre de 2004.

Segunda. Condenar, en consecuencia, a la Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura a pagar al actor o a quien represente sus derechos, como reparación del daño ocasionado, los perjuicios del orden material y moral, objetivos y subjetivos, actuales y futuros, los cuales se estiman como mínimo a la presentación de la demanda, en ciento diecisiete millones seiscientos diez mil seiscientos veinticinco pesos M.L. ($ 117.610.625), o conforme a lo que resulte probado dentro del proceso.

Tercera. Que se reconozca a favor de mi poderdante la indexación y los intereses remuneratorios, por todo el tiempo en que ha permanecido inactivo todo el dinero que pagó mi apadrinado, como lo ha señalado el H. Consejo de Estado - Sección Tercera, estos rubros “tienen causas diferentes: los intereses buscan compensar el perjuicio sufrido por la privación temporal del uso del capital, en tanto, que la compensación por depreciación monetaria, según Zannoni, se dirige a mantener indemne el patrimonio del acreedor que sufrirá menoscabo si recibiese como reparación el monto del daño en signo monetario envilecido. Se habla de intereses puros porque los bancarios corrientes llevan en su seno una parte que busca compensar la incidencia del fenómeno inflacionario. De allí que no sería equitativo revaluar y cobrar esas (sic) de intereses”.

Cuarta. La condena respectiva será actualizada en la forma prevista en el artículo 178 del C.C.A., reajustándola en su valor —indexación— desde la fecha en que ocurrieron los hechos hasta la ejecutoria del correspondiente fallo definitivo, tomando como base para liquidar la variación del índice de precios al consumidor; y respecto de los perjuicios morales se tendrá en cuenta el salario mínimo legal para la fecha de ejecutoria del correspondiente fallo definitivo.

Quinta. La entidad demandada dará cumplimiento a la sentencia favorable en los términos del artículo 176 C.C.A.

Sexta. Si no se efectúa el pago oportunamente, la entidad condenada liquidará los intereses comerciales y moratorios hasta que le de cabal cumplimiento a la sentencia que le puso fin al proceso, conforme lo prevé el artículo 177 del C.C.A.

1.2. Los hechos

3. Las pretensiones se sustentan en la situación fáctica que se resume a continuación (fls. 3 a 12, c. ppal. 1):

3.1 El señor Francisco Pugliesse fue condenado a pagar $ 172.309.400 al señor Remberto Vilaro, por concepto de agencias en derecho. Por motivo de ello, se inició un proceso ejecutivo ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla, dependencia que el 21 de enero de 2004, libró mandamiento de pago en contra de Pugliesse y ordenó, entre otros, el embargo del inmueble con matrícula inmobiliaria Nº 040-69278 de su propiedad.

3.2 El 11 de marzo de 2004, el Juzgado ofició a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para inscribir la medida cautelar; el 29 de marzo de 2004, esta última informó que la medida se inscribió satisfactoriamente.

3.3 El 10 de mayo de 2004, se dictó sentencia que ordenó seguir adelante con la ejecución. El 17 de junio de 2004, se decretó el secuestro del inmueble ubicado en la vía 40 Nº 69 - 121 de Barranquilla, el que se materializó el 11 de octubre de 2004.

3.4 El Juzgado fijó la diligencia de remate del predio para el 25 de octubre de 2005, fecha en la que el señor Ajmid Saghir K-David se le adjudicó el bien ubicado en la vía 40 Nº 69 - 121 por valor de $ 50.000.000, quien adicionalmente pagó $ 1.500.000 por impuestos. El 1º de noviembre de 2005 se aprobó el remate.

3.5 El 11 de noviembre de 2005, el apoderado del aquí demandante solicitó al Juzgado que se abstuviera de entregar el dinero producto del remate a Remberto Vilaro —el ejecutante—, toda vez que los arrendatarios del inmueble negaron que Pugliesse fuera el propietario.

3.6 El 17 de febrero de 2006, el Juzgado declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del 11 de octubre de 2004, toda vez que el inmueble secuestrado en la vía 40 Nº 69 - 121 no correspondía al que fue embargado. Por ende, se ordenó al ejecutante Remberto Vilaro devolver el dinero al actor y a la Dirección del Tesoro Nacional a reintegrarle los impuestos, sumas que hasta la fecha de presentación de la demanda no habían sido entregadas al demandante.

2. Contestación de la demanda

4. La Nación- Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (fls. 352 a 355, c. ppal. 1) adujo que su actuación no ocasionó el daño que se reclama, por ello debía eximírsele de responsabilidad y, en todo caso, de llegar a prosperar las pretensiones, debe considerarse que los montos solicitados son exagerados de cara al daño que se reclama.

La sentencia apelada

5. El a quo advirtió que el inmueble embargado tenía la matrícula inmobiliaria Nº 040-69278 y el secuestrado la Nº 040-8110, de ahí que el daño reclamado fuera producto de la indebida identificación del predio secuestrado; por tanto, condenó a la demandada por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia descrito, y concedió la indemnización de perjuicios pretendida por los actores, con excepción de los perjuicios morales que no estaban acreditados. La parte resolutiva de la sentencia es del siguiente tenor:

1º. Declárase a la Nación - Rama Judicial administrativamente responsable por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia que se produjo dentro del trámite del secuestro y remate del bien inmueble que le fue adjudicado señor Ajmid Saghir K-David dentro del proceso ejecutivo que se tramitó en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla.

2º. En consecuencia de la anterior declaración, condénase a la Nación-Rama Judicial a pagar como indemnización de perjuicios materiales, a título de daño emergente, al señor Ajmid Saghir K-David la suma de cincuenta y seis millones setecientos mil cuatrocientos veintiocho pesos $ 56.700.428, suma que se obtiene al sumar los $ 12.000.000 que pagó para poder participar como postor en el remate, los $ 38.000.000 que pagó como saldo del valor del bien rematado, los $ 5.000.000 que pagó como honorarios de abogado para su representación dentro del trámite de remate, $ 1.500.000 que pagó en razón del impuesto fijado en la Ley 11 de 1997 (sic), y $ 200.428 que pagó a fin de protocolizar el remate y adjudicación del bien inmueble.

3º. Condénase a la Rama Judicial en lo que respecta a la indemnización por los perjuicios materiales, a título de lucro cesante, en razón de los intereses que los valores reconocidos a favor del actor como perjuicios materiales, a título de daño emergente, generarían, esto es el 6% anual sobre el monto de $ 56.700.428 desde el momento en que se efectuó cada uno de los pagos o consignaciones que componen dicho valor, hasta la fecha de la presente providencia, conforme lo señalado en la parte motiva de esta sentencia.

4º. Deniéganse las demás pretensiones de la demanda.

5º. Ordénase que las cantidades resultantes de la liquidación de las condenas anotadas se indexen de acuerdo con la fórmula descrita en la parte motiva de esta sentencia.

6º. Esta sentencia deberá ejecutarse en los términos señalados en los artículos 176 y 177 del C.C.A.

7º. No se condena en costas.

III. Segunda instancia

1. Recurso de apelación

6. Inconforme con la decisión de primera instancia, la parte demandante interpuso recurso de apelación (fls. 447 a 452, c. ppal. 2) y adujo que la aflicción moral estuvo determinada por la defraudación que sufrió el actor por parte de la administración de justicia, pues toda actuación contraria a derecho ocasiona ansiedad, depresión y angustia, reacciones subjetivas que no necesitan prueba; en todo caso, en el sub lite quedaron demostradas con el testimonio de quien representó al actor ante la justicia civil.

6.1. Además, se debió condenar en costas a la parte vencida en los términos del artículo 393 del Código de Procedimiento Civil, máxime cuando de no haberse presentado el error, el actor no hubiera tenido que contratar un abogado para adelantar la presente acción.

7. A su vez, la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (fls. 453 a 457, c. ppal. 2) apeló para que se le exonere de responsabilidad, toda vez que no incurrió en el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia advertido por el a quo.

2. Alegatos en segunda instancia

8. La parte demandante, la Nación - Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal (fls. 481, c. ppal. 2).

IV. Consideraciones de la Sala

1. Presupuestos procesales

1.1. Jurisdicción, competencia y acción procedente

9. Como en el presente asunto funge como demandada la Nación (artículos 82 y 149 del Código Contencioso Administrativo), su conocimiento corresponde a esta jurisdicción, siendo esta Corporación la competente, toda vez que el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 2º del Decreto 597 de 1988 y modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, le asigna el conocimiento en segunda instancia, entre otros asuntos, de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera por los tribunales administrativos.

9.1. Además, en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad la cuantía resulta irrelevante para determinar la competencia, por estar todos estos adscritos funcionalmente de manera exclusiva a los tribunales en primera instancia, tal como lo prevé la Ley Estatuaria de Administración de Justicia(1).

10. De otro lado, el artículo 86(2) del Código Contencioso Administrativo prescribe que la reparación directa constituye la acción procedente para buscar la declaratoria de responsabilidad extracontractual, en los eventos en los que se juzga un hecho, operación u omisión de la administración, tal como ocurre en el presente caso.

1.2. La legitimación en la causa

11. Toda vez que el señor Ajmid Saghir K-David comparece al proceso como afectado directo con la actuación de la demandada, se encuentra legitimado por activa para reclamar los perjuicios que puedan derivarse de dicha actuación.

12. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva, la Sala considera que la parte actora atribuyó a la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial distintos escenarios de participación fáctica en el pago de unos dineros en el trámite de remate de un inmueble que el actor finalmente no pudo adquirir, de donde surge sin duda el legítimo interés de esta para comparecer como demandada(3).

1.3. La caducidad

13. La apelación promovida por el actor en contra del auto que declaró la nulidad de lo actuado a partir del secuestro del inmueble rematado —decisión que cobijó el remate, adjudicación y aprobación—, fue resuelta el 27 de febrero de 2008 (fls. 27 a 34, c. 3). A partir de ese momento se conoció que el actor había pagado unos dineros por un bien que finalmente no entraría a su patrimonio. En ese orden, la demanda presentada el 8 de mayo de 2007 (fls. 22 y 347, c. ppal. 1), lo fue en el bienio prescrito en el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo(4), por lo que no operó la caducidad de la acción, máxime cuando se presentó antes de que finalizara la actuación judicial que dio lugar al daño reclamado.

2. Problema jurídico

14. Corresponde a la Sala determinar si el pago de unos dineros para la adjudicación de un inmueble, que finalmente no entró al patrimonio del actor, generó un daño cierto, antijurídico e imputable a la demandada.

3. Elementos de la responsabilidad extracontractual

15. Sea lo primero referir que los documentos allegados por las partes lo fueron dentro de la oportunidad pertinente, por lo que pueden ser valorados(5). Además, frente a las pruebas documentales trasladadas del proceso ejecutivo(6), la Sala debe señalar que fueron pedidas por la parte actora (fl. 18, c. ppal. 1), sin que en momento alguno se tacharan de falsas por la parte pasiva.

16. Con el fin de abordar integralmente la problemática que suponen los recursos de apelación interpuestos, la Sala analizará la demostración del daño, toda vez que se trata del primer elemento que debe dilucidarse para establecer la responsabilidad extracontractual del Estado(7), de manera que, solo una vez resuelto el tema relativo a la afectación de los intereses de la parte demandante, se entrará a estudiar la imputación. Establecida esta, se centrará la Sala en la posibilidad o no de reconocer reparación por el daño moral por razón de la pérdida material padecida por el demandante.

3.1. El daño

17. En el sub lite, el daño alegado en la demanda es el pago de unos dineros para que se adjudicara un inmueble al actor que finalmente no ingresó a su patrimonio. Esto es, pese a que el demandante erogó unas sumas de dinero tendiente a adquirir en venta forzada un inmueble, nunca obtuvo la propiedad del bien, ni le fueron devueltas las sumas pagadas.

17.1. En efecto, consta en el expediente que el 21 de enero de 2004, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla, dentro del proceso ejecutivo con radicación Nº 08001-31-03-004-2004-00014-00, libró mandamiento de pago a favor de Remberto Vilaro y en contra de Francisco Pugliesse (fl. 2, c. 1). El 10 de mayo de 2004, dictó sentencia que ordenaba seguir adelante con la ejecución (fls. 7 y 8, c. 1).

17.2. El 11 de marzo de 2004, el Juzgado decretó el embargo, entre otros, del inmueble con matrícula inmobiliaria Nº 040-69278 de propiedad de Francisco Pugliesse (fl. 30, c. 1).

17.3. El 29 de marzo de 2004, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla informó al Juzgado que la medida cautelar se había inscrito en el mencionado folio de matrícula inmobiliaria (fl. 41, c. 1), tal como puede corroborarse en el certificado de tradición y libertad del 5 de abril de 2004, donde, además, se puede leer (fl. 50, c. 1):

Nº corrección: 1 Radicación: 2001-527/ fecha 10-10-2001

Resol. 407 de julio 23 del 2001-Surpresión en casilla dirección y

Descripción: Vía 40 # 69 - 121 conforme resolución.

17.4. El 17 de junio de 2004, el Juzgado ordenó el secuestro del referido bien inmueble, así (fl. 76, c. 1):

Decrétese el secuestro del bien inmueble folio (sic) de matrícula inmobiliaria Nº 040-69278, de propiedad de Francisco Pugliesse, un lote situado en jurisdicción de este municipio, que hace parte de uno de mayor extensión comprendido en la manzana Nº 6 Bis en la urbanización San Francisco cuyas medidas y linderos previamente rectificadas son Norte: 9,00 metros, con la calle 1º de mayo, frente al predio que es o fue de Leonor de Putnantanco; Sur: 9,00 metros, con predio que es o fue de Luisa de Pucini; Este: 32,00 metros, con predio que es o fue del causante; Oeste: 32,00 metros, con predio de Vicente D’Amato.

17.5. El 13 de julio de 2004, Remberto Vilaro —el ejecutante— cedió los derechos litigiosos a Delta Ltda. (fls. 63 a 68, c. 1), empresa que otorgó poder a Remberto Vilaro para que la representara judicialmente en el proceso ejecutivo (fl. 69, c. 1).

17.6 El 11 de octubre de 2004, se practicó la diligencia de secuestro “al bien inmueble ubicado en esta ciudad en la dirección vía 40 Nº 69 - 121”, el que fue descrito como (fl. 109, c .1):

Un lote situado en jurisdicción de este municipio, que hace parte de uno de mayor extensión, comprendido en la manzana No. 6 Bis en la urbanización San Francisco cuyas medidas previamente rectificadas con sus linderos son: Norte: 9,00 mts, en la calle 1º de mayo, frente al predio que es o fue de Leonor de Putnantanco. Sur: 9,00 mts, con predio que es o fue de Luz de Pucini. Este: 32,00 mts, con predio que es o fue del causante. Oeste: 32,00 mts, con predio de Vicente D’Amato, y sus demás comodidades son: se trata de un inmueble con encerramientos en tubos de hierro en mamposterías, y alambre de púa, picos en cemento, consta de un portón, puerta, reja protectora, ventana en aluminio y vidrio.

17.7 El 25 de octubre de 2005, se adelantó el remate. En la fecha, el demandante consignó $ 12.000.000 a órdenes del Juzgado, para poder participar como postor en la diligencia, donde finalmente ofertó $ 50.000.000 y por ello le fue adjudicado el “inmueble ubicado en la vía 40 Nº 69 - 121 de la ciudad de Barranquilla (…) [según] folio Nº 040-69278” (fl. 170 a 172, c. 1).

17.8 El 27 de octubre de 2005, el demandante consignó los $ 38.000.000 restantes a órdenes del Juzgado, y $ 1.500.000 a la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por concepto de impuestos de remate (fl. 167, c. 1).

17.9. El 1º de noviembre de 2005, el Juzgado aprobó el rematé, decretó la cancelación del embargo y secuestro y ordenó la entrega del bien al señor Ajmid Saghir y el producto del remate a Remberto Vilaro (fls. 168 y 169, c. 1).

17.10. El 2 de noviembre de 2005, el accionante pagó $ 200.428 por la escritura pública elevada con el propósito de protocolizar el remate y la adjudicación (fl. 371, c. ppal. 1).

17.11. En el certificado de tradición y libertad de la matrícula inmobiliaria Nº 040-69278, se puede leer que la venta forzada fue inscrita en la anotación Nº 9 (fls. 53 y 54, c. 2):

Anotación: Nº 9 Fecha 16-11-2005 Radicación: 2005-44861

Doc: Auto s/número del: 01-11-2005 Juzgado 4 Civil del Circuito de Barranquilla

Especificación: 0108 Adjudicación en remate (modo de adquisición)

Personas que intervienen en el acto (X-titular de derecho reales de dominio, I-Titular de dominio incompleto)

De: Pugliesse Suárez Francisco

A: Saghir K-David AjmidX

17.12. El 9 de noviembre de 2005, el actor pagó $ 5.000.000 al abogado que adelantó los trámites necesarios para que se le adjudicara el predio, toda vez que se pactó que el desembolso se haría una vez se aprobara el remate, según la cláusula tercera el contrato de prestación de servicios profesionales (fl. 105, c. ppal. 1). Pago que fue efectuado, conforme el testimonio del apoderado(8), quien, en efecto, intervino en el remate, adjudicación y aprobación (fls. 163 a 215, c. 1).

17.13. El 27 de enero de 2006, la propietaria del inmueble ubicado en la vía 40 Nº 69 - 121 de Barranquilla, informó al Juzgado que esa nomenclatura estuvo duplicada, pero que el inconveniente fue solucionado con Resolución 407 del 23 de julio de 2001 (fls. 178 a y 179, c. 1).

17.14. En efecto, en tal acto administrativo, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla precisó que era “necesario suprimir de la casilla descripción y dirección, la nomenclatura vía 40 # 69 - 121, del folio de matrícula 040-69278, por no corresponder a este inmueble, quedando a discreción de su propietario establecer su verdadera ubicación ante la oficina catastral” (fls. 29 a 35, c. 2).

17.15. El 31 de enero de 2006, el Juzgado ordenó la práctica de una inspección judicial a fin de identificar plenamente el inmueble ubicado en la vía 40 Nº 69 - 121 (fls. 181 y 182, c. 1), diligencia que se llevó a cabo el 10 de febrero de esa anualidad, con el siguiente resultado (fls. 190 y 19, c. 1):

[S]e constató las medidas y linderos del inmueble ubicado en la acera sur de la vía 40 con nomenclatura de entra (sic) Nº 69 - 121, el cual tiene las siguientes: Norte: mide nueve (9) metros y linda (sic) con la vía 40; Sur: mide 11,40 metros y linda (sic) con predio identificado con la nomenclatura Nº 70 - 72; Este: mide 25,40 metros linda (sic) con el predio con nomenclatura Nº 69 - 111 (lavado de automóviles Car Wash); Oeste: mide 25,40 metros linda (sic) con predios que es del señor Guillermo Pérez Vásquez. El inmueble presenta una forma irregular con topografía plana (…) [se] presenta un folio que se identifica con el Nº 1681882 expedido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, donde se certifica las medidas, linderos e identificación completa del inmueble matricula catastral 040-8110.

17.16. En el folio de matrícula inmobiliaria Nº 040-8110, en el aparte destinado a la descripción del inmueble, se puede constatar que está “distinguido en su puerta de entrada en el N. 69 - 121, junto con el solar que la contiene, situado en esta ciudad, en la urbanización La Concepción en la banda sur de la vía 40, entre las calles 69 y 70” (fl. 21, c. 2).

17.17. El 17 de febrero de 2006, el Juzgado declaró la nulidad de todo lo actuado a partir de la diligencia de secuestro del 11 de octubre de 2004, así (fls. 194 a 200, c. 1):

[E]fectivamente el bien sobre el cual recayó el remate no se encontraba debidamente secuestrado. Convicción que se deriva de (…) la matrícula inmobiliaria Nº 0408110, y en especial por lo reseñado por este despacho en la diligencia de inspección judicial con intervención de perito, donde se identificó plenamente el inmueble y dando como resultado la incongruencia entre el bien secuestrado y el bien embargado por este despacho.

Conformado el ínterin se concluye que no habiéndose llevado a cabo materialmente la diligencia de secuestro en el bien perseguido en esta litis, en ningún modo debió procederse a la realización del remate del mismo, ya que de lo acontecido se contravino en forma abierta lo dispuesto en el art. 523 del c. de p. c. (…) de tal modo que bajo las circunstancias actuales se torna impracticable la diligencia de entrega al rematante sr. Ajmid Saghir K-David por obedecer a un procedimiento injurídico que conduce a la violación flagrante de los derechos legítimos de un tercero ajeno completamente a este negocio.

Deviene de lo expuesto entonces la imposición constitucional y legal al juzgador entrar a retrotraer de manera oficiosa la actuación surtida en el acto del remate decretando la nulidad del mismo en razón de darle paso a la escenciabilidad de las relaciones sustanciales que mueven la litis por encima de los ritos formales contentivos en el proceso por no corresponder realmente a aquellas, las cuales generan la obligación de invalidarlas. Asimismo y con el propósito de hacer volver las cosas al momento de la ocurrencia de la actuación irregular, es del caso declarar como en efecto se hará la obligación de la parte ejecutante de restituir el producto del remate y demás expensas al señor en la forma prevenida en la parte resolutiva de esta providencia.

17.18. Con la anterior argumentación, el Juzgado dispuso lo siguiente:

1. Decrétese la nulidad de todo lo actuado en el presente proceso a partir de la diligencia de secuestró de fecha 11 de octubre de 2004, inclusive.

2. Ordénese al ejecutante Dr. Remberto Vilaro Velilla Jr. Restituir en el término de ocho (8) días siguientes a la ejecutoria de este auto y a favor del rematante señor Ajmid Saghir K-David (…) la suma de cincuenta millones de pesos reclamados por concepto de pago de la obligación mediante dicho remate.

3. Ofíciese a la Dirección de Tesoro Nacional a fin de que reintegre al señor Ajmid Saghir K-David, la suma de un millón quinientos mil pesos ($ 1.500.000) M/L, por concepto de impuesto sobre el precio del remate.

4. Dejar sin efecto el registro del remate en el folio de matrícula Nº 040-69278. Líbrese oficio en este sentido al señor registrador de instrumentos públicos.

17.19. El 24 de febrero de 2006, el actor interpuso recurso de reposición, y en subsidio de apelación, en contra de dicha decisión para que se ordenara el reintegro del dinero al Juzgado, ya que fue a órdenes de este que el demandante lo consignó, además, porque la tarea de recuperarlo de manos del ejecutante resultaba prácticamente imposible (fls. 212 a 215, c. 1).

17.20. El 29 de marzo de 2006, el Juzgado desestimó la reposición y concedió la apelación, así (fls. 216 a 218, c. 1):

[E]ste despacho es plenamente competente para decretar la nulidad de lo actuado, incluyendo la diligencia de secuestro del bien. Esto nos lleva entonces como lógica consecuencia a ordenar al ejecutante a devolver lo pagado a él como consecuencia del remate del citado bien, habida cuenta que la nulidad en estricto sentido deja el acto carente de valor y fuerza para obligar o tener efecto, con lo cual deben necesariamente retrotraerse las actuaciones al estado en que se encontraban antes de surtirse los actos procesales pertinentes. Consecuencia de ello es que deba el ejecutante devolver al rematante la suma recibida como producto del remate del bien.

Tal es el espíritu que anima el ordenamiento procesal civil, siempre que el artículo 530 del Código de Procedimiento Civil al tratar de la invalidez del remate, ordena “(…) en caso contrario declarará el remate sin valor y ordenará la devolución del precio al rematante”. Mal haría entonces el juzgado al ordenar que fuera a él que el precio restituido se consignara a sus órdenes, pues este corresponde a su propietario, como lo es el rematante, quien lo pagó.

17.21. El 27 de febrero de 2008, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla confirmó la decisión del 17 de febrero de 2006, con las siguientes consideraciones (fls. 27 a 34, c. 3):

[A]l decretar la nulidad, la actuación queda sin efecto, se retrotrae en el sentido tal, que las cosas deben volver a su estado original como si el hecho jamás hubiera sucedido y de esta forma, al dejar de tener valor y fuerza jurídica obligante el remate debe quedar sin efecto sus consecuencia (sic), entre las que se cuenta la retención del dinero cancelado en él por el rematante, quien no debe sufrir las consecuencias jurídicas ni materiales de la irregularidad procesal, y siendo así, el ejecutante debe devolver lo pagado al señor Ajmid Saghir K-David.

17.22. En certificado de tradición y libertad de la matrícula inmobiliaria Nº 040-69278 del 8 de septiembre de 2009 aún aparece registrada adjudicación del inmueble al actor, sin anotación posterior que aclare esa circunstancia (fls. 407 y 408, c. ppal. 1).

18. En ese orden, el demandante pagó $ 56.700.428 para adquirir un inmueble, que finalmente no le fue entregado, por lo que desde ya podría afirmarse que el daño está acreditado. Sin embargo, en asuntos donde la víctima contaba con otros medios para recuperar dineros que afirma perdió por intervención del Estado y estos no han sido ejercidos, la Sala ha precisado que ello comporta un daño eventual(9).

19. Entonces, para que un daño sea indemnizable, es indispensable, entre otras cosas, que sea cierto y ello ocurre cuando “sea evidente que produjo o producirá una disminución o lesión material o inmaterial en el patrimonio de quien lo sufre, es decir, no podrá ser resarcido lo eventual, hipotético o meramente posible”(10). Sobre el particular, la doctrina precisó(11):

El daño es cierto cuando a los ojos del juez aparece con evidencia que la acción lesiva del agente ha producido o producirá una disminución patrimonial o moral en el demandante. En cambio, el perjuicio es hipotético, y en consecuencia no hay lugar a reparación, cuando la víctima solo tenía una posibilidad remota de obtener un beneficio en caso de que no se hubiera producido la acción dañina. Solo, pues, cuando la demanda no está basada en una simple hipótesis o expectativa, la víctima tendrá derecho a reparación.

20. Sobre la certeza del daño reclamado vale precisar que prima facie el demandante estaba en posibilidad de recuperar los $50.000.000 de pesos, pues el juez le ordenó a Remberto Vilaro que devolviera esa suma. Igualmente, podía acudir a la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el reintegro de lo pagado por concepto de impuestos.

21. Ahora, si bien en el auto que declaró la nulidad de lo actuado, el Juzgado ordenó a Remberto Vilaro que devolviera el dinero que le fue entregado como producto del remate, lo cierto es que el actor no puede exigir coactivamente el pago de esa suma, por cuanto, este actuaba como apoderado de la sociedad Delta Ltda., esto es, el Juzgado ordenó devolver el dinero a quien no era el beneficiario de este.

22. De esta forma, el Juzgado cuando obvió la circunstancia de que el inicial ejecutante había cedido los derechos a otra sociedad, quien le otorgó poder para que la representara, dejó al aquí demandante en la imposibilidad de cobrar ese monto, pues el abogado no estaría obligado a reintegrar dineros de su mandante.

23. En ese orden, el demandante no cuenta con otros medios que permitan recuperar esos dineros, lo que torna el daño reclamado como cierto, pues, adicionalmente, no hay disposición que obligue a reintegrar el dinero a su apoderado en el trámite del remate o a la notaria que lo protocolizó.

24. Cosa distinta ocurre con los impuestos que pagó el demandante, pues, de conformidad con el artículo 2º(12) del Acuerdo 1118 del 28 de febrero de 2001 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, no acreditó que acudió a la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y que a pesar de ello le fue imposible recuperar su dinero. Por ende, lo relativo al impuesto de remate es un daño eventual que no puede ser resarcido.

25. Por todo lo anterior, la Sala encuentra acreditado el daño, consistente en el pago de $ 55.200.428 —descontados los impuestos— para adquirir un inmueble, que finalmente no le fue entregado.

3.2. La imputación

26. Del recuento probatorio, la Sala concluye que el daño es imputable a la parte demandada, pues el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla tramitó un proceso ejecutivo, decretó el embargo y secuestro del inmueble con matrícula inmobiliaria Nº 040-69278 y, a pesar de ello, practicó la diligencia de secuestro sobre el inmueble con matrícula inmobiliaria Nº 040-8110.

27. Actuación que pudo evitar fácilmente, bastaba leer el certificado de tradición y libertad del primer inmueble que desde el inicio del proceso reposaba en el expediente, pues claramente indicaba que de ese folio se había suprimido la dirección vía 40 Nº 69 - 121, por tanto, el secuestro del inmueble con esa nomenclatura, dejó en evidencia el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia denunciado en la demanda.

28. En efecto, el artículo 515 del Código de Procedimiento Civil indicaba que el secuestro del inmueble es requisito indispensable para que pueda rematarse y el artículo 141 ibídem preveía que a falta de esa formalidad el remate es nulo. Por tanto, el secuestro del predio era de suma importancia para la validez del remate y adjudicación, de ahí que la fallida forma en que se hizo todo el trámite dejó al demandante sin la posibilidad de adquirir el inmueble o de recuperar su dinero, encrucijada que solo puede resolverse con la condena al pago de perjuicios.

29. Con fundamento en las anomalías anotadas, se confirmará la sentencia apelada en lo que toca a la responsabilidad de la demandada por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en que incurrió, máxime cuando no se advierte que el demandante diera lugar con su conducta al indebido secuestro del inmueble, comoquiera que su actuación se limitó a participar diligentemente en el remate.

3.3. Liquidación de perjuicios

30. En lo concerniente a los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la Sala encuentra que estos se limitan a lo pagado por el demandante para que se le adjudicara el inmueble, suma que asciende a $ 55.200.428 —supra párr. 28—.

30.1. Para actualizar esas sumas se tomará el índice de precios al consumidor de la fecha en que fue pagado cada monto por el demandante(13) y el de empalme de esta sentencia —mayo de 2017—, así:

Fecha de pagoMontoIPC inicialIPC finalFactor de ajusteCapital actualizado
25/10/2005$ 12.000.00083,95137,711,64038118$ 19.684.574
27/10/2005$ 38.000.00083,95137,711,64038118$ 62.334.485
02/11/2005$ 200.42884,05137,711,63842951$ 328.387
09/11/2005$ 5.000.00084,05137,711,63842951$ 8.192.148
    Total$ 90.539.594

30.2. Así, la Sala condenará al pago de noventa millones quinientos treinta y nueve mil quinientos noventa y cuatro pesos ($ 90.539.594), por concepto de daño emergente.

31. Ahora, respecto del lucro cesante, el actor reclamó los intereses bancarios corrientes para las modalidades de microcrédito y consumo, según lo expuso en la estimación de la cuantía (fls. 20 y 21, c. ppal. 1). Sin embargo, lo procedente es reconocer el 6% anual (0,5% mensual)(14), en los términos del artículo 1617 del Código Civil, que establece de manera genérica la rentabilidad de un capital líquido de dinero(15).

31.1. En ese orden, el interés se calculará con fundamento en el número de meses transcurridos entre la fecha de cada pago realizado por el demandante hasta la fecha de esta sentencia, así:

Fecha de pagoMontoMesesIntereses
25/10/2005$ 12.000.000139,47 $ 8.368.200
27/10/2005$ 38.000.000139,40 $ 26.486.000
02/11/2005$ 200.428139,23$ 139.528
09/11/2005$ 5.000.000139,00 $ 3.475.000

31.2. A fin de actualizar esa cifra, se tomará como referencia el índice de precios al consumidor de cada pago y el de empalme de esta sentencia —mayo de 2017—, así:

Fecha de pagoInteresesIPC inicialIPC finalFactor de ajusteCapital actualizado
25/10/2005 $ 8.368.200 83,95137,711,64038118$ 13.727.038
27/10/2005 $ 26.486.00083,95137,711,64038118$ 43.447.136
02/11/2005$ 139.528 84,05137,711,63842951$ 228.607
09/11/2005 $ 3.475.000 84,05137,711,63842951$ 5.693.543
    Total$ 63.096.323

31.3. Así, la Sala condenará a la demandada al pago de sesenta y tres millones noventa y seis mil trescientos veintitrés pesos ($ 63.096.323), por concepto de lucro cesante.

32. En esos términos, la condena por perjuicios materiales asciende a ciento cincuenta y tres millones seiscientos treinta y cinco mil novecientos diecisiete pesos ($ 153.635.917).

33. En lo tocante a los perjuicios morales reclamados por el demandante, se advierte, a diferencia de lo expuesto por el demandante en la apelación, que en tratándose de bienes —como el dinero— no se presume la aflicción por su pérdida(16). De manera que es necesario verificar las pruebas para establecer la existencia y justificación de tal perjuicio.

33.1. Sobre el particular, en el plenario únicamente obra el testimonio de Luís Álvarez —amigo del demandante y quien fue su abogado en el remate—, quien aseguró que (fl. 404, c. ppal. 1):

[L]la actitud que asumió el señor Ajmid Saghir K-David al momento de enterarse de todos estos inconvenientes fue de agresividad y de desconcierto. Y a través del tiempo ha ido asumiendo de forma diferente en el sentido que he logrado que entienda que todos estos inconvenientes son ajenos a mi voluntad y que es el Estado quien debe devolver el dinero pues es el mismo Estado quien debió garantizar el remate. Además le he manifestado que hubo error judicial por parte de la administración de justicia, ha sido difícil para mí que el señor Ajmid Saghir haya logrado entender lo que pasó, puesto que es una persona que no habla con mucha fluidez el español.

33.2. Tal declaración no es demostrativa de que el pago de unos dineros por un inmueble le produjo al demandante un padecimiento, aflicción o afectación interna, con el alcance de un verdadero perjuicio inmaterial que deba ser resarcido, en tanto, solo indican la molestia con su apoderado porque la gestión que le fue encomendada no llegó a feliz término, por lo que habrá de negársele, como lo hizo el a quo, el reconocimiento de este perjuicio.

34. Ahora, en atención a que con auto del 17 de febrero de 2006, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla dejó sin efecto el registro del remate en el folio de matrícula inmobiliaria Nº 040-69278, actuación que, por lo menos hasta el 8 de septiembre de 2009, no se ha adelantado. Por Secretaría se oficiará al Juzgado Primero de Ejecución Civil del Circuito de Barranquilla, despacho a quien, según el Sistema de Gestión Judicial Siglo XXI, le fue asignado el conocimiento del proceso ejecutivo con radicación Nº 08001-31-03-004-2004-00014-00 a fin de que cumpla, si aún no lo ha hecho, lo dispuesto en el numeral cuarto del auto en comento.

35. Finalmente, respecto a la condena en costas y agencias en derecho solicitada en la apelación, la Sala no realizará reconocimiento alguno por estos conceptos, toda vez que estas se rigen por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 y no por el artículo 393 del Código de Procedimiento Civil —como se adujo en la apelación—, disposición que prevé dicha condena siempre que la conducta de las partes sea abiertamente temeraria y, en el presente asunto, esta se limitó al ejercicio del derecho de acceso a la justicia y de defensa. Respecto a las agencias en derecho, estas forman parte de la condena en costas y, como ya se dijo, no se efectuará liquidación alguna por tal concepto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFICAR la sentencia del 16 de febrero de 2011 del Tribunal Administrativo del Atlántico que accedió a las pretensiones de la demanda, conforme lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia, así:

1º. Declárase a la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial administrativamente responsable por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia que se produjo dentro del trámite del secuestro y remate del bien inmueble que le fue adjudicado señor Ajmid Saghir K-David dentro del proceso ejecutivo que se tramitó en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla.

2º. En consecuencia de la anterior declaración, condénase a la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a pagar como indemnización de perjuicios materiales la suma de ciento cincuenta y tres millones seiscientos treinta y cinco mil novecientos diecisiete pesos ($ 153.635.917).

3º. Deniéganse las demás pretensiones de la demanda.

4º. Por Secretaría ofíciese al Juzgado Primero de Ejecución Civil del Circuito de Barranquilla para que, si aún no lo ha hecho, dé cumplimiento al numeral cuarto del auto del 17 de febrero de 2006 proferido en el proceso ejecutivo con radicación Nº 08001-31-03-004-2004-00014-00.

5º. Esta sentencia deberá ejecutarse en los términos señalados en los artículos 176 y 177 del C.C.A.

6º. No se condena en costas.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Ramiro Pazos Guerrero, Presidente—Danilo Rojas Betancourth, salvamento de voto—Stella Conto Díaz del Castillo.

1 La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad y fijó la competencia funcional para conocer de tales asuntos en primera instancia en cabeza de los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, del Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía. Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, exp. 2008-00009-00, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

2 “La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa”.

3 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 5 de diciembre de 2016, exp. 40347, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

4 “La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, exp. 25022, C.P. Enrique Gil Botero. En esa oportunidad se dijo que las copias simples obrantes en el proceso y que surtieran el principio de contradicción tienen plenos efectos probatorios. Claro está salvo: “[S]i se desea acreditar el parentesco, la prueba idónea será el respectivo registro civil de nacimiento o de matrimonio según lo determina el Decreto 1260 de 1970 (prueba ad solemnitatem), o la escritura pública de venta, cuando se busque la acreditación del título jurídico de transferencia del dominio de un bien inmueble (prueba ad sustanciam actus). (…) De modo que, si la ley establece un requisito —bien sea formal o sustancial— para la prueba de un determinado hecho, acto o negocio jurídico, el juez no puede eximir a las partes del cumplimiento del mismo; cosa distinta es si el respectivo documento (v.gr. el registro civil, la escritura de venta, el certificado de matrícula inmobiliaria, el contrato, etc.) ha obrado en el expediente en copia simple, puesto que no sería lógico desconocer el valor probatorio del mismo si las partes a lo largo de la actuación no lo han tachado de falso”.

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 11 de septiembre de 2013, exp. 20601, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

7 Cfr. Henao, Juan Carlos. El daño, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998, p. 37.

8 “Preguntado. Diga el declarante si suscribió contrato con el señor Ajmid Saghir K-David. Contestó. Sí, suscribí contrato de prestación de servicios profesionales por la suma de $5.000.000.oo, pero no por el proceso ejecutivo sino por actuar en su nombre y representación en la diligencia de remate y todo lo relacionado desde el mismo momento de la participación en la subasta. Preguntado. Diga el declarante si el documento a que usted hace mención es el mismo que se encuentra visible a folio 105, para lo cual solicito con avenio (sic) del señor magistrado que sea mostrado al declarante. En este estado el despacho exhibe el documento visible a folio 105, el cual una vez examinado por quien declara Contestó. Sí, es el mismo. Y el señor Ajmid Saghir K-David me canceló la suma de $ 5.000.000, lo cual se cancelaba con la adjudicación y posterior aprobación del remate” (testimonio del apoderado del demandante —fls. 403 y 404, c. ppal. 1—).

9 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 5 de diciembre de 2016, exp. 39118, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. En esa oportunidad, se adujo: “[E]l daño cuya indemnización se pretende no es cierto, sino meramente hipotético o eventual, de modo tal que su configuración real dependía de la falta de efectividad de las acciones previstas en la ley para la válida reivindicación de los derechos del adquieriente frente a su vendedor. Empero, no se demostró en el proceso que dichas acciones se hubieran promovido y menos aún su resultado, panorama que impide afirmar que se acreditó la certeza del daño” y Subsección A, sentencia del 21 de marzo de 2012, exp. 22933, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. En esa ocasión, se indicó: “[L]a sola posibilidad de recuperar el dinero invertido en la compra del crédito en el proceso ejecutivo instaurado en el Juzgado 15 Civil del Circuito convierte al perjuicio alegado por la parte actora en eventual o meramente hipotético. En este sentido, para la Sala no resulta suficiente alegar y probar que se realizó un gasto para que el perjuicio sea cierto, sino que la parte debe acreditar que sufrió una merma patrimonial que no pueda resarcirse de otra manera que mediante la declaratoria judicial de la responsabilidad de la entidad demandada, si se configuran, evidentemente, los demás elementos que caracterizan dicha responsabilidad”.

10 Gil Botero, Enrique. Responsabilidad Extracontractual del Estado, 5º ed., Temis, Bogotá, 2011, p. 118.

11 Tamayo Jaramillo, Javier. Tratado de Responsabilidad Civil, tomo II, 2º ed., Temis, Bogotá, 2011, pp. 339 a 340.

12 “Para los casos de devolución de las sumas de dinero que se hubieren consignado por concepto de impuesto de remate, la Dirección del Tesoro Nacional será la encargada de ordenar la devolución afectando la respectiva cuenta, previo cumplimiento por el interesado de los requisitos establecidos en la Resolución 2460 de 1993 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Para lo cual, deberá acompañar los siguientes documentos: // a. Solicitud suscrita por el interesado en la que afirme bajo la gravedad del juramento que no se ha presentado otra solicitud de devolución, ni se ha recibido pago por el mismo concepto, indicando su dirección y teléfono. // b. Copia simple de la providencia o acto administrativo que declaró nulo el remate y ordenó la devolución del dinero al interesado. // c. Copia simple del recibo de consignación que compruebe el ingreso de los dineros a la Dirección del Tesoro Nacional”.

13 El 25 de octubre de 2005, consignó $ 12.000.000 para poder participar como postor en la diligencia de remate; el 27 de octubre de 2005, $ 38.000.000 correspondiente al saldo restante del inmueble que le fuera adjudicado; el 2 de noviembre de 2005, los valores para protocolización y el 9 de noviembre de 2005, a su abogado en el trámite de remate.

14 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de abril de 2009, Exp. 17616, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. En aquella oportunidad dijo la Sala: “Ha entendido la doctrina que si un crédito reajustado en función de la depreciación sufrida entre la fecha en que se causó la obligación y el pago, se le suman intereses corrientes bancarios, se originaría un enriquecimiento sin causa, porque, esta clase de intereses incluye un ‘plus’ destinado a recomponer el capital. No se excluyen entre si los rubros de devaluación e intereses puros puesto que tienen causas diferentes: los intereses buscan compensar el perjuicio sufrido por la privación temporal del uso del capital (lucro cesante), en tanto que la compensación por depreciación monetaria se dirige a mantener indemne el patrimonio del acreedor que sufriría menoscabo si recibiese como reparación el monto del daño originado en signo monetario envilecido (daño emergente). Se habla de intereses puros porque los bancarios corrientes llevan en su seno una parte que busca compensar la incidencia del fenómeno inflacionario. Por eso no sería equitativo evaluar y cobrar esta clase de intereses. De allí que comparte la Sala que si se realizan reajustes del crédito, el interés debe ser un interés puro exclusivamente retributivo del precio del uso del capital que es lo que ha dejado de ganar el acreedor por la falta de inversión de sus fondos excluyendo el plus del interés que tiene otra función. Toda indemnización debe ser integral y completa, de modo que compense para su acreedor el daño que se le produce con el no pago oportuno de la obligación. Así, debe comprender no solo el rendimiento que dejó de percibir, traducido ordinariamente en intereses, sino también la pérdida del valor adquisitivo de la moneda con la que pretende pagar. En este orden de ideas el equilibrio o la justeza de la indemnización debe mostrar esta o similar ecuación: indemnización debida igual a deuda en la fecha del perjuicio, más intereses hasta que el pago se efectúe, más devaluación”.

15 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 10 de diciembre de 2015, exp. 39617, C.P. Guillermo Sánchez Luque.

16 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de abril de 2000, exp. 11892, C.P. Ricardo Hoyos Duque. En esa ocasión se precisó la necesidad de probar el padecimiento derivado de la pérdida de bienes, así: “[E]l desarrollo del tema en la jurisprudencia nacional ha ido en evolución, al punto que hoy se admite inclusive la posibilidad de reclamar indemnización por los perjuicios morales causados por el daño o pérdida de las cosas, a condición de demostrar plenamente su existencia, pues tal perjuicio no se presume”. Posición reiterada en: Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 10 de febrero de 2016, exp. 35264, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.