Sentencia 2008-00863 de septiembre 18 de 2008 

• CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad. 11001-0315-000-2008-00863-00(AC)

Magistrado Ponente:

Dr. Héctor J. Romero Díaz

Acción de tutela de Rubén Darío Castellanos López contra el Tribunal Administrativo de Nariño. Primera instancia.

Fallo

Bogotá, D.C., dieciocho de septiembre de dos mil ocho.

Se decide la acción de tutela interpuesta por Rubén Darío Castellanos López contra el Tribunal Administrativo de Nariño.

1. Antecedentes.

El accionante formuló acción de tutela contra la corporación judicial mencionada, por cuanto, en su sentir, le vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, de acceso a la administración de justicia y de petición.

2. Petición y fundamentos.

El accionante solicitó la protección de los derechos fundamentales mencionados, para lo cual pidió que se ordenara a la entidad judicial demandada admitir la demanda contractual que formuló contra el Instituto Nacional de Vías - Invías.

La anterior pretensión se fundó en los hechos que se compendian así:

2.1. Demandó al Invías para que se declarara el incumplimiento y se liquidara el contrato 2006 de 2005, suscrito para el mejoramiento de la red vial terciaria del departamento de Nariño.

2.2. El Tribunal Administrativo de Nariño inadmitió la demanda en auto de 22 de julio de 2008 y le concedió el término legal para que la corrigiera. El plazo vencía el 30 de julio, fecha en que se enteró de la existencia del auto inadmisorio.

2.3. El día del vencimiento envió por fax el escrito de corrección de la demanda y el poder que confirió para actuar, pero en el tribunal no le recibieron los documentos con el argumento de que no tenían papel para el fax. Luego el aparato fue bloqueado. El mismo 30 de julio remitió el original de los escritos por correo.

2.4. Con el fin de que se le restablecieran los derechos procesales, el pasado 4 de agosto remitió al tribunal un derecho de petición en el que informó lo sucedido.

2.5. El tribunal tuvo los documentos como extemporáneos.

2.6. En los tribunales administrativos de Cundinamarca y Bolívar se han presentado demandas con iguales pretensiones que se tramitaron y no fueron inadmitidas por indebida acumulación de pretensiones.

3. Oposición.

El magistrado del tribunal, ponente de la acción contractual que originó la tutela, pidió que se rechazara la acción por improcedente porque su actuación no configuró una vía de hecho, pues, se ajustó a la legalidad. Al respecto, adujo lo siguiente:

Inadmitió la demanda presentada por el actor por indebida acumulación de pretensiones y porque el apoderado carecía de facultades para solicitar la liquidación del contrato. El término para corregir transcurrió entre el 25 y el 31 de julio de 2008, lapso dentro del cual no se subsanó la demanda.

El 4 de agosto de 2008 el apoderado remitió unos oficios con los que dijo anexar la corrección y allegó nuevo poder para pedir la liquidación del contrato. No obstante, no aportó el escrito de corrección y aunque, en gracia de discusión, se entendiera como tal la manifestación que hizo de que en el acápite de pretensiones se incluyera la declaración de incumplimiento del contrato y el cobro de perjuicios y en subsidio la liquidación de aquel, los escritos se allegaron extemporáneamente. Así consta en el informe secretarial de 5 de agosto del año en curso.

El 8 de agosto el apoderado remitió un oficio en el que expuso los argumentos por los cuales no compartía el auto inadmisorio de la demanda e indicó que se vulneraron las garantías de la demandante porque se le impidió presentar la corrección, pues, no se le permitió enviarla por fax.

A la fecha, el expediente está al despacho para adoptar la decisión a que haya lugar.

La tutela es improcedente porque la actora dispuso del recurso de reposición para oponerse al auto inadmisorio, pero guardó silencio y solo manifestó su inconformidad cuando el término para recurrir ya había precluído. En consecuencia, no se le vulneraron los derechos que invocó ni se le impidió ejercer ninguna prerrogativa procesal.

Las acusaciones relacionadas con la actuación de la secretaría del tribunal, falta de garantías e imparcialidad, son temerarias y carecen de fundamento, en la medida en que con ellas el apoderado pretende excusar su desidia en la atención de los términos del proceso.

La decisión de inadmitir la demanda se profirió dentro del marco de la autonomía funcional del juez y no fue arbitraria ni constitutiva de vía de hecho, dado que se fundó en la interpretación razonada y razonable de las disposiciones y la jurisprudencia sobre los requisitos formales de la demanda, en especial, los relativos a la acumulación de pretensiones.

4. Consideraciones de la Sala.

La procedencia de la acción de tutela, por mandato constitucional (C.P., art. 86 [4]), está condicionada, entre otras exigencias, a que no se disponga de otro medio de defensa judicial, es decir, se trata de una acción subsidiaria, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Se observa que con el ejercicio de la tutela el accionante pretende provocar una decisión dentro de una actuación judicial que se encuentra en curso, propósito para el cual no se encuentra instituida esta acción.

En efecto, como la pretensión del demandante tiende a que se ordene al tribunal accionado tener por presentados en tiempo los documentos mediante los cuales dijo corregir la demanda contractual que formuló contra el Invías y, en consecuencia, que esta sea admitida, es claro que para ello el actor cuenta con la vía judicial ordinaria que es la idónea para ese fin.

Se reitera que la tutela es un mecanismo de carácter residual y subsidiario que solo procede ante la inexistencia de un medio de defensa judicial eficaz para proteger los derechos fundamentales de las personas y si este existe, ante la inminencia de un perjuicio irremediable, y que no es propio de esta acción ordenar a los jueces el sentido en que deben adoptar las decisiones que les competen, pues, ello se traduce en un claro quebranto al principio democrático de autonomía e independencia del juzgador consagrado en el artículo 228 de la Carta Política.

Además, se advierte que no existe aún una decisión definitiva sobre el asunto y que una vez esta se produzca el demandante dispone de los recursos previstos en la ley, en caso de que la misma sea adversa a sus intereses, lo que desvirtúa la alegada violación de los derechos al debido proceso, a la defensa y de acceso a la administración de justicia.

Tampoco se vulneró el derecho de petición porque las solicitudes relacionadas con los procesos y actuaciones judiciales no tienen la naturaleza de derecho de petición, pues, el legislador ha establecido diferentes mecanismos para realizarlas (1) .

Al respecto, se reitera la posición mayoritaria de esta Sala según la cual las solicitudes presentadas en las actuaciones judiciales no pueden ser resueltas conforme a las disposiciones que regulan las actuaciones administrativas, pues, las primeras están sometidas a reglas propias que deben acatar las partes, el juez y los terceros interesados en el proceso.

Por lo demás, en cuanto a las presuntas irregularidades en que hubieran podido incurrir los empleados de la secretaría del tribunal y que, según el actor, le impidieron corregir la demanda en tiempo, es claro que la tutela no es el mecanismo procedente para establecer las responsabilidades del caso, porque para ello puede solicitar al tribunal que efectúe las investigaciones a que haya lugar.

En consecuencia, en cuanto el reclamante dispone de otro medio de defensa judicial y no se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable, la tutela es improcedente (D. 2591/91, art. 6 [1]).

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Recházase por improcedente la acción de tutela interpuesta por Rubén Darío Castellanos López contra el Tribunal Administrativo de Nariño.

Si no se impugna esta decisión, remítase el expediente a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha.

Magistrados: María Inés Ortiz Barbosa, Presidenta de la Sección, aclara voto—Ligia López DíazHéctor J. Romero Díaz.

(1) En el mismo sentido, ver sentencias de 27 de abril de 2006, Expediente 2005 1273 01 y de 8 de febrero de 2007, Expediente 2006-01421, ambas con ponencia de la doctora María Inés Ortiz Barbosa y, de 12 de abril de 2007, Expediente 2007 00242 00 y de 19 de abril de 2007, Expediente 2006-01295-01, ambas con ponencia del doctor Héctor J. Romero Díaz.

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