Sentencia 2008-00903/46384 de diciembre 15 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Rad.: 76-001-23-31-000-2008-00903-01 (46384)

Ref.: Acción de reparación directa

Actor: Jesús Antonio Murillo Mosquera

Demandado: Fiscalía General de la Nación

Tema: Falla del servicio

Subtema 1: Privación injusta de la libertad.

Subtema 2: Captura con fines de indagatoria.

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Enrique Rodríguez Navas

Bogotá D.C., quince de diciembre de dos mil diecisiete.

«EXTRACTOS: V. Consideraciones

3.1.(sic) Sobre los presupuestos materiales de la Sentencia de mérito.

La Sala es competente para resolver el presente caso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en razón a la naturaleza del asunto. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y determinó la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia en cabeza de los tribunales administrativos, y en segunda instancia en el Consejo de Estado, sin que sea relevante lo relacionado con la cuantía(22).

La acción de reparación directa estaba vigente al momento de presentación de la demanda, pues el término para formular pretensiones en sede de reparación directa, de conformidad con el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, es de 2 años que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa que dio origen al daño reclamado. Asimismo, por vía jurisprudencial(23) se ha señalado que tratándose de privación injusta de la libertad, el término debe contarse desde el día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que precluyó la investigación o que absolvió al procesado, ya que a partir de ese momento el afectado tiene conocimiento del carácter injusto de la detención.

Sobre esta base, teniendo en cuenta que la providencia dictada por la Fiscalía 38 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Buenaventura (Valle), en virtud de la cual se ordenó la preclusión de la investigación adelantada contra el aquí demandante, data del 8 de septiembre de 2006(24), se verifica que la demanda interpuesta el 8 de septiembre de 2008 se encontraba en término, pues si bien no obra constancia de ejecutoria de la providencia, se observa que la constancia de notificación personal es de fecha 22 de septiembre de 2006(25); luego, de acuerdo con los lineamientos del artículo 197 del Código de Procedimiento Penal vigente para la época de los hechos, la providencia quedó ejecutoriada a los tres días hábiles siguientes de su notificación; es decir, 13 de septiembre de 2006.

El señor Jesús Antonio Murillo Mosquera es la víctima directa de la privación de la libertad que dio origen a este proceso, es el padre de Lizeth Joahnna Murillo Sánchez y de Danny Marcela Murillo Vásquez, según dan cuenta los registros civiles de nacimiento(26).

Así las cosas, puesto que “el registro civil de nacimiento constituye el documento idóneo para acreditar de manera idónea, eficaz y suficiente la relación de parentesco con los progenitores de una persona, comoquiera que la información consignada en dicho documento público ha sido previamente suministrada por las personas autorizadas y con el procedimiento establecido para tal efecto”(27); y es criterio reiterado y pacífico en esta Corporación, que la acreditación del parentesco constituye un indicio para la configuración del daño moral en los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil, se concluye que la privación de la libertad que sufrió Jesús Antonio Murillo Mosquera ha obrado como causa de un grave dolor en sus familiares y que por tanto, tanto aquel, como estos, se encuentran legitimados para la causa, por activa.

Para el caso de la señora Nancy Vásquez Aragón, la Sala pone de presente que sobre esta solo fue allegado su registro de nacimiento, en el que no se establece relación alguna entre esta y el señor Murillo, pues si bien el registro civil de Danny Marcela Murillo Vásquez acredita que esta es hija de ambos, esto por sí mismo no acredita la relación entre estos.

Ahora bien, se observa que obra a folios 611 a 612 la declaración rendida por el señor Wilson Camacho hurtado en los siguientes términos:

“(…) Yo conozco al señor Jesús Antonio hace unos 20 años mas (sic) o menos, me di (sic) cuenta que a el (sic) lo detuvieron en el 2006 por ser un presunto guerrillero, conozco a la esposa a los hijos, él a (sic) sido buen muchacho, la esposa se llama Nancy, tiene dos niños, una niña y un niño menores de edad (…)”.

Asimismo, Alejandro Colorado Vivas señaló:

“(…) El joven Jesús Antonio yo lo conozco, es una persona dedicada a su familia, es deportista, le gusta el futbol (sic), el dominó, el único problema que le conozco es el del (sic) enero de 2006, donde la fiscalía lo detuvo porque lo acusó de ser guerrillero y pues el (sic) siempre ha sido un joven (sic) tranquilo, de familia. Su familia está conformada por su esposa Nancy, sus dos niñas de quienes no recuerdo el nombre, quienes conviven con su familia (…)”.

Por último, Jhon Jairo Camacho Barco sostuvo:

“(…) Conozco a su esposa, que también es amiga del Barrio y criada con nosotros y una niña que tienen ellos, la esposa se llama Nancy y la bebé no recuerdo el nombre en este momento (…)”.

Pues bien, como puede desprenderse de los anteriores testimonios, no existe unanimidad ni coherencia entre los mismos; luego, no podría inferirse la relación entre el señor Murillo y la señora Vásquez. Por tal razón, se deberá declarar que esta no se encuentra legitimada en la causa por activa.

Finalmente, en lo que concierne a las demandadas, se verificó en el proceso que la entidad encargada de tomar las decisiones que dieron al traste con la libertad del señor Jesús Antonio Murillo Mosquera fueron adoptadas por la Fiscalía General de la Nación, y dado que esta es la titular de la acción penal, se encuentra legitimada en la causa por pasiva, y está la llamada a responder en caso de una eventual condena.

Para el caso del Departamento Administrativo de Seguridad —DAS—, se declarará su falta de legitimación en la causa por pasiva, en atención a que este se limitó a presentar un informe en estricto cumplimiento de sus funciones, y quien tenía la obligación de verificar la información allí contenida y tomar las decisiones que afectaron al aquí demandante, era la Fiscalía General de la Nación.

3.2. Sobre la prueba de los hechos.

A partir de la preceptiva del artículo 90 de la Constitución, dos son los elementos constitutivos de la responsabilidad de la administración, a saber, que haya un daño antijurídico y que éste sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública.

La parte demandante, dentro del relato que ofrece en el libelo introductorio como sustento fáctico de sus pretensiones, hace relación a estos dos elementos, para presentar, de un lado, el daño sufrido, su extensión, intensidad y modalidades, y de otro, las actuaciones u omisiones que endilga a las demandadas y en cuya virtud les imputa la responsabilidad que pide sea declarada en esta sentencia. En torno a estos dos elementos gravita la carga probatoria, y por tanto, el estudio de los hechos probados se hará en dos grandes apartes, a saber: hechos relativos al daño y hechos relativos a la imputación.

3.2.1. Sobre la prueba de los hechos relativos al daño.

La parte demandante alegó que el daño, entendido como el atentado material contra una cosa o persona, consistió en la restricción a la libertad que soportó Jesús Antonio Murillo Mosquera, así como en la afectación moral y patrimonial que involucró la misma, por causa de la captura y de la detención preventiva, de las que fue víctima directa; y en el agravio que soportaron sus familiares, tanto material como inmaterialmente.

Los hechos en los que concretó la parte actora este daño, pretende acreditarlos de la siguiente manera:

3.2.1.1. La afrenta a la libertad física de Jesús Antonio Murillo Mosquera con los siguientes documentos que allegó la parte actora, como anexos de la demanda.

• El 1º de septiembre de 2005(28), el Departamento Administrativo de Seguridad —DAS—, remitió a la Coordinación Seccional de Fiscalía de Buenaventura, informe de inteligencia en el que figuraba el aquí demandante como miliciano de las FARC, con el propósito de que se investigara el posible acto delictivo y su probable participación en los mismos.

• La Fiscalía 42 Seccional de Buenaventura, dictó el 16 de diciembre de 2005(29), orden de captura con fines de indagatoria contra el señor Jesús Antonio Murillo Mosquera.

• El 5 de enero de 2006(30), se suscribió el informe de captura contra el aquí demandante. Posteriormente, este fue escuchado en indagatoria el 6 de enero de 2006(31), y en la misma el despacho se abstuvo de concederle libertad, y se libró la respectiva boleta de encarcelación(32).

• El 11 de enero de 2006(33), la Fiscalía 38 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Buenaventura resolvió la situación jurídica del sindicado, y se abstuvo de imponer medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, por el delito de rebelión. Como fundamento de su decisión, sostuvo:

“En el caso que nos ocupa, además del señalamiento que hace la unidad de política judicial del DAS, no aparece probado que el indagado haya sido retenido en actividades específicas con carácter político, o en su defecto luciendo uniformes alusivos a la organización insurgente, ni menos portando armas, de las que pudieran valerse para al menos intentar el derrocamiento del poder constitucional.

Acorde con todo lo anterior, y analizando la prueba integral arrimada a al (sic) foliatura, se colige entonces que no se reúnen los requisitos del artículo 356 del Código de Procedimiento Penal, para proferir medida de aseguramiento en contra del indagado Jesús Antonio Murillo Mosquera, disponiéndose en consecuencia la libertad inmediata del mismo, si no fuese solicitado por otra autoridad, previa suscripción de diligencia compromisoria, de presentarse ante este despacho cuando así lo requiera para efectos de la presente investigación”.

• El 11 de enero de 2006(34), se suscribió el acta de compromiso, y el 12 de enero de 2006(35) se expidió la boleta de excarcelación.

• El 20 de enero de 2006(36), la Fiscalía 38 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Buenaventura, canceló la orden de captura que cursaba en contra del señor Murillo Mosquera.

• El 8 de septiembre de 2006(37), La Fiscalía ordenó la preclusión de la investigación adelantada en contra del señor Jesús Antonio Murillo Mosquera por el delito de rebelión, previas las siguientes consideraciones:

“Además del señalamiento que hace la unidad del DAS, no aparece probado que esta persona hayan (sic) sido retenida en actividad específica con carácter político o en su defecto luciendo uniformes alusivos a la organización insurgente, ni menos portando armas, de las que pudieran valerse para al menos intentar el derrocamiento del poder constitucional o legal vigente, de manera que mal podría decirse en este caso que ese primer requisito de orden objetivo se encuentra aquí presente toda vez que el recaudo probatorio se limita. En efecto, brilla por su ausencia un “orden de batalla” del denominado frente XXX de las FARC, debidamente certificado donde aparezca al menos la pertenencia de dicha persona a la citada agrupación subversiva, igualmente aunque en el informe inicial se menciona al señor Jesús Antonio Murillo Mosquera como miliciano segundo al mando de escuadra participante de hostigamiento a la flotilla de las pirañas de la Armada Nacional en Puerto Merizalde - Naya en abril de 2004, homicidio en el barrio la Playita, integrante desmovilizado de las AU. Este no aparece corroborado ni siquiera en las declaraciones de los informantes que dicen ser desmovilizados de la subversión, amen (sic) de que tampoco se aporto (sic) el certificado que los acredite como desmovilizado sin contar con las deficiencias que dejan ver a lo largo de su intervención en este asunto.

De otro lado, este despacho critica que el hecho de residir en un barrio como El Lleras, donde han tomado asiento grupos armados ilegales en ocasiones de las AUC o en otras de las FARC, no es suficiente para dar por hecho que todo el que allí reside o lo visita es guerrillero o paramilitar, pues por esas circunstancias de la vida, el trabajo o la falta de oportunidades, les ha correspondido obligadamente vivir en dichos lugares donde obtienen el sustento diario, donde están expuestos a todo tipo de riesgos, por la escasa presencia del estado, de manera que cuando son visitados por los unos, deben atenderlos, saludarlos, compartir transitoriamente con ellos a fin de evitar atropellos o fusilamientos como en ocasiones se ha presentado, e igual sucede cuando llega el otro grupo, muchos de los cuales los invitan a engrosar sus filas y en ocasiones hasta los reclutan a la fuerza, mediante engaños o bajo amenazas, de suerte que esta sola situación impide que de hecho se pueda tener al señor Jesús Antonio Murillo Mosquera, como perteneciente a la subversión y por tanto se les debe desvincular de la sindicación que por el presunto delito de “rebelión” hasta ahora se le había venido haciendo.

Acorde con lo anterior, y con miras a decidir lo que sea del caso, debemos indicar desde ya, que dadas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo el hecho que nos ocupa, resulta obligado dar aplicación al artículo 39 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto señala que

“…En cualquier momento de la investigación en que aparezca demostrado que la conducta no ha existido, o que el sindicado no la ha cometido, o que es atípica, o que está demostrada una causal excluyente de responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o no puede proseguirse, se debe declarar la preclusión de la investigación…”

• El 8 de septiembre de 2006(38), la Fiscalía canceló la orden de captura en contra del señor Murillo Mosquera, en virtud de la declaratoria de preclusión de la investigación.

• El 8 de junio de 2010(39), el asesor jurídico del establecimiento penitenciario y carcelario de Buenaventura Valle del Cauca, expidió certificación del tiempo de la privación del aquí demandante, y señaló que este estuvo recluido en el establecimiento carcelario desde el 6 de enero de 2006 hasta el 12 de enero del mismo año.

3.2.2. Sobre la imputación.

Como se abordó en apartes anteriores, el artículo 90 de la Constitución establece que una vez verificada la antijuridicidad del daño padecido y demostrado por el actor, el juicio de responsabilidad patrimonial del Estado se desplaza hacia la esfera de la atribuibilidad del daño, en un proceso que nos permite dilucidar si éste puede ser imputado a la entidad demandada, no sólo en el orden natural o fáctico, sino en el orden jurídico. En esa línea de acción, en el orden fáctico procede la Sala a verificar si el daño puede ser objetivamente atribuido (en el plano material) a la acción u omisión de aquellas o de alguna de ellas, al tanto que en el plano jurídico procede la constatación de la existencia de fundamentos para atribuirles la obligación del resarcimiento.

Para una adecuada imputación fáctica, procede la Sala a analizar los hechos y omisiones que fueron expuestos por los actores en su demanda, desde esa perspectiva que ofrecen las pruebas decretadas y practicadas dentro del proceso. Así, se encuentra debidamente probado, a través de prueba documental allegada al expediente, que:

1. El Departamento Administrativo de Seguridad —DAS—, remitió el 1º de septiembre de 2005 a la coordinación seccional de fiscalía de Buenaventura, informe de inteligencia en el que figuraba el aquí demandante como miliciano de las FARC, con el propósito de que se investigara el posible acto delictivo y su probable participación en los mismos.

2. La Fiscalía 42 Seccional de Buenaventura, dictó el 16 de diciembre de 2005, orden de captura con fines de indagatoria contra el señor Jesús Antonio Murillo Mosquera.

3. El 5 de enero de 2006, se suscribió el informe de captura contra el aquí demandante. Posteriormente, fue escuchado en indagatoria el 6 de enero de 2006, y en la misma el despacho se abstuvo de concederle libertad, y se libró la respectiva boleta de encarcelación.

4. El 11 de enero de 2006, la Fiscalía 38 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Buenaventura, se abstuvo de imponer medida de aseguramiento de detención preventiva contra el señor Murillo; ese mismo día se suscribió el acta de compromiso, y el 12 de enero de 2006 se expidió la boleta de excarcelación.

5. El 8 de septiembre de 2006, la Fiscalía ordenó la preclusión de la investigación adelantada en contra del señor Jesús Antonio Murillo Mosquera por el delito de rebelión.

6. El 8 de septiembre de 2006, la Fiscalía canceló la orden de captura en contra del señor Murillo Mosquera, en virtud de la declaratoria de preclusión de la investigación.

Así las cosas, la Sala encuentra debidamente acreditado que la Fiscalía General de la Nación, con base en el informe de inteligencia adelantado por el Departamento Administrativo de Seguridad —DAS—, que señalaba al señor Murillo Mosquera como presunto miliciano de las FARC, privó de su libertad al demandante por el delito endilgado, y que posteriormente, al no existir elementos probatorios que permitieran endilgarle la comisión del delito o conducta típica alguna, ordenó la preclusión de la investigación a su favor.

En estos términos, la Sala concluye que la privación de la libertad del señor Guzmán García ocurrió como consecuencia de una decisión adoptada por la Fiscalía General de la Nación, por tanto, como esta entidad intervino en la actuación procesal penal que influyó en la causación del daño alegado en la demanda, se procederá realizar el estudio de imputación correspondiente.

3.2.(sic) Problema jurídico.

Le corresponde a la Sala determinar si le asiste responsabilidad a la demandada por la privación injusta de la libertad sufrida por el señor Jesús Antonio Murillo Mosquera, quien estuvo recluido en establecimiento carcelario desde el 6 al 12 de enero de 2006, sindicado del delito de rebelión.

3.4. Análisis de la Sala sobre la responsabilidad.

En el caso concreto, está demostrado dentro del expediente que en virtud del informe suscrito el 1º de septiembre de 2005 por el Departamento Administrativo de Seguridad —DAS—, con destino a la Coordinación Seccional de Fiscalías de Buenaventura, la Fiscalía 42 Seccional de Buenaventura libró orden de captura contra el señor Jesús Antonio Murillo Mosquera; con el fin de escucharlo en indagatoria e investigar su posible participación en el delito de rebelión.

El 5 de enero de 2006, el señor Murillo Mosquera fue capturado y puesto a órdenes de la autoridad competente; posteriormente, el 6 de enero de 2006 fue escuchado en indagatoria, y en dicha diligencia la Fiscalía se abstuvo de concederle libertad al sindicado, y libró la respectiva boleta de encarcelación.

Posteriormente, el 11 de enero de 2006, la Fiscalía 38 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Buenaventura, resolvió la situación jurídica del aquí demandante, en la que se abstuvo de imponer medida de aseguramiento en su contra y se suscribió el acta de compromiso. Al día siguiente; esto es, 12 de enero de 2006, fue dejado en libertad.

Los demandantes pretenden la declaratoria de responsabilidad patrimonial de la Nación - Fiscalía General de la Nación, por los perjuicios a ellos causados como consecuencia de la detención del señor Jesús Antonio Murillo Mosquera, quien fue capturado, puesto a órdenes de la Fiscalía, y permaneció detenido desde el 6 de enero de 2006, hasta el 12 de enero del mismo año.

Al respecto, es conveniente precisar que en este caso concreto, nos encontramos frente a una captura ordenada por autoridad competente, con el fin de escuchar al señor Murillo en indagatoria, en estricto cumplimiento de las disposiciones legales.

De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, “... captura es el acto meramente físico mediante el cual los auxiliares de la rama jurisdiccional, en cumplimiento de órdenes legalmente impartidas, u obrando por su cuenta en otros casos, o los simples particulares en circunstancias de flagrancia o cuasi flagrancia, aprehenden a una persona para presentarla a la autoridad que la reclama o a la que puede definir su situación”(40).

La captura tiene requisitos especiales, procede en los casos de flagrancia o cuando medie orden de autoridad competente como ocurrió en el sub lite, que fue ordenada con el fin de escuchar en indagatoria a los ciudadanos sindicados de haber participado en el delito de rebelión, de manera que, en principio, la orden estuvo fundamentada en la investigación penal adelantada de oficio por la Fiscalía.

Ahora bien, el artículo 354 de la Ley 600 de 2000 dispone:

“ART. 354.—La situación jurídica deberá ser definida en aquellos eventos en que sea procedente la detención preventiva.

Cuando la persona se encuentre privada de la libertad, rendida la indagatoria, el funcionario judicial deberá definir la situación jurídica por resolución interlocutoria, a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes, indicando si hay lugar o no a imponer medida de aseguramiento si hubiere prueba que la justifique u ordenando su libertad inmediata. En este último caso, el sindicado suscribirá un acta en la que se comprometa a presentarse ante la autoridad competente cuando así se le solicite.

Si el sindicado no estuviere privado de la libertad, el plazo para resolver situación jurídica será de diez (10) días contados a partir de la indagatoria o de la declaratoria de persona ausente. El Fiscal General de la Nación o su delegado dispondrán del mismo término cuando fueren cinco (5) o más las personas aprehendidas, siempre que la captura de todas se hubiere realizado en la misma fecha”.

En el sub judice, la captura se produjo en cumplimiento de la orden de captura que cursaba en contra del señor Jesús Antonio Murillo Mosquera el día 5 de enero de 2006, que ese mismo día fue dejado a disposición de la Fiscalía; al día siguiente fue escuchado en indagatoria, y el 11 de enero de 2006 se resolvió su situación jurídica, razón por la cual, se colige que la actuación de la Fiscalía estuvo enmarcada dentro de los términos de ley, de manera que puede concluirse que la entidad demandada no cometió ninguna irregularidad en este procedimiento y por ello no se configuró una falla en el servicio.

Si bien el actor permaneció detenido desde el 6 hasta el 12 de enero de 2006, el artículo 332 de la Ley 600 de 2000 establece las formas de vinculación del imputado al proceso penal, esto es la indagatoria y la declaración de persona ausente.

De acuerdo con el artículo 333 de la misma ley, el funcionario judicial recibirá indagatoria a quien en virtud de antecedentes y circunstancias consignadas en la actuación o por haber sido sorprendido en flagrante conducta punible, considere que puede ser autor o partícipe de la infracción penal. Asimismo, las reglas para la recepción de la indagatoria y las formalidades de la misma se encuentran previstas en los artículos 337 y 338 del mismo articulado.

Al respecto, resulta pertinente reiterar que las autoridades judiciales, en ejercicio del poder punitivo del Estado, están en la obligación de perseguir y reprimir el delito, para lo cual han sido dotadas de herramientas que pueden ir desde la persuasión hasta el uso de la fuerza. Ello con el objeto de asegurar la vigencia del orden jurídico y garantizar los derechos y deberes de todos los ciudadanos.

En el caso específico, el funcionario judicial estaba facultado para ordenar la conducción del entonces sindicado para realizar la diligencia de indagatoria, al haber sido detenido en virtud de una orden de captura que para ese momento se encontraba vigente, siendo deber del actor colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia; es decir, esta era una carga que el actor se encontraba en el deber de soportar, por lo que el daño causado con su retención no adquirió la connotación de antijurídico.

Como corolario de lo anterior, la Sala revocará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por no encontrarse acreditada la antijuridicidad del daño alegado.

3.6.(sic) Sobre las costas.

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR la sentencia proferida el 22 de junio de 2012, por el Tribunal Administrativo del valle del Cauca, y en su lugar se dispone:

1. NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en esta providencia.

2. Sin condena en costas.

3. En firme este fallo devuélvase el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(22) La Ley 270 de 1996 —vigente para el momento de interposición del recurso de apelación en el caso en estudio— desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad. En relación con la competencia funcional en el juzgamiento de las controversias suscitadas por tales asuntos, determinó que, en primera instancia, conocerían los tribunales administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado. Para tal efecto, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, exp. 2008-00009, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(23) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de marzo de 1993, rad. 7407-7399, auto del 2 de febrero de 1996, rad. 11.425, auto del 14 de agosto de 1997, rad. 13.258, autor del 24 de septiembre de 1998, rad. 13.626, sentencia del 18 de octubre de 2000, rad. 12.228, auto del 2 de noviembre de 2000, rad. 17.964 y sentencia del 13 de septiembre de 2001, rad. 13.392, entre otras.

(24) Fls. 411 a 415, cdno. 2.

(25) Fl. 416, cdno. 2.

(26) Fls. 2 a 3, cdno. 1.

(27) Consejo de Estado, sentencia de 7 de abril de 2011, exp. 20.750.

(28) Fls. 2 a 12, cdno. 2.

(29) Fl. 33, cdno. 2.

(30) Fls. 67 a 71, cdno. 2.

(31) Fls. 73 a 78, cdno. 2.

(32) Fl. 79, cdno. 2.

(33) Fls. 86 a 90, cdno. 2.

(34) Fl. 92, cdno. 2.

(35) Fl. 93, cdno. 2.

(36) Fl. 122, cdno. 2.

(37) Fls. 411 a 415, cdno. 2.

(38) Fl. 417, cdno. 2.

(39) Fl. 592, cdno. 2.

(40) Corte Suprema de Justicia, autos del 27 de febrero de 1946, 13 de abril de 1951 y 3 de marzo de 1953.