Carlos Alberto Zambrano Barrera

 

Sentencia 2008-00918 de marzo 23 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Carlos Alberto Zambrano Barrera

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de marzo de dos mil siete (2007).

Rad.: 760012331000200800918-01 (44.173)

Actor: Claudia Elena Cortés Hernández y otros

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación

Asunto: Acción de reparación directa

EXTRACTOS: «V. CONSIDERACIONES:

Cumplidos los trámites propios de la segunda instancia, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia de 19 de octubre de 2011, proferida por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Prelación de fallo(3) 

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para proferir fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en el orden cronológico en que pasaron los expedientes al Despacho.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en el artículo 16, permite decidir, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de la jurisprudencia”.

En el presente caso, el objeto de debate se refiere a los daños causados a los demandantes en el marco del conflicto armado, tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, en las cuales ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada.

1. Competencia.

Esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto, en consideración a que la cuantía del proceso, que es de $ 853’775.000(4), solicitados en favor de los demandantes, por concepto de perjuicios materiales, supera la cuantía mínima exigida en la ley vigente al momento de la interposición del recurso (ley 446 de 1998)(5), para que el proceso se considere de doble instancia.

2. El ejercicio oportuno de la acción de reparación directa.

Es menester precisar que, de conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa caduca al cabo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena, por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

En el presente asunto, el daño cuya indemnización se reclama ocurrió el 31 de mayo de 2007(6), de manera que el cómputo de la caducidad de la acción debe iniciarse a partir del día siguiente a esa fecha; así, teniendo en cuenta que la demanda se presentó el 7 de marzo de 2008, puede concluirse que ésta se interpuso dentro del término previsto por la ley.

3. Pruebas.

Obran en el plenario las siguientes:

1. Registros civiles de defunción de los señores Sergio Mauricio y José Ignacio Cortés Trejos, expedidos por el Notario Octavo de Cali, en los que se indica que el primero falleció el 4 de mayo de 2007 y, el segundo, el 31 de los mismos mes y año, en la ciudad de Cali (Valle) (fls. 28 y 29 cdno. 1).

2. Copia auténtica del sufragio que recibió el señor José Ignacio Cortés Trejos, en el que se consignó (se transcribe tal como obra en el expediente):

“AUTODEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA

AUC BLOQUE CACIQUE PIPINTA

AGUILAS NEGRAS

“DESCANSEN EN PAZ

“NO NOS HEMOS IDO DE AQUÍ.

SALIENDO DE ALGUNAS BASURAS ANTIPATRIOTAS, COLABORADORES DE OTROS GRUPOS, NARCOS DE LA MIERDA DE LAS FARC O DEL ELN PORQUE QUIENES NO ESTÁN CON NOSOTROS ESTÁN CONTRA NOSOTROS. SE LES PIDIÓ QUE SE QUEDARAN CALLADOS Y QUE COLABORARAN

SERGIO MAURICIO CORTÉS TREJOS

JOSÉ IGNACIO CORTÉS TREJOS

NÉSTOR JAVIER CORTÉS TREJOS

CÉSAR ANTONIO CORTÉS TREJOS

DIEGO CORTÉS TREJOS

MARTHA LUCÍA CORTÉS TREJOS

LILIANA CORTÉS TREJOS

Dales Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Masacrados HP

1x1 POR SAPOS

Mayo de 2007” (fl. 31 cdno. 1).

3. Formato único de noticia criminal, en el que el señor José Ignacio Cortés Trejos, ante la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía, manifestó (se transcribe como obra en el expediente, incluso los errores):

“Fecha de comisión de los hechos:18/MAY/2007

“(...)

“ME OCURRIÓ QUE EL DÍA DE AYER EN HORAS DE LA TARDE RECIBÍ UN SUFRAGIO POR PARTE DE SERVIENTREGA GUÍA... A MI APARTAMENTO AMENAZÁNDOME TANTO A MÍ COMO A MI FAMILIA, DICHAS AMENAZAS PROVIENEN DE LA AUC (AUTODEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA) BLOQUE CACIQUE PIPINTA AGUILAS NEGRAS ESTOY MUY ASUSTO PORQUE HACE QUINCE DÍAS MATARON A MI HERMANO FRENTE A LA CASA DE ÉL Y EN EL SUFRAGIO QUE ENVIARON MANDARON SU NOMBRE RESALTADO EN EL SUFRAGIO. MI HERMANO SEGIO MAURICIO CORTÉS TREJOS COLABORABA CON EL GRUPO POLÍTICO EL POLO DEMOCRÁTICO Y PARECE SER QUE A RAÍZ DE ESTO SON LOS PROBLEMAS CON EL GRUPO INSURGENTE, PORQUE NOSOTROS SOMOS PERSONAS DE BIEN SOLO SOMOS CULTIVADORES DE ARROZ EN EL DPTO DEL CAUCA” (fl. 39 cdno. 1).

4. Copia auténtica de la comunicación de 18 de mayo de 2007, en la que el representante del movimiento político Polo Democrático Alternativo señaló:

LLAMADO

“Hacemos un llamado a todas las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos, para que presten toda la colaboración posible, para salvaguardar la vida y honra de nuestro compañero JOSÉ IGNACIO CORTÉS TREJOS quien CON SU FAMILIA se vio en la obligación de desplazarse de su sitio de residencia por cuestiones de seguridad, por encontrarse gravemente amenazado...” (fl. 66 cdno. 1).

5. Copia de unos carnets en los que se observa que los señores Sergio Mauricio y José Ignacio Cortés Trejos pertenecían al movimiento político Polo Democrático Alternativo (fl. 64 cdno. 1).

6. Oficio de 19 de mayo de 2007 Spoa 760016000193200710347, mediante el cual la Asistente de Fiscal II solicitó al Comandante de la Estación de Policía La Flora, lo siguiente (se transcribe como obra en el expediente, incluso los errores):

“Comedidamente se le solicita se sirva ordenar a quien corresponda brinde la PROTECCION POLICIVA necesaria al señor JOSÉ IGNACIO CORTÉSTREJOS... persona que denuncia y ha sido objeto de AMENAZAS DE MUERTE, por parte de grupos al margen de la ley.

“Se deberá rendir el respectivo informe de la gestión realizada dentro del radicado Spoa de la referencia, ante el fiscal que asuma la investigación” (con constancia de recibido por parte de un agente de la policía Nacional el 19 de mayo de 2007) (fl. 32 cdno. 1).

7. Programa metodológico de 29 de mayo de 2007, en el que la Fiscalía 36 consignó:

“1. Código único de la investigación 760016000193200710347

Integrantes del Equipo:

Nombres y apellidosEntidadFunción
LUIS FERNANDO MONTOYA URANSIJININVESTIGADOR
EDER NILSON BETALCOURTHSIJININVESTIGADOR
   

“(...)

3. Hipótesis delictiva, según descripción física de los hechos:

AMENAZAS

4. Objetivos:

Descripción
1.IDENTIFICAR E INDIVIDUALIZAR AL AUTORA DEL ILÍCITO
2. ESTABLECER LA REAL OCURRENCIA DEL HECHO
3.OBTENER E.P. QUE PERMITAN ESTRUCTURAR UNA IMPUTACION Y POSTERIOR ACUSACIÓN.

5. Actividades:

“Entrevistar al señor JOSÉ IGNACIO CORTÉS TREJOS...

Librar oficio de protección policiva y solicitar análisis de riesgo.

Una vez se obtenga el sufragio realizar análisis tendientes a establecer si efectivamente provienen de dicho grupo insurgente” (fls. 45 y 46 cdno. 1).

8. Además de las pruebas aportadas al plenario con el escrito de la demanda, los actores solicitaron el traslado del proceso penal que se adelantó con ocasión de la muerte del señor José Ignacio Cortés Trejos, petición que fue coadyuvada por las demandadas (fls. 104 y 146 cdno. 1).

La mencionada prueba trasladada fue decretada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en auto de 9 de noviembre de 2009(7) y la Fiscalía 46 Seccional del Valle del Cauca allegó al plenario copia auténtica del proceso penal que se adelantó por el homicidio del señor José Ignacio Cortés Trejos (fls. 14 a 93 cdno. 2).

En cuanto al traslado de pruebas, esta Sección ha expresado, en otras ocasiones, que aquellas que no cumplan con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil o que no hubieren sido solicitadas en el proceso contencioso administrativo por la parte contra la cual se aducen o no hubieren sido practicadas con audiencia de aquélla, no podrán valorase en el proceso contencioso administrativo(8). También ha dicho la Sala que, en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro proceso es solicitado por ambas partes, dichas pruebas pueden ser tenidas en cuenta en el proceso contencioso administrativo, aun cuando hayan sido practicadas sin citación o intervención de alguna de ellas en el proceso original y no hayan sido ratificadas en el contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio y que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque formalidades legales para su inadmisión(9).

En el presente asunto, como el traslado de las pruebas del mencionado proceso fue coadyuvado por las demandadas y las mismas obran en copia auténtica, no hay inconveniente alguno para que puedan ser valoradas.

Así, pues, las pruebas que se trasladan del proceso penal son las siguientes:

8.1. Copia auténtica del protocolo de necropsia del cadáver del señor José Ignacio Cortés Trejos, en el que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Suroccidente consignó (se transcribe como obra en el expediente):

“Hipótesis de manera aportada por la autoridad: Violencia -homicidio

“Hipótesis de causa aportada por la autoridad: Proyectil de arma de fuego

“(...)

OPINIÓN PERICIAL

“Este hombre de raza mestiza, que ingresa con el nombre JOSÉ IGNACIO CORTÉSTREJOS, falleció de heridas de proyectil arma de fuego que involucran el cráneo y el encéfalo. Estas heridas ocasionan fracturas en el cráneo, laceraciones cerebrales, laceraciones pulmonares, hemotórax. Recibió cinco impactos y se recuperaron cuatro proyectiles en el cadáver” (fls. 66 a 71 cdno. 2).

8.2. Copia auténtica del dictamen balístico en el que el grupo Física del Laboratorio de Balística Forense del Instituto Nacional de Medicina Legal Regional Suroccidente concluyó:

“Basado en los resultados del análisis físico y químico positivo (lunge) obtenidos de las periferias de los orificios de entrada en la gorra, se estableció que fueron originados por disparos efectuados a una distancia entre 20 y 60 centímetros (corta distancia).

8.3. Copia auténtica de la constancia expedida el 13 de junio de 2007 por la Administradora (E) del senador Alexander López Maya, en la que se indica que “los señores Sergio Cortez (sic) y José Ignacio Cortez, (sic) militaron en el POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO desde la campaña Carlos Gaviria a la Presidencia” (fl. 48 cdno. 2).

8.4. Copia auténtica de la resolución de 30 de julio de 2008, mediante la cual la Fiscal 46 Seccional ordenó el archivo de las diligencias penales por el homicidio del señor José Ignacio Cortés Trejos, con fundamento en lo siguiente (se transcribe como obra en el expediente, incluso los errores):

“El 31 de mayo de 2007 a eso de las 19:40 horas fue muerto a bala el señor JOSÉ IGNACIO CORTÉS TREJOS cuando llegaba a la tienda mixta Mira Cali... por dos sujetos que se movilizaban a pie quienes luego de disparar huyeron y más adelante una persona en un vehículo se acercó a los agresores y les recogió el arma de fuego. Días antes la víctima había formulado denuncia por amenazas recibidas por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia, también había recibido un sobre por correo donde aparecía el nombre de su hermano SERGIO MAURICIO quien fue asesinado el 4 de mayo del mismo año y el del ahora occiso JOSÉ IGNACIO.

“Se escuchó en exposición a CLAUDIA ELENA CORTÉS, esposa del obituado, se aportó informe de investigador de campo suscrito por VÍCTOR GABRIEL YACUMAL, sobre las labores de investigación adelantadas, sin que hasta el momento se haya obtenido la identificación de los autores.

“no se cuenta con más elementos cognitivos pese al tiempo transcurrido desde la ocurrencia de los hechos y a los esfuerzos hasta ahora cumplidos por la policía judicial, para identificar al autor o autores de la conducta punible que trasciende al campo penal, motivo por el cual procede al archivo de las diligencias sin perjuicio de evidencia sobreviniente, de manera puntual la identificación o al menos la individualización del destinatario de la acción penal” (fls. 98 y 99 cdno. 2).

8.5. Copia auténtica de la constancia de 28 de octubre de 2008, en la que el Fiscal 46 Seccional manifestó:

“Que en este despacho se adelanta investigación bajo la radicación No. 760016000193200710347 11341 por la muerte violenta del señor JOSÉ IGNACIO CORTÉS TREJOS ... ocurrida el día 31de mayo de 2007 a eso de las 19:40 horas, quien fue baleado cuando llegaba a la Tienda MIXTA MIRA CALI ... barrio MIRAFLORES, se desconoce la identidad de la persona o personas que cegaron la vida del señor JOSÉ IGNACIO CORTÉS TREJOS, pero se han aportado las pruebas que la víctima había recibido amenazas por parte de las AUTODEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA AUC, BLOQUE CACIQUE PIPINTA AGUILAS NEGRAS, amenazas que incluyen a toda su familia y como hecho cierto se tiene que de la lista de amenazados ya habían dado muerte a su hermano SERGIO MAURICIO CORTÉS TREJOS en hechos ocurridos el día 4 de mayo de ese mismo año” (fl. 102 cdno. 2).

4. Valoración probatoria y conclusiones.

De las pruebas que obran en el proceso se colige que: i) los señores Sergio Mauricio y José Ignacio Cortés Trejos pertenecían al movimiento político Polo Democrático Alternativo, ii) antes de ser asesinados, los mencionados señores recibieron amenazas provenientes del grupo al margen de la ley denominado Autodefensas Unidas de Colombia, iii) el 18 de mayo de 2007, el señor José Ignacio Cortés Trejos, como consecuencia del asesinato de su hermano Sergio Mauricio (ocurrido el 4 de mayo anterior) y de las amenazas de muerte que recibió, formuló denuncia ante la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía, iv) el 19 de mayo, la Fiscalía le envió un oficio al Comandante de la Estación de Policía La Flora, en el cual solicitó que le brindara protección al señor José Ignacio Cortés Trejos y v) en la noche del 31 de los mismos mes y año, el señor José Ignacio Cortés Trejos fue asesinado en Cali.

Constatada la existencia del daño antijurídico consistente en la muerte del señor José Ignacio Cortés Trejos, la Sala abordará el análisis de imputación, con miras a determinar si aquél es atribuible a las entidades demandadas o si, por el contrario, es producto del hecho determinante y exclusivo de terceros o del hecho de la propia víctima.

Respecto de los daños ocasionados a las víctimas por hechos violentos cometidos por terceros, la Sala ha señalado en diferentes oportunidades que ellos sólo son imputables al Estado cuando en su producción interviene la administración, a través de una acción o de una omisión constitutiva de falla del servicio, como en los eventos en los cuales el hecho se produce con la complicidad de miembros activos del Estado, o cuando la persona contra quien iba dirigido el acto había solicitado protección a las autoridades y éstas no se la brindaron o porque, en razón de las especiales circunstancias que se vivían en el momento, el hecho era previsible y no se realizó ninguna actuación dirigida a su protección(10).

Según lo previsto en el artículo 2º de la Constitución, la razón de ser de las autoridades públicas es la de defender a todos los residentes en el país y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Omitir el cumplimiento de esas funciones no sólo genera responsabilidad personal del funcionario sino, además, responsabilidad institucional; por lo tanto, el Estado debe utilizar todos los medios de que dispone para lograr que el respeto a la vida y demás derechos de las personas por parte de las autoridades públicas y de los particulares sea una realidad y no conformarse con realizar una simple defensa formal de los mismos(11).

Al respecto, la Sala, en reiterada jurisprudencia, ha precisado que el Estado debe responder patrimonialmente a título de falla del servicio por omisión en el deber de prestar seguridad a las personas, cuando: a) Se deja a la población a merced de los grupos de delincuencia, sin brindarles protección alguna, en especial cuando se tiene conocimiento de que los derechos de esa población vienen siendo desconocidos por grupos organizados al margen de la ley, b) se solicita protección especial, con justificación en las especiales condiciones de riesgo en que se encuentra la persona, c) no se solicita expresamente dicha protección, pero es evidente que la persona la necesitaba, en consideración a que existían pruebas o indicios conocidos que permitieran asegurar que la persona se encontraba amenazada o expuesta a sufrir graves riesgos contra su vida, en razón de sus funciones(12).

No obstante, cabe señalar que la Sala ha considerado que, a pesar de que es deber del Estado brindar protección a todas las personas residentes en el país, no le son imputables todos los daños a la vida o a los bienes de las personas causados por terceros, porque las obligaciones del Estado son relativas(13), en tanto limitadas por las capacidades que en cada caso concreto se establezcan, dado que “nadie está obligado a lo imposible”(14), aunque se destaca que esta misma corporación, en providencias posteriores, ha aclarado que la relatividad de las obligaciones del Estado no excusa su incumplimiento, sino que debe indagarse en cada caso si, en efecto, fue imposible cumplir aquéllas que en relación con el caso concreto le correspondían(15).

De conformidad con lo anterior, se observa que la falla del servicio no puede ser analizada desde una perspectiva ideal, crítica o abstracta del funcionamiento del servicio, sino que debe ser estudiada desde un ámbito real, que consulte las circunstancias de tiempo, modo y lugar y la capacidad operativa o funcional de la administración pública al momento de la producción del daño. Es así como, en eventos donde la falla del servicio se origina en la omisión de la administración en la prestación de un servicio o en el cumplimiento de una obligación impuesta por la ley o los reglamentos, es necesario que aparezca demostrado, no solo que se pidió protección, sino que tal auxilio no se prestó.

Asimismo, en relación con la responsabilidad del Estado por omisión, se ha considerado que, para la prosperidad de la demanda, es necesario que se encuentren acreditados los siguientes requisitos: a) la existencia de una obligación legal o reglamentaria a cargo de la entidad demandada de realizar la acción con la cual se habrían evitado los perjuicios(16), b) la omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del deber legal, atendidas las circunstancias particulares del caso, c) un daño antijurídico y d) la relación causal entre la omisión y el daño(17).

Frente a este último aspecto, la Sala, con apoyo en la doctrina, que a su vez se inspiró en la distinción realizada en el derecho penal entre delitos por omisión pura y de comisión por omisión, precisó que en este tipo de eventos lo decisivo no era la existencia efectiva de una relación causal entre la omisión y el resultado, sino la omisión de la conducta debida que, de haberse realizado, habría interrumpido el proceso causal e impedido la producción de la lesión(18).

Respecto de la previsibilidad de la administración pública en la producción de un hecho dañoso y la falta de adopción de las medidas necesarias para evitarlo, la Sala ha precisado:

“No es el Estado un asegurador general, obligado a reparar todo daño, en toda circunstancia, pues la administración de justicia, (sic) debe observar la ley sustantiva, consultar la jurisprudencia e inspirarse en la equidad, para aplicar los principios de derecho y fundamentar las decisiones en las diversas tesis sobre los cuales se edifica y sirve de razón a la imputación del deber reparador. Así en el caso presente la relatividad del servicio debe entenderse en cuanto no era exorbitante disponer, porque existían elementos materiales y humanos para una misión debida”(19).

Como quiera que en el caso sub examine los demandantes solicitan que se declare la responsabilidad patrimonial tanto de la Fiscalía General de la Nación como de la Policía Nacional, la Sala, con base en las pruebas que obran en el proceso, analizará las actuaciones u omisiones de cada una de estas instituciones, para determinar si son responsables o no de la muerte del señor José Ignacio Cortés Trejos.

a. Responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación.

Respecto de las funciones de la Fiscalía General de la Nación, el artículo 250 de la Constitución Política establece:

“La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías. Se exceptúan los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio.

“En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación, deberá:

(...)

“7. Velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal, la ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa” (resalta la Sala).

A su turno, el Código de Procedimiento Penal vigente para la época de los hechos —Decreto 2700 de 1991(20)— disponía lo siguiente:

“ART. 11.—Protección de víctimas y testigos. La Fiscalía General de la Nación dentro de la actuación penal proveerá la protección y asistencia a las víctimas, testigos y demás intervinientes en el proceso que lo requieran, para garantizar el restablecimiento del derecho y la cooperación judicial plena y libre.

“ART. 120.—Atribuciones de la Fiscalía General de la Nación. Corresponde a la Fiscalía General de la Nación:

“(...)

“6. Velar por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso.

“ART. 130.—Medidas de protección a víctimas y testigos. El Fiscal General de la Nación, directamente, o a través de sus delegados puede tomar las medidas necesarias para prevenir la intimidación de víctimas, testigos y demás intervinientes en el proceso, y proveerles protección y asistencia”.

Así mismo, el artículo 19 de la Ley 938 de 2004 (por medio de la cual se expide el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación) establecía que:

“La oficina de protección y asistencia tiene las siguientes funciones:

“1. Asesorar a la entidad en la definición de políticas de protección y asistencia social para servidores de la Fiscalía, víctimas, jurados, testigos y demás intervinientes en el proceso penal.

“2. Organizar, en coordinación con las direcciones nacionales de fiscalías y cuerpo técnico de investigación, con el apoyo de los organismos de seguridad del Estado, la protección de víctimas, testigos, jurados, servidores e intervinientes, en las investigaciones y procesos que sean de conocimiento de la Fiscalía.

“3. Desarrollar programas de asistencia social para víctimas, testigos, jurados, servidores y demás intervinientes en el proceso penal.

“4. Formular y elaborar los proyectos y programas en el ámbito de su competencia, con asesoría de la oficina de planeación.

“5. Elaborar los planes operativos anuales, de acuerdo con la metodología diseñada por la oficina de planeación y hacer seguimiento a la gestión.

“6. Las demás funciones que le sean asignadas por el Fiscal General y que guarden relación con la naturaleza de la dependencia”.

El programa de protección a testigos, víctimas e intervinientes en el proceso penal fue reglamentado mediante la Resolución 2700 del 22 de noviembre de 1996(21) (derogada por la Resolución 5101 del 15 de agosto de 2008(22)), precisamente en atención al mandato contenido en el numeral 4 del artículo 250 de la Constitución Política y a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 2700 de 1991, el cual, según lo dicho en la parte considerativa de la citada Resolución, “señala como norma rectora proveer la protección de las víctimas ... de acuerdo con las disposiciones legales que establecen el Programa de Protección y Asistencia”.

Así las cosas, para la época de los hechos la Fiscalía General de la Nación tenía atribuido, constitucional y legalmente, el deber de velar por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en los procesos penales, deber que se concretaba en la obligación de evaluar las condiciones de la amenaza, a efectos de solicitar a los organismos de seguridad del Estado, en caso de ser necesaria, la protección del afectado, así como su inclusión en el programa de protección a su cargo, el cual está destinado precisamente para quienes, con ocasión del proceso penal, tengan el riesgo de sufrir algún atentado contra su vida o integridad personal.

Así las cosas, la Sala considera que la Fiscalía General de la Nación no incurrió en falla del servicio alguna, pues, en primer lugar, está demostrado que, al día siguiente que conoció de las amenazas que sufría el señor José Ignacio Cortés Trejos, esto es, el 19 de mayo de 2007, mediante el oficio Spoa 760016000193200710347, solicitó al Comandante de la Estación de Policía La Flora que le brindara protección al denunciante y que realizara un informe de esa gestión y, en segundo lugar, el 29 de mayo siguiente organizó un programa metodológico, el cual estaba conformado por dos investigadores de la Sijín, cuyas actividades eran: i) investigar las conductas punibles denunciadas por la víctima, ii) identificar e individualizar a los autores materiales e intelectuales de las mismas y iii) librar oficio de protección policiva y solicitar análisis de riesgo.

Bajo esta perspectiva, para la Sala es claro que la Fiscalía cumplió, dentro de sus posibilidades, sus debes constitucionales y legales, por cuanto utilizó los medios que tenía a su alcance para procurar la protección del señor José Ignacio Cortés Trejos y para investigar los hechos punibles denunciados por éste, pues, como se demostró en el proceso, una vez que conoció sobre las amenazas de muerte que sufría el señor José Ignacio Cortés Trejos, inmediatamente solicitó la protección de éste a la Policía Nacional.

b. Responsabilidad de la Policía Nacional.

Respecto las funciones de la Policía Nacional, el artículo 218 de la Constitución Política establece:

“La ley organizará el cuerpo de Policía.

“La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.

“La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario” (resalta la Sala).

En desarrollo del anterior precepto constitucional se expidió la Ley 62 de 1993(23), la cual en sus artículos 1º y 19 establece:

“ART. 1º—Finalidad. La Policía Nacional, como parte integrante de las autoridades de la República y como cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, está instituida para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Así mismo, para el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.

“La actividad de la Policía está destinada a proteger los derechos fundamentales tal como está contenido en la Constitución Política y en pactos, tratados y convenciones internacionales de Derechos Humanos, suscritos y ratificados por Colombia. La actividad policial está regida por la Constitución Política, la ley y los derechos humanos”.

“ART. 19.—Funciones generales. La Policía Nacional está instituida para proteger a todas las personas residentes en Colombia, garantizar el ejercicio de las libertades públicas y los derechos que de éstas se deriven, prestar el auxilio que requiere la ejecución de las leyes y las providencias judiciales y administrativas, y ejercer, de manera permanente, las funciones de: Policía Judicial, respecto de los delitos y contravenciones; educativa, a través de orientación a la comunidad en el respeto a la ley; preventiva, de la comisión de hechos punibles; de solidaridad, entre la Policía y la comunidad; de atención al menor, (sic) de vigilancia urbana, rural y cívica; de coordinación penitenciaria; y, (sic) de vigilancia y protección de los recursos naturales relacionados con la calidad del medio ambiente, la ecología y el ornato público, en los ámbitos urbano y rural” (resalta la Sala).

Con fundamento en todo lo anterior, la Sala considera que, en el caso sub examine, el daño resulta imputable a la Policía Nacional, a título de falla en el servicio por omisión, toda vez que ésta se encontraba en posición de garante institucional(24) en relación con la protección a la vida e integridad personal del señor José Ignacio Cortés Trejos, puesto que, según se acreditó en el proceso, 12 días antes de su asesinato, recibió de la Fiscalía la solicitud de prestarle protección(25), toda vez que era víctima de amenazas por parte de un grupo al margen de la ley.

Sumado a lo anterior, es claro que la Policía Nacional era consciente de la situación de riesgo en la que se encontraba el señor José Ignacio Cortés Trejos, no solo por las amenazas de muerte que éste recibió y de las cuales fue informada oportunamente por parte de la Fiscalía, sino porque el mismo grupo al margen de la ley que lo amenazó días antes, asesinó también, al parecer, a su hermano Sergio Mauricio Cortés Trejos, en Cali.

En este orden de ideas, se tiene que la Policía Nacional desatendió sus obligaciones respecto de la expresa solicitud de protección en relación con la seguridad del señor José Ignacio Cortés Trejos, de quien las autoridades demandadas sabían que estaba amenazado de muerte por las Autodefensas Unidas de Colombia, grupo al margen de la ley que, al parecer, amenazó y asesinó igualmente a su hermano Sergio Mauricio Cortés Trejos, lo cual permite a la Sala verificar la configuración de una falla en el servicio por omisión por parte de esta institución.

Bajo esta perspectiva, es evidente que el homicidio del señor José Ignacio Cortés Trejos no era un hecho imprevisible para la Policía Nacional, pues la víctima, a raíz de las amenazas de muerte que recibió y por el asesinato reciente de su hermano, solicitó protección a la Fiscalía General de la Nación y ésta libró oficio a la policía para que adoptara las respectivas medidas de protección y, sin embargo, dicha institución no hizo nada al respecto y al señor José Ignacio Cortés Trejos sí terminó siendo asesinado.

En otras palabras, la circunstancia de que la Policía Nacional hubiera conocido la situación de riesgo en que estaba el señor José Ignacio Cortés Trejos, no solo porque así se lo advirtió la Fiscalía, sino porque los recientes hechos delictivos y las amenazas de muerte que recibió así lo demostraban, imponía a esta institución el deber de garantizar la seguridad y protección de la víctima, por lo cual se encontraba compelida a brindar cuanto antes la protección y seguridad necesarias, cosa que no hizo, pues no existe prueba alguna que demuestre que esa institución realizó acciones para preservar la vida e integridad personal del señor José Ignacio Cortés Trejos; en cambio, todo indica que no realizó el estudio de seguridad correspondiente y ni siquiera mientras lo hacía le dio recomendaciones mínimas de seguridad.

Así las cosas, la Sala considera que el asesinato del señor José Ignacio Cortés Trejos no fue inesperado, ni sorpresivo para la Policía Nacional, ya que, se insiste, ésta tuvo conocimiento de la solicitud de protección formulada por el ahora occiso y, especialmente, del riesgo al que éste se hallaba sometido y de las amenazas que soportaba, todo lo cual conocía por las razones que ya se han dejado señaladas y es, precisamente, ese conocimiento lo que configura en este caso la posición de garante de dicha institución, así como la vulneración y desconocimiento de la suficiente y necesaria protección que debió brindar e inmediato a quien puso de presente su temor de ver afectada su vida y su integridad personal.

Bajo esa perspectiva, la demandada, al no haberle brindado vigilancia o protección alguna al señor José Ignacio Cortés Trejos, pese a haber sido solicitada expresamente por éste y por la Fiscalía, facilitó e incrementó en altísimas proporciones, sin lugar dudas, la posibilidad de consumación del asesinato de dicho señor.

En consecuencia, aunque el homicidio del señor José Ignacio Cortés Trejos fue perpetrado por terceros, ese hecho no es ajeno a la Policía Nacional y no constituye una causa extraña que permita su exoneración de responsabilidad.

Al respecto, el Consejo de Estado ha sostenido que el hecho de que el daño se haya originado en la conducta de un tercero no significa, necesariamente, que se haya configurado una causa extraña que exonere de responsabilidad a la administración pública, pues aquél puede ser imputable a esta última si su comportamiento fue relevante y determinante en el desencadenamiento del mismo, bien porque se contribuyó con una acción en su producción o porque, pudiendo evitarlo, se abstuvo de evitar su generación, siempre y cuando se constate que la entidad demandada se encontraba en posición de garante, es decir, que de conformidad con el ordenamiento jurídico estuviera compelida a evitar el resultado(26), al respecto, la Sección Tercera ha dicho:

“Por consiguiente, si bien la imputación fáctica tiene un sustrato material o causal, lo cierto es que no se agota allí, ya que dada su vinculación con ingredientes normativos es posible que en sede de su configuración se establezca que un daño en el plano material sea producto de una acción u omisión de un tercero, pero resulte imputable al demandado siempre que se constate la ocurrencia de cualquiera de los siguientes aspectos: i) con fundamento en el ordenamiento jurídico se tenía el deber de impedir la materialización del daño (posición de garante); ii) con su actividad se incrementó el riesgo permitido (creación de un riesgo jurídicamente desaprobado); o iii) se estaba dentro del ámbito de protección de una norma de cuidado”(27).

Así, pues, forzoso resulta concluir que el daño antijurídico causado a los demandantes por el homicidio del señor José Ignacio Cortés Trejos es jurídicamente imputable exclusivamente a la Policía Nacional, razón por la cual la Sala mantendrá incólume la declaratoria de responsabilidad respecto de ella, absolverá de responsabilidad a la Fiscalía General de la Nación y analizará los perjuicios morales y materiales, según los extremos trazados en la demanda y los parámetros fijados por la jurisprudencia de esta corporación, por ser ello materia de apelación.

6. Indemnización de perjuicios.

a. Perjuicios morales.

Como quiera que el recurso de apelación de los demandantes está dirigido a que se reconozcan los perjuicios morales solicitados en favor de los sobrinos de la víctima directa del daño, la Sala analizará si es procedente o no reconocerles a éstos indemnización alguna por el referido perjuicio inmaterial.

Así las cosas, se tiene que, por la muerte del señor José Ignacio Cortés Trejos, concurrieron al proceso sus sobrinos Juan David Ospina Cortés, José David Cortés González, Juan Sebastián Cortés González, Laura Marcela Cortés Flores, Mariana Cortés Flores, Claudia Marcela, Carlos Felipe y Andrés Camilo Bohórquez Cortés, según se desprende de la demanda y de los poderes conferidos por sus representantes legales (fls. 5, 6 y 8 cdno. 2).

En relación con el parentesco de los mencionados demandantes con el señor José Ignacio Cortés Trejos, obran en el proceso las siguientes pruebas:

1. Registros civiles de nacimiento de los señores José Ignacio, Martha Lucía, Liliana, Diego, Cesar Antonio Cortés Trejos, en los que se indica que son hijos de los señores Juan Antonio Cortés y María Onecifora Trejos (fls. 10, 15, 17, 20 y 24 cdno. 1).

2. Registro civil de nacimiento de Juan David Ospina Cortés, en el que consta que es hijo de los señores Martha Lucía Cortés Trejos y Jaime Ospina Ramírez (fl. 16 cdno. 1).

3. Registros civiles de nacimiento de José David y Juan Sebastian Cortés González, en los que consta que son hijos de los señores Diego Cortés Trejos y María Luisa González (fls. 18 y 19 cdno. 1).

4. Registros civiles de nacimiento de Claudia Marcela, Carlos Felipe y Andrés Camilo Bohórquez Cortés, en los que se indica que son hijos de los señores Liliana Cortés Trejos y Carlos Bohórquez Pulido (fls. 21 a 23 cdno. 1).

5. Registros civiles de nacimiento de Laura Marcela y Mariana Cortés Flores, en los que se consta que son hijos de los señores Tania Flores Reyes y Sergio Cortés Trejos (fls. 25 y 26 cdno. 1).

Respecto del perjuicio moral que sufrieron los sobrinos del señor José Ignacio Cortés Trejos, la señora Julieta izquierdo Muñoz manifestó:

“con los sobrinos era casi un padre, eran un paso (sic) muy fuerte, ellos compartían mucho en las fiestas, él les ayudaba mucho tanto económicamente como moral, en la enfermedad siempre estaba presente” (fl. 2 cdno. 2)

Sobre los mismos hechos, la señora Luz Mery Beltrán Izquierdo relató:

“... la familia en general no soportó la muerte de Sergio y José Ignacio, pues ellos eran el eje de esa familia. Ellos eran los padres de todos los sobrinos, de hecho todos hemos sentido la muerte de estas personas, pues la falta de apoyo moral y económico ha dejado grandes vacíos. Después de esto, los hermanos como Raúl y Néstor debieron huir para proteger sus vidas. El dolor y el sufrimiento causado es irreparable... PREGUNTÓ: Manifieste al despacho como (sic) era la relación de José Ignacio Cortes (sic) Trejos con sus sobrinos, relacionados por usted en la respuesta anterior y que (sic) sucedió después del fallecimiento de José Ignacio Cortes (sic) Trejos. CONTESTO. La relación era más que de tio (sic), era de padre amigo, pues era una sola familia y después de la muerte de él han sentido ese vació (sic) tan inmenso por la falta de esa persona que se preocupaba por ellos, pues siempre les brindaron la ayuda económica para estudiar y salir adelante, el apoyo moral que les brindo (sic) hizo de ellos las personas de bien que son hoy, en la actualidad se encuentran desamparados económicamente” (fl. 5 cdno. 2) (resalta la Sala).

Por su parte, la señora Elcy del Socorro Bustos López manifestó:

“... la familia se vio muy afectada con la ausencia de sus hermanos y de sus tios (sic) pues eran el motor económico para todos y moralmente les ha afectado muchísimo pues ya no hay la alegría cuando ellos estaban ... siempre estaba dispuesto con sus sobrinos para darles una voz de aliento cuando tenían problemas en el colegio o en lo económico si necesitaban algo siempre estaba allí ... la relación de José Ignacio con sus hermanos y sobrinos eran lo mejor del mundo porque se reunían siempre en la casa de su mamá donde estaban todos sus sobrinos y sus hermanos” (fls. 11 y 12 cdno. 2) (resalta la Sala).

De los testimonios transcritos se coligen las relaciones de solidaridad y afecto que existían entre el señor José Ignacio Cortés Trejos y sus sobrinos, así como el padecimiento o la aflicción moral que sufrieron estos últimos por la muerte de su tío.

Según la jurisprudencia del Consejo de Estado, en los eventos en los que una persona fallece o sufre una lesión y ello es imputable al Estado, se desencadena, a cargo de éste, la indemnización de perjuicios morales, de tal manera que las personas que se sientan perjudicadas por dicha situación y hagan parte del grupo familiar más cercano pueden reclamar la indemnización de estos perjuicios acreditando el parentesco con la víctima directa del daño, pues éste se convierte en un indicio suficiente para tener por demostrado el perjuicio moral sufrido, por cuanto las reglas de la experiencia hacen presumir que el daño sufrido por un pariente cercano causa dolor y angustia en quienes conforman su núcleo familiar, en atención a las relaciones de cercanía, solidaridad y afecto, siempre que no existan pruebas que indiquen o demuestren lo contrario.

Respecto de la cuantía de la indemnización de este perjuicio inmaterial, en caso de muerte, la Sala de la Sección Tercera, en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014(28), estableció cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa del daño o causante y quienes acuden a la justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas, así:

Nivel 1. Comprende la relación afectiva propia de las relaciones conyugales y paterno – filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A este nivel corresponde el tope indemnizatorio de 100 SMLMV.

Nivel 2. Se refiere a la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (hermanos, abuelos y nietos). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 50% del tope indemnizatorio.

Nivel 3. Abarca la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 35% del tope indemnizatorio.

Nivel 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil y afines hasta el segundo grado. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 25% del tope indemnizatorio.

Nivel 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 15% del tope indemnizatorio.

Para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros. Para los niveles 3 y 4, además, se requerirá la prueba de la relación afectiva. Para el nivel 5, deberá ser probada la relación afectiva.

Con fundamento en los parámetros anteriores, se reconocerán, por concepto de perjuicios morales, treinta y cinco (35) salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de esta sentencia, en favor de cada uno de los señores Juan David Ospina Cortés, José David Cortés González, Juan Sebastián Cortés González, Laura Marcela Cortés Flores, Mariana Cortés Flores, Claudia Marcela, Carlos Felipe y Andrés Camilo Bohórquez Cortés.

b. Daño inmaterial por vulneración o afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados

La parte demandante solicitó por concepto de “daño a la vida de relación”, la suma de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de las demandantes Claudia Elena Cortés Hernández, Diana Carolina, Daniela Andrea y Catalina Cortés Cortés.

Al respecto, es necesario señalar que, mediante sentencia de 14 de septiembre de 2011, la Sección Tercera de esta corporación precisó la tipología de los perjuicios inmateriales en los siguientes términos:

“La tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de “daño corporal o afectación a la integridad psicofísica” y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta corporación”(29) (Se destaca).

Así las cosas, a partir de dicho pronunciamiento jurisprudencial(30), se estableció una cláusula residual en relación con los perjuicios inmateriales frente a los cuales no es posible adecuarlos bajo el contenido y denominación de “daño moral” o “daño a la salud”, razón por la cual, se les ha clasificado(31) bajo la tipología de daños derivados de “vulneraciones o afectaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados(32)”.

Respecto de dicha tipología de perjuicio la Sección Tercera se ha pronunciado sobre las características de este tipo de perjuicio, en los siguientes términos:

“i) Es un daño inmaterial que proviene de la vulneración o afectación a derechos contenidos en fuentes normativas diversas: sus causas emanan de vulneraciones o afectaciones a bienes o derechos constitucionales y convencionales. Por lo tanto, es una nueva categoría de daño inmaterial.

ii) Se trata de vulneraciones o afectaciones relevantes, las cuales producen un efecto dañoso, negativo y antijurídico a bienes o derechos constitucionales y convencionales.

iii) Es un daño autónomo: no depende de otras categorías de daños, porque no está condicionado a la configuración de otros tradicionalmente reconocidos, como los perjuicios materiales, el daño a la salud y el daño moral, ni depende del agotamiento previo de otros requisitos, ya que su concreción se realiza mediante presupuestos de configuración propios, que se comprueban o acreditan en cada situación fáctica particular.

iv) La vulneración o afectación relevante puede ser temporal o definitiva: los efectos del daño se manifiestan en el tiempo, de acuerdo al grado de intensidad de la afectación, esto es, el impedimento para la víctima directa e indirecta de gozar y disfrutar plena y legítimamente de sus derechos constitucionales y convencionales.

“15.4.2. La reparación del referido daño abarca los siguientes aspectos:

“i) El objetivo de reparar este daño es el de restablecer plenamente a la víctima en el ejercicio de sus derechos. La reparación de la víctima está orientada a: (a) restaurar plenamente los bienes o derechos constitucionales y convencionales, de manera individual y colectiva; (b) lograr no solo que desaparezcan las causas originarias de la lesividad, sino también que la víctima, de acuerdo con las posibilidades jurídicas y fácticas, pueda volver a disfrutar de sus derechos, en lo posible en similares condiciones en las que estuvo antes de que ocurriera el daño; (c) propender para que en el futuro la vulneración o afectación a bienes o derechos constitucionales y convencionales no tengan lugar; y (d) buscar la realización efectiva de la igualdad sustancial.

“ii) La reparación del daño es dispositiva: si bien las medidas de reparación de este tipo de daños pueden serlo a petición de parte, también operan de oficio, siempre y cuando aparezca acreditada su existencia.

“iii) La legitimación de las víctimas del daño: se reconoce a la víctima directa de la lesión como a su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero (a) permanente y los parientes hasta el 1º (sic) de consanguinidad, incluida la relación familiar biológica, la civil derivada de la adopción y aquellas denominadas 'de crianza', en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que se presumen entre ellos.

“iv) Es un daño que se repara principalmente a través de medidas de carácter no pecuniario: se privilegian por excelencia las medidas reparatorias no indemnizatorias; sin embargo, en casos excepcionales cuya reparación integral, a consideración del juez, no sean suficientes, pertinentes, oportunas o posibles podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, mediante el establecimiento de una medida pecuniaria hasta 100 SMLMV, si fuere el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocida con fundamento en el daño a la salud. Ese quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño y/o la naturaleza del bien o derecho afectado”(33).

Bajo esta perspectiva, la Sala ha considerado que, cuando se trata de alteraciones que afectan la calidad de vida de las personas —fuera de los daños corporales o daño a la salud—(34), tales perjuicios se reconocerán bajo la denominación antes mencionada, evento en el cual se podrá solicitar una indemnización adicional a la que se reconoce por el perjuicio moral(35).

Asimismo, según la sentencia transcrita, el reconocimiento de este daño solo procede si está acreditada su existencia, caso en cual: i) se reconoce a favor de la víctima directa, de su cónyuge o compañero (a) permanente y de sus parientes hasta el 1er grado de consanguinidad, incluidos los biológicos, los civiles derivados de la adopción y los de crianza y ii) la reparación se hace a través de medidas no pecuniarias, a menos que, a juicio del juez, éstas no sean suficientes, evento en el que puede darse sólo a la víctima directa un reconocimiento económico de hasta 100 SMLMV.

Dicho perjuicio, como los demás, puede acreditarse a través de cualquier medio probatorio e incluso puede darse por demostrado en consideración a las circunstancias particulares del caso, relacionadas con la afectación grave de algún derecho constitucional convencionalmente protegido, no obstante debe advertirse que no cualquier modificación o incomodidad sin solución de continuidad podría llegar a configurar este perjuicio.

En el presente asunto, advierte la Sala que, si bien la muerte del señor José Ignacio Cortés Trejos ocasionó una afectación a la vida de su familia, ningún elemento de juicio acredita que esa afectación fue de tal entidad que le produjo una alteración transcendental a sus condiciones de existencia o a la de algún miembro de su núcleo familiar o que afectó en gran medida algún derecho constitucional o convencionalmente protegido; por lo tanto, la Sala se abstendrá de efectuar reconocimiento alguno por dicho perjuicio.

c. Perjuicios materiales.

Lucro cesante

En la demanda se indicó que el señor José Ignacio Cortés Trejos era ganadero, tenía un cultivo de arroz y trabajaba como vendedor externo en la inmobiliaria Tequendama.

Si bien con la demanda se allegó una certificación mediante la cual la gerente de la mencionada inmobiliaria indicó que durante 2006 el señor José Ignacio Cortés Trejos prestó sus servicios como vendedor externo y que durante ese año devengó un “sueldo mensual en comisiones” de $ 1.500.000 (fl. 63 cdno. 1), lo cierto es que lo consignado en dicha certificación no coincide con lo que señalaron los testigos que declararon en el proceso, quienes, de manera unánime e inequívoca, señalaron que el señor José Ignacio Cortés Trejos solamente se dedicaba al cultivo y a la comercialización de arroz.

En efecto, en la declaración que rindió la señora Julieta Izquierdo Muñoz señaló (se transcribe tal como obra en el expediente):

PREGUNTADO: Manifieste al despacho a que se dedicaba José Ignacio Cortes Trejos antes de su muerte. CONTESTO: El cultivaba arroz antes de su muerte, alquilaba una finca en Santander de Quilichao para cultivar el arroz, él trabajaba en eso mas no lo cultivaba, es decir era comerciante de arroz” (fl. 2 cdno. 2) (subraya la Sala).

Sobre los mismos hechos, la señora Luz Mery Beltrán Izquierdo manifestó:

José Ignacio era agricultor, cultivaba arroz y de eso provenían sus ingresos” (fl. 5 cdno. 2) (resalta la Sala).

Por su parte, la señora Elcy Socorro Bustos López indicó:

“José Ignacio tenía alquilada una finca en Santander donde cultivaba arroz y del producto de estas ventas sostenía (sic) su hogar y ayudaba a su madre” (fl. 12 cdno. 2) (resalta la Sala).

Así las cosas y ante la ausencia de un contrato que demuestre el vínculo o la relación laboral que existía entre el señor José Ignacio Cortés Trejos y la inmobiliaria Tequendama, la Sala, para determinar la actividad económica que éste ejercía en el momento de su deceso, dará mayor credibilidad a los testimonios que a la referida certificación, toda vez que, en primer lugar, los deponentes de manera clara y unánime señalaron que el señor José Ignacio Cortés Trejos únicamente se dedicaba al cultivo y a la comercialización de arroz, sin que ninguno de ellos señalara que éste ejercía actividades relacionadas con la venta de inmuebles y, en segundo lugar, porque, por la cercanía y el trato que los testigos tenían con la víctima, era posible que ellos supieran de manera concreta las actividades económicas que ésta realizaba.

Ahora, si bien con los testimonios referidos se demostró que el señor José Ignacio Cortés Trejos cultivaba y comercializaba arroz, lo cierto es que no existe prueba alguna que demuestre cuánto devengaba por la actividad económica que desarrollaba, razón por la cual, para efectos del cálculo de la indemnización, se tendrá en cuenta el valor del salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de la presente sentencia, es decir, la suma de $ 737.717(36),

A la suma anterior se le incrementará un 25%, por concepto de prestaciones sociales, para un total de $ 922.146,25 y a dicha cantidad se le deducirá un 25%, monto que se presume que el señor José Ignacio Cortés Trejos destinaba para sus gastos personales; así, el ingreso base de liquidación es la suma de $ 691.609,68, de la cual el 50% corresponde a la base para la liquidación del perjuicio solicitado por su compañera permanente, es decir $ 345.804,84 y el 50% restante para cada una de las hijas de la víctima directa del daño, es decir, la suma de $ 115.268,28.

Lucro cesante consolidado para la señora Claudia Elena Cortés Hernández

Para el cálculo del perjuicio se aplicará la fórmula matemático-actuarial utilizada por la jurisprudencia para tal efecto, la cual se expresa en los siguientes términos:

S = Ra (1+ i)n - 1

i

Donde Ra es la renta actualizada que corresponde a esta persona ($ 345.804,84), “i” es una constante y “n” el número de meses trascurridos desde la fecha de los hechos (31 de mayo de 2007) hasta la fecha de esta sentencia, para un total de 117,5 meses.

Aplicando la fórmula, se tiene:

S = $ 345.804,84 (1+ 0.004867)117,5 - 1

0.004867

S = $ 125’697.997.

Lucro cesante consolidado para Diana Carolina Cortés Cortés

La indemnización se calculará desde la fecha de la muerte del causante (31 de mayo de 2007) hasta la fecha de esta sentencia, por cuanto para este tiempo su hija aún no ha cumplido 25 años de edad(37) —momento hasta el cual se presume la dependencia económica de los hijos respecto de sus padres—.

Para el cálculo del perjuicio se aplicará la fórmula matemático-actuarial utilizada por la jurisprudencia para tal efecto, la cual se expresa en los siguientes términos:

S = Ra (1+ i)n - 1

I

Donde Ra es la renta actualizada que corresponde a esta persona ($ 115.268,28), “i” es una constante y “n” corresponde al número de meses trascurridos desde la fecha de los hechos (31 de mayo de 2007) hasta la fecha de esta sentencia, para un total de 117,5 meses.

Aplicando la fórmula, se tiene:

S = $ 115.268,28 (1+ 0.004867)117,5 - 1

0.004867

S = $ 41’899.332

Lucro cesante consolidado para Daniela Andrea Cortés Cortés.

La indemnización se calculará desde la fecha de la muerte del causante (31 de mayo de 2007) hasta la fecha de esta sentencia, por cuanto para este tiempo su hija aún no ha cumplido 25 años de edad(38) —momento hasta el cual se presume la dependencia económica de los hijos respecto de sus padres—.

Para el cálculo del perjuicio se aplicará la fórmula matemático-actuarial utilizada por la jurisprudencia para tal efecto, la cual se expresa en los siguientes términos:

S = Ra (1+ i)n - 1

I

Donde Ra es la renta actualizada que corresponde a esta persona ($ 115.268,28), “i” es una constante y “n” corresponde al número de meses trascurridos desde la fecha de los hechos (31 de mayo de 2007) hasta la fecha de esta sentencia, para un total de 117,5 meses.

Aplicando la fórmula, se tiene:

S = $ 115.268,28 (1+ 0.004867)117,5 - 1

0.004867

S = $ 41’899.332

Lucro cesante consolidado para Catalina Cortés Cortés

La indemnización se calculará desde la fecha de la muerte del causante (31 de mayo de 2007) hasta la fecha de esta sentencia, por cuanto para este tiempo su hija aún no ha cumplido 25 años de edad(39) —momento hasta el cual se presume la dependencia económica de los hijos respecto de sus padres—.

Para el cálculo del perjuicio se aplicará la fórmula matemático-actuarial utilizada por la jurisprudencia para tal efecto, la cual se expresa en los siguientes términos:

S = Ra (1+ i)n - 1

I

Donde Ra es la renta actualizada que corresponde a esta persona ($ 115.268,28), “i” es una constante y “n” corresponde al número de meses trascurridos desde la fecha de los hechos (31 de mayo de 2007) hasta la fecha de esta sentencia, para un total de 117,5 meses.

Aplicando la fórmula, se tiene:

S = $ 115.268,28 (1+ 0.004867)117,5 - 1

0.004867

S = $ 41’899.332

Lucro cesante futuro

Como quiera que en la demanda se solicitó el reconocimiento de dicho perjuicio con acrecimiento, la Sala lo liquidará de esa forma, con base en los criterios establecidos en la sentencia de unificación de 22 de abril de 2015, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la cual se indicó:

“Además de que existe suficiente prueba testimonial que corrobora el apoyo económico que cada fallecido le brindaba a su grupo familiar, esta colaboración también se infiere de las exigencias constitucionales relativas a la protección del núcleo básico de la sociedad y, en especial, del deber ser decantado a la luz del modelo abstracto del buen padre, sobre el que durante siglos se ha estabilizado la unidad y los vínculos de solidaridad familiar, los que no tendrían que afectarse por la pérdida de alguno de sus integrantes y de ocurrir tendría que ser compensada sin mengua, particularmente cuando se trata de alguno de los proveedores del grupo familiar. (sic) Mismo que se da a la manera de distribuir los recursos acorde como acrecen algunas necesidades del grupo familiar en tanto otras se solventan. Siendo así, para efectos de la liquidación de la ayuda dejada de percibir, se acogerá el planteamiento de las demandas y el recurso para calcular el aporte del padre a los hijos, hasta cuando los descendientes no discapacitados cumplan 25 años, época en la que se supone la independencia. Parámetro que ya viene siendo utilizado en la jurisprudencia de la corporación.

“Para la Sala, también deviene razonable y ajustado a la eficacia de la protección constitucional del núcleo familiar, a las exigencias de justicia, equidad y reparación integral, de que tratan las disposiciones de los artículos 2°, 42, 90 y 230 constitucionales, 16 de la Ley 446 de 1998 y al deber ser exigible conforme con el modelo abstracto de buen padre que se predica de cada uno de los progenitores, el sólido y reiterado planteamiento de los accionantes en el sentido de que la porción que deja de percibir un hijo, al cumplir la edad de ordinaria independencia económica, debe acrecer la de sus hermanos y madre y así sucesivamente.

“(...)

“En ese mismo orden, la aplicación de la equidad, como criterio de comparación de la solución menos injusta —teoría del análisis comparativo de la justicia—, (sic) permite concluir que quien no recibe el acrecimiento, (sic) sufre una situación de injusticia, comoquiera que debe tratarse de la distribución equitativa del patrimonio familiar destinado a la satisfacción del núcleo familiar en su universalidad. (sic) De donde resulta que, aun haciendo caso omiso de la existencia del derecho íntegro a la ayuda fundada en los vínculos de unidad y solidaridad del grupo, la solución menos injusta, a la luz de la equidad y que propende de una mejor forma por la reparación integral, se acompasa con la aplicación del acrecimiento en la indemnización del lucro cesante.

“Siendo así, la Sala no encuentra razón para negarle a los demandantes su derecho al acrecimiento del lucro cesante, cuando en la línea temporal para unos se vaya extinguiendo el derecho a la porción, pues, de no haber ocurrido la muerte de los padres y cónyuges de los actores, lo que habría ocurrido al tenor del derecho fundamental a mantener la unidad, los vínculos de solidaridad familiar y del deber ser al que se debe el buen padre de familia, es que, cuando, por el transcurso del tiempo, en la economía de las familias estables se liberan obligaciones frente a uno de sus integrantes, ello permite el incremento normal que demanda la atención de los restantes, cuyas necesidades, para entonces, son más exigentes en términos de costos.

“En suma, el tridente de los principios de justicia, equidad y reparación integral resulta de la mayor importancia, en cuanto fundamentan jurídica y axiológicamente el lucro cesante con acrecimiento, toda vez que se trata de la indemnización que realiza el deber ser que habrá de acompañar la distribución del patrimonio del buen padre de familia.

“Así, a los integrantes del grupo familiar que dejaron de percibir la ayuda económica del fallecido se les liquidará el lucro cesante con el acrecimiento al que tienen derecho, por el hecho de extinguirse la concurrencia de cada uno de los demás miembros que limitaba la participación en los recursos destinados a la satisfacción de las necesidades del núcleo familiar.

“A esos efectos se fijan las cuotas de participación de forma que, alcanzada la edad en que de ordinario se logra la independencia económica de los hijos no discapacitados o agotado el tiempo de la expectativa de vida, la participación dejada de percibir por cada uno se reparte entre los restantes a los que, conforme con las reglas de la liquidación, aún les asiste el derecho a la porción y así sucesivamente. Se debe tener en cuenta, además, que a partir de la fecha en que todos los hijos alcanzan la autonomía económica, el trabajador habría aumentado las reservas para sus propias necesidades. Y, en esas circunstancias, la distribución será del 50% de los ingresos totales para cada consorte, cónyuge o compañero(a), siendo este porcentaje la proporción que se reconocerá al cónyuge supérstite, a partir de entonces”(40) (resalta la Sala).

Si bien en el presente caso el acrecimiento del lucro cesante se solicitó únicamente en favor de la compañera permanente de la víctima, la Sala, de conformidad con los parámetros de acrecimiento establecidos en la sentencia transcrita(41), a medida de que cada una de las hijas de la víctima alcance su independencia económica, es decir, cuando cumpla 25 años de edad, acrecerá el ingreso base de liquidación de su compañera y de sus hijas, teniendo en cuenta que en la sentencia que se acaba de transcribir se dijo que la porción que deja de recibir un hijo cuando cumple la edad de ordinaria independencia económica, debe acrecer la porción de su progenitor y la de sus hermanos.

Así las cosas, el lucro cesante futuro para cada una de las demandantes se liquidará en cuatro períodos, los cuales corresponde a: i) el tiempo transcurrido entre la fecha de esta sentencia y el día en que la mayor de las hijas de la víctima (Diana Carolina Cortés Cortés) cumpla 25 años de edad, ii) el tiempo transcurrido entre el día siguiente en que Diana Carolina Cortés Cortés cumpla 25 años de edad y el día en que su hermana Daniela Andrea cumpla esa misma edad, iii) el tiempo transcurrido entre el día siguiente en que Daniela Andrea cumpla 25 años y el día en que su hermana menor Catalina Cortés Cortés cumpla esa misma edad y iv) desde cuando Catalina Cortés Cortés cumpla 25 años hasta la edad de vida probable del señor José Ignacio Cortés Trejos, por ser este mayor que su compañera permanente Claudia Elena Cortés Hernández.

Lucro cesante futuro (primer período) para la señora Claudia Elena Cortés Hernández.

Como quiera que su hija Diana Carolina cumple 25 años de edad el 9 de noviembre de 2017 y lo que ella reciba hasta ese momento(42) acrecienta la parte de su progenitora y la de sus otras hermanas, el primer período de lucro cesante futuro de la señora Claudia Elena Cortés Hernández se liquidará desde la fecha de esta sentencia hasta el 9 de noviembre de 2017.

Para el cálculo del perjuicio se aplicará la fórmula matemático-actuarial utilizada por la jurisprudencia para tal efecto, la cual se expresa en los siguientes términos:

S = Ra (1+ i)n - 1

i (1+ i) n

Donde Ra es la renta actualizada que corresponde a esta persona ($ 345.804,84), “i” es una constante y “n” corresponde al número de meses trascurridos desde el día siguiente de esta sentencia hasta que la mayor de sus hijas cumpla 25 años de edad, esto es, 7, 76 meses.

Aplicando la fórmula, se tiene:

S = $ 345.804,84 (1 + 0.004867) 7,76 - 1

0.004867 (1+ 0.004867)7,76

S = $ 2’627.135,34

Lucro cesante futuro para Diana Carolina Cortés Cortés

Para el cálculo del perjuicio, el período indemnizable es el comprendido entre la fecha de esta sentencia y la fecha en que ella cumpla 25 años de edad, es decir, hasta el 9 de noviembre de 2017.

Para la liquidación, se aplicará la fórmula matemático-actuarial utilizada por la jurisprudencia para la liquidación de dicho perjuicio, la cual se expresa en los siguientes términos:

S = Ra (1+ i)n - 1

i (1+ i) n

Donde Ra es la renta actualizada que corresponde a esta persona ($ 115.268,28), “i” es una constante y “n” el período recién mencionado, equivalente a 7,76 meses, así:

S = $ 115.268,28 (1 + 0.004867)7,76 - 1

0.004867 (1+ 0.004867)7,76

S = $ 875.711,78.

Lucro cesante futuro (primer período) para Daniela Andrea Cortés Cortés

Para el cálculo del perjuicio se aplicará la fórmula matemático-actuarial utilizada por la jurisprudencia para tal efecto, la cual se expresa en los siguientes términos:

S = Ra (1+ i)n - 1

i (1+ i) n

Donde Ra es la renta actualizada que corresponde a esta persona ($ 115.268,28), “i” es una constante y “n” corresponde al número de meses (7,76) trascurridos desde el día siguiente de esta sentencia hasta la fecha en que su hermana mayor (Diana Carolina) cumpla 25 años de edad, es decir, el 9 de noviembre de 2017, puesto que lo que ella recibía hasta ese momento, acrecienta en adelante el ingreso base de liquidación de su progenitora y el de sus hermanas menores.

Aplicando la fórmula, se tiene:

S = $ 115.268,28 (1 + 0.004867)7,76 - 1

0.004867 (1+ 0.004867)7,76

S = $ 875.711,78.

Lucro cesante futuro (primer período) para Catalina Cortés Cortés

Para el cálculo del perjuicio se aplicará la fórmula matemático-actuarial utilizada por la jurisprudencia para tal efecto, la cual se expresa en los siguientes términos:

S = Ra (1+ i)n - 1

i (1+ i) n

Donde Ra es la renta actualizada que corresponde a esta persona ($ 115.268,28), “i” es una constante y “n” corresponde al número de meses (7,76) trascurridos desde el día siguiente de esta sentencia hasta la fecha en que su hermana mayor (Diana Carolina) cumpla 25 años de edad, es decir, el 9 de noviembre de 2017, puesto que lo que ella recibía hasta ese momento, acrecienta en adelante el ingreso base de liquidación de su progenitora y el de sus hermanas menores.

Aplicando la fórmula, se tiene:

S = $ 115.268,28 (1 + 0.004867)7,76 - 1

0.004867 (1+ 0.004867)7,76

S = $ 875.711,78.

Lucro cesante futuro (segundo período) para la señora Claudia Elena Cortés Hernández

Para el cálculo del perjuicio se aplicará la fórmula matemático-actuarial utilizada por la jurisprudencia para tal efecto, la cual se expresa en los siguientes términos:

S = Ra (1+ i)n - 1

i (1+ i) n

Donde Ra es la renta actualizada que corresponde a esta persona ($ 384.227,60, pues la parte que dejó de recibir su hija Diana Carolina acrecentó en $ 38.422,76 su ingreso base de liquidación), “i” es una constante y “n” corresponde al número de meses (62) trascurridos desde el día siguiente en el que su hija Diana Carolina cumpla 25 años de edad, esto es, el 9 de noviembre de 2017, hasta el 9 de enero de 2023, es decir, cuando su hija Daniela Andrea cumpla 25 años de edad, pues lo que ella reciba hasta ese momento(43) acrecienta en adelante la parte de su progenitora y la de su hermana menor.

Así las cosas, el cálculo del segundo período de lucro cesante futuro de la señora Claudia Elena Cortés Hernández es:

S = $ 384.227,6 (1 + 0.004867)62 - 1

0.004867 (1+ 0.004867)62

S = $ 20’520.970,83

Lucro cesante futuro (segundo período) para Daniela Andrea Cortés Cortés

Para el cálculo del perjuicio, el período indemnizable es el comprendido entre la fecha en que su hermana mayor cumplió 25 años, esto es, el 9 de noviembre de 2017, hasta el día en que ella cumpla 25 años de edad, es decir, el 9 de enero de 2023.

Para la liquidación, se aplicará la fórmula matemático-actuarial utilizada por la jurisprudencia, la cual se expresa en los siguientes términos:

S = Ra (1+ i)n - 1

i (1+ i) n

Donde Ra es la renta actualizada que corresponde a esta persona ($ 153.691,04, pues la parte que dejó de recibir su hermana Diana Carolina acrecentó en $ 38.422,76 su ingreso base de liquidación), “i” es una constante y “n” el período recién mencionado, equivalente a 62 meses, así:

S = $ 115.268,28 (1 + 0.004867)62 - 1

0.004867 (1+ 0.004867)62

S = $ 8’208.388,33.

Lucro cesante futuro (segundo período) para Catalina Cortés Cortés

Para el cálculo del perjuicio se aplicará la fórmula matemático-actuarial utilizada por la jurisprudencia para tal efecto, la cual se expresa en los siguientes términos:

S = Ra (1+ i)n - 1

i (1+ i) n

Donde Ra es la renta actualizada que corresponde a esta persona ($ 153.691,04, pues la parte que dejó de recibir su hermana Diana Carolina acrecentó en $ 38.422,76 su ingreso base de liquidación), “i” es una constante y “n” corresponde al número de meses (62) trascurridos desde el día siguiente en que su hermana Diana Carolina cumpla 25 años de edad, esto es, el 9 de noviembre de 2017, hasta el 9 de enero de 2023, es decir, cuando su hermana Daniela Andrea cumpla 25 años de edad, pues lo que ella reciba hasta ese momento(44) acrecienta en adelante la parte de su progenitora y la suya .

Así las cosas, el cálculo del segundo período de lucro cesante futuro de Catalina Cortés Cortés es:

S = $ 384.227,6 (1 + 0.004867)62 - 1

0.004867 (1+ 0.004867)62

S = $ 20’520.970,83

Lucro cesante futuro (tercer período) para la señora Claudia Elena Cortés Hernández

Para el cálculo del perjuicio se aplicará la fórmula matemático-actuarial utilizada por la jurisprudencia para tal efecto, la cual se expresa en los siguientes términos:

S = Ra (1+ i)n - 1

i (1+ i) n

Donde Ra es la renta actualizada que corresponde a esta persona ($ 461.073,12, pues la parte que dejó de recibir su hija Daniela Andrea acrecentó en $ 76.845,52 su ingreso base de liquidación), “i” es una constante y “n” corresponde al número de meses (43,50) trascurridos desde el día siguiente en el que su hija Daniel Andrea cumpla 25 años de edad, esto es, el 9 de enero de 2023, hasta el 24 de agosto de 2026, es decir, cuando su hija Catalina cumpla 25 años de edad, pues lo que ella reciba hasta ese momento(45) acrecienta en adelante la parte de su progenitora.

Así las cosas, el cálculo del tercer período de lucro cesante futuro de la señora Claudia Elena Cortés Hernández es:

S = $ 461.073,12 (1 + 0.004867)43,50 - 1

0.004867 (1+ 0.004867)43,50

S = $ 18’036.385,41

Lucro cesante futuro (tercer período) para Catalina Cortés Cortés

Para el cálculo del perjuicio, el período indemnizable es el comprendido entre la fecha en que su hermana Daniela Andrea cumplió 25 años, esto es, el 9 de enero de 2023, hasta el día en que ella cumpla 25 años de edad, es decir, el 24 de agosto de 2026.

Para la liquidación, se aplicará la fórmula matemático-actuarial utilizada por la jurisprudencia para la liquidación de dicho perjuicio, la cual se expresa en los siguientes términos:

S = Ra (1+ i)n - 1

i (1+ i) n

Donde Ra es la renta actualizada que corresponde a esta persona ($ 230.536,56, pues la parte que dejó de recibir su hermana Daniela Andrea acrecentó en $ 76.845,52 su ingreso base de liquidación), “i” es una constante y “n” el período recién mencionado, equivalente a 43,50 meses, así:

S = $ 230.536,56 (1 + 0.004867)43,50 - 1

0.004867 (1+ 0.004867)43,50

S = $ 9’018.192,70

Lucro cesante futuro (cuarto período) para la señora Claudia Elena Cortés Hernández

Para el cálculo del perjuicio se aplicará la fórmula matemático-actuarial utilizada por la jurisprudencia para tal efecto, la cual se expresa en los siguientes términos:

S = Ra (1+ i)n - 1

i (1+ i) n

Donde Ra es la renta actualizada que corresponde a esta persona ($ 345.804,84)(46), “i” es una constante y “n” corresponde al número de meses trascurridos desde el día siguiente en el que su hija Catalina cumpla 25 años de edad, esto es, el 24 de agosto de 2026, hasta la vida probable que le quedaba al occiso en el momento en que se produjo su muerte(47), pues él era el mayor de los dos; así y de conformidad con las tablas de supervivencia, la vida probable restante de la víctima, tomando como referencia su edad para el momento de los hechos (37,4 años de edad), se estima en 39,58 años, es decir, 479,96 meses, pero a éstos se les restarán los 230,76 meses con los cuales se calculó el lucro cesante consolidado y futuro hasta este período de liquidación, para un total de 244,2 meses.

Aplicando la fórmula, se tiene:

S = $ 345.804,84 (1 + 0.004867) 244,2 - 1

0.004867 (1+ 0.004867)244,2

S = $ 49’341.240,13.

En este orden de ideas, sumados los valores de la indemnización por lucro cesante consolidado y futuro, se obtienen las siguientes sumas:

— Para la señora Claudia Elena Cortés Hernández $ 103’223.729.

— Para Diana Carolina Cortés Cortés $ 42’775.043,80.

— Para Daniela Andrea Cortés Cortés $ 50’983.432,10.

— Para Catalina Cortés Cortés $ 72’314.207.

7. Condena en costas.

En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia de 19 de octubre de 2011, proferida por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, en su lugar, se dispone:

1. DECLÁRASE a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional patrimonialmente responsable por la muerte del señor José Ignacio Cortés Trejos, ocurrida el 31 de mayo de 2007, en la ciudad de Santiago de Cali, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. CONDÉNASE a la a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional a pagar, a las personas que a continuación se relacionan, las siguientes sumas de dinero, por concepto de perjuicios morales:

Claudia Elena Cortés Hernández (compañera)100 smlv

Diana Carolina Cortés Cortés (hija)100 smlv

Daniela Andrea Cortés Cortés (hija)100 smlv

Catalina Cortés Cortés (hija)100 smlv

María Onecifora Trejos (madre)100 smlv

Martha Lucía Cortés Trejos (hermana)50 smlv

Liliana Cortés Trejos (Hermana)50 smlv

Diego Cortés Trejos (hermano)50 smlv

Cesar Antonio Cortés Trejos (hermano)50 smlv

Juan David Ospina Cortés (sobrino)35 smlv

José David Cortés González (sobrino)35 smlv

Juan Sebastian Cortés González (sobrino)35 smlv

Claudia Marcela Bohórquez Cortés (sobrina)35 smlv

Carlos Felipe Bohórquez Cortés (sobrino)35 smlv

Andres Camilo Bohórquez Cortés (sobrino)35 smlv

Laura Marcela Cortés Flores (sobrina)35 smlv

Mariana Cortés Flores (sobrina)35 smlv

3. CONDÉNASE a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional a pagar por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, las siguientes sumas:

Para la señora Claudia Elena Cortés Hernández$ 103’223.729.

Para Diana Carolina Cortés Cortés$ 42’775.043,80.

Para Daniela Andrea Cortés Cortés$ 50’983.432,10.

Para Catalina Cortés Cortés$ 72’314.207.

4. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

5. Sin condena en costas.

6. Dése cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil; para tal efecto, el tribunal de instancia cumplirá los dictados del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.

7. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Hernán Andrade Rincón—Marta Nubia Velásquez Rico—Carlos Alberto Zambrano Barrera».

3 De conformidad con lo dispuesto en la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 26 de enero de 2017.

4 Cifra que resulta de multiplicar 1.850 por el salario mínimo vigente en el 2008 ($ 461.500).

5 La cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en 2008, tuviera vocación de segunda instancia ante el Consejo de Estado era de $ 230’750.000.

6 Fecha en la que falleció el señor José Ignacio Cortés Trejos, según se observa en el certificado de registro civil de defunción que obra en el folio 28 del cuaderno 1.

7 Fls. 148 y 149 cdno. 1.

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de julio 7 de 2005, Exp. 20.300.

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de febrero 21 de 2002, Exp. 12.789.

10 En sentencia de 11 de octubre de 1990, Exp. 5737, dijo la Sala: “Cuando se trata de la falla del servicio originada en la omisión por la administración en la prestación de un servicio o en el cumplimiento de una obligación impuesta por la ley o los reglamentos, es necesario que aparezca demostrado no sólo (sic) que se pidió concretamente la protección o la vigilancia de la autoridad ante determinado hecho ilícito que puede causar o está causando daño o que las circunstancias que rodeaban el hecho o las personas en él involucradas imponían una especial protección o vigilancia y que tal protección no se prestó”. Con fundamento en ese título de imputación, se accedió a las pretensiones de los demandantes en sentencias de la Sala Plena de 16 de julio de 1996 (Exp. 422) y de la Sección de 11 de diciembre de 1990 (Exp. 5417), de 21 de marzo de 1991 (Exp. 5595), de 19 de agosto de 1994 (Exp. 9276 y 8222), de16 de febrero de 1995 (Exp. 9040), de 30 de marzo de 1995 (Exp. 9459), de 27 de julio de 1995, de 14 de marzo de 1996 (Exp. 10.949), de 11 de julio de 1996 (Exp. 10.822) y de 30 de octubre de 1997 (Exp. 10.958), entre muchas otras.

11 “Se ha dicho que al Estado se le deben exigir los medios que corresponden a su realidad, haciendo caso omiso de las utopías y de la concepción ideal del Estado perfecto, omnipotente y omnipresente. A esto se ha llamado la teoría de la relatividad del servicio, a fin de no pedir más de lo posible, pero con la misma lógica debe concluirse que el Estado debe todo cuanto esté a su alcance” (sentencia de esta Sección, del 15 de febrero de 1996, Exp. 9940).

12 Ver, entre otras, sentencias de 11 de octubre de 1990 (Exp. 5737), de 15 de febrero de 1996 (Exp. 9940), de 19 de junio de 1997 (Exp. 11.875), de (30 de octubre de 1997 (exp.10.958) y de 5 de marzo de 1998 (Exp. 10.303).

13 Precisión realizada por la Sala en providencia de 10 de agosto de 2000 (Exp. 11.585).

14 Así, por ejemplo, en sentencia de 11 de octubre de 1990 (Exp. 5737), dijo la Sala “Es cierto que en los términos del artículo 16 de la Constitución Política las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes y que a partir de este texto se fundamente (sic) la responsabilidad del Estado, pero también lo es que esa responsabilidad no resulta automáticamente declarada cada vez que una persona es afectada en tales bienes pues la determinación de la falla que se presente en el cumplimiento de tal obligación depende en cada caso de la apreciación a que llegue el juzgador acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, como se hubieren sucedido los hechos así como de los recursos con que contaba la administración para prestar el servicio, para que pueda deducir que la falla se presentó y que ella no tiene justificación alguna, todo dentro de la idea de que ‘nadie es obligado a lo imposible’. Así lo ha reconocido en varias oportunidades esta Sala y al efecto puede citarse la sentencia del 7 de diciembre de 1977 en donde señaló: ‘Hay responsabilidad en los casos en que la falta o falla administrativa es el resultado de omisiones actuaciones, extralimitaciones en los servicios que el Estado está en capacidad de prestar a los asociados, mas no en los casos en que la falta tiene su causa en la imposibilidad absoluta por parte de los entes estatales de prestar un determinado servicio’” (Exp. 1564, actor: Flota La Macarena, Anales, Segundo Semestre 1977).

15 Al respecto, ver sentencia de 14 de mayo de 1998, Exp. 12.175.

16 Sentencia del 23 de mayo de 1994, Exp. 7616.

17 Sentencia de 26 de septiembre de 2002, Exp. 14.122.

18 “...conforme a los principios decantados por la jurisprudencia nacional, la relación de causalidad sólo tiene relevancia para el derecho cuando responde a criterios de naturaleza jurídica, más allá de la simple vinculación física entre un comportamiento y un resultado; así, no parece necesario recurrir al análisis de la ‘virtualidad causal de la acción’, propuesto por el profesor Entrena Cuesta, para reemplazar el citado elemento de la obligación de indemnizar, sin perjuicio de que dicho análisis resulte útil para demostrar, por la vía de un argumento activo, el nexo adecuado existente entre la omisión y el daño producido. A ello alude, precisamente, la determinación de la posibilidad que tenía la administración para evitar el daño” (sentencia de 21 de febrero de 2002, Exp. 12.789).

19 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de febrero de 1996, Exp. 9.940.

20 Diario Oficial 40.190 de 30 de noviembre de 1991.

21 Diario Oficial 42.932 de diciembre 4 de 1996.

22 Diario Oficial 47.089 de 22 de agosto de 2008.

23 “Por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un establecimiento público de seguridad social y bienestar para la Policía Nacional, se crea la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de facultades extraordinarias al Presidente de la República” (Diario Oficial 40.987 del 12 de agosto de 1993).

24 Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha determinado: “En una teoría de la imputación objetiva construida sobre las posiciones de garante, predicable tanto de los delitos de acción como de omisión, la forma de realización externa de la conducta, es decir, determinar si un comportamiento fue realizado mediante un curso causal dañoso o mediante la abstención de una acción salvadora, pierde toda relevancia porque lo importante no es la configuración fáctica del hecho, sino la demostración de sí una persona ha cumplido con los deberes que surgen de su posición de garante. Si alguien tiene deberes de seguridad en el tráfico, lo trascendente para la imputación es si esa persona desplegó deberes de diligencia para evitar que el peligro creado no excediera los límites de lo prohibido. Si se es garante, no interesa si el sujeto originó un curso causal (acción) o no impidió el desarrollo del mismo (omisión), sino, si ha cumplido con los deberes de seguridad que le impone el ejercicio de una actividad peligrosa”. Corte Constitucional, Sentencia SU-1184 de 2001.

25 Con constancia de recibido por parte de un agente de la Policía Nacional el 19 de mayo de 2007 (fl. 32 cdno. 1).

26 Ver sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, 11 de agosto de 2011 (Exp. 20325).

27 Sentencia del 18 de febrero de 2010, Exp. 18274.

28 Exp. 27.709, actor Adriana Cortés Pérez y otras.

29 Consejo de Estado, sentencia de Sala Plena del 14 de septiembre de 2011, Rad. 19031 y 38222, M.P. Enrique Gil Botero.

30 Para efectos de apreciar la línea de evolución de los perjuicios inmateriales, se destacan las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Tercera, en sentencia del 1º de julio de 1993 —Rad. 7772, M.P. Daniel Suárez Hernández—, respaldó la anterior tesis, la cual fue reiterada en el fallo del 6 de mayo de 1993 —Rad. 7428, M.P. Julio Cesar Uribe— Acosta, en la que se precisó que esta categoría es una especie de resurrección del hombre “abatido por los males del cuerpo, y también por los daños que atacan el espíritu, [se] orienta [a] la indemnización del daño fisiológico o la vida de relación”. En sentencia del 25 de septiembre de 1997 —Rad. 10421, M.P. Ricardo Hoyos Duque—, la Sección Tercera cambió la expresión “perjuicio fisiológico” por el concepto de “perjuicio de placer”, asimilándolo al de “daño a la vida de relación”. Más tarde, en sentencia del 19 de julio de 2000 —Rad. 11842, M.P. Alier Hernández Enríquez—, precisó que este de daño de orden inmaterial debía denominarse “daño a la vida de relación”, por cuanto se trata de un concepto más adecuado que el “perjuicio fisiológico”: “el perjuicio aludido no consiste en la lesión en sí misma, sino en las consecuencias que, en razón de ella, se producen en la vida de relación de quien la sufre”, afectación inmaterial que puede tener origen en una lesión física o corporal, como también, por ejemplo, en una acusación calumniosa o injuriosa, en la discusión del derecho al uso del propio nombre o la utilización de este por otra persona, en un sufrimiento muy intenso o, incluso, en un menoscabo al patrimonio o una pérdida económica. Se debe recordar que en pretérita ocasión, antes de la Constitución Política de 1991, la Corte Suprema de Justicia tuvo la oportunidad de acoger el término “daño a la persona”, para señalar que consiste en un “(...) desmedro a la integridad física o mental, o en injuria al honor, la libertad o la intimidad”. Posteriormente, en decisiones de 15 de agosto y 18 de octubre de 2007 —Rad. 2002-00004-01(AG) y 2001-00029-01(AG)— la Sección Tercera cambió su denominación y lo denominó “alteración grave a las condiciones de existencia”, la cual se acredita respecto de las condiciones de existencia previas, con las características de ser graves, drásticas y extraordinarias: “En esta oportunidad la Sala aprovecha para, en aras de precisión y rigor en la nomenclatura, dejar de lado el nomen que hasta ahora se ha venido utilizando —en ocasiones de manera inadecuada o excesiva— para acudir al concepto de daño por alteración grave de las condiciones de existencia, el cual ofrece mayor amplitud que el anterior y abarca no sólo la relación de la víctima con el mundo exterior, sino, de manera más general, esos cambios bruscos y relevantes a las condiciones de una persona en cuanto tal y como expresión de la libertad y el albedrío atributos esenciales a la dignidad humana principio fundante del Estado Social de Derecho colombiano y de su ordenamiento jurídico, según consagra el artículo 1° de la Constitución Política (...) El reconocimiento de indemnización por concepto del daño por alteración grave de las condiciones de existencia es un rubro del daño inmaterial -que resulta ser plenamente compatible con el reconocimiento del daño moral-, que, desde luego, debe acreditarse en el curso del proceso por quien lo alega y que no se produce por cualquier variación menor, natural o normal de las condiciones de existencia, sino que, por el contrario, solamente se verifica cuando se presenta una alteración anormal y, por supuesto, negativa de tales condiciones”. Finalmente, las providencias de 14 de septiembre de 2011 —Rad. 19.031 y 38.222—, antes citadas, sistematizaron la tipología de los daños inmateriales, así: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico), cuando se deriva de una lesión corporal y iii) daños a bienes constitucionales.

31 Por ejemplo perjuicios como “daño en la vida de relación” y “alteración grave a las condiciones de existencia”.

32 En este caso como se dejó visto se solicitó indemnización por perjuicios relacionados con “la alteración grave a las condiciones de existencia”.

33 Consejo de Estado, sentencia unificación jurisprudencial de Sala de la Sección Tercera del 28 de agosto de 2014 (Exp. 32.988).

34 Respecto del perjuicio por el denominado “daño a la salud” consultar, Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 28 de marzo de 2012, Exp. 22.163, demandante: Luis Carlos González Arbeláez y otros.

35 Cf. Consejo de Estado. Sección Tercera, sentencia de 1 de noviembre de 2007, Exp. 16.407.

36 Salario mínimo legal mensual vigente para el año 2017.

37 Según el registro civil de nacimiento visible a folio 12 del cuaderno 1, nació el 9 de noviembre de 1992, es decir, cumple 25 años de edad, el 9 de noviembre de 2017.

38 Según el registro civil de nacimiento visible a folio 13 del cuaderno 1, nació el 9 de enero de 1998, es decir, cumple 25 años de edad, el 9 de enero de 2023.

39 Según el registro civil de nacimiento visible a folio 14 del cuaderno 1, nació el 24 de agosto de 2001, es decir, cumple 25 años de edad, el 24 de agosto de 2026.

40 Exp. 19.146.

41 Los cuales el ponente de esta decisión no comparte, pero acata.

42 A partir de ese momento se presume su dependencia de sus padres.

43 A partir de ese momento se presume su dependencia de sus padres.

44 A partir de ese momento se presume su dependencia de sus padres.

45 A partir de ese momento se presume su dependencia de sus padres.

46 Según la jurisprudencia de unificación de la Sala, cuando todas las hijas del occiso cumplieran 25 años de edad, el ingreso base de liquidación de su compañera permanente se calculará sobre el 50% de los ingresos remanentes, pues ante la independencia económica de sus hijas, la víctima habría aumentado las reservas o ahorros para sus propias necesidades, quedando con esta distribución el 50% de los ingresos restantes para su consorte.

47 La víctima, al momento de su muerte tenía 37, 4 años de edad, mientas que su esposa, para la misma época, tenía 32,2 años.