SENTENCIA 2008-00934/42390 DE AGOSTO 29 DE 2016

 

Sentencia 2008-00934/42390 de agosto 29 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Rad.: 760012331000200800934 01

Exp.: 42390

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Luis Carlos Ospina Ocampo y otros

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá D.C., agosto de agosto de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones

III. Competencia

12. La Sala observa que es competente para resolver el sub júdice, iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en atención a la naturaleza del asunto. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad. Además, fijó en cabeza de los tribunales administrativos la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía(3).

12.1. De otro lado, se tiene que el presente proceso versa, entre otras cosas, sobre la supuesta privación injusta de la libertad a la que se vio expuesto el demandante, motivo por el cual este puede ser resuelto sin sujeción estricta al turno de entrada al despacho, toda vez que mediante acuerdo de la Sala Plena de la Sección Tercera de esta corporación, contenido en el acta n.° 10 del 25 de abril de 2013, se dispuso lo siguiente: “La sala aprueba que los expedientes que están para fallo en relación con (i) privación injusta de la libertad, (ii) conscriptos y (iii) muerte de personas privadas de la libertad, podrán fallarse por las subsecciones, sin sujeción al turno, pero respetando el año de ingreso al Consejo de Estado”.

IV. Hechos probados

13. De conformidad con las pruebas incorporadas al expediente, las cuales son susceptibles de valoración probatoria porque fueron aportadas en cumplimiento de los presupuestos procesales, los hechos que dan lugar a la presente actuación se pueden presentar de la siguiente forma:

13.1. El agente Luis Carlos Ospina Ocampo, fue privado de la libertad desde el 4 de noviembre de 2004 —fecha en que fue capturado— hasta el 28 de julio de 2005, en el centro de reclusión Piloto de la ciudad de Cali (certificaciones expedidas por el Juez de Primera Instancia adscrito a la Policía Metropolitana de Cali y el director de citado centro de reclusión de la Policía del Valle del Cauca, fechadas el 23 y 8 de marzo de 2007, respectivamente, (fl. 80-81, cdno.1.) Se destaca que los extremos temporales de la detención referenciados coinciden con lo manifestado en las pretensiones del escrito de demanda, (fl. 82-83, cdno. 1).

13.2 La Auditoría de Guerra 144 ante la Policía Metropolitana de Cali, mediante providencia del 8 de noviembre de 2004, profirió medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación en contra de los agentes Torres Gutiérrez Celso José y Ospina Ocampo Luis Carlos por el presunto punible de concusión, según hechos ocurridos los días 1 y 2 de noviembre de 2004, cuando los citados policiales supuestamente solicitaron dinero al ciudadano Gustavo García Ospina para no decomisar un revólver que un empleado de este último portaba sin salvoconducto. Adicional a ello, dicho proveído designó como centro de reclusión el denominado Piloto de Cali (fl. 17-23, cdno. 1).

13.2.1. En el contenido de la mencionada decisión, se indicó que el 1º de noviembre de 2004 “(…) fue sorprendido el particular Julián Andrés Arias portando un revólver sin salvoconducto, por lo que fue conducido a las instalaciones del CAI San Antonio en donde permaneció por espacio de dos horas y media, dejándose en libertad después de haberse solicitado y recibido dinero a cambio”.

13.2.2. Como soporte probatorio de lo resuelto por el ente instructor —imposición de medida de aseguramiento—, se determinaron específicamente las inconsistencias de las versiones emitidas por ambos policiales y las declaraciones que rindieron las víctimas del ilícito, en los siguientes términos:

No obstante las declaraciones de Julián Andrés y Gustavo García son absolutamente concordantes, los dos uniformados niegan haber solicitado cualquier utilidad indebida, sin embargo sus propias versiones dejan ver que los hechos sucedieron como cuentan los particulares, pues de sus propias contradicciones se infiere responsabilidad.

El agente Torres Gutiérrez asegura que solamente encontraron un arma y aquella tenía documentos al día, por lo que el señor Gustavo García le ofreció que pasara posteriormente para darles una colaboración para arreglos de la motocicleta y algunas cosas del CAI, pues él era colaborador con el CAI de San Antonio.

Por su parte el agente Ospina Ocampo dice que efectivamente habían (sic) dos armas, un revólver y una pistola, que el revólver no tenía papeles, pero que sin embargo se le colaboró a los ciudadanos, pues aseguraban que eran colaboradores del CAI y se les veía como gente de bien.

Aunque ambos niegan haber trasladado a Julián Andrés al CAI, es el mismo patrullero Fuertes Rubio quien dice que el Joven Julián Andrés si (sic) estuvo en el CAI, más sin embargo que el agente Torres le comentó que lo había sorprendido fumando vicio y que lo retuviera un rato.

13.3. El 1º de marzo de 2005, la Fiscalía 146 Penal Militar adscrita al Departamento de Policía Metropolitana de Cali, mediante resolución interlocutoria n.º 007 resolvió mantener la medida de aseguramiento en contra de los dos agentes de policía mencionados y reprochó el hecho de que si bien Ospina Ocampo conocía que el arma carecía de documentación en regla, no puso a órdenes de la autoridad competente el revólver decomisado y al ciudadano Julián Arias, quien lo portaba, tal como lo exigía su rol de agente policial (fl. 24-38, cdno. 1).

13.3.1. Adicional a ello, censuró el hecho de que el policial haya permitido que se devolviera el arma incautada a su titular, por la simple razón que era una “persona de bien”. Todos esos elementos llevaron a la convicción del ente investigador de que un agente con varios años de servicio no podía incurrir en dichas conductas simplemente por ignorancia. Al respecto señaló la resolución citada:

De otro lado tenemos que fue vinculado a la presente investigación el también policial Ospina Ocampo Luis, quien conformaba la patrulla junto con Celso Torres, acudiendo ambos a conocer de primera mano de lo que ocurría en la residencia del señor Gustavo García y quien ha asegurado a pie de juntillas el no haberse enterado de las exigencias que hiciera su compañero de patrulla a este ciudadano. Sin embargo sí acepta el haber tenido conocimiento del arma tipo revólver de la cual se indicara, se encontraba sin su correspondiente documentación, así como el haber trasladado al particular Arias hasta las dependencias policiales y el haber optado por proceder a no dejar a disposición de las autoridades competentes el mentado revólver y proceder a entregárselo a su dueño. Y es aquí donde vale la pena preguntarse, ¿cuál fue el motivo para que esto ocurriera? ¿Fue simplemente porque el ciudadano que era una persona de bien, trabajadora, empleado y parecía buena gente? O ¿porque realmente ya había habido una exigencia por parte del señor Torres?

La respuesta es obvia, era una patrulla conformada por los dos aquí vinculados, cosa que les obliga a estar atentos a cualquier circunstancia que se pueda presentar, los dos inicialmente conocieron hechos en donde aparecía aparentemente un arma irregular, condujeron privando de la libertad a un ciudadano para finalmente llegar a un acuerdo de voluntades de entregar el arma, bajo el argumento infantil de que el señor era buena gente, buen ciudadano o algo por el estilo (…).

Para esta Fiscalía no es posible darle crédito a las palabras de este uniformado, pues el habérsele encontrado en frente de un presunto punible o frente a una contravención al estatuto de armas, municiones y explosivos, por no estar al día el salvoconducto y se proceda a su devolución por simple gracia o de un simple porque les pareció, no guarda ningún sentido lógico común.

13.4. El 17 de junio de 2005 el Juzgado de Primera Instancia adscrito a la Policía Metropolitana de Cali profirió sentencia de primer grado condenando al agente Luis Carlos Ospina Ocampo a seis (6) años de prisión por la comisión del delito de concusión, por las siguientes razones (fl. 40-61, cdno.1):

(…) hemos de entrar diciendo que su antigüedad, en casi diez años de servicio, más que su compañero Torres Gutiérrez no le permitía mostrarse ajeno a los hechos como hoy lo pretende, no solo porque Gustavo García lo sindica de haber presenciado las exigencias de dinero, sino por lo que los demás testigos lo muestran como partícipe del comportamiento investigado y veamos porque (sic):

En diligencia de indagatoria, a folio 55 del c.o. manifiesta Ospina Campo, que como la apariencia de Gustavo García era la de una persona de bien, “…procedimos a dejarlo tranquilo, no se le incauto (sic) el arma y procedimos a retirarnos del lugar…”.

Lo anterior indica que Ospina, al igual que Torres, tomaron una decisión mancomunadamente, es decir, decidieron dejar tranquilo a Gustavo y no le incautaron el arma.

Lo anterior implica un comportamiento omisivo de un acto propio de sus funciones; no tenían la capacidad de disponer, los funcionarios, sobre la incautación o no del arma de fuego que no tenía documentos en ese momento y del cual desconocían su legalidad.

¿Pero por qué obraron así? ¿Por qué omitieron un acto propio de sus funciones que los involucraba en un comportamiento delictual del prevaricato por omisión?

La respuesta es obvia y es aquí donde toma importancia la versión de los particulares, quienes cuentan cómo una de las personas fue retenida, se exigió un dinero a cambio y se realizaron llamadas extorsivas para conseguir un fin ilícito. Es en este momento, en el que la conducta se enmarca en un nuevo tipo penal por ser más rico en su descripción y es por ello que hoy responden por concusión.

Cierto es que cuanto Torres Gutiérrez se confiesa, cuenta cómo se repartió el dinero con su compañero de patrulla y cómo se desarrolló el iter criminis, diligencia en donde se omitió juramentarlo cuando hacía cargos contra Ospina Ocampo, sin embargo sea el momento para traer a colación la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, cuando sostiene que: “en estos casos no genera nulidad de esta diligencia, ni del proceso, pues el vicio recae sobre el acto denuncia o imputación que se hace al tercero (CSJ Cas. Penal. Sent. Mayo 9 -2002. Rad. 15653, MP. Fernando E. Arboleda Ripoll).

En el caso en estudio, las pruebas restantes son suficientes para predicar la responsabilidad de Ospina Ocampo Luis en los hechos investigados, pues como veníamos afirmando, él fue consciente de que a pesar de existir un arma sin salvoconducto en ese momento, trasladaron una persona al CAI San Antonio y finalmente omitieron dejarlo a disposición de autoridad competente.

13.5. El Tribunal Superior Militar, mediante providencia del 28 de julio de 2005, la cual quedó en firme el 18 de agosto de 2005(4), revocó la decisión del a quo y en su lugar exoneró de toda responsabilidad al agente Ospina Ocampo Luis Carlos del delito imputado y ordenó su libertad inmediata, toda vez que consideró que del plenario surgían dudas frente a la responsabilidad del acusado —in dubio pro reo— (fl. 62-70, cdno. 1). Al respecto destacó el cuerpo colegiado:

El restante acervo probatorio es concordante y enfático al decir que Ospina en ningún momento fue quien pidiera el dinero, reconociendo que tanto la exigencia como la entrega se realizó al “agente morenito…” y en efecto, las 3 oportunidades que refiere el operador judicial primario tuvo tiempo Ospina de darse cuenta de lo que sucedía, pues se interrelacionaba con la víctima, es justamente el señor García quien manifiesta que en la primera ocasión en su casa, cuando el agente Torres le exigió el millón de pesos,… el otro agente se encontraba un poco retirado hablando por radio; en la segunda, en el CAI el testimonio del agente Fuertes refiere haber observado hablando con un ciudadano únicamente al agente Torres y el señor García en que la moto se parqueó adelante y de la misma se bajó Torres quien recogió el dinero y luego devolvió el arma.

(…)

Pero indefectiblemente, basta leer la declaración rendida por el señor Gustavo García obrante a f. 142, para proclamar la existencia de la duda reclamada por el recurrente. Así, “…enseguida le dijo al otro agente que pidiera antecedentes, él se retira unos tres metros de la moto llama por radio, se demoró unos cuatro minutos, mientras tanto Torres me dijo, las armas me las voy a llevar…el agente Torres me dijo en ese momento que eso valía un millón de pesos y que se llevaba el revólver, el otro agente no se había acercado y yo le dije que no tenía plata…Torres me dijo, me llevo detenido a Julián para el CAI y le voy a hacer un informe bien cochino a usted, sino me da la plata y yo me quedo con el revólver, el otro estaba como afuerita…como no fui a la cita, pasaron por la casa, yo los vi por la ventana y bajé, el cuadro (sic) la moto adelante como a tres metros de la puerta, se bajó Torres y se acercó a la reja y me dijo pásame la plata…”.

Se concluye entonces que el operador judicial primario al valorar los testimonios, especialmente del particular García, lo hace sobre algunos apartes, lo cual descontextualiza su contenido, pues al tomarlo en su integridad no puede desconocerse que surge la duda que habrá de reconocerse en favor del procesado.

13.6. En el plenario quedó acreditado a través de los registros civiles allegados, que el actor Luis Carlos Ospina Ocampo es hijo de Luis Octavio Ospina Orozco y de Rosalba Ocampo de Ospina. Adicionalmente, a través del mismo medio de prueba, se constató que la víctima de la privación de la libertad es esposo de María Janeth Tobón Medina y padre de Oscar Eduardo, Jesús Antonio, Luis Carlos y Diego Fernando Ospina Tobón (fl. 10-15, cdno. 1).

VI. Problema jurídico

14. Procede la Sala a determinar si en el caso bajo análisis resulta imputable al Estado el daño ocasionado a Luis Carlos Ospina Campo por la privación de la libertad a la que se vio expuesto con la medida de aseguramiento que le impuso la justicia penal militar, presuntamente constitutiva de falla en el servicio por error judicial. Para ello, es preciso establecer si, a pesar de que fue absuelto, su conducta pudo haber sido determinante en la producción del daño que se alega.

VII. Validez de los medios de prueba

15. En el proceso obran algunos documentos en copia simple aportados por la parte demandante. Al respecto, advierte la Sala que si bien con anterioridad se había considerado que las copias solo podían ser valoradas como si fuesen originales cuando fueran autorizadas por el funcionario público competente, previa orden del juez, o cuando estuviesen autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada, de conformidad con lo establecido por el artículo 254 del C.P.C., la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado cambió su posición en aplicación de los principios de buena fe, lealtad procesal y prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, y dispuso que es procedente la valoración de los documentos aportados en copia simple, siempre y cuando no hayan sido tachados de falsos, en los siguientes términos:

En el caso sub examine, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue aportada por la entidad demandante y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se allegó por el actor, circunstancia que no acaeció, tanto así que ninguna de las partes objetó o se refirió a la validez de esos documentos.

Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.

(…)

En otros términos, a la luz de la Constitución Política negar las pretensiones en un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las partes han obrado a lo largo de la actuación, implicaría afectar —de modo significativo e injustificado— el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia (arts. 228 y 229 C.P.)(5).

16. Así las cosas, de conformidad con la providencia referida, es posible valorar los documentos aportados en copia simple por el demandante, para efectos de verificar los supuestos fácticos del caso, teniendo en cuenta que las partes no se pronunciaron al respecto una vez vencida la etapa de pruebas.

VIII. Análisis de la Sala

17. La parte demandante pretende que se declare la responsabilidad de la Nación-Ministerio de Defesa-Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar por el error judicial y la privación injusta de la libertad de la que fue víctima el accionante como consecuencia de la medida de aseguramiento que le fue impuesta dentro de un procedimiento penal militar en el que resultó absuelto debido a que no se comprobó su autoría en el ilícito de concusión como consecuencia de la aplicación del principio del in dubio pro reo.

18. La Sala observa que de conformidad con los medios de convicción obrantes en el expediente, se encuentra probado el daño causado al demandante, comoquiera que está debidamente acreditado que Luis Carlos Ospina Ocampo estuvo vinculado a un proceso ante la justicia penal militar como presunto autor del delito de concusión, en el marco del cual fue privado de su libertad desde el 4 de noviembre de 2004, fecha en la cual fue capturado, hasta el 28 de julio de 2005, momento en el cual se ordenó su libertad inmediata por parte del juez de segunda instancia —supra párr. 13.5—.

19. En cuanto al régimen de responsabilidad aplicable al caso estudiado(6), en primer lugar es necesario destacar que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para resolver las pretensiones indemnizatorias derivadas de la aplicación de la Justicia Penal Militar, toda vez que esta hace parte de la función jurisdiccional inherente al Estado. Al respecto esta corporación ha explicado(7):

Conviene señalar, además, que lo expuesto en precedencia [distintos títulos de imputación] resulta aplicable a las decisiones proferidas por la Justicia Penal Militar, habida cuenta de que las decisiones por ella adoptadas son una expresión de la función jurisdiccional consagrada en el artículo 12 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 5º de la Ley 1285 de 2009, de tal suerte que los títulos de imputación contemplados en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia tienen aplicación, en el marco de la responsabilidad del Estado con ocasión de sentencias proferidas por jurisdicciones especiales como lo es en este caso la Penal Militar.

20. Una vez aclarada la competencia de esta jurisdicción, es pertinente poner de presente que la Sección Tercera del Consejo de Estado en pleno señaló que así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, tampoco puede la jurisprudencia establecer un único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que este puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su argumentación:

En lo que se refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta sentencia(8).

21. Así las cosas, de conformidad con la jurisprudencia citada, no todos los casos en los que se discuta la responsabilidad del Estado por daños derivados de un supuesto de hecho que guarde semejanzas entre si tienen que resolverse de la misma forma pues, se insiste, el juez puede, en cada caso concreto, considerar válidamente que existen razones tanto jurídicas como fácticas que justifican la aplicación de un título o una motivación diferente.

22. Ahora bien, aunque en el estudio de un evento como el analizado que comporte objetivamente la responsabilidad de la administración no es necesaria la demostración de una falla del servicio, lo cierto es que en el caso sub examine la parte actora insistió en que esta se encontraba configurada y, en esa medida, corresponde a la Sala, en primer lugar, verificar su ocurrencia pues, como se ha reiterado jurisprudencialmente, su comprobación instaría a los entes estatales a no incurrir nuevamente en ella(9).

23. Así pues, en el presente asunto el daño demandado, el cual consiste en la imposición de una medida de aseguramiento que causó perjuicios a los actores, debe, primordialmente, examinarse subjetivamente por la supuesta falla del servicio en que incurrió la entidad demandada o, en los términos de los demandantes, por el error judicial y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia(10) suscitado en la providencia que decretó la medida de aseguramiento en contra del agente Ospina Ocampo.

24. La Sala considera, inicialmente, que en el proceso de la referencia no se encuentran los elementos necesarios para estudiar la posible atribución de responsabilidad al Estado y, particularmente, al Ministerio de Defensa, por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en que presuntamente se incurrió con la decisión adoptada el 8 de noviembre de 2004 -mediante la cual se impuso medida de aseguramiento al ahora accionante en reparación-, toda vez que dicha argumentación no fue incluida en la demanda inicial ni tampoco puede extractarse su ocurrencia de los hechos narrados en el libelo introductorio, motivo por el cual no puede ser objeto de análisis a través del desarrollo del recurso de apelación ante esta corporación.

24.1. Es necesario hacer una consideración preliminar, acerca de la competencia del superior frente a nuevos argumentos planteados en el recurso de apelación(11). En aras de respetar el debido proceso, especialmente en lo que respecta a su componente del derecho a la defensa de las partes, se ha considerado que el pronunciamiento del ad quem no puede involucrar puntos que no estuvieron en discusión en la demanda y sobre los que las partes no tuvieron la oportunidad de manifestarse, lo anterior, sin perjuicio de las facultades que tiene el funcionario judicial para interpretarla.

23.2. (sic) En armonía con lo expuesto, esta corporación no se pronunciará sobre las alegaciones acerca de la supuesta existencia de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, pues dicha argumentación fue plasmada en pronunciamientos posteriores a la demanda inicial y en el recurso de apelación, empero como se adujo, no fueron referidas en el escrito introductorio de la controversia y tampoco se desprende del sustento fáctico que soporta esta acción indemnizatoria(12). Para finalizar, la Sala reitera lo sentado por la jurisprudencia,(13) en el sentido de afirmar que el recurso de apelación no es una instancia para mejorar la demanda, tampoco para reforzar con hechos nuevos la defensa, sino para abogar por que lo decidido se revoque o modifique, conforme a la postura previamente esbozada por las partes.

24. (sic) Entonces, se debe determinar, inicialmente si, como lo alegan los demandantes, en la resolución por medio de la cual se impuso medida de aseguramiento en el sub lite se incurrió en un error judicial. Respecto de los requisitos para su configuración, la Sección Tercera del Consejo de Estado se ha pronunciado en los siguientes términos:

(…) al margen de la definición de error judicial elaborada por el legislador, en tanto que no es norma aplicable al caso concreto y, con fundamento en el artículo 90 de la Constitución (…) las condiciones para estructurar el error jurisdiccional que materializará la responsabilidad patrimonial del Estado, a saber:

a) (…) el error debe estar contenido en una providencia judicial que se encuentre en firme (…).

b) (…) el error jurisdiccional puede ser de orden fáctico o normativo.

c) El error jurisdiccional debe producir un daño personal y cierto que tenga la naturaleza de antijurídico, esto es, que el titular no tenga la obligación jurídica de soportar.

d) La equivocación del juez o magistrado debe incidir en la decisión judicial en firme (…)(14).

24.1. Así, para proceder a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por error jurisdiccional se requiere, primero, que el yerro conste en una providencia judicial que se encuentre en firme(15) y, además, que el proveído sea contrario a derecho, “sin que esto signifique necesariamente que la contradicción tenga que ser grosera, abiertamente ilegal o arbitraria o, dicho en otros términos, que la decisión sea constitutiva de una vía de hecho. Basta, en estos casos, que la providencia judicial sea contraria a la ley”(16).

24.2 En el presente caso, la providencia mediante la cual se impuso la medida de aseguramiento contra el accionante, proferida por la Auditoria 144 ante la Policía Metropolitana de Cali, de fecha 8 de noviembre de 2004, adquirió firmeza(17) y surtió efectos hasta el 28 de julio de 2005, fecha en que el Tribunal Superior Militar absolvió al agente Ospina Ocampo y ordenó su libertad inmediata. De acuerdo con lo anterior, es claro que el pronunciamiento jurisdiccional censurado generó un daño a los accionantes por cerca de 8 meses, motivo por el cual la Sala deberá determinar si dicha afectación se tornó antijurídica y si hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado bajo el criterio del error judicial.(18)

25. Los demandantes sustentan el error judicial contenido en la providencia en estudio, en el hecho de que no existió mérito probatorio alguno que la soportara; por el contrario, aducen que todos los medios de convicción apuntaban a la inocencia del procesado tal como lo señaló el Tribunal Superior Militar —supra párr. 13.5—.

25.1. Bajo esa lógica, es necesario verificar entonces, si la especialidad penal militar en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales, cumplió con los requisitos(19) exigidos por el estatuto procesal penal militar de la época —Ley 522 de 1999—- para dictar la medida de detención preventiva objeto de estudio. El primero de los requerimientos fijados por la norma citada era la existencia de al menos un (1) indicio grave de responsabilidad contra el procesado(20). En el asunto objeto de examen es claro que dicho indicio grave concurría en el momento de proferir la medida, toda vez que se demostraron incongruencias en los testimonios de los dos agentes policiales que conformaban la patrulla investigada y además, se probó la falsedad en que fue sorprendido el hoy accionante al mentir respecto al traslado del señor Julián Andrés Arias al CAI San Antonio, versión que fue desmentida por parte del agente Fuertes Rubio —supra párr. 13.2.2, 13.3, 13.3.1—. En ese mismo sentido, la auditoría 144 ante la Policía Metropolitana de Cali contaba con otros indicios que posiblemente comprometían el actuar de los policiales, tales como la “colaboración”, consistente en no poner en conocimiento de la autoridad competente el porte ilícito del arma de fuego, prestada por los agentes a los ciudadanos que poseían el revólver sin salvoconducto.

25.2. Adicionalmente se requería para la procedencia de la detención preventiva que el delito imputado tuviera previsto una pena de prisión de mínimo dos (2) años, lo cual se cumplió a cabalidad en el caso concreto, toda vez que la concusión tipificada en el artículo 404 de la Ley 599 de 2000 contempla una sanción de prisión de entre noventa y seis (96) y ciento ochenta (180) meses.

25.3. De lo anteriormente expuesto, en contravía de lo alegado por los demandantes, se colige no solo que la autoridad penal militar detentaba suficiente material probatorio para adoptar la decisión en la forma en que lo hizo —decretando la medida de aseguramiento—, sino que además no incurrió en yerro normativo que constituyera un error jurisdiccional por falla en el servicio. Por este motivo, como ya se indicó, no hay lugar a declarar la responsabilidad de la administración bajo el criterio propuesto.

26. Sin perjuicio de lo analizado hasta el momento, esto es, que no se configuró la falla alegada por la parte actora, será necesario verificar si están dados todos los presupuestos para deprecar objetivamente la responsabilidad del Estado por la posible privación injusta de la libertad(21) padecida por el agente retirado Luis Carlos Ospina Ocampo y si esta se produjo por la conducta del demandante, la cual pudo configurar una causa extraña que rompería la imputación fáctica del presunto daño antijurídico sufrido —hecho exclusivo y determinante de la víctima—.

26.1. Respecto a la imputación de responsabilidad derivada de la privación injusta de la libertad de un ciudadano, esta corporación ha explicado que el juicio de reproche en dichos eventos es de carácter objetivo. Es decir, la existencia de una falla en el servicio no es relevante para determinar si un daño irrogado por una limitación al derecho a la libertad es indemnizable, pues basta con que se demuestre que este se tornó antijurídico y que existe un nexo de causalidad —jurídico y fáctico— entre dicho daño y la conducta de la administración para proceder a su resarcimiento. En otros términos, en materia de privación injusta, se ha considerado que la responsabilidad del Estado se compromete no solamente por virtud del régimen subjetivo estructurado en la falla del servicio, sino también por un régimen objetivo que tuvo como fundamento legal primigenio lo dispuesto por el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, a cuyo tenor:

Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiese sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.

26.2. En lo referente a la interpretación de dicho artículo, el criterio de esta corporación en relación con la responsabilidad que le asiste al Estado por los casos de injusta privación de la libertad, es el siguiente:

En este orden de ideas, se señala que de manera unánime, la Sala ha adoptado el criterio conforme al cual quien hubiera sido sometido a medida de aseguramiento de detención preventiva, pero finalmente hubiera sido exonerado de responsabilidad mediante sentencia absolutoria definitiva o su equivalente(22), con fundamento en que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, tiene derecho a la indemnización de los perjuicios que dicha medida le hubiera causado, sin necesidad de acreditar que la misma fue ilegal, errada, o arbitraria, dado que en dicha norma el legislador calificó a priori la detención preventiva como injusta.

En otros términos, cuando en la decisión penal definitiva favorable al sindicado, el juez concluye que las pruebas que obran en el expediente le dan certeza de que el hecho no existió, o de que de haber existido, no era constitutivo de hecho punible, o de que el sindicado no fue el autor del mismo, la medida de aseguramiento de detención preventiva que en razón de ese proceso se le hubiera impuesto deviene injusta y por lo tanto, habrá lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que la misma le hubiera causado, tanto al sindicado, como a todas las demás personas que demuestren haber sido afectadas con ese hecho, sin que para llegar a esa conclusión, en los precisos términos del último aparte de la norma citada, se requiera realizar ninguna otra indagación sobre la legalidad de la medida de aseguramiento que le fue impuesta a aquél(23).

26.3. Es preciso advertir que para el momento en el que se dispuso la libertad del señor Luis Carlos Ospina Ocampo, ya había entrado en vigencia la Ley 270 de 1996, cuyo artículo 68 establece que “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar del Estado la reparación de perjuicios”; así como la Ley 600 del 2000, cuyo artículo 535 derogó expresamente el Decreto 2700 del 30 de noviembre de 1991. No obstante, estas circunstancias no impiden abordar la responsabilidad de la demandada con fundamento en el criterio expuesto.

26.4. En efecto, esta corporación ha considerado que si bien el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 se refiere a la responsabilidad patrimonial del Estado en los eventos en los cuales la actuación de cualquiera de sus ramas u órganos haya sido “abiertamente arbitraria”, dicha disposición no excluye la aplicación directa del artículo 90 de la Constitución para derivar el derecho a la reparación cuando los daños provienen de una actuación legítima del Estado adelantada en ejercicio de la actividad judicial, pero que causa daños antijurídicos a las personas, en tanto estos no tengan el deber jurídico de soportarlos.

26.5. En el mismo sentido, la jurisprudencia ha señalado que las hipótesis de responsabilidad objetiva establecidas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, con independencia de su derogatoria, continúan siendo aplicables a hechos ocurridos con posterioridad a su vigencia, no por una aplicación ultractiva de dicho precepto, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo, puesto que, en virtud del principio iura novit curia, el juez puede acoger criterios de responsabilidad objetiva o subjetiva para respaldar su decisión. Al respecto se ha dicho:

Es importante precisar que las hipótesis establecidas en el artículo 414 del C.P.P. de 1991 (decreto ley 2700), al margen de la derogatoria de la disposición, han continuado rigiéndose por una perspectiva objetiva de responsabilidad. En consecuencia, el régimen aplicable para definir si la privación de la libertad fue injusta en estos tres supuestos es el objetivo, inclusive con posterioridad a la ley 270 de 1996, en los términos precisados por la jurisprudencia de la Corporación(24).

En consecuencia, la Subsección no avala una aplicación ultractiva del citado precepto legal (art. 414) que se encuentra derogado, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo. No quiere ello significar, entonces, que se estén modificando los efectos en el tiempo de una norma que se encuentra claramente abrogada. Sin embargo, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, por ser una institución donde rige el principio iura novit curia, es posible que el juez adopte o acoja supuestos de responsabilidad objetiva o subjetiva, lo cual dependerá del fundamento en que se soporte la misma.

Es decir, cuando se absuelve al procesado porque el hecho no existió, no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, el régimen de responsabilidad es el objetivo y, por consiguiente, no será determinante a la hora de establecer la responsabilidad de la entidad demandada si actuó o no de manera diligente o cuidadosa.

Lo anterior, lejos de suponer una aplicación ultractiva del derogado artículo 414 del decreto ley 2700 de 1991, implica el reconocimiento de que en esos supuestos resulta injustificado imponer al administrado la carga de acreditar que la administración pública incurrió en una falla del servicio. Por el contrario, la fuerza y contundencia de los motivos que generan la absolución en este tipo de circunstancias (el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o el hecho no constituía conducta punible), refuerza la idea de que bajo esas premisas impera un esquema objetivo de responsabilidad en el que la autoridad judicial que impuso la medida de aseguramiento no puede exonerarse del deber de reparar con la acreditación de que su comportamiento fue diligente o cuidadoso(25).

26.6. En conclusión, de acuerdo con estos lineamientos, en el caso bajo estudio implica una responsabilidad de carácter objetivo en la que no es necesario probar que la autoridad judicial incurrió en algún tipo de falla; al damnificado le basta con acreditar que contra él se impuso una medida privativa de su libertad en el trámite de un proceso judicial, que culminó con una decisión favorable a su inocencia porque el hecho no acaeció, él no lo cometió o no constituía una conducta típica; y que le causó un daño con ocasión de la detención. Con esa demostración, surge a cargo del Estado la obligación de indemnizar los daños sufridos.

26.7. En el caso bajo análisis, la Sala considera que el presente asunto se debe examinar desde la óptica de la responsabilidad objetiva, toda vez que el señor Luis Carlos Ospina Ocampo fue privado de la libertad por haber sido señalado como autor del delito de concusión y sin embargo, el Tribunal Superior Militar profirió sentencia absolutoria a su favor por considerar que existía duda respecto a la responsabilidad del procesado, incertidumbre que debía resolverse en favor del acusado en virtud del principio del in dubio pro reo —supra párr. 13.5—; circunstancia que, ha sido reconocida por esta corporación como generadora de responsabilidad objetiva a cargo del Estado en virtud de la aplicación del título de daño especial. Al respecto expuso la Sección Tercera(26):

Lo anterior también resulta extendible a aquellos eventos en los cuales la exoneración de responsabilidad penal del sujeto privado de la libertad se sustentó en la aplicación del principio in dubio pro reo, más aún si se tiene en cuenta, que en la mayoría de estos casos, las decisiones judiciales adoptadas dentro del proceso penal respectivo, estuvieron estrictamente ajustadas a la normatividad correspondiente. Así mismo, es menester dejar claro, que la injusticia que reviste la privación de la libertad en estos eventos, no deriva de la ilicitud en el proceder de los funcionarios judiciales, sino en que la víctima no se encontraba en el deber jurídico de soportar los daños ocasionados como consecuencia de habérsele impuesto una detención “preventiva” mientras se le adelantaba un proceso penal, el cual culminó con una decisión absolutoria, evidenciándose así que el Estado, quien fue el que ordenó esa detención, fue incapaz de desvirtuar la presunción de inocencia de la que siempre gozó el afectado: antes, durante y después de la actuación penal desplegada en su contra.

En suma, también se le habrá causado un daño especial a la persona privada de su libertad de forma preventiva y que posteriormente fue absuelta, en la medida en que mientras la causación de ese daño fue con la finalidad de alcanzar un beneficio para la colectividad, interesada en el pronto, cumplido y eficaz funcionamiento de la Administración de Justicia, en la comparecencia de los sindicados a los correspondientes procesos penales, en la eficacia de las sentencias penales condenatorias, y que con todo esto, únicamente se afectó de manera perjudicial a quien se vio privado de su libertad, se ocasiona con esto una ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas, lo que indica que esa víctima tendrá derecho al restablecimiento que ampara, prevé y dispone el ordenamiento vigente, en armonía con el artículo 90 constitucional. Para llegar a tal afirmación, esta corporación, en sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013, realizó el siguiente cuestionamiento:

¿Podrá sostenerse entonces que ese individuo está en el deber jurídico de sacrificar su libertad o, lo que es lo mismo, de soportar la privación de su libertad, única y exclusivamente para que la sociedad pueda beneficiarse de la observancia y de la aplicación de las normas penales que regulan esa clase de procesos? ¿A qué quedaría entonces reducido el valor de la libertad, aquél que justifica y explica la existencia(27) misma de la Constitución Política y que a la vez constituye uno de sus principales cometidos y fines esenciales —como que la limitación al ejercicio del poder público solo cobra sentido en función de asegurar la efectividad real de la libertad de los asociados—? ¿Acaso pasaría de constituir un propósito esencial —fin esencial— para convertirse en un simple medio que facilite la existencia de la sociedad y la convivencia en comunidad, de tal manera que los individuos tuvieren el deber de soportar su privación y su sacrificio en aras de facilitar la consecución de ese nuevo fin?

26.7. Así pues, en aplicación de este régimen de responsabilidad, se concluye que la privación de la libertad padecida por el señor Luis Carlos Ospina Ocampo devino en injusta por cuenta de la decisión absolutoria definitiva y, en consecuencia, inicialmente daría lugar a revocar la sentencia del a quo en tanto este no accedió a la pretensiones de la demanda en contra de la Nación - Ministerio de Defesa - Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar. No obstante, previo a confirmar o no el fallo de primera instancia y dado el material probatorio allegado al proceso, la Sala considera necesario analizar si se configura la causal de exoneración de responsabilidad del hecho determinante y exclusivo de la víctima.

27. Sobre la causal de exoneración en comento, esta corporación ha manifestado que aplica en los eventos en los cuales la víctima con su actuación exclusiva y determinante fue quien dio lugar a que se profiriera en su contra la medida de aseguramiento. Al respecto, el numeral 6 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(28) establece esta posibilidad, al preceptuar que:

(…) Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido (…).

27.1. Adicionalmente, la Ley 270 de 1996 en su artículo 70 señaló que el hecho de la víctima da a lugar a exonerar de responsabilidad al Estado, así: “(…) El daño se entenderá como culpa exclusiva de la víctima cuando esta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado (…)”. La Corte Constitucional respecto de la precitada disposición manifestó:

(…) Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (C.P., art. 95-7), pues no solo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la rama judicial. Gran parte de la responsabilidad de las fallas y el retardo en el funcionamiento de la administración de justicia, recae en los ciudadanos que colman los despachos judiciales con demandas, memoriales y peticiones que, o bien carecen de valor o importancia jurídica alguna, o bien permanecen inactivos ante la pasividad de los propios interesados. Por lo demás, la norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según el cual ‘nadie puede sacar provecho de su propia culpa’.

La norma, bajo la condición de que es propio de la ley ordinaria definir el órgano competente para calificar los casos en que haya culpa exclusiva de la víctima, será declarada exequible (…)(29).

27.2. Teniendo en cuenta el fundamento normativo citado, y lo señalado por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado ha indicado que el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad se origina cuando el suceso causalmente vinculado a la producción del daño no es predicable de la administración, sino del proceder —activo u omisivo— de la propia víctima, al respecto ha dicho:

(…) Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de esta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño. (…).

Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta. Por tanto puede suceder en un caso determinado, que una sea la causa física o material del daño y otra, distinta, la causa jurídica la cual puede encontrarse presente en hechos anteriores al suceso, pero que fueron determinantes o eficientes en su producción.

(…)

Lo anterior permite concluir que si bien se probó la falla del servicio también se demostró que el daño provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa, la cual rompe el nexo de causalidad; con esta ruptura el daño no puede ser imputable al demandado porque aunque la conducta anómala de la Administración fue causa material o física del daño sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del señor Mauro Restrepo Giraldo, quien con su conducta culposa de desacato a las obligaciones a él conferidas, se expuso total e imprudentemente a sufrir el daño (…)(30).

27.3. De conformidad con lo expuesto, el hecho de la víctima se configura cuando esta dio lugar causalmente a la producción del daño, por haber actuado de forma dolosa o gravemente culposa, esto es, con incumplimiento de los deberes de conducta que le eran exigibles. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Constitución Política(31) los particulares solo son responsables por infringir las prohibiciones contenidas en normas legales, en tratándose de servidores públicos, aquellos son responsables por la omisión o extralimitación en el cumplimiento de sus funciones.

27.4. Por esa circunstancia, cuando la privación se produce como consecuencia de una investigación adelantada contra un servidor público por un punible que presuntamente se produjo con ocasión del ejercicio de su cargo, para efectos de verificar si se configuró un hecho de la víctima es preciso determinar cuáles eran sus funciones y obligaciones, y establecer si el incumplimiento de alguna de ellas fue determinante para motivar la imposición de la medida de aseguramiento(32).

27.5. Ahora, es preciso aclarar que dicho análisis de la conducta del servidor público no guarda identidad con el adelantado por las autoridades penales al momento de estudiar la culpabilidad del sindicado, teniendo en cuenta que para desentrañar los conceptos de dolo o culpa en sede de responsabilidad del Estado debe acudirse a las normas propias del derecho civil. Al respecto, ha dicho esta corporación(33):

Para responder el anterior asunto cabe recordar que la Sala(34) ha determinado que cuando se trata de acciones de responsabilidad patrimonial, el dolo o culpa grave que allí se considera, se rige por los criterios establecidos en el derecho civil, artículo 63 del Código Civil, que no se corresponden con los del derecho penal: (…).

Sobre la noción de culpa y dolo, en esa oportunidad también consideró, en criterio que aquí se reitera que, culpa se ha dicho que es la reprochable conducta de un agente que generó un daño antijurídico (injusto) no querido por él pero producido por la omisión voluntaria del deber objetivo de cuidado que le era exigible de acuerdo a sus condiciones personales y las circunstancias en que actuó; o sea, la conducta es culposa cuando el resultado dañino es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. También por culpa se ha entendido el error de conducta en que no habría incurrido una persona en las mismas circunstancias en que obró aquella cuyo comportamiento es analizado y en consideración al deber de diligencia y cuidado que le era exigible. Tradicionalmente se ha calificado como culpa la actuación no intencional de un sujeto en forma negligente, imprudente o imperita, a la de quien de manera descuidada y sin la cautela requerida deja de cumplir u omite el deber funcional o conducta que le es exigible; y por su gravedad o intensidad, siguiendo la tradición romanista, se ha distinguido entre la culpa grave o lata, la culpa leve y la culpa levísima, clasificación tripartita con consecuencias en el ámbito de la responsabilidad contractual o extracontractual, conforme a lo que expresamente a este respecto señale el ordenamiento jurídico. De la norma que antecede [artículo 63 del Código Civil] se entiende que la culpa leve consiste en la omisión de la diligencia del hombre normal (diligens paterfamilias) o sea la omisión de la diligencia ordinaria en los asuntos propios; la levísima u omisión de diligencia que el hombre juicioso, experto y previsivo emplea en sus asuntos relevantes y de importancia; y la culpa lata u omisión de la diligencia mínima exigible aún al hombre descuidado y que consiste en no poner el cuidado en los negocios ajenos que este tipo de personas ponen en los suyos, y que en el régimen civil se asimila al dolo(35).

27.6. En este mismo sentido es importante anotar que las consideraciones relativas a si el hecho de la víctima, esto es, la actuación dolosa o gravemente culposa de la persona privada injustamente de su libertad, fue determinante para la producción de este daño, es decir, si fue o no su causa eficiente, se circunscriben al análisis de imputabilidad de este último, indispensable en cualquier juicio de responsabilidad, pero de ningún modo implican un juicio sobre lo bien o mal fundado de la actuación de la autoridad que haya dispuesto la captura o la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva.

27.7. En efecto, al margen de que la actuación de la víctima fuera o no de aquéllas que dan lugar a la captura; o constituyera o no un indicio de responsabilidad que, de acuerdo con la normativa penal, habilitara proferir medida de aseguramiento —análisis propios del régimen de responsabilidad subjetivo, esto es, el fundado en la falla del servicio—, lo que interesa para el estudio de la causal eximente de responsabilidad del hecho de la víctima es que su conducta, dolosa o gravemente culposa desde la perspectiva civil, haya sido la causa eficiente del daño, es decir, la razón sin la que aquél no se habría producido, estudio que puede ser adelantado sin que ello signifique que, al mismo tiempo, se esté valorando si la autoridad penal correspondiente actuó correctamente o no a la hora de tener en cuenta dicha conducta para efectos de ordenar la privación de la libertad(36).

27.8. Así pues, al analizar el carácter determinante y exclusivo del hecho de la víctima como causal eximente de responsabilidad en materia de privación injusta de la libertad, el juez de lo contencioso administrativo se limita a verificar que fue la que ahora, y desde la perspectiva civil, se califica como conducta dolosa o gravemente culposa de la persona privada de la libertad, la que llevó a la autoridad correspondiente a imponer dicha privación, absteniéndose de valorar si, desde el punto de vista penal, esa conducta daba lugar o no a la detención.

28. En el sub lite, observa la Sala que la conducta del demandante fue determinante en la producción del daño, pues se demostró que la imposición de la medida de aseguramiento se produjo como consecuencia directa del incumplimiento de los deberes que tenía a su cargo como servidor público, en general, y como agente del cuerpo civil de seguridad adscrito a la Policía Metropolitana de Cali, en particular.

28.1. Para el efecto, es preciso recordar que el señor Ospina Ocampo fue capturado por hechos relacionados con el servicio, de acuerdo a lo reglado por el artículo 2º del antiguo Código Penal Militar(37)-, al acusársele de supuestamente solicitar dinero a unos particulares para la devolución de un arma de fuego que portaban estos últimos sin salvoconducto, la cual fue hallada en un operativo de requisa llevado a cabo sobre dichos ciudadanos. Por lo anterior, es necesario verificar cuáles eran los deberes que como servidor público le asistían al accionante respecto a los hechos narrados, y si este le dio estricto cumplimiento a los mismos, con el fin de determinar si actuó con culpa grave o dolo civil.

28.2. En el caso concreto, se advierte que el señor Ospina Ocampo de acuerdo a las normas de disciplina y ética de la Policía Nacional vigentes al momento de los hechos —D. L. 1798/2000(38)— desconoció su deber de conducir a la mayor brevedad al ciudadano Julián Andrés Arias Lenis ante la autoridad competente —Fiscalía General de la Nación— para estudiar los hechos y decidir cuál era el proceder legal en contra de dicho particular por portar un arma de fuego sin los permisos requeridos por la ley. No obstante lo anterior, el accionante en su propia declaración manifiesta, inicialmente, de forma mentirosa, que el señor Julián Arias Lenis no fue conducido al CAI San Antonio (fl. 30, cdno. 1) –versión desmentida por el agente Fuertes Rubio (fl. 21, cdno. 1)- y por la declaración de la víctima del delito de concusión Gustavo García Ospina (fls. 72-74, cdno. 1). No obstante lo anterior, el procesado luego reconoce que si bien el citado particular fue llevado a la estación mencionada, este fue dejado en libertad sin seguir el procedimiento legal, por ser “colaborador del CAI” y porque se le veía “buena gente” (fls. 19 y 21, cdno. 1).

28.3. Una obligación legal similar a la previamente descrita desconocida por el accionante en reparación, es la consagrada en el Código Nacional de Policía —Decreto 1355 de 1970—, el cual dispone en sus artículos 62 y 69, que la Policía está obligada a poner al detenido en flagrancia dentro de la siguiente hora hábil a la de la captura a órdenes del funcionario competente, conducta que claramente no llevó a cabo el señor Ospina Ocampo, al permitir la liberación de Julián Andrés Arias Lenis sin ponerlo a disposición de la Fiscalía, a pesar de que este último fue conducido a las instalaciones del CAI San Antonio, recinto donde fue mantenido por espacio de dos horas y media bajo la excusa de haber sido detenido por consumo de drogas ilícitas (fl. 16, cdno. 1).

28.4. Otro de los deberes irrespetados por el agente Ospina Ocampo en los hechos objeto de examen, es el de no entregar el arma decomisada a la misma autoridad competente y por el contrario, permitir que la misma fuera devuelta al particular por parte de su compañero de patrulla (fl. 72-74, cdno. 1) sin antes exigir que se cumpliera el conducto legal regular, máxime si fue el mismo policial quien verificó por radio los antecedentes de dicho revólver y constató que el mismo no se encontrada de manera legal en posesión del ciudadano Julián Arias Lenis (fl. 35, cdno. 1). Las acciones mencionas constituyen varias faltas graves al servicio de acuerdo con el artículo 38 del Decreto-Ley 1798 de 2000.

28.5. Algunas de dichas transgresiones son las siguientes: i) Ejecutar con negligencia o tardanza las órdenes o actividades relacionadas con el servicio; ii) no registrar en los libros o documentos los hechos y novedades a que se esté obligado por razón del servicio, cargo o función(39); y iii) respecto de los bienes de carácter particular puestos bajo su responsabilidad, violar la ley, reglamentos o instrucciones superiores mediante las siguientes conductas: demorar injustificadamente su entrega a la autoridad competente o la devolución a su dueño.

28.6. Otra de las conductas censurables al policial accionante es que a pesar de conocer que su compañero realizaba afirmaciones falsas en contra del señor Julián Arias Lenis para mantenerlo detenido en el CAI San Antonio, este no desmintió a su acompañante de patrulla —agente Torres— y por el contrario, asumió una actitud pasiva y guardó silencio respecto a la situación. Frente a lo anterior declaró el señor Arias Lenis ante la Auditoría 144 ante la Policía Metropolitana de Cali (fl. 75-75, cdno. 1):

Cuando llegaron a la casa, ahí me cogió el agente Ospina y me quitó el revólver y ahí llegaron y el blanquito Ospina se puso a hablar por radio, ahí llegó el otro agente y se puso a hablar y yo no sé nada más, ya en el CAI le dijo el costeño a fuertes que me pusiera cuidado que me habían cogido metiendo marihuana, que si llegaba el Comandante que le dijera eso y Ospina se quedó mirándolo pero no dijo nada, se quedó callado(40) (…).

28.7. Observada la conducta del actor, se considera que el agente Ospina Ocampo de acuerdo a su compromiso con la verdad derivado de su calidad de servidor público y de ciudadano, debía aclarar y denunciar que el motivo por el cual el ciudadano Julián Arias Lenis fue detenido no tuvo relación con el consumo de sustancias estupefacientes, sino con el porte de un arma de fuego sin el lleno de requisitos legales, máxime si se tiene en cuenta que su compañero, el agente Torres, pidió que esa información fuera transmitida al comandante de la estación.

28.8. De acuerdo con las faltas reseñadas, la Sala constata que el policial Luis Carlos Ospina Ocampo desconoció múltiples obligaciones a su cargo, lo que, en términos civiles, puede ser valorado como un actuar gravemente culposo o doloso —los cuales son equiparables según el artículo 63 del C.C.—, pues, en el mejor de los eventos, el actor ejerció una conducta de forma negligente, imprudente o imperita, de manera descuidada y sin la cautela requerida (culpa grave), lo cual le impidió cumplir el deber funcional o conducta que le es exigible como agente de la fuerza policial colombiana con cerca de 17 años de servicio en la institución para el momento de los hechos analizados.

28.9. Teniendo en cuenta el especial cuidado que amerita la función policial constituida para garantizar el orden y la seguridad pública, para la Sala no hay duda que el demandante actuó con culpa grave al incumplir los deberes que le había asignado el reglamento de conducta y ética de la Policía Nacional, al incurrir en varias acciones clasificadas como faltas gravísimas y graves, cuya sanción estaba tipificada como de separación definitiva y deshonrosa del cuerpo civil de protección de la ciudadanía. Frente a un caso con situación fáctica de características similares a la ahora examinada esta corporación expuso(41):

No obstante lo anterior, la Sala advierte que en este caso se configura la causa excluyente de imputación, cual es el hecho exclusivo y determinante de la víctima, el agente de policía José Reinaldo Giraldo Henao, quien adoptó un comportamiento imprudente y negligente que produjo de forma exclusiva la privación de su libertad.

En efecto, el señor Giraldo Henao dio lugar a su propia detención, si se tiene en cuenta que (i) No legalizó la retención, como lo evidencia el propio juez que lo absolvió (fols. 26 a 57 y 60 cdno. 1); y (ii) faltó a la verdad sobre los hechos investigados, tal como se observa de las providencias penales.

(…)

“No entendemos la posición de los procesados Agentes de Policía y su Comandante para la época de los acontecimientos, en negar de manera tan rotunda la permanencia de aquellos sujetos en sus instalaciones durante aquella tarde, noche y primera hora de la madrugada del día siguiente, como tampoco el no cumplir como imperioso requisito registrarles en sus libros con hora de llegada, motivo de la conducción y hora de salida, lo que bien a la lógica trae violación de su reglamento interno. Da ello lugar a pensar que estos Agentes Policiales participaren de estructurando (sic) plan para acabar con la vida de Marlon Álvarez Rodríguez, siendo por ello que optaron por omitir cualquier circunstancia que causare rastro o dejare vestigio de la criminal empresa.

Ese comportamiento fue irregular, como lo fue el haber mentido durante la investigación.

Y si bien no se demostró su responsabilidad penal por la retención ilegal y muerte del señor Álvarez, lo cierto es que su conducta, desde la perspectiva de los elementos que estructuran la imputación del daño, fue causa determinante y exclusiva del daño que padeció. (Énfasis del texto original).

29. Si bien es cierto que dicho actuar descuidado y negligente no comprometió la responsabilidad penal del actor, teniendo en cuenta que fue exonerado por la Justicia Penal Militar, ello no obsta para que las conductas perfeccionadas por el mismo surtan efectos de cara a la responsabilidad extracontractual del Estado, analizada desde la perspectiva civil, pues se considera que aquel actuar fue una causa determinante y exclusiva para la limitación de la libertad a la que se vio expuesto el accionante al llevar a las autoridades judiciales investigadores a concluir, con base en los indicios previamente reseñados, que la omisión en los deberes propios de su cargo podía constituir una participación en la empresa criminal, en donde su labor era permitir sin trabas(42) el accionar, también irregular, de su compañero de patrulla Torres Gutiérrez.

29.1.1. (sic) Efectivamente, se tiene que el daño es imputable a la propia víctima, comoquiera que su actuación gravemente culposa resultó contraria, en términos civiles, al “cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios(43)”. De acuerdo con lo anterior, reafirma la Sala que fue la conducta adoptada por el demandante la que lo expuso a la limitación de la libertad padecida, toda vez que se presentó un incumplimiento de los deberes ante una situación de flagrancia consagrados en los artículos 345 y ss del Código de Procedimiento Penal vigente al momento de los hechos –Ley 600 de 2000-, los cuales ordenaban que cuando una persona era sorprendida y aprehendida ejerciendo una conducta punible —en este caso la de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones(44)— debía ser conducido inmediatamente, o a más tardar en el término de la distancia, ante el funcionario judicial competente para iniciar la investigación, a quien se debería rendir informe sobre las causas de la captura.

29.1.2. Así las cosas, para la Sala, la limitación a la libertad demandada por el actor, la cual, como se explicó, constituye un daño antijurídico, no resulta imputable a la entidad accionada, toda vez que está demostrado que el demandante tuvo actuación exclusiva y determinante entre el hecho endilgado y, el menoscabo padecido. Por lo anterior, el daño únicamente puede ser atribuido a una causa extraña, sin que exista la posibilidad de endilgarlo a la parte pasiva del presente asunto. Por ese motivo, se procederá a confirmar la sentencia apelada que denegó las pretensiones de la demanda, pero se aclara que los motivos para exonerar de responsabilidad al Estado son los expresamente plasmados en esta providencia.

VIII. Costas

30. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se condenará en este sentido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 8 de abril de 2011 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en esta providencia

2. En firme este fallo, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

3 Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

4 Notificación efectuada a través de constancia de fijación en edicto a partir del 10 de agosto de 2005 hasta el 17 de agosto de la misma anualidad (5 días), de acuerdo a lo ordenado por el artículo 343 de la Ley 522 de 1999-C.P.M- (fl. 71, cdno. 1).

5 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, exp. 1996-00659 (25022), C.P. Enrique Gil Botero.

6 Respecto a la aplicación de los títulos de imputación a las decisiones jurisdiccionales emitidas por la Justicia Penal Militar esta Corporación ha explicado:

7 Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 30 de marzo de 2016, exp. 35416. C.P. Marta Nubia Velásquez.

8 Consejo de Estado, Sección Tercera-Sala Plena, sentencia de 19 de abril de 2012, exp. 19001233100019990081501 (21515), actor: María Hermenza Tunubala Aranda, C.P. Hernán Andrade Rincón.

9 Sobre la referida función, la doctrina jurídica ha sostenido: “Sin embargo, la responsabilidad no es un término que se pueda confundir con resarcimiento, pues las reglas de la responsabilidad civil pueden cumplir otras funciones diferentes a la de la compensación de los daños; así, se habla de una función preventiva, según la cual la responsabilidad puede servir de mecanismo para evitar que se produzcan daños, función que se traduce en la influencia que las reglas de la materia pueden tener sobre la forma en que una persona despliega determinada actividad que podría dar lugar a la producción de un daño. La función preventiva se inscribe como una función social (…) y teniendo en cuenta que en el centro del análisis de la responsabilidad se encuentra el sujeto que ha sufrido el daño, la prevención se manifiesta también con un importante contenido económico, toda vez que la forma del resarcimiento que reciba la víctima de un daño tendrá la capacidad de señalar modelos de comportamiento para los potenciales causantes de daños, pues estos podrán traer indicaciones claras sobre costos y sobre incentivos, según la forma en que el daño haya sido liquidado”. Édgar Cortés, Responsabilidad Civil y Daños a la Persona. El daño a la Salud en la Experiencia Italiana, ¿Un Momento para América Latina? Departamento de Publicaciones de la Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia, 2012, p. 62-63.

10 Argumento introducido por primera vez a la presente controversia en escrito de solicitud de nulidad de todo lo actuado por falta de competencia funcional del Juzgado 11 Administrativo de Cali (fl. 152-155, cdno. 1).

11 En sentido similar, ver Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de agosto de 2013, exp. 28945, C.P. Stella Conto Díaz Del Castillo.

12 Lo que impide darle aplicación al principio iura novit curia.

13 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 10 de mayo de 2012, expediente 18313, C.P. William Giraldo Giraldo.

14 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de abril de 2006, exp. 14.837, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

15 Frente que el presunto error se encuentre contenido en una providencia judicial que esté en firme, es oportuno señalar que tiene pleno sentido pues, como lo ha señalado la Sección Tercera, “aun cuando una decisión judicial resulte equivocada, si esta aún puede ser revocada o modificada, el daño no resultaría cierto, pues el error no produciría efectos jurídicos y, además, podría superarse con la intervención del superior funcional”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 31 de mayo de 2016, exp. 38267. C.P. Danilo Rojas Betancourth.

16 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de junio de 2011, exp. 17 646, C.P. Mauricio Fajardo.

17 Si bien la providencia no viene acompañada de una constancia de ejecutoria, es claro que la misma no fue revocada por cuanto la resolución interlocutoria n. º 007 del 1 de marzo de 2005 ordenó mantener al actor privado de la libertad hasta que el Tribunal Superior en segunda instancia lo absolvió y ordenó su libertad inmediata.

18 Estos presupuestos se encuentran establecidos en el artículo 67 de la Ley 270 de 1996: “ART. 67.—Presupuestos del error jurisdiccional. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos: 1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando esta se produzca en virtud de una providencia judicial. 2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme.”

19 Ley 522 de 1999. Artículos 522, 529 y 530.

20 Si bien el Código de Procedimiento Penal no establece de forma explícita el significado de indicio grave, la Corte Suprema de Justicia (Sala de Casación Penal, sentencia de 8 de mayo de 1997, exp. 9858, M.P. Jorge Aníbal Gómez Gallego ha definido dicho concepto de la siguiente forma: “La connotación de levedad o gravedad del indicio no corresponde a nada distinto al control de su seriedad y eficacia como medio de convicción que en ejercicio de la discrecionalidad reglada en la valoración probatoria realiza el juez, quien después de contemplar todas las hipótesis confirmantes e informantes de la deducción establece jerarquías según el grado de aproximación a la certeza que brinde el indicio, sin que ello pueda confundirse con una tarifa de valoración preestablecida por el legislador. Se trata de una simple ponderación lógica que permite al funcionario judicial asignar el calificativo de grave o vehemente al indicio contingente cuando el hecho indicante se perfila como la causa más probable del hecho indicado; de leve cuando se revela solo como una entre varias causas probables y podrá darle manguada categoría de levísimo cuando deviene apenas como una causal posible del hecho indicado”.

21 Título de imputación también propuesto por la parte actora en el libelo genitor del proceso —supra párr. 1—.

22 [18] “A juicio de la Sala, el derecho a la indemnización por detención preventiva debe ser el mismo cuando el proceso termine no solo por sentencia absolutoria, sino anticipadamente por preclusión de la investigación (art. 443) o auto de cesación de procedimiento (art. 36), por cuanto estas son decisiones equivalentes a aquélla para estos efectos. Ver, por ejemplo, sentencia de 14 de marzo y 4 de mayo de 2002, exp: 12.076 y 13.038, respectivamente, y de 2 de mayo de 2002, exp: 13.449”.

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2011, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

24 [3] “Sobre el particular, consultar la sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente 13.168, M.P. Mauricio Fajardo Gómez”.

25 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia del 19 de octubre 2011, exp. 1994-02193 (19151), C.P. Enrique Gil Botero.

26 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 17 de octubre de 2013, exp. 23345, C.P. Mauricio Fajardo.

27 [14] “En los regímenes absolutistas, no democráticos, en los cuales no existe —en el verdadero sentido de su expresión—, libertad para los individuos y en los cuales, por tanto, no existe propósito real de garantizarla de manera efectiva, tampoco existe una verdadera Constitución Política, por elemental sustracción de materia, en la medida en que carecería de sentido limitar el ejercicio del Poder, porque su abuso frente a los individuos no desencadenaría consecuencia alguna para el Estado y, por ello mismo, tampoco se requeriría una separación de poderes porque en esa misma línea dejaría de tener sentido un sistema de pesos y contrapesos que solo se justifica y se explica en función de la protección de los Derechos de los asociados, amén de que la consagración de una Carta de Derechos en esos escenarios no tendría más propósito que el de cumplir un papel puramente formal y teórico”.

28 Ratificado por Colombia el 29 de noviembre de 1969, previa aprobación del Congreso de la República mediante Ley 74 de 1968. Pacto que hace parte del bloque de constitucionalidad y prevalece en el orden interno, en virtud de lo previsto en los artículos 53, 93, 94, 102 y 214 de la Constitución Política Colombiana.

29 Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996, exp. P.E.-008, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

30 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de julio de 2002, exp. 13744, C.P. María Elena Giraldo, reiterada en las sentencias de 11 de abril de 2012, exp. 23513, C.P. Mauricio Fajardo Gómez y de 9 de octubre de 2013, exp. 33564, C.P. Hernán Andrade Rincón.

31 “Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”.

32 Esta Corporación ha tenido la oportunidad de pronunciarse respecto del hecho exclusivo de la víctima en los casos de privación injusta de la libertad, cuando esta se desempeñaba como servidor del Estado, en los siguientes términos: “En efecto, el señor Giraldo Henao dio lugar a su propia detención, si se tiene en cuenta que (i) No legalizó la retención, como lo evidencia el propio juez que lo absolvió (…); y (ii) faltó a la verdad sobre los hechos investigados, tal como se observa de las providencias penales. Basta recordar el análisis que efectuó el Juez Penal del Circuito de Lérida, en la sentencia absolutoria del 7 de julio de 1998, en la que cuestionó el comportamiento de los policías sindicados: // “No entendemos la posición de los procesados Agentes de Policía y su Comandante para la época de los acontecimientos, en negar de manera tan rotunda la permanencia de aquellos sujetos en sus instalaciones durante aquella tarde, noche y primera hora de la madrugada del día siguiente, como tampoco el no cumplir como imperioso requisito registrarles en sus libros con hora de llegada, motivo de la conducción y hora de salida, lo que bien a la lógica trae violación de su reglamento interno. Da ello lugar a pensar que estos Agentes Policiales participaren de estructurando (sic) plan para acabar con la vida de MARLON ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, siendo por ello que optaron por omitir cualquier circunstancia que causare rastro o dejare vestigio de la criminal empresa (…). // La privación de la libertad del señor Álvarez Rodríguez por parte los Agentes de Policía, ilegal o justificada, los compelía a registrar la captura, a ponerlo a disposición de las autoridades competentes y a garantizar su seguridad. Por lo tanto, el hecho de que el Agente Giraldo hubiera participado en la retención y omitido lo previsto en la ley para estos casos, fue determinante y exclusiva en la adopción de la medida que ordenó la privación de su libertad. // Ese comportamiento fue irregular, como lo fue el haber mentido durante la investigación. // Y si bien no se demostró su responsabilidad penal por la retención ilegal y muerte del señor Álvarez, lo cierto es que su conducta, desde la perspectiva de los elementos que estructuran la imputación del daño, fue causa determinante y exclusiva del daño que padeció. // Con fundamento en lo anterior y en lo previsto en el citado artículo 414 del C. de P. Penal, que condiciona la indemnización a que el detenido no hubiere dado lugar a la detención por dolo o por culpa grave, la Sala concluye que el daño no es imputable al Estado. // En este caso, como quedó demostrado, la conducta del señor José Reinaldo Giraldo Henao fue negligente, irregular, determinante y excluyente en la producción del daño, pues su comportamiento dio lugar a la privación de la libertad” (resaltado del texto). Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de mayo de 2009, exp. 1998-01619 (17188), C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

33 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 30 de abril de 2014, exp. 27414, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

34 [23] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección B, sentencia de 18 de febrero de 2010, exp. 17933, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

35 [24] “[ibídem]”.

36 Y es que no puede perderse de vista que, dado que los procesos penales y de responsabilidad administrativa atienden finalidades disímiles y se rigen por normas, principios y objetivos diferentes, puede ocurrir que la misma conducta que, en materia penal, dio lugar a proferir medida de aseguramiento en contra del sindicado pero, a la larga, no cumplió con los requerimientos necesarios para fundar una condena —lo que en esa materia conlleva necesariamente a una sentencia absolutoria—, desde la perspectiva civil constituya dolo o culpa grave y rompa el nexo de causalidad que puede establecerse entre el daño cuya indemnización se reclama —la privación de la libertad— y la actuación del ente investigador, esto es, que configure la causal eximente de responsabilidad del hecho exclusivo y determinante de la víctima.

37 Ley 522 de 1999, artículo 2. Son delitos relacionados con el servicio aquellos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública derivados del ejercicio de la función militar o policial que le es propia. De conformidad con las pruebas allegadas, la autoridad judicial que conoce del proceso determinará la competencia, de acuerdo con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que regulan la actividad de la Fuerza Pública. Esta norma fue declarada exequible por la Corte Constitucional a través de sentencia C-878 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, en el entendido que esta se interprete con un carácter restrictivo, en el sentido de entender que los delitos relacionados con el servicio, son aquellos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, cuando los mismos se deriven directamente del ejercicio de la función militar o policial que la Constitución les ha asignado (art. 217 y 218).

38 Decreto-Ley 1798 de 2000, artículo 37. Faltas gravísimas sancionables con destitución Nº 14. Permitir o dar lugar intencionalmente, por negligencia o imprevisión, a la fuga de persona capturada, retenida, detenida o condenada, de cuya vigilancia o custodia haya sido encargado; demorar injustificadamente la conducción de la misma a su lugar de destino o no ponerla a órdenes de la autoridad judicial competente dentro del término legal. (Énfasis fuera del texto).

39 (fl. 17, cdno. 1).

40 Versión corroborada por la declaración del agente Fuertes Rubio Herson Lot según la Auditoría 144 ante la Policía Metropolitana de Cali (fl. 18, cdno.1).

41 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 7 de mayo de 2009, exp. 17 188. C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

42 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 27 de marzo de 2014, exp. 22597. C.P. Danilo Rojas Betancourth.

43 Artículo 63 del Código Civil.

44 Artículo 365, Ley 599 de 2000. El que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare o porte armas de fuego de defensa personal, municiones o explosivos, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años.