Sentencia 2008-01001 de septiembre 1º de 2014

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”

Consejero Ponente:

Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren

Radicación: 25000-23-25-000-2008-01001-01 (2614-2013)

Actor: Aldemar Ospina Franco

Demandado: Caja Nacional de Previsión Social EICE en liquidación - Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales De La Protección Social —UGPP—

Apelación sentencia – Autoridades nacionales

Bogotá, D.C., primero de septiembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Problema jurídico

El asunto se contrae a establecer la legalidad del acto administrativo demandado, en orden a determinar si el actor cuenta con derecho a que le sea reconocida la pensión por aportes señalada en la Ley 71 de 1988, por acumulación de tiempos laborados en el sector público y en el sector privado.

2. Del fondo del asunto.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la sentencia que puso fin a la primera instancia, señaló que el demandante se encuentra bajo el supuesto fáctico de la Ley 71 de 1988, reglamentada por el Decreto 1160 de 1989, que regula la pensión de los empleados oficiales y trabajadores que acrediten 20 años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de la entidades de previsión social o de las que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de Seguros Sociales, para quienes se prevé una pensión de jubilación siempre y cuando cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón o cincuenta y cinco (55) o más años si es mujer.

La parte demandada considera que no se puede reconocer la pensión reconocida en los términos de la Ley 71 de 1988, pues señala que únicamente acreditó 13 años, 5 meses y 19 días de servicios al Estado (fls. 149, 197 y 198).

Por ello, conforme al marco del recurso de apelación, se circunscribirá ésta instancia a determinar si el tiempo de servicios acreditado por el actor es suficiente para el reconocimiento pensional conforme a lo señalado por la mencionada norma.

El expediente nos da cuenta de que el Doctor Ospina Franco, prestó sus servicios de la siguiente manera:

EntidadPeriodosDe acuerdo a certificaciones obrantes a folios:
• En la Universidad Jorge Tadeo Lozano, vinculado a través de contrato de trabajo como profesor titular dictando las asignaturas de organismo internacionales y derecho constitucional

• “durante los periodos académicos” desde el 1° de enero de 1964 al 30 de diciembre de 1968.

10 del Cdno. Ppal.
• En la Rama Judicial.• Como Juez Promiscuo Municipal de Mosquera –Cundinamarca-, desde el 1 de febrero de 1965 hasta el 19 de abril del mismo año.
• Juez Penal del Circuito de Fusagasuga desde el 20 de abril de 1965 al 31 de julio de ese año.
• Juez 16 Penal Municipal de Bogotá, desde el 1 de agosto de 1965 al 30 de septiembre de 1969.
Folio 11 Cdno ppal.
Folio 12 Cdno. Ppal.
Folio 13 del Cdno. Ppal.
• En la Universidad Gran Colombia, como profesor adscrito a la Facultad de derecho.

• desde el 1° de julio de 1967 al 30 de diciembre de 1967
• Desde el 1° de febrero de 1968 al 30 de diciembre de ese año;
• Desde el 1° de junio al 30 de junio de 1970.
• Desde el 1° de febrero de 1984 al 30 de diciembre de 1985.

Folios 14 y 15 del Cdno. Ppal.
Folios 42 a 44 del Cdno segundo.
• En la Universidad INNCA de Colombia, como profesor de la Facultad de Derecho.

• Del 1° de julio de 1973 al 30 de diciembre de ese año
• Del 1° de enero de 1974 al 30 de junio de 1976.
Folios 16, 43 y 106 del Cdno. Ppal
• En la Universidad Nacional de Colombia.

• Desde el 1° de febrero de 1965 al 30 de abril de 1965
• Del 1° de mayo al 31 de julio de 1965
• Del 1° de agosto al 31 de diciembre de 1965
• Del 1° de febrero de 1966 al 30 de septiembre de 1968,
• Del 1° de octubre de 1968 al 30 de enero de 1970
• Julio 1° de 1970 al 31 de enero de 1971
• 1° de febrero de 1971 al 31 de enero de 1972
• 1° de febrero de 1972 al 31 de enero de 1973
• 1° de febrero de 1973 al 31 de enero de 1974
• 1° de febrero de 1974 al 15 de octubre de 1974
• 16 de octubre de 1974 al 31 de enero de 1975
• Del 1° de febrero de 1975 al 10 de febrero de 1975
• 11 de febrero de 1975 al 31 de julio de 1975
• 1º de agosto de 1975 a 30 de enero de 1976
• A folio 68 del cuaderno segundo se indica que laboró todo el año 1970

Folios 17 y 44 del Cdno. Ppal.
Folio 78 del Cuaderno segundo
En la Registraduría Nacional del Estado Civil.Del 23 de octubre de 1984 al 1 de octubre de 1987Folio 18 del Cdno. ppal.

De la información relacionada anteriormente y de un minucioso análisis de los certificados de servicios aportados, se establece que el demandante laboró en total 16 años, dos meses, 28 días, para cuya liquidación debió atenderse a que varios de los tiempos acreditados como docente no pueden sumarse ya que se desempeñaron de manera simultánea con el ejercicio de otros empleos, tales como el de Juez. Por ello, no era viable, efectuar una sumatoria lineal como lo hizo el a quo, pues no se trató del ejercicio de labores sucesivas, sino la mayoría de las veces sincrónicas.

Pese a lo dicho, aprecia la Sala dentro del iter administrativo surtido ante la Caja Nacional y plasmado en el cuaderno segundo del expediente, que el actor en sus reclamaciones aportó varias obras literarias docentes de su autoría para hacerse acreedor a la aplicación de la Ley 50 de 1886 “que fija reglas sobre concesión de pensiones y jubilación” y con ello, al reconocimiento de la homologación de tiempo para el cómputo de acceso a la pensión de jubilación.

Esto se deduce del recurso de apelación elevado contra la Resolución No. 011425 de 9 de julio de 1997, con el que adjunto la obra “Lecciones de Derecho Internacional Privado” ( fl. 73 Cdno. 2). En el mismo sentido, a folio 75 ibídem, obra memorial de 1° de septiembre de 1997, con el que allegó la obra “La Enseñanza de Derecho Internacional del Trabajo.” Ambas obras publicadas por la Universidad Nacional(3).

Asimismo, a folios 56 del cuaderno segundo, obra copia de certificación suscrita por el Secretario Académico de la Universidad Nacional de Colombia de 19 de noviembre de 1996, en el que se indica que el actor laboró como Profesor de dicha entidad educativa desde el año de 1965 al mes de febrero de 1975, en los que tuvo a su cargo la cátedra de Derecho Internacional Público y Americano, basada en sus obras “La Organización Internacional según el pensamiento de Bolívar” y “El Proceso de desarrollo del Derecho Internacional Privado Americano”.

En este punto de la controversia debe precisarse que la homologación de la producción de un texto de enseñanza a tiempo de servicio, constituye una prerrogativa excepcional a efectos de acreditar los requisitos pensionales, toda vez que en principio debe partirse de la base que el interesado ha ostentado una vinculación laboral o ha efectuado aportes en forma independiente en orden a acumular el número de semanas cotizadas, o de años de servicios, que exige la ley.

No obstante, atendiendo a que la situación del actor se amparó por el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993(4), debe respetarse las condiciones establecidas en el régimen anterior para acreditar el tiempo de servicios, en el cual se permitían las equivalencias, como producción de obras literarias, antes de la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 13 de la Ley 100 de 1993.

Así las cosas, resalta la Sala que para el reconocimiento pensional acá reclamado es procedente aplicar la equivalencia de dos años de servicio por la producción intelectual de una obra literaria de carácter académico, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 50 de 1886(5) y los artículos 1° a 3° del Decreto 753 de 1974, los cuales en su tenor literal señalan:

“ART. 13.—Las tareas de magisterio privado quedan asimilados a los servicios prestados a la Instrucción pública y serán estimadas para los efectos legales en los términos del artículo anterior.

La producción de un texto de enseñanza que tenga aprobación de dos institutores o profesores, lo mismo que la publicación durante un año de un período exclusivamente pedagógico o didáctico, siempre que en ninguno de los dos caso el autor o editor haya recibido al efecto auxilio del Tesoro Público, equivaldrán respectivamente a dos años de servicios prestados a la instrucción pública” Se resalta.


El Decreto Nacional 753 de 1974 “por el cual se reglamenta el inciso segundo del artículo 13 de la Ley 50 de 1886” dispone a su turno:

“ART. 1º.—Los institutores o profesores que puedan aprobar los textos de enseñanza, según el inciso 2º del artículo 13 de la Ley 50 de 1886, deben acreditar su título con las certificaciones oficiales correspondientes y rendir declaración jurada ante un juez de la residencia del autor del texto. En estas declaraciones harán constar el contenido de las obras a que se refieren, el establecimiento o los establecimientos educativos en donde se hayan adoptado, el tiempo durante el cual hayan servido para la enseñanza, el número de páginas del libro o de los libros, en caso de ser varios, y las razones que tenga para haberles dado aprobación o para recomendarlos.

ART. 2º—La aprobación o recomendación pueden estar a cargo de dos rectores o directores de escuelas, colegios, universidades, institutos de especialización o de enseñanza diversificada, oficiales o privados, o de los decanos de las facultades, con el visto bueno del rector. En ese caso bastará la certificación correspondiente.

ART. 3º—Cada libro adoptado y recomendado conforme indican las anteriores disposiciones, equivaldrán a dos años de servicio público, para los efectos exclusivos de la pensión de jubilación a que tiene derecho el autor, cualquiera que fuere el número de tomos publicados. Son requisitos para hacer el reconocimiento por parte de la entidad asistencial respectiva:

a. (Declarado Nulo Fallo 24 Mayo de 1977 Honorable Consejo de Estado).

b. (Declarado Nulo Fallo 24 Mayo de 1977 Honorable Consejo de Estado).

c. (Declarado Nulo Fallo 15 Marzo de 1979 Honorable Consejo de Estado).

En todo caso se acompañará un ejemplar y éste se conservará en la biblioteca de la entidad que hace el reconocimiento”.

Del conjunto probatorio infiere la Sala que las dos últimas obras señaladas cumplieron los requisitos mencionados, por cuanto el mismo Secretario Académico de la Universidad Nacional de Colombia manifestó que las dos obras de autoría del actor, fueron empleadas para la cátedra Derecho Internacional Público y Americano que fue dictada por él, con base en aquellas.

En este orden de ideas, al beneficiarse del régimen de transición pensional, el autor de los textos literarios, podía solicitar que se le aplicara el artículo 13 de la Ley 50 de 1886 para el reconocimiento pensional que corresponde según el régimen aplicable, atendiendo a que los requisitos se cumplieron a cabalidad. Ergo, era procedente tenerse en cuenta la equivalencia de las dos obras literarias mencionadas para computarlas, de acuerdo a su equivalencia, al tiempo de servicio prestado por el señor Ospina Franco.

Así las cosas, al haberse laborado 16 años, 2 meses, 28 días, la Sala encuentra ajustado a derecho la homologación de cuatro años de servicios por la producción literaria de dos obras que sirvieron de base para el ejercicio de la docencia, como quedó debidamente acreditado, por lo que debe tenerse como tiempo sumado para el cómputo en el reconocimiento del derecho para completar un total de 20 años, 2 mes y 28 días de servicios, siendo el último día laborado el 30 de octubre de 1987.

Ahora bien teniendo claro que el señor Ospina Franco, cumplió el tiempo de servicios, el requisito de la edad (60 años) establecida en la Ley 71 de 1988, fue cumplido el 11 de diciembre de 1987, en tanto que nació el 11 de diciembre de 1927, situación acreditada a folio 9 del cuaderno primero. En consecuencia, es viable afirmarse que en efecto, como lo determinó el a quo, el status pensional se adquirió con el cumplimiento de la edad, pues ya se había consolidado el requisito de tiempo de servicios exigido en la Ley 71 de 1988.

Conforme a lo explicado, la Sala considera que la pensión de jubilación del demandado debió ser reconocida a partir de la fecha en que se cumplió el requisito de edad establecido en la Ley 71 de 1988 que le era aplicable, es decir, al cumplir los 60 años de edad.

En efecto, el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, establece:

“Los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias entidades de previsión social o de las que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o Distrital y en el Instituto de Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación, siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.”

Se concluye entonces que como el recurso de apelación se refirió básicamente al incumplimiento del tiempo de servicios exigido en la norma y al contrario, como vimos, éste quedó debidamente acreditado con la producción de textos literarios de enseñanza, que permitió la aplicación del Decreto Nacional 753 de 1974, reglamentario del inciso segundo del artículo 13 de la Ley 50 de 1886, es dable concluir que debe confirmarse la sentencia del 19 de septiembre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual accedió a las súplicas de la demanda, pero por las razones señaladas

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de diecinueve (19) de septiembre de dos mil doce (2012) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección “F” en Descongestión, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el proceso adelantado por ALDEMAR OSPINA FRANCO contra la Caja Nacional de Previsión Social EICE en Liquidación, hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –U.G.P.P.-, pero por las razones expuestas en la parte motiva.

ACÉPTASE la renuncia al poder presentada por el abogado Diego Fernando Londoño Cabrera, obrante a folio 191 del expediente, quien fungía como apoderado sustituto de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, conforme al memorial allegado, visible a folio 194 del cuaderno principal.

RECONOCÉSE a la abogada Ana Carolina Guevara Jiménez para actuar en éste proceso como apoderada judicial de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, en los términos y para los fines del poder otorgado, obrante a folio 195 del cuaderno principal.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

1 A través de providencia de 11 de diciembre de 2013, visible a folios 190 y s.s. del Cdno. ppal, se reconoció a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -U.G.P.P-, como sucesora procesal de la Caja Nacional de Previsión Social EICE En Liquidación.

2 Folios 27 y siguientes del primer cuaderno.

3 Al plenario no fueron aportadas la obras mencionadas.

4 En efecto, se tiene que ALDEMAR OSPINA FRANCO para el día 1º de abril de 1994, fecha en que entró en vigencia la Ley 100 de 1993 contaba con más de 66 años, 3 meses y 20 días de edad, por consiguiente es incuestionable que se hallaba en el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

5 “que fija reglas sobre concesión de pensiones y jubilación”.