Sentencia 2008-01019 de marzo 13 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 760012331000200801019001

Número interno: 19549

Consejera ponente:

Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

Demandante: Pontificia Universidad Javeriana

Demandado: municipio de Santiago de Cali

Asunto: impuesto de industria y comercio

Bogotá, D.C., trece de marzo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Decide la Sala sobre la legalidad de los actos administrativos proferidos por el municipio de Santiago de Cali, mediante los cuales negó la solicitud de corrección de la declaración del impuesto de industria y comercio que la actora presentó por el año gravable 2004.

Para esto, la Sala debe determinar si la Administración debió aceptar el proyecto de corrección presentado con el fin de disminuir el impuesto a cargo y, de ser así, si es procedente ordenar la devolución de las sumas pagadas por el gravamen referido.

Por tratarse de asuntos similares, la Sala, para resolver, seguirá los lineamientos expuestos en la Sentencia 19484 del 26 de febrero de 2014(1),

En lo que tiene que ver con el impuesto de industria y comercio en el municipio de Cali, el Acuerdo 35 de 1985 dispuso, en su artículo 26, que las actividades de servicios que no tuvieran una tarifa específica estarían gravadas al 11 por mil y que debían ser declaradas por el código 307 “Las demás actividades de servicios”. En el numeral 4 del artículo 5º señaló que la actividad educativa no estaba gravada.

Posteriormente, el artículo 2º del Acuerdo 057 de 1999 reclasificó la actividad de servicios educativos privados en el código 305-02, y le asignó una tarifa del 3.3 por mil; esta disposición fue anulada en sentencia del Tribunal Administrativo del Valle y confirmada por el Consejo de Estado, en sentencia del 25 de septiembre de 2006.

El 29 de abril de 2005, la actora presentó la declaración del impuesto de industria y comercio por el año gravable 2004, liquidando un saldo a pagar de $ 159.434.000, que incluía como impuesto por la actividad de educación, la suma de $ 107.474.000.

Los días 19 de abril de 2006 y 8 de noviembre del mismo año, la Universidad corrigió la declaración para aumentar el saldo a cargo, sin modificar el impuesto por la actividad educativa.

El 7 de noviembre de 2007, con fundamento en la sentencia del 25 de septiembre de 2006, que confirmó la nulidad del artículo 2º del Acuerdo 057 de 1999, la actora presentó solicitud de corrección de la declaración del impuesto de industria y comercio del año gravable 2004, con el objeto de disminuir a cero (-0) el impuesto a cargo declarado por la actividad educativa.

El 5 de diciembre de 2007, el municipio de Cali negó la corrección argumentando que en el presente caso se estaba ante una situación jurídica consolidada, porque el artículo 2º del Acuerdo 057 de 1999 estaba vigente al momento de presentar la declaración y la sentencia de nulidad tiene efectos a partir de su ejecutoria.

Sobre el particular, la Sala reitera que la nulidad de los actos generales decretada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo tiene efectos inmediatos frente a situaciones jurídicas no consolidadas, que son aquellas que se debatían o son susceptibles de debatirse ante las autoridades administrativas o judiciales, al momento de proferirse el fallo(2).

En el caso sub examine, la nulidad del artículo en cita tiene efectos inmediatos frente al impuesto de industria y comercio del año 2004 declarado por la Universidad, pues no existía una situación jurídica consolidada.

Sobre la corrección de las declaraciones, el artículo 34 del Decreto 523 de 1999(3) expedido por el Alcalde del municipio de Santiago de Cali, señala lo siguiente:

“ART. 34.—Correcciones que disminuyan el valor a pagar o aumenten el saldo a favor. Para corregir las declaraciones que disminuyan el valor a pagar o aumenten el saldo a favor, se elevará solicitud a la subdirección administrativa de impuestos, rentas y catastro municipal, dentro del año siguiente al vencimiento del término para presentar la declaración.

La administración debe practicar la liquidación oficial de corrección, dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de la solicitud en debida forma; si no se pronuncia dentro de este término, el proyecto de corrección sustituirá la declaración inicial. La corrección de las declaraciones a que se refiere este artículo no impide la facultad de revisión, la cual se contará a partir de la fecha de la corrección o del vencimiento de los seis (6) meses siguientes a la solicitud, según el caso (…).

La oportunidad para presentar la solicitud se contará desde la fecha de la presentación, cuando se trate de una declaración de corrección”. (Subraya la Sala).

De conformidad con la anterior disposición, para corregir las declaraciones con el fin de disminuir el valor a pagar o aumentar el saldo a favor, los contribuyentes deben presentar la respectiva solicitud dentro del año siguiente al vencimiento del término para declarar, o a la fecha de la presentación de la declaración.

Por lo tanto, frente a la declaración del impuesto de industria y comercio de la demandante, correspondiente al año 2004, no existe situación jurídica consolidada porque al 19 de octubre de 2006, fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia del Consejo de Estado que confirmó la nulidad del artículo 2º del Acuerdo 057 de 1999, dicha declaración no había adquirido firmeza y podía ser corregida, es decir, al momento del fallo era una situación susceptible de ser debatida ante las autoridades administrativas.

Como la situación jurídica no estaba consolidada, la sentencia de nulidad tiene efectos inmediatos, es decir, que para la fecha en que la universidad presentó su declaración, 29 de abril de 2005, no estaba obligada a declarar y pagar el impuesto de industria y comercio sobre los ingresos obtenidos en desarrollo de la actividad educativa que presta.

Por lo tanto, tenía derecho a corregir su declaración para disminuir el impuesto a cargo determinado con base en una norma que desapareció del ordenamiento jurídico y la administración debió aceptar el proyecto presentado con este fin; al no hacerlo, devienen en nulos los actos administrativos que rechazaron la solicitud de corrección.

En lo relacionado con la devolución de la suma pagada por concepto del impuesto pagado, solicitada por la actora en la demanda y ratificada en la apelación, la Sala señala que aunque en la normativa municipal, esto es, en el Decreto 523 de 1999, se encuentra reglado el procedimiento para las devoluciones, que inicia con una solicitud del contribuyente, es viable ordenar la devolución sin necesidad de surtir ese trámite, por economía procesal y en aras de precaver un litigio futuro.

Lo anterior, porque la negativa de la Administración a corregir la declaración, como sucedió en este caso, “truncó al demandante la posibilidad de solicitar, ante la dependencia de la Dirección Seccional aduanera y/o tributaria competente, la devolución de las sumas pagadas en exceso”(4).

En la demanda, la universidad solicitó que se “ordenara la devolución del ICA pagado indebidamente por los ingresos originados en el servicio de educación prestado durante el año 2004, junto con los intereses a que haya lugar”.

El tribunal, en la sentencia, ordenó devolver, debidamente indexada, la suma pagada por concepto del ICA; por tal motivo, en el recurso de apelación, la demandante pidió que se reconocieran los intereses moratorios desde el 7 de mayo de 2008, día siguiente al vencimiento del plazo que tenía la administración para aceptar el proyecto de corrección y hasta la fecha del giro del cheque o consignación.

Teniendo en cuenta que procede la devolución del impuesto pagado por la demandante, para efectos del reconocimiento de intereses la Sala decidirá como lo hizo en la sentencia 18007, antes citada, cuyo criterio adoptó en la sentencia 19484(5) del 26 de febrero de 2014:

“… dado que la DIAN le truncó al demandante la posibilidad de solicitar, ante la dependencia de la dirección seccional aduanera y/o tributaria competente, la devolución de las sumas pagadas en exceso, por economía procesal y en aras a precaver un litigio futuro, la Sala considera procedente ordenar el pago de los intereses corrientes de conformidad con el artículo 863 del estatuto tributario(6).

En consecuencia, la Sala ordenará a la DIAN la devolución de las sumas pagadas en exceso, y la liquidación y pago de los intereses corrientes a partir de la fecha de notificación de las resoluciones [que negaron la solicitud de corrección], hasta la ejecutoria de esta sentencia.

En cuanto a los intereses moratorios, la Sala precisa que de conformidad con el artículo 863 estatuto tributario proceden a partir del vencimiento del plazo para devolver. Sin embargo, también precisa que cuando la autoridad tributaria decide no conceder el derecho a la devolución, la causación de los intereses moratorios ya no dependerá del vencimiento del plazo para devolver sino también, de lo que decida la administración o la jurisdicción, según sea el caso, una vez concluida la controversia, puesto que sólo una decisión administrativa o judicial debidamente ejecutoriada que reconozca el derecho a devolver constituye título o fuente de la obligación para que sea exigible el pago. De manera que, sólo a partir de que la obligación se hace exigible se constituye en mora el deudor y hasta la fecha del giro del cheque, emisión del título o consignación”.

Aunque el tribunal ordenó la devolución del valor pagado, debidamente indexado, la Sala en varios pronunciamientos, entre otros, en la sentencia 18185 del 23 de febrero de 2012(7), “ha sostenido que no es procedente el reconocimiento de intereses moratorios junto con la actualización de las sumas debidas(8), porque el artículo 863 del estatuto tributario no establece otro mecanismo, distinto de la causación de los intereses moratorios y los corrientes, si es del caso, “(…) para determinar y compensar el perjuicio sufrido por los contribuyentes (…)”(9) ante el retardo de la administración en la devolución de saldos a favor.

En consecuencia, la Sala ordenará al municipio de Cali devolver el impuesto de industria y comercio indebidamente pagado por la Universidad Javeriana en la suma de $ 107.474.000, junto con los intereses corrientes liquidados desde la fecha de notificación de la Resolución 275 del 5 de diciembre de 2007, que rechazó la solicitud de corrección, hasta la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

Asimismo, deberá reconocer intereses moratorios desde el día siguiente a la ejecutoria de esta providencia hasta la fecha del giro del cheque, emisión del título o consignación, a la tasa señalada en el artículo 864 del estatuto tributario.

Por lo tanto, se confirmará el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia apelada que anuló los actos administrativos demandados y se modificará el numeral segundo que, a título de restablecimiento del derecho, ordenó al municipio devolver, indexada, la suma pagada por concepto de impuesto de industria y comercio y complementario de avisos y tableros, por el año gravable 2004, vigencia fiscal 2005, porque debe aceptarse el proyecto de corrección y ordenar la devolución en los términos expuestos en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFÍCASE el numeral segundo de la sentencia del 3 de febrero de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el cual quedará así:

A título de restablecimiento del derecho, ACÉPTASE el proyecto de corrección de la declaración del impuesto de industria y comercio del año 2004, presentada por la Universidad Javeriana el 7 de noviembre de 2007 y ORDÉNASE al Municipio de Santiago de Cali devolver a la demandante la suma de $ 107.474.000, junto con los intereses corrientes causados a partir de la fecha de notificación de la Resolución 275 del 5 de diciembre de 2007 y hasta la ejecutoria de esta sentencia e intereses moratorios a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta sentencia, hasta la fecha de giro del cheque, emisión del título o consignación.

En lo demás, CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase».

(1) Universidad Autónoma de Occidente. C.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia.

(2) Sentencias 16404 del 23 de julio de 2009 C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; 17617 del 11 de marzo de 2010 C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia y 17922 del 16 de junio de 2011 C.P. William Giraldo Giraldo.

(3) “Por el cual se modifica el Decreto 0498 de marzo 29 de 1996 que adopta el libro 5º del estatuto tributario nacional sobre procedimiento tributario y régimen de sanciones”.

(4) Sentencia 18007 del 13 de septiembre de 2012 C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(5) Ibídem 1.

(6) Norma a la que remite el artículo 557 del Decreto 2685 de 1999:

“ART. 557.—Cancelación de intereses. Cuando hubiere lugar a la cancelación de intereses como consecuencia de un proceso de devolución a cargo de la Nación por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y previa solicitud del interesado, su pago se sujetará a las apropiaciones correspondientes dentro del Presupuesto General de la Nación, conforme a lo previsto en los artículos 863 y 864 del estatuto tributario”.

“ART. 863.—Cuando hubiere un pago en exceso o en las declaraciones tributarias resulte un saldo a favor del contribuyente, sólo se causarán intereses corrientes y moratorios, en los siguientes casos:

Se causan intereses corrientes, cuando se hubiere presentado solicitud de devolución y el saldo a favor estuviere en discusión, desde la fecha de notificación del requerimiento especial o del acto que niegue la devolución, según el caso, hasta la del acto o providencia que confirme total o parcialmente el saldo a favor.

Se causan intereses moratorios, a partir del vencimiento del término para devolver y hasta la fecha del giro del cheque, emisión del título o consignación.

Lo dispuesto en este artículo sólo se aplicará a las solicitudes de devolución que se presenten a partir de la vigencia de esta ley.

(7) C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

(8) Cfr. entre otras, sentencia del 3 de marzo de 2011, C.P. doctor William Giraldo Giraldo, expediente 17741.

(9) Cfr. sentencia del 3 de julio de 2003, C.P. doctor Juan Ángel Palacio Hincapié, expediente 13355.