Sentencia 2008-01033/1205-2014 de noviembre 16 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

Rad: 050012331000200801033 01 (1205-2014)

Consejero Ponente:

Dr. William Hernández Gómez

Actor: Alexandra Manrique Villamil

Demandado: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de la Protección Social, Fiduciaria La Previsora S.A.

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho, Decreto 01 de 1984

Bogotá, D. C., dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Problema jurídico

Con fundamento en los anteriores argumentos, los problemas jurídicos que se deben resolver en esta instancia, se resumen en las siguientes preguntas:

1. ¿La convención colectiva celebrada entre Sintraseguridad Social y el ISS, puede aplicarse a los empleados de la ESE Rafael Uribe Uribe, después del 31 de octubre de 2004?

2. ¿La señora Alexandra Manrique Villamil tiene derecho a que la ESE Rafael Uribe Uribe reliquide y pague las prestaciones sociales y demás acreencias laborales derivadas de la convención colectiva de trabajo?

Para efectos de resolver de manera conjunta estos problemas jurídicos se abordaran los siguientes temas: i) temporalidad de los derechos contenidos en la Convención Colectiva; ii) empleados públicos y trabajadores oficiales; iii) derechos adquiridos y iv) caso concreto.

i) Temporalidad de los Derechos contenidos en la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el ISS y Sintraseguridadsocial el 1º de noviembre de 2001 y hasta el 31 de octubre de 2004.

La Corte Constitucional, al estudiar la exequibilidad del Decreto-Ley 1750 de 2003, estableció que los derechos adquiridos en vigencia de la convención colectiva de trabajo se aplicarían a los trabajadores oficiales que por razón de la escisión del ISS fueron vinculados en calidad de empleados públicos a las diferentes empresas sociales del Estado que se crearon; sin embargo, posteriormente dicha jurisprudencia, en armonía con los pronunciamientos expuestos sobre el particular por esta corporación, determinó que la convención sólo tuvo vigencia hasta el 31 de octubre de 2004. Lo anterior se deduce de los siguientes argumentos:

En Sentencia C-349 de 2004(1), al analizar el alcance de las expresiones “automáticamente” y “sin solución de continuidad” en materia de derechos salariales, prestacionales y garantías convencionales contenidas en el artículo 17 del aludido decreto, aseveró:

“Las expresiones automáticamente y sin solución de continuidad, contrariamente a lo aducido por los demandantes, pretenden asegurar la garantía de estabilidad laboral y los demás derechos laborales de los trabajadores, al permitir que no pierdan sus puestos de trabajo ni vean interrumpida la relación empleador - trabajador. Con ello se obtiene que, en virtud de esta permanencia, dichos trabajadores puedan seguir disfrutando de los beneficios convencionales mientras los mismos mantengan vigencia y, además, seguir cobijados por los regímenes de transición pensional, durante este mismo lapso. Sin esta continuidad en la relación de trabajo no estarían aseguradas estas garantías laborales, puesto que al romperse el vínculo empleador - trabajador en principio cesan las obligaciones del primero para con el segundo, derivadas de la convención colectiva vigente. No obstante, para impedir que las mismas puedan ser interpretadas en el sentido según el cual la automaticidad en el traslado del régimen de trabajadores oficiales a empleados públicos y la incorporación sin solución de continuidad a las nuevas plantas de personal acarrea la pérdida de derechos laborales salariales o prestacionales adquiridos y de garantías convencionales, la Corte declarará su exequibilidad bajo el entendido que se respeten dichos derechos adquiridos”.

ii) Empleados públicos y trabajadores oficiales:

El Decreto-Ley 3135 de 1968 y su Decreto Reglamentario 1848 de 1969, en virtud del artículo 123 de la Constitución Política, distinguió de los denominados “empleados oficiales”, hoy “servidores públicos”, dos categorías, a saber, empleados públicos y trabajadores oficiales, definiéndolos en su orden así:

“Artículo 2º. Empleados públicos. 1. Las personas que prestan sus servicios en los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales, son empleados públicos.

[…]

Artículo 3º. Trabajadores oficiales. Son trabajadores oficiales los siguientes:

a. Los que prestan sus servicios a las entidades señaladas en el inciso 1º del artículo 1º de este decreto, en la construcción y sostenimiento de las obras públicas, con excepción del personal directivo y de confianza que labore en dichas obras; y

b. Los que prestan sus servicios en establecimientos públicos organizados con carácter comercial o industrial, en las empresas industriales o comerciales del Estado y sociedades de economía mixta, “conexcepcióndelpersonaldirectivoydeconfianzaquetrabajealserviciodedichasentidades. Es nulo lo que aparece subrayado. Sentencia del 16 de julio de 1971. t. LXXXI, del C. de E.). Ver Ley190de1995 Radicación1072de1998 Sala de Consulta y Servicio Civil”.

En cuanto a su campo de aplicación, el Decreto 1848 de 1969 en el artículo 7º, ordinal 2º previó:

“2º Se aplicarán igualmente, con carácter de garantías mínimas, a los trabajadores oficiales, salvo las excepciones y limitaciones que para casos especiales se establecen en los decretos mencionados, y sin perjuicio de lo que solamenteparaellosestablezcanlasconvencionescolectivas o laudos arbitrales, celebradas o proferidas de conformidad con las disposiciones legales que regulan en Derecho Colectivo del Trabajo” (Se subraya).

De conformidad con los artículos trascritos, queda claro que los únicos servidores públicos que pueden ser beneficiarios de las disposiciones de las convenciones colectivas son los trabajadores oficiales. No obstante, se debe determinar si las cláusulas convencionales que mejoran las condiciones salariales y prestacionales de dichos trabajadores se siguen aplicando aun cuando cambie su condición y pasen a ser empleados públicos.

iii) Sobre los derechos adquiridos:

El concepto de derechos adquiridos ha sido decantado por la Corte Constitucional, en Sentencia C-314 de 2004(2), dentro de la cual expresó:

“[…] son aquellos que han ingresado definitivamente en el patrimonio de la persona. Así, el derecho se ha adquirido cuando las hipótesis descritas en la ley se cumplen en cabeza de quien reclama el derecho, es decir, cuando las premisas legales se configuran plenamente. De acuerdo con esta noción, las situaciones jurídicas no consolidadas, es decir, aquellas en que los supuestos fácticos para la adquisición del derecho no se han realizado, no constituyen derechos adquiridos sino meras expectativas. A este respecto la Corte dijo: La Corte ha indicado que se vulneran los derechos adquiridos cuando una ley afecta situaciones jurídicas consolidadas que dan origen a un derecho de carácter subjetivo que ha ingresado, definitivamente, al patrimonio de una persona. Sin embargo, si no se han producido las condiciones indicadas, lo que existe es una mera expectativa que puede ser modificada o extinguida por el legislador.

[…] En cuanto a su ámbito de protección, la Corte ha dicho que, por disposición expresa del artículo 58 constitucional, los derechos adquiridos son intangibles, lo cual implica que no pueden ser desconocidos por leyes posteriores, […]. No sucede lo mismo con las denominadas “expectativas”, pues como su nombre lo indica, son apenas aquellas probabilidades o esperanzas que se tienen de obtener algún día un derecho; en consecuencia, pueden ser modificadas discrecionalmente por el legislador.

[…]”

De lo anterior se colige, que el derecho adquirido se opone a la de mera expectativa, es decir, que el primero es aquel que ha entrado al patrimonio de la persona natural o jurídica, y que por ende no puede ser sustraído a su titular, como quiera que le fue reconocido legítimamente. En otras palabras, este derecho es la ventaja cuya conservación está garantizada en favor del sujeto beneficiario del derecho, bien por una acción o una excepción.

Sobre el particular, la Subsección B de esta corporación, en proveído del 1º de octubre de 2009 precisó que, los efectos de la mencionada convención a los trabajadores oficiales, incorporados mediante el Decreto 1750 de 2003 sin solución de continuidad a las distintas empresas sociales del Estado en calidad de empleados públicos, se extienden hasta el 31 de octubre de 2004, fecha en que terminó la vigencia de la misma, así:

“[…] Así mismo, la Sala ya ha tenido oportunidad de manifestarse en relación con la aplicación de las convenciones colectivas a aquellos trabajadores que, sin haya solución de continuidad, pasan a ser empleados públicos, considerando lo siguiente: “La aludida convención colectiva cobija única y exclusivamente a los trabajadores oficiales de la entidad demandada y como la situación laboral de la demandante, no se enmarca dentro de este supuesto dada la calidad de empleada pública que la cobijaba para el momento en que fue retirada del servicio (…) no es viable reconocerle (…) con fundamento en la convención colectiva reclama, puesto que el cambio de naturaleza del empleo conlleva necesariamente el cambio de régimen aplicable, lo que indefectiblemente supone la inaplicación de reconocimientos plasmados en convenciones colectivas, salvo los derechos adquiridos y las expectativas legítimas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 416(3) del C.S.T. que consagra la prohibición de extender cláusulas convencionales a los empleados públicos, calidad que tal y como quedó demostrado, ostentó la actora. De igual manera, no sobra advertir, que aún aceptándose el argumento de la “reincorporación al servicio de la actora”, ello no es garantía de que las cláusulas convencionales le resulten aplicables, máxime cuando dicha reincorporación procuró mantener la continuidad de la relación, pero cambió la naturaleza del empleo. Cambio que impide, como ya se dijo, que las garantías convencionales se le apliquen a quienes antes de dicha reincorporación ostentaban la calidad de trabajadores oficiales, puesto que estas garantías y beneficios fueron alcanzados por dichos trabajadores oficiales a través de acuerdos convencionales que no pueden regular las relaciones de los empleados públicos que tienen un régimen indemnizatorio, salarial y prestacional establecido en la ley y sus decretos reglamentarios, tal y como específicamente lo contempla el artículo 150 numeral 19 literales e y f de la Constitución Política”(4).

[…] De acuerdo con lo expuesto por la Corte Constitucional, la Sala considera que los beneficios derivados de la convención colectiva de trabajo suscrita entre el Instituto de Seguros Sociales y el sindicato de trabajadores Sintraseguridad, debieron extenderse hasta el 31 de octubre de 2004, fecha en que terminó la vigencia de la misma, conforme con la certificación expedida por el Coordinador del Grupo de Archivo Sindical del Ministerio de la Protección Social.

Lo anterior, considerando que al mutar la naturaleza jurídica de los trabajadores a empleados públicos, al pasar a ser parte de la planta de personal de una empresa social del Estado, no le siguen siendo aplicables las disposiciones del derecho colectivo del trabajo y, por tanto, no pueden válidamente invocar la prórroga automática de la convención a que hace mención el artículo 478 C.S.T., que prevé que si dentro de los 60 días anteriores al vencimiento de su término de expiración las partes o una de ellas no hubiere manifestado por escrito su voluntad de darla por terminada, la convención se entiende prorrogada por períodos sucesivos de seis meses en seis meses; ni mucho menos se puede acudir a la denuncia de la convención, por ser empleados públicos y estar vinculados a una entidad pública diferente a la que suscribió la convención colectiva que pretende siga siendo aplicable. […](5).

El anterior criterio, fue reiterado por la misma Subsección, en los siguientes términos(6):

“De conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-314 de 2004 la protección de los derechos convencionales por un tiempo, deriva del concepto de derecho adquirido y de la afirmación según la cual la convención colectiva es en verdad un instrumento al que se someten las relaciones laborales que se ven afectadas por el mismo durante su vigencia.

La prórroga automática contenida en el artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social(7), no encuadra dentro de dicho concepto de derecho adquirido pues ella es una mera posibilidad que ante la actitud pasiva de las partes el instrumento convencional sigue vigente y, en consecuencia, no puede sostenerse que los trabajadores oficiales al 25 de junio de 2003 tenían un verdadero derecho adquirido a que se prorrogara el término de la convención.

Adicionalmente a ello, no puede perderse de vista que para el 31 de octubre de 2004 la mayoría de trabajadores de la E.S.E., dentro de los cuales se encuentra el accionante, ostentaban la condición de empleados públicos y por lo tanto no podían denunciar la convención, suscribir una nueva o convocar un tribunal de arbitramento.

Por lo anterior, no es viable avalar la interpretación del tribunal y tampoco la de la Corte Constitucional sostenida en la Sentencia T-1166 de 2008, pues a la luz de lo expuesto por la misma alta corporación en las sentencias de constitucionalidad, las cuales tienen efecto erga omnes, la protección deriva del concepto amplio de derecho adquirido […]”.

La posición anteriormente transcrita fue unificada por la Sala Plena de la Corte Constitucional, mediante la Sentencia SU-897 del 31 de octubre de 2012, como a continuación se muestra:

“… se concluye que, si bien los empleados públicos no pueden celebrar convenciones colectivas, los trabajadores oficiales otrora pertenecientes a la Vicepresidencia de salud del ISS que eran beneficiarios de la convención colectiva vigente hasta el año 2004, no perdieron las ventajas que esta convención les reconocía por el simple hecho de que su vínculo con la administración cambió, ya que dichas ventajas y prebendas constituían derechos adquiridos que debían ser respetados por sus nuevos empleadores, por el tiempo en que fue pactada la convención.

Estas son las razones por las cuales la Sala Plena de la Corte constitucional concluye que la convención celebrada entre el ISS y sus trabajadores oficiales pertenecientes a la vicepresidencia de salud estuvo vigente hasta el 31 de octubre de 2004, no obstante haber desaparecido el ISS en el 2003 por virtud del tantas veces mencionado Decreto-Ley 750 de 2003 (SIC).

[…]

El principal argumento es que, como se explicó anteriormente, los empleados públicos no pueden disfrutar de beneficios convencionales. No obstante, en este caso, en virtud de la protección que la Constitución dispensa respecto de los derechos adquiridos –artículo 58–, dichos beneficios se mantuvieron hasta que se cumplió el plazo inicialmente pactado en la convención, esto es hasta el 31 de octubre de 2004. Entender que a partir de este momento la convención se prorrogó indefinidamente no es de recibo en el ordenamiento jurídico colombiano, en virtud de las siguientes razones:

1) Se crearía por parte de la jurisprudencia un tercer tipo de vínculo con la administración: los empleados públicos que disfrutan regularmente de beneficios convencionales, lo cual, además de no tener fundamento constitucional ni legal en el ordenamiento colombiano, iría en contra del principio de igualdad. Esta posición ha sido sostenida por la Sala Plena de esta corporación en sede de constitucionalidad, tal y como se consagró en la Sentencia C-314 de 2004, al manifestarse en contra de que los empleados públicos de las ESEs tuvieran un derecho adquirido a disfrutar indefinidamente de los beneficios convencionales o celebrar convenciones colectivas: “El absurdo al que conduciría una conclusión contraria implicaría reconocer que cierto tipo de empleados públicos –los que antes han sido trabajadores oficiales– tendrían derecho a presentar convenciones colectivas de trabajo, a diferencia de aquellos que nunca fueron trabajadores oficiales, con lo cual se generaría una tercera especie de servidores públicos, no prevista en la ley sino resultado de la transición de un régimen laboral a otro, afectándose por contera el derecho a la igualdad de los empleados públicos que no habiendo sido jamás trabajadores oficiales, no tendrían derecho a mejorar por vía de negociación colectiva la condiciones laborales de sus cargos” –negrillas ausentes en texto original–.

2) La desaparición de una de las partes de la relación laboral –el empleador– impide que la convención colectiva se prorrogue respecto de quienes en el pasado fueron trabajadores en aquella relación laboral. En efecto, el cambio de empleador elimina una de las partes que celebraron la convención colectiva y, como es lógico, cualquier renovación de beneficios convencionales debería tener como presupuesto la existencia de quien se compromete a proporcionarlos, esto es, el nuevo empleador. No resulta acorde con la filosofía del derecho de negociación colectiva que se extiendan indefinidamente –con base en una supuesta renovación automática– los beneficios convencionales de una relación laboral que dejó de existir.

3) El argumento anterior cobra aun más sentido si se tiene en cuenta que el nuevo empleador –es decir las ESEs– no podían denunciar la convención colectiva tantas veces referida en virtud a que no fue nunca una de las partes involucradas en su celebración. La denuncia y renegociación de los beneficios convencionales, como es lógico, corresponde a las partes que celebraron la convención colectiva. No es posible que un tercero que no participe en dicha negociación denunciar o renegociar convenciones pasadas de sus actuales trabajadores.

En resumen, no puede entenderse que, una vez cumplido el término por el que fue pactada, una convención colectiva se prorroga indefinidamente, con base en los términos del artículo 478 del CST, incluso cuando:

i) se ha cambiado de empleador;

ii) el antiguo empleador ha dejado de existir; y

iii) los antiguos beneficiarios ahora tienen un vínculo jurídico que no les permite disfrutar de beneficios convencionales.

Estos son los argumentos que llevan a la Sala Plena de la Corte Constitucional a modificar la jurisprudencia de la Sala Sexta de Revisión y adoptar la posición anteriormente expuesta,consistenteenentenderquelaconvencióncolectivacelebradaentreSintraseguridad SocialyelISS,estuvovigenteporelplazoinicialmentepactado,estoes,deldenoviembrede2001al31deoctubrede2004 […]”.

iv) Caso concreto

Dentro del dossier está probado lo siguiente:

• La señora Alexandra Manrique Villamil prestó sus servicios al Instituto de Seguros Sociales entre el 27 de mayo de 1997 y el 25 de junio de 2003. Posteriormente, a partir de esta última fecha y hasta el 18 de julio de 2008, estuvo al servicio de la ESE Rafael Uribe Uribe, en el cargo de odontólogo, código 2087, grado 18(8).

• Por medio de la Resolución 547 del 15 de abril de 2008, “se establece el monto de liquidación de prestaciones sociales definitivas e indemnización de un servidor público de la ESE Rafael Uribe Uribe en Liquidación”, teniendo como fecha límite el 30 de mayo de 2008.(9)

• A través de la Resolución 967 del 9 de junio de 2008, “se adiciona la Resolución 547 de abril 5 de 2008 […]”, en virtud de la prórroga del proceso liquidatorio de la ESE Rafael Uribe Uribe en Liquidación hasta el 30 de junio de 2008.(10)

• Con Resolución 1320 del 14 de julio de 2008 “se realiza un ajuste aritmético a las resoluciones que reconocieron prestaciones sociales e indemnizaciones a los funcionarios de la ESE Rafael Uribe Uribe En Liquidación […]” hasta el 18 de julio de 2008, fecha hasta cuando se extendió el proceso de liquidación de la entidad.

• Mediante Oficio del 18 de julio de 2008 el cual el apoderado general liquidador de la Fiduprevisora S.A. le comunica a la demandante la supresión del cargo por culminación del proceso liquidatorio.(11)

• Se allegó igualmente, Convención colectiva suscrita entre el ISS y Sintraseguridadsocial, firmada el 31 de octubre de 2001, y con una vigencia entre el 1º de noviembre de 2001 y hasta el 31 de octubre de 2004.(12)

En el presente asunto, no se discute el hecho de que la actora estuvo vinculada al ISS en calidad de trabajadora oficial, pues las partes así lo admiten y en todo caso, revisadas las documentales allegadas al proceso, ello se encuentra probado.

También es claro que mediante el Decreto 1750 de 26 de junio de 2003 se escindió el Instituto de Seguros Sociales y se crearon siete empresas sociales del Estado, como entidades descentralizadas del nivel nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscritas al Ministerio de Protección Social. Una de ellas fue precisamente la ESE Rafael Uribe Uribe, motivo por el cual la situación laboral de la demandante se modificó sustancialmente, pues a partir de allí pasó a ser considerada como empleada público, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 ibídem. Siendo dicha incorporación a la nueva planta de personal, al tenor de lo estipulado en el artículo 17 ejusdem, automática y sin solución de continuidad.

Ahora, conforme se explicó en párrafos precedentes es cierto que los derechos adquiridos, en virtud de la Convención Colectiva de Trabajo, por los servidores públicos que hacían parte del ISS deben ser protegidos, no obstante, los beneficios de la misma no podrán extenderse más allá de su vigencia, lo que significa que después del 31 de octubre de 2004 y dada la nueva categoría que adquirieron al vincularse a la ESE, ya no pueden ser cobijados por las disposiciones en ella contenidas.

En conclusión y con fundamento en la documental aportada al sub lite, se deben denegar las pretensiones encaminadas a que se le reconozcan a Alexandra Manrique Villamil los derechos convencionales por el tiempo comprendido entre el 1º de noviembre de 2004 hasta la fecha de retiro del servicio, a saber, el 18 de julio de 2008. Pues si bien en la demanda y en las demás intervenciones la parte demandante hace un esfuerzo argumentativo para demostrar la aplicación de la convención colectiva de trabajo a su favor, después del 31 de octubre de 2004, es claro que la terminación de la vigencia de este instrumento unida a que en dicho momento ya ostentaba la calidad de empleada pública, impide la prolongación de los efectos de la aquella a su nueva realidad laboral, tal como lo explican los precedentes judiciales que se citaron.

Decisión de segunda instancia

Conforme lo expuesto, se confirma la sentencia proferida el 23 de octubre de 2013 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, Subsección Laboral, Sala Primera de Decisión, que denegó las pretensiones de la demanda que instauró la señora Alexandra Manrique Villamil contra la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de la Protección Social, Fiduciaria La Previsora S.A.

Reconocimiento de personería

Reconózcase personería jurídica al abogado Diego Felipe Fonseca López, identificado con la cédula 1.026.272.340, quien es portador de la T.P. 241.232 del C.S. de la J., para actuar en calidad de apoderado de la Fiduciaria La Previsora S.A. dentro de los términos en que le fue conferido el poder que obra en el folio 416 del expediente.

Condena en costas

Toda vez que el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de condena en costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna procedió de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confírmese la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, Subsección Laboral, Sala Primera de Decisión, el 23 de octubre de 2013, en el proceso que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la señora Alexandra Manrique Villamil contra la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros, de conformidad con lo expuesto en esta providencia.

2. Reconózcase personería jurídica al abogado Diego Felipe Fonseca López, identificado con la cédula 1.026.272.340, quien es portador de la T.P. 241.232 del C.S. de la J., para actuar en calidad de apoderado de la Fiduciaria La Previsora S.A. dentro de los términos en que le fue conferido el poder que obra en el folio 416 del expediente.

3. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático “Justicia Siglo XXI”.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión».

1 Corte Constitucional, Sentencia C-349 de 2004, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Ob. cita.

2 Corte Constitucional, “Sentencia C-314 de 2004, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra”. Ob. cita.

3 La citada norma establece: “Los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliegos de peticiones ni celebrar convenciones colectivas, pero los sindicatos de los demás trabajadores oficiales tienen todas las atribuciones de los otros sindicatos de trabajadores, y sus pliegos de peticiones se tramitarán en los mismos términos que los demás, aún cuando no puedan declarar o hacer huelga” Aparte subrayado y en letra itálica declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1234 de 29 de noviembre de 2005, M. P. Alfredo Beltrán Sierra.

4 Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 1º de julio de 2009. Radicado 2007-1355.

5 Radicado 25000-23-25-000-2005-10890-01 (0212-08). Actor: Martha Catalina Vásquez Sagra. Demandado: E.S.E. Luis Carlos Galán Sarmiento.

6 Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 7 de abril de 2011. Radicado 05001-23-31-000-2008-00067-01 (0673-10).

7 “A menos que se hayan pactado normas diferentes en la convención colectiva, si dentro de los sesenta (60) días inmediatamente anteriores a la expiración de su término las partes o una de ellas no hubiere hecho manifestación escrita de su expresa voluntad de darla por terminada, la convención se entiende prorrogada por períodos sucesivos de seis (6) en seis (6) meses, que se contarán desde la fecha señalada para su terminación”.

8 Folio 37.

9 Folios 18-21.

10 Folios 19-22 y 124-127 c. 1.

11 Folio 38

12 Folios 72-141 ibidem.