Sentencia 2008-01087 de mayo 16 de 2013

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 05001 11 02 000 2008-01087 01

Aprobado según Acta 35 de la misma fecha.

Magistrado ponente:

Dr. Pedro Alonso Sanabria Buitrago

Ref.: disciplinario contra Blanca Olga González de Gil y Jairo de Jesús González Ortiz, jueces de paz de Marinilla (Antioquia).

Bogotá, D.C., dieciséis de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

De la competencia

Esta corporación es competente para conocer en segunda instancia de la apelación interpuesta contra los fallos proferidos por las Salas jurisdiccional disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura existentes en el país, acorde con lo dispuesto en los artículos 256-3 de la Constitución Política, 112-4 de la Ley 270 de 2006 y 115 de la Ley 734 de 2002.

Antes de iniciar el estudio del caso concreto, es necesario recordar lo expuesto por esta Sala, con ponencia de quien aquí actúa, en decisión aprobada en acta 41 del 4 de mayo de 2011, en la radicado 2007-00461, en el cual se definieron los lineamientos en torno al régimen disciplinario de los jueces de paz, así:

“De los jueces de paz y de reconsideración.

Considera la Sala, en primer lugar, que debe sentar precedente en torno al régimen disciplinario de los jueces de paz, las sanciones y el procedimiento a seguir en materia de los miembros de la citada jurisdicción.

En tal orden de ideas, y previo al pronunciamiento que deba hacerse respecto de la sentencia recurrida, con vocación de permanencia, la Sala se referirá a continuación sobre:

1. La naturaleza de la jurisdicción de paz,

2. Los jueces de paz como sujetos disciplinables y el juez competente,

3. Aplicación de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia,

4. Procedimiento disciplinario, y

5. Faltas y sanciones en que pueden incurrir los jueces de paz.

1. Naturaleza de los jueces de paz

Uno de los objetivos principales que se propuso el Constituyente de 1991 en materia de administración de Justicia, fue el de agilizarla, a través de procedimientos que permitan la descongestión de los despachos judiciales y garanticen el acceso a todos los ciudadanos.

A tal efecto, la Constitución Política consagró, de un lado la posibilidad de que los particulares sean investidos transitoriamente de la función de administrar justicia, en condición de conciliadores o de árbitros habilitados por las partes, para proferir fallos en derecho o en equidad (C.P., art. 116); de otro lado, le atribuyó función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas (ibíd.); y, por otro lado, estableció las llamadas jurisdicciones de los pueblos indígenas, dentro de su ámbito territorial (C.P., art. 246), por una parte, y los jueces de paz (C.P., art. 247), por la otra.

Se trata, en todos estos casos, de mecanismos que buscan, como antes se señaló, hacer más expedita la administración de justicia al tratar de zanjar controversias que no revistan especial significación jurídica, pero que de todas formas pueden alterar la pacífica convivencia de los ciudadanos, individualmente considerados, o de las comunidades a las cuales pertenecen(2).

Entonces, los jueces de paz y reconsideración fueron creados en la Constitución Política de 1991, como una jurisdicción especial, a quienes se les invistió de facultades para resolver en equidad conflictos individuales y comunitarios:

“ART. 247.—La ley podrá crear jueces de paz encargados de resolver en equidad conflictos individuales y comunitarios. También podrá ordenar que se elijan por votación popular”.

Debe entenderse entonces, que conforme al artículo 116(3) de la Carta Política, los jueces de paz se encuentran incluidos dentro de la expresión “jueces”, cuando la norma enseña quiénes administran justicia.

El desarrollo legal de la norma constitucional citada fue la Ley 497 de 1999, la cual reiteró que las decisiones de dichos jueces son en equidad (art. 3º), señaló su objeto y competencia (arts. 8º y 9º), siendo el artículo 14 donde se consagró su naturaleza:

“ART. 14.—Naturaleza y requisitos. Los jueces de paz y los jueces de reconsideración son particulares que administran justicia en equidad, de acuerdo con lo establecido por la Constitución y la presente ley.

Para ser juez de paz o de reconsideración se requiere ser mayor de edad, ser ciudadano en ejercicio, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos y haber residido en la comunidad respectiva por lo menos un (1) año antes de la elección”.

Pero es más, fruto de la modificación de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia —L. 1285, ene. 22/2009—, expresamente la jurisdicción de paz es considerada como parte de la Rama Judicial del Poder Público, y se advierte que sus jueces ejercen la función jurisdiccional; en tal sentido los artículos 4º y 5º de la norma en cita consignan:

ART. 4º—Modifíquese el artículo 11 de la Ley 270 de 1996:

ART. 11.—La Rama Judicial del Poder Público está constituida por: a)…b)…c)…

d) De la jurisdicción de paz: jueces de paz”.

“ART. 5º—El artículo 12 de la Ley 270 de 1996 quedará así:

ART. 12.—Del ejercicio de la función jurisdiccional por la rama judicial. La función jurisdiccional se ejerce como propia y habitual y de manera permanente por las corporaciones y personas dotadas de investidura legal para hacerlo, según se precisa en la Constitución Política y en la presente ley estatutaria.

Dicha función se ejerce por la jurisdicción constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, las jurisdicciones especiales tales como: la penal militar, la indígena y la justicia de paz, y la jurisdicción ordinaria que conocerá de todos los asuntos que no estén atribuidos por la Constitución o la ley a otra jurisdicción”.

2. Los jueces de paz como sujetos disciplinables y el juez competente.

El artículo 34 de la Ley 497 de 1999, considera a los jueces de paz como sujetos disciplinables, señala su juez natural y de manera enunciativa señala faltas y sanciones:

Control disciplinario. En todo momento el juez de paz y los jueces de paz de reconsideración podrán ser removidos de su cargo por la Sala Disciplinaria del Concejo Seccional de la Judicatura, cuando se compruebe que en el ejercicio de sus funciones ha atentado contra las garantías y derechos fundamentales u observado una conducta censurable que afecte la dignidad del cargo”.

La competencia de esta jurisdicción para adelantar actuaciones disciplinarias se encuentra ratificada en la cláusula general de competencia de la jurisdicción disciplinaria de que trata el artículo 193 de la Ley 734 de 2002, que dice:

“Alcance de la función jurisdiccional disciplinaria. Mediante el ejercicio de la función jurisdiccional disciplinaria, se tramitan y resuelven los procesos que, por infracción al régimen disciplinario contenido en el presente estatuto, se adelanten contra quienes ejerzan funciones jurisdiccionales de manera permanente, transitoria u ocasional, excepto quienes tengan fuero especial”.

Adicionalmente y de manera expresa, el artículo 216 de la misma normatividad citada indica:

“Competencia. Corresponde exclusivamente a la Sala jurisdiccional disciplinaria de los consejos seccionales de la judicatura juzgar disciplinariamente, en primera instancia, a los jueces de paz”.

3. ¿Se aplica la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia a los jueces de paz?

Se trata de establecer si son aplicables a los jueces de paz las normas relativas a deberes y prohibiciones de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.

Encontramos al respecto que en el capítulo VI, del libro III de la citada norma estatutaria, dedicada a la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios y empleados judiciales, en su artículo 74 se prevé:

“Las disposiciones del presente capítulo se aplicarán a todos los agentes del Estado pertenecientes a la Rama Judicial así como también a los particulares que excepcional o transitoriamente ejerzan o participen del ejercicio de la función jurisdiccional de acuerdo con lo que sobre el particular dispone la presente ley estatutaria.

En consecuencia, en los preceptos que anteceden los términos “funcionario o empleado judicial” comprende a todas las personas señaladas en el inciso anterior”.

De hecho, cuando la Guardiana de la Constitución ejerció el control automático y previo de esta norma de especial jerarquía, expresamente la declaró exequible y la ratio decidendi de su decisión indicó:

“Esta norma se limita a advertir que la responsabilidad por causas relacionadas con la administración de justicia se aplica a todos aquellos que en forma permanente o transitoria hagan parte de ella. Valga anotar que, en este último caso, se incluyen igualmente a las autoridades indígenas y a los jueces de paz, pues en el momento de dirimir con autoridad jurídica los conflictos de su competencia, ellos son realmente agentes del Estado que, como se vio, también están sometidos al imperio de la Constitución y de la ley y, por tanto, también son susceptibles de cometer alguna de las conductas descritas en los artículos anteriores del presente proyecto de ley. Con todo, debe puntualizarse que, habida cuenta las explicaciones dadas respecto de los artículos anteriores, el último inciso de la norma bajo examen no cobija a los magistrados que pertenecen a las altas cortes u órganos límite en los términos establecidos en esta providencia.

La disposición, bajo estas condiciones, será declarada exequible”(4).

Luego, la respuesta al cuestionamiento planteado es positiva y con carácter de cosa juzgada, valga decir, de obligatorio acatamiento y con efectos erga omnes; pero adicionalmente, como ya se indicó, la reciente reforma de la ley estatutaria vincula la jurisdicción de paz como parte de la Rama Judicial del Poder Público e indica que sus jueces ejercen funciones jurisdiccionales.

Ahora bien, siendo que por mandato constitucional y legal, los jueces de paz profieren decisiones en equidad, en esa medida los jueces disciplinarios deben evaluar en cada caso, cuándo la norma imperativa o de prohibición estatutaria que pueda constituir una falta disciplinaria, resulta o no aplicable, pues la infracción a muchas de estas normas solo podrían aplicarse a quienes deciden en derecho, y pueden resultar no serlo para los jueces de paz dada su naturaleza y función.

4. ¿Cuál es el procedimiento disciplinario aplicable?

Conforme al artículo 66 de la Ley 734 de 2002, el procedimiento que esa misma codificación prevé debe ser aplicado, entre otras autoridades, por la jurisdicción disciplinaria:

ART. 66.—Aplicación del procedimiento. El procedimiento disciplinario establecido en la presente ley deberá aplicarse por las respectivas oficinas de control interno disciplinario, personerías municipales y distritales, la jurisdicción disciplinaria y la Procuraduría General de la Nación.

El procedimiento disciplinario previsto en esta ley se aplicará en los procesos disciplinarios que se sigan en contra de los particulares disciplinables conforme a ella”.

Jurisdicción disciplinaria que, naturalmente, está conformada por las Salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales y superior de la judicatura.

De suerte que siendo que los jueces de paz hacen parte de los destinatarios del régimen disciplinario a cargo de esta Jurisdicción, no existe razón alguna para que no se aplique el mismo procedimiento contenido en la Ley 734 de 2002.

5. ¿Cuáles son las faltas en que pueden incurrir los jueces de paz y cuáles las sanciones a imponer?

La Ley 497 de 1999 en materia disciplinaria, en el ya citado artículo 34, señaló:

“Control disciplinario. En todo momento el juez de paz y los jueces de paz de reconsideración podrán ser removidos de su cargo por la Sala Disciplinaria del Concejo Seccional de la Judicatura, cuando se compruebe que en el ejercicio de sus funciones ha atentado contra las garantías y derechos fundamentales u observado una conducta censurable que afecte la dignidad del cargo”.

Se pregunta la Sala si cabe predicar que allí se encuentra el régimen de faltas y sanciones para los jueces de paz, y de hecho, que la única sanción imponible a éstos es la remoción del cargo, respondiendo desde ahora que no.

Admitir tal hipótesis comportaría, en primer lugar, ni más ni menos total desconocimiento del principio constitucionalidad de legalidad, pues sin duda que allí no se señalan las descripciones genéricas, impersonales y abstractas (tipicidad) que puedan ser consideradas como faltas y a las cuales deban atenerse tanto los jueces de paz como sus jueces disciplinarios, y en tales condiciones, se atenta contra la seguridad jurídica que reclama en materia punitiva la existencia de una ley previa, cierta o inequívoca y escrita; y entonces no podemos admitir que la mencionada norma contenga el catálogo de faltas.

De otra parte, de interpretarse que la sanción de remoción del cargo es la única aplicable, sin duda alguna conllevaría a la vulneración del derecho a la igualdad y el desconocimiento de los principios de proporcionalidad y favorabilidad, pues no se entendería que a los jueces y magistrados de las demás jurisdicciones, quienes por demás contrario a los jueces de paz, son personas versadas en leyes, sí se les pueda infligir sanciones más benignas, como lo es la amonestación, multa y suspensión del cargo, claro está, dependiendo de la gravedad de la conducta y la forma de culpabilidad, aspectos éstos últimos que por demás no establece la Ley 497 de 1999, pero a los cuales debe acudir el juez disciplinario para efectos de la determinación de la graduación de la sanción conforme la regulación prevista en la Ley 734 de 2002.

¿Y entonces dónde se encuentra el catálogo de faltas? En la misma normatividad que las de los demás jueces de la República; su definición, o el fundamento de su tipicidad lo prevé el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, que dicho sea de paso reúne la exigencia de la legalidad de las sanciones:

“Falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este código.”

Deberes, prohibiciones, inhabilidades, impedimento incompatibilidades y conflicto de intereses que se encuentran en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, de cuyos destinatarios hacen parte los jueces de paz, en los ya citados términos del artículo 74 de dicha normatividad y con el alcance que a tal disposición dio la Corte Constitucional con carácter de cosa juzgada constitucional y por expresa disposición de los artículos 11 y 12 modificados por la Ley 1285 de 2009; una vez más llamando la atención sobre la específica función de estos jueces y la naturaleza de sus fallos; así como los que puedan prever la Ley 497 de 1999 y demás normas que regulen la función de los jueces de paz”.

Del caso en particular

Teniendo en cuenta los anteriores parámetros, es claro que en el presente caso el trámite dado a las presente diligencias se adelantó conforme el procedimiento establecido en la Ley 734 de 2002 “Código Disciplinario Único”, y que el pliego de cargos irrogado a los jueces de paz, Blanca Olga González Gil y Jairo de Jesús González se fundó en el catálogo de deberes y prohibiciones previstos en la Ley 270 de 1996 “estatutaria de administración de justicia”, por lo que no se observa causal alguna de nulidad, máxime que los disciplinables contaron con defensa técnica del caso.

Entrando al estudio del asunto puesto a consideración de esta Sala, de cara a la imputación efectuada a los jueces de paz de Marinilla (Antioquia), esto es, haber faltado al deber establecido en el artículo 153.1 de la Ley 270 de 1996, cuyo tenor es: “respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos”, los preceptos legales que se le imputan, esto es, haber transgredió la Ley 497 de 1999 son del siguiente tenor:

ART. 9º—Competencia. Los jueces de paz conocerán de los conflictos que las personas o la comunidad, en forma voluntaria y de común acuerdo, sometan a su conocimiento, que versen sobre asuntos susceptibles de transacción, conciliación o desistimiento y que no sean sujetos a solemnidades de acuerdo con la ley, en cuantía no superior a los cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (…).

ART. 23.—De la solicitud. La competencia del juez de paz para conocer de un asunto en particular iniciará con la solicitud que de común acuerdo le formulen, de manera oral o por escrito, las partes comprometidas en un conflicto. En caso de ser oral, el juez de paz levantará un acta que firmarán las partes en el momento mismo de la solicitud. (…).

De acuerdo a los imperativos transcritos, para que un juez de paz pueda asumir el conocimiento de un asunto puesto en su conocimiento, es necesario:

1. Que haya petición en forma voluntaria y de común acuerdo de las partes involucradas, bien sea oral o escrita. Si es oral, se debe levantar un acta la cual es obligatorio firmarse por los peticionarios en el mismo momento de la solicitud.

2. Que el bien sobre el cual se discute, no tenga un valor superior a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

3. Que el asunto sea susceptible de transacción, conciliación o desistimiento y que no esté sujeto a solemnidades de acuerdo con la ley.

4. Que las partes: a) residan en el lugar en el que el juez de paz ejerce jurisdicción, b) o en su defecto que los hechos originarios del conflicto hayan sucedido en su zona de influencia, y c) que los extremos de la controversia lo designen de común acuerdo.

En el caso en particular, conforme el material probatorio obrante en el plenario, se establece:

1. No existió petición elevada voluntaria y de común acuerdo entre el señor Marco Antonio Gómez Ramírez y los señores Jairo Gómez Giraldo, Fernando Estrada Moreno, Luis Gómez Ramírez y Gerardo Gómez Ramírez, quienes pretendían constituir o mantener la servidumbre de tránsito que según los “peticionarios” existía de tiempo atrás, no reconocida por el dueño del predio señor Marco Antonio Gómez Ramírez.

2. Al respecto, es contundente el quejoso al manifestar que fue el señor Jairo de Jesús Gómez Giraldo, quien le llevó la citación para acudir ante los jueces de paz. Pero además en la sentencia proferida por estos, en el acápite de hechos aparece: “el día 19 de mayo se presentó ante esta oficina el señor Jairo de Jesús Gómez para solicitar aclaración de una servidumbre. En consecuencia se procedió a invitar al señor Marco Antonio Gómez a audiencia de conciliación el día 13 de mayo a las 3:00 p.m.”.

3. No obstante el citado Marcos Gómez, haber manifestado a los servidores de la justicia en equidad través de su hijo Elkin Antonio Gómez Ramírez, que no eran competentes y que el conflicto se debía resolver era en los estrados judiciales, decisión que acatarían, hicieron caso omiso y continuaron el proceso hasta emitir el fallo.

4. De esta manera, fueron advertidos que la definición del conflicto presentado a su consideración, no era de su competencia, luego continuar con el mismo fue un acto de obstinación, propio de quien puede tener interés en las resultas del mismo, cuando lo propio era haber rechazado la petición invocada, hasta tanto se presentara con el requisito de la voluntariedad y del común acuerdo de las partes involucradas.

5. Entonces, la presunción de buena fe quedó en el limbo frente al actuar de los conciliadores en equidad, sin que se pueda predicar que su obrar fue por desconocimiento de la normatividad, porque los mismos reconocieron en los descargos presentados su experiencia como dispensadores de justicia.

6. De esta manera, porque el señor Marcos Gómez hubiera comparecido a las citaciones y hubiese esperado hasta el fallo, no legitima en manera alguna la conducta de los disciplinados, ni justifica la ostensible falta en que incurrieron, porque eran ellos los llamados a calificar o valorar que se cumplieran los requisitos para poner en movimiento la jurisdicción de paz por ellos impartida.

7. Tal como se endilgó en los cargos a los disciplinables y por lo que se le sancionó en primera instancia, estos objetivamente no observaron el contenido de los artículos 9º y 23 de la Ley 497 de 1999, pues se reitera, asumieron el conocimiento de un conflicto, sin que así se lo hubieran deprecado de consuno los extremos en contienda, pues solo lo hizo el señor Jairo de Jesús Gómez Giraldo.

8. Así las cosas, al haber asumido los ciudadanos Blanca Olga González de Gil y Jairo de Jesús González Ortiz, en calidad de jueces de paz, el conocimiento de un conflicto para el cual no tenían competencia, ello de contera se configura en el desconocimiento al debido proceso previsto en el artículo 29 de la Constitución Política, lo cual también se le endilgó en el pliego de cargos.

En efecto, el artículo 29 de la Constitución Política establece el debido proceso como derecho fundamental de toda persona, el cual debe ser aplicado a todo tipo de actuaciones, tanto judiciales como administrativas, garantizando el respeto de los derechos fundamentales de quienes se ven involucrados en un debate de tipo judicial o administrativo.

Este derecho, que se encuentra íntimamente ligado con el derecho que le asiste a toda persona de acceder a la justicia, impone que las actuaciones que se surtan en el desarrollo de una acción judicial o administrativa deban regirse bajo los parámetros establecidos por la norma y con observancia de las formas propias de cada juicio.

Ahora bien, en cuanto a la responsabilidad de los jueces de paz Blanca Olga González de Gil y Jairo de Jesús González Ortiz en la comisión de las conductas fácticas antes referidas, que conllevó a que infringieran objetivamente el deber previsto en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, y de cara a las exculpaciones dadas por su defensora de oficio, en verdad estas no logran desvirtuarlas, tal como se ha venido afirmando en transcurso de esta alzada.

En efecto, nótese que la defensa básicamente se fundamenta en dos aspectos: La buena fe y el cumplimiento de sus funciones, tales como la búsqueda de una solución integral y pacífica de los conflictos comunitarios o particulares, dispuestos en el numeral 15 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996.

1. En cuanto al primero, se tiene que el principio de la buena fe es de rango constitucional, que exige a las autoridades públicas y a la misma ley, a que presuman la buena fe en las actuaciones de los particulares, y obliga a que tanto autoridades públicas como los particulares así actúen.

Recordemos que el artículo 83 de la Constitución Política Colombiana indica que las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquéllos adelanten ante estas.

Al respecto, en Sentencia C-544 de 2004, la Corte Constitucional, sobre el principio de la buena fe, indicó:

“La buena fe ha sido, desde tiempos inmemoriales, uno de los principios fundamentales del derecho, ya se mire por su aspecto activo, como el deber de proceder con lealtad en nuestras relaciones jurídicas, o por el aspecto pasivo, como el derecho a esperar que los demás procedan en la misma forma. En general, los hombres proceden de buena fe: es lo que usualmente ocurre. Además, el proceder de mala fe, cuando media una relación jurídica, en principio constituye una conducta contraria al orden jurídico y sancionada por este. En consecuencia, es una regla general que la buena fe se presume: de una parte es la manera usual de comportarse; y de la otra, a la luz del derecho, las faltas deben comprobarse. Y es una falta el quebrantar la buena fe.”

En el caso en particular que ocupa nuestra atención, la defensora de oficio de los disciplinables, afirmó en defensa de estos, que éstos actuaron de buena fe, principio alterado por el procedimiento vertido en el trámite de las diligencias, en las que se profirió un fallo omitiendo uno de los requisitos para ejercer sus funciones.

Así las cosas, la excusa de la buena fe no puede aceptarse, pues como lo indicó la Corte Constitucional, aunque la buena fe debe presumirse, no puede afirmarse que existe cuando se “constituye una conducta contraria al orden jurídico”, y precisamente, el juez de paz, para ejercer la función para la cual se postuló ante la comunidad, aunque no es un profesional del derecho, mínimo tiene la obligación de conocer el contenido de la Ley 497 de 1999, por la cual se crearon los jueces de paz y se reglamentó su organización y funcionamiento, y han sido capacitados, pues así lo establece el artículo 21 ejusdem.

Por lo mismo, no puede hablarse que actuaron en cumplimiento de sus funciones, pues el juez de paz debe tener conocimiento de los requisitos mínimos para avocar el conocimiento de determinado asunto, como lo son de la existencia de petición elevada de común acuerdo entre las personas trabadas en el conflicto, bien por escrito o en forma oral, y en éste último caso debe levantarse un acta al respecto.

Entonces, para la Sala es claro que los disciplinados soslayaron el deber de respetar la Ley 497 de 1999 y el artículo 29 de la Constitución Nacional, en la medida de que teniendo conocimiento de las limitaciones para ejercer la jurisdicción especial de paz, por la experiencia que ellos mismos manifestaron tener, se condujeron de manera contraria al asumir un caso del cual no podían conocer, por la ausencia del acuerdo de las partes en conflicto.

En el anterior orden de ideas, y sin entrar a efectuar más razonamientos sobre este tópico, queda claro que los jueces de paz Blanca Olga González de Gil y Jairo de Jesús González Ortiz, transgredieron en forma consciente el deber tipificado en el artículo 153.1 de la Ley 270 de 1996, esto es, “respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos”, pues, contrariaron lo dispuesto en los artículos 9º y 23 de la Ley 497 de 1999, y artículo 29 de la Constitución Política.

Por tal razón la sanción impuesta se confirmará integralmente, con fundamento en los razonamientos planteados en el cuerpo de esta providencia, pues resulta acorde a los argumentos de instancia.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR INTEGRALMENTE, la sentencia apelada de fecha 25 de enero de 2013, mediante la cual la corporación de instancia produjo sentencia disciplinaria en contra de los jueces de paz de Marinilla (Antioquia), Blanca Olga González de Gil y Jairo de Jesús González Ortiz, declarándolos responsables de la falta disciplinaria consagrada en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en armonía con los artículos 9º y 23 de la Ley 497 de 1999 y 29 de la Constitución Política, imputada a título de grave dolosa. Imponiendo sanción de suspensión en el cargo de jueces de paz de Marinilla (Antioquia), de conformidad con el artículo 44-2 de la Ley 734 de 2002, por el término de dos (2) meses, de conformidad con el inciso 2º del artículo 46 ibídem, e inhabilidad especial por el mismo término.

2. REMITIR copia del presente fallo a la secretaría judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, con constancia de su ejecutoria, para efectos de su anotación, e igualmente a la secretaría de Gobierno de la alcaldía de Marinilla, para lo de su cargo.

3. DEVOLVER el expediente a su lugar de origen.

Notifíquese y cúmplase».

(2) Concepto tomado del módulo de formación 2 para los jueces de paz y reconsideración, Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla.

(3) “La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales y los jueces, administran justicia. También lo hace la justicia penal militar”.

(4) C-037 de 1996.