Sentencia 2008-01150/50441 de abril 19 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 05001-23-31-00020080115001 (50441)

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubla Velásquez Rico

Actor: R... A... M... L... y otros

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

Referencia: acción de reparación directa.

Temas: Régimen subjetivo de responsabilidad - Captura para efectos de indagatoria - Presupuestos - Ley 600 del 2000 / Privación de la libertad - Error jurisdiccional - Inexistencia de indicios graves de responsabilidad - Responsabilidad penal - Carácter personal e intransferible / Culpa exclusiva de la víctima - Culpa grave o dolo - Código Civil - Ejecución de una actividad comercial sin contar con los requisitos exigidos para tal fin.

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)

Bogotá, D. C., diecinueve de abril de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: II. Consideraciones

1. Competencia.

A la Sala, a través del artículo 73 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el reglamento interno de esta corporación(30), se le asignó el conocimiento en segunda instancia, sin consideración a la cuantía, de los procesos de reparación directa promovidos en vigencia del Decreto 01 de 1984, cuya causa petendi sea: i) el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; ii) el error judicial o iii) la privación injusta de la libertad(31).

2. Prelación de fallo.

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al despacho.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”.

En el sub lite, el debate versa sobre la privación de la libertad a las que fueron sometidos varios de los demandantes tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en diversas ocasiones y ha fijado una jurisprudencia consolidada, razón por la cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada(32).

3. Ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, a la omisión, a la operación administrativa y a la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

En relación con las acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad(33).

En el presente caso, la parte demandante pretende que se le reparen los perjuicios causados por la privación de la libertad de los señores R... A... M... L...; J... A... G... A...; O... C... G...; A... G... G...; G... de J... V... G...; L... G...(34) V... G...; A... A... V... G...; N... A... G... A...; J... R... V... G... y Jorge lván García Hoyos, razón por la cual el presupuesto de oportunidad en el ejercicio del derecho de acción se analizará a partir de la regla expuesta.

Pues bien, la Fiscalía General de la Nación, mediante providencia del 6 de octubre de 2006, ordenó la libertad de los entonces procesados y, a través de resolución del 20 de octubre de 2006, precluyó la investigación seguida en su contra(35), esta decisión quedó ejecutoriada el 3 de noviembre de 2006(36).

Así las cosas, el término para demandar corrió entre el 4 de noviembre de 2006 y el 4 de noviembre de 2008. La demanda se presentó el 3 de septiembre de 2008(37), es decir, en oportunidad.

4. Legitimación en la causa.

La legitimación en la causa tiene dos dimensiones, la de hecho y la material. La primera surge de la formulación de los hechos y de las pretensiones en la demanda, por manera que quien presenta el escrito inicial se encuentra legitimado por activa, mientras que el sujeto a quien se le imputa el daño ostenta legitimación en la causa por pasiva.

A su vez, la legitimación material es condición necesaria para, según corresponda, obtener decisión favorable a las pretensiones y/o a las excepciones, punto que se define al momento de estudiar el fondo del asunto, con fundamento en el material probatorio debidamente incorporado a la actuación.

4.1. Legitimación en la causa de los demandantes.

En este punto, la Sala no se pronunciará en relación con la situación de Margarita García Suárez, Adriana del Socorro Quiceno Soto, María Edelmira Giraldo de García y Rosa María Hoyos de García y Diociesiano de Jesús García García, toda vez que el Tribunal Administrativo de Antioquia dio por probada su falta de legitimación en la causa por activa y la parte actora no cuestionó esta decisión.

Tampoco se pronunciará en relación con la acreditación o no de la condición de compañera permanente de Sandra Yaneth Mira García respecto del demandante O... C... G..., pues, se reitera, la parte demandante no apeló la decisión adoptada por el a quo.

Pues bien, la Subsección encuentra probada la legitimación material en la causa de los señores R... A... M... L...; J... A... G... A...; O... C... G...; A... G... G...; G... de J... V... G...; L... G... V... G...; A... A... V... G...; N... A... G... A...; J... R... V... G... y J... I... G... H..., toda vez que fue en contra de ellos que se adelantó el proceso penal que dio origen a la presente controversia y dentro del cual se impuso la medida de aseguramiento objeto de cuestionamiento.

De otro lado, en el sub lite obran como demandantes las personas que a continuación se relacionan, quienes acreditaron el parentesco con las víctimas directas con las copias de los registros civiles de nacimiento y de matrimonio pertinentes, en los siguientes términos:

NombreVíctima directaCondición invocadaPrueba
1J... S... M... G...R... A... M... L...HijoCopia del registro civil de nacimiento del demandante (fl. 72, cuaderno 1).
2C... A... M... G...R... A... M... L...HijaCopia del registro civil de nacimiento de la demandante (fl. 71, cuaderno 1).
3S... Y... M... G...R... A... M... L... HijaCopia del registro civil de nacimiento de la demandante (fl. 68, cuaderno 1).
4N... J... G... Q...N... A... G... G... y J... A... G... A...PadreCopia de los registros civiles de nacimiento de las víctimas directas (fls. 53 y 60, cuaderno 1).
5N... del C... G... A...A... G... G...CónyugeCopia del registro civil de matrimonio (fl. 55, cuaderno 1).
6M... Á... G... G...A... G... G...HijaCopia del registro civil nacimiento de la demandante (fl. 58, cuaderno 1).
7D... Y... G... G...A... G... G...HijaCopia del registro civil de nacimiento de la demandante (fl. 57, cuaderno 1).
8Y... N... G... G...A... G... G...HijaCopia del registro civil de nacimiento de la demandante (fl. 56, cuaderno 1)
9M... del S... G... D...J... R... V... G..., L... G... V... G..., A... G... G...MadreCopia de los registros civiles de nacimiento de las víctimas directas (fls. 61, 62 y 67, cuaderno 1).
10F... M... G... A...J... I... G... H...CónyugeCopia del registro civil de matrimonio (fl. 79, cuaderno 1).
11S... G... G...J... I... G... H...HijoCopia del registro civil de nacimiento del demandante (fl. 81, cuaderno 1).
12M... G... G...J... I... G... H...HijoCopia del registro civil de nacimiento del demandante (fl. 78, cuaderno 1).

Así las cosas, la Sala dará por probada la legitimación en la causa material de los demandantes relacionados en el cuadro precedente.

4.2. Legitimación de la demandada.

En el caso bajo estudio, las acciones y omisiones invocadas a título de causa petendi en el escrito inicial permiten concluir que la Fiscalía General de la Nación se encuentra legitimada en la causa por pasiva de hecho, pues de lo narrado en la demanda se concluye que es a dicha entidad a la que se le imputa el daño objeto de la controversia.

En relación con la legitimación material de la demandada, se aclara que esta, por determinar el sentido de la sentencia –denegatoria o condenatoria–, no se analizará ab initio, sino al adelantar el estudio que permita determinar si existió o no una participación efectiva de la demandada en la producción del daño antijurídico alegado por la parte actora.

5. Objeto de la apelación.

Como antes se precisó, la sentencia sólo fue apelada por la Fiscalía General de la Nación, porque, a su juicio, el hecho de que no se hubiese acreditado una falla en el servicio torna en improcedente el reconocimiento de los perjuicios solicitados por los demandantes.

Así las cosas, le corresponde a la Sala determinar si en el sub lite se configuró o no una privación injusta de la libertad y si para tal fin se requería acreditar que el ente acusador incurrió en una conducta contraria a la ley.

6. Hechos probados.

En relación con el proceso penal adelantado en contra de los demandantes, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

6.1. El 17 de agosto de 2006, la Policía Nacional ubicó 6 lugares en el municipio de San Luis - Antioquia en los que se almacenaba y se comercializaba combustible sin contar con los permisos requeridos para tal fin(38).

Al respecto, incautaron aproximadamente 500 galones de ACPM, así como algunas mangueras y embudos. Lo primero, en la siguiente cantidad:

CantidadPersona(s) que se encontraba en el lugar
105 galonesR... A... M... L... y O... C... G...
30 galonesG... de J... V... G..., L... G... V... G... y J... R... V... G...
70 galonesA... G... G... y J... O... M... Q...
75 galonesA... A... V... G...
250 galonesN... A... G... A... y J... A... G... A...
65 galonesJorge Iván Hoyos García

El combustible, según lo indicado en el informe de Policía Judicial, fue analizado con un instrumento detector y se encontró que tenía los “marcadores” que permitían inferir su origen legal(39).

6.2. En la misma fecha –17 de agosto de 2006–, la Policía Nacional dejó a disposición de la Fiscalía General de la Nación a los señores: R... A... M... L...; J... A... G... A...; G... de J... V... G...; L... G... V... G...; A... A... V... G...; N... A... G... A...; J... R... V... G...; J... I... G... H...; O... C... G... y J... O... M... Q...(40).

6.3. Por escrito del 18 de agosto de 2006, la Fiscalía General de la Nación le solicitó a la SIJIN la custodia de los capturados hasta tanto se adelantaran las diligencias de indagatoria(41).

6.4. El 22 y el 23 de agosto de 2006(42), se llevaron a cabo las diligencias de indagatoria(43), oportunidad en la que los capturados indicaron la forma en la que adquirieron el combustible, para lo cual explicaron que se dedicaban a lavar carros y que los conductores les pagaban con ACPM, el cual, posteriormente, vendían(44).

El señor R... A... M... L... adujo que también les pagaban con ACPM por los servicios de mecánica y monta llantas que les prestaban a los distintos conductores, quienes, incluso, les vendían dicho combustible cuando no tenían plata para los peajes; además, aclaró que el señor O... C... G... era su empleado, trabajaba en su lavadero de carros y fue capturado mientras almorzaba(45).

A su vez, el señor C... G... indicó que, en efecto, era empleado del señor Mira Lopera y que este último era quien vendía el combustible incautado(46).

El señor G... de J... V... G... argumentó que él era el propietario de uno de los lavaderos de carros en los que fue encontrado el ACPM, el cual provenía del pago por la prestación del servicio de monta llantas y que, finalmente, él “revendía” a las personas que lo necesitaran(47).

Para lo pertinente, precisó que sus hermanos J... R... V... G... y L... G... V... G... eran sus empleados y trabajaban como lavadores de carros(48).

A su vez, los referidos hermanos V... G... explicaron que en efecto eran empleados de G... de J... V... G..., quien sí se dedicaba a la comercialización del combustible que obtenía por intermedio de los clientes del lavadero de carros(49).

El señor A... G... G... sostuvo que sí se dedicaba a la reventa de ACPM, pero que lo hacía con el fin de proveerlo a las personas que se quedaban varadas en la vía y para obtener los ingresos requeridos para el sostenimiento de su familia(50).

Los hermanos N... A... G... A... y J... A... G... A... admitieron que se dedicaban a la venta del combustible que le compraban a los conductores que transitaban por la zona; hecho que también fue aceptado por los señores J... I... G... H... y A... A... V... G...(51).

6.5. A través de resolución del 30 de agosto de 2006(52), la Fiscalía 14 Delegada ante los Juzgados Penales Especializados de Medellín definió la situación jurídica de los implicados, en el sentido de imponerles medida de aseguramiento de detención preventiva a nueve de ellos(53) y de ordenar la libertad de O... C... G... y J... O... M... Q..., este último no obra como demandante en este asunto(54).

Como fundamento de su decisión, el ente acusador sostuvo (se transcribe literal, incluso con posibles errores):

“En este caso se investiga el delito de DESTINACIÓN ILEGAL DE COMBUSTIBLES, definida por el artículo 327 del C. Penal (...).

“(...).

“(...) del material encontrado en poder los procesados (...) y la prueba de campo realizada con el espectrofotómetro al combustible líquido (...) nos podría hablar de su origen lícito, no obstante, (...) en este evento (...) la conducta imputada a los sindicados es destinación ilegal de combustibles, es la venta, ofrecimiento, distribución y o comercialización de estos productos, combustibles liquidas derivados del petróleo, amparados por el artículo 1º de la Ley 681 de 2001 (...).

“(...).

“En relación con las pruebas que sirven de fundamento para determinar el alcance de la responsabilidad penal de los implicados para la fase instructiva, tenemos en primer lugar que el Informe de Policía Judicial de agosto 17 de 2006, de acuerdo con el cual se da captura en situación de flagrancia de los implicados en poder del combustible líquido mientras lo comercializaban en diferentes puntos de las veredas El Cruce y La Garucha del municipio de San Luis, sobre la vía Doradal Medellín (...).

“Esta situación de flagrancia comporta en sí misma de entrada una evidencia procesal en contra de los procesados, al ser sorprendidos en poder del material señalado, restringido para su comercialización, sin que se encuentre una razón jurídicamente atendible para acreditar tan irregular situación.

“De otro lado el contenido del Informe de Policía Judicial se entiende como certificación jurada, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 319 del C. de P. Penal, y revela la situación de flagrancia, esto es, el sorprendimiento por parte de las autoridades de policía a los implicados en poder del combustible líquido relacionado (...).

“Pero además este informe se encuentra ratificado por el patrullero Jhoanny Alcalde Cruz (…), quien participó del procedimiento consignado en el informe de policía judicial, donde resultaron privadas de la libertad estas once personas e incautados (...).

“(...).

“Así entonces aparece de plano que los procesados de acuerdo con la prueba recaudada y exigida para resolver de su situación jurídica deberán ser vinculados a la investigación para que responsan por el delito contra el orden social y económico definido por el artículo 327D del Estatuto Penal, salvo los casos específicos de los imputados J... O... M... Q... y O... C... G..., quienes para este momento no aparecen comprometidos por lo menos con indicios graves como autores o copartícipes de este ilícito.

“(...).

“Estas pruebas allanan por lo tanto con solvencia las exigencias sustanciales del artículo 356, inciso 2º del C. de P. Penal, para dictar la medida de aseguramiento única de detención preventiva que es la que procede tratándose de delitos de competencia de los señores jueces penales del circuito especializados, como se anunció”.

En relación con el señor O... C... G..., la Fiscalía General de la Nación explicó que no se advertían “por los menos dos indicios graves (...), toda vez que el solo hecho de laborar en el lugar como lavador de carros no es indicativo de que tuviese el pleno dominio sobre el accionar de la venta, distribución o comercialización del combustible que le fue encontrado a su patrón (...)

R... A... M... L..., quien admitió la plena responsabilidad en tal sentido y confirmó como este era su trabajador, a quien le pagaba un sueldo”(55) (se destaca).

Frente a la situación del señor L... G... V... G..., la entidad demandada argumentó (se transcribe literal, incluso con posibles errores):

“Para este evento la relación de subordinación laboral que pretende exponer el procesado no es de recibo por cuanto el conocimiento sobre la comercialización del combustible líquido y su relación de parentesco con el confeso comerciante (...) Genaro, revelan como existía una verdadera famiempresa en torno a este producto donde simplemente la comunidad de ánimo y el reparto del trabajo constituyen las notas esenciales de esta forma de coautoría, pues pretender que esta exculpación sea de recibo, termina por quedar sin piso, por cuanto es evidente dado no solo el nexo de consanguinidad entre estos, sino también la precaria infraestructura montada para la destinación ilegal de combustible la clara unidad de designio con la que actuaban en detrimento del orden económico social. Por las razones anteriores considera esta instancia la procedencia de la medida de aseguramiento para este imputado, dado el combustible líquido derivado del petróleo, el informe de policía, su ratificación por uno de los patrulleros y lo inverosímil y poco creíble de las explicaciones dadas por este procesado”(56).

En lo relativo al señor J... R... V... G..., el funcionario instructor también consideró que las exculpaciones que rindió no resultaban creíbles, porque las “reglas de la experiencia y los principio de la sana crítica”, indicaban que la comercialización del ACPM estaba a cargo de “todos sus hermanos como una verdadera famiempresa, donde asumían por igual la responsabilidad respecto a la destinación ilegal del mismo, donde las contribuciones de cada uno conformaban el (...) resultado total del ilícito”(57).

6.6. El 31 de agosto de 2006, se libró la boleta de libertad del señor O... C... G....

6.7. A través de memorial del 5 de septiembre de 2006, las personas que resultaron privadas de la libertad interpusieron recurso de reposición y, en subsidio, de apelación en contra de la decisión por medio de la cual se definió su situación jurídica, para lo cual argumentaron que se dedicaban a la comercialización de ACPM, pero que desconocían que dicha conducta fuera ilícita(58).

6.8. Mediante providencia del 14 de septiembre de 2006, se resolvió de manera desfavorable el recurso de reposición, en cuanto los argumentos alegados no desvirtuaban la antijuridicidad del delito investigado(59).

6.9. El 6 de octubre de 2006, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Medellín declaró la nulidad de la providencia a través de la cual se resolvió la situación jurídica de los implicados y de aquella a través de la cual se decidió el recurso de reposición presentado por la defensa.

Como consecuencia de lo anterior, se ordenó la libertad inmediata de los señores R... A... M... L...; J... A... G... A...; G... de J... V... G...; L... G... V... G...; A... A... V... G...; N... A... G... A...; J... R... V... G... y J... I... G... H....

Para lo pertinente, la segunda instancia explicó (se transcribe literal, incluso con posibles errores):

“(...) el material encontrado en poder de los procesados (...), así como la prueba de campo realizada al mismo con el espectrofotómetro (...) nos podría hablar de su origen lícito, pero en este evento y de acuerdo a la conducta imputada a los sindicados se trata de destinación ilegal de combustible, como es: la venta, ofrecimiento, distribución y o comercialización de este (...) combustible líquido derivado del petróleo, amparado por el artículo 1º de la Ley 681 de 2001 (...).

“(...).

“En la resolución examinada, el funcionario instructor optó por imponer medida de aseguramiento de detención preventiva, en contra de nueve de los once capturados (...).

“(...).

“Sería del caso entrar a desatar el recurso, pero encuentra esta Agencia Fiscal que el diligenciamiento adolece de una irregularidad que afecta el debido proceso, con marcada incidencia en el derecho de defensa, y como no existe otro medio para solucionarla, se debe invalidar la misma (...).

“En la providencia por medio de la cual se resolvió la suerte jurídica de los sindicados (...) el fiscal de primer grado se limitó a analizar si se reunían los requisitos formales y sustanciales para expedir la medida de aseguramiento, sin que le hubiese merecido la más mínima consideración el examen de los fines de la medida cautelar, dado que (...) sólo hizo mención del artículo 355 de la Ley 600 del 2000, sin detenerse a analizar cuáles de los fines ahí consignados se dan en el caso de los sindicados, de modo tal que se haga necesaria la medida cautelar (...).

“(...).

“Esa importante omisión en la providencia recurrida tiene notoria incidencia en el derecho de defensa, comoquiera que (...) el a quo no motivo en este sentido su decisión, violentando de esta manera el principio rector de la CONTRADICCIÓN.

“Por lo tanto, la única solución a tal irregularidad es la declaratoria de la nulidad de la providencia expedida con violación de tales garantías constitucionales y legales, para que se reponga la misma, con arreglo a los parámetros aquí señalados, de manera que los procesados (...) sepan cuál o cuáles fines de la detención preventiva aconsejan la imposición de la medida. Esta invalidez cobija, por supuesto, el proveído a través del cual no se repuso la decisión que nos ocupa (...) y trae como consecuencia, el que se disponga de la LIBERTAD INMEDIATA DE LOS SINDICADOS”(60).

6.10. El mismo 6 de octubre de 2006, los implicados recuperaron la libertad(61).

6.11. A través de resolución del 20 de octubre de 2006, la Fiscalía 14 Delegada ante los Juzgados Penales Especializados de Medellín, en cumplimiento de la decisión del 6 de octubre de 2006, definió nuevamente la situación jurídica de los implicados, en el sentido de no imponerles medida de aseguramiento y de ordenar la preclusión de la investigación, incluidas las diligencias seguidas en contra del señor O... C... G..., con fundamento en las siguientes consideraciones (se transcribe literal, incluso con posibles errores):

“En este caso se investiga el delito de DESTINACIÓN ILEGAL DE COMBUSTIBLES, definida por el artículo 327D del C. Penal.

“Una primera y necesaria reflexión sobre este tipo penal nos remite a la frase ‘amparados mediante el artículo 1º de la Ley 681 de 2001’ o que encontrándose en otra parte del territorio patrio adquiera, transporte, almacene, conserve o tenga en su poder combustibles líquidos derivados del petróleo con destino a zonas de frontera.

“(...) no se trata de cualquier combustible líquido derivado del petróleo, sino del que (...) se venda, ofrezca, distribuya o comercialice en las zonas de frontera o además se transporte, conserve o se tenga con destino a la zona de frontera, respecto a los cuales es la empresa del Estado Ecopetrol la que tiene su monopolio respecto a su distribución en principio, salvo las excepciones que la misma ley prevé.

“(...).

“Es indudable que la norma a la que se remite el tipo básico, se está refiriendo de una manera expresa a los departamentos y municipios ubicados en la zona de frontera para concluir que en los mismos (...) es Ecopetrol quien tiene el monopolio de la (...) distribución (...).

“(...).

“Es tan claro (...) que quedamos relevados de entrar en detalles diferentes a precisar si el departamento de Antioquia donde sucedieron los hechos o algunos de sus municipios, en particular los del oriente antioqueño, se encuentran en la zona de frontera (...).

“(...).

“La Ley 191 de 1995 (...) contiene una serie de disposiciones pertinentes a las Zonas de Fronteras de la República de Colombia (...).

“(...) El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante el Decreto 1814 del 26 de octubre de 1995, determinó las zonas de frontera (...), a la fecha ninguna de ellas correspondió al departamento de Antioquia.

“Así entonces no requieren mayores elucubraciones para concluir de una manera categórica que cuando el artículo 327D del Código Penal se refiere a las diferentes transacciones con los combustibles líquidos derivados del petróleo que son los amparados por el artículo 1º de la Ley 681 de 2001 (...) se refiere de manera exclusiva a la función de Ecopetrol de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, en las zonas de frontera (...), dentro de las cuales no se encuentra ni el departamento de Antioquia, ni ninguno de sus municipios (...) por lo cual (...) la acción imputada inicialmente a los procesados es atípica (...).

“Por lo demás, el combustible decomisado por las unidades policiales se encontraba dentro de la marcación exigida por Ecopetrol, sin que esta conducta se ajuste a ningún otro tipo penal (...).

“Así entonces al encontrarse demostrado que la conducta de los imputados fue atípica, debería no solo darse aplicación al artículo 354, inciso 2º de la Ley 600 de 2000, sino también al artículo 39 ídem, ordenando la preclusión de la investigación y la devolución del combustible incautado a quienes demuestren la propiedad sobre el mismo”(62).

La anterior decisión quedó ejecutoriada el 3 de noviembre de 2006, según la constancia obrante a folio 419 del expediente penal, el cual fue allegado al plenario en medio magnético.

7. Daño.

La Sala encuentra probado que, en el operativo del 17 de agosto de 2006, la Policía Nacional capturó a los señores R... A... M... L...; J... A... G... A...; O... C... G...; A... G... G...; G... de J... V... G...; L... G...(63) V... G...; A... A... V... G...; N... A... G... A...; J... R... V... G..., J... I... G... H... y J... O... M... Q..., ante la evidencia de que comercializaban ACPM en el municipio de San Luis - Antioquia, sin contar con los permisos requeridos para tal fin.

La Fiscalía General de Nación, una vez fueron puestos a su disposición, abrió investigación penal en contra de las referidas personas, por su supuesta responsabilidad en el delito de destinación ilegal de combustibles.

La situación jurídica de los implicados se definió el 30 de agosto de la misma anualidad, en el sentido de imponerles medida de aseguramiento, excepto a los señores O... C... G... y J... O... M... Q..., pues se encontró probado que no se dedicaban a la comercialización de ACPM, sino que trabajaban como lavadores de carros para dos de los procesados –R... A... M... L... y A... G... G...–.

De este modo, los señores C... G... y M... Q...(64) estuvieron privados de la libertad desde el 17 de agosto de 2006 hasta el 30 del mismo mes y año.

Por su parte, la decisión por medio de la cual se ordenó la detención preventiva de los demás implicados fue anulada el 6 de octubre de 2006, ante la evidencia de que el funcionario instructor no explicó las razones por las cuales consideraba que la medida de aseguramiento resultaba necesaria.

En virtud de lo anterior, los entonces procesados recuperaron la libertad el mismo 6 de octubre de 2006.

El ente acusador, mediante decisión del 20 de octubre de 2006, se pronunció nuevamente sobre la detención preventiva, para lo cual concluyó que no resultaba procedente, en cuanto la conducta endilgada a los demandantes resultaba atípica, en la medida en que el municipio de San Luis ni el departamento de Antioquia correspondían a zonas de frontera, por manera que no era delito el hecho de comercializar combustible en sus distintas vías.

El supuesto enunciado –absolución por atipicidad de la conducta–, de conformidad con la jurisprudencia unificada y reiterada de esta Sección, resultaría suficiente para concluir que la privación de la libertad de los demandantes ostenta el carácter de injusta; sin embargo, la Sala advierte circunstancias que impiden proceder en dichos términos.

Lo ocurrido con el señor O... C... G... no es susceptible de ser analizado bajo los mismos supuestos de los demás demandantes, en cuanto a él no se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva, sino que sólo se le mantuvo retenido para efectos de indagatoria, situación que condiciona la prosperidad de las pretensiones a la acreditación de una falla en el servicio.

En relación con los señores J... R... V... G... y L... G... V... G..., la Sala advierte que si bien les resulta aplicable el régimen de responsabilidad patrimonial de carácter objetivo, no es menos cierto que la Fiscalía General de la Nación incurrió en un error jurisdiccional, lo cual, según lo ha sostenido en diversas oportunidades esta Subsección(65), permite recurrir al régimen de responsabilidad de carácter subjetivo, ante la necesidad de efectuar un juicio de reproche sobre los actos de la administración(66).

Finalmente, respecto de los demandantes R... A... M... L...; J... A... G... A...; A... G... G...; G... de J... V... G...; A... A... V... G...; N... A... G... A... y J... I... G... H..., la Subsección observa circunstancias que permiten afirmar que ellos dieron lugar a la detención preventiva analizada y que, por tanto, el daño alegado le resulta imputable a su propio proceder.

Aclarado lo anterior, la Sala se pronunciará sobre el presente asunto.

7.1. Régimen de responsabilidad patrimonial aplicable a las restricciones de la libertad para efectos de indagatoria.

Acerca de los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la Sala ha adoptado el criterio según el cual el Estado debe indemnizar los perjuicios ocasionados a los ciudadanos a quienes se les imponga una medida de aseguramiento y, luego, resulten exonerados de los cargos imputados, mediante sentencia absolutoria o su equivalente, bien porque: i) el hecho no existió, ii) el implicado no lo cometió; iii) la conducta no constituía hecho punible(67) o iv) por aplicación del principio del in dubio pro reo(68).

La absolución en los anteriores términos da paso a la reparación de los perjuicios irrogados, siempre que el daño no tenga como causa el hecho exclusivo y determinante de la víctima y al margen de que la medida de aseguramiento se hubiese impuesto a través de una decisión jurisdiccional ajustada a derecho(69).

Con todo, los eventos en los que una persona resulta capturada en flagrancia y, luego, se dispone su detención para efectos de indagatoria, pero finalmente no se ordena su detención preventiva ni se adelantan actuaciones adicionales en su contra –como es el caso del señor O... C... G...–, la responsabilidad patrimonial del Estado no es susceptible de ser analizada bajo el régimen objetivo, en cuanto no se cumplen los presupuestos que la corporación ha considerado como determinantes para tales efectos, esto es, la imposición previa de una medida de aseguramiento y el trámite de un proceso penal que termine por cualquiera de los supuestos enunciados –inexistencia del hecho; atipicidad de la conducta o porque el implicado no cometió el delito–.

Así las cosas, como el evento citado no es de aquellos que se rigen por el régimen de responsabilidad objetivo, el mismo debe ser estudiado bajo el título de la falla en el servicio, con el fin de determinar si la restricción de la libertad del señor C... G... fue el resultado de un error jurisdiccional o de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Al respecto, la Sala aclara que no se pronunciará frente a la captura del señor C... G... por parte de la Policía Nacional, porque en la demanda no se formularon imputaciones en tal sentido, al punto de que la referida institución no fue citada como demandada.

Pues bien, en las actuaciones penales tramitadas en vigencia de la Ley 600 del 2000(70), las personas se vinculaban a las diligencias penales por medio de indagatoria o de declaratoria de persona ausente(71).

La indagatoria procedía respecto de las personas que, “en virtud de antecedentes y circunstancias consignadas en la actuación o por haber sido sorprendido en flagrante conducta punible” (artículo 333 ejusdem), se considerara que podían ser autoras o partícipes de una infracción penal.

A su vez, dicha diligencia debía realizarse a la mayor brevedad posible o a más tardar dentro de los 3 días siguientes a aquel en que el capturado hubiese sido puesto a disposición del ente acusador, término que se duplicaba si se trataba de más de 2 capturados en la misma actuación procesal y en la misma fecha (artículo 340 de la Ley 600 del 2000).

El funcionario instructor, según lo dispuesto en el artículo 341 del Código de Procedimiento Penal, al terminar la diligencia de indagatoria podía imponer la medida de aseguramiento que resultara procedente, cuyos efectos se mantenían hasta tanto se definiera la situación jurídica del implicado(72).

La situación jurídica de las personas que se encontraban privadas de la libertad debía resolverse a más tardar dentro de los 5 días siguientes a la indagatoria, en el sentido de imponérseles medida de aseguramiento u ordenando su libertad, en este evento se debía suscribir un acta en la que el implicado se comprometiera a presentarse ante la autoridad competente cuando se le solicitara (artículo 354 ejusdem).

El término para la definir la situación jurídica sólo corría en días hábiles, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que ha señalado:

“En lo que tiene que ver con el término para resolver la situación jurídica, sólo se computan los días hábiles, porque el artículo 168 de la Ley 600 de 2000 –aplicable por integración al procedimiento penal militar que no tiene regulación expresa sobre el particular– establece que para efectos de adoptar decisiones judiciales los días son hábiles, y en consideración a que de conformidad con el artículo 166 los términos se suspenderán cuando no haya despacho al público por fuerza mayor o caso fortuito, durante los días sábados, domingos, festivos, de semana santa y vacaciones colectivas, excepto para la práctica de diligencias (artículo 162), no así para el proferimiento de autos o sentencias”(73).

En suma, las reglas analizadas corresponden a aquellas que, en vigencia de la Ley 600 del 2000, se debían observar en relación con la privación de la libertad de una persona que fue capturada en flagrancia y respecto de la cual se debe agotar la diligencia de indagatoria.

7.1.1. Restricción de la líbertad con fines de indagatoria del señor O... C... G...

En el sub júdice, los demandantes fueron capturados por la Policía Nacional el 17 de agosto de 2006 y, de manera inmediata, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, la cual, mediante oficio del 18 de agosto de 2006, le ordenó a la SIJIN que los mantuviera retenidos hasta que se practicaran las diligencias de indagatoria pertinentes.

Los elementos de juicio obrantes en la actuación ameritaban la práctica de la indagatoria de los demandantes, incluida la del señor O... C... G..., para que se rindieran las explicaciones pertinentes en relación con la conducta que dio lugar a la captura.

En efecto, el informe de incautación de la Policía Nacional y las fotografías tomadas en los lugares en los que se comercializaba el combustible permitían asumir razonadamente que los demandantes eran autores y/o partícipes de una infracción penal, esto es, de la conducta tipificada por el artículo 327D del Código Penal(74), en los siguientes términos: “El que sin autorización legal venda, ofrezca, distribuya o comercialice a cualquier título combustibles líquidos amparados mediante el artículo 1º de la Ley 681 de 2001(75) (...) incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de mil (1.000) a seis mil (6.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”(76).

De conformidad con la norma citada, para la época de los hechos, constituía delito el hecho que personas ajenas a Ecopetrol ofrecieran, distribuyeran o comercializaran a cualquier título combustibles líquidos en los municipios definidos como zonas de frontera(77) por los decretos 2195 de 2001, 2875 de 2001, 1730 de 2002, 2970 de 2003, 1037 de 2004, 3459 de 2004 y 2484 de 2006, por medio de los cuales se reglamentó, entre otros, el artículo 1º de la Ley 685 de 2001; así mismo, daba lugar al punible analizado la comercialización en cualquier zona del país de los combustibles amparados por la citada Ley 685 de 2001.

En atención a las particularidades del referido delito, la restricción de la libertad para efectos de indagatoria resultaba necesaria, en la medida en la que los procesados eran dueños y lo laboraban en lugares en los que se vendía ACPM sin las autorizaciones requeridas para desarrollar dicha actividad y en cuanto en la diligencia no se aportaron pruebas que permitieran inferir que el referido combustible no provenía de una zona de frontera y, por ende, no estaba amparado por la Ley 685 de 2001.

En lo atinente a la oportunidad, la Sala advierte que diligencias de indagatoria se llevaron a cabo el 22 y el 23 de agosto de 2006, es decir, dentro de los 6 días siguientes al 17 de agosto de 2006, fecha en la que los 11 capturados fueron dejados a disposición del ente acusador, por manera que en el sub lite se cumplió el término previsto en el artículo 340 de la Ley 600 del 2000(78).

De otro lado, por tratarse de un delito con una pena de prisión mínima superior a 4 años, la situación jurídica de los implicados debía definirse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en la que se recibieron las indagatorias –22 y 23 de agosto de 2006–, plazo que se cumplió a cabalidad, pues, mediante providencia del 30 de agosto de 2006, la Fiscalía General de la Nación resolvió lo pertinente, en el sentido de imponer medida de aseguramiento a todos los procesados, excepto a los señores O... C... G... y J... O... M... Q..., en cuanto encontró acreditado que estos últimos no se dedicaban a la comercialización de combustible, sino que trabajaban como lavadores de carros.

Como consecuencia de lo anterior, la entidad demanda ordenó la libertad, entre otros, de la persona que obra como demandante en este asunto –O... C... G...–, previo compromiso de comparecer ante las autoridades penales cuando se le requiriera, obligación que no comportó una restricción a las garantías del implicado, sino como una manifestación del deber de los ciudadanos de colaborar con la administración de justicia.

En las condiciones analizadas, la Subsección concluye que la Fiscalía General de la Nación actuó en la forma dispuesta en la normativa penal vigente para la época de ocurrencia de los hechos, tan es así que fueron precisamente las indagatorias, las que permitieron aclarar la situación del señor C... G... e impidieron que se le impusiera medida de aseguramiento de detención preventiva.

Ante la evidencia de que la privación de la libertad del señor O... C... G... resultó ajustada a derecho, se concluye que la misma no comporta un daño antijurídico, razón suficiente para que la Sala, distinto a lo decidido en la sentencia de primera instancia, niegue las pretensiones planteadas al respecto.

7.2. Detención preventiva de los señores J... R... V... G... y L... G... V... G...

Si bien la Fiscalía General de la Nación no incurrió en falla alguna en lo relacionado con la privación de la libertad a los demandantes para efectos de indagatoria, no es menos cierto, en la etapa posterior, la de imposición de la medida de aseguramiento, sí incurrió en un error jurisdiccional, por lo menos respecto de dos de los demandantes –J... R... V... G... y L... G... V... G...–, como se explicará.

Así las cosas, la Sala estima que, en este asunto, se debe decidir el punto planteado bajo el régimen de responsabilidad de carácter subjetivo, dada la necesidad de efectuar un juicio de reproche sobre el proceder de la Fiscalía General de la Nación, toda vez que la privación de la libertad de J... R... y L... G... V... G... se ordenó pese a que no se cumplían los requisitos establecidos para tal fin en la Ley 600 del 2000, estatuto procesal aplicable al presente asunto en virtud del régimen de vigencia establecido en el artículo 530 de la Ley 906 de 2004(79).

Esta Subsección ha precisado que si la restricción de la libertad es consecuencia de una decisión judicial equívoca, la responsabilidad patrimonial del ente investigador surge bajo el título de imputación de falla en el servicio y no por privación injusta de la libertad:

“3.3. (...) en aquellos eventos en los cuales los daños cuya reparación reclaman los ciudadanos tienen origen en un yerro contenido en la providencia judicial mediante la cual se ordenó una medida de aseguramiento (...) ha de ser el de privación injusta de la libertad previsto en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 el título de imputación a aplicar, pero lo cierto es que el encarcelamiento del individuo investigado no habría tenido lugar en caso de no haberse dictado, dentro del proceso penal respectivo, la decisión en la cual concurre la particularidad de resultar ‘contraria a la ley’, en los términos de lo normado en la última frase del artículo 66 de la Ley 270 de 1996.

Quiere lo anterior significar que, a juicio de la Sala, en aquellos eventos en los cuales se produce una falla en el servicio público de administración de justicia consistente en quese profirió una providencia judicial mediante la cual se decretó una medida de aseguramiento que conduce a la privación de la libertad de un individuo y dichaprovidencia resulta contraria al ordenamiento jurídico, el título de imputación a aplicar ha de ser el de error judicial y no el de privación injusta de la libertad. En ese sentido, el primero de los títulos de imputación está acompañado del rasgo de la especialidad respecto del segundo, en la medida en que el artículo 66 de la Ley 270 de 1996 no efectúa distinción de tipo alguno respecto del tipo de providencia en la cual debe presentarse la contrariedad entre lo en ella decidido y las normas en las cuales debe fundarse, para efectos de concluir en la aplicabilidad del título de imputación de error jurisdiccional (…)”(80). (Se destaca).

Pues bien, a través de la resolución del 30 de agosto de 2006, el funcionario instructor le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva a los señores R... A... M... L...; J... I... G... H...; J... A... G... A...; G... de J... V... G...; A... A... V... G...; N... A... G... A...; J... R... V... G... y L... G... V... G..., porque, a su juicio, existían indicios graves de responsabilidad en su contra, respecto del delito de destinación ilegal de combustibles (artículo 327D del Código Penal).

La conducta por la que se adelantó la investigación, según la Corte Suprema de Justicia, implicaba para ese momento tanto el ofrecimiento, distribución o comercialización de combustibles líquidos en las zonas de frontera por parte de personas ajenas a Ecopetrol, como el despliegue de dichas conductas en zonas que no sean de frontera, siempre que tengan como objeto combustible proveniente de las áreas que sí cumplen dicha condición. Al respecto, dicha corporación ha precisado:

“(...) esas zonas y municipios tienen un esquema preferencial para la comercialización de combustible que generaba un menor recaudo del IVA, arancel e impuesto global por parte del Estado, por las excepciones legales, pero al facturarse ese combustible como de zona de frontera y venderse en zonas no exentas, los distribuidores se apoderan de la diferencia, que es lo que en efecto sanciona el tipo penal conforme la exposición completa de motivos, y que fue lo que ocurrió en el presente caso.

“De otro lado, el propósito de la norma, como ya se acotó arriba, es sancionar a quienes comercializan el combustible de la frontera, desconociendo las regulaciones jurídicas sobre distribución de bienes y servicios que hace el Estado dentro de su función de máximo rector de la economía y, además, se quedan con la diferencia de precio producto de la venta del combustible por fuera de las zonas de frontera, pero que paga tributos como si se hubiese vendido en esas zonas, que es lo que en efecto sanciona el tipo penal conforme la exposición completa de motivos, y que fue lo que ocurrió en el presente caso”(81).

Pues bien, en atención a lo previsto en los artículos 355 y 356 de la Ley 600 del 2000, las medidas de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario implicaban, en primer lugar, la configuración de mínimo dos indicios graves de responsabilidad en contra de los implicados y, en segundo, la verificación de la necesidad de su imposición, bien con el fin de garantizar la comparecencia del sindicado al proceso, asegurar la ejecución de la pena privativa de la libertad, evitar la continuación de su actividad delictual o impedir el entorpecimiento de la actividad probatoria.

Según lo previsto en el artículo 284 ejusdem, todo indicio supone un hecho indicador, debidamente probado, del cual el funcionario infiere lógicamente la existencia de otro, y es precisamente en este punto en el que se advierten inconsistencias, respecto de los señores J... R... V... G... y L... G... V... G...

De conformidad con el informe de captura, los hermanos V... G..., para el momento de la aprehensión, se encontraban en el lavadero de carros de su hermano G... de J... V... G..., quien en su indagatoria aclaró que ellos eran sus empleados, que se encargaban de la lavada de los vehículos que llegaban a su establecimiento y que no tenían a su cargo la comercialización de combustible alguno, pues esa era una actividad que él —G... de J...– desempeñaba directamente.

Para el ente acusador, la relación laboral aludida y la ausencia de responsabilidad de J... R... y L... G... V... G... en la comercialización ilegal del ACPM no resultó de recibo, dado su parentesco con una persona que sí se dedicaba a esta actividad, G... de J... V... G..., lo que, a su juicio, daba cuenta de una “famiempresa”.

En el caso del señor O... G... C... el ente acusador consideró que las manifestaciones del señor R... A... M... L..., según las cuales él trabajaba como lavador de carros y no tenía a su cargo la comercialización del combustible, resultaban suficientes para abstenerse de imponerle medida de aseguramiento(82), pero en lo referente a los hermanos J... R... y L... G... V... G... las afirmaciones hechas en el mismo sentido, a su juicio, carecían de veracidad, porque las “reglas de la experiencia y los principios de la sana crítica” permitían inferir que se trataba de una “famiempresa”.

Así las cosas, al confrontar lo decidido frente a O... G... C... con lo resuelto en relación con los hermanos J... R... y L... G..., se advierte que para el ente acusador resultó determinante el parentesco con otro de los implicados, conclusión con la que se desconoció que la responsabilidad penal es de carácter personal y no se transmite por vínculos de consanguinidad, de ahí que el hecho de que el señor G... de J... V... G... hubiese aceptado que él sí comercializaba el ACPM y que lo hacía personalmente no podía ser usado en contra de los otros dos capturados.

El ente acusador no examinó con el debido rigor los elementos de juicio obrantes en el expediente, ni decretó adicionales para establecer lo realmente ocurrido, sino que decidió ordenar la restricción de la libertad de los referidos demandantes.

En suma, la detención preventiva de los señores J... R... V... G... y L... G... V... G... se adoptó sin que se presentaran los presupuestos establecidos en el artículo 356 de la Ley 600 de 2000(83), es decir, la existencia de por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas obrantes en las diligencias, de ahí que resulte evidente el error jurisdiccional en el que se incurrió y, de manera consecuente, el carácter antijurídico del daño causado.

En este punto, conviene aclarar que distinto a lo ocurrido con los otros demandantes los hermanos J... R... V... G... y L... G... V... G... no aceptaron en sus indagatorias ser los dueños del combustible incautado ni tampoco manifestaron que se dedicaban a su comercialización, por manera que en el plenario no existen elementos probatorios que permitan inferir que las decisiones adoptadas en su contra tuvieron como fundamento elementos a través de los cuales hubiesen llevado a la Fiscalía General de la Nación a considerar como necesario el agotamiento de la investigación penal y, de manera consecuente, la adopción de decisiones con la suficiencia de limitar su derecho a la libertad.

Como consecuencia de todo lo expuesto, se confirmará la declaratoria de responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación por la privación de la libertad de los señores J... R... V... G... y L... G... V... G..., pero por las consideraciones precedentes.

Agotado lo anterior, se continuará con el análisis de la privación de la libertad de los demás procesados.

7.3. Detención preventiva de los señores R... A... M... L...; J... I... G... H...; J... A... G... A...; G... de J... V... G...; A... A... V... G... y N... A... G... A...

Los señores R... A... M... L...; J... I... G... H...; J... A... G... A...; G... de J... V... G...; A... A... V... G... y N... A... G... A..., al igual que en el caso precedente, fueron objeto de medida de aseguramiento de detención preventiva; sin embargo, la Sala advierte que respecto de estos deben negarse las pretensiones, dada la configuración de la culpa exclusiva de la víctima.

En materia de privación injusta de la libertad, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de esta corporación ha sostenido que el daño irrogado proviene de la culpa de la víctima, aun cuando no se hubiese emitido sentencia penal en su contra, en los casos en los que se encuentra probado que esta incurrió en comportamientos dolosos o gravemente culposos que ameritaban la restricción de la libertad, según lo previsto en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996.

La declaratoria de la culpa de la víctima implica un análisis previo, con el fin determinar si el proceder –activo u omisivo– de quien demanda al Estado tuvo injerencia en la generación del daño y, de ser así, en qué medida. Al respecto, esta Subsección ha señalado:

“Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño.

“(..).

“Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta(84) (se destaca).

Conviene aclarar que la conducta dolosa o culposa en estos eventos se rige por los preceptos establecidos en el derecho civil, por tanto, difiere del estudio de culpabilidad realizado por el ente investigador en sede penal.

Al respecto, el artículo 63 del Código Civil dispone, de un lado, que la “culpa grave (...) consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo” y, del otro, precisa que “[e]l dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”.

De este modo, en asuntos como el sub lite, se entiende configurada la culpa de la víctima cuando se encuentra probado que el afectado incurrió en comportamientos dolosos o gravemente culposos que ameritaban la investigación penal y, de manera consecuente, justificaban la imposición de una medida restrictiva de la libertad.

Finalmente, es del caso precisar que si bien a esta jurisdicción no le corresponde cuestionar las decisiones de la justicia penal, lo cierto es que, según la jurisprudencia reiterada de esta corporación, el juez administrativo tiene la posibilidad de apartarse de la motivación que sustenta la sentencia penal o su equivalente, en razón a las diferencias sustanciales que existen entre ambas acciones, aunque sin dejar de destacar la importancia que tienen dichos fallos en las decisiones que se adopten en esta jurisdicción(85).

Con fundamento en las consideraciones precedentes, se analizarán las circunstancias que dieron lugar a la privación de la libertad de los señores R... A... M... L...; J... I... G... H...; J... A... G... A...; G... de J... V... G...; A... A... V... G... y N... A... G... A....

El proceso penal adelantado en contra de los referidos demandantes terminó ante la evidencia de que su conducta no se ajustaba al delito establecido en el artículo 327D del Código Penal, el cual, para la época de ocurrencia de los hechos, admitía dos modalidades, el ofrecimiento, la distribución y comercialización de los combustibles amparados por el artículo 1º de la Ley 681 de 2001 en zonas de frontera(86) por personas ajenas a Ecopetrol, así como el despliegue de dichas conductas en zonas no fronterizas, siempre que versaran sobre combustibles provenientes de áreas que sí cumplieran dicha condición.

Pues bien, la conducta de los implicados, dada su atipicidad, no fue sancionada penalmente; sin embargo, la Subsección encuentra probadas circunstancias que permiten inferir que los demandantes se dedicaban al ejercicio de una actividad comercial sin el lleno de los requisitos legales, lo cual estaba proscrito por el ordenamiento jurídico.

Los procesados, en sus indagatorias y en las diversas solicitudes que presentaron durante el trámite del proceso penal, manifestaron reiteradamente que se dedicaban a la comercialización de ACPM, el cual provenía de los pagos por los servicios prestados a los conductores de los vehículos que transitaban por el municipio de San Luis - Antioquia, así como de la compra que les hacían a estos mismos cuando necesitaban dinero para los peajes o la alimentación.

En concordancia con lo expuesto, en el informe de captura e incautación del combustible se dejó constancia de la existencia de los elementos utilizados por los procesados para comercializar el combustible, tales como mangueras, embudos y recipientes plásticos; además, se indicó que al momento de la inspección no se exhibió permiso alguno para el desarrollo de dicha actividad y tampoco se aportaron elementos de juicio que dieran cuenta del origen del ACPM encontrado.

Lo anterior, aunado a las afirmaciones espontáneas de los ahora demandantes, permite dar por probado que ellos se dedicaban a la comercialización de ACPM, actividad cuyo ejercicio requería de ciertos requisitos especiales que en el sub lite no cumplían.

A través del Decreto 4299 de 2005(87) –vigente para la época de los hechos–, el Presidente de la República estableció los requisitos, obligaciones y el régimen sancionatorio de los agentes de la cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, excepto GLP, con el fin de resguardar a las personas, los bienes y preservar el medio ambiente.

En virtud de la reglamentación adoptada –artículos 1 y 21–, las personas naturales o jurídicas interesadas en ser distribuidores minoristas y, de manera consecuente, en vender combustibles líquidos a los consumidores finales debían ejercer su actividad en condición de comercializadores industriales o a través de una estación de servicio, previa autorización del Ministerio de Minas y Energía.

El comercializador industrial correspondía a aquel que distribuía combustibles líquidos derivados del petróleo a usuarios finales que consumieran un volumen igual o menor a 10.000 galones al mes de cada tipo de combustible. La obtención de la habilitación pertinente estaba condicionada a la acreditación de los siguientes supuestos: i) capacidad financiera; ii) infraestructura física –una estación de servicio y un carro tanque–; iii) constitución de la póliza de responsabilidad civil extracontractual; iv) celebración de un contrato de suministro con un distribuidor mayorista; v) acreditación de un vínculo comercial con los consumidores del sector comercial, industrial y/o de servicios que se atenderían y vi) tramitación del RUT (artículo 21 del Decreto 4299 de 2005).

A su vez, para la autorización de la venta de combustibles a través de una estación de servicio automotriz se debían presentar ante el Ministerio de Minas y Energía los siguientes documentos y se debían acreditar varios presupuestos, a saber:

“1. Copia de los estatutos sociales, estados financieros al momento de su constitución y composición accionaria de la empresa, según el caso.

“2. Certificado de existencia y representación legal para personas jurídicas o registro mercantil para personas naturales (...) en el que conste que la actividad a desarrollar dentro de la distribución minorista de combustibles líquidos derivados del petróleo es a través de una estación de servicio automotriz.

“3. Licencia de construcción y permisos y/o autorizaciones ambientales correspondientes, expedidos para la respectiva estación de servicio (...).

“4. Autorización del Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías, Invías, el Instituto Nacional de Concesiones, Inco, o quien haga sus veces, en caso de que la estación de servicio se ubique en carreteras a cargo de la Nación (...).

“5. Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual, expedida en los términos establecidos en el presente decreto, en la cual debe aparecer expresamente determinada y ubicada la estación de servicio sobre la cual versa la solicitud (...).

“6. Certificado de carencia de informes por narcotráfico expedido por la Dirección Nacional de Estupefacientes.

“7. Certificado de conformidad expedido por un organismo de certificación acreditado, sobre el cumplimiento de los requisitos contemplados en el reglamento técnico expedido por las autoridades competentes, de la estación de servicio sobre la cual versa la solicitud que se tramita.

“8. Demostrar que ha celebrado contrato (...) de combustibles líquidos derivados del petróleo con un distribuidor mayorista, excepto cuando el solicitante sea también distribuidor mayorista.

“9. Adjuntar el Registro Único Tributario RUT (...)”(88).

De conformidad con el artículo 36 del referido Decreto 4299 de 2005, el hecho de que una persona natural o jurídica comercializara combustibles líquidos derivados del petróleo sin estar autorizado para ejercer dicha actividad daba lugar al cierre del establecimiento de comercio, sin perjuicio de las sanciones pecuniarias pertinentes.

En el presente asunto, los señores R... A... M... L...; J... I... G... H...; J... A... G... A...; G... de J... V... G...; A... A... V... G... y N... A... G... A... ostentaban materialmente ejercían las actividades propias de distribuidores minoristas de ACPM; empero, no contaban con la habilitación requerida para tal fin, pues no correspondían a comercializadores industriales ni tampoco desempeñaban su actividad a través de una estación de servicio automotriz.

De este modo, se advierte que los procesados desempeñaban una actividad comercial de manera ilegal, la cual, por versar sobre combustibles, puso en riesgo a la comunidad en general, en cuanto no se contaba con la infraestructura requerida para tal fin y, por tanto no se ejercía de forma segura; Asímismo, se atentó contra el medio ambiente, en la medida en la que no se adoptó ninguna medida tendiente a impedir su deterioro.

Además, conviene resaltar que al ser requeridos por las autoridades policiales los capturados no acreditaron la procedencia del combustible que tenían en su poder y tampoco aportaron pruebas que permitieran inferir que el mismo no se encontraba amparado por el artículo 1º de la Ley 681 de 2001.

Así las cosas, a la Fiscalía General de la Nación no le restaba más que agotar la investigación penal pertinente a efectos de verificar si la comercialización de ACPM en la forma en la que lo hacían los demandantes estaba o no relacionada con el delito de destinación ilegal de combustibles, en cualquiera de sus modalidades, o si el proceder de los implicados versaba sobre una actividad comercial ajustada al ordenamiento jurídico.

La Sala concluye que estos demandantes resultaron involucrados en la investigación penal objeto de discusión, porque no actuó con el “cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios”, pues se dedicaron a la compra y venta de ACPM sin cumplir los requisitos previstos para tal fin, lo que merece un reproche desde el punto de vista de la diligencia que deben observar las personas en la atención de sus negocios.

En síntesis, la Sala encuentra probado que la providencia que condujo a la privación de la libertad de los señores R... A... M... L...; J... I... G... H...; J... A... G... A...; G... de J... V... G...; A... A... V... G... y N... A... G... A... tuvo como fundamento su propio comportamiento, el cual, se reitera, llevó a que se iniciara la actuación penal necesaria para esclarecer las circunstancias que los relacionaban la comercialización ilegal de combustible y a que se les impusiera la medida de aseguramiento de detención preventiva, lo que resulta suficiente para exonerar de responsabilidad patrimonial al Estado, habida cuenta de que nadie puede sacar provecho de su propia culpa.

Así las cosas, esta Subsección negará las pretensiones formuladas con fundamento en la privación de la libertad de los referidos demandantes.

7.4. Conclusión.

En atención a las consideraciones precedentes, la Sala no declarará responsable a la entidad demandada por la privación de la libertad para efectos de indagatoria del señor O... C... G..., dado que en el trámite de la actuación se aplicó la normativa penal en la forma en la que le correspondía, por manera que no se incurrió en un error jurisdiccional o un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Asímismo, denegará las pretensiones formuladas por la privación de la libertad de los señores R... A... M... L...; J... I... G... H...; J... A... G... A...; G... de J... V... G...; A... A... V... G... y N... A... G... A..., toda vez que las pruebas obrantes en el plenario permiten inferir que el daño causado proviene de su propia culpa.

En lo relacionado con los señores J... R... V... G... y L... G... V... G... confirmará la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación, porque no se cumplieron los presupuestos requeridos para imponerles medida de aseguramiento de detención preventiva; además, en el plenario no obran elementos probatorios que permitan inferir que ellos incurrieron en algún comportamiento doloso o culposo desde el punto de vista civil y que, por ende, hubiesen dado lugar al daño alegado.

La indemnización de perjuicios ordenada en la sentencia de primera instancia no fue apelada, circunstancia que no es óbice para que esta se revoque en unos aspectos y se modifique en otros.

Lo anterior, en cuanto, distinto a lo decidido por el a quo, no resulta procedente el reconocimiento de suma alguna en favor del señor O... C... G..., por cuanto la privación de su libertad no puede calificarse como un daño antijurídico.

De este modo, la Sala sólo procederá a la liquidación de los perjuicios causados con la privación de la libertad de los señores J... R... V... G... y L... G... V... G..., pues, por las razones que se explicaron en precedencia, frente a ellos sí se configuró un daño antijurídico, en cuanto se les impuso medida de aseguramiento de detención preventiva, pese a que no se cumplían los requisitos legales previstos para tal fin.

8. Indemnización de perjuicios.

Los señores J... R... V... G... y L... G... V... G... en la demanda sólo solicitaron perjuicios de carácter moral, el Tribunal Administrativo de Antioquia accedió a su reconocimiento, pero en una suma inferior a la pedida, por tal razón, la Sala, ante la evidencia de que la Fiscalía General de la Nación es apelante única, no efectuará una nueva liquidación, pues ello implicaría el aumento de la condena.

El a quo le reconoció a cada uno de los referidos demandantes –J... R... y L... G... V... G... la suma de 10 SMMLV, en su condición de víctimas directas, sin tener en cuenta la relación de parentesco que los unía con el señor G... de J... V... G..., por manera que la denegatoria de las pretensiones formuladas por la privación de la libertad de este último no impone la reducción de la condena.

Por lo anterior, se confirmará el reconocimiento de los 10 SMMLV tanto para J... R... V... G... como para L... G... V... G...

La señora M… del S… G… D… compareció al proceso en condición de madre de J... R..., L... G... y G... de J... V... G..., calidad que fue reconocida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el cual ordenó en su favor el pago de una suma total de 5 SMMLV por perjuicios morales, pues, a su juicio, la privación de la libertad de sus 3 hijos resultó injusta.

Pese a lo anterior, como se precisó en precedencia, por la restricción de la libertad del último de los mencionados –G... de J... V... G...– no hay lugar a reconocer suma alguna, dado que la privación a la que fue sometido fue el resultado de su propia culpa, por manera que la entidad demandada no está llamada a asumir ningún tipo de responsabilidad.

Así las cosas, la indemnización de 5 SMMLV de la señora M… del S… G… D…, a pesar de no haber sido apelada y ante la evidencia de ausencia de daño en lo relacionado con su hijo G... de J..., deberá reducirse en una tercera parte, para, en su lugar, solo reconocer los perjuicios causados por la privación de la libertad de los señores J... R... V... G... y L... G... V... G...

En esta medida, la Fiscalía General de la Nación le pagará a la señora M… del S… G… la suma de 3,4 SMMLV, en cuanto, se reitera, a dos de sus hijos se les impuso medida de aseguramiento pese a que no se cumplían los presupuestos legales pertinentes.

9. Condena en costas.

En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFICAR la sentencia del 28 de agosto de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, para, en su lugar:

“PRIMERO. DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad a la que fueron sometidos los señores J... R... V... G... y L... G... V... G....

“SEGUNDO: CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar por perjuicios morales las siguientes sumas de dinero expresadas en salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de ejecutoría de la presente sentencia:

“i) J... R... V... G...: 10

“ii) L... G... V... G...: 10

“iii) María del Socorro Gómez Duque: 3,4

“TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, en concreto las formuladas con fundamento en la privación de la libertad a la que fueron sometidos los señores R... A... M... L...; O... C... G...; J... I... G... H...; J... A... G... A...; G... de J... V... G...; A... A... V... G... y N... A... G... A...

“CUARTO: Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

“QUINTO: Para el cumplimiento de esta sentencia, expídanse copias con destino a las partes con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 1995. Las copias destinadas a la parte actora se entregarán al apoderado que ha venido actuando.

“SEXTO: Sin condena en costas”.

2. En firme la presente providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: María Adriana Marín—Marta Nubia Velásquez Rico—Carlos Alberto Zambrano Barrera.

30 Acuerdo 58 de 1999, modificado por los siguientes acuerdos: i) 45 del 2000; ii) 35 de 2001; iii) 55 de 2003; iv) 117 de 2010; v) 140 de 2010; vi) 15 de 2011; vii) 148 de 2014; viii) 110 de 2015; ix) 306 de 2015 y x) 269 de 2017.

31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo auto del 9 de septiembre de 2008, C. P. Mauricio Fajardo Gómez, Expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

32 Al respecto consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 24 de mayo de 2017, Expediente 49.740; del 30 de agosto de 2017, Expediente 51.057; del 23 de octubre de 2017, Expediente 52.070; del 6 de diciembre de 2017, Expediente 54859.

33 Para lo pertinente revisar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de junio de 2017, Expediente 44784, M. P. Hernán Andrade Rincón; sentencia del 24 de mayo de 2017, Expediente 42979, M. P. Hernán Andrade Rincón; sentencia del 10 de noviembre de 2017, Expediente 47874, M. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; sentencia del 28 de septiembre de 2017, Expediente 52.897 y sentencia del 10 de noviembre de 2017, Expediente 47.294.

34 El segundo nombre del demandante corresponde a “G…”, de conformidad con la copia del registro civil de nacimiento obrante a folio 61 del cuaderno 1.

35 La preclusión se ordenó en favor de todos los procesados, incluido el señor incluido el señor O… C… G…, a quien no se le impuso la medida de aseguramiento.

36 De conformidad con la constancia de firmeza obrante a folio 420 del expediente penal.

37 Folio 14, cuaderno 1.

38 Según el informe del 17 agosto de 2006, así como las actas de derechos de los capturados y de incautación pertinentes (fls. 147 a 168 del expediente penal).

39 Al respecto, el artículo 1º del Decreto 1503 de 2002 señala:
“Artículo 1º. Para los efectos del presente decreto se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:
“(…).
“3. Marcador. Sustancia química que permite obtener información sobre la procedencia del combustible.
“La aplicación de marcadores en los combustibles puede ser utilizada para propósitos de diferenciar calidades, mezclas, combustibles, extraídos ilícitamente de los poliductos y para controlar evasión de impuestos y adulteración de combustibles, entre otros.
“4. Marcación. Proceso mediante el cual se agrega al combustible una sustancia química denominada ‘marcador’, la cual no afecta ninguna de sus propiedades físicas, químicas ni visuales, ni ninguna de sus especificaciones.
“5. Detector. Sustancia o equipo que permite detectar la presencia y/o concentración del ‘marcador’ en el combustible.
“6. Detección. Proceso mediante el cual se usa el “detector” para comprobar si el combustible tiene o no ‘marcador’. El resultado es comparado después con un patrón que permite garantizar la procedencia del combustible”.

40 Hecho que se da por probado con el oficio 0975/DIJIN - GRUH1 del17 de agosto de 2006 (fls. 145-163 del expediente penal).

41 Folios 27 a 31 y del 170 al17 del expediente penal, el cual, se reitera, obra en archivo magnético (fl. 322, cuaderno 2).

42 De conformidad con lo señalado en los documentos obrantes de folios 170 a 180 del expediente penal, en concordancia con la providencia del 24 de agosto de 2006 (fl. 194 del expediente penal).

43 En el archivo magnético del expediente penal obran las actas de las diligencias de indagatoria; sin embargo, las mismas no resultan legibles, en cuanto la resolución de las imágenes escaneadas es deficiente.
Sin embargo, en las providencias mediante las cuales se definió la situación jurídica de los implicados, se ordenó su libertad y se decretó la preclusión de la investigación obra una síntesis de las indagatorias, a las cuales la Sala recurrirá para establecer cuáles fueron las explicaciones rendidas por los demandantes.

44 En la parte de antecedentes de la providencia que ordena la libertad de los procesados se resumió en tales términos las explicaciones de los implicados.

45 De conformidad con lo consignado en la providencia del 30 de agosto de 2006, por medio de la cual se definió la situación jurídica de los implicados (fls. 154-155, cuaderno 2).

46 Ibídem.

47 Folio 156, cuaderno 1.

48 Folio 157, cuaderno 1.

49 Folio 159, cuaderno 1.

50 Folio 160, cuaderno 1.

51 Folios 161-164, cuaderno 1.

52 Folios 137-168, cuaderno 1.

53 Para lo pertinente, el ente acusador les impuso medida de aseguramiento a: R… A… M… L…; J… A… G… A…: G… de J… V… G…; L… G… V… G…; A… A… V… G…; N… A… G… A…; J… R… V… G… y J… I… G… H...

54 Previa suscripción del acta a la que se refiere el inciso 2º del artículo 354 de la Ley 600 del 2000.

55 Transcripción literal del expediente, incluso con posibles errores (fl. 165, cuaderno 1).

56 Folio 158, cuaderno 1.

57 Folio 159, cuaderno 1.

58 Folios 265-268 del expediente penal.

59 Folios 280-292 y 298-303 del expediente penal.

60 Folios 38-51, cuaderno 1.

61 De conformidad con la certificación expedida por el Inpec el 17 de agosto de 2011, la cual obra a folio 135 del cuaderno 1.

62 Folios 333-360, cuaderno 2.

63 El segundo nombre del demandante corresponde a “G…”, de conformidad con la copia del registro civil de nacimiento obrante a folio 61 del cuaderno 1.

64 La Sala reitera que esta persona no compareció en condición de demandante dentro del proceso de la referencia.

65 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A, sentencia del 30 de junio de 2016, Expediente 39808, reiterada en fallo del 24 de octubre de 2016, Expediente 37812, respectivamente, entre otros.

66 En este sentido la Sección se pronunció en sentencia del 23 de agosto de 2010, Radicación 40060, C. P. Enrique Gil Botero, en los siguientes términos:
“No obstante, en aquellos eventos en que pese a configurarse la causal de absolución penal permitiera enmarcar el estudio de la responsabilidad patrimonial bajo un régimen de carácter objetivo pero en el proceso contencioso administrativo quedó acreditada la existencia de una falla del servicio, se impone la declaratoria de la misma en aras de emitir un juicio de reproche y, de paso, permitir a la administración que, identificada la irregularidad cometida, analice la conveniencia de iniciar la acción de repetición contra los funcionarios que dieron origen a la condena pecuniaria.
“No significa lo anterior que la Sala esté fijando un régimen subjetivo de responsabilidad en materia de privación injusta de la libertad sino que, se insiste, la perspectiva objetiva o subjetiva (culpabilística) dependerá en cada caso concreto de los motivos de absolución o preclusión criminal; sin embargo, cuando la falla del servicio sea evidente y palmaria en el proceso contencioso será imprescindible advertir su existencia y, por lo tanto, acoger la responsabilidad sin ambages por esa circunstancia (...)”.

67 Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2011, Expediente 21.653, M. P. Ruth Stella Correa Palacio.

68 Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 17 de octubre de 2013, Expediente 23.354, M. P. Mauricio Fajardo Gómez.

69 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, providencias del 4 de diciembre de 2006, Expediente 13.168, y del 2 de mayo de 2007, Expediente 15.463, M. P. Mauricio Fajardo Gómez, reiteradas por esta Subsección en sentencia de mayo 26 de 2011, Expediente 20.299, M. P. Mauricio Fajardo Gómez, entre otras.

70 Régimen procesal penal aplicable a este asunto, toda vez que la Ley 906 de 2004, de conformidad con el artículo 530 ejusdem, entró a regir en el Distrito Judicial de Antioquia el 1º de enero de 2007.

71 “Artículo 332. Vinculación. El imputado quedará vinculado al proceso una vez sea escuchado en indagatoria o declarado persona ausente”.

72 En atención a lo previsto en los artículos 354 y 357 de la Ley 600 del 2000, la situación jurídica se definía en aquellos casos en los que se procedía por punibles susceptibles de detención preventiva, bien por tratarse de alguna de las conductas expresamente señalados por el legislador o por corresponder a una de aquellas cuya pena de prisión mínima era igualo superior a 4 años.

73 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, M. P. Sigifredo Espinosa Pérez, auto de 21 de octubre de 2009, hábeas corpus 32.892.

74 Este tipo penal fue adicionado por el artículo 1º de la Ley 1028 de 2006, publicada en el Diario Oficial Nº 46.298 de 13 de junio de 2006.

75 En virtud de esta norma, sin las modificaciones dispuestas por los artículos 9º de la Ley 1430 de 2010 y 220 de la Ley 1819 de 2016, en los departamentos y municipios de frontera sólo Ecopetrol, previo concepto del Ministerio de Minas y Energía, podía distribuir y comercializar combustibles líquidos.

76 Para la época de los hechos, constituía delito el hecho que personas ajenas a Ecopetrol ofrecieran, distribuyeran o comercializaran a cualquier título combustibles líquidos en los municipios definidos como zonas de frontera por los decretos 2195 de 2001, 2875 de 2001, 1730 de 2002, 2970 de 2003, 1037 de 2004, 3459 de 2004 y 2484 de 2006, por medio de los cuales se reglamentó, entre otros, el artículo 1º de la Ley 685 de 2001; asimismo, daba lugar al punible analizado la comercialización en cualquier zona del país los combustibles amparados por la citada Ley 685 de 2001.

77 Ninguno de los municipios del departamento de Antioquia se encuentra dentro de las zonas que la ley ha calificado como de frontera.

78 “Artículo 340. Términos para recibir indagatoria del capturado. La indagatoria deberá recibirse en la mayor brevedad posible o a más tardar dentro de los tres (3)días siguientes a aquel en que el capturado haya sido puesto a disposición del Fiscal General de la Nación o su delegado. Este término se duplicará si hubiere más de dos (2)capturados en la misma actuación procesal y la aprehensión se hubiere realizado en la misma fecha” (se destaca).

79 “Artículo 530. Selección de distritos judiciales. Con base en el análisis de los criterios anteriores, el Sistema (Penal Acusatorio) se aplicará a partir del 1º de enero de 2005 en los distritos judiciales de Armenia, Bogotá, Manizales y Pereira. Una segunda etapa a partir del 1º de enero de 2006 incluirá a los distritos judiciales de Bucaramanga, Buga, Cali, Medellín, San Gil, Santa Rosa de Viterbo, Tunja y Yopal.
“En enero 1º de 2007 entrarán al nuevo sistema los distritos judiciales de Antioquia, Cundinamarca, Florencia, Ibagué, Neiva, Pasto, Popayán y Villavicencio (...)”.

80 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 12 de mayo de 2014, Expediente 23.783; C. P. Mauricio Fajardo Gómez, reiterada en sentencia del 29 de mayo de 2014 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera de esta corporación, Expediente 27.903; M. P. Hernán Andrade Rincón (E), entre otras providencias.

81 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 2 de noviembre de 2016, Expediente 40089, M. P. José Francisco Acuña Vizcaya.

82 Al respecto, la Fiscalía General de la Nación explicó que no se advertían “por los menos dos indicios graves (...), toda vez que el solo hecho de laborar en el lugar como lavador de carros no es indicativo de que tuviese el pleno dominio sobre el accionar de la venta, distribución o comercialización del combustible que le fue encontrado a su patrón (...) R… A… M… L…, quien admitió la plena responsabilidad en tal sentido y confirmó como este era su trabajador, a quien le pagaba un sueldo” (fl. 165, cuaderno 1).

83 “Artículo 356. Solamente se tendrá como medida de aseguramiento para los imputables la detención preventiva. Se impondrá cuando aparezcan por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso. No procederá la medida de aseguramiento cuando la prueba sea indicativa de que el imputado pudo haber actuado en cualquiera de las causales de ausencia de responsabilidad”.

84 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 9 de julio de 2014, Expediente 38.438, M. P. Hernán Andrade Rincón; providencia reiterada por esta Sala en sentencia del 10 de noviembre de 2017, Expediente 48.553.

85 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de marzo de 2016, Expediente 39.816, M. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

86 Dentro de las cuales no se encuentra el departamento de Antioquia.

87 Por medio del cual se reglamentó el artículo 61 de la Ley 812 de 2003, a cuyo tenor “Artículo 61. Cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo. El artículo 2º de la Ley 39 de 1987 quedará así:
‘Artículo 2º. Los agentes de la cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, con la excepción del gas licuado de petróleo, solamente serán el refinador, el importador, el almacenador, el distribuidor mayorista, el transportador, el distribuidor minorista y el gran consumidor””.

88 Artículo 21 del Decreto 4299 de 2005, sin las modificaciones introducidas con posterioridad a la fecha de ocurrencia de los hechos –18 de agosto de 2006–.