Sentencia 2008-01175 de febrero 21 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: 11001-0203-000-2008-01175-00

SC2135-2014

Magistrado Ponente:

Dr. Jesús Vall De Ruten Ruiz

Bogotá, D.C., veintiuno de febrero de dos mil catorce.

Discutida y aprobada en Sala de cuatro de diciembre de dos mil trece.

Se decide la solicitud de exequátur presentada por MMMM MMMMMMMMMMMMMMMMM, respecto de la sentencia de 17 de diciembre de 2007, la cual fue corregida el 10 de enero de 2008, proferida por el Juzgado de Niñez y Adolescencia del Primer Circuito Judicial de San José, Costa Rica, mediante la cual aprobó la adopción del menor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX por parte de PPPPPPPPPPPP.

Antecedentes

1. Por intermedio de apoderado judicial, la demandante de nacionalidad colombiana, solicita conceder el exequátur de la decisión antes referida, por la cual se aprobó la adopción individual de su menor hijo XXXXXX por parte de su cónyuge PPPPPPPP, y en consecuencia, se ordenó la respectiva anotación en el registro civil de nacimiento, con la modificación de los apellidos del pequeño.

2. La petición de homologación se respalda en los supuestos fácticos que a continuación se compendian:

a). XXXXXXXX nació en la ciudad de Neiva el 8 de junio de 2000 y fue registrado solo por su progenitora.

b). MMMMMMMMMMMMMMMMM contrajo matrimonio civil con el ciudadano canadiense PPPPPPPPPPPP, el 7 de julio de 2004 y tienen su domicilio común en Playa Hermosa, Guanacaste, Costa Rica.

c). Desde que PPPPPP se unió en matrimonio con la demandante —madre de XXXXXXXXXX— asumió el rol de padre de este último, generándose entre ellos un fuerte vínculo afectivo que lo llevó a solicitar la adopción del niño.

d). En el trámite de la adopción, MMMMMMMMMMMMM MMMM manifestó su asentimiento para ello; el promotor del proceso no contencioso aceptó expresamente los deberes inherentes a la filiación adoptiva; y el representante legal del Patronato Nacional de la Infancia no se opuso al acogimiento del menor, por lo tanto, el Juzgado de Niñez y Adolescencia aprobó la petición de adopción individual del mismo por parte del señor Nunez, disponiendo que el infante llevara los apellidos PPPP MMMM y ordenando su inscripción en el registro civil de nacimiento.

Trámite del exequátur

1. La petición fue admitida, y fueron vinculados los delegados del Ministerio Público para Asuntos Civiles y para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, así como a PPPPPPPPP, quien notificado, guardó silencio.

2. El Procurador Delegado para Asuntos Civiles al contestar la demanda manifestó no oponerse a las pretensiones, por reunir aquella los requisitos del artículo 694 del Código de Procedimiento Civil, coadyuvando la petición contenida en el título de “oficios” del libelo introductor formulada en el sentido de oficiar al Ministerio de Relaciones Exteriores para obtener prueba de la reciprocidad diplomática o legislativa (fls. 47-53).

Por su parte, la Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia manifestó que no obstante que en la sentencia se afirma que la progenitora consintió la adopción de su hijo por parte de su cónyuge, “no existe evidencia probatoria del consentimiento otorgado” para el efecto en los términos del artículo 66 del Código de la Infancia y la Adolescencia —haciendo especial énfasis en que el beneplácito debe manifestarse ante el defensor de familia—, por lo que concluyó que no hay cabal cumplimiento del requisito, según el cual, la decisión foránea no debe oponerse a las normas de orden público colombianas (fl. 135).

Igualmente, expresa que en cumplimiento de los artículos 4º y 26 del Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, suscrito en La Haya el 29 de mayo de 1993, es menester examinar cuidadosamente el trámite de adopción adelantado en Costa Rica, así como los requisitos que sirvieron de basamento a la sentencia materia de exequátur (fl. 136).

3. De la oposición presentada por la mencionada procuradora en su contestación a la demanda, se corrió traslado a la interesada, quien por intermedio de su apoderada judicial se opuso a los razonamientos formulados por aquella, aduciendo para el efecto, que si se llegare a aceptar esa postura se estaría desconociendo: i. la decisión adoptada por la justicia costarricense; ii. el “hecho notorio [del] consentimiento [por ella] otorgado” para la adopción de su menor hijo por parte de su cónyuge; y iii. que no se ha presentado ruptura con la familia de origen, ya que en manera alguna se ha renunciado a la patria potestad que ejerce sobre el pequeño (fls. 140 y 141).

4. Como medios de prueba se tuvieron: i. los documentos aportados con la demanda; ii. el Oficio OAJ.CAT 21426 remitido por la coordinadora del área de tratados en el que informó que no se encontró acuerdo bilateral vigente entre Colombia y Costa Rica, no obstante lo cual estos Estados hacen parte de los siguientes tratados multilaterales: “Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras”, firmada en Nueva York el 10 de junio de 1958 y la “Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Adopción de Menores adoptada en La Paz Bolivia el 24 de mayo de 1984” (fl. 59 y vto.); y iii. el Oficio PGA-036-2011 enviado por la Procuraduría General de la República de Costa Rica —con el cual da respuesta a la nota verbal remitida vía consular—, en el que informa que ante la ausencia de tratado bilateral entre los Estados, en principio, la ejecución de una sentencia dictada por un Tribunal de la República de Colombia se regirá por lo dispuesto en los artículos 705 al 708 del Código Procesal Civil, cuyo texto se encuentra vigente, así como que la regulación en materia de adopción de menores en ese país comprende diversas normas nacionales (Ley 5476 del 21 de diciembre de 1973, vigente desde 1973 [Código de Familia], numerales 100 al 139 regula lo atinente a la adopción; Ley 7648 vigente desde 1996 [Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia]; reglamento para los procesos de adopción nacional e internacional, aprobado por el Patronato Nacional de la Infancia, publicado en la Gaceta 112 del 11 de junio de 2008 y vigente desde el 2008; y el reglamento del Consejo Nacional de Adopciones y de los consejos regionales de adopción y de la reubicación de personas menores de edad, publicado en la Gaceta 68 del 9 de abril de 1997 y vigente desde el mes de abril de 1997) e internacionales (Convención sobre los Derechos del Niño, firmada por Costa Rica el 26 de enero de 1990, Ley 7184 del 18 de julio de 1990, Gaceta 149 de 9 de agosto de 1990; Convenio de Protección al Niño y Cooperación en Adopción Internacional, Ley 7517 del 22 de junio de 1995, Gaceta 135 de 17 de julio de 1995; Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, Ley 8071 del 14 de febrero de 2001, Gaceta 96 del 21 de mayo de 2001; Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y Utilización de Niños en la Pornografía, Ley 8172 del 7 de diciembre de 2001, Gaceta 29 de 11 de febrero de 2002; Convención Reconocimiento y Ejecución Sentencias Arbitrales Extranjera, Ley 6157 de 2 de diciembre de 1977; Convención Interamericana sobre Régimen Legal de Poderes para ser utilizados en el extranjero, Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, Ley 6165 del 2 de diciembre de 1977, Gaceta 241 del 21 de diciembre de 1977), y que la institución encargada de tal protección es el Patronato Nacional de la Infancia (fls. 81-118).

5. Surtido el traslado para alegar, las partes guardaron silencio (fls. 147 y 148).

Consideraciones

1. En ejercicio de la soberanía, los jueces patrios son los únicos investidos con el poder de administrar justicia en territorio colombiano, en virtud de los postulados normativos vigentes. Empero, este principio no es absoluto, y ha sido moderado para atender requerimientos impuestos por el incremento de relaciones sociales, económicas y familiares que se presentan en el mundo contemporáneo y trascienden las fronteras.

Por ello, en ciertos casos se acepta que providencias dictadas por jueces extranjeros surtan efectos en territorio nacional, en aplicación de un tratado internacional (reciprocidad diplomática), y a falta de este, con fundamento en la fuerza que el país de donde provienen les conceda eventualmente a las decisiones colombianas (reciprocidad legislativa). Al efecto, el artículo 693 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, han consagrado la figura del exequátur por la cual “[l]as sentencias y otras providencias que revistan tal carácter, pronunciadas en un país extranjero en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria, tendrán en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese país, y en su defecto la que allí se reconozca a las proferidas en Colombia”.

Sobre el particular, la Corte ha considerado que la reciprocidad diplomática “atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el país”. Y la reciprocidad legislativa opera en ausencia “de derecho convencional, [acogiendo] normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia...’ (G. J. t. LXXX, pág. 464, CLI, pág. 69, CLVIII, pág. 78 y CLXXVI, pág. 309 entre otras)”(1).

2. El presente asunto tiene por objeto autorizar el reconocimiento de efectos legales en el territorio nacional a la sentencia proferida por el Juzgado de Niñez y Adolescencia del Primer Circuito Judicial de San José, Costa Rica, el 17 de diciembre de 2007, corregida el 10 de enero de 2008, mediante la cual se aprobó la adopción del menor XXXXXXXXXXXXXX XXXXX, natural de Colombia, por parte del ciudadano canadiense PPPPPPPPP.

Al efecto, resulta menester verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 693 y 694 del Código de Procedimiento Civil, abordando en primer lugar el examen concerniente a si entre Colombia y Costa Rica existe reciprocidad diplomática, en relación con lo cual el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que no se encontró acuerdo bilateral vigente entre estos países.

Posteriormente, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República del citado país centroamericano, remitió Oficio PGA-036-2011 en el que indicó los convenios internacionales suscritos y acogidos como ley en ese territorio, entre los que se cuenta el “Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional”, suscrito en La Haya, el 29 de mayo de 1993 —Ley 7517 del 22 de junio de 2001—, el cual también fue suscrito por Colombia y aprobado mediante Ley 265 de 1996.

Conforme al artículo 2º del referido convenio, su ámbito de aplicación incumbe a los casos en los cuales “un niño con residencia habitual en un Estado contratante (‘el Estado de origen’) ha sido, es o va a ser desplazado a otro Estado Contratante (‘el Estado de recepción’), bien después de su adopción en el Estado de origen por cónyuges o por una persona con residencia habitual en el Estado de recepción, bien con la finalidad de realizar tal adopción en el Estado de recepción o en el Estado de origen. 2. El convenio solo se refiere a las adopciones que establecen un vínculo de filiación”.

Tal hipótesis no resulta coincidente con la que se ventila en este preciso caso, en la medida en que los medios de convicción arrimados al sub examine develan que el desplazamiento del menor al Estado centroamericano no obedeció al hecho de la adopción en sí misma, por cuanto esta devino con posterioridad (dic. 17/2007) a su establecimiento en ese país, producto de la convivencia y el fuerte vínculo que se creó entre él y el esposo de su madre.

Así mismo, el artículo 4º del convenio en comento (L. 265/96) prevé para las adopciones internacionales la intervención del órgano central del Estado de origen, circunstancia que en el sub lite no ocurrió por cuanto la petición de adopción fue formulada directamente ante el aparato judicial de Costa Rica, por el cónyuge de la ascendiente del adoptado, sin que en manera alguna se hubiera producido la mediación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que en nuestro país funge como órgano central en esos trámites (L. 1098/2006, art. 62).

Como quedó anotado, los citados presupuestos no concurren en el proceso de adopción en el que se pronunció la sentencia que hoy es materia de homologación, razón por la cual, no resulta de aplicación el aludido acuerdo internacional, y en consecuencia, no puede predicarse satisfecho el requisito de reciprocidad diplomática reclamado para su autorización mediante la invocación del mismo.

La Corte, en un asunto de similares contornos al de ahora, determinó la inaplicabilidad del mencionado instrumento multilateral, en cuanto halló que si bien “Colombia y España son suscriptores del convenio sobre la ‘protección del niño y la cooperación en materia de adopción internacional’, celebrado en la Haya el 29 de mayo de 1993. No obstante tal marco normativo, la adopción de que informan las presentes diligencias no respondió a tales protocolos, pues, en verdad, los procedimientos acometidos por el adoptante y la madre del menor no se avinieron a las previsiones de dicho convenio. Basta nada más con mencionar que el menor adoptado ya se encontraba en España, desde hacía varios años; su traslado allí respondió a otras circunstancias diferentes a la adopción propiamente dicha y, su padre adoptante, antes que serlo, convivió y formalizó vínculo matrimonial con la progenitora del adoptado; además, no tuvo participación alguna la autoridad central de uno y otro país. En fin, no hay lugar a la aplicación de esas disposiciones de carácter internacional. Síguese, por ello mismo, que las disposiciones aplicables al asunto de este temperamento son aquellas que, normalmente, bajo la legislación ordinaria, regentan dichas materias” (sent. dic. 18/2009, Exp. 2008-00315-00).

3. Visto lo anterior, se hace necesario en subsidio, verificar la existencia de reciprocidad legislativa a efectos de determinar la procedencia de la pretensión. Para tal propósito, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores la Procuraduría General de la República de Costa Rica remitió el Oficio PGA-036-2011, en el cual informó que en principio, en ese país la ejecución de sentencias dictadas en Colombia se regirá por lo previsto en los artículos 705 al 708 del Código Procesal Civil, los cuales en lo fundamental consagran como requisitos requeridos al efecto que: i. la sentencia, la decisión con ese carácter, o el laudo arbitral se allegue debidamente autenticada; ii. que la contraparte en el proceso en que se dictó fuera vinculada al mismo y notificada con arreglo a las disposiciones legales del país de origen; iii. que la competencia no sea exclusiva de los tribunales costarricenses; iv. que no exista en Costa Rica un proceso en curso, ni una sentencia ejecutoriada que produzca efectos de cosa juzgada; v. que la decisión sea firme en el país de origen; vi. que no sea contraria al orden público; vii. que la competencia para tramitar la solicitud de homologación está deferida a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia; y viii. que la petición se resuelva previa audiencia de la parte contra la que se dirija.

De lo antes expuesto se colige sin duda alguna la semejanza de dicha legislación, en lo esencial, con los requisitos establecidos en el artículo 694 del Código de Procedimiento Civil Colombiano para que una sentencia o laudo extranjero surta efectos en el territorio nacional, luego, razón por la cual el aspecto concerniente a la verificación de la reciprocidad legislativa se encuentra superado.

Para los efectos de tener por establecida la tesitura de la legislación de Costa Rica, destaca la Sala que el artículo 6º de la Convención Interamericana sobre Exhortos y Cartas Rogatorias, instrumento multilateral incorporado en las legislaciones colombiana y costarricense mediante Ley 27 de 1988 [depósito de instrumento de ratificación], promulgada por el Decreto 652 del 10 de abril de 2000 y Ley 6165 del 2 de diciembre de 1977, respectivamente, prevé que: “cuando los exhortos o cartas rogatorias se transmitan por vía consular o diplomática o por intermedio de la autoridad central, será innecesario el requisito de la legalización”; y que la Procuraduría General de la República de Costa Rica, según los artículos 3º y 4º de la Ley 6815 de 27 de septiembre de 1982, tiene la competencia de llevar el sistema informático jurídico, registrando la legislación promulgada y vigente para mantenerla actualizada y velar por su seguridad.

4. Ahora bien, en lo atañedero a la observancia de los requerimientos previstos en el referido artículo 694 del estatuto procedimental civil, se observa que la solicitante aportó la sentencia materia de exequátur debidamente autenticada y legalizada mediante abono de firmas (art. 259 ídem); y que la providencia se encuentra ejecutoriada como da cuenta la constancia de firmeza expedida por la Juez del Juzgado de Niñez y Adolescencia Primer Circuito Judicial, San José, Costa Rica visible a folio 2.

Igualmente, el fallo no versa sobre derechos reales radicados sobre bienes ubicados en Colombia; el trámite no es de competencia privativa de los jueces patrios; no milita prueba de que exista proceso en curso o sentencia ejecutoriada de jueces nacionales sobre el mismo asunto; y aparece cumplido el requisito de la citación y contradicción.

En lo relativo al requisito conforme al cual, la sentencia cuya homologación se pide no se oponga al orden público interno, es de destacar que este concepto, para los efectos que ocupan la atención de la Sala, ha venido siendo delineado a través de diferentes pronunciamientos así: “... entre las distintas concepciones doctrinarias que se preocupan por explicar el tema en procura de reducir la noción de —orden público— a límites razonables y evitar que su empleo pueda llevar al sistemático destierro del derecho extranjero aún ocasionándole inútil agravio a los propios nacionales también inmersos en la sociedad universal, la que hoy en día predomina al menos en el entorno continental americano, según lo evidencian conferencias especializadas promovidas por la OEA y que datan de 1975 (Panamá) y 1979 (Montevideo), es aquella que entiende el —orden público— como una cláusula de reserva destinada en cuanto tal a evitar que una ley extranjera, calificada normalmente como la competente para regir determinado asunto, tenga que ser acogida no obstante que la aplicación que de ella se hizo contradice en forma manifiesta los principios fundamentales en que se inspira el ordenamiento jurídico nacional...” (sents. de exequátur de 4 de diciembre de 2000, Exp. 7647; 12 de septiembre de 2006, Exp. 2003-00211-00; 27 de julio de 2011, Exp. 2007-01956-00; 8 de noviembre de 2011, Exp. 2009-00219-00; entre otras).

En ese orden de ideas, las normas extranjeras aplicadas en una causa en particular deberán ser en su propósito y resultado compatibles con los principios y valores imperantes en el ordenamiento jurídico interno del Estado donde pretende obtenerse la homologación de la decisión foránea, y cuya comprobación corresponderá hacer con sujeción de aquellos criterios.

Como atrás quedara consignado, al trámite de exequátur fue incorporada la legislación vigente que disciplina el proceso de adopción en Costa Rica (L. 5476 de 1973 —Código de Familia—, la cual se halla vigente desde 1973 hasta la fecha, y en sus artículos 100 y siguientes regula lo relacionado con la adopción), y en ella se advierte que la regulación se proyecta sobre los siguientes aspectos: la definición de adopción (art. 100); sus efectos (art. 102) —entre los que se cuenta la subsistencia de los vínculos jurídicos con la familia paterna o materna, según el caso, cuando el adoptado sea hijo o hija del cónyuge del adoptante—; su procedencia (art. 109) —por parte del consorte de los hijos menores del otro, siempre y cuando este ejerza en forma exclusiva, la patria potestad sobre aquellos—; irrevocabilidad (art. 111); interés superior del menor (art. 137); requisitos para adoptar (art. 106); el deber que le asiste a la oficina local competente de asegurarse de que el consentimiento expresado por el padre o madre para dar en adopción un hijo ha sido debidamente informado (reglamento para los procesos de adopción nacional e internacional, art. 67). De lo antes resaltado se puede inferir con solvencia que la aludida normatividad se aviene a los reglamentos patrios atinentes a la materia, los que se encuentran consagrados, respectivamente, en los artículos 61, 63, 64, 66 y 68 de la Ley 1098 de 2006 —Código de la Infancia y la Adolescencia—.

Por otra parte, es de destacar que la Sala no acoge la inconformidad expresada por la delegada del Ministerio Público para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia acerca de que no milita en el plenario prueba respecto del beneplácito de la madre del menor para que su esposo solicitara la adopción de aquel, emitido conforme al artículo 66 de la Ley 1098 de 2006, norma según la cual, el consentimiento para dar en adopción a un hijo o hija deber ser informado y manifestarse libre y voluntariamente ante el defensor de familia, quien los prevendrá sobre las consecuencias jurídicas y psicosociales que conlleva aquel acto, y que por tal razón no encuentra satisfecho el segundo requisito dispuesto en el artículo 694 del Código de Procedimiento Civil. Al respecto, sea lo primero indicar que el precepto cuyo desconocimiento predica la referida agencia del Ministerio Público —artículo 66, Ley 1098 de 2006— tiene consagrados de manera concurrente requisitos de carácter sustancial y procedimental, razón por la cual solo los de estirpe sustantiva deberán estimarse para los efectos de establecer la consonancia entre los regímenes patrios que se analizan, en el contexto establecido por la jurisprudencia de la Corte respecto de la noción de orden público, toda vez que el invocado ordinal 2º del artículo 694 del ordenamiento procesal civil, expresamente deja por fuera de miramiento las normas de procedimiento, y en este caso en particular la exigencia de que la anuencia de la progenitora se manifieste directamente ante el defensor de familia colombiano, aspecto cardinal del disentimiento de la procuraduría.

En lo que corresponde al cumplimiento de los requisitos sustanciales de la anuencia a la adopción, obsérvese que la sentencia cuya homologación se solicita, en su título “considerando”, numeral 1º de “hechos probados” puso de manifiesto que “la progenitora de la persona menor de edad dio el consentimiento respectivo para que se concrete esta adopción”, y más adelante, en el numeral 2º “sobre el fondo” volvió a dejar expreso que “la progenitora de la persona menor de edad XXX XXXX ha dado su consentimiento para que se lleven a cabo las diligencias”, lo que conduce a afirmar con total convencimiento que MMMMMMMMMMMMMMMMM manifestó su asentimiento a la adopción dentro del marco determinado por la legislación del país en el cual se tramitó el proceso, que impone, como antes se anotó, el deber que le asiste a la oficina local competente de asegurarse que el beneplácito expresado por el padre o madre para dar en adopción un hijo ha sido debidamente informado (reglamento para los procesos de adopción nacional e internacional, art. 67). Asimismo, se encuentra establecido que la ascendiente del menor estaba legalmente facultada para expresar el consentimiento en la medida en que ejercía en forma exclusiva la patria potestad de su hijo, como también se demuestra con el registro civil de nacimiento de XXXXX, en el cual aparece únicamente registrado por esta. Igualmente, puede señalarse que la progenitora del menor estuvo al tanto y de acuerdo con la adopción por parte de su consorte, y que el procedimiento contó con la aprobación del representante del Patronato Nacional de la Infancia en cuanto su “representante legal (...) no presentó oposición alguna al respecto”. A lo anterior, se aúna el hecho de que es MMMMMMMMM incoa ante la Corte la demanda de exequátur para la sentencia de adopción.

Con apoyo en lo discurrido, se concluye que la sentencia objeto de homologación no contraviene normas internas de orden público y se ajusta a los requisitos dispuestos en el artículo 694 del Código de Procedimiento Civil, por lo que deviene procedente acceder a la solicitud de homologación.

Decisión

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrado justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONCEDER el exequátur a la sentencia de 17 de diciembre de 2007, la cual fue corregida el 10 de enero de 2008, proferida por el Juzgado de Niñez y Adolescencia del Primer Circuito Judicial de San José, Costa Rica, mediante la cual aprobó la adopción del menor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX por parte de PPPPPPPPPPPP.

2. ORDENAR la inscripción de esta providencia, junto con la sentencia reconocida, para los efectos legales previstos en los artículos 6º, 106 y 107 del Decreto 1260 de 1970, 13 del Decreto 1873 de 1971 y 9º de la Ley 25 de 1992, en el folio correspondiente al registro civil de nacimiento del menor. Por secretaría líbrense las comunicaciones pertinentes.

3. Disponer que en la publicación que de esta providencia haga la relatoría de la Sala, se guarde reserva de la identidad del menor adoptado.

4. Sin costas en la actuación.

Notifíquese y cúmplase,

Magistrados: Margarita Cabello Blanco—Ruth Marina Díaz Rueda, en comisión de servicios—Fernando Giraldo GutiérrezAriel Salazar RamírezLuis Armando Tolosa Villabona—Jesús Vall De Ruten Ruiz—.

(1) Sentencias de 28 de julio de 1998, Exp. 6583; 18 de diciembre de 2009, Exp. 2008-00315-00; 26 de enero de 2011, Exp. 2007-00499-00; 8 de noviembre de 2011, Exp. 2009-00219-00; 19 de diciembre de 2012, Exp. 2011-00579-00; entre otras.