Sentencia 2008-01208 de julio 24 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.:11001-03-15-000-2008-01208-01(AC)

Consejera Ponente:

Dra. María Nohemí Hernández Pinzón

Actor: Carmen Alicia Estupiñán de Mateus

Demandado: Corte Constitucional

Bogotá, D.C., veinticuatro de julio de dos mil nueve.

Decide la Sala la impugnación interpuesta por la actora contra la sentencia de 6 de mayo de 2009, por medio de la cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado rechazó por improcedente la solicitud de tutela.

I. Antecedentes

1. La demanda de tutela.

La señora Carmen Alicia Estupiñán de Mateus, obrando en nombre propio, en escrito radicado el 13 de noviembre de 2008 en la secretaría general del Consejo de Estado (fls. 1-20), instauró acción de tutela para obtener la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la vida, a la seguridad social, a los derechos adquiridos y a la seguridad jurídica, que estima vulnerados por la Corte Constitucional con la Sentencia de Unificación 484 de 2008, porque declaró terminadas todas las relaciones laborales con el Hospital San Juan de Dios a partir del 29 de octubre de 2001, sin tener en cuenta que su contrato de trabajo es a término indefinido y aún no ha terminado. En consecuencia, solicita que: i) se deje sin efecto el numeral cuarto (1) de la parte resolutiva de dicha providencia; ii) no se permita adicionar y modificar el fallo de 12 de diciembre de 2007 del Consejo Superior de la Judicatura que amparó sus derechos, con fundamento en la Sentencia de Unificación 484; iii) se ordene que deben pagarle sus salarios hasta el día que legalmente termine su contrato de trabajo.

2. Fundamentos de la acción.

Como fundamento de la solicitud de amparo, la actora relata los siguientes hechos y consideraciones de derecho:

Suscribió contrato de trabajo a término indefinido con el centro hospitalario San Juan de Dios, en virtud del cual ha venido prestando sus servicios a esa Institución en el cargo de auxiliar de enfermería nocturna desde hace más de 20 años.

Instauró acción de tutela con el objetivo de que se ordenara el pago de las acreencias laborales que le adeudaban por sus servicios prestados, que fue decidida en primera instancia por el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, quien la declaró improcedente; interpuso impugnación que fue resuelta por el Consejo Superior de la Judicatura mediante sentencia de 12 de diciembre de 2007, en la que decidió revocar el fallo impugnado y, en su lugar, amparar sus derechos fundamentales y ordenar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la Fundación San Juan de Dios y a la Beneficencia de Cundinamarca que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, procedieran a pagarle todos los salarios y prestaciones adeudados.

Ante el incumplimiento del anterior fallo de segunda instancia, presentó incidente de desacato ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, trámite en el que se ordenó a las referidas entidades que dispusieran los recursos necesarios para el pago ordenado, y a la liquidadora de la fundación que realizara la liquidación de lo adeudado.

En cumplimiento de la anterior orden, la gerente liquidadora de la fundación efectuó la liquidación, pero sin tener en cuenta los factores salariales convencionales y con corte a 12 de mayo de 2008, por lo que la actora insistió nuevamente ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca en que se hiciera cumplir la sentencia de 12 de diciembre de 2007, pero su petición fue decidida desfavorablemente con fundamento en que la Corte Constitucional en Sentencia de Unificación 484 de 2008, declaró que todas las relaciones de trabajo con el Hospital San Juan de Dios terminaron el 29 de octubre de 2001. Es decir, que se modificó el fallo que amparó sus derechos a pesar de que ya había hecho tránsito a cosa juzgada, pues no fue seleccionado para revisión por la Corte.

Considera la tutelante que con la referida declaración la Corte Constitucional violó sus derechos fundamentales que ya habían sido amparados por una sentencia de tutela anterior que se encuentra en firme e hizo tránsito a cosa juzgada y fue decidida con base en las argumentaciones allí presentadas y en las diferentes pruebas allegadas a la actuación que demostraban que su relación de trabajo sigue vigente porque no ha sido terminado su contrato laboral. Si bien esa corporación tuvo la intención de actuar en derecho, terminó violando sus derechos al debido proceso, a la igualdad y al trabajo porque no dio primacía a la realidad sobre las formalidades, pues, en su caso, la realidad es el contrato de trabajo que no ha terminado legalmente, como bien lo determinó el Consejo Superior de la Judicatura al decidir su tutela. Además, la Corte extralimitó sus funciones, ya que no es de su competencia terminar los contratos de trabajo.

Argumenta que la Corte incurrió en vía de hecho por defecto fáctico, al tener por acreditada la terminación de las relaciones laborales a partir del 29 de octubre de 2001, con la Resolución 1933 de 2001, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, pues le dio a este acto un efecto y alcance jurídico que no tiene; también, porque la afectó con la decisión adoptada en la sentencia de unificación sin contar con las pruebas que demuestran que su contrato de trabajo, que es a término indefinido y está regido por el Código Sustantivo del Trabajo y la convención colectiva, sigue vigente.

Sostiene que la Corte no debió extender los efectos de su decisión a todos los trabajadores del centro hospitalario, sin haberlos vinculado a la actuación y escuchado previamente, y aún menos debió generar la modificación de una sentencia de tutela que hizo tránsito a cosa juzgada y es inmodificable.

Asegura que adquirió el HIV por causa de un accidente de trabajo, enfermedad que está a punto de no ser atendida por el Seguro Social si se le aplica el despido ilegal a partir del año 2001. Estima vulnerado su derecho a la igualdad porque a algunos de sus compañeros trabajo les han reconocido y pagado salarios hasta los años 2007 y 2008.

Aduce que si bien la Corte exceptuó de la aplicación de la sentencia de unificación a los trabajadores que hubieran obtenido vía judicial el reconocimiento de sus salarios, el Consejo Seccional de la Judicatura no lo tuvo en cuenta y simplemente aplicó el numeral cuarto de la sentencia en que declaró terminadas las relaciones de trabajo en octubre de 2001. Por ello, estima que tiene que cumplirse el fallo que tuteló sus derechos, pues no pueden sesgarlo a la SU 484 de 2008, menos porque debe tenerse en cuenta que a la fecha ha concurrido al hospital para cumplir sus horarios de trabajo y funciones, pero la Beneficencia de Cundinamarca, que es hoy su patrón, no le proporciona las herramientas para ejercer sus labores, pues esa entidad no tiene comunicación con los trabajadores desde que el Consejo de Estado en sentencia de 8 de marzo de 2005, declaró la nulidad de los decretos que crearon la Fundación San Juan de Dios.

3. Trámite de la demanda e intervención de la autoridad demandada.

La petición de amparo fue inicialmente conocida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, quien mediante auto de 18 de noviembre de 2008 (fls. 72), en aplicación de la regla de competencia del numeral 1º, inciso primero, del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, la remitió por competencia al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, correspondiéndole por reparto a la Sección Segunda, Subsección “D”, la que en auto de 3 de diciembre de 2008 (fls. 78-81), se declaró incompetente para conocer la tutela y ordenó remitir el expediente a la Corte Constitucional para que dirimiera el conflicto de competencias.

La Corte en Auto 107 de 4 de marzo de 2009 (fls. 4-6, cdno. 2), declaró competente a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, quien en acatamiento de tal decisión, mediante auto de 23 de abril de 2009 (fl. 83), admitió la tutela y ordenó notificar a la autoridad accionada, la cual, por medio de su vicepresidente, compareció oportunamente para contestar la demanda en los siguientes términos:

Informa que revisadas las bases de datos de la corporación, se encuentra que la sentencia de tutela que amparó los derechos fundamentales de la señora Estupiñán de Mateus fue excluida de revisión mediante auto de 28 de febrero de 2008, decisión contra la que no se presentó solicitud de insistencia; por ello, al no haber sido seleccionado el fallo de instancia, hizo tránsito a cosa juzgada constitucional y se tornó inmutable y definitivo.

Sostiene que, contrario a lo afirmado por la tutelante, la Sentencia SU 484 de 15 de mayo de 2008, lo que hizo fue proteger los derechos fundamentales de los trabajadores de la Fundación San Juan de Dios, y poner fin a la continua violación de los mismos por parte de las entidades obligadas a pagar sus acreencias laborales y pensionales.

Afirma que la SU 484 de 2008, en defensa de la institución de la cosa juzgada, excluyó de sus efectos a los trabajadores que, como la actora, hubieran obtenido vía judicial la protección de sus derechos y el reconocimiento de sus salarios.

Argumenta que la acción de tutela es improcedente por las siguientes razones: i) la tutela no procede para controvertir fallos de tutela; ii) las decisiones de la Sala Plena de la Corte Constitucional son inimpugnables, inmutables y vinculantes; iii) la solicitud de nulidad es el único mecanismo que procede contra las sentencias de la Corte; iv) la tutelante no está legitimada para solicitar la nulidad de la SU 484 porque no actuó dentro de su trámite como demandante y tampoco demostró la calidad de tercera directamente afectada con el fallo; además, no radicó ante la Corte pedimento en tal sentido. (fls. 88-97)

De otro lado, con auto del 9 de julio de 2009 (fls. 153 y 154), se ordenó vincular al proceso, en calidad de parte, al Consejo Superior de la Judicatura - Sala Jurisdiccional Disciplinaria, al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y al agente liquidador de la Fundación San Juan de Dios, quienes fueron debidamente notificados. Tan solo contestó la acción el Presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura (fls. 161 a 166), señalando que la misma resulta improcedente por dirigirse contra una sentencia de tutela, como así lo ha determinado la Corte Constitucional en la Sentencia SU-1219 de 2001; que por ser dicho organismo el guardián de la integridad y supremacía del ordenamiento constitucional y de contera de los derechos fundamentales, no puede admitirse esa posibilidad porque se tornarían indefinidas esas decisiones y se atentaría contra la cosa juzgada constitucional.

Aunque al expediente se aportó el 21 de julio de 2009 escrito de contestación por parte de la apoderada de la Fundación San Juan de Dios, la Sala no hace resumen del mismo porque el documento no fue firmado y tampoco tiene nota de presentación personal.

4. La sentencia impugnada.

La Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante sentencia de 6 de mayo de 2009 (fls. 98-106), rechazó por improcedente la solicitud de amparo. Las consideraciones de esta decisión son las que a continuación se resumen:

Manifestó que tanto la Corte Constitucional como esa Sección han reiterado que la acción de tutela no procede contra sentencias de tutela, puesto que de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, la decisión del juez de tutela puede ser impugnada ante el superior y, sea o no impugnada, se envía a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Precisó que cuando la Corte decide seleccionar para revisión una tutela, la decisión que emite, bien en Sala de Revisión o Sala Plena, mediante sentencia de unificación, hace tránsito a cosa juzgada y en su contra solo procede la solicitud de nulidad que, según informó el presidente de la Corte en una acción de tutela anterior promovida por los mismos hechos, se están tramitando 17 solicitudes; de modo que si bien la tutelante no presentó petición de nulidad, la decisión que se adopte frente a las interpuestas la afectará, porque los efectos de la sentencia de unificación la vincularon.

Concluyó que lo pretendido por la actora es que se revise la sentencia de unificación que puso fin a 23 acciones de tutela y que extendió sus efectos a todas las personas que se encontraran en las situaciones de hecho allí previstas, decisión que “ningún juez, salvo la Corte Constitucional vía solicitud de nulidad, puede volver a revisar, situación que hace improcedente la presente acción” (fl. 105).

5. La impugnación.

La actora, inconforme con el fallo de tutela de primera instancia, presentó impugnación que fundamentó con los siguientes argumentos:

Reitera lo expuesto en la demanda y agrega que al supeditarse el fallo de tutela que amparó sus derechos a la orden de la Sentencia de Unificación 484 de 2008, se le causa un perjuicio irreparable, puesto que no se le “reconoce [su] pensión derecho adquirido y consolidado desde el 9 de marzo del 2.007”, y desconoce su derecho a la salud, ya que le están prestando atención en virtud de una acción de tutela que tuvo que interponer porque desde que se expidió la sentencia de unificación la gerente liquidadora de la fundación dejó de hacer aportes, y su atención es urgente, puesto que por causa de un accidente de trabajo ocurrido hace 16 años se infectó con HIV; además, tiene 54 años, por lo que no está en edad para volver a comenzar a laborar, y las demandas que puede interponer no son rápidas y efectivas para proteger sus derechos.

Considera que, en cumplimiento de la sentencia que amparó sus derechos, debe ordenarse liquidar los salarios y prestaciones que le adeudan, con fundamento en la convención colectiva de trabajo, la cual mantiene su vigencia hasta que sea modificada por las partes. Y, si se insiste en la terminación de su contrato de trabajo debe existir disponibilidad presupuestal para pagarle la indemnización por despido injusto con fecha de corte en el mes cumplido en que legalmente se termine su contrato, sin perjuicio de la acción de reintegro pactada en la convención colectiva.

Pide que se conceda la tutela, pues aunque el fallador de primera instancia advirtió que no procede contra sentencias de tutela, esto no puede ser insuperable, ya que la Corte Constitucional está “constituida por seres humanos que pueden fallar o ser engañados como es el caso que nos ocupa (fl. 111)”, incurrió en vía de hecho, actuó sin competencia, y violó sus derechos fundamentales, entre ellos, el de la vida, pues la gerente liquidadora comunicó al seguro social que deben dejar de prestarle atención médica porque la Corte declaró que los contratos laborales quedaron terminados el 29 de octubre de 2001.

Además, sostiene, se presentan dos presupuestos que hacen procedente la solicitud de amparo contra la Sentencia SU 484 de la Corte, estos son: i) que no fue parte dentro del proceso de tutela que culminó con esa providencia; y, ii) que se vulneraron sus derechos fundamentales, dado que esa sentencia de unificación creó una inseguridad jurídica, pues por un lado señaló que sus efectos cobijaban a todos los trabajadores de la fundación y, por otro, excluyó a los que ya hubieran obtenido el reconocimiento de sus derechos vía judicial, lo que generó que el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, como juez de primera instancia, interpretara que su relación laboral terminó el 29 de octubre de 2001, y negara la declaratoria del desacato de la sentencia de 12 de diciembre de 2007 del Consejo Superior de la Judicatura.

En consecuencia, solicita que: i) se declare que los efectos negativos del numeral cuarto de la parte resolutiva de la SU 484 de 2008, no aplican frente a su relación laboral y que no tiene la virtualidad de modificar o adicionar la sentencia de 12 de diciembre de 2007; ii) se ordene a la Corte Constitucional que aclare lo anterior en auto público y dirigido al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, quien tiene el deber de hacer cumplir el fallo que amparó sus derechos; y, iii) se ordene el pago de lo reconocido en Resolución 015 de 2008, expedida por la gerente liquidadora de la fundación, en cumplimiento del fallo de 12 de diciembre de 2007, pero que se ha negado a hacer efectiva con fundamento en la sentencia de unificación (fls. 109-115).

II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

Es criterio de esta Sala que en atención a que la regla de reparto prevista en el numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, para acciones de tutela dirigidas contra autoridades judiciales, no contempló la hipótesis en que la Corte Constitucional resultara accionada, debe aplicarse en consecuencia la regla de competencia prevista en el numeral 1º, inciso primero del artículo 1º ibídem, según la cual los tribunales administrativos son competentes para conocer en primera instancia acciones de tutela dirigidas contra autoridades del orden nacional.

No obstante, en el presente proceso se suscitó un conflicto de competencias entre la Sección Segunda, Subsección D del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que fue resuelto por la Corte Constitucional en Auto 107 de 4 de marzo de 2009 (fls. 4-6, cdno. 2), declarando competente a la segunda corporación, la cual avocó conocimiento y emitió sentencia de primera instancia el 6 de mayo de 2009.

De manera que de conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 1º del Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003, y en acatamiento del Auto 107 de 4 de marzo de 2009, es competencia de esta Sección pronunciarse en segunda instancia.

2. Problema jurídico.

La señora Carmen Alicia Estupiñán de Mateus, obrando en nombre propio, instauró acción de tutela en contra de la Corte Constitucional por la supuesta violación de sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la vida, a la seguridad social, a los derechos adquiridos y a la seguridad jurídica, producida según ella con la expedición de la Sentencia de tutela SU-484 del 15 de mayo de 2008, porque se estableció en esta, con efectos inter comunis, que todas las relaciones laborales de las personas que prestaron sus servicios personales al Hospital San Juan de Dios, bien por vinculación legal o reglamentaria o ya por relación contractual, se entienden terminadas el 29 de octubre de 2001, declaración que condujo a que el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca negara declarar el desacato de la sentencia 12 de diciembre de 2007, del Consejo Superior de la Judicatura que amparó sus derechos y ordenó el pago de salarios y prestaciones sociales que le adeudan.

De entrada advierte la Sala la falta de legitimación de la actora para censurar la Sentencia de Unificación 484 de 2008, dado que no fue parte dentro del trámite que dio lugar a su expedición, ni fue cobijada por sus efectos, como se pasa a explicar.

La Corte Constitucional en Sentencia de Unificación 484 de 2008, acumuló y revisó 23 fallos de tutela proferidos por diferentes jueces de la República que decidieron controversias relacionadas con la Fundación San Juan de Dios —Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil—, decidió declarar la violación de los derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital, a la vida y a la seguridad social de los trabajadores. Y, en el numeral 4º de su parte resolutiva dispuso:

Cuarto. En relación con el establecimiento de la Fundación San Juan de Dios, Hospital San Juan de Dios, la Corte Constitucional DECLARA que quedaron terminadas el 29 de octubre de 2001:

4.1. Todas las relaciones de trabajo vigentes para esa fecha que hayan tenido como causa un contrato de trabajo o un nombramiento y posesión; y que se regían respectivamente por el Código Sustantivo del Trabajo y las normas complementarias —incluida la Ley 6ª de 1945— ó por la ley y el reglamento.

4.2. Los contratos de prestación de servicios personales vigentes para esa fecha con personas naturales que los prestaban personalmente” (negrilla fuera del texto).

Y, la Corte —al tener en consideración la masiva y continuada vulneración de los derechos fundamentales de los ex empleados y ex trabajadores de la Fundación San Juan de Dios, debido al prolongado incumplimiento en el pago de sus acreencias salariales, prestacionales y pensionales por parte las entidades responsables; la insuficiencia de las medidas legislativas, administrativas y presupuestales para procurar el restablecimiento de esos derechos laborales de un número significativo de personas; y la existencia clara de un problema social para cuya solución requiere de la intervención de diferentes entidades—, decidió:

“Vigésimo primero: Los efectos de la presente decisión se extienden a todos los trabajadores de la Fundación San Juan de Dios, que comprende el Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil, cuyas relaciones de trabajo hayan tenido como causa un contrato de trabajo o un nombramiento y posesión; y que se regían respectivamente por el Código Sustantivo del Trabajo y las normas complementarias — incluida la Ley 6ª de 1945— ó por la ley y el reglamento. O que hayan tenido contratos de prestación de servicios personales en su condición de personas naturales y que los prestaban personalmente” (negrilla fuera del texto).

No obstante, en el numeral 22 de la parte resolutiva de la sentencia la Corte dispuso que:

“Vigésimo segundo: La presente decisión no produce efectos respecto de:

Las personas que tenían relación laboral con la Fundación San Juan de Dios - que comprende al Hospital San Juan de Dios y al Instituto Materno Infantil, - que haya tenido como causa un contrato de trabajo o un nombramiento y posesión, y que se regían por el Código Sustantivo del Trabajo y sus normas complementarias, incluida la Ley 6ª de 1945, o por la ley y el reglamento, que hayan obtenido por vía judicial, a través de procesos de tutela o de procesos laborales, el reconocimiento de aportes y cotizaciones al sistema integral de seguridad social, salarios, prestaciones sociales diferentes a pensiones, descansos e indemnizaciones (...)” (negrilla fuera del texto).

Así las cosas, de las disposiciones de la sentencia de unificación anteriormente transcritas, claramente se establece que si bien la Corte Constitucional decidió aplicar efectos inter comunis a esa providencia y, en virtud del mismo, cobijar con la decisión a todos los trabajadores de la Fundación San Juan de Dios, comprendida por el Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil, no obstante, excluyó de sus efectos a las personas que hubieran obtenido por vía judicial, a través de procesos de tutela o procesos laborales, el reconocimiento de aportes y cotizaciones al sistema integral de seguridad social, salarios, prestaciones sociales diferentes a pensiones, descansos e indemnizaciones o contraprestaciones.

En el sub judice encuentra la Sala que, con anterioridad a la fecha de expedición de la referida sentencia de unificación, la actora interpuso acción de tutela para reclamar el pago de las acreencias laborales que le adeudaban, y mediante sentencia de segunda instancia de 12 de diciembre de 2007, proferida por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura se accedió al amparo deprecado y, en consecuencia, dispuso: “le ordena a la Beneficencia de Cundinamarca, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la Liquidadora de la Fundación San Juan de Dios, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, si aún no lo ha hecho, efectúen de manera solidaria el pago de los salarios adeudados a la citada señora, correspondiente a los meses de diciembre de 2000 en adelante, incluyendo todos y cada uno de los factores salariales y prestacionales. De no existir disponibilidad presupuestal, en el mismo término se deberán iniciar las gestiones pertinentes para su ejecución...” (fls. 24-25)

De modo que a pesar de la aplicación de los efectos inter comunis, la sentencia de unificación 484 de 2008 no cubrió con sus efectos a la tutelante, en primer lugar, dado que con anterioridad a su expedición ella obtuvo el reconocimiento de sus acreencias laborales vía judicial, mediante la acción de tutela; y, en segundo lugar, puesto que la actora no actuó como parte demandante en los procesos de tutela revisados en esa sentencia de unificación.

Por consiguiente, a la actora no le asiste un interés legítimo para controvertir la referida providencia judicial, dado que al no producir efectos la decisión frente a su situación jurídica laboral, de ninguna manera esta pudo afectar sus derechos subjetivos y, en tal medida la tutelante no tendría la titularidad para promover acción de tutela en su contra.

Esto por cuanto, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 10 (2) del Decreto 2591 de 1991, la legitimidad para ejercer la acción de tutela la tiene la persona a quien le fueron vulnerados o amenazados sus derechos fundamentales por parte de las autoridades.

Así, dado que la Corte Constitucional en la sentencia de unificación censurada expresamente dejó incólume los derechos de los trabajadores que con anterioridad hubieran obtenido su protección vía judicial, mediante procesos ordinarios o de tutela, como es el caso de la demandante, a ella no le aplican las decisiones emitidas en esa providencia judicial, debido a que, como se señaló, no fue parte en el trámite en que esta fue expedida y no se le extendieron sus efectos, razón por la que no está legitimada para alegar que la Corte violó sus derechos fundamentales.

Sin embargo, advierte la Sala que en el plenario se ha demostrado la existencia de una anomalía que sí vulnera los derechos fundamentales de Carmen Alicia Estupiñán de Mateus, tal como lo demuestran los siguientes medios de prueba:

1. Auto del 22 de abril de 2008, proferido por el Consejo Seccional de la Judicatura - Sala Jurisdiccional Disciplinaria, dentro del Incidente adelantado en la acción de tutela promovida por aquélla, mediante el cual se reconoce que el Consejo Superior de la Judicatura - Sala Jurisdiccional Disciplinaria, a través de la sentencia del 12 de diciembre de 2007, falló a favor de la misma una acción de tutela, en el siguiente sentido:

“conceder la acción de tutela incoada por la señora Carmen Alicia Estupiñán de Mateus. En consecuencia se le ordena a la Beneficencia de Cundinamarca, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la Liquidadora de la Fundación San Juan de Dios, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, se (sic) aún no lo ha hecho, efectúen de manera solidaria el pago de los salarios adeudados a la citada señora, correspondiente a los meses de diciembre de 2000 en adelante, incluyendo todos y cada uno de los factores salariales y prestacionales. De no existir disponibilidad presupuestal, en el mismo término se deberán iniciar las gestiones pertinentes para su ejecución...” (negrillas de la Sala) (fl. 41).

2. En el mismo auto del 22 de abril de 2008 el Consejo Seccional de la Judicatura - Sala Jurisdiccional Disciplinaria, decidió:

“1. DECLARAR que las autoridades llamadas a ejecutar la sentencia de tutela de fecha 12 de diciembre de 2007, no le han dado pleno cumplimiento a la misma.

2. Como consecuencia de lo anterior, ordenarle al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la Beneficencia de Cundinamarca que provea lo necesario para que dicha decisión se cumpla plenamente dentro del plazo perentorio de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de que se notifiquen de esta providencia, informando dentro del mismo plazo las gestiones realizadas en aras de satisfacer el ordenamiento librado en su contra por el honorable Consejo Superior de la Judicatura dentro del asunto de la referencia y el estado actual en que se encuentra (sic) los trámites e instrucciones debidas para la ejecución de los recursos asignados dentro de la presente vigencia en aras de contribuir a estabilizar la situación de la llamada Fundación San Juan de Dios; ordenarle a la liquidadora de la Fundación San Juan de Dios que realice la liquidación de todos los valores adeudados a la actora por concepto de salarios y prestaciones sociales hasta la fecha en que realice dicha operación, disponiendo la cancelación de los mismos a quien corresponda, dentro de igual plazo al antes señalado, descontados, desde luego, los ya cancelados, pago que a su vez debe registrarse dentro del mismo término. Las citadas entidades deberán, además, informar a esta corporación, dentro de este proceso, el cumplimiento de esta decisión tan pronto lo hayan hecho, allegando los actos correspondientes” (fls. 37 a 47).

3. Auto del 6 de junio de 2008 dictado por el Consejo Seccional de la Judicatura - Sala Jurisdiccional Disciplinaria, dentro del mismo proceso de tutela promovido por Carmen Alicia Estupiñán de Mateus, donde se hicieron las siguientes apreciaciones:

“La honorable Corte Constitucional en Sentencia SU 484 de 2008 puso en claro que todas las relaciones de trabajo vigentes que hayan tenido como causa un contrato de trabajo o un nombramiento y posesión y que se regían respectivamente por el Código Sustantivo del Trabajo y las normas complementarias o por la ley y el reglamento, quedaron terminadas el 29 de octubre de 2001. Así claro resulta entonces que la relación laboral de la accionante, en virtud de la cual se derivó por via (sic) constitucional la obligación de cancelarle los emolumentos que se dejaron anotados, feneció desde aquella data.

Teniendo en cuenta lo anterior, el criterio para la graduación y pago de salarios y prestaciones que se le adeudan [a la accionante] a la fecha debe partir del concepto fijado en la anterior sentencia de unificación, sin que ello implique una contravención de lo ordenado en el fallo de tutela cuyo cumplimiento se pretende, pues, se reitera, lo adeudado a la fecha no es nada distinto de lo que resulte al liquidar todas las prestaciones legales y convencionales a que tiene derecho y deducir los emolumentos que por ese concepto ya han sido cancelados”.

Lo dicho, junto a otras apreciaciones, dio lugar a la siguiente decisión:

1. DECLARAR que las entidades incidentadas, Beneficencia de Cundinamarca y Ministerio de Hacienda y Crédito Público no han incurrido en desacato.

2. ORDENAR al Ministro de Hacienda y Crédito Público, al gerente de la Beneficencia de Cundinamarca y a la Liquidadora de la Fundación San Juan de Dios que, dentro del término improrrogable de treinta (30) días, contado a partir de la notificación de esta providencia, realicen lo que les corresponda para hacer efectiva la suscripción del contrato de encargo fiduciario y demás contratos necesarios para la utilización de los recursos ya disponibles presupuestalmente en la presente vigencia fiscal; que una vez, cumplido lo anterior, cancelen a la actora, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, las acreencias laborales que se le adeudan, conforme a los criterios que se dejaron mencionados en el cuerpo de esta decisión. Los citados sujetos deberán, además, informar a esta corporación, dentro de este proceso, el cumplimiento de esta decisión tan pronto lo hayan hecho, allegando los actos correspondientes.

3. Ordenar a la agente Liquidadora de la Fundación San Juan de Dios que de cumplimiento a lo ordenado en la parte motiva de esta providencia, en aplicación directa del criterio jurisprudencial fijado por la Corte Constitucional en la Sentencia SU 484 de 2008, so pena de hacerse acreedora a las sanciones correspondientes” (negrillas de la Sala).

El anterior material probatorio permite advertir a la Sección que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, al resolver el incidente de desacato impetrado por Carmen Alicia Estupiñán de Mateus, a través del auto signado el 6 de junio de 2008, modificó expresamente el contenido de la orden impartida por el Consejo Superior de la Judicatura - Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en su fallo del 12 de diciembre de 2007, puesto que con éste se ordenó a la Beneficencia de Cundinamarca, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la agente Liquidadora de la Fundación San Juan de Dios, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia, pagaran solidariamente a la accionante lo “correspondiente a los meses de diciembre de 2000 en adelante, incluyendo todos y cada uno de los factores salariales y prestacionales”, pero en contravía el Consejo Seccional dispuso que el pago se ajustara a los términos de la sentencia SU-484 de 2008 dictada por la Corte Constitucional, esto es teniendo en cuenta que esa relación laboral “qued[ó] terminada[ ] el 29 de octubre de 2001”, con lo cual ignoró que en dicha sentencia de unificación se estableció, en el numeral 22 de su parte resolutiva, que la misma no produce efectos respecto de las personas que teniendo una relación laboral con cualquiera de las entidades de la Fundación San Juan de Dios “hayan obtenido por vía judicial, a través de procesos de tutela o de procesos laborales, el reconocimiento de aportes y cotizaciones al sistema integral de seguridad social, salarios, prestaciones sociales diferentes a pensiones, descansos e indemnizaciones”.

En otras palabras, la accionante resultó beneficiada con la sentencia del 12 de diciembre de 2007, dictada por el Consejo Superior de la Judicatura - Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en el sentido de habérsele ordenado el pago de salarios y prestaciones sociales “correspondiente[s] a los meses de diciembre de 2000 en adelante”, pero extrañamente el Consejo Seccional de la Judicatura - Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Cundinamarca, al resolver el incidente de desacato con auto del 6 de junio de 2008, restringió ilegalmente esa orden judicial a solamente lo adeudado hasta el 29 de octubre de 2001, lo que además de implicar una merma patrimonial importante, significa la violación a la accionante de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, en relación con la cosa juzgada.

En efecto, al decir el artículo 29 de la Constitución que “Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”, y precisar líneas abajo que nadie podrá “ser juzgado dos veces por el mismo hecho”, está creando a favor de los asociados la garantía de la intangibilidad e inmutabilidad de las decisiones jurisdiccionales que han llegado al status de cosa juzgada, más cuando con esos pronunciamientos se ha creado a favor de una persona el derecho a cualquier prestación.

Es decir, que si un asunto ha sido conocido y decidido por el juez competente, como en este caso el Consejo Superior de la Judicatura - Sala Jurisdiccional Disciplinaria, y tal providencia ha cobrado ejecutoria, igualmente como en este caso, ninguna otra autoridad judicial puede arrogarse la competencia para delimitar lo que allí se decidió. Hacerlo es ir en contra del debido proceso porque el que así actúa no lo hace en calidad de juez competente, pues ninguna norma confiere esa atribución, la que desde luego no puede inferirse cuando se funge como juez en un incidente de desacato de tutela.

También resulta violado el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia (C.N., art. 229), en atención a que a pesar de ya haberse trasegado el sendero de la acción constitucional de tutela, con la debida conformación del contradictorio, y de haberse obtenido una decisión favorable, la parte demandante ve frustrado ese paso por la justicia constitucional, al cercenársele un derecho conquistado en franca lid ante los estrados judiciales.

Vulneración que se remarca aún más con el auto del 6 de junio de 2008, dictado por el Consejo Seccional de la Judicatura - Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en la medida que al haber dispuesto en el numeral 1º de su parte resolutiva que las entidades involucradas “no han incurrido en desacato”, excluyó la posibilidad de que se produjera su consulta ante el Consejo Superior de la Judicatura - Sala Jurisdiccional Disciplinaria, pues como lo prescribe el artículo 54 del Decreto 2591 de 1991 la consulta procede respecto del auto que impone sanción y no frente al que absuelve, como en el sub lite, así contradictoriamente se haya ordenado en los numerales 2º y 3º de la parte resolutiva de ese auto, que las entidades accionadas harán ciertas gestiones para cumplir el fallo de tutela del 12 de diciembre de 2007.

Lo anterior implica un pronunciamiento extra petita (3) , en cuanto a la violación de los derechos fundamentales de la accionante al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, únicamente respecto del auto del 6 de junio de 2008 dictado por el Consejo Seccional de la Judicatura - Sala Jurisdiccional Disciplinaria, puesto que la parte demandante dirigió su acción contra la Corte Constitucional, para que se dejara sin efecto lo ordenado en el numeral 4º de la parte resolutiva de la Sentencia SU-484 de 2008, que dio por terminadas las relaciones laborales con el Hospital San Juan de Dios a partir del 29 de octubre de 2001.

Es cierto que esta sección ha dicho insistentemente que la acción de tutela no procede contra providencias judiciales (4) , por haber considerado que ese no es el mecanismo adecuado para controvertirlas, en lo que dicho sea de paso se ratifica la Sala; sin embargo, esa regla debe admitir una única excepción, consistente en la comisión de un error grosero, de una actuación que a primera vista se pueda calificar como contraria a los derechos fundamentales de alguna de las partes, pero principalmente que permita desvirtuar que “la providencia” en verdad lo es, que si bien tiene esa apariencia, en realidad alberga un pronunciamiento que arremete contra las reglas básicas del debido proceso, como son la competencia, el non bis in idem, la seguridad jurídica y la cosa juzgada.

Tal es la situación del auto del 6 de junio de 2008, proferido por el Consejo Seccional de la Judicatura - Sala Jurisdiccional Disciplinaria, que sin más modificó expresamente la sentencia dictada el 12 de diciembre de 2007 por su superior jerárquico el Consejo Superior de la Judicatura - Sala Jurisdiccional Disciplinaria, reduciendo sustancialmente las prestaciones reconocidas a favor de la accionante, acudiendo a una sentencia de unificación (SU-484/2008), que visto está claramente apartó de sus efectos situaciones como la de la demandante, absolutamente calificable como una situación consolidada.

En suma, la Sala denegará el amparo de tutela solicitado frente a la Corte Constitucional por falta de legitimación en la causa por activa, y en cambio lo concederá frente al Consejo Seccional de la Judicatura - Sala Jurisdiccional Disciplinaria, por violación a los derechos fundamentales del debido proceso y de acceso a la administración de justicia, dejando sin efecto “la providencia” en que se materializó esa vulneración y ordenando comunicar a las autoridades concernidas que deben acatar la sentencia expedida el 12 de diciembre de 2007 por el Consejo Superior de la Judicatura - Sala Jurisdiccional Disciplinaria. Por tanto, en estos términos se modificará el fallo impugnado.

En mérito de lo expuesto, la Sección Quinta del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Modificar la sentencia de 6 de mayo de 2009, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en el siguiente sentido:

1.) Denegar el amparo de tutela solicitado frente a la Sentencia SU-484 de 2008, proferida por la honorable Corte Constitucional, por falta de legitimación en la causa por parte de Carmen Alicia Estupiñán de Mateus.

2) Amparar a Carmen Alicia Estupiñán de Mateus sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, vulnerados por el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca - Sala Jurisdiccional Disciplinaria, con el auto del 6 de junio de 2008.

3) Dejar sin efectos el auto del 6 de junio de 2008, proferido por el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca - Sala Jurisdiccional Disciplinaria.

4) Comunicar esta determinación al Consejo Superior de la Judicatura - Sala Jurisdiccional Disciplinaria, al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca - Sala Jurisdiccional Disciplinaria, a la Beneficencia de Cundinamarca, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y a la agente liquidadora de la Fundación San Juan de Dios, para que el fallo dictado el 12 de diciembre de 2007 por la primera de las autoridades aquí mencionadas, se cumpla inmediatamente y de conformidad con lo allí dispuesto, sin tener en cuenta las decisiones asumidas por la Corte Constitucional en el fallo SU-484 de 2008, por no serles aplicables a la actora según se precisó.

2. Ejecutoriada esta providencia, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese a los interesados por el procedimiento previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y cúmplase.

Magistrados: Filemón Jiménez Ochoa, presidente—Susana Buitrago Valencia— María Nohemí Hernández Pinzón—Mauricio Torres Cuervo.

(1) Si bien la demandante solicita que se deje sin efecto el numeral 5.1 de la parte resolutiva de la sentencia de unificación, teniendo en cuenta el contenido de la demanda la Sala entiende que hace referencia al numeral cuarto, dado que allí está contenida la declaración que ella indica como vulneradora de sus derechos fundamentales.

(2) ART. 10.—Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.

También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.

(3) En cuanto a la protección de los derechos fundamentales el juez de tutela no está limitado por el contexto fijado en la demanda, puede ampararlos en pronunciamiento extra petita, como así lo ha admitido la Corte Constitucional en pronunciamientos como este: “En materia de tutela, el juez puede al estudiar el caso concreto, conceder el amparo solicitado, incluso por derechos no alegados, pues la misma naturaleza de esta acción, así se lo permite. Es decir, el juez de tutela puede fallar extra y ultra petita.” (Sen. T-532 del 24 de nov./94).

(4) Fallos de mayo 15 de 2008 (exp. 110010315000200800401-00), mayo 15 de 2008 (exp. 110010315000200800400-00) y abril 24 de 2008 (exp. 110010315000200800315-00).

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