Sentencia 2008-01381 de junio 6 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 11001-0203-000-2008-01381-00

Magistrada Ponente

Dra. Ruth Marina Díaz Rueda

(Aprobado en sesión de tres de abril de dos mil trece)

Bogotá, D.C., seis de junio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Primeramente se aborda el examen de lo concerniente a los presupuestos procesales, cuya verificación se debe asumir oficiosamente, por corresponder a las condiciones necesarias que habilitan proveer sobre el mérito del litigio, las cuales guardan relación con la competencia del juez, demanda en forma, capacidad para ser parte y capacidad procesal o para comparecer al proceso.

Acerca del entendimiento de aquellos, poco después de la vigencia del Código de Procedimiento Civil de 1970, la Corte hizo algunas precisiones y en tal sentido conceptuó que son “(…) los requisitos exigidos por la ley para la regular formación y el perfecto desarrollo del proceso, deben hallarse presentes para que el juez pueda proferir sentencia de mérito; que su ausencia lo conduce a un fallo inhibitorio, con fuerza de cosa juzgada formal pero no material; y que como estos requisitos implican supuestos previos a un fin pretendido, se impone al fallador, dado el carácter jurídico público de la relación procesal, el deber de declarar oficiosamente, antes de entrar a conocer y decidir sobre las pretensiones y excepciones deducidas por los litigantes si existen o no los presupuestos del proceso.

“Corresponde pues pronunciar sentencia inhibitoria cuando en el proceso faltan los presupuestos atinentes a la capacidad para ser parte y a la demanda en forma; no los referentes a la competencia del juez o a la capacidad procesal, pues estos dos aspectos, por estructurar también causales de nulidad, conducen preferencialmente a invalidar la actuación” (fallo de casación de 12 de enero de 1976, G.J. 2393, t. CCII, pág. 9, citado en sentencias de 21 de marzo de 1991, G.J. 2447, T. CCVIII, pág. 212, 20 de octubre de 2000, Exp. 05682, entre otras).

2. En lo atinente a la “demanda en forma” y la “competencia”, no se presentan irregularidades que los afecten, por lo que se torna innecesario examinar aspectos fácticos relacionados con los mismos y entrar en reflexiones jurídicas para evidenciarlos.

3. Con relación a la “capacidad para ser parte” y la “capacidad para comparecer al proceso”, ha señalado la jurisprudencia de esta corporación que la “primera, correlativa a la capacidad de goce o sustancial, corresponde a toda persona, sea natural o jurídica, por el solo hecho de serlo, para ser sujeto de una relación procesal. La segunda se traduce en la aptitud de la persona para ejecutar y recibir con eficacia todos los actos procesales, identificándose con la capacidad legal o de ejercicio del derecho civil. Por consiguiente, ‘toda persona natural o jurídica puede ser parte en un proceso’, solo que para comparecer al proceso, la jurídica debe hacerlo por ‘medio de sus representantes, con arreglo a lo que disponga la Constitución, la ley o los estatutos’, mientras que la natural puede comparecer por sí al proceso cuando no ha sido declarada incapaz conforme a la ley, pues si lo fue, debe hacerlo por conducto de su representante, o con autorización de este (CPC, art. 44) (Sent. cas., ago. 8/2001, Exp. 5814).

Lo anterior permite precisar, que en lo tocante a la “capacidad para ser parte”, por regla general, según el inciso 1º del artículo 44 ejusdem, se reconoce a “[t]oda persona natural o jurídica”, a partir del hecho de su existencia y, excepcionalmente se otorga aquella prerrogativa, entre otros, a los patrimonios autónomos, a pesar de no contar con personalidad propia (Sent. cas., mayo 16/2001, Exp. 5708).

En cuanto a la “capacidad para comparecer al proceso”, al tenor de los párrafos 2º y 3º del señalado precepto, la tienen “las personas que pueden disponer de sus derechos. Las demás deberán comparecer por intermedio de sus representantes, o debidamente autorizadas por estos con sujeción a las normas sustanciales” y respecto a “[l]as personas jurídicas comparecerán al proceso por medio de sus representantes, con arreglo a lo que disponga la Constitución, la ley o los estatutos”.

En lo concerniente a las “personas jurídicas”, cuando son vinculadas en calidad de demandantes o como accionadas, de conformidad con los ordinales 3º y 4º del artículo 77 del ordenamiento procesal civil, su “existencia y representación” debe probarse desde el mismo momento de la presentación del escrito introductorio del proceso, salvo en los eventos contemplados en el precepto 78 ídem, los cuales posibilitan cumplir esa exigencia con posterioridad.

Para el caso de las “personas jurídicas extranjeras de derecho privado con domicilio en el exterior”, naturaleza esta que comporta la actora, en cuanto a la “existencia” se acreditará de acuerdo con la ley del país de su creación y en lo atinente a la formalización de la representación procesal, en principio aplica el derecho interno.

Al respecto, el canon 48 ibídem, exige que aquellas “que establezcan negocios permanentes en Colombia, deberán constituir en el lugar donde tengan tales negocios, apoderados con capacidad para representarlas judicialmente. Con tal fin se protocolizará en la notaría del respectivo circuito, prueba idónea de la existencia y representación de dichas personas jurídicas y del correspondiente poder. Un extracto de los documentos protocolizados se inscribirá en el registro de comercio del lugar, si se tratare de una sociedad, y en los demás casos, en el Ministerio de Justicia.

“Las personas jurídicas extranjeras que no tengan negocios permanentes en Colombia, estarán representadas en los procesos por el apoderado que constituyan con las formalidades prescritas en este código”.

A su vez el artículo 486 del Código de Comercio, contempla que “[l]a existencia de las sociedades domiciliadas en el exterior de que trata este título y las cláusulas de los estatutos se probarán mediante el certificado de la cámara de comercio. De la misma manera se probará la personería de sus representantes”.

Lo anterior clarifica que cuando “la sociedad extranjera tiene negocios permanentes en Colombia”, su “existencia y representación” se acreditará con certificación de la respectiva cámara de comercio y, en el evento de no desarrollar en Colombia actividades de la forma señalada, las mencionadas circunstancias se demostrarán de acuerdo con la ley del lugar de origen, asumiendo la “representación” en el proceso, el procurador judicial a quien se le otorgare el respectivo poder.

En el ámbito del derecho internacional privado, dentro de los convenios que en su oportunidad promovió la Unión Panamericana, hoy Organización de los Estados Americanos, existe el “Protocolo sobre uniformidad del régimen legal de los poderes”, del cual —entre otros— son signatarios Estados Unidos de América y nuestro país, habiéndose aprobado en este último mediante la Ley 10 de 1943 y en el numeral 3º artículo I, está previsto que “[s]i el poder fuere otorgado en nombre de una persona jurídica, además de la certificación a que se refieren los números anteriores, el funcionario que autorice el acto dará fe, respecto de la persona jurídica en cuyo nombre se hace el otorgamiento, de su debida constitución, de su sede, de su existencia legal actual y de que el acto para el cual se ha otorgado el poder está comprendido entre los que constituyen el objeto o actividad de ella. Esa declaración la basará el funcionario en los documentos que al efecto le fueren presentados, tales como escritura de constitución, estatutos, acuerdos de la junta u organismo director de la persona jurídica y cualesquiera otros documentos justificativos de la personería que se confiere. Dichos documentos los mencionará el funcionario con expresión de sus fechas y su origen”, quedando investidos los notarios para cumplir dicha función.

Así mismo, para la constitución del apoderado, el precepto 65 del Código de Procedimiento Civil, establece: “Los poderes generales para toda clase de procesos y los especiales para varios procesos separados, solo podrán conferirse por escritura pública. (…). El poder especial para un proceso puede conferirse por escritura pública o por memorial dirigido al juez del conocimiento, presentado como se dispone para la demanda.

“Los poderes o las sustituciones de estos podrán extenderse en el exterior, ante cónsul colombiano o el funcionario que la ley local autorice para ello; (…).

Cuando quien otorga el poder fuere una sociedad, si el cónsul que lo autentica o ante quien se otorgue hace constar que tuvo a la vista las pruebas de la existencia de aquélla y que quien lo confiere es su representante, se tendrán por establecidas estas circunstancias (…)”.

4. Al revisar el proceso se verifica que el señor Enrico Roberto Racca, invocando su condición de presidente de New High Glass, Inc., otorgó “poder especial” a abogado inscrito para adelantar este trámite, el cual aparece con nota de presentación personal ante notario público de la ciudad de Miami, estado de La Florida de los Estados Unidos de América, acto este que se apostilló, en los términos previstos en la Convención de La Haya de 1961, aprobada en Colombia mediante la Ley 455 de 1998, empero no aparece constancia de la exhibición de los instrumentos demostrativos de la “existencia y representación” de la nombrada empresa.

Aunque para demostrar tales circunstancias, a la demanda se anexó información tomada de la página de Internet del Departamento de Estado de La Florida - División de corporaciones, con la respectiva traducción al castellano (fls. 6 y 9), sin que implique negar que ese documento pueda ser prueba de la representación de la compañía, procesalmente no alcanza eficacia probatoria, toda vez que al versar sobre datos almacenados por una entidad gubernamental, las reproducciones tomadas de la misma cabría asimilarlas a un instrumento público de carácter administrativo, por lo que para legalizarlo al tenor de los preceptos 1º, literal b), 2º, 4º y 5º de la “Convención sobre la abolición del requisito de legalización de documentos públicos extranjeros”, antes citada, se requería certificar la autenticidad de la firma del funcionario que lo hubiere autorizado o expedido, mediante el mecanismo de la “apostilla”, sin que se hubiere procedido de tal forma.

Cabe acotar, que la Corte al advertir la deficiencia de la probanza reseñada, dispuso el decreto y práctica de pruebas de oficio, ordenándole a la actora acreditar su “existencia y representación”, lo cual atendió trayendo unos documentos en inglés, debidamente apostillados y traducidos al castellano (fls. 1382-1387), en los que se indica que la compañía New High Glass, Inc., se encuentra organizada bajo las leyes del estado de La Florida, sin incluir información acerca de la persona que se desempeña como su representante legal.

Los citados instrumentos se pusieron en conocimiento de las partes (fl. 1392) y el opositor aprovechó para solicitar que no se tuvieran en cuenta, dada su extemporaneidad, así mismo pidió no se apreciaran por estimar que no cumplían los requisitos legales para probar los hechos en comento (fls. 1394-1395).

5. No obstante lo reseñado, se advierte la concurrencia de algunas circunstancias que otorgan certeza acerca de los presupuestos procesales en comento, esto es, el de la “capacidad para ser parte” y el atinente a la “capacidad procesal”, según elementos de juicio obrantes en el plenario, que permiten dar solución a la problemática surgida en torno a la “existencia y representación” de la demandante, de manera más ajustada a los principios constitucionales de “prevalencia del derecho sustancial” y “acceso efectivo a la administración de justicia”, consagrados en los cánones 228 y 229 de la Carta Magna, en el entendido que repudian los fallos meramente formales o inhibitorios y reclaman una pronta respuesta de fondo a la controversia planteada, obviamente sin desconocer las reglas esenciales del debido proceso, que garantizan la igualdad de las partes y el derecho de defensa.

En ese contexto, adquiere inocultable importancia el documento atinente a la contestación de la demanda tramitada ante el Tribunal del Condado de Miami-Dade, en el estado de La Florida, aportado en idioma inglés, con la respectiva traducción al castellano (fls. 23-35), que se incorporó como prueba (fl. 577), sin que su autor, quien es el convocado a este trámite, lo tachara o repudiara y, en él afirma que tuvo negocios con la sociedad demandante, sin que hubiere cuestionado la “existencia” de la misma.

Así mismo, en la “sentencia extranjera” que se busca sea autorizada ejecutar en Colombia, y que fuere proferida en el mencionado proceso foráneo (fls. 36 y 39), se tuvo a New High Glass, Inc., como “parte demandante”, además a su favor se condenó al accionado al pago de una obligación dineraria.

Igualmente, al escrito de réplica de la “solicitud de exequátur”, el opositor adjuntó varias comunicaciones dirigidas a la nombrada “empresa extranjera”, las que se tuvieron como pruebas (fl. 577), suscritas por el señor Fehrmann, concernientes a las relación comercial que entre ellos existió, además un instrumento privado en el que aquel hace una “advertencia”, ratificando su condición de “representante y distribuidor exclusivo para Colombia” de la mencionada compañía y ahí manifiesta que “las autorizaciones de distribución o representación solo pueden estar suscritas y confirmadas por: New Glass Inc. Sr. Enrico Racca Presidente (…)” (fl. 400).

Obra también “certificado de existencia y representación de New High Glass Colombia Ltda.” (fls. 634-635), exhibido en la diligencia programada para el recaudo de pruebas en este proceso (fls. 636 y ss.), en el que consta que “New High Glass Inc.”, es socia de aquella.

Son elocuentes y convincentes las evidencias reseñadas, en punto de corroborar la existencia de la “compañía extranjera” accionante, por lo que de llegar a ignorarse, se incurriría en grave afrenta al criterio de justicia material que hoy orienta la función pública de administrar justicia.

6. En lo tocante al tema de las irregularidades advertidas por el opositor en cuanto a la demostración de la “representación legal” de la actora y que estima deben conducir a “sentencia inhibitoria”, para el caso se considera que no tienen esa trascendencia, puesto que se relacionan con la “capacidad para comparecer al proceso o capacidad procesal”.

Por lo tanto, siguiendo el criterio jurisprudencial, ante la ausencia del citado presupuesto para corregir la situación anómala, en principio habría que privilegiar en su aplicación las reglas concernientes a la “nulidad procesal”, dada la relación de esa problemática con los supuestos de la causal séptima del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, la cual se estructura “[c]uando es indebida la representación de las partes. Tratándose de apoderados judiciales esta causal solo se configura por carencia total de poder para el respectivo proceso”.

No obstante, en virtud de que el aludido motivo de “nulidad del proceso”, según se desprende de lo previsto en el inciso final del precepto 144 ibídem, es susceptible de saneamiento, habría que “ordenar (…) ponerla en conocimiento de la parte afectada (…). Si dentro de los tres días siguientes al de la notificación dicha parte no alega la nulidad, esta quedará saneada y el proceso continuará su curso; en caso contrario el juez la declarará”, así lo prescribe el artículo 145 ídem; empero en razón a que ha venido actuando en el proceso, al tenor del numeral 3º del canon 144 ejusdem, las deficiencias procesales advertidas, se consideran saneadas, luego se torna inoficioso adoptar medida alguna con el propósito de corregirlas.

También se resalta que al tenor del inciso 3º artículo 143 del ordenamiento ut supra, la “nulidad por indebida representación (…), solo podrá alegarse por la parte afectada”, que para el caso lo es la actora y sobre esa situación ningún reclamo ha formulado.

7. Colofón de lo analizado, ha de colegirse que no se presentan circunstancias con potencialidad jurídica de enervar los “presupuestos procesales”, por lo que corresponde el estudio de fondo del asunto.

8. Consecuente con los anteriores razonamientos, ab initio se precisa, que la institución procesal del exequátur se caracteriza porque consagra una excepción a la facultad soberana de administrar justicia por los órganos de la jurisdicción del Estado en su respectivo territorio y en tal sentido se permite que fallos judiciales y laudos arbitrales proferidos en el extranjero, puedan ser ejecutados sobre la base de la reciprocidad diplomática o legislativa, tendencia que ha venido entronizando el derecho internacional privado, en aras de responder a la dinámica que impone la globalización de todas las actividades de la sociedad moderna, caracterizada por la interconexión económica y cultural, derivada del tráfico de personas, bienes y servicios.

Orientado por esa tendencia, en el ordenamiento interno colombiano, el artículo 693 del Código de Procedimiento Civil, consagra que “[l]as sentencias y otras providencias que revistan tal carácter, pronunciadas en un país extranjero en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria, tendrán en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese país, y en su defecto la que allí se reconozca a las proferidas en Colombia”; es decir, que “(...) en primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el país. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia (...)” (fallos de feb. 24/2011, Exp. 2008-00595, de dic. 1º/2010, Exp. 2006-01082, entre otros).

Así mismo, el precepto 694 ibídem, establece como presupuestos para que una sentencia sea reconocida y surta efectos en el país, los siguientes:

“1. Que no verse sobre derechos reales constituidos en bienes que se encontraban en territorio colombiano en el momento de iniciarse el proceso en que la sentencia se profirió. 2. Que no se oponga a leyes u otras disposiciones colombianas de orden público, exceptuadas las de procedimiento. 3. Que se encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del país de origen, y se presente en copia debidamente autenticada y legalizada. 4. Que el asunto sobre el cual recae, no sea de competencia exclusiva de los jueces colombianos. 5. Que en Colombia no exista proceso en curso ni sentencia ejecutoriada de jueces nacionales sobre el mismo asunto. 6. Que si se hubiere dictado en proceso contencioso, se haya cumplido el requisito de la debida citación y contradicción del demandado, conforme a la ley del país de origen, lo que se presume por la ejecutoria. 7. Que se cumpla el requisito del exequátur”.

9. Son relevantes para la decisión que se está adoptando, las probanzas y circunstancias procesales que a continuación se resaltan:

a) Copia de la “demanda” con la cual se promovió el proceso ante la “autoridad judicial extranjera” y la réplica a la misma, en inglés con traducción al castellano (fls. 12-35).

b) Documento denominado “sentencia definitiva” correspondiente a la “causa 00-04117 CA 10”, cuyo ejemplar en el idioma del lugar donde se expidió, se anexó en fotocopia autenticada, certificada la autenticidad de firmas mediante el mecanismo de la apostilla (fl. 36) y su versión en castellano (fls. 36-43).

c) Declaraciones extra proceso rendidas por los abogados Mattew L. Lines y Juan de Jesús González, ante Notario Público del estado de La Florida, legalizadas en lo pertinente según las exigencias de la Convención de La Haya de 1961, en las que informan los testigos acerca de la no interposición del “aviso de apelación” por Fernando Ferhmann, frente a la sentencia cuya homologación se solicita y se adjunta copia simple de las “normas de La Florida sobre los procedimientos de apelación” y su versión en los dos idiomas reseñados (fls. 44-50, 54-57).

d) Informe de la coordinadora del área tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se indica que revisados los archivos correspondientes “no se encontró evidencia de la existencia de tratado entre Colombia y Estados Unidos sobre [el reconocimiento recíproco del valor de las sentencias pronunciadas por autoridades jurisdiccionales de ambos países en procesos de responsabilidad civil], ni sobre instrumento multilateral en el cual los dos Estados sean parte” (fl. 1010).

e) Oficio suscrito por la Cónsul de Colombia en Washington D.C., en el que expone lo indagado por esa dependencia en torno al tratamiento de la “reciprocidad legislativa” en los Estados Unidos de América y, al respecto se indica que la ejecución de las sentencias en el citado país está reglamentada por una combinación de derecho común, prácticas y jurisprudencia tanto estatal como federal, siendo el principio rector de este procedimiento el “Comity”, que en el derecho internacional es el “Comitas Gentium”, complementado con otros postulados que los jueces deben examinar en cada caso particular y concreto, además de exigir el respeto de “las reglas mínimas del debido proceso con la noción general a un juicio justo, tribunal competente e imparcial y a ser debidamente notificado y escuchado, (…) que no haya existido fraude en el proceso o en la sentencia extranjera que se intenta ejecutar” (fls. 1044-1046).

f) Testimonios de Carolina A. Latour y Eric D. Isicoff, rendidos ante notario público del estado de La Florida en los Estados Unidos de América (fls. 1206-1241), incorporados por decreto oficioso (fls. 1365-1368), con traducción al castellano, en los que informan acerca de su calidad de abogados autorizados “para practicar el derecho en el estado de La Florida”, al igual que sobre las circunstancias que ahí rigen para “el reconocimiento de sentencia monetaria en un país extranjero” (fls. 1206-1216 y 1223-1234).

g) Constancia secretarial donde se indica que al revisar el sistema de archivo de la Corte, no se obtuvo resultados positivos “respecto de trámites de exequátur relativos a decisiones emitidas en el estado de La Florida de Estados Unidos de América en asuntos de responsabilidad civil (…). Los demás objeto de exequátur ventilados y con sentencia favorable, diferentes de los de familia, lo han sido de ejecución por sumas de dinero, en los cuales se ha considerado que existe reciprocidad legislativa entre aquel estado y el nuestro, pero datan de más de dos años atrás, cuales son: - Radicado 11001-0203-000-2002-0008-01 demandante World Fuel Services Of FL (Aovan CE Petroleum, Inc.) contra Frontier de Colombia S.A. - Radicado 11001-0203-000-2000-05864-01 demandante Federal Asset Collection Agency Inc. contra Carlos Abusaid e Inversiones Rowena Ltda. (después Inversiones Rowena S.A.) - Radicado 3894 demandante Shawmut Boston Internacional Banking Corporation y otros contra Luis A. Duque Peña” (fls. 1390).

10. Como en el presente asunto se pide autorización para ejecutar en Colombia un fallo proferido por una Corte de La Florida en el condado de Miami-Dade de los Estados Unidos de América, en primer término se indaga sobre la existencia de “reciprocidad diplomática”, estableciéndose con apoyo en la información suministrada por la coordinadora del área de tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores (fl. 1010), que entre los dos Estados no existe convenio bilateral ni instrumento multilateral, en lo atinente al reconocimiento recíproco del valor de las sentencias pronunciadas por autoridades judiciales de cada país, en procesos de responsabilidad civil que es la materia que concierne al caso.

11. Ante esa circunstancia se procede a verificar si opera la “reciprocidad legislativa”, esto es, si en el lugar donde se dictó la providencia foránea existen disposiciones legales de las que se pueda deducir que allí está prevista la posibilidad de aceptar y hacer cumplir los fallos proferidos por los jueces colombianos, o si el reconocimiento para su ejecución emerge de la doctrina jurisprudencial, a partir del criterio de las cortes extranjeras de avalar dicha actuación o procedimiento.

Sobre el particular, esta corporación en el fallo de 19 de julio de 1994, Expediente 3894, precisó que “(…) la reciprocidad a que alude el artículo 693 del Código de Procedimiento Civil, puede ser positiva o negativa y legal o de hecho, entendiendo que la primera es basada en la ley escrita mientras que la segunda procede o emerge de la jurisprudencia, (…)” y este precedente ha sido reiterado de manera uniforme en posteriores sentencias de exequátur.

Se acreditó con el testimonio de los profesionales Carolina A. Latour y Eric D. Isicoff, abogados autorizados para practicar el derecho en el estado de La Florida (USA), que en dicho territorio se aplica la “Ley uniforme de reconocimiento de sentencia monetaria de un país extranjero”, a la cual se refieren en detalle, concluyendo que “una sentencia de dinero emitida por una corte colombiana similar a la sentencia emitida en el caso del monto sería reconocida y tendría aplicación por una corte estatal o federal de la Florida como si fuera emitida en la Florida”.

Por su parte, la Cónsul de Colombia en Washington D.C., en cumplimiento de la comisión que se le impartiera, informó que según concepto de sus asesores, “(...) ‘no existe una ley de naturaleza federal que resulte aplicable en forma uniforme en todo el territorio estadounidense’, lo que es comprensible, teniéndose en cuenta que en los Estados Unidos cada Estado de la Unión tiene sus leyes por ser un Estado de naturaleza ‘confederada’, sumado a que pertenecen a la familia del derecho anglosajón que es jurisprudencial”; así mismo precisó que en los Estados Unidos de América “la ejecución de las sentencias es una cuestión regulada por el derecho estadual como se mencionó anteriormente lo que genera características propias según se intente ejecutar en un estado o en otro, por ejemplo, la ejecución puede tener requerimientos diferentes en Texas o en Florida, etc.” y, que el principio rector de dicha práctica es el “comity”, el cual “se debe complementar con el cumplimiento de otros principios que deben analizarse en el contexto de un caso particular y concreto, respetando las reglas mínimas del debido proceso con la noción general a un juicio justo, tribunal competente e imparcial, y a ser debidamente notificado y escuchado, donde los tribunales analizan que no haya existido fraude en el proceso o en la sentencia extranjera que se intenta ejecutar. Los principios en mención han sido elaborados extensamente en la jurisprudencia norteamericana y recogidos con distintos alcances en la legislación estatal que regula la ejecución de sentencias extranjeras que tienen un componente pecuniario, (…)”.

De otro lado, cabe acotar que esta corporación en fallo de 30 de enero de 2004, Expediente 2002-00008, constató la “reciprocidad legislativa” al estudiar la solicitud de homologación de una “sentencia proferida por la Corte del Circuito del Undécimo Circuito Judicial en y para el condado de Miami-Dade, Florida, USA”, atinente al reconocimiento de “obligación dineraria” a cargo de una empresa colombiana y, acerca de la aludida circunstancia indicó:

“(…) los documentos presentados con la demanda, traducidos debidamente al idioma castellano, y lo declarado bajo juramento ante la autoridad competente del país de origen por los abogados Clarie Díaz y Jay H. Solowsky (CPC, art. 188), este último inclusive dentro del proceso, quienes se encuentran autorizados para ejercer la profesión en South Florida, en 1994 el mencionado estado adoptó la ‘Ley Uniforme de Reconocimiento de Fallos en Moneda Extranjera Dictados fuera del País’, UFMJRA”, infiriendo de ahí que “[c]onforme a esa legislación, el estado de Florida otorga efectos a las sentencias proferidas por los jueces colombianos”.

Igualmente, con antelación al citado precedente, la Sala en sentencia de 28 de julio de 1998, Expediente 5864, concedió el exequátur respecto de providencia emitida por “la Corte del Circuito Judicial Décimo Primero en y para el Condado de Dade, Florida, —Estados Unidos— división civil, en el caso 91-40404”, también concerniente a una “condena dineraria” y sobre el requisito de la “reciprocidad” en cuestión, expuso:

“(…) En el punto, viene al caso recordar los derroteros que trazó la Corte en la sentencia de exequátur dictada el 19 de junio de 1994 (G.J.CCXXXI, Nº 2470, 2º semestre de 1994, volumen I, páginas 83 y ss.), cuando en caso semejante al presente admitió como prueba de la reciprocidad legislativa los testimonios rendidos por abogados en el exterior, en los términos que permite el artículo 188 del Código de Procedimiento Civil y habida cuenta de que en los Estados de la Unión Americana opera el sistema del derecho anglosajón, según el cual, las decisiones judiciales ‘tienen por objeto no solo definir la controversia planteada sino también descubrir la ley natural aplicable a los hechos presentados, creando un precedente que puede ser utilizado por otros tribunales enfrentados a casos similares’, por lo que en esas circunstancias resulta viable aceptar que ‘(…) < la ley > (…) salvo en determinadas materias, no se encuentra escrita en términos generales. Que es tarea del juez y del abogado examinar si existen o no, de acuerdo con los casos que se han presentado, reglas definidas aplicables al caso que se litiga y si concurre algún hecho que haga diferente la situación como para no aplicar el precedente ya desarrollado por los jueces. [Que] Por estas razones, la certeza total sobre la aplicación de una decisión a un caso específico no puede encontrarse en este sistema de derecho referido (…)’.

“(…) En ese orden de ideas, observa la Sala que el fallo extranjero fue dictado en la Corte de Circuito del Circuito Judicial 11 en y para el Condado de Dade, Florida, de Estados Unidos de América, y que los testigos Richard Barón y Nancy J. Cliff, abogados foráneos, en su declaración (…) explican detalladamente que ‘actualmente la ley del Estado de la Florida relativa al reconocimiento y exigibilidad de sentencia de países extranjeros ha sido creada por el poder judicial’, que existen distintos precedentes sobre la materia, e incluso mencionan que la Corte del Circuito del Décimo Primero Circuito del Condado de Dade, Florida, ha reconocido y dado valor a dos sentencias separadas dictadas por los jueces Octavo Civil de Bogotá y Noveno Civil de Medellín, en los que figuraban como demandantes dos corporaciones financieras colombianas; todo para concluir diciendo ellos que ‘las cortes de La Florida reconocerán y harán valer las sentencias de otros países, las cuales se presumen válidas hasta que no se demuestre lo contrario”.

Los elementos de juicio reseñados, evidencian con suficiencia que se satisface el requisito de la “reciprocidad legislativa”, contemplado en el artículo 693 del Código de Procedimiento Civil.

12. En punto de los requisitos consagrados en el precepto 694 ibídem, se constata lo siguiente:

a) El fallo cuya homologación se pide, no versa sobre derechos reales, sino de carácter personal, pues en él se reconoció un crédito a favor de la actora.

b) En cuanto al requisito atinente a que dicha providencia no se oponga a leyes o disposiciones colombianas de orden público, también se cumple a satisfacción.

Acerca del entendimiento del reseñado instituto, la Corte en sentencia de exequátur de 27 de julio de 2011, Expediente 2007-01956, reiteró el criterio según el cual “(…), la doctrina ha enseñado que ‘no existe inconveniente para un país aplicar leyes extranjeras que, aunque difieran de sus propias leyes, no chocan con los principios básicos de sus instituciones. Sin embargo, cuando una ley extranjera o la sentencia que la aplica, se basan en principios no solo diferentes, sino contrarios a las instituciones fundamentales del país en que aquellas pretenden aplicarse, los jueces del Estado pueden, excepcionalmente, negarse a aplicar la ley o el fallo extranjero que se aparta de esa comunidad de principios”, a su vez resaltó, a manera de ilustración, que dichos principios fundamentales se relacionan con la prohibición del ejercicio abusivo de los derechos, la buena fe, la imparcialidad del juez, el respeto al debido proceso, que supone garantizar el derecho de defensa y de contradicción, al igual que el repudio de la prueba ilícita.

Adicionalmente, se memoró que por regla general el desconocimiento de una norma imperativa propia del foro del juez del exequátur, per se, no conlleva un ataque a las disposiciones de “orden público”, porque ello podría conducir a “(…) aceptar la excepción de orden público como ‘un simple subterfugio para facilitar el triunfo de antojadizos nacionalismos’ que conducirían al ‘absurdo de permitir a las personas residentes en Colombia asumir compromisos en el exterior, sabiendo que pueden incumplir impunemente en tanto se pongan al abrigo de las fronteras de su país’”.

Al revisar el asunto, se constata la ausencia de evidencias concernientes a la transgresión o inobservancia de normas de “orden público” colombiano, pues se demostró que el accionado compareció al proceso y replicó la respectiva demanda; además se resalta que el tribunal extranjero dejó constancia al proferir el fallo, que se informó de los antecedentes del litigio, al igual que apreció los alegatos y oyó los argumentos de los asesores jurídicos, sin que el citado a este trámite lo hubiere controvertido ni denunció circunstancias específicas constitutivas de afectación de sus garantías procesales.

No obstante que el “demandado” planteó ante la Corte estadounidense la existencia de un “contrato de agencia comercial” con la “accionante” en el asunto allí adelantado, esa circunstancia no comporta el desconocimiento del artículo 1328 del Código de Comercio, según el cual “[p]ara todos los efectos, los contratos de agencia comercial que se ejecuten en el territorio nacional quedan sujetos a las leyes colombianas. Toda estipulación en contrario se tendrá por no escrita”, puesto que las pretensiones ahí debatidas no tuvieron por objeto aspectos relativos a la existencia, modificación, terminación, u otros temas propios de dicho convenio, ya que la “actora” simplemente solicitó el reconocimiento de una obligación pecuniaria derivada de la venta de unas mercancías y a esa situación se concretó la decisión.

Cabe agregar, en virtud de que el opositor alcanza a manifestar la violación de su derecho a exigir algunas prestaciones económicas originadas en el señalado acuerdo comercial, que el referido litigio en las circunstancias como ha quedado evidenciado, no se oponía a que con base en la aludida norma mercantil, ante los jueces nacionales se hubiere tramitado otro proceso para efectos de dilucidar o debatir tales súplicas, toda vez que su objeto se torna distinto y no tienen la misma causa.

c) También se cumplen los presupuestos concernientes a la inexistencia en Colombia de “otro proceso en curso”, al igual que de “sentencia ejecutoriada de jueces nacionales sobre el mismo asunto”, puesto que no se incorporó prueba o elemento de juicio que así lo acredite y además, las partes no reportaron información alguna al respecto.

d) Tampoco correspondía a un asunto de “competencia exclusiva de los jueces colombianos”, pues según lo plasmado en la demanda y lo interpretado por la Corte foránea de conocimiento, la controversia versó sobre el incumplimiento del “accionado” en el pago de unas mercaderías a la “actora”, en desarrollo de operaciones comerciales que sostuvieron durante algunos años, que se formalizaban mediante pedidos y, no obstante que aquel tenía su domicilio en Colombia, ese hecho no otorgaba competencia privativa a esta jurisdicción, puesto que también es posible la determinación de ese factor por el lugar de cumplimiento de la obligación.

Ha de señalarse así mismo, que en virtud de no versar el litigio adelantado ante la autoridad judicial extranjera sobre aspectos atinentes a un “contrato de agencia comercial”, no es del caso examinar si procedía la aplicación del artículo 1328 del Código de Comercio, por lo que se descarta el argumento del “opositor” para sustentar la ausencia del mencionado presupuesto.

e) En cuanto al requisito relativo a que la sentencia “se encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del país de origen”, a pesar de que para su verificación se toman en cuenta los parámetros previstos en las reglas que fijan la procedencia y oportunidad para ejercer el derecho de contradicción o impugnación de las providencias, ese es un hecho que ante todo implica la constatación de circunstancias temporales, por lo que en principio es factible su demostración mediante los medios de prueba legalmente admisibles.

Tal ha sido el criterio orientador de la doctrina jurisprudencial de esta corporación, el cual se menciona en las providencias de 19 de julio de 1994, Expediente 3894, 28 de julio de 1998, Expediente 5864, 30 de enero de 2004, Expediente 8, entre otras, en las que se estudió la homologación de providencias sobre condenas dinerarias proferidas por tribunales del estado de La Florida (USA), donde además de haberse apreciado algunas certificaciones que dan la idea de “ejecutoria”, su entendimiento se reforzó con apoyo en el testimonio de profesionales del derecho, quienes explicaron la manera como puede llegar a concretarse ese fenómeno procesal.

En el sub lite, la sentencia extranjera se aportó en copia autenticada y en los “sellos de goma” impresos en la misma, consta que se presentó para registro el “30 de marzo del 2004”, acto que se efectuó el “1º de abril de 2004”, además aparece la leyenda “orden definitiva a todas las partes”.

Igualmente, se incorporaron las declaraciones de los abogados Matthew L. Lines y Juan de Jesús González, en las que aluden puntualmente al proceso promovido por la actora en contra del convocado a este trámite, como también al fallo ahí proferido e informaron en lo pertinente, que “de acuerdo con los archivos de la Corte, Fernando Fehrmann no presentó ‘aviso de apelación’ alguno dentro de los treinta (30) días siguientes al pronunciamiento de la sentencia de La Florida. De conformidad con la ley de La Florida, el período para que Fernando Fehrmann apelara la sentencia de La Florida ha expirado y por lo tanto los derechos de apelación del mencionado señor Fehrmann han prescrito”.

También, los profesionales del derecho Carolina A. Latour y Eric D. Isicoff, expresaron que en el referido asunto “(…) la Corte del Tribunal en La Florida ingresó una sentencia a favor de New High Glass, Inc. y en contra de Fernando Fehrmann el 23 de marzo de 2004 por un valor de $ 125.754,31. Una sentencia de la Corte por juicio de Florida no se pueda apelar salvo si la parte que apela radica una notificación de apelación dentro de los treinta (30) días siguientes al servicio de la sentencia. (…). El período de treinta (30) días para que el demandado apele de la sentencia vencida (sic) el 22 de abril de 2004. Si no se hace una apelación, el demandado pierde su derecho para apelar y la sentencia de la Corte ahora es final. (…) Además, no existen procesos jurisdiccionales ni debidos para evitar el reconocimiento de esta sentencia”.

Adicionalmente, se aprecia que en el hecho octavo de la demanda (fl. 72), se manifestó que “la sentencia judicial se encuentra ejecutoriada, de conformidad con la ley americana aplicable al caso controvertido, es decir, no fue apelada dentro del término establecido de treinta (30) días siguientes al fallo (…)” y, en la réplica el opositor expresó “no me consta” (fl. 533).

Lo anterior implica que el convocado no ajustó su proceder al numeral 1º del artículo 92 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a dar una respuesta concreta, negando o aceptando la afirmación de que no había apelado la decisión, por lo que procede aplicar el indicio grave en su contra previsto en el precepto 95 ídem y así entender que dicha aseveración es cierta, además porque no obra elemento de juicio que indique lo contrario.

13. El análisis verificado, permite concluir con certeza que se satisfacen los requisitos de los artículos 693 y 694 del ordenamiento antes citado, por lo que habrá de atenderse favorablemente la solicitud de exequátur.

14. Finalmente, cabe acotar que las defensas planteadas por el opositor, mediante las cuales cuestionó la falta de acreditación de la reciprocidad diplomática o legislativa, el señalamiento de que el fallo extranjero viola normas de orden público colombiano, el argumento atinente a que el mismo versó sobre un asunto de competencia exclusiva de los jueces colombianos, la ausencia de demostración de la ejecutoria de la señalada decisión y, los cuestionamientos en torno a la indebida acreditación de la existencia y representación de la actora, según lo estudiado, no tienen la potencialidad jurídica de impedir el otorgamiento de la autorización para ejecutar en Colombia el fallo extranjero a que se ha hecho referencia y sin necesidad de reflexiones adicionales, habrán de desestimarse.

15. Al tenor del precepto 392 del Código de Procedimiento Civil, modificado parcialmente por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, se condenará en costas a la parte vencida, procediéndose a fijar en este mismo fallo las agencias en derecho, para lo cual se aplicarán las reglas previstas en el Acuerdo 1887 de 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en cuanto a procesos de única instancia donde no se discuten pretensiones dinerarias, toda vez que no existe regulación específica para el caso.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Desestimar las defensas planteadas por el opositor.

2. Conceder el exequátur solicitado por New High Glass, Inc., respecto de la sentencia judicial proferida el 23 de marzo de 2.004 por la Corte del Undécimo Circuito Judicial en y para el Condado de Miami-Dade, Florida, Estados Unidos de América, dentro del proceso que promoviera contra Fernando Fehrmann.

3. Condenar en costas al convocado a este trámite y para que se incluyan en la respectiva liquidación, se fija la suma de $ 2.250.000, por concepto de agencias en derecho.

Cópiese y notifíquese».