Ramiro Pazos Guerrero

 

Sentencia 2008-01422 de octubre 3 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “B”

Consejero Ponente:

Ramiro Pazos Guerrero

Bogotá, D.C., 3 de octubre de 2016.

Exp.: 40831

Rad.: 050012331000200801422 01

Actor: Uriel de Jesús Arboleda Castaño y otros

Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación

Naturaleza: Acción de reparación directa

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

I. Presupuestos procesales de la acción.

1. De la jurisdicción, competencia y procedencia de la acción.

Por ser la demandada una entidad estatal, el asunto es de conocimiento de esta jurisdicción (art. 82 CCA). La Sala es competente para resolver el asunto, en razón de su naturaleza, pues la Ley 270 de 1996 consagró la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y fijó la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los tribunales administrativos y, en segunda, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía(1).

Finalmente, la acción de reparación directa instaurada (art. 86 CCA) es la procedente, por cuanto las pretensiones de la demanda van encaminadas a la declaratoria de responsabilidad de la entidad demandada por los perjuicios derivados de la privación de la libertad de que fue objeto el señor Uriel de Jesús Arboleda Castaño.

2. De la legitimación en la causa.

2.1. El señor Uriel de Jesús Arboleda Castaño fue la persona privada de la libertad y la señora Imelda del Socorro Salazar Mora logró acreditar su calidad de compañera permanente (infra párr. 9-10 del acápite de los hechos probados(2)), de donde se infiere que tienen un interés para solicitar la indemnización por los perjuicios causados.

2.2. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva, se verifica que el daño que se invoca en la demanda proviene de actuaciones y decisiones que corresponden a la Fiscalía General de la Nación, las cuales se acusa de ser las causantes de los daños cuya indemnización reclama la parte actora.

3. De la caducidad de la acción.

Tratándose de los eventos de responsabilidad por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia de esta corporación ha considerado que el término de caducidad de la acción de reparación directa se cuenta a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que absuelve al sindicado y le pone fin al proceso penal(3).

En el caso concreto, se pretende declarar patrimonialmente responsable a la Nación – Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad a que fue sometido el señor Uriel de Jesús Arboleda Castaño. De conformidad con las pruebas arrimadas al plenario, resulta acreditado que el actor estuvo detenido desde el 19 de agosto de 2006 al 10 de octubre del mismo año, día en que se le concedió la libertad, (conforme da cuenta la providencia proferida por la Unidad de Fiscales Delegados ante el Tribunal Superior del distrito judicial de Antioquia, fls. 110-114, cdno. 1) mientras se definía su situación jurídica, la que finalmente en período de investigación, la Fiscalía Seccional 110 delegada ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Segovia profirió la preclusión a su favor.

De conformidad con las pruebas arrimadas al plenario, pese a que no se encuentra la fecha de ejecutoria de la decisión que le puso fin a la investigación penal seguida en su contra está acreditado que aquella se encuentra en firme(4). Dicha providencia fue proferida el 2 de mayo del 2007 y la demanda se interpuso el 25 de abril de 2008, esto es, dentro del término legal de dos años que establece el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

II. Problema jurídico.

La Sala debe determinar si la privación de la libertad que soportó el señor Uriel de Jesús Arboleda Castaño como consecuencia del proceso penal seguido en su contra y que culminó con preclusión de la investigación, constituye o no una detención injusta.

III. Validez de los medios de prueba.

Según el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al procedimiento administrativo en virtud de lo dispuesto en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, las pruebas practicadas válidamente en un proceso judicial podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin más formalidades, “siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”.

En el presente caso, la parte demandante solicitó expresamente en el escrito de la demanda que se oficiara a la Fiscalía Seccional 110 delegada ante el Juzgado Promiscuo del circuito de Segovia, para que remitiera copia auténtica del expediente adelantado bajo el radicado Nº 2044 por el delito de rebelión en contra del señor Uriel de Jesús Arboleda Castaño (fl. 9, cdno. 1). La anterior prueba fue decretada mediante providencia del 11 de julio de 2008 (fl. 36, cdno. 1,) y se requirió a la demandada para que allegara el citado proceso (fl. 38 cdno. 1). En virtud de esta orden, se allegó la prueba solicitada (fl. 41, cdno. 1).

Las pruebas decretadas y practicadas en la investigación penal trasladada serán valoradas por la Sala debido a que fueron surtidas con audiencia de las entidades demandadas en el presente caso, sin que se controvirtieran o tacharan de falsas.

III. Hechos probados.

Con base en las pruebas obrantes en el expediente, valoradas en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

1. El 23 de mayo de 2006, el Batallón Especial Energético y Vial Nº 8 del Ejército Nacional, capturó al señor Uriel de Jesús Arboleda Castaño en virtud de las denuncias hechas por los señores Jhon Carlos Uribe Restrepo, Fernando Calderón Quintero y Francisco Iván Quesada quienes aseguraron que el aquí demandante era presuntamente miembro activo de las ONT-FARC, a quien se le identifica con el sobrenombre de El Borracho, quien se dedicaba a actividades ilícitas tales como el cobro de vacunas, extorsiones, voleteos, entre otros (informe Nº 3172 suscrito por el comandante del Batallón Especial Energético Vial Nº 8, acta del buen trato y acta de derechos del capturado, fl. 42-44, cdno. 1).

2. El 24 de mayo del mismo año, fue puesto a disposición de la Fiscalía Seccional 110 delegada ante el Juzgado Promiscuo del circuito de Segovia, quien lo dejó en libertad inmediata y le hizo suscribir acta de compromiso, toda vez que además de no existir elementos que permitieran señalarlo como integrante de las FARC, su detención se produjo con violación de las garantías constitucionales y legales, como quiera que no fue en situación de flagrancia ni públicamente requerido por autoridad competente (providencia del 24 de mayo de 2006, acta de compromiso y oficio Nº 647, fl. 49-50, cdno. 1).

3. El 11 de julio de 2006, la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Juzgado Promiscuo del circuito de Segovia, dispuso la apertura de instrucción en contra del señor Uriel de Jesús Arboleda Castaño, con base en las declaraciones rendidas por los señores Jhon Carlos Uribe Restrepo y Fernando Alonso Calderón Quintero, quienes lo señalaron de pertenecer al Ejército de Liberación Nacional, ELN (providencia del 11 de julio de 2206, fl. 61 cdno. 1).

4. El 18 de agosto de 2006, en cumplimiento a la orden de captura Nº 0031887, el Batallón Especial Energético y Vial Nº 8 apresó al señor Uriel de Jesús Arboleda Castaño por incurrir presuntamente en el delito de rebelión, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía al día siguiente (oficio del 19 de agosto de 2006, suscrito por el comandante del batallón, fl. 67, cdno. 1).

5. El 24 de agosto de 2006, la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Juez Promiscuo del circuito de Segovia resolvió la situación jurídica de Uriel de Jesús Arboleda Castaño ante lo cual profirió medida de aseguramiento consistente en detención preventiva como presunto autor material del delito de rebelión:

Obra en el plenario el informe rendido por el teniente coronel JOSÉ MAURICIO AGUIRRE SÁNCHEZ, Comandante del Batallón Especial Energético Vial Nº 8 acantonado en esta localidad, mediante el cual deja a disposición de esta Unidad de Fiscalía al sujeto URIEL DE JESÚS ARBOLEDA CASTAÑO, por existir señalamientos en su contra por parte de los señores JHON CARLOS URIBE RESTREPO, FERNANDO ALONSO CALDERÓN QUINTERO y FRANCISCO IVÁN QUESADA, quienes aseguran que el prenombrado es presuntamente miembro activo de las FARC que delinquen en jurisdicción del municipio de Remedios, concretamente en el sector de CARRIZALES, el cual dentro de la estructura de dicha organización se conoce con el apodo del “BORRACHO”. 

Se allegó por parte del Batallón Especial Energético Vial Nº 8 la Orden de Batalla que se encuentra en los archivos de esa unidad militar, donde aparece registrado URIEL DE JESÚS ARBOLEDA CASTAÑO, alias “BORRACHO” como integrante del cuarto frente de las FARC que delinque en esa zona, como jefe político y de fianzas de dicha organización. 

Se adosaron a la encuesta las declaraciones juradas de los señores JHON CARLOS URIBE RESTREPO y FERNANDO ALONSO CALDERÓN QUINTERO, quienes depusieron de manera coherente y explicita sobre las actividades que le conocieron en la subversión al procesado URIEL DE JESÚS ARBOLEDA CASTAÑO. 

Es así como el testigo URIBE RESTREPO dice que conoció en el año 1998 al sujeto apodado el “BORRACHO” como integrante de la guerrilla del ELN, en el sector CAÑAVERAL, uniformado, o mejor, portando uniforme de dicha organización y llevando consigo arma de fuego, fusil AK-47, el cual andaba con diez subversivos más patrullando dicho sector y en reuniones con los campesinos, en las que una vez él estuvo presente donde les decía que le subieran mercados a sus componentes y los amenazaban en el sentido que los que estuvieran “zapeando” a ellos los mataban, o los desterraban de la zona. Aporta el testigo que hace dos meses atrás que él bajó a CAÑAVERAL a ver una madera vio también al sujeto alias “BORRACHO” uniformado como la policía y cargando un fusil AK-47, incluso afirma haberlo visto de civil en ese mismo sector, con el arma encima, sudadera, camiseta oscura y botas pantaneras. Igualmente, acota el deponente haber sido víctima él y otras personas del cobro de vacunas por parte del “BORRACHO” y su grupo, en el sentido que le cobraran un porcentaje del diez por ciento por el oro que ellos sacaban en su oficio de barequeros, que también les decía que les colaboraran con información. 

En igual sentido o similares términos depuso bajo juramento el señor FERNANDO ALONSO CALDERÓN QUINTERO, quien manifestó que en el año 1997 cuando estuvo trabajando en un terreno de un señor TOÑO GALLEGO ya fallecido, vio cuando arrimó el “BORRACHO” con vestimenta que utiliza la guerrilla y llevando consigo un fusil, que eso fue en QUEBRADONA, jurisdicción de Remedios, de CAÑAVERALES para adentro, que después de ese día no lo volvió a ver más. También aporta el testigo que alias “BORRACHO” andaba con unos diez sujetos más y portando armamento, sin precisar las actividades a que este sujeto se dedicaba como miembro de la guerrilla del ELN (...) 

Por su parte, al ser escuchado en indagatoria URIEL DE JESÚS ARBOLEDA CASTAÑO, negó ser miembro activo de cualquier grupo rebelde de los que operan en esta región, pero acepta haberle colaborado a un grupo de la guerrilla del ELN, y de las FARC hace diez años atrás, que operaban en los sectores de CARRIZALES y CAÑAVERAL al mando de los cabecillas “RENE” y “JULIÁN”, consiste dicha ayuda en transportarle en mulas mercados a un sitio conocido como el “EL PUNA” donde él trabajaba como arriero, ya que si no lo hacía lo desterraban de la zona, que en esa labor duró como un año, hasta que decidió no trabajar más en eso porque se cansó, que hace aproximadamente siete u ocho meses que no se encuentra con esa gente (la guerrilla). Igualmente, niega que haya vestido con uniforme de dicha organización y portado armamento. Dice que nunca fue amenazado por la guerrilla para que les colaboraran sino que simplemente le decían que le llevara cierta cantidad de carga y si no lo hacía al día siguiente le ponían mucha más cantidad. Por último, manifiesta que como en ese entonces no existía ejército por esos lugares, creía que era legal ayudarle a la guerrilla y recibir órdenes de sus integrantes, ya que el que tiene las armas es el que manda. 

Así las cosas, sin entrar a hacer más disquisiciones, el despacho considera, que con la prueba testimonial obrante en las diligencias para este momento procesal, nos demuestran la presunta autoría material y consecuente responsabilidad penal del encartado URIEL DE JESÚS ARBOLEDA CASTAÑO en el delito de REBELIÓN que se investiga, ya que existen testimonios serios y creíbles que lo señalan como militante de la guerrilla del ELN, además que él mismo en su indagatoria, aunque niega haber vestido con uniforme de las subversión y portado arma de fuego, acepta que sí le prestó una ayuda al grupo rebelde, sin que sea de recibo su excusa en el sentido que lo hizo por temor a ser desplazado de la zona, desprendiéndose de su dicho más bien que lo hizo con voluntad libre, tan es así que en esa tarea duró un año, amén de que en ningún momento recibió amenaza por algún miembro de dicha facción armada para que le prestara la colaboración ya conocida en estas diligencias, es decir, que en este caso no encuentra comprobación la Fiscalía de la causal de ausencia de responsabilidad a que se contrae el numeral octavo del artículo 32 del Código Penal, esto, que el implicado había obrado bajo insuperable coacción ajena (copia de la providencia, fls. 78-82, cdno. 1). 

6. Mediante providencia del 9 de octubre de 2006, la Unidad de Fiscales Delegados ante el Tribunal Superior del distrito judicial de Antioquia, resolvió recurso de apelación formulado por el Ministerio Público contra la anterior decisión, la cual fue revocada y se ordenó la libertad inmediata del sindicado:

Primero está el informe del señor Comandante del Batallón Especial Energético Vial Nº 8, según el cual algunos ciudadanos están dispuestos a declarar que Uriel de Jesús Arboleda es miembro activo de las Farc, y que en esa organización lo identifican con el sobrenombre de El Borracho. 

El primer testigo, John Carlos Uribe, quien llegó al despacho judicial avisado del objeto de la declaración, testificó sobre el apodado Borracho como miembro de la organización guerrillera. Lo describe como de 35 años, 1.70 de estatura, contextura delgada, trigueño, pelo lacio, sin señales particulares. No se le interroga si conoce el nombre de pila que identifica al apodado El Borracho. Pero tampoco si conoce a Uriel de Jesús Arboleda Castaño. 

El segundo testigo describe a El Borracho, de quien afirma que pertenece al ELN, como un sujeto de 37 o 38 años, grueso, bajito, sin señales particulares. Tampoco se le pregunta por el nombre de pila del Borracho o si efectivamente corresponde al nombre de Uriel de Jesús Arboleda Castaño. 

En la indagatoria se le describe como de contextura gruesa, 1.69 de estatura con cicatriz en la mejilla. Individuo de 43 años de edad. 

Y tampoco se ha descartado en el proceso la posibilidad de que más de una persona sea conocida con el mismo apodo El Borracho. 

Ya se advierte, como lo hizo la señora Procuradora, que no son coincidentes las descripciones físicas. El hombre no es delgado, como lo dice el primer testigo y tampoco es bajito como lo dicen los dos, atendida la estatura promedio de la población colombiana. Y es de mayor edad a la mencionada por los testigos. 

También tiene Uriel de Jesús Arboleda una inocultable señal particular (una cicatriz en el rostro), y sin embargo los testigos dicen que no tiene ninguna. 

En fin, es muy seguro que no se trate de la misma persona. Y comprensible por tanto la extrañeza del sindicado por los cargos que se le formulan (copia de la providencia, fls. 110-114, cdno. 1). 

7. El 2 de mayo de 2007, la Fiscalía 110 del circuito de Segovia resolvió precluir la investigación a favor del señor Uriel de Jesús Arboleda Castaño, por razones que se transcriben a continuación:

Luego de leídas detenidamente estas diligencias y del cotejo de las pruebas allegadas a esta investigación, este delegado es del sentir que en el presente caso existen serias dudas en relación a que el aquí sindicado Uriel de Jesús Arboleda Castaño se trate de la misma persona a quienes los testimonios de cargo señalan con el apodo del borracho como pertenecientes a la cuadrilla del ELN con asiento en esta región, pues se observa que no son coincidentes las descripciones físicas de que este sujeto hacen con las del señor Arboleda Velásquez (...). 

Como se advierte las características físicas que informan los declarantes del sujeto el borracho, el cual dice que pertenece al ELN no corresponde con las del señor Uriel de Jesús pues este no es delgado como lo dice el primer testigo, y tampoco es bajo como lo dice el segundo atendida la estatura promedio de nuestra población. 

También posee Uriel de Jesús Arboleda una cicatriz en su rostro, inocultable a la vista y por ende fácil de señalar cuando se ha tenido contacto con la persona; sin embargo, los testigos dicen que el borracho que conocen como miembro de la guerrilla no tiene ninguna señal en particular. 

Igualmente, tampoco existe claridad acerca del grupo al cual pertenece presuntamente Arboleda Castaño, pues mientras los testimoniales señalan que es del ELN con asiento en el sector de Cañaveral, en el orden de batalla del Batallón Plan Especial Energético y Vial Nº 8, este pertenece a las FARC que delinque en el sector de Carrizales. 

Lo anterior nos lleva predicar que existe la posibilidad que el sujeto apodado el Borracho a que se refieren los testigos como miembro del ELN no se trate del sindicado Uriel de Jesús Arboleda Castaño, como también de que más de una persona sea conocida con ese mismo apodo. 

De otra parte, a la investigación se allegaron los testimonios de los señores JESÚS MARÍA CORREA CAÑAS, HUMBERTO DE JESÚS OSORIO, LUZ MERY URIBE ZAPATA y CARLOS MARIO YARCE ARANGO, quienes manifiestan al unísono que conocen desde hace algún tiempo a URIEL DE JESÚS ARBOLEDA CASTAÑO, desde (sic) dedicado a la actividad de arrear mulas y negociar con ganado en las fincas en el sector de cañaveral, señalando que nunca ha sido miembro de la guerrilla que ha operado en ese lugar, ni lo han visto vestido de camuflado ni portando armas de fuego y que no tienen conocimiento de que este le haya prestado colaboración a algún grupo subversivo de la región. 

Ahora, si bien el encartado aceptó en su injurada que en alguna oportunidad hace muchos años le prestó colaboración a la guerrilla en el sector de Cañaveral, transportándole mercado en mulas de un sitio a otro, aduce que lo hizo por temor a ser desplazado pues el que tiene las armas es el que manda, lo que deviene en una causal eximente de responsabilidad al tenor del artículo 32, numerales 8º y 9º del Código Penal (copia de la providencia, fls. 121-124122 cdno. 1). 

8. De conformidad a la constancia emitida por la Secretaría General y de Gobierno del departamento de Antioquia, se tiene que el señor Uriel de Jesús Arboleda Castaño, estuvo recluido en el centro carcelario del municipio de Segovia desde el 19 de agosto de 2006 hasta el 10 de octubre de 2006, día en que se le dio la libertad mediante el oficio Nº 1249 emanado del Fiscal Seccional 110 Delegado (constancia, fl. 140, cdno. 1).

9. Consta que el señor Uriel de Jesús Arboleda Cataño fue la persona privada de la libertad.

10. Imelda del Socorro Salazar Mora compareció al proceso como compañera permanente de Uriel de Jesús Arboleda Castaño quien acreditó tal condición con los testimonios rendidos por los señores Doralba de Jesús Palacio Pino, Jesús María Correa Cañas, Humberto de Jesús Osorio y Luz Mery Uribe Zapata quienes expresaron lo siguiente: “Yo casi no soy amiga de ella, o sea de esta señora y yo sí hablé con la señora IMELDA, hablábamos de la detención de él y yo le decía que uno no sabía de antemano como era la forma de actuar de este señor, ella se mantenía muy aburrida y triste, incluso todos los días venía a la cárcel a visitarlo. (...) Inicialmente que yo sepa con la señora Remedios, o sea, IMELDA DEL SOCORRO, no tiene hijos en este momento, y yo sí sé que su situación económica sí se notó mermada, porque su señora se puso que poner (sic) a trabajar y claro que él no generaba ingresos para su familia estando detenido (fl. 127, cdno. 1)”. “(...) si los conozco a ambos, al señor URIEL lo distingo hace por ahí unos 7 u 8 años y a la señora IMELDA también la distingo por ahí unos 6 años, ellos son compañeros íntimos, ahora últimamente yo estoy trabajando con el señor URIEL en la misma vereda de Cañaveral. Ellos viven juntos, pero ella se mantiene más en Remedios (...) ella se mantenía muy aburrida, por el problema de que él estaba detenido, y por las consecuencias que se podían presentar más adelante, ya que estaban matando mucha gente, e incluso ya casi no sale de la vereda (fl. 129, cdno. 1)”. “(...) ella estaba muy deprimida y en muy malas condiciones (fl. 131, cdno. 1)”. “(...) la señora de él estuvo trabajando en lo que le resultara, ya que ella depende de él, la señora de él se llama IMELDA DEL SOCORRO, y claro que al verlo a él detenido, entonces a ella le tocaba suplir las necesidades que se presentaban en el hogar, ya que estuvo detenido por espacio de dos meses largos (fl. 132, cdno. 1).

V. Análisis de la Sala.

En relación con el juicio de responsabilidad administrativa y patrimonial de la parte demandada, la Sala considera que no hay dudas sobre la existencia del daño alegado, pues está acreditado que el señor Uriel de Jesús Arboleda Castaño fue privado de la libertad desde el 19 de agosto de 2006 al 10 de octubre de 2006, día a partir del cual la Unidad de Fiscalía ante el Juez Promiscuo del circuito de Segovia, informó al director del centro carcelario que se le concedió la libertad por preclusión de la investigación seguida en su contra (fl. 117, cdno. 1).

Establecida la existencia del daño es necesario verificar si se trata de un daño antijurídico imputable jurídica o fácticamente a la parte demandada o no, aspecto este que constituye el núcleo del recurso de apelación formulado, pues, se recuerda, a juicio de la entidad, la privación de la libertad a la cual fue sometido el señor Uriel de Jesús Arboleda Castaño no fue injusta y, en consecuencia, no hay lugar a declarar la responsabilidad administrativa y patrimonial por los perjuicios que hubiera podido causar.

Sobre el particular, vale la pena insistir en que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación, cuando se profiere una sentencia absolutoria o su equivalente con fundamento en uno de los supuestos consagrados en la segunda parte del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991(5), la privación de la libertad impuesta a un individuo deviene injusta, por calificación expresa del legislador y, por lo tanto, en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, constituye un daño antijurídico que debe ser indemnizado. Lo anterior por cuanto en dichos eventos, esto es, cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no era punible, la persona privada de la libertad sufrió un perjuicio que no estaba en el deber legal de soportar, ya que la conducta no merecía ningún reproche penal(6).

Sin embargo, es preciso advertir que para el momento en que se profirió la providencia que resolvió la preclusión de la investigación a favor del demandante —2 de mayo de 2007—, ya había entrado en vigencia el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, que establece que “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”.

En efecto, al revisar el proyecto de dicha ley estatutaria, la Corte Constitucional en Sentencia C-037 de 1996(7), condicionó la declaratoria de exequibilidad del que sería el artículo 68, en estos términos:

Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6º, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención (...). 

Bajo estas condiciones, el artículo se declarará exequible. 

Al respecto, la Sala ha considerado(8) que si bien el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 se refiere a la responsabilidad patrimonial del Estado en los eventos en los cuales la actuación de cualquiera de sus ramas u órganos hubiera sido “abiertamente arbitraria”, dicha disposición no excluye la aplicación directa del artículo 90 de la Constitución para derivar el derecho a la reparación cuando los daños provienen de una actuación legítima del Estado, adelantada en ejercicio de la actividad judicial, pero que causa daños antijurídicos a las personas, en tanto estos no tengan el deber jurídico de soportarlos, como sucede con todos aquéllos daños que sufren las personas que son privadas de la libertad durante una investigación penal, a pesar de no haber cometido ningún hecho punible o sin que se les desvirtúe la presunción de inocencia.

Así las cosas, cuando se da uno de los supuestos señalados, hay lugar a aplicar el régimen objetivo de responsabilidad(9) pues, como ya se señaló, en virtud de la sentencia absolutoria, o su equivalente, que se funda en una de las hipótesis mencionadas, la privación de la libertad de que fue objeto el sindicado devino injusta y ello constituye un daño antijurídico, sin que sea necesario analizar la legalidad de la medida de aseguramiento impuesta. Al respecto vale la pena transcribir las consideraciones de la Sección Tercera en una de las providencias ya citadas(10):

El concepto de daño antijurídico, como se ha señalado en la jurisprudencia y en la doctrina se desliga de su causación antijurídica(11). Por lo tanto, aunque la medida de aseguramiento se hubiera dictado atendiendo las exigencias constitucionales, esto es, fundada en una causa prevista en la ley, con el cumplimiento de los requisitos probatorios señalados, por el tiempo indispensable para la averiguación de los hechos, de manera proporcional a la conducta realizada, con el fin de evitar la fuga del sindicado, asegurar su presencia en el proceso, hacer efectiva la sentencia o impedir la continuación de su actividad delictiva, el daño será antijurídico cuando esa medida deviene injusta, porque la conducta que se investiga no se materializó en el mundo de los hechos, o habiéndose producido esa conducta, el sindicado no fue su autor, o cuando habiéndola ejecutado éste, tal conducta no encuadraba en la descripción típica o estaba amparada por una causal de justificación o inculpabilidad, es decir, por un hecho que no reviste reproche penal alguno.

Si bien es cierto que el Estado está legitimado para privar preventivamente de la libertad a las personas que sean sometidas a una investigación penal, cuando se cumplan estrictamente los requisitos constitucional y legalmente previstos para la imposición de esa medida de aseguramiento, la persona que sufra dicha limitación tendrá derecho a que se le indemnicen los daños que con la misma se le hubieran causado, sin que se requiera realizar ninguna valoración diferente, cuando se profiere sentencia absolutoria o su equivalente, por haberse demostrado que esa persona no ha incurrido en ninguna conducta digna de reproche penal, porque en tal caso la medida devendrá injusta. En pocas palabras: quien legal pero injustamente privado de su libertad, tiene derecho a que se le indemnicen los daños que hubiere sufrido, porque en tal caso los daños causados con su detención serán antijurídicos.

Para la Sala es claro, de acuerdo con el contenido de la providencia de preclusión, que las pruebas recaudadas en la actuación penal no ofrecían certeza sobre la participación del entonces sindicado en las filas de grupos armados al margen de la ley, esto es, no se logró demostrar que el señor Uriel de Jesús Arboleda Castaño era la persona quienes los testimonios señalaron como “El Borracho” del que afirmaron que en el sector de Cañaveral del municipio de Segovia, presuntamente pertenecía al Ejército de Liberación Nacional, ELN, debido a que en más de una ocasión lo vieron uniformado y armado como subversivo y además acompañado de personas quienes pertenecían a dicha guerrilla, lo que equivale a señalar que el esfuerzo probatorio de la Fiscalía en ese sentido había sido insuficiente para desvirtuar la presunción de inocencia que amparaba al sindicado.

Cabe advertir que aún en los casos en los que la persona privada de la libertad hubiera sido absuelta mediante sentencia, o su equivalente, con fundamento en la aplicación del principio de in dubio pro reo, la Sección Tercera, en sentencia de unificación consideró que había igualmente lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, porque la persona afectada en tales circunstancias no tenía el deber jurídico de soportar dicha carga, en tanto no se había desvirtuado en su contra la presunción de inocencia que la amparaba:

Todos los argumentos hasta aquí expuestos, los cuales apuntan a sustentar que el título jurídico de imputación a aplicar, por regla general, en supuestos como el sub judice en los cuales el sindicado cautelarmente privado de la libertad finalmente resulta exonerado de responsabilidad penal en aplicación del principio in dubio pro reo, es uno objetivo basado en el daño especial —como antes se anotó—, no constituye óbice para que se afirme, que en determinados supuestos concretos, además del aludido título objetivo de imputación consistente en el daño especial que se le causa a la persona injustamente privada de la libertad —y, bueno es reiterarlo, la injusticia de la medida derivará de la intangibilidad de la presunción constitucional de inocencia que ampara al afectado, de la excepcionalidad de la privación de la libertad que se concreta en su caso específico y a nada conduce, toda vez que posteriormente se produce la absolución, con base en el beneficio que impone el postulado in dubio pro reo, pero con evidente ruptura del principio de igualdad—, también puedan concurrir los elementos necesarios para declarar la responsabilidad del Estado por falla en el servicio, por error jurisdiccional o por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia. En tales eventos, como insistentemente lo ha señalado esta Sala cuando el caso puede ser resuelto ora a través de la aplicación de un régimen objetivo, ora al amparo de uno subjetivo de responsabilidad, el contenido admonitorio y de reproche que para la entidad pública reviste la condena con base en este último título de imputación —además de la ilicitud del proceder de la misma entidad en el caso concreto— determina y aconseja que el fallo se sustente en la falla en el servicio y no el régimen objetivo que hubiere resultado aplicable. 

Pero dicha posibilidad resulta completamente diferente a sostener que, por solo el hecho de que la privación de la libertad de un individuo se hubiere dispuesto con sujeción a los mandatos legales vigentes y, por tanto, mediante un proceder lícito, el Estado estaría eximido de responder por los perjuicios que le hubiere ocasionado a la víctima por razón de dicha detención, a pesar de que el correspondiente juicio penal hubiere concluido con la expedición de fallo de inocencia a favor del sindicado, incluso en aplicación del principio in dubio pro reo...

(...) 

Como corolario de lo anterior, es decir, de la operatividad de un régimen objetivo de responsabilidad basado en el daño especial, como punto de partida respecto de los eventos de privación injusta de la libertad —especialmente de aquellos en los cuales la exoneración de responsabilidad penal tiene lugar en aplicación del principio in dubio pro reo—, debe asimismo admitirse que las eximentes de responsabilidad aplicables en todo régimen objetivo de responsabilidad pueden —y deben— ser examinadas por el juez administrativo en el caso concreto, de suerte que si la fuerza mayor, el hecho exclusivo de un tercero o de la víctima, determinan que el daño no pueda ser imputado o sólo pueda serlo parcialmente, a la entidad demandada, deberá proferirse entonces el correspondiente fallo absolutorio en punto a la determinación de la responsabilidad patrimonial y extracontractual del Estado o la reducción proporcional de la condena en detrimento, por ejemplo, de la víctima que se haya expuesto, de manera dolosa o culposa, al riesgo de ser objeto de la medida de aseguramiento que posteriormente sea revocada cuando sobrevenga la exoneración de responsabilidad penal; así lo ha reconocido la Sección Tercera del Consejo de Estado(12). 

Para la Sala, más que la falta de certeza o duda razonable a favor del sindicado, la absolución tuvo que ver con que el procesado no era la persona a quien se le acusaba de pertenecer a grupos guerrilleros, es decir, no estaba incurso en el delito de rebelión. En efecto, las razones que llevaron a absolver al señor Uriel de Jesús Arboleda Castaño, se reitera, se contraen a la inexistencia de medios de pruebas que lo incriminen en la ejecución de conductas tipificadas como delito.

Ahora bien, la parte demandada alegó haber procedido según las normas constitucionales y legales que reglamentan su función. Al respecto, la Sala se permite reiterar que para la procedencia de la reparación por privación injusta de la libertad no es necesaria la demostración de que la autoridad judicial incurrió en algún tipo de error. A la víctima le basta con probar que contra él se impuso una medida privativa de su libertad en el trámite de un proceso judicial, que dicho proceso culminó con una decisión favorable a su inocencia y que se le causó un perjuicio con ocasión de la detención. Demostrados esos hechos, surge a cargo del Estado la obligación de indemnizar los daños sufridos por la persona privada de la libertad y por los demás damnificados, a menos que este logre acreditar que esa decisión es atribuible a la propia víctima(13).

Esta regla se sustenta en la constatación de que la persona, por el hecho de vivir en comunidad, no está obligada a soportar una carga tan lesiva de sus derechos fundamentales y, en general, a su proyecto de vida, como la privación de la libertad, sin recibir a cambio algún tipo de compensación. Al respecto se ha señalado:

La Sala considera oportuno recoger expresiones en virtud de las cuales algunos sectores de la comunidad jurídica han llegado a sostener, sin matiz alguno, que el verse privado de la libertad ocasionalmente es una carga pública que los ciudadanos deben soportar con estoicismo. 

Definitivamente no puede ser así. Lo cierto es que cualquiera que sea la escala de valores que individualmente se defienda, la libertad personal ocupa un lugar de primer orden en una sociedad que se precie de ser justa y democrática. Por consiguiente, mal puede afirmarse que experimentar la pérdida de un ingrediente fundamental para la realización de todo proyecto de vida, pueda considerarse como una carga pública normal, inherente al hecho de vivir dentro de una comunidad jurídicamente organizada y a la circunstancia de ser un sujeto solidario. Si se quiere ser coherente con el postulado de acuerdo con el cual, en un Estado social y democrático de derecho la persona junto con todo lo que a ella es inherente ocupa un lugar central, es la razón de la existencia de aquél y a su servicio se hallan todas las instituciones que se integran en el aparato estatal, carece de asidero jurídico sostener que los individuos deban soportar toda suerte de sacrificios, sin compensación alguna, por la única razón de que resultan necesarios para posibilitar el adecuado ejercicio de sus funciones por las autoridades públicas. 

La afirmación contraria sólo es posible en el seno de una organización estatal en la que la persona con todos sus atributos y calidades deviene instrumento, sacrificable, reductible y prescindible, siempre que ello se estime necesario en aras de lograr lo que conviene al Estado, es decir, en un modelo de convivencia en el que la prevalencia de un, desde esta perspectiva, mal entendido interés general, puede justificar el desproporcionado sacrificio del interés particular incluida la esfera de derechos fundamentales del individuo sin ningún tipo de compensación. 

Y es que si bien es cierto que en el ordenamiento jurídico colombiano la prevalencia del interés general constituye uno de los principios fundantes del Estado a voces del artículo 1º in fine de la Constitución Política, no lo es menos que el artículo 2º de la propia Carta eleva a la categoría de fin esencial de la organización estatal la protección de todas las personas residentes en Colombia en sus derechos y libertades. Ello implica que la procura o la materialización del interés general, no puede llevarse a cabo avasallando inopinada e irrestrictamente las libertades individuales, pues en la medida en que la salvaguarda de éstas forma parte, igualmente, del contenido teleológico esencial con el que la Norma Fundamental programa y limita la actividad de los distintos órganos del Estado, esa protección de los derechos y libertades también acaba por convertirse en parte del interés general(14). 

Dado que el señor Uriel de Jesús Arboleda Castaño fue privado de la libertad mientras que el Estado, a través de su aparato investigativo, averiguaba su presunta autoría o participación en una conducta punible, debe ser compensado, por cuanto se le impuso una carga mayor a la que asume el promedio de los ciudadanos.

Para que el ente investigador se exima de responsabilidad, es menester que demuestre que existió un hecho exclusivo de la víctima producido con dolo o culpa grave que dio lugar a la privación de la libertad.

Es a la parte accionada a quien le corresponde demostrar, mediante pruebas legal y regularmente traídas al proceso, que se ha dado algún supuesto de hecho, en virtud del cual pudiera entenderse configurada la causal de exoneración consistente en el hecho exclusivo y determinante de la víctima.

La Sala no encuentra en el presente caso alguna prueba sobre una conducta de la víctima que pueda calificarse como determinante en la ocurrencia del daño cuya indemnización se pretende, pues aunque en virtud de la prueba testimonial recaudada en la investigación penal, se le atribuían unas conductas ilegítimas, a una persona cuyo alias era El Borracho, no se logró determinar que se tratara del aquí demandante. En consecuencia, la Sala no encuentra en el presente caso alguna prueba sobre una conducta reprochable del aquí demandante, o que haya faltado a la debida diligencia o prudencia que le era exigible. Sin embargo, es a la parte accionada a quien le corresponde demostrar, mediante pruebas legal y regularmente traídas al proceso, que se ha dado algún supuesto de hecho, en virtud del cual pudiera entenderse configurada la causal de exoneración.

Finalmente, cabe aclarar que la responsabilidad patrimonial por el daño causado a los demandantes es imputable a la Fiscalía General de la Nación, pues fue en virtud de las actuaciones de esta entidad que se privó de la libertad al señor Jesús Uriel Arboleda Castaño.

VI. Liquidación de perjuicios.

Por un lado, en relación con la cuantificación del perjuicio moral, en decisión de la Sala Plena de esta Sección(15) se reiteró los lineamientos para la tasación de tales perjuicios, adoptados en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013, proferida por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, radicado Nº 25.022, en casos de privación injusta de la libertad, con base en los siguientes parámetros: (i) en los casos en que la privación sea superior a 18 meses, se reconozca la suma de 100 smlmv; (ii) cuando supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 smlmv; (iii) si excedió los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 smlmv; (iv) si fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 smlmv; (v) de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 smlmv; (vi) si la medida supera 1 mes pero es inferior a 3 meses, se insinúa el reconocimiento de 35 smlmv; y (vii) finalmente, si la detención no supera un mes, la reparación se podrá tasar en el equivalente a 15 smlmv, todo ello para la víctima directa y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados.

Así mismo, en la misma providencia se complementaron los criterios anteriormente adoptados, en los términos del cuadro que se incorpora a continuación:

S2008-01422CE
 

Así las cosas, teniendo en cuenta que el señor Uriel de Jesús Arboleda Castaño estuvo privado de la libertad entre el 19 de agosto de 2006 al 10 de octubre de 2006, esto es, un mes y veinte días el valor de la condena por ese concepto a favor del señor Uriel de Jesús Arboleda Castaño y la señora Imelda del Socorro Salazar Mora equivale a 35 smlmv para cada uno.

Por otra parte, en lo que tiene que con la indemnización por concepto de perjuicios por daño a la vida en relación a favor de los demandantes, de entrada debe aclararse que la Sección Tercera de esta corporación en su evolución jurisprudencial adoptó sucesivamente los conceptos de daños fisiológicos, “daño a la vida de relación”, y “alteración a las condiciones de existencia”, para referirse a una modalidad de perjuicio inmaterial, distinto del moral, referido a la pérdida de placer en la realización de una actividad o alteración grave que produce el daño en las relaciones de las personas con su entorno; pero en sentencia de unificación dictada el 28 de agosto de 2014, adoptó el criterio que ya venía aplicando desde el año 2011, para referir, exclusivamente, el concepto de daño a la salud, cuando se causan daños psicofísicos a la persona, el cual cubre no solo la modificación de la unidad corporal sino las consecuencias que las mismas generan, razón por la que, sería comprensivo de otros daños como el estético, el sexual y el psicológico entre otros(16).

Y en relación con la manera de establecer la cuantía de la condena, la Sección precisó que “el daño a la salud se repara con base en dos componentes: i) uno objetivo determinado con base en el porcentaje de invalidez decretado y ii) uno subjetivo, que permitirá incrementar en una determinada proporción el primer valor, de conformidad con las consecuencias particulares y específicas de cada persona lesionada”(17).

De igual manera, se destaca que en relación con la vulneración de otros intereses jurídicos, distinto a la integridad sicofísica, y constitutivos de vulneración a los derechos convencional y constitucionalmente reconocidos, la Sala Plena de la Sección Tercera, en sentencia de unificación, ha adoptado la reparación no pecuniaria a través de medidas de reparatorias no indemnizatorias. Y solo de manera excepcional, cuando las medidas de satisfacción no sean suficientes para consolidar la reparación integral, podrá otorgarse una indemnización pecuniaria únicamente a la víctima directa, siempre y cuando la indemnización hubiere sido reconocida con fundamento en el daño a la salud(18).

En esos términos, en el sub lite como no está acreditado que los demandantes hubieran sufrido daños a la salud ni con la actuación estatal se hubieran vulnerado sus derechos constitucionales o convencionales, como consecuencia de la privación de la libertad a la que fue sometido el señor Uriel de Jesús Arboleda Castaño, se revocará la sentencia, en cuanto les reconoció indemnización por el daño a la vida de relación, y la Sala se abstendrá de reconocer una indemnización por los demás perjuicios inmateriales señalados.

En lo que tiene que ver con la indemnización por lucro cesante, la Sala advierte que el reconocimiento del tribunal se hizo con base en el salario mínimo al momento de la captura del señor Uriel de Jesús Arboleda Castaño, durante el tiempo en que estuvo privado de la libertad adicionando el 25% que corresponde a prestaciones sociales. No obstante, dado que este aspecto no fue objeto de apelación por el demandante, la Sala se limitará a actualizar lo reconocido por el tribunal, de conformidad con la formula consagrada para ello(19). Así:

$ 1´115.833 132,77 = $1´416.475

104,59

En estos términos, la Sala modificará la condena en lo relacionado con este punto y reconocerá al señor Uriel de Jesús Arboleda Castaño el valor de un millón cuatrocientos dieciséis mil cuatrocientos setenta y cinco pesos ($ 1´416.475).

VII. Costas.

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 30 de agosto de 2010, la cual quedará así:

1. DECLÁRASE patrimonialmente responsable a la Nación-Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de que fue víctima el señor Uriel de Jesús Arboleda Castaño.

2. CONDENAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de compensación de los daños morales, a favor del señor Uriel de Jesús Arboleda Castaño y la señora Imelda del Socorro Salazar Mora el valor equivalente a 35 smlmv para cada uno.

3. CONDENAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de lucro cesante a favor del señor Uriel de Jesús Arboleda Castaño el valor de un millón cuatrocientos dieciséis mil cuatrocientos setenta y cinco pesos ($ 1´416.475 m/cte.).

4. NEGAR las demás súplicas de la demanda.

5. El presente fallo se cumplirá en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirán copias auténticas de esta providencia, con constancia de ejecutoria, con destino a las partes y por intermedio de sus apoderados.

6. Sin condena en costas.

7. Por secretaría EXPÍDANSE copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, las cuales se entregarán a quien acredite estar actuando como apoderado judicial dentro del proceso.

8. Ejecutoriada la presente sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de primera instancia para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Consejeros: Stella Conto Díaz del Castillo, Presidenta de la Sala—Ramiro Pazos Guerrero—Danilo Rojas Betancourth».

1 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 9 de septiembre de 2008, Exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

2 Todos los reenvíos corresponden a números de párrafos del acápite de hechos probados, salvo precisión en contrario.

3 En este sentido ver auto de la Sección Tercera de 3 de marzo de 2010, Exp. 36473, M.P. Ruth Stella Correa Palacio y auto de 9 de mayo de 2011 de la Subsección C, Sección Tercera, Exp. 40324, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

4 A folio 3 del cuaderno 1 obra certificado del 8 de octubre de 2007, expedido por la Fiscalía Delegada ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Segovia, en la que señala que el 10 de mayo de 2007 se archiva el expediente de la causa penal: “Que en este despacho se adelantó sumario radicado bajo el Nº 2044, por el delito de REBELIÓN, donde aparece como sindicado el señor, URIEL DE JESÚS ARBOLEDA CASTAÑO, quien se indaga el 22 de agosto de 2006, se le resuelve su situación jurídica el 24 de agosto del mismo año, donde el despacho le impone medida de aseguramiento de la detención preventiva, sin beneficio de libertad provisional. El 9 de octubre del 2006 se revoca la resolución donde se resolvió la situación jurídica al encartado, una vez regresó del Tribunal Superior de Antioquia donde se encontraba en apelación, y se deja en libertad al implicado. El 2 de mayo de 2007 se dicta resolución de PRECLUSIÓN a favor del sindicado y el 10 del mismo mes y año se archiva el expediente”.

5 Esta norma establecía: “Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiese sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

6 Ver, al respecto, Sección Tercera, sentencia de 6 de abril de 2011, Exp. 21653, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

7 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

8 Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencia de abril 6 de 2011, Exp. 21653, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

9 Sobre el particular ver, entre muchas otras, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia de 12 de mayo de 2012, Exp. 20569, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

10 Op. Cit. sentencia de 6 de abril de 2011, Exp. 21653.

11 [24] “...lesión indemnizable...se predica, pues, del efecto de la acción administrativa (no de la actuación del agente de la Administración causante material del daño), a partir de un principio objetivo de garantía del patrimonio de los ciudadanos que despliega su operatividad postulando la cobertura del daño causado en tanto en cuanto no existan causas de justificación que legitimen como tal el perjuicio de que se trate. Estas causas de justificación han de ser expresas para que puedan ser estimadas y deben consistir siempre en un título que determine o imponga como jurídicamente querido el perjuicio contemplado”. García de Enterría, Tomas Ramón Fernández. Curso de Derecho Administrativo. Editorial. Civitas. Tomo II, Madrid, 1995, pág. 373. En el mismo sentido, la Corte Constitucional ha señalado: “este concepto [daño antijurídico] armoniza sistemáticamente con la regulación constitucional de los derechos individuales, pues se entiende que ante el incremento de la actividad del poder público se impone la necesidad de reforzar los mecanismos de protección de los particulares, “al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades”. Sentencia C-254 de 2003.

12 Consejo de Estado, Sección Tercera-Sala Plena, sentencia de unificación de 17 de octubre de 2013, Exp. 23.354, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

13 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de agosto de 2013, Exp. 29779, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

14 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de julio de 2012, Exp. 24688, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto del 2014, Exp. 36.149, M.P. Hernán Andrade Rincón.

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, Exp. 31.170, M.P. Enrique Gil Botero.

17 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de septiembre de 2011, Exp. 19.031, M.P. Enrique Gil Botero.

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, Exp. 32.988, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

19 Vp = Vh índice final

índice inicial

Donde: Vp: Valor presente de la renta. Vh: capital histórico o suma que se actualiza. Índice final certificado por el Banco de la República a la fecha de esta sentencia, el de septiembre de 2016: 132,77 a falta del índice del mes de octubre de 2016. Índice inicial: el de la fecha de la sentencia de primera instancia, esto es, la proferida el 30 de agosto de 2010 por el Tribunal Administrativo de Antioquia: 104,59.