Sentencia 2008-01604 de mayo 6 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C

Rad.: 05001-23-31-000-2008-01604-01 (38.478)

Consejera Ponente (E):

Dra. Olga Mélida Valle de De La Hoz

Demandante: Sonia Gómez Tobón y otros

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D. C., seis de mayo de dos mil quince.

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 27 de octubre de 2009 por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, en la que se negaron las súplicas de la demanda.

I. Antecedentes

Mediante escrito presentado el 1º de agosto de 2007, actuando en causa propia debidamente representados por apoderado judicial, los señores: Sonia Gómez Tobón, Nicolás Estrada Villa, Sebastián Estrada Gómez y Manuela Estrada Gómez presentaron demanda de reparación directa por la privación injusta de la libertad a que fue sometida la señora Sonia Gómez Tobón.

En consecuencia, deprecaron las siguientes declaraciones y condenas:

“1. Que la Fiscalía General de la Nación es administrativamente responsable de los daños y perjuicios causados a la señora Sonia Gómez Tobón, por la privación arbitraria e injusta de su libertad de que fue objeto.

2. Como consecuencia de la declaración anterior, la entidad demandada deberá pagar a los demandantes, al día siguiente de la ejecutoria de la sentencia, por concepto de:

a. Perjuicios morales.

El equivalente en pesos colombianos para cada uno de los demandantes y al momento de la ejecutoria de la sentencia, según lo certificado del Banco de la República, así:

Sonia Gómez Tobón 100 SMMLV $43’370.000

Nicolás E. Estrada Villa 100 SMMLV $43’370.000

Sebastián Estrada Gómez 100 SMMLV $43’370.000

Manuela Estrada Gómez 100 SMMLV $43’370.000

Total 400 SMMLV $173’480.000

b. Perjuicios materiales

Daño emergente: $4’800.000 que deberán ser cancelados a Sonia Gómez Tobón

3. Intereses

La entidad demandada pagará intereses moratorios al día siguiente de la ejecutoria de la sentencia, según certificado de la Superintendencia Bancaria.

Las sumas a que fuere condenada la Fiscalía General de la Nación serán actualizadas con fundamento en el índice de precios al consumidor, artículo 178 del Código Contencioso Administrativo y teniendo en cuenta las fechas en que se hizo el desembolso o se dejó de recibir los ingresos correspondientes” (fls. 5 y 6 del cdno 1).

2. Como fundamento de las pretensiones, se expusieron los siguientes hechos:

2.1. La señora Sonia Gómez Tobón salió del país con destino a la ciudad de Texas en los Estados Unidos de América el 24 de octubre de 2003, viajando en plan vacacional en compañía de su esposo e hija. A su salida del país no se presentó ninguna novedad ni inconveniente alguno.

2.2. A su regreso a Colombia un mes después, el 23 de noviembre de 2003, cuando ingresaba al aeropuerto José María Córdoba de Rionegro (Antioquia), siendo aproximadamente las 9:00 pm, fue detenida por miembros del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, con fundamento en la orden de captura vigente del 18 de agosto de 2000, expedida por la Fiscalía Nº 10 Especializada de la Unidad de Terrorismo y otros delitos de Medellín, sindicándosele el delito de rebelión

2.3. En efecto, en dicho informe figura la señora Sonia Gómez Tobón con el alias de “Mónica”, y es señalada como colaboradora de la columna Carlos Alirio Buitrago del ELN. En consecuencia, al siguiente día fue dejada a disposición de la Fiscalía 93 Seccional de Medellín. Al siguiente día se le recibió indagatoria y en la misma diligencia el despacho se abstuvo de proferir medida de aseguramiento de detención preventiva y ordenó su libertad y la emisión de las comunicaciones Nº 29.956 al 29.959, proferidas el 28 de noviembre siguiente.

2.4. El 26 de noviembre de 2003 la señora Gómez Tobón recuperó su libertad, presentando a partir de entonces una perturbación psíquica originada en estos hechos, por lo que tuvo que recurrir al servicio de psiquiatría del Hospital Pablo Tobón Uribe, cuya historia clínica corroboró que los trastornos depresivos obedecían al episodio de injusta privación de su libertad.

2.5. Más de dos años después —el 27 de abril de 2005—, la señora Sonia Gómez Tobón se dirigió a las instalaciones del DAS en Medellín con el fin de solicitar su certificado de antecedentes judiciales y allí mismo fue detenida nuevamente por figurar en la base de datos de esa institución con orden de captura vigente, circunstancia por la que debió permanecer el día entero privada de su libertad.

2.6. Solo fue hasta el 9 de agosto, en la providencia proferida por la Fiscalía 93 Seccional —adscrita a la Unidad de Delitos contra el Régimen Constitucional y Legal, Seguridad Pública y otros—, que se ordenó precluir la investigación en favor de la señora Sonia Gómez, una vez se dilucidó que luego de haberse resuelto su situación jurídica no se allegó ninguna prueba que esclareciera su vinculación con la organización subversiva.

2.7. En este orden, la señora Sonia Gómez Tobón estuvo detenida en dos oportunidades, vinculada a una investigación que se prolongó por más de año y medio y en razón de la cual se ha visto impelida a no abandonar su casa y se ha abstenido de programar viajes al exterior. En consecuencia, el grupo familiar ha afrontado serios perjuicios morales al punto de haber requerido todos de tratamiento psicológico.

3. La demanda fue admitida mediante auto del 6 de agosto de 2007 y notificada en debida forma.

En el término de fijación en lista, la apoderada de la Fiscalía General de la Nación desconoció los hechos afirmados y deprecó la exhaustiva prueba de cada uno de ellos, al tiempo que se opuso a todas las pretensiones formuladas, comoquiera que el ente acusador actuó en cumplimiento de las funciones asignadas constitucional y legalmente, razón por la que el daño que se le pretende endilgar no tiene carácter antijurídico.

En cuanto a las razones de defensa, expuso que en virtud del señalamiento que representaba la orden de captura que pesaba en contra de la señora Sonia Gómez, era deber de la Fiscalía General iniciar la investigación que permitiera el esclarecimiento de los hechos y en consecuencia determinar la eventual comisión de una conducta punible, en cumplimiento estricto de las obligaciones que constitucionalmente le son atribuidas.

Ahora bien —agrega—, en curso de la exhaustiva investigación bastaron tres días para desvirtuar la sospecha que pesaba en contra de la sindicada, circunstancia que motivó su libertad de manera inmediata, en un procedimiento que no desbordó el tiempo de reacción ni por el cual se podía acusar de exceder el uso de sus poderes de investigación.

En consecuencia, propuso las excepciones de ausencia de causa para demandar, inexistencia de la obligación de indemnizar, aplicación de la teoría de las cargas públicas, ausencia de daño antijurídico y tasación exagerada de perjuicios, esta última comoquiera que la indemnización debe tener un carácter resarcitorio y no erigirse como un medio de enriquecimiento para los particulares.

Sostuvo que la historia clínica es contundente al afirmar que las afecciones psicológicas de la señora Gómez Tobón eran anteriores al suceso y no surgían como una consecuencia del mismo, o dicho de otra forma, eran trastornos propios de su personalidad.

El proceso se abrió a pruebas mediante proveído del 2 de noviembre de 2007, en el que se decretaron las pedidas por las partes, con excepción de la prueba pericial, puesto que no se consideró que para la liquidación del daño emergente se requiriera un especial conocimiento técnico o científico, y junto a la actualización de valores —de conformidad con los indicadores económicos relevantes—, hace parte de las tareas propias del juez.

A continuación, el 1º de julio de 2008 se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y se dejó el expediente a disposición del Ministerio Público en caso de que el delegado rindiera concepto.

En escrito oportunamente allegado, la apoderada de la parte demandante insistió en la falta de diligencia de la Fiscalía General de la Nación para identificar en debida forma a la señora Sonia Gómez Tobón, y que dicha tarea se debió cumplir de manera previa a su detención. De esa manera —aseguró— los errores cometidos por la Administración en la identificación de la persona a través de los datos contenidos en su cédula de ciudadanía y el número de la misma, prueba la falla cometida por la entidad, de la que no se puede hacer responsable al ciudadano de buena fe.

Exaltó que en ningún momento tomaron su huella digital para compararla con las registradas en el sistema, situación que configura la ligereza de que se acusa a la Fiscalía, puesto que tuvo que privar de su libertad a la señora Sonia Gómez para poder verificar días después que no se trataba de la delincuente que buscaban.

Respecto a la duda razonable en la que se escudó la entidad para mantenerla privada de su libertad, arguyó que fue artificialmente creada, puesto que no tenían por qué tener duda sobre la falta de identidad entre la señora Sonia Gómez y la presunta colaboradora de la guerrilla que tenía orden de captura, puesto que la detenida siempre se identificó con la cédula de ciudadanía con la que se da cuenta de las marcadas diferencias en los rasgos físicos de ambas mujeres.

En ese orden, acusó de vulnerada la dignidad, la honra, el buen nombre y el orden justo, derechos de consagración constitucional que por haberse desatendido generaron perjuicios morales de considerable gravedad, los cuales no tenía por qué soportar. De igual manera, su familia sufrió las repercusiones que el drama de su injusta privación de la libertad les trajo, pues todos sufrieron de depresión y perdieron peso.

A su turno, la Fiscalía General de la Nación presentó la excepción de caducidad de la acción, puesto que transcurrieron más de dos años desde la última privación de la libertad que tuvo que soportar, la cual sostuvo que se prolongó por dos horas.

Así mismo, alegó la inexistencia de nexo causal, puesto que la privación de la libertad a que se vio sometida, figuraba en la historia clínica de la señora Sonia Gómez Tobón como un antecedente aislado, pero no como un hecho desencadenante de la patología psíquica que padecía desde antes.

Finalmente, resaltó que las pretensiones de la demandante eran excesivas y desproporcionadas, puesto que los montos que solicitó, no tenían un propósito resarcitorio, sino lucrativo a costa del Estado.

El Ministerio Público, en su oportunidad, consideró que la orden de captura emitida en contra de la señora Sonia Gómez Tobón estuvo fundamentada en un informe serio que gozaba de confiabilidad y certeza, llevado a cabo por escuadrones de inteligencia de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, por lo cual resultaba necesario asegurar la comparecencia de las personas relacionadas en ese informe —en el que figuraba la señora Gómez Tobón—. En ese orden, no se consideraba injusta la detención de la demandante, comoquiera que por su vinculación le asistía el deber de soportar las medidas necesarias para el esclarecimiento de las circunstancias.

Pero lo más relevante —señaló—, es que la Fiscalía General de la Nación obró expeditamente, imponiendo diligencia y celeridad en la investigación al punto de decidir sobre la situación jurídica de la sindicada tan solo un día después de que fuera dejada a su disposición, de manera que la detenida no tuvo que soportar dilaciones injustificadas ni trámites dispendiosos, mucho menos interpretaciones caprichosas o malintencionadas.

Finalmente, previo a proferir sentencia, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Medellín, ante quien se interpuso la demanda, declaró su falta de competencia para continuar conociendo del asunto y en consideración a lo previsto por el artículo 215 del Código Contencioso Administrativo, remitió el proceso al Tribunal Administrativo de Antioquia, quien avoco su conocimiento el 19 de diciembre de 2008.

II. Sentencia de primera instancia

El a quo, en sentencia del 27 de octubre de 2009, consideró que la vinculación de la señora Sonia Gómez Tobón contó con suficiente mérito legal, ya que se adelantó el procedimiento de la manera indicada, practicándosele oportunamente la indagatoria por el delito de rebelión, medio de defensa que garantiza el desarrollo de los derechos fundamentales comoquiera que al practicarse se le dio la oportunidad a la sindicada de explicar su conducta y solicitar la práctica de las pruebas que considerara pertinentes para su defensa. Agregó que de esa manera, la vinculación al proceso mediante la indagatoria es una carga procesal normal que todos están en la obligación de soportar y, que aún así, tampoco se logró acreditar el daño padecido.

Destacó que la vinculación mediante indagatoria no constituye un perjuicio anormal por lo cual tampoco se entiende que se haya generado una carga excepcional para la demandante sino que, por el contrario, se trata del deber común de todo ciudadano de someterse al ejercicio de las funciones judiciales del Estado, que conlleva para sus operadores facultades precisas otorgadas por la ley y la Constitución con el propósito de esclarecer la verdad y administrar justicia.

En relación con la detención que posteriormente —el 27 de abril de 2005— se efectuó en las instalaciones del DAS, agregó que no puede endilgarse responsabilidad a la entidad, toda vez que mediante Oficio 29.957 del 28 de noviembre de 2003, se le solicitó a ese departamento de inteligencia que se cancelara la orden de captura proferida en contra de la señora Sonia Gómez Tobón, como debió haberlo hecho en ese entonces.

Insistió en que, de todas maneras, en el proceso no se encuentra establecida la ocurrencia del perjuicio, razón por la que cualquier otro razonamiento al respecto —como su imputación al Estado—, resulta inútil.

Finalmente determinó que al proceso no se allegó elemento probatorio que permita de manera contundente identificar el daño causado a los demandantes, razón por la que no hay lugar al estudio de la responsabilidad. Concluyó que a la demandante no se le desconoció ninguno de sus derechos ni se le causó perjuicio alguno, sino que por el contrario el procedimiento seguido fue benevolente, circunstancias que dieron lugar a la denegación, tanto de excepciones como de pretensiones.

III. Trámite en segunda instancia

Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso en su contra recurso de apelación que fue concedido en auto del 18 de enero de 2010 y admitido en esta corporación el 29 de abril siguiente.

En su escrito, oportunamente presentado, la apoderada manifestó su desacuerdo con la denegación de las pretensiones y la falta de condena en costas.

Iteró la ilegalidad de la detención que la señora Sonia Gómez Tobón tuvo que soportar, destacando que se trató de una incuestionable falla en su identificación, la que le es solo atribuible a la entidad demandada, que no se tomó el sencillo trabajo de cotejar la información que constaba en la orden de captura con el documento exhibido por la investigada, al punto de ni siquiera haberse molestado en compulsar las huellas dactilares, ligereza que originó los perjuicios que se reclaman.

Llamó la atención sobre el periodo en que la orden de captura se encontraba vigente, circunstancia que no solo acarreó las detenciones injustas en su contra, sino que además le impidió a la señora Gómez Tobón su libre desplazamiento por el territorio nacional y, por supuesto, las salidas al extranjero.

Afirmó que además de la historia clínica, los testimonios obrantes en el proceso dan cuenta de la grave afectación psicológica que la injusta privación de su libertad le acarreó a la señora Sonia Gómez. Destacó, además, que los perjuicios materiales también fueron objeto de demostración y por ende deben ser indemnizados.

Sostuvo que la ley es clara al definir los casos en los que procede la indemnización por la privación injusta de la libertad, supuestos que se cumplen todos en el caso que se demanda y con fundamento en lo cual solicitó que sea revocado el fallo y en su lugar se acceda a las pretensiones.

En proveído del 10 de junio de 2010 se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y se dejó a disposición el expediente para que el Ministerio Público rindiera concepto.

La apoderada de la parte demandante insistió en sus argumentos, destacando que fue la Fiscalía General de la Nación la responsable de la ligereza que conllevó a la equivocación por la cual hoy se reclama, ya que se confundió a una ciudadana de bien con una persona sindicada de colaborar con la guerrilla, sin haberse practicado las acciones oportunas para su plena identificación, deber que de haberse cumplido habría evitado los perjuicios morales y materiales cuya indemnización se depreca.

Cuestionó que no se encuentren acreditados los perjuicios morales, cuando se demostró que la señora Sonia Gómez Tobón tuvo que asistir esposada y custodiada por agentes del orden público al grado de su hija, bochornosa situación que repercutió en todos los miembros de la familia.

Insistió en que el daño se provocó de manera continuada, puesto que la primera detención de la señora Gómez Tobón ocurrió en octubre de 2003 y solo hasta el 9 agosto de 2005 se profirió la resolución que precluyó la investigación a su favor, manteniéndose vigente por este período la orden de captura en su contra, lo que hace ostensible la equivocación del ente demandado y la vulneración de los derechos de los demandantes, con lo que finalmente solicitó se revoque el fallo y se acceda a las pretensiones.

De otro lado, el apoderado de la Fiscalía General de la Nación iteró que la entidad obró en el marco constitucional y de legalidad. Además, enfatizó en que a la demandante nunca se le profirió medida de aseguramiento de detención preventiva en su contra y, entre otras cosas, tampoco demostró los perjuicios que adujó sufrir.

Alegó que las certificaciones de honorarios de quienes aducen haber representado a la señora Sonia Gómez Tobón no cuentan con la debida presentación personal, por lo que no ofrecen respaldo probatorio alguno y por ende no resultan confiables.

Por otro lado, afirma que la historia clínica no es concluyente para desprender de allí que la patología que afecta a la demandante haya tenido su origen en los hechos que se discuten. Redondeó asegurando que no obra prueba alguna en el expediente que acredite la ilegalidad en el accionar de la Fiscalía General, lo que quiere decir que la parte demandante incumplió con su carga probatoria, es decir, con el deber de demostrar las acusaciones realizadas.

En esas circunstancias, rechazó condena alguna en contra de la entidad, ya que no se exhibió prueba alguna que configure la falla en el servicio, pero tampoco se acreditó la ocurrencia del daño, por ende mucho menos la relación de causalidad entre uno y otro elemento de la responsabilidad, por lo que no hay lugar a decretarla.

El Ministerio Público guardó silencio.

IV. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 27 de octubre de 2009 por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia. Para ello, habrá de seguirse el siguiente derrotero: 1) competencia y caducidad, 2) hechos probados, 3) análisis y conclusiones y 4) indemnización de perjuicios.

1. Competencia y caducidad.

La Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, de conformidad al artículo 73 de la Ley 270 de 1996 y al auto de 9 de septiembre de 2008, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado(1).

En efecto, la ley estatutaria de administración de justicia se ocupó de regular de manera expresa la competencia para conocer y decidir las acciones de reparación directa “derivadas del error jurisdiccional, de la privación injusta de la libertad y del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia”, y sostiene que “únicamente el Consejo de Estado y los tribunales administrativos” son competentes para ello, lo cual significa que el conocimiento de los citados procesos en primera instancia se radica en los tribunales administrativos y en segunda instancia en esta corporación, sin importar la cuantía del proceso.

En cuanto a la oportunidad para ejercer la acción, se tiene que la orden de captura tuvo vigencia hasta el 9 de agosto de 2005, fecha en que la Fiscalía encargada precluyó la investigación que cursaba en contra de la señora Sonia Gómez, y la demanda fue interpuesta el 1º de agosto de 2007. De conformidad con el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, se debe concluir que la demanda se interpuso dentro del término estipulado, es decir, no operó el fenómeno de la caducidad.

2. Hechos probados.

2.1. Conforma el conjunto probatorio copia auténtica del radicado No. 30.691 del 18 de agosto de 2000, que contiene la apertura de instrucción y orden de captura en contra de la señora Sonia Gómez Tobón, en los siguientes términos.

“[E]n consecuencia se ordena vincular formalmente a la investigación a las personas que seguidamente se relacionan, y se les libra orden de captura para ser escuchados en diligencia de indagatoria. Lo anterior teniendo en cuenta que con base en la documentación incautada, declaraciones que obran en el plenario y labores propias de inteligencia de los organismos investigativos que han venido realizando la actividad probatoria en el plenario, se concluye que existen serios indicios respecto a que estas personas hacen parte del frente guerrillero Carlos Alirio Buitrago del Ejército de Liberación Nacional y presuntamente han participado en atentados terroristas, secuestros, extorsiones y demás ilícitos:

[…]

39. Gómez Tobón Sonia, alias Mónica, identificada con la C.C. Nº 32’516.292 de Medellín, hija de Gustavo e Inés, pertenece al grupo de apoyo de jefes de cuadrillas del Carlos Alirio Buitrago. Sindicada de rebelión (fls. 13 y 14 del cdno. 1) (negrillas y subrayas adicionadas).

2.2. Seguidamente, obra copia auténtica de la resolución del 25 de noviembre de 2003, mediante la cual la Fiscalía 93 Seccional de la Unidad de Delitos Contra el Régimen Constitucional y Legal, Seguridad Pública y otros, decidió abstenerse de imponer medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de Sonia Gómez Tobón –identificada con la cédula de ciudadanía Nº 32.516.292 de Medellín, previas las siguientes consideraciones:

“Del informe policivo se tiene que la hoy procesada fue retenida por miembros del DAS cuando en un vuelo comercial de la aerolínea COPA procedente de EUA, pasaba por migración […], y al constatar sus documentos con la base de datos se obtuvo que tenía una orden de captura vigente […], por lo que fue capturada el 23 de noviembre del presente año en el aeropuerto de Rionegro, puesta a disposición de este despacho el día 24 de los mismos e indagada el día de hoy (25)”.

No se reúnen los requisitos para imponer medida de aseguramiento en contra de Sonia Gómez. No existe indicio grave alguno que pueda endilgarse a la investigada como tampoco circunstancias que la comprometan en su responsabilidad frente a conducta alguna desplegada que riña con la legislación punitiva, lo único obrante en el expediente es su nombre relacionado en la decisión del 18 de agosto de 2000, peor, no existen pruebas en la foliatura que corroboren su participación en grupos al margen de la ley o que sea señalada directamente como colaboradora del ELN, sus dichos en la injurada son de recibo para esta delegada y como queda demostrado no se reúnen en su contra ni siquiera un indicio grave que comprometa su responsabilidad dentro del proceso que aquí se adelanta. No existen razones entonces para que permanezca privada de la libertad.

Así las cosas, no se reúnen a cabalidad los presupuestos exigidos por el Código de Procedimiento Penal para proferir en contra de Sonia Gómez medida de aseguramiento de detención preventiva.

La procesada goza de manera inmediata de la libertad por lo que se ordenarán las comunicaciones pertinentes al centro carcelario donde se encuentra y se expedirá su boleta de libertad respectiva por la Secretaría de la Unidad se procederá a hacer la respectiva notificación de esta decisión” (fls. 15 a 17 del cdno. 1) (negrillas y subrayas adicionadas).

2.3. A continuación, haciendo parte del acervo de pruebas, se encuentra el informe del 27 de abril de 2005 suscrito por la Fiscal 93 Seccional de la Unidad de Delitos Contra el Régimen Constitucional y Legal, Seguridad Pública y otros, en el que se dirigió al Departamento Administrativo de Seguridad refiriéndose a la detención de la señora Sonia Gómez Tobón, así:

“Con el presente informo a ustedes que en este despacho se adelanta el proceso radicado bajo el número 462.688, por el punible de rebelión, en el que se investiga, entre otros, a la señora: Sonia Gómez Tobón, identificada con la cédula de ciudadanía Nº 32.516.292 de Medellín.

La investigación se inició en la Fiscalía Décima (10) Especializada de Medellín, bajo el radicado 30.691, por terrorismo y otros delitos, se efectuó remisión de parte del proceso a las fiscalías seccionales de Medellín, correspondiendo por reparto a este despacho con el fin de que se hiciera investigación por rebelión a varios sindicados que solo estaban comprometidos en el punible últimamente citado, radicado hoy bajo el número 462.688 en este despacho.

La hoy capturada fue indagada el 25 de noviembre de 2003 y le fue resuelta su situación jurídica por rebelión el veinticinco (25) de noviembre de 2003, absteniéndose de imponerle medida de aseguramiento y disponiendo su libertad inmediata y ordenando la expedición de las comunicaciones respectivas, entre las que se libró la cancelación de la orden de captura […]. La investigación está vigente, pero no pesa orden de captura en su contra en este despacho, por esta investigación” (fl. 18 del cdno. 1) (negrillas y subrayas fuera del texto original).

2.4. A continuación, visible a folios 19 a 22 del cuaderno No. 1, se encuentra la resolución de acusación del 9 de agosto de 2005, expedida por la Fiscal 93 Seccional de la Unidad de Delitos Contra el Régimen Constitucional y Legal, Seguridad Pública y otros, mediante la cual precluye la investigación por el punible de rebelión en contra de la señora Sonia Gómez Tobón, previo considerar:

“A los sindicados se les libró orden de captura en agosto del año 2000 al igual que a muchas otras personas, lográndose su captura, como ya se señaló, siendo indagados y vinculados a la investigación, definiéndose su situación jurídica, absteniéndose el despacho de proferirles medida de aseguramiento, por encontrar que no existen los dos indicios necesarios para ello.

Con posterioridad a haberles resuelto situación jurídica, no fue arrimado ningún elemento probatorio adicional, que esclareciera la vinculación de ninguno de ellos, con la organización subversiva, ni con los hechos en los que se informó tuvieron participación.

Conforme lo preceptuado en el artículo 39 del Código de Procedimiento Penal, halla el despacho que no se ha logrado probar la responsabilidad de los implicados y desvirtuar su presunción de inocencia, por ello y por lo expuesto en atención a encontrarse cerrada la investigación, resulta pertinente precluir la investigación a Sonia Gómez Tobón […].

En vista de que no obstante obrar oficios comunicando a las diferentes autoridades la cancelación de las ordenes de captura, y a la falta de constancia de que las mismas hayan sido efectivamente recibidas, se dispone librar nuevamente oficios comunicando la cancelación de las mismas y esta decisión, una vez cobre ejecutoria” (fls. 19 a 22 del cdno. 1).

2.5. De folios 25 a 29, se encuentran los oficios consecutivos del 29.956 al 29.960 –todos del 28 de noviembre de 2003-, dirigidos en su orden al jefe de información y estadística de la Dirección Seccional de Fiscalías, al Director del DAS, al director del CTI, al Comandante de la IV Brigada y al Director de la Sijin de Medellín, en el que se les solicita:

“[s]e sirvan cancelar la orden de captura proferida en contra de la señora Sonia Gómez Tobón, C.C. 32.516.292 de Medellín por cuanto mediante Resolución del 26 de los corrientes este despacho se abstuvo de imponer medida de aseguramiento al momento de resolverle la situación jurídica en el radicado 462.688 por el delito de rebelión”.

3. Análisis y conclusiones.

3.1. El daño.

De los anteriores medios probatorios, se tiene por demostrado que el 18 de agosto de 2000 la Unidad Segunda de Fiscalías Delegadas ante los Jueces Penales del Circuito Especializados profirió apertura de instrucción en contra de más de 48 personas sindicadas de pertenecer al frente guerrillero Carlos Alirio Buitrago del ELN y, en consecuencia, libró órdenes de captura con el propósito de escuchar a los vinculados en indagatoria, todo ello con fundamento en documentación incautada, declaraciones de terceros y labores de inteligencia consignadas en informes de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional. Así mismo, se logró acreditar que entre las personas vinculadas a la investigación se incluyó a la señora Sonia Gómez Tobón, identificada con la cédula de ciudadanía No. 32.516.292 de Medellín, de quien los indicios hacían pensar que se trataba de alias “Mónica”, por lo que se le atribuía la comisión del delito de rebelión.

También se tiene certeza de que la captura de la señora Gómez Tobón se produjo a su arribo al aeropuerto de Rionegro (Antioquia), el 23 de noviembre de 2003, puesta a disposición de la Fiscalía 93 Seccional el 24 e indagada el 25 de noviembre de esa misma anualidad. Ese mismo día, la Fiscal encargada resolvió abstenerse de imponer medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de la investigada y se ordenó su inmediata libertad y la remisión de la decisión a las autoridades pertinentes, lo que implicaba de suyo el levantamiento de la orden de captura en su contra.

De igual manera, se tiene acreditado que el 27 de abril de 2005 la señora Sonia Gómez Tobón fue detenida nuevamente en las instalaciones del DAS, habida cuenta de la orden de captura que aún figuraba a su nombre de manera tal que —para recuperar su libertad—, fue la Fiscalía 93 Seccional quien en dicha oportunidad tuvo que intervenir para certificar que desde el 25 de noviembre de 2003 se había decidido el levantamiento de la medida cautelar en su contra. De esa manera, fue solo hasta el 9 de agosto de 2005 cuando el ente investigador profirió la resolución de preclusión de la investigación en favor de la señora Sonia Gómez e insistió nuevamente en el envío de los oficios respectivos a las autoridades competentes para que se levantara la orden de captura.

3.2. Título de imputación.

Pues bien, evaluado el conjunto probatorio, para la sala resulta desacertada la aplicación del régimen de privación injusta de la libertad por daño especial —teniendo en cuenta que en ningún momento se profirió medida de aseguramiento de detención preventiva de la libertad en contra de la detenida—, razón por la que, en desarrollo del principio iura novit curia (el juez conoce el derecho), el régimen que se aplicará para resolver el litigio es el subjetivo de falla en el servicio. La aplicación del principio iura novit curia, al que se acude en razón de la interpretación de la demanda, no está sujeta al razonamiento expuesto por las partes en cuanto al régimen de responsabilidad bajo el cual se debería estudiar la situación fáctica, estos deben limitarse a exponer los hechos y será el juez quien defina la norma y el régimen de responsabilidad aplicable al caso, lo que no implica una modificación a la causa petendi como lo ha sostenido en varias oportunidades la jurisprudencia de la Sección.

Y se consiente en que se presentó una falla en el servicio teniendo en cuenta que la orden de captura emitida en contra de las personas vinculadas a la investigación que la Fiscalía 93 adelantó a partir del acto de apertura, emitido el 18 de agosto de 2000, no tenía un fundamento suficiente en el que pudieran soportarse, más allá del presunto informe de inteligencia del que nada se conoció, además de ser la fuente de las sospechas en contra de la injustamente privada de la libertad. Dicha información, así puesta de presente, redunda en la irregularidad de las órdenes proferidas, de la que se da cuenta en la misma resolución cuando afirma que el propósito de las detenciones ordenadas es la de asegurar la comparecencia de los implicados para corroborar su plena identificación y “escucharlos en indagatoria”, artilugio que se presenta como una medida necesaria, haciendo parecer que para establecer la responsabilidad de los presuntos colaboradores de la guerrilla hubiesen dependido solo de la confesión de los mismos.

En efecto, ya en casos similares se ha considerado que al encontrarnos en esta hipótesis, el asunto se define bajo un régimen objetivo de responsabilidad, sin embargo ante las graves irregularidades que se presentaron al momento de dictar la medida de aseguramiento, y que permanecieron durante la investigación, resulta necesario declarar la responsabilidad de la demandada con fundamento en la falla del servicio.

De acuerdo con las pruebas relacionadas hasta el momento, la orden de captura en contra de Sonia Gómez Tobón, proferida por la Unidad Segunda de Fiscalías Delegadas ante los Jueces Penales del Circuito Especializados, no tuvo sustento probatorio, comoquiera que el informe de inteligencia no podía ser considerado como prueba válida para sustentar esa medida.

La orden de captura tuvo como fundamento un informe de inteligencia, del que nunca se acreditó su ratificación por quien lo suscribió(2); sobre el valor probatorio de estos informes, la Sala ha señalado:

En cuanto a la retención ilegal, considera la Sala que la cuestión jurídica debatida debe examinarse desde la perspectiva de la falla en el servicio que supone la actuación de las autoridades con fundamento en vagos “informes de inteligencia” no procesados adecuadamente ni suficientemente decantados, que conducen en no pocas ocasiones a adoptar medidas apresuradas que ciertamente ocasionan a los administrados un daño injustificado que, de haberse procedido con diligencia y respeto pleno de las libertades públicas, no se hubiere ocasionado(3).

El artículo 50 de la Ley 504 de 1999 —vigente a partir del 1º de julio de esa anualidad—, ha determinado que los informes de inteligencia carecen de valor probatorio. Al respecto la Corte Suprema de Justicia ha señalado:

Evidentemente, el artículo 50 de la Ley 504 de 1999 modificó el artículo 313 del Decreto 2700 de 1991 al introducir un inciso relacionado con que: “En ningún caso los informes de Policía Judicial y las versiones suministradas por los informantes tendrán valor probatorio en el proceso”, disposición que fue encontrada ajustada al mandato superior por la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-392 del 6 de abril de 2000.

En esa misma línea, el Legislador estableció en el artículo 314 de la Ley 600 de 2000 que las exposiciones escuchadas por funcionarios de policía judicial en las labores previas de verificación “no tendrán valor de testimonio ni de indicios y solo podrán servir como criterios orientadores de la investigación”.

A este respecto, la Sala ha precisado que: “La ley, en algunos casos, por razones de distinta índole, autoriza la práctica de una determina prueba, pero limita su eficacia probatoria, expresión que en dogmática casacional significa que la prueba es jurídicamente válida, pero solo tiene vocación probatoria para ciertos efectos. En materia penal un ejemplo típico de esta modalidad de tasación probatoria se encuentra en las regulaciones contenidas en los artículos 50 de la ley 504 de 1999 y 314 del Código de Procedimiento Penal, […] Como puede verse, la ley autoriza a los organismos de policía judicial realizar entrevistas y obtener exposiciones de informantes, pero introduce restricciones a la aptitud probatoria de estos elementos de juicio al disponer que solo pueden ser tenidos en cuenta como criterio orientador de la investigación, lo cual significa que pueden ser utilizados como guía o referente para buscar nuevas pruebas, o lograr su autorización, mas no como evidencia de la responsabilidad penal de la persona implicada por ellos, en ningún momento procesal, ni en la sentencia, ni en decisiones precedentes”(4).

Al considerar la constitucionalidad del citado artículo la Corte Constitucional señaló:

El art. 50 incorpora un inciso final al artículo 313 del Código de Procedimiento Penal, en el sentido de señalar que en ningún caso los informes de la Policía Judicial y las versiones suministradas por informantes tendrán valor probatorio en el proceso.

La mencionada disposición se ajusta plenamente a la Constitución, en la medida en que no le asigna valor probatorio a los mencionados informes y versiones, por tratarse de actuaciones extraprocesales no controvertidas por las personas a las cuales se podían oponer dentro del proceso.

Si el Legislador al diseñar las reglas del debido proceso conforme al artículo 29 de la Constitución puede determinar cuáles son los medios de prueba admisibles, igualmente está facultado para que en ciertos casos pueda disponer que un determinado instrumento probatorio no es idóneo como prueba dentro de un proceso. Sin embargo, entiende la Corte que dicha facultad no puede utilizarse en forma arbitraria, irracional y desproporcionada, sino que debe obedecer a una finalidad constitucional legítima.

En la Sentencia C-038 de 1996, al revisar la constitucionalidad del artículo 3º de la Ley 190 de 1995 halló inadmisible la finalidad de la ley destinada a neutralizar un medio probatorio, con el fin de precaver eventuales condenas judiciales. Dijo la Corte:

“No cabe duda de que el régimen probatorio (práctica, valoración y apreciación de las pruebas, medios probatorios, requisitos sustanciales y procesales aplicables a la aportación de las pruebas etc.), en general, se libra a la voluntad del Legislador. No obstante, el sistema que se establezca no puede desconocer la garantía del debido proceso y el respeto y protección de los restantes bienes y derechos constitucionales”.

“4. Una pretensión pública subjetiva que integra el derecho al debido proceso es la de presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en contra (C.P., art. 29). A este respecto, las limitaciones legales relativas a la conducencia o admisibilidad de un medio específico de prueba, solo resultan admisibles si persiguen un fin constitucional y las restricciones que entrañan son razonables y proporcionadas en relación con el mismo y las consecuencias que de este se derivan”.

“5. La finalidad de la ley —neutralizar un medio probatorio con el fin de precaver eventuales condenas judiciales en los procesos laborales—, viola la Constitución. La finalidad del Estado es la de proteger y garantizar los derechos de las personas (C.P., art. 2º) y ello no se logra ocultando la verdad que puede judicialmente establecerse mediante el acceso a sus archivos. El Estado y sus agentes, deben velar y defender los bienes e intereses del Estado. Para ello, sin embargo, no es necesario obstaculizar la correcta administración de justicia - que, por el contrario, debe ser secundada en su tarea -, privándola por ministerio de la ley de elementos probatorios que pueden ser útiles y relevantes a la hora de aplicar el derecho”.

En el presente caso la finalidad buscada por el Legislador es legítima, pues tiene su fundamento en el art. 29 de la Constitución que consagra la presunción de inocencia, la cual solamente puede ser destruida cuando se incorporan legal y regularmente al proceso pruebas que el sindicado está en la posibilidad de controvertir.

Los informes de la Policía si bien muchas veces revelan situaciones objetivas que han verificado sus agentes, en otras, son producto de indagaciones con terceros, muchas veces indeterminados, que estructuran conjeturas o apreciaciones que materialmente no son idóneos para fundar una prueba; pero en todo caso en su producción no intervienen las personas sindicadas que pueden verse afectados por ellos.

El Legislador ha descartado el valor probatorio de dichos informes sobre la base de conveniencias políticas, que él libremente ha apreciado, como podrían ser la unilateralidad de estos, y la de evitar que los funcionarios que deban juzgar se atengan exclusivamente a estos y no produzcan otras pruebas en el proceso, en aras de la búsqueda de la verdad real, con desconocimiento de los derechos de los sindicados. Por ello la Corte, en ejercicio del control constitucional, no se encuentra en condiciones de cuestionar dichas consideraciones políticas, pues ello corresponde a la competencia y libertad del legislador para diseñar la norma jurídica procesal.

Sin embargo, lo anterior no obsta para que el funcionario judicial competente pueda, a partir de dichos informes, producir dentro del proceso la prueba que se requiera para establecer la realidad y veracidad de los hechos que son relevantes en este, la cual naturalmente puede ser controvertida por el sindicado. Pero se anota que lo que dicho funcionario puede valorar es la prueba producida regularmente en el proceso, más no los mencionados informes(5) (negrilla fuera de texto).

Si bien, se trata de una norma posterior a los hechos que se discuten en este proceso, al considerar la constitucionalidad del artículo 35(6) de la Ley Estatutaria 1621 de 2013(7), la Corte Constitucional ha considerado:

Para la Corte esta disposición que señala que en ningún caso los informes de inteligencia y contrainteligencia tendrán valor probatorio dentro de los procesos disciplinarios y judiciales, no obstante podrá constituir criterio orientador durante la indagación, debiéndose garantizar en todo caso la reserva de la información, medios, métodos y fuentes, así como la protección de la identidad de los funcionarios, resulta conforme a la Constitución (arts. 1º, 2º, 4º, 5º, 29, 74 y 229 superiores).

Es importante señalar que los informes de inteligencia en palabras de este tribunal “no tienen el carácter de una imputación penal, sino que constituyen la identificación y procesamiento preventivo de una operación u operaciones que por sus características objetivas, razonablemente podrían llegar a estar relacionadas con el surgimiento de un delito”(8). De esta manera, los informes de inteligencia se soportan en el procesamiento preventivo de un conjunto de operaciones objetivas —reflejan métodos y acciones llevadas a cabo—, que trabajan sobre un margen de conjeturas o hipótesis sobre numerosa información que viene a terminar en unas conclusiones de la labor de inteligencia. 

Al existir un amplio margen de dudas sobre la información por no estar comprobada suficientemente, es completamente válido a la luz de la Constitución que el Legislador no le hubiere otorgado efecto jurídico de prueba dentro de los procesos disciplinarios y judiciales. Pero ello no significa que pasen desapercibidas en un todo, porque el contenido de tales informes podrá constituir un criterio orientador durante la indagación, lo cual atiende el deber del Estado, en virtud de la política criminal, de investigar con fundamento en la notitia criminis (art. 29 superior).

Lo anterior difiere sustancialmente de la interceptación o registro de correspondencia y demás formas de comunicación privadas, ya que esta se desarrolla mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley (art. 15 superior). La investigación penal pretende recaudar pruebas y establecer los responsables de una conducta delictual que se desenvolverá en el marco de un proceso penal.

La exequibilidad de esta disposición no es óbice para dejar de señalar que tratándose de investigaciones dirigidas a verificar las actuaciones de los organismos de inteligencia, los informes sí tendrán valor probatorio, como lo expusieron algunos intervinientes.

Por último, la expresión “en todo caso se garantizará la reserva de la información, medios, métodos y fuentes, así como la protección de la identidad de los funcionarios de inteligencia y contrainteligencia”, se declarará exequible bajo las consideraciones vertidas sobre los artículos examinados del capítulo VI.

En consecuencia, la Corte declarará la exequibilidad de esta disposición, conforme a las consideraciones anotadas(9) (negrilla fuera de texto).

Las anteriores consideraciones tienen como fundamento el que los informes de inteligencia no pueden tener valor probatorio por tratarse de actuaciones extraprocesales, que no han sido controvertidas por las personas contra las cuales se les oponen en un proceso penal. Así mismo, la Corte Constitucional en las dos sentencias citadas ha señalado que el soporte de tal razonamiento es el artículo 29 de la Constitución Política que consagra los principios del debido proceso y la presunción de inocencia, comoquiera que esta solo puede ser desvirtuada mediante pruebas legal y regularmente allegadas al proceso, pues es allí donde el sindicado puede controvertirlas. Igualmente señalan que esos informes al provenir de terceros, los llamados “informantes”, pueden llevar a apreciaciones o conjeturas que no son consideradas como pruebas.

Esos informes, en todo caso, sirven para orientar la investigación y producir la prueba necesaria con el fin de establecer la realidad y la veracidad de los hechos que se controvierten en el proceso, bajo el entendimiento que el sindicado puede ejercer plenamente el derecho de contradicción frente a los mismos. Lo que revelan los informes de inteligencia son procedimientos que llevan a una serie de hipótesis que, de confirmarse, pueden establecer la existencia de un delito. Es decir, su valor reside en que se constituyen en un criterio orientador de la investigación penal, pero al mismo tiempo, al tratarse de sospechas, son apreciaciones que no están comprobadas suficientemente y no pueden ser consideradas como pruebas.

De allí que —aun cuando no se puede hablar del título de privación injusta de la libertad—, se imponga la indemnización de los perjuicios causados a los demandantes, sin dejar de resaltar que el análisis de la falla también se puede surtir a partir de la omisión a la cancelación de la orden de captura de parte de la entidad demandada, pues como consecuencia de la precariedad del fundamento de la medida, en nombre de la carga procedimental atribuida a la demandada y el deber de soportar de la investigada, se vulneraron los derechos a la honra y buen nombre de la señora Sonia Gómez Tobón; pero además, aunque ajustada a la ley de procedimiento penal vigente y de la connotación de carga ciudadana atribuida, la investigación en su contra y los días que permaneció a disposición del ente fiscal se suscitaron a partir de una prueba de exigua confiabilidad y por tanto insuficiente por sí sola para haber fundamentado con rigor la orden de captura.

4. De los perjuicios.

4.1. Perjuicios materiales.

4.1.1. Daño emergente.

Los demandantes solicitaron por este concepto el pago de los honorarios que se causaron con ocasión de la defensa judicial y asistencia jurídica durante las detenciones que padeció la señora Sonia Gómez Tobón.

Para tales efectos, visibles a folios 23 y 24, se aportaron dos comprobantes suscritos por profesionales del derecho que certifican la asistencia que brindaron con ocasión de la orden de captura y posterior detención de la señora Gómez Tobón. Sin embargo, la Sala le dará valor probatorio solo al primero de ellos en el tiempo —fechado el 24 de noviembre de 2003—, que constata el pago de $800.000 por concepto de honorarios profesionales, comoquiera que resulta evidente que al momento de su captura, la víctima debió acudir a un apoderado judicial para su defensa; no ocurre de igual manera con el siguiente certificado, puesto que da cuenta de la cancelación de $4’000.000 por honorarios causados en la investigación seguida en su contra por el delito de rebelión, pero en el proceso no aparece constancia alguna de la gestión realizada por la abogada Inés Vélez Palacio, ni del certificado se realizó presentación personal —como lo advierte la demandada—, y en todo caso la misma no hace parte de la imputación.

Así las cosas, los pagos referidos ascendieron a la suma de $800.000, que traídos al valor presente(10) —desde el momento en que inició el procedimiento en su contra, es decir, noviembre de 2003—, generan un gran total de $1’280.890

4.1.2. Lucro cesante.

Por este concepto no se hizo solicitud alguna, por lo cual no hay lugar a decretarse.

4.2. Perjuicios morales.

Los demandantes Sonia Gómez y Nicolás Estrada acreditaron su vínculo marital mediante el registro civil de matrimonio obrante a folio 9 del cuaderno 1, nupcias que contrajeron el 11 de junio de 1983.

De otro lado, mediante los registros civiles de nacimiento obrantes a folios 10 y 11 se acreditó la filiación de Sebastián y Manuela Estrada Gómez, hijos de la pareja.

Bajo dichas circunstancias, se da por probado el perjuicio moral, con motivo de la orden de captura impuesta en contra de Sonia Gómez Tobón y el procedimiento seguido en su contra con fundamento en informes de inteligencia, por cuanto las reglas de la experiencia hacen presumir que en este tipo de eventos se causa dolor y angustia a sus parientes cercanos, con quienes conforma su núcleo familiar, en atención a las relaciones de cercanía, solidaridad y afecto, entendida la familia como núcleo básico de la sociedad.

Atendiendo a la carga procesal que injustamente tuvo que padecer la señora Sonia Gómez Tobón y al daño que a su honra y buen nombre se le causó con la orden de captura que fue justificada de manera deleznable por la autoridad demandada, la Sala encuentra necesario acudir a criterios de equidad para valorar la indemnización del perjuicio.

Así las cosas, como en el sub judice se presume la aflicción padecida, habrá que decretar el perjuicio moral solicitado, según el arbitrio indicado, para lo cual es imprescindible tener en cuenta la naturaleza y la gravedad de la lesión, esto es, circunstancias relativas al modo, tiempo y lugar en que ocurrió la vulneración; en el particular, se tiene establecido que la captura de la señora Gómez Tobón se prolongó por 4 días —del 23 al 25 de noviembre de 2003 y el 27 de abril de 2005—, razón por la cual se asignarán los porcentajes, para cada uno de los demandantes, en los valores que se indican a continuación:

Sonia Gómez Tobón3 SMMLV
Nicolás Evaristo Estrada Villa3 SMMLV
Sebastián Estrada Gómez3 SMMLV
Manuela Estrada Gómez3 SMMLV

En mérito de lo expuesto, El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia del 27 de octubre de 2009 por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia y en su lugar se dispone:

1: DECLÁRESE administrativamente responsable a la Nación —Fiscalía General de la Nación— de los perjuicios causados a los demandantes, con ocasión de la orden de captura y procedimiento penal seguido en contra de la señora Sonia Gómez Tobón, medida que se fundamentó en informes de inteligencia.

2: CONDÉNASE a la Nación, con cargo al presupuesto de la Fiscalía General de la Nación, a indemnizar los siguientes perjuicios a los demandantes:

A favor de Sonia Gómez Tobón, la suma de un millón doscientos ochenta mil ochocientos noventa pesos ($1’280.890) por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente.

A cada una de las siguientes personas, por concepto de perjuicios morales, el equivalente a 3 SMMLV: Sonia Gómez Tobón, Nicolás Estrada Villa, Sebastián Estrada Gómez y Manuela Estrada Gómez.

3: HÁGASE entrega de las copias al apoderado que ha venido actuando en representación de la parte demandante, de conformidad con lo consagrado por el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

4: DÉSELE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

5: Sin condena en costas.

En firme esta providencia vuelva el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Olga Mélida Valle de De La Hoz—Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(1) 2008-0009(IJ), M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(2) El Decreto 50 de 1987, Código de Procedimiento Penal vigente al momento de los hechos, establecía:
“ART. 331.—Funcionamiento transitorio. Hasta tanto no se reglamente el funcionamiento del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, continuarán desarrollando esta actividad la Policía Nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS”.
[…]
“ART. 337.—Requerimiento como testigos. Quienes ejerzan funciones del Cuerpo Técnico de Policía Judicial podrán ser llamados a declarar en el proceso como testigos”.
“ART. 338.—Valor probatorio de las diligencias. Las diligencias practicadas por el Cuerpo Técnico de Policía Judicial serán apreciadas por el juez conforme a las normas generales establecidas en este Código, para la aducción y crítica de la prueba”.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de noviembre de 1996, expediente: 9617, M.P. Ricardo Hoyos Duque.

(4) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 18 de marzo de 2009, M.P. Julio Enrique Socha Salamanca.

(5) Sentencia C-392/00, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(6) ART. 35.—Valor probatorio de los informes de inteligencia. En ningún caso los informes de inteligencia y contrainteligencia tendrán valor probatorio dentro de procesos judiciales y disciplinarios, pero su contenido podrá constituir criterio orientador durante la indagación. En todo caso se garantizará la reserva de la información, medios, métodos y fuentes, así como la protección de la identidad de los funcionarios de inteligencia y contrainteligencia.

(7) Ley Estatutaria 1621 de 2013: “Por medio del cual se expiden normas para fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones”.

(8) Sentencia T-708 de 2008.

(9) Sentencia C-540/12, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

(10)

S2008-00164-01