Sentencia 2008-01760 de julio 21 de 2011

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 11001112000200801760 01

Magistrado Ponente:

Dr. Angelino Lizcano Rivera

Aprobado según Acta 69 de la fecha

Bogotá, D.C., 21 de julio de 2011

EXTRACTOS: «Consideraciones

De conformidad con el mandato establecido en el artículo 256 numeral 3º de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 112 numeral 4º de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, y en armonía con el artículo 194 del Código Disciplinario Único, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para conocer y decidir el presente recurso de apelación.

Del caso concreto:

Establecida la calidad de funcionario judicial de la doctora Yolanda Castillo Barrera, procede esta Sala a adoptar la decisión que en derecho corresponda, no evidenciándose irregularidad alguna que pueda viciar de nulidad la presente actuación disciplinaria.

La fiscal investigada como funcionario judicial, conforme al fallo sancionatorio de primera instancia, incurrió en las faltas disciplinarias contenidas en los numerales 3° del artículo 154; y 2º del artículo 153 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia:

"ART. 154.—Prohibiciones. A los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, según el caso, les está prohibido:

(...).

3. Retardar o negar injustificadamente el despacho de los asuntos o la prestación del servicio a que estén obligados.

ART. 153.—Deberes. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes:

(...).

2. Desempeñar con honorabilidad, solicitud, celeridad, eficiencia, moralidad, lealtad e imparcialidad las funciones de su cargo.

La defensa adujo que la investigada actuó con diligencia, y respetando los principios que orientan el procedimiento penal, y que bajo todos los parámetros trató de adelantar la audiencia de conciliación, la cual era un requisito indispensable para continuar con el trámite de las diligencias, debido a delito investigado.

De la revisión de las pruebas aportadas a esta investigación, la Sala logró establecer que el Código de Procedimiento Penal, Ley 906, legislación vigente para la época en que se tramitó el proceso penal dentro del cual se presentó el retardo injustificado, no establece un término para adelantar la etapa preliminar, lo cierto es que, teniendo en cuenta la fecha que asumió la Sala a quo para establecer el retardo, es decir, 29 de julio de 2008, y desde el momento en que le fue asignado el proceso a la investigada, transcurrió un lapso de 2 años y 8 meses.

Ahora bien, durante este período, esto es, el 23 de abril de 2007, la fiscal investigada dispuso el cronograma metodológico, en donde realizó una hipótesis del caso, y como objetivo dispuso citar a audiencia de conciliación a los sujetos, establecer los antecedentes penales, y los daños y perjuicios. Para este fin dispuso entrevistas con los denunciantes.

En esta misma fecha, se dispuso la orden de policía judicial.

El 16 de mayo de 2007, se realizó la diligencia de entrevista con los denunciantes. Y el 30 de noviembre de 2007, se enviaron los telegramas citando a las partes a la audiencia de conciliación, estableciéndose el 21 de enero de 2008, como fecha para adelantarla. La cual no se realizó porque sólo asistieron los denunciantes.

Así las cosas, en el proceso existen los medios de convicción necesarios que dan certeza a esta jurisdicción disciplinaria que la doctora Yolanda Castillo Barrera, en su condición de Fiscal 90 Local de Bogotá, retardó injustificadamente el despacho del asunto penal sometido a su consideración, como quiera que con las pruebas que obran en el proceso se puede observar que no obstante haber dispuesto las actuaciones preliminares, y al no poderse adelantar la audiencia de conciliación, no adoptó la decisión correspondiente, ya fuera ordenando la preclusión de la investigación, o formulando imputación en contra del querellado.

Ahora, en relación a los argumentos expuestos por la defensa, en el sentido que hubo una gestión laboral por parte de la investigada, esta afirmación, no justifica el retardo imputado a la investigada, pues durante el período que tuvo a cargo las diligencias penales, transcurrieron 614 días, en donde aduce que archivó 434 procesos, realizó 14 imputaciones, 22 principios de oportunidad, 15 sentencias y 6 preacuerdos.

Entonces, la producción laboral no estuvo acorde con la carga laboral que ostentaba para esa fecha, pues si bien es cierto que existe una problemática con la congestión judicial, también lo es que contó con un tiempo prudencial para emitir una decisión definitiva en este caso, más aún, que en varias ocasiones tuvo la oportunidad de continuar con el trámite, ya que el querellado era renuente a la asistencia a las audiencias de conciliación, no obstante que la parte procesal, durante todo el tiempo estuvo encaminada a realizar este diligencia, lo cual deja entrever que a pesar de la sobrecarga pudo haber tomado las mediadas correctivas del caso para evitar el retardo.

Así las cosas, no existe en el plenario justificación alguna para que la fiscal investigada, no hubiese proferido la decisión correspondiente dentro del proceso penal en cuestión, de donde se hace evidente el retardo sin justificación alguna en el despacho de un asunto penal sometido a su consideración, pues no obstante que lo tuvo a su cargo por un espacio de tiempo importante, permitió que el mismo se prolongara en su parte preliminar, enfocado solamente en adelantar una diligencia de conciliación, permitiendo de esa forma el retardo en la reparación económica perseguida por los querellantes, lo cual indiscutiblemente fue debido a la falta de diligencia y omisión de la investigada.

Por lo tanto, con su comportamiento la investigada incumplió su deber funcional, esto es, el de cumplir con diligencia y eficiencia el servicio esencial de la administración de justicia, pues resulta evidente la falta de interés de éste en resolver de manera oportuna un proceso penal, sin que este hecho no guarde ninguna relación con la excesiva carga laboral, y a la falta de personal en su despacho aducidas, justificaciones que no son aceptadas por esta Sala, pues tratándose de un asunto de esta relevancia, era su deber como administradora de justicia, estar atenta a ese trámite, una vez advirtió que debía adelantar la diligencia de forma ágil, y ante la renuencia del querellado a comparecer a la audiencia de conciliación debió tomar las medidas del caso que evitaran precisamente dilaciones injustificadas en el deber de impartir justicia de manera pronta y cumplida.

Para esta Sala, se encuentra demostrada la constatación material y objetiva del hecho disciplinable con las diferentes pruebas documentales aportadas, como quiera que es evidente que desde el punto de vista objetivo, el cuestionamiento disciplinario y la formulación de cargos elevada contra la fiscal investigada, tiene fundamento jurídico, como quiera que dentro del proceso penal en cuestión, desconoció la realidad procesal, de tal forma que quedó plenamente establecido que la actuación de la funcionaria judicial es contraria a derecho, como quiera que no hizo todo lo posible, para darle el impulso procesal necesario, circunstancia que la hace incursa en conducta reprochable disciplinariamente.

Ahora bien, establece el artículo 13 del Código Disciplinario Único, dos formas de responsabilidad, a saber, a título de dolo o culpa, y en lo relativo a la culpabilidad esta norma rechaza la responsabilidad objetiva, por consiguiente en el presente caso fue atribuida a título de culpa, correspondiente esta conducta al incumplimiento de la prohibición establecida en el artículo 154 numeral 3º de la Ley Estatutaria de la Administración Judicial, en concordancia con el deber tipificado en el numeral 2º del artículo 153 ibídem.

Así las cosas, está probado que la funcionaria investigada incurrió en la falta disciplinaria, lo que conlleva a esta Sala a confirmar el fallo sancionatorio proferido, por incurrir a título de culpa la prohibición consagrada en el numeral 3º del artículo 154; e incumplir el deber establecido en el numeral 2º del artículo 153 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, la cual constituye falta disciplinaria de acuerdo a lo establecido en el artículo 196 del Código Disciplinario Único —L. 734/2002—.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 22 de octubre de 2010 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca(5), mediante la cual le impuso una sanción de un (1) meses de suspensión en el ejercicio del cargo, a la doctora Yolanda Castillo Barrera en su condición de Fiscal 90 Local Delegada ante los jueces penales municipales de Bogotá, adscrita a la Unidad 6ª, como responsable de incurrir en las faltas disciplinarias descritas en los numerales 3º del artículo 154; y 2º del artículo 153 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, teniendo en cuenta las razones expuestas en la parte motiva del presente fallo.

2. Por la secretaría judicial, líbrense las comunicaciones pertinentes.

Notifíquese y cúmplase».

(5) Integrada por las magistradas Luz Helena Cristancho Acosta M.P. y Paulina Canosa Suárez.