Sentencia 2008-02060 de abril 3 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: expediente 11001-02-03-000-2008-02060-00

Magistrado ponente:

Dr. Ariel Salazar Ramírez

Discutido y aprobado en sesión de dos de abril de dos mil trece.

Bogotá, D.C., tres de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. En virtud del postulado de la exclusividad de la jurisdicción, los jueces de cada Estado son los únicos que, en principio, pueden proferir decisiones judiciales obligatorias al interior de sus respectivos países, pues de no ser ello así se violaría la soberanía nacional. De ahí que ninguna providencia dictada por jueces de Estados extranjeros tiene obligatoriedad ni ejecución forzada en Colombia, a menos de que medie la autorización del órgano judicial competente, que según la Carta Política es la Corte Suprema de Justicia.

Esa excepción a la regla general se justifica en virtud de los principios de cooperación internacional y reciprocidad, en atención a los cuales es posible que a las sentencias proferidas por autoridades judiciales de otros Estados se les otorgue validez en territorio colombiano, siempre y cuando en aquéllos se le reconozca valor al mismo tipo de providencias emanadas del poder judicial patrio.

Además de la anterior exigencia, para que una sentencia judicial extranjera surta efectos vinculantes en nuestro país, es necesario que se cumplan los presupuestos que reclama el ordenamiento legal interno, específicamente los contenidos en el Capítulo I del Libro V del Título XXXVI del Código de Procedimiento Civil.

El trámite del exequátur deberá ceñirse, por tanto, a la forma y términos establecidos en el artículo 695 ejusdem, y el proveído cuya homologación se pretende deberá cumplir con los requerimientos previstos en el artículo 694 de la citada codificación.

2. Ahora bien, a efectos de establecer si es posible reconocer eficacia al pronunciamiento jurisdiccional foráneo, es preciso verificar la existencia de reciprocidad diplomática con el Estado en el cual se profirió, la que consiste en la aplicación de tratados celebrados entre Colombia y esa nación, de modo que en su territorio se le otorgue valor a las pronunciadas por la jurisdicción colombiana, y en su defecto, esto es, subsidiariamente, opera la reciprocidad legislativa, que al tenor del artículo 693 del estatuto procesal, se predica de la consagración en igual sentido, en las disposiciones legales de ambos países.

Sobre el particular, la Sala ha sostenido que “en primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el país. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia…”(1).

3. En el asunto que se analiza, el demandante citó dentro de los fundamentos de derecho de su demanda, el Convenio suscrito en la Haya el 29 de mayo de 1993, el cual fue adoptado “para la protección del niño y la cooperación en materia de adopción internacional”, instrumento del que, en su concepto, podría derivarse la reciprocidad diplomática frente a la homologación de adopciones concedidas en España, en la medida en que ambos Estados son signatarios del mismo; sin embargo, la referida convención no puede aplicarse en este asunto, porque no se halla presente ninguno de los presupuestos que establece para dicho propósito.

En efecto, el artículo 2º del señalado instrumento, el cual se incorporó a nuestra legislación interna a través de la Ley 265 de 1996, hace referencia a que sólo “cuando un niño con residencia habitual en un Estado contratante ("el Estado de origen") ha sido, es o va a ser desplazado a otro Estado contratante ("el Estado de recepción"), bien después de su adopción en el Estado de origen por cónyuges o por una persona con residencia habitual en el Estado de recepción, bien con la finalidad de realizar tal adopción en el Estado de recepción o en el Estado de origen”, el procedimiento se sigue bajo el amparo de ese acuerdo de derecho internacional. Además de lo anterior, como condición necesaria para ser aplicado, se requiere la intervención de las autoridades competentes en la materia, instituidas por los dos países, según las previsiones contenidas en los artículos 4º y siguientes de dicho tratado.

De ese modo, cuando no hay evidencia —como ocurre en este caso— sobre que el desplazamiento de la menor y la fijación de una nueva residencia en el país en que se ha dictado la sentencia de la cual se pretenda el reconocimiento en Colombia, tuvo por causa la adopción, como tampoco en tal procedimiento han intervenido las autoridades centrales que en cada país tienen a su cargo todo lo concerniente al mismo, no es posible recurrir al convenio mencionado como fuente de reciprocidad diplomática.

En el asunto sometido a la consideración de la Corte se constata que la adopción aprobada por la autoridad judicial extranjera no es una de aquellas denominadas “internacional”, pues no sólo no tuvo injerencia alguna el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, autoridad que en el caso colombiano ha sido instituida como rectora del trámite administrativo relacionado con la materia, sino que ningún elemento de prueba de los obrantes en la actuación, permite inferir que la menor involucrada tenía su residencia en Colombia y fue trasladada a España para ser adoptada por el demandante.

No obstante, la reciprocidad diplomática entre las dos naciones referidas, que permite reconocer efectos a las decisiones judiciales pronunciadas en las causas civiles, deviene del tratado bilateral celebrado el 30 de mayo de 1908, que se halla vigente e incorporado en el ordenamiento nacional mediante la Ley 7ª de ese año, el cual se allegó a la actuación por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores. [Fl. 78]

El enunciado convenio establece en su artículo 1º lo siguiente:

“Las sentencias civiles pronunciadas por los Tribunales comunes de una de las Altas Partes Contratantes serán ejecutadas en la otra, siempre que reúnan los requisitos siguientes: Primero. Que sean definitivas y que estén ejecutoriadas como en derecho se necesitaría para ejecutarlas en el país en que se hayan dictado; Segundo. Que no se opongan a las leyes vigentes en el Estado en que se solicite su ejecución”.

A efectos de acreditar la ejecutoria de la decisión judicial, el señalado instrumento reclama que es necesario aportar “un certificado expedido por el Ministro de Gobierno o de Gracia y Justicia, siendo la firma de éstos legalizada por el correspondiente Ministro de Estado o de Relaciones Exteriores, y la de éste a su vez por el Agente Diplomático respectivo acreditado en el lugar de la legalización”. [art. 2º].

El primer requisito contemplado en el referido tratado aparece cumplido, pues de los documentos que obran a los folios 168 a 170 del expediente, emana con claridad que la decisión judicial sometida a homologación, se encuentra debidamente ejecutoriada, pues así lo hace constar la funcionaria competente del Ministerio de Justicia de España, en certificación que se apostilló con seguimiento de los requerimientos contenidos en la “Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros”, suscrita en la ciudad de La Haya (Países Bajos) el 5 de octubre de 1961, a la cual Colombia adhirió el 27 de abril de 2000 y la aprobó mediante la Ley 455 de 1998.

4. Ahora bien, para que proceda el exequátur de la sentencia extranjera no resulta suficiente con que se haya demostrado la mencionada reciprocidad diplomática, sino que es necesario corroborar que la decisión objeto del exequátur no contravenga el orden público, según se exige en el canon 694 del Código de Procedimiento Civil colombiano y en el artículo 1º del Convenio celebrado entre los dos países, concepto sobre el que esta Corporación ha tenido oportunidad de precisar que en el derecho internacional privado, “concuerda con el criterio de la doctrina, al señalar, que es diferente a la concebida en áreas como el “Constitucional” y el “Privado Interno”, pues en el ámbito de aquel, en el evento de llegar a contrariar principios fundamentales del ordenamiento jurídico, se erige como una excepción a la aplicación de la ley extranjera cuando se demanda el “reconocimiento y ejecución de un fallo foráneo”(2).

De ahí que el término que se impone acoger es el de “orden público internacional”, el cual habrá de ser atendido por el juez estatal cuando se trata del reconocimiento y la ejecución de una sentencia extranjera, pero en un sentido restrictivo, esto es, “limitado a los fundamentos básicos sobre los que se sienta el ordenamiento jurídico”(3).

La Corte ha enfatizado que la definición doctrinaria predominante “al menos en el entorno continental americano”, explicativa del tema relacionado con el orden público es aquella conforme a la cual, éste se entiende como “una cláusula de reserva destinada en cuanto tal a evitar que una ley extranjera, calificada normalmente como la competente para regir determinado asunto, tenga que ser acogida no obstante que la aplicación que de ella se hizo contradice en forma manifiesta los principios fundamentales en que se inspira el ordenamiento jurídico nacional”, pues es necesario aceptar que el significado del enunciado concepto como tal ha evolucionado y ello determina que el examen que le compete efectuar al juzgador ha de estar referido “siempre a criterios jurídicos actualmente en vigor y no a la consulta literal de disposiciones…”, pues no se trata de “hacer prevalecer un orden público defensivo y destructivo”, sino el “dinámico, tolerante y constructivo que reclama la comunidad internacional en el mundo contemporáneo”(4).

En ese orden de ideas, únicamente una incompatibilidad grave entre el pronunciamiento jurisdiccional para el que se pide el exequátur y los principios fundamentales en que se inspira la normatividad nacional(5), podría dar lugar a que aquélla no fuera objeto de homologación, pues al fallador, como asunto propio de su decisión, tan solo le corresponde verificar si la aludida determinación se opone o no a los pilares de las instituciones jurídicas propias.

A ese propósito, se corrobora que el procedimiento de adopción fue promovido por quien está unido en matrimonio a la madre de la menor adoptada, previo el asentimiento del progenitor de aquélla, cuya prueba además de mencionarse en el proveído dictado dentro de dicha causa, se recoge en el “acta de comparecencia” otorgada por el citado ascendiente ante el juzgado de primera instancia 1 del municipio de Arona en la provincia de Santa Cruz de Tenerife (España), documento al que, por su incorporación a este trámite en copia debidamente legalizada, se le debe reconocer valor probatorio y la mención del juzgado de conocimiento sobre que el mismo se aportó al proceso de adopción ha de tenerse por cierta, pues proviene de autoridad competente y no obra prueba que desvirtúe tal aserto, lo que, de contera, hace suponer que se cumplió debidamente el requisito de contar con la aquiescencia del padre biológico de X X X X X X X, nacida en Guadalajara de Buga (Valle).

En la providencia objeto de convalidación, se hizo referencia al cumplimiento de las disposiciones legales relativas a la “capacidad del adoptante… el consentimiento prestado por éste, el asentimiento de los padres biológicos”, además de lo cual se escuchó a la “adoptando, quien manifestó su conformidad con la adopción”, sin que el Ministerio Fiscal manifestara alguna circunstancia que impidiera legalmente el decreto de la adopción.

Además, el juez dejó constancia de la relación de parentesco, “igual a la filiación por naturaleza” que surge entre el adoptante y la hija adoptiva, conforme al derecho de la comunidad autónoma de Cataluña [fl. 23], concordante con los textos del Código Civil Español que obran a los folios 192 y 193, aplicables de manera supletoria, y que se arrimaron a costa de la interesada, en copia auténtica extendida por la secretaría de esta Corporación, cuyo contenido es similar al de los que rigen en el derecho colombiano respecto a dicho vínculo filial.

Finalmente, entre el adoptante y su hija adoptiva existe una diferencia de edad de más de 30 años, pues el nacimiento de aquél data de 1963 y el de la adoptada de 1996, como se desprende del documento de identidad del primero y de los registros civiles de nacimiento de ambos.

Después de proferida la aludida sentencia, en el registro civil de la joven, otorgado en la ciudad de Sant Pere de Ribes (España), se registró el nombre de X X X X X X X [fl. 27], asumiendo el primer apellido del adoptante, de conformidad con lo ordenado por el sentenciador del proceso de jurisdicción voluntaria.

Significa lo precedente que se satisfacen los requerimientos que, sobre el particular, contemplaba la regulación contenida en el Código del Menor, previstos ahora en la Ley de la Infancia y la Adolescencia, toda vez que la joven X X X X fue adoptada por el cónyuge de su madre biológica, lo que también se permite en Colombia, para lo cual se contaba con la anuencia de su progenitor y en virtud de la determinación adoptada, el lazo filial se estableció en forma concordante con la normativa patria.

5. Así las cosas, de lo consignado se colige que la sentencia de la cual el actor pretende que surta efectos en el país, la que alcanzó ejecutoria de conformidad con la ley de la nación de origen y se presentó ante la Corte en copia debidamente autenticada y legalizada, no compromete el orden público, pues la decisión contenida en dicho proveído no es contraria a los principios en los que se inspiran las disposiciones legales que disciplinan el instituto jurídico de la adopción.

Adicional a lo anterior, constata esta instancia que el objeto del referido pronunciamiento no es de competencia exclusiva de los jueces colombianos, pues las partes residen en España, y no obra prueba de que en el territorio nacional exista proceso en curso.

6. Con fundamento en las precedentes motivaciones, procede el reconocimiento de efectos jurídicos a la determinación judicial sometida al presente trámite.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONCEDER el exequátur de la providencia dictada el veintiocho de noviembre de dos mil cinco por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción No. 3 de Vilanova i la Geltrú, Barcelona (España), que aprobó la adopción de la menor X X X X X X X, en adelante X X X X X X X.

2. Para efectos de los artículos 6º, 10, 11, 22 y 60 del Decreto 1260 de 1970, en concordancia con los artículos 1º y 2º del Decreto 2158 de 1970, se ordena inscribir esta decisión junto con el fallo homologado, en el folio del registro civil de nacimiento de la adoptada. La secretaría libre las comunicaciones a que haya lugar.

Sin costas en el trámite.

Notifíquese y cúmplase».

(1) G.J. T. LXXX, p. 464, CLI, p. 909, ClVIII, p. 78 y CLXXVI, p. 309; 4 de mayo de 2012, expediente 2008-02100-00.

(2) Fallo de 27 de julio de 2011, expediente 2007-01956-00.

(3) Ibídem.

(4) Ibídem.

(5) Providencia de 30 de enero de 2004, expediente 2002-00008-01.