Sentencia 2008-02099 de julio 8 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref. Exp. 11001-02-03-000-2008-02099-00

Magistrada Ponente:

Dra. Ruth Marina Díaz Rueda

Bogotá, D.C., ocho de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: « II. Consideraciones

1. En la época contemporánea, el derecho internacional privado se inclina por permitir que los fallos proferidos por las autoridades jurisdiccionales de un determinado Estado surtan efecto en otro y, en armonía con esa tendencia, Colombia ha incorporado en el ordenamiento interno disposiciones que regulan el instituto del exequátur como el mecanismo judicial que garantiza la posibilidad de hacer efectivo el cumplimiento de las aludidas providencias en el territorio patrio.

2. En ese contexto, el artículo 693 del Código de Procedimiento Civil refiere que las “sentencias y otras providencias que revistan tal carácter, pronunciadas en un país extranjero en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria, tendrán en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese país, y en su defecto la que allí se reconozca a las proferidas en Colombia”, es decir, que en esa materia se combinan el factor de la “reciprocidad diplomática” con el de la “legislativa”, de manera que como lo ha reiterado la Sala, “(...) en primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el país. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia (...)” (sentencias de exequátur de oct. 21 y dic. 1º de 2010, Exp. 2008-01649 y 2006-01082, entre otras); precisando que la “reciprocidad legislativa” puede estar a su vez basada en la práctica jurisprudencial imperante en el país de origen del fallo objeto de la homologación (S-071 de sep. 25/96 Exp. 5724).

3. Para la prosperidad de tal pedimento, además de la acreditación de la “reciprocidad diplomática o legislativa”, según el caso, se requiere el cumplimiento de los requisitos consagrados en los preceptos 694 y 695 ibídem, dentro de los cuales se halla el consagrado en el numeral 2º de aquella disposición, atinente a que el fallo materia de aval, no contravenga las normas de orden público interno.

Lo expuesto implica que en asuntos como el que ahora ocupa la atención de la Corte, de acuerdo con lo previsto en el canon 177 ibídem, le incumbe al actor demostrar el motivo que los cónyuges le esgrimieron al juez foráneo o que este tuvo en cuenta para el proferimiento de la decisión de divorcio, y en caso de que desatienda esa responsabilidad, la emisión de un pronunciamiento adverso debe ser la consecuencia, se itera, ante la imposibilidad de determinar si el aspecto fáctico generador de la disolución del aludido vínculo desconoce la normatividad patria.

4. Como en el aspecto analizado, el fallo extranjero ha de respetar los elementos básicos de la estructura funcional, política, jurídica y social del país, a la Corte le compete examinar si la decisión a validar desconoce o no la legislación reguladora de la ruptura de la disolución de la alianza nupcial, lo cual se impone establecer porque dicho régimen, fundamentalmente alusivo a los efectos derivados del mismo y a las normas que gobiernan su terminación, integran el “orden público” nacional, como lo disponen las normas 18 y siguientes del Código Civil.

Al respecto, la Sala en sentencia de 17 de julio del 2001, Exp. 0012 precisó que el “orden público no es más que la indispensable defensa de esos principios esenciales en los que está cimentado el esquema institucional e ideológico del Estado en aras de salvaguardarlo”.

Posteriormente, en fallo de 27 de noviembre de 2007 Exp. 2006-02045-006, que le negó el exequátur a la aquí accionante “Luz Dary Bonilla Villada, respecto de la sentencia de 14 de febrero de 2003, proferida por el Juzgado de Primera Instancia de Karlsruhe en lo Familiar, República Federal de Alemania, mediante la cual se decretó, el divorcio del matrimonio civil que la demandante contrajo con Michael Rausch”, por no haber acreditado la causal de divorcio, reiteró lo planteado en la decisión de 6 de agosto del 2004, Exp. 0190-01, en cuanto a que “la noción de orden público, por lo tanto, sólo debe usarse para evitar que una sentencia o ley extranjera tenga que ser acogida cuando contradice principios fundamentales. Por esto la doctrina ha enseñado que no existe inconveniente para un país aplicar leyes extranjeras, que aunque difieran de sus propias leyes, no chocan con los principios básicos de sus instituciones. Sin embargo, cuando una ley extranjera o la sentencia que la aplica, se basan en principios no solo diferentes, sino contrarios a las instituciones fundamentales del país en que aquellas pretenden aplicarse, los jueces del Estado pueden, excepcionalmente, negarse a aplicar la ley o el fallo extranjero que se aparta de esa comunidad de principios”, agregando que “la noción de orden público se evidencia en asuntos de esta índole como un mecanismo de defensa de las instituciones patrias impidiendo la grave perturbación que significaría la aplicación de una decisión de un juez o tribunal extranjero que socava la organización social colombiana. De ahí que en la materia deba estar plenamente clarificado que la sentencia cuyo exequátur se reclama no contraría el orden público nacional, ni hiere en forma grave aquellas normas del ordenamiento que son intangibles”.

5. Dado que los argumentos expuestos en esa providencia se avienen a la situación aquí acaecida, es del caso retomarlos en esta ocasión. Allí se anotó que “[e]n el caso que ocupa la atención de la Sala, la totalidad de los requisitos aludidos precedentemente no fueron cumplidos con la estrictez debida por parte de la actora sobre quien recaía la carga probatoria en la materia, y muy a pesar de los ingentes esfuerzos hechos por la Corte, como se constata en sendos autos proferidos con esa finalidad. La orfandad probatoria refulge evidente en torno a uno de los elementos determinantes de la concesión del exequátur y, por ello, la Sala carece de elementos de juicio que le permitan establecer si es viable o no la homologación solicitada, lo que comporta, en ultimas, una decisión denegatoria de la petición elevada.

“En efecto, no se logró aducir al expediente prueba relacionada con la causa que condujo a la disolución del matrimonio, aspecto de suma importancia habida cuenta que imposibilita superar la incertidumbre alrededor de cuál fue realmente la justificación del rompimiento, y si la acogida por el fallador foráneo está en consonancia con las leyes colombianas de orden público (...)”.

En la misma determinación se citó el fallo de 5 de noviembre de 1996, Exp. 6130, en donde esta corporación dijo:

“(...) De otro lado, al tener del ordinal h, del artículo 2º de la Convención en referencia —incorporada al derecho interno como ya se dijo por la Ley 16 de 1981— (interamericana sobre eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros), preciso es recordar que el reconocimiento de una sentencia extranjera tiene como límite infranqueable el que no comprometa, ese reconocimiento, la vigencia de principios indispensables para la salvaguarda de la sociedad que aquel representa, principios referidos a intereses esenciales de los países de orden político, moral, religioso o económico, cuya alteración produciría desequilibrio en el seno del ordenamiento jurídico interno y por lo tanto es a los jueces de dicho Estado a los que corresponde adelantar la verificación respetiva de acuerdo con las particularidades propias de cada caso, teniendo siempre presente que, como se dijo por esta Corporación en sentencia del 19 de julio de 1994 ‘el orden público que ha de apreciarse como relevante al decidir sobre el exequátur, es el existente al momento del otorgamiento de este y no al momento de proferirse la decisión extranjera (Batiffol, Derecho Internacional Privado, pág. 783), toda vez que como también lo apuntan otros autorizados escritores (Kegel, Derecho Internacional Privado, Cap. XVI, num. VI), lo que se considera núcleo irrenunciable del ordenamiento del foro, evoluciona cada día como cambia así mismo el ‘orden público’ del derecho policivo común’...”.

6. En el anterior orden de ideas, debido a que en este trámite tampoco se dilucidó el motivo que tuvo en cuenta el Juzgado Municipal de Karlsruhe – en lo Familiar de Alemania para decretar el divorcio de los cónyuges ab initio referidos, lo que de contera impidió establecer si el mismo contravenía o no el orden público o las leyes colombianas, se impone denegar la homologación pretendida.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Denegar el exequátur solicitado por Luz Dary Bonilla Villada, respecto de la sentencia proferida el 14 de marzo de 2003 por el Juzgado Municipal de Karlsruhe, Juzgado de Familia de Alemania por medio de la cual se decretó la disolución del vínculo matrimonial de aquella con Michael Rausch.

2. No condenar en costas en la actuación, por no aparecer causadas.

Notifíquese».