Sentencia 2008-04086 de septiembre 3 de 2008 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 110011102000200804086 01, sep 3/2008

Magistrado Ponente:

Dr. Angelino Lizcano Rivera

Aprobado según Acta 86 de la fecha.

Asunto a tratar

Se pronuncia la Sala sobre la impugnación presentada contra la sentencia proferida el 23 de julio de 2008, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, que concedió el amparo a los derechos fundamentales a la salud en conexidad con el derecho a la vida en condiciones dignas a favor del accionante Rubén Darío Bedoya Uribe, contra la Dirección de Sanidad del Ejercito Nacional.

Antecedentes y actuación procesal

1. Hechos.

Fueron sintetizados por la Sala a quo, en el fallo objeto de impugnación de la siguiente forma:

“En síntesis se dijo en la demanda que el señor Rubén Darío Bedoya Uribe, ingresó a prestar el servicio militar obligatorio en el año 1998. Mientras cumplía con tal obligación la base donde se encontraba fue atacada y luego de un combate secuestrado, permaneciendo en cautiverio durante dos años y medio, donde sus ofensores lo mantuvieron encerrado junto con los demás rehenes en corrales cercados con alambres de púa, atados de pies y manos, siendo desatados de sus pies únicamente para emprender caminatas que duraban días enteros, y en algunas ocasiones soportando bombardeos de la fuerza pública, lo cual ocasionaba crisis de pánico.

Luego de ser liberado, la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional lo sometió a tratamiento a partir del mes de agosto de 2001 y con fecha 30 de agosto de 2001 le fue practicada junta médico laboral Nº 2487, donde se concluyó que “...Trastorno de stress postraumático tratado quirúrgicamente que no deja ningún tipo de secuelas mental. B... le determina incapacidad relativa permanente. Apto. C... Le produce disminución de capacidad laboral del diez por ciento (10%)...”.

Con fundamento en dicha junta médica, continuó el libelista, se dio por concluido el tratamiento médico y le dieron de baja del servicio, sin tener derecho a recibir tratamiento en caso de revivencias. Situación esta última que, en efecto, se presentó, según el concepto emitido por el Doctor Alexis Vladimir Benito Devia, el día 4 de abril de 2002, a través del cual conceptuó: “... Diagnóstico: episodio depresivo mayor. Presenta síntomas de trastorno por estrés postraumático. Opinión: Se sugiere tratamiento psiquiático”.

En atención a la escasez de recursos del paciente, a través de un derecho de petición, el 19 de mayo último, recurrió a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, solicitando la prestación de servicios médicos, sin que a la fecha haya obtenido respuesta alguna.

Con fundamento en lo anterior, solicitó el amparo de los derechos de petición y salud en conexidad con la vida y, en consecuencia, ordenar a la entidad accionada prestar los servicios médicos y hospitalarios en razón al “trastorno de estrés postraumático” que padece, así como brindar el tratamiento y medicación demandada para lograr su estabilidad psiquiátrica y si transcurridos seis (6) meses no obtiene mejoría alguna, disponer la práctica de nueva junta médica laboral con el fin de determinar la disminución de su capacidad laboral”.

2. Admisión de la demanda e intervención de la autoridad accionada.

Mediante proveído del 11 de julio de 2008, fue admitida la demanda de tutela y se dispuso correr traslado al Director de Sanidad del Ejército Nacional (fls. 57-60).

2.1. Intervino dentro del presente trámite el Director de Sanidad del Ejército Nacional solicitando que se declare improcedente la acción de tutela.

Como sustento de su oposición a las pretensiones del actor, indicó que a éste se le practicó la junta médica laboral en el mes de agosto de 2001, en la cual se le determinó una incapacidad relativa y permanente, por lo que no es apto para la actividad militar y señalándose una disminución de su capacidad laboral en un porcentaje del 10%, la cual le fue notificada y pese a que se le hizo saber que esa decisión podía ser impugnada ante el Tribunal Médico de Revisión Militar, se abstuvo de hacer uso del recurso.

Agregó que por la naturaleza jurídica de dicho acto —contra el cual no proceden los recursos en la vía gubernativa— el actor debió acudir de manera oportuna ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y no a la acción de tutela, porque ello implica desnaturalizar este extraordinario medio de defensa.

De igual manera puso de presente que en el presente caso, al ser calificada la incapacidad médico laboral del actor en un porcentaje menor al 75% requerido para el reconocimiento de la pensión de invalidez, “de plano es evidente que el actor no está habilitado para recibir los servicios del plan integral de salud del SSMP, lo que incluye el suministro de los medicamentos ordenados al mismo, como sí lo tienen los afiliados o beneficiarios del sistema de salud de las Fuerzas Militares de conformidad con el artículo 23 del citado Decreto 1795 de 2000 (…). En este orden de ideas, de plano es evidente que al ordenarse la atención integral del actor, quien no ostenta la calidad de afiliado o de beneficiario del subsistema de salud, habiéndosele definido oportunamente su situación médico laboral, se desconoce flagrantemente la normativa vigente que rige el asunto, condenando a la incertidumbre jurídica la situación del actor, al tiempo que vulnera los derechos a la salud, y acceso a la atención médica de quienes legitimamente son usuarios del subsistema” (fls. 72-79).

3. Sentencia impugnada.

Se culminó la actuación de primera instancia a través del fallo del 23 de julio de 2008, mediante el cual se concedió el amparo a los derechos a la salud en conexidad con el derecho a la vida en condiciones dignas a favor del accionante Rubén Darío Bedoya Uribe.

El Seccional de instancia sustentó su decisión en el hecho de que frente a la solicitud de amparo constitucional en este caso, no es dable aplicar el principio de inmediatez toda vez que las especiales circunstancias que rodean tal petición, tornan al actor en una persona que requiere protección por parte del Estado.

Seguidamente expuso que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en estos especiales eventos el amparo debe concederse habida cuenta que es obligación del Ejército Nacional, devolver al ciudadano al entorno social en las mismas condiciones en las que ingresó al cuerpo castrense y no obstante ello, se le desvinculó del servicio y se le dejó desprovisto de protección médica.

Por estas circunstancias, dispuso que en el término de las 48 horas contadas desde la notificación del fallo, reanude el suministro de toda la atención médica y particularmente psiquiátrica que requiera para el restablecimiento de la salud el accionante Bedoya Uribe y, en caso de no obtener mejoría en un término de seis meses, practique nueva junta médica laboral, a fin de establecer el porcentaje de disminución de su capacidad laboral (fls. 80-92).

4. Impugnación.

El anterior fallo fue impugnado por el Director de Sanidad del Ejército Nacional, quien manifestó que el actor ya tiene definida su situación médica laboral y por ende, no hay lugar a practicar otra junta médica laboral, máxime cuando contó con la oportunidad de impugnar en la debida oportunidad, tal decisión, de manera que a su juicio, se trata de atacar por vía de tutela, un acto administrativo de carácter irrevocable, lo que a todas luces torna improcedente el amparo. Destacó seguidamente que no resulta explicable que transcurridos seis años, el accionante acuda al Juez Constitucional y por último reiteró que no hay lugar a revivir términos fenecidos o crear instancias extralegales. Por estas razones deprecó la revocatoria del fallo de primer grado, para que en su lugar se declare improcedente la acción de tutela. (106-120).

Consideraciones de la Sala

1. Naturaleza de la acción de tutela.

La Constitución Política de 1991 le asignó en su artículo 86 a los jueces de la República, el conocimiento y trámite de la acción de tutela, como un mecanismo procesal de protección y garantía constitucional directo, inmediato, autónomo, informal, preferente y sumario de los derechos constitucionales fundamentales de las personas, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o por los particulares.

En tal sentido, la acción de tutela obedece a situaciones específicas, correspondiéndole a cada juez, determinar su alcance frente a los hechos esgrimidos por la persona que cree amenazado un derecho fundamental.

2. Caso en concreto.

El asunto sub examine se refiere a la impugnación presentada contra el fallo del 23 de julio de 2008, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, mediante el cual concedió el amparo al derecho a la salud en conexidad con el derecho a la vida en condiciones dignas a favor del accionante Rubén Darío Bedoya Uribe.

3. Procedencia de la acción de tutela.

En eventos como el que ocupa la atención de la Sala, la acción de tutela resulta procedente no obstante que ha transcurrido un lapso considerable desde el momento en que se produjo el retiro del servicio militar del accionante (ago/2001). En tal sentido, en la Sentencia T-158 de 2006, señaló la Guardiana de la Constitución: “De hecho, de la jurisprudencia de esta corporación se puede derivar que solamente es aceptable un extenso espacio de tiempo transcurrido entre el hecho que genera la vulneración y la presentación de la acción de tutela bajo dos circunstancias específicas: (i) Que se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual (1) . Y (ii) que la especial situación de aquella persona a quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, convierte n desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros” (resalta la Sala).

El derecho a la salud. Por vía jurisprudencial se ha entendido que el derecho a la salud en principio tiene un carácter prestacional, es decir, es de naturaleza legal. Sin embargo, puede convertirse en un derecho fundamental, cuando con su desconocimiento se produce la vulneración de otro derecho de rango fundamental, en los eventos en que se ve afectada la vida, la integridad física o la dignidad de la persona, en cuyo caso adquiere el estatus de fundamental y se hace exigible su protección por vía de tutela.

Sobre el particular ha señalado la Corte Constitucional:

“El derecho a la salud adquiere el carácter de un verdadero derecho fundamental, en situaciones concretas debidamente analizadas por el juez constitucional, cuando este derecho se encuentra vinculado clara y directamente con la protección de un derecho indudablemente fundamental. Así el derecho a la salud se torna fundamental cuando se ubica en conexidad con el derecho a la vida o a la integridad personal (2) ”.

Así las cosas, el derecho a la vida que protege la Carta Política en el marco del Estado social democrático de derecho no está limitado a la mera subsistencia, sino a la existencia en condiciones dignas, es decir, a la posibilidad de que cada persona desarrolle todas las facultades inherentes al ser humano y es por ello, que la consagración de los derechos fundamentales de la persona mereció un capítulo especial, y la dignidad humana ha sido elevada a principio de rango constitucional que orienta las actividades del Estado y de los asociados, ya que es en torno al hombre que gira la existencia de éste, llegando a ser un fin en si mismo, cuya promoción le corresponde a la organización del Estado y a sus administradores.

En este orden de ideas, es incuestionable que tratándose de la protección del derecho a la salud cuando éste tiene conexidad con el derecho fundamental a la vida digna, aquél adquiere la connotación de derecho fundamental y además, cuando las personas carecen de mecanismos de defensa idóneos para lograr su restablecimiento, en los eventos en que les sea vulnerado o amenazado, el amparo es procedente.

Frente al derecho a la vida en condiciones dignas, señaló el máximo Tribunal Constitucional en Sentencia T-794 de 2003:

“La vida en condiciones dignas hace alusión a que el individuo considerado en su persona misma pueda desarrollarse como ser autónomo y libre, con la suficiente idoneidad para desempeñar cualquier función productiva dentro de la sociedad, pero el padecimiento de alguna enfermedad no conlleva necesariamente la muerte física sino que puede menoscabar sus aptitudes limitando la existencia misma del ser humano. No debe esperarse a que la vida esté en inminente peligro para garantizar el servicio o acceder al amparo de tutela, sino procurar que la persona pueda actuar normalmente en su entorno social. En consecuencia, la Corte ha señalado que la tutela puede prosperar no sólo cuando se trate de circunstancias que traigan como consecuencia la muerte misma o el menoscabo en alguna función orgánica vital, sino ante situaciones menos graves que puedan llegar a comprometer la calidad de vida de la persona (3) ”.

El acervo probatorio aportado al diligenciamiento, permite determinar que desde el 26 de agosto de 2001, la Junta Médica Laboral de la Dirección de Sanidad del Ejército —concretamente el servicio de psiquiatría— determinó que el accionante, como consecuencia de haber combatido y de haber sido secuestrado por la guerrilla, padece, “trastorno de stress postraumático...” (fl. 3).

Y de acuerdo con el reporte de psiquiatría efectuado por el médico Alexis Vladimir Benito Devia, de fecha 4 de abril de 2002, el accionante fue diagnosticado con “episodio depresivo mayor. Presenta síntomas por estrés postraumático. Opinión: Se sugiere tratamiento psiquiático...” (fls. 5-6).

Ahora bien, en la Sentencia T-063 de 2007, el máximo Tribunal Constitucional, aludió a los antecedentes jurisprudenciales que en materia de protección al derecho a la salud en conexidad con el derecho a la vida en condiciones dignas, asiste a quienes han ingresado a las filas de las fuerzas militares y con ocasión del servicio han padecido lesiones que les impide continuar en el servicio, pero que por tal razón son sujetos merecedores de especial protección por parte del sistema de salud de las FFMM, toda vez que su estado de discapacidad se derivó de circunstancias acaecidas mientras fueron miembros de la institución castrense o de la policía. Así se refirió la guardiana de la Constitución sobre el tema:

El derecho a la salud de las personas con discapacidad

6. El término discapacidad ha sido definido en la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad (4) en los siguientes términos:

“ART. (sic)I. 1. Discapacidad. El término “discapacidad” significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social”.

7. Por su parte el comité de derechos económicos, sociales y culturales en su observación general Nº 5 sobre los derechos de las personas con discapacidad (5) señaló que el derecho al más alto nivel de salud de estas personas implica: (i) el derecho a la atención médica de igual calidad y dentro del mismo sistema que los demás miembros de la sociedad. (ii) El derecho a tener acceso a los servicios médicos y sociales y a beneficiarse de dichos servicios, de tal forma que ello garantice autonomía, la prevención de otras discapacidades y la integración social. (iii) Los servicios de rehabilitación a fin de alcanzar y mantener un nivel óptimo de autonomía y movilidad (6) .

8. Si bien en la jurisprudencia constitucional colombiana la salud ha sido considerada como un servicio público y, al mismo tiempo como un derecho prestacional (7) que, prima facie, no es susceptible de ser amparado a través del mecanismo preferente y sumario de la acción de tutela, esta corporación ha precisado que este derecho puede transformarse en un derecho subjetivo (8) y bajo determinados supuestos puede entenderse como un derecho fundamental. Tales eventos tienen lugar (i) en razón de su conexidad con otros derechos fundamentales (9) (ii) frente a sujetos de especial protección constitucional como los niños (10) , las personas con discapacidad (11) y los adultos mayores (12) , y (iii) como derecho fundamental autónomo en relación con su contenido mínimo (13) .

Lo anterior se compadece con la normatividad y la jurisprudencia de los sistemas interamericano y universal de protección de los derechos humanos, según los cuales, como viene de decirse, el derecho a la salud de las personas con algún tipo de discapacidad deviene derecho fundamental, en tanto se trata de sujetos de especial protección constitucional.

Deber de atención en salud para soldados retirados del servicio militar a consecuencia de lesiones o enfermedades sufridas con ocasión del mismo. Línea jurisprudencial.

9. En consideración a que las personas que tienen algún tipo de discapacidad son sujetos de especial protección constitucional, titulares del derecho fundamental a la salud que resulta exigible mediante el mecanismo constitucional de la acción de tutela, esta Sala de Revisión pasará a estudiar si la obligación de su prestación corresponde en el caso de los soldados retirados del servicio militar a causa de lesiones o enfermedades sufridas durante su prestación y que les han dejado secuelas de carácter permanente, a los subsistemas de salud del Ejército o la Policía Nacional, o si ésta debe correr por cuenta de los regímenes contributivo o subsidiado. Para ello, procederá a repasar la jurisprudencia constitucional al respecto.

10. Esta corporación ha destacado en reiteradas oportunidades que resultan razonables y proporcionales las prerrogativas que pueden recibir los ciudadanos por la prestación del servicio militar obligatorio, así como la prestación temporal, por ejemplo, de los servicios de salud, pues en tanto “[su] objetivo es apoyar a las autoridades democráticas, mantener la independencia y la integridad nacional, colaborar en la defensa de la convivencia pacífica, el mantenimiento de la paz y ‘la efectiva vigencia de las instituciones’… (sent. T-351/96)” (14) , es apenas natural que el Estado “se responsabilice de sus jóvenes reclutados proporcionándoles atención suficiente para satisfacer sus necesidades básicas de salud, alojamiento, alimentación, vestuario, bienestar, entre otros, desde el día de su incorporación, durante el servicio y hasta la fecha del licenciamiento. (L. 48/93, arts. 13 y 39)” (15) . Pero la Corte, además, ha señalado que tal deber no se extingue completamente al momento del licenciamiento, pues el Estado, por intermedio de las instituciones de la Fuerza Pública debe proporcionar la atención en salud a aquellas personas que durante la prestación de este servicio han visto disminuidas sus capacidades físico psíquicas, con mayor razón cuando tal mengua se deriva directamente de actividades relacionadas con el servicio.

En efecto, en Sentencia T-534 de 1992, la Corte Constitucional se ocupó de revisar los fallos proferidos dentro de la acción de tutela interpuesta por un joven que se había incorporado al ejército para prestar el servicio militar obligatorio y a quien antes de realizar el juramento de bandera le fue detectada una grave enfermedad que lo hacía no apto para el servicio. Precisamente a causa de lo anterior, el ejército lo dio de baja y alegó que no tenía ninguna obligación respecto de su salud, toda vez que el soldado no había jurado bandera. En dicha ocasión la Sala Primera de Revisión concedió el amparo de los derechos a la salud y la seguridad social del peticionario, al considerar que el hecho de que no hubiese jurado bandera al momento en que la enfermedad que padecía fue detectada, no se puede esgrimir como excusa de la obligación que tiene el Ejército Nacional de brindarle la atención médica requerida.

(...).

En una oportunidad posterior, la Sala Sexta de Revisión de Tutelas de esta corporación decidió, en Sentencia T-376 de 1997, conceder la protección invocada en un caso similar al referido en líneas precedentes. El amparo fue solicitado por el padre de un joven que sufrió un accidente mientras prestaba el servicio militar y quien, además, sufrió un episodio sicótico agudo. La Corte señaló que la protección de los derechos a la salud y a la seguridad social del joven comprendía la asistencia médica, quirúrgica, hospitalaria y farmacéutica requerida a causa de la lesión sufrida durante la prestación del servicio militar y hasta tanto se lograra su recuperación.

(…).

De igual manera, en Sentencia T-393 de 1999 la Corte reiteró una vez más la jurisprudencia referida, y sostuvo que el Estado, por intermedio de la Fuerza Aérea, debía asumir la prestación de los servicios de salud de un joven que ingresó a prestar el servicio militar obligatorio y en donde sufrió el empeoramiento de una dolencia en la cadera que padecía desde antes de su ingreso. La institución lo dio de baja y no respondió por el tratamiento ni las terapias que requería, por lo cual la Sala Tercera de Revisión señaló:

“Las normas legales y reglamentarias que regulan la asistencia médica que las fuerzas militares están obligadas a dispensar a quienes prestan el servicio militar obligatorio, deben ser interpretadas en consonancia con los principios, valores y derechos constitucionales y, en particular, con el derecho a la vida, el principio de igualdad material y la vigencia de un orden social justo. La Corte ha determinado que, en materia de atención médica, la regla general consiste en que aquélla debe brindarse, con carácter obligatorio, mientras la persona se encuentra vinculada a las Fuerzas Militares. Por ende, tal obligación cesa tan pronto se produce el desacuartelamiento. Sin embargo, es posible aplicar una excepción a esta regla cuando el retiro se produce en razón de una lesión o enfermedad adquirida con ocasión del servicio que, de no ser atendida oportunamente, haría peligrar la vida y la salud del solicitante, cuya protección “se traduce en el derecho que tiene a ser asistido médica, quirúrgica, hospitalaria y armacéuticamente mientras se logra su recuperación en las condiciones científicas que el caso requiera, sin perjuicio de las prestaciones económicas a las que pudiera tener derecho” (subrayas ajenas al texto original).

Más adelante, la Sala Primera de Revisión sostuvo, en sentencias T-107 y T-1177 de 2000, que la atención médica de quien adquiere una enfermedad que le ocasione incapacidad durante la prestación del servicio militar obligatorio continúa en cabeza del Estado, a través de la Fuerza Pública. Así lo decidió en los casos de dos jóvenes que ingresaron a prestar el servicio militar en el Ejército Nacional y quienes adquirieron varios problemas de columna y rodillas. De esta manera, la Sala concedió la protección en ambos casos y ordenó “a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional que en forma inmediata proceda a prestarle los servicios médicos, quirúrgicos, hospitalarios y farmacéuticos que requiera (…) para la rehabilitación de las lesiones que sufrió con causa y razón de la prestación del servicio militar…”.

En jurisprudencia más reciente se ha dado aplicación a los precedentes referidos en múltiples ocasiones. Por ejemplo, en Sentencia T-824 de 2002, esta corporación concedió la acción de tutela a favor de un joven que había ingresado a prestar el servicio militar y quien después de efectuado el juramento de bandera fue dado de baja por un serio problema psiquiátrico que se le presentó durante la prestación del mismo. De esta manera, ordenó a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional que continuara prestando la atención en salud requerida por el actor.

Con posterioridad, la Sala Cuarta de Revisión analizó, en Sentencia T-810 de 2004, el caso de un soldado retirado del Ejército Nacional, a quien le fue negada la prestación del servicio de salud por parte de dicha institución, precisamente por haber sido dado de baja. Una vez más esta corporación sostuvo que dicho servicio no puede ser negado en aquellas ocasiones en que los problemas de salud de personas que prestaron el servicio militar obligatorio lo ameriten. En consideración a los precedentes en la materia, reseñó las reglas aplicables en estos casos, así:

“… Los precedentes expuestos permiten definir las reglas aplicables a los casos en que se estime necesario ampliar el término de cobertura de las obligaciones del SSMP respecto a los soldados que prestan el servicio militar, en el entendido que dicha ampliación será procedente siempre y cuando esté debidamente acreditado en cada evento concreto que el soldado desincorporado (i) padece una dolencia que pone en riesgo cierto y evidente su derecho fundamental a la vida en condiciones dignas; y (ii) esta dolencia encuentra relación de causalidad con la prestación de las labores propias del servicio militar obligatorio” (resaltado ajeno al texto original).

Y más adelante reiteró la jurisprudencia a que se hace referencia, en los siguientes términos:

“Sostiene la Corte que como consecuencia del deber estatal correlativo hacia las personas que prestan el servicio militar obligatorio, el sistema de seguridad social en salud de las fuerzas militares y la policía nacional – SSMP está obligado a suministrar la atención médica necesaria para restablecer la salud de los soldados, afectada por las lesiones o daños sufridos por ellos durante la prestación del servicio militar, incluso con posterioridad a la desincorporación, ocasionada bien por la inhabilidad implícita a la afección física o por las demás causales que para ello establezca la ley, sin perjuicio del pago de las prestaciones económicas a que hubiere lugar en virtud del reconocimiento de la pensión de invalidez o de la indemnización por las secuelas sufridas. En consecuencia, la responsabilidad en la cobertura de estas prestaciones médico asistenciales permanece en el SSMP, sin que sea constitucionalmente admisible su traslado a las instituciones propias del sistema general de seguridad social en salud, SGSS.

En reciente jurisprudencia, esta corporación ha mantenido idéntica posición en lo que hace relación a la necesidad de ampliar el término de cobertura respecto de soldados retirados del servicio militar por problemas de salud ocasionados por la prestación del mismo. Así, en Sentencia T-411 de 2006, la Corte consideró que el ejército había vulnerado el derecho a la salud de un soldado retirado del servicio por problemas psicológicos que le afectaron gravemente durante la prestación del servicio militar obligatorio, por lo cual debía continuar prestando la atención médica integral que demandara su estado. Y, por último, en Sentencia T-841 de 2006, la Sala Novena de Revisión se ocupó del caso de un joven que ingresó al servicio militar en calidad de infante de marina voluntario, pero debido a una onda explosiva en enfrentamiento con tropas enemigas, sufrió un trauma craneoencefálico que le dejó serias secuelas y que trajo como consecuencia su retiro de la institución. La Sala determinó que la Armada Nacional continuara prestándole la atención en salud que requiriera, dado que “resulta claro que el accionante no padecía esas afecciones en su salud antes de ingresar a prestar el servicio militar en la armada, y que su ocurrencia se dio mientras éste se encontraba activo dentro de la Institución”.

Conclusión

11. De lo dicho hasta ahora se derivan las siguientes conclusiones, a la luz de las cuales la Sala Séptima de Revisión estudiará el fallo sometido a su revisión:

(i) De las disposiciones legales y reglamentarias que establecen las obligaciones de la Policía y el Ejército Nacional frente a las personas que prestan el servicio militar obligatorio, se derivan, entre otras, aquella relativa a la atención en salud a partir de la incorporación y hasta el desacuartelamiento o licenciamiento.

(ii) No obstante lo anterior, el término de cobertura del servicio de salud por parte de los subsistemas de salud de la Policía y el Ejército Nacional debe ser ampliado en casos en que quien haya prestado el servicio militar padezca quebrantos de salud física o mental, obligación que se ve reforzada cuando éstos han sido contraídos durante la prestación del servicio militar y con ocasión de actividades propias del mismo.

(iii) La Corte ha establecido dos reglas de procedencia de la ampliación del término referido, según las cuales cuando se “(i) padece una dolencia que pone en riesgo cierto y evidente [el] derecho fundamental a la vida en condiciones dignas; y (ii) esta dolencia encuentra relación de causalidad con la prestación de las labores propias del servicio militar obligatorio” (16) , es imperioso que el Estado, a través de las instituciones de la Fuerza Pública continúe prestando la atención que el caso demande hasta tanto la salud de quien sufrió una lesión o adquirió una enfermedad, se recupere.

(iv) El derecho fundamental a la salud de las personas que han sufrido una pérdida importante de la capacidad física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria (17) no puede verse afectado, en ningún caso, por las instituciones del Estado sobre las cuales recae la obligación de protegerlo y darle plena vigencia”.

Estima la Sala que resulta por completo aplicable el citado antecedente jurisprudencial en el caso bajo examen, pues es evidente, conforme a lo expuesto, que al Estado le corresponde, por intermedio de las respectivas instituciones de la Fuerza Pública, proporcionar la atención en salud a aquellas personas que durante la prestación del servicio militar han visto disminuidas sus capacidades físicas y/o psíquicas, con mayor razón cuando tal afectación se deriva directamente de actividades relacionadas con el servicio, como ocurrió con el accionante Rubén Darío Bedoya Uribe, quien hoy en día padece un cuadro clínico de ansiedad y estrés postraumático, como consecuencia del combate y posterior secuestro por el lapso de tres años, por parte de la guerrilla de las FARC, viendo entonces afectado su derecho a la vida en condiciones dignas, lo cual obviamente amerita la intervención del juez constitucional.

Conforme a lo expuesto, se concluye que en este caso se cumplen los requisitos expuestos para que la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional amplíe el término que por ley le obliga a prestar el servicio de salud al accionante, toda vez que, se insiste, la lesión que actualmente padece fue producida durante la prestación del servicio militar y con ocasión de actividades propias del mismo, pues fue víctima de un secuestro por parte de la guerrilla, de manera que el nexo causal entre la lesión y la prestación del servicio es indiscutible y aunado a ello, las secuelas producidas por la lesión afectan su derecho a la vida en condiciones dignas, como quiera que le impiden trabajar y, adicionalmente, su derecho a la salud está desprotegido como consecuencia de la negativa del Ejército Nacional de prestarle los servicios de salud que requiere.

De tal suerte, como lo estimó la Corte Constitucional en la decisión precitada, no resulta admisible a la luz de los principios constitucionales que el Estado, y en este caso, el Ejército Nacional, se niegue a prestarle al actor los servicios médicos, quirúrgicos, hospitalarios y farmacéuticos, habida cuenta que éste al ingresar a prestar sus servicios a la patria, se encontraba en óptimas condiciones de salud y luego de haber sido separado del servicio y de haber sufrido el trauma mencionada, padece lesiones ocasionadas en razón de la prestación del servicio militar, lo cual se traduce en una situación de debilidad manifiesta que merece protección adecuada y especial.

Así las cosas, la Sala procederá a confirmar el fallo de primer grado.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, el 23 de julio de 2008 por medio del cual tuteló los derechos a la salud en conexidad con el derecho a la vida en condiciones dignas a favor del accionante Rubén Darío Bedoya Uribe.

2. Súrtanse las notificaciones de rigor, conforme el contenido del artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

3. Envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Angelino Lizcano Rivera, Presidente—Nancy Ángel Müller—Antonio José Aponte Olivilla—Julia Emma Garzón de Gómez—María Mercedes López Mora—Carlos Arturo Ramírez Vasquez—Luz Elena Rodríguez Hurtado.

Yira Lucia Olarte Avila, Secretaria Judicial.

(1) Cfr. Sentencia T- 1110 de 2005 entre otras.

(2) Corte Constitucional Sentencia C-177 de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero

(3) M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(4) Adoptada por la Asamblea General de la OEA el 8 de junio de 1999 e incorporada al ordenamiento jurídico colombiano por la Ley 762 de 2002.

(5) Naciones Unidas. Documento E/1995/22, párrafo 34.

(6) En las sentencias C-406 de 1996, C-251 de 1997, T-568 de 1999, C-010 de 2000, T-1319 de 2001, C-671 de 2002, T-558 de 2003 y T-786 de 2003, entre otras, la Corte Constitucional ha destacado que la jurisprudencia de las instancias internacionales de derechos humanos constituye una pauta relevante para interpretar el alcance de los tratados sobre derechos humanos y, por ende, de los propios derechos constitucionales.

(7) Esta posición fue sostenida en la Sentencia T-102 de 1998, entre otras.

(8) Ver Sentencia SU-819 de 1999, entre otras.

(9) La Corte ha estimado que el derecho a la salud se transforma en derecho fundamental por conexidad con otros derechos fundamentales tales como la vida (sents. T-484 de 1992, T-099 y T-831 de 1999, T-945 y T-1055 de 2000, T-968 y T-992 de 2002, T-791, T-921 y T-982 de 2003, T-581 y T-738 de 2004, entre muchas otras) o la dignidad humana (al respecto se pueden consultar, entre otras, las sents. T-654 de 1999, T-536 de 2001, T-1018 y T-1100 de 2002, T-538 y T-995 de 2003, T-603, T-610 y 949 de 2004).

(10) Sobre el carácter fundamental del derecho a la salud de los menores, se pueden consultar, entre otras, las sentencias T-1331 de 2000, T-671 de 2001, T-593 y T-659 de 2003 y T-956 de 2004, entre otras.

(11) Ver, entre otras, las sentencias T-1038 de 2001, T-766 y T-977 de 2004.

(12) Sobre la protección reforzada en salud a las personas de la tercera edad, la Corte ha proferido, entre otras, las sentencias T-535 de 1999, T-004 de 2002, T-928 de 2003 y T-748 de 2004.

(13) Esta tesis ha sido un desarrollo jurisprudencial de este Tribunal Constitucional planteado, entre otras, en las sentencias T-859 y T-860 de 2003.

(14) Sentencia T-762 de 1998.

(15) Sentencia T-376 de 1997.

(16) Sentencia T-810 de 2004.

(17) Esta es la definición del término discapacidad empleada en la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad.

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