Sentencia 2008-04537 de octubre 1º de 2008 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicación 110011102000200804537

Aprobado según Acta 094 de la misma fecha.

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Arturo Ramírez Vásquez

Bogotá, D.C., 1º de octubre de dos mil ocho.

1. Asunto.

Se decide la impugnación interpuesta contra el fallo que dictó la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca el 8 de agosto de 2008 dentro de la acción de tutela instaurada por Diego Palacio Betancourt contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual se declaró improcedente el recurso de amparo.

2. Antecedentes.

1. El actor Diego Palacio Betancourt adelantó acción de tutela —previamente presentada ante la Sala de Casación Civil— para solicitar la protección a los derechos fundamentales al debido proceso, derecho de defensa, igualdad, honra, buen nombre y acceso a la administración de justicia, los cuales considera violados por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al proferir la sentencia del 26 de junio de 2008.

Afirma que la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, no le permitió concurrir al proceso penal adelantado contra la ex congresista Yidis Medina para ser oído, presentar pruebas y ejercer el derecho de contradicción; sin embargo, en la sentencia que la condenó, se consignaron imputaciones en su contra, desconociendo que la competencia para ser investigado por posibles conductas delictivas radica en el Fiscal General de la Nación al ostentar la calidad de Ministro de la Protección Social.

Expone que los hechos que justifican la acción de tutela hacen referencia a que la Sala Penal atendió —para el año 2004— en el proceso penal indicado las declaraciones del entonces Ministro del Interior Sabas Pretelt de la Vega y de quien fuera Superintendente de Notariado y Registro, José Félix Lafaurie, actuaciones judiciales que terminaron con auto inhibitorio (feb. 23/2005) a favor de la investigada, y precisa que esta situación lesiona el derecho a la igualdad, pues el hecho de haber sido citado en las diversas declaraciones rendidas por la investigada justificaba la recepción de su testimonio.

Precisa que el 4 de junio del presente año, solicitó a la Sala Penal —por intermedio de su apoderado— examinar “... previamente a esa aceptación de cargos, la evolución y desarrollo de las pruebas que se están practicando en otros procesos penales de competencia de la Fiscalía y de la Procuraduría General de la Nación, así como que se valore las importantes pruebas que se adelantan por las entidades mencionadas y otras que ha solicitado la defensa”, solicitud que fue negada considerando que ni el apoderado, ni el actor “... figuran como partes reconocidas dentro de la actuación procesal”.

Dice que en la sentencia que condenó a la ex parlamentaria por el delito de cohecho propio, la Sala Penal lo inculpa y le atribuye responsabilidades en torno a su conducta y a través de esas afirmaciones, se lesionan sus derechos fundamentales, puesto que aún no ha sido oído por la Fiscalía y es factible que se tomen en cuenta las sindicaciones que hace en su contra la autoridad judicial accionada.

Afirma que en la sentencia condenatoria solo se considera la confesión de la condenada, desconociendo las pruebas recaudadas, lo que refleja un deseo exagerado de simplificar y una ausencia de evaluación de las implicaciones de naturaleza bilateral del delito que se investiga (cohecho).

Precisa que la Sala Penal parte de aceptar que la ex congresista votaría en contra el proyecto de reelección, cuando lo que se encuentra demostrado dentro del proceso es que ella estaba indecisa y tenía serias dudas acerca de las bondades del proyecto, lo cual demuestra —estima— que la accionada renunció a realizar una investigación integral, desestimando las pruebas que soportan su real participación en los hechos investigados, adicionalmente obran en el proceso versiones totalmente diferentes por parte de la condenada, ya que en la entrevista rendida (ago. 8/2004) en fecha muy cercana a los hechos, no imputa cargos en su contra y posteriormente asume una postura contraria.

Recalca que en nuestro sistema penal, la confesión no puede ser considerada como plena prueba, ya que producida esta se deben practicar las diligencias necesarias para determinar la veracidad de la misma.

Indica que la Sala Penal en la sentencia cuestionada, coloca en “boca” de la procesada, afirmaciones que no ha pronunciado y que afectan de manera directa su buen nombre, pues —a diferencia de lo afirmado sobre otros funcionarios— las imputaciones no se hacen de forma genérica, sino que se refieren de manera concreta a su condición de ministro, incluyendo su nombre, y es así como la sentencia termina calificando que el voto de Yidis Medina para la aprobación de la reelección se “... obtuvo a partir de acciones delictivas”, juzgando la conducta en su ausencia, sin haber sido oído dentro del proceso, lo que torna más lesivo de sus derechos, pues no se puede tipificar el delito de cohecho, sin tener en cuenta el extremo relacionado con las personas que presuntamente entregan las dádivas, a fin de modificar la decisión de voto de la parlamentaria, y al romperse la unidad procesal, se suprimieron las garantías mínimas de las personas que son calificadas de corruptos y delincuentes, sin que la Corte tenga competencia para investigar su conducta y menos para imputar la comisión de delitos.

2. Indica que la tutela contra sentencias procede de manera excepcional, pero de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, se torna viable cuando se está ante una lesión de los derechos fundamentales, tal como sucede en el presente caso. De otra parte, afirma, no poder acudir a otro mecanismo de defensa judicial, pues la autoridad judicial accionada le negó la posibilidad de comparecer al proceso y además contra la sentencia atacada no procede recurso alguno.

3. En cuanto hace referencia al delito de cohecho, indica que este posee una naturaleza bilateral ya que en él confluyen dos voluntades, vale decir, de la persona que corrompe y la que se deja corromper, en cuanto es un “contrato ilícito” y esta interdependencia plantea una pluralidad de actores como elemento necesario del tipo penal donde es preciso que se prueben las conductas realizadas por cada uno de ellos dentro de la complejidad de participación que lo caracteriza, pues si hubo aceptación tiene que existir alguien que ofreció, lo que implica que no se puede sostener una sin la presencia de la otra y las pruebas afectan a uno y a otro; salvo con una violación del debido proceso se puede condenar a uno sin que comparezca el otro.

Enfatiza que la Corte no podía condenar a la ex parlamentaria al amparo exclusivo de su versión, pues era necesario que realizara una investigación integral de la conducta de todos los presuntamente implicados.

4. En cuanto toca con las razones para soportar el desconocimiento al debido proceso y derecho de defensa, precisa el actor que esta garantía es soporte esencial del Estado social de derecho y no puede haber “juicio justo” si no hay debido proceso, siendo este un axioma del garantismo penal.

Afirma, que esta prerrogativa no fue respetada por la Sala Penal, pues si iba a realizar calificaciones delictivas sobre ciertas conductas debió garantizar que esa persona compareciera al proceso y no tener como prueba únicamente la confesión de la investigada, negando con este comportamiento procesal la posibilidad que se posee de expresar dentro del proceso penal las opiniones o pareceres sobre las imputaciones delictivas realizadas al actor, violando en consecuencia su presunción de inocencia.

Como elemento adicional al desconocimiento al debido proceso, afirma que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se arrogó, una competencia que no posee al calificar como delictivas ciertas conductas presuntamente realizadas por él, siendo que la competencia para investigar sus comportamientos radica en el Fiscal General de la Nación, situación esta que constituye un defecto fáctico, pues de las valoraciones probatorias se desprenden conclusiones que no son congruentes con la situación que reposa en el expediente.

5. El actor presenta de manera extensa la valoración de las pruebas y la forma como esta apreciación lesiona —en su criterio— los derechos fundamentales reclamados así:

5.1. Teniendo en cuenta la naturaleza del delito investigado, es evidente que no basta con la confesión de uno de los sujetos que ha participado en el delito, para concluir que ella se ha producido en relación con el actor que no fue oído en el proceso, y en sana lógica, cualquier juicio implica considerar los dos extremos en su participación debidamente probada dentro del proceso.

5.2. Si un hecho no se encuentra debidamente probado, simplemente constituye una afirmación y el funcionario judicial no puede tomar esto como una realidad procesal y prohijarle consecuencias jurídicas, lo que se expresa en la necesidad de la prueba que lleva al juzgador al convencimiento de los hechos.

5.3. Refiere que por los antecedentes no era viable concederle credibilidad a la procesada, pues en varias intervenciones afirmó que el Ministro de Protección Social le ofreció cargos y en versiones anteriores lo excluye de cualquier participación, adicionalmente la Corte parte de reconocer que la actora votaría de manera negativa el proyecto de reelección, cuando siempre manifestó estar indecisa.

5.4. En cuanto hace referencia al ofrecimiento de cargos de su parte, considera que de acuerdo con el video (abr. 8/2004) de la entrevista rendida, la procesada afirma que esta refleja la verdad de lo acontecido y en ella se hace constar que el actor en ningún momento le ofreció cargo alguno, mientras que en las declaraciones rendidas 4 años después, manifiesta que previamente al voto y después del mismo, se habló del tema del director de la Clínica 1º de Mayo y procediendo el actor a realizar una crítica a esta última afirmación, reconstruye las pruebas que reposan en el plenario para concluir, que las versiones son inconsistentes respecto de los hechos, tiempo, modo y lugar del supuesto ofrecimiento, lo que no puede considerarse como simples errores u olvidos, sino como graves defectos que restan credibilidad a lo afirmado.

Considera que a igual conclusión se puede llegar en el supuesto ofrecimiento para el caso de Etesa, pues atendiendo las declaraciones de la procesada, está claro que no tuvo participación en dichas conductas y no entiende la manera como la Corte —sin valorar de manera integral los medios probatorios— realiza calificaciones sobre su actuar que lesionan de manera grave su presunción de inocencia.

6. Estima violado el derecho a la igualdad al no ser convocado a la investigación, cuando curiosamente el Ministro del Interior y el Superintendente de Notariado y Registro quienes fueron referidos por la actora en sus declaraciones, si fueron citados a comparecer, rindieron testimonio en el proceso y ejercieron su derecho a la defensa, lo cual considera un tratamiento discriminatorio, no empece haber solicitado que se le permitiera ofrecer su versión y aportar pruebas, petición que fue negada, lo que se convierte en una negativa de acceso a la administración de justicia, y a pesar de tal decisión, la Corte afirma que el actor cometió actos delictivos y corruptos, lo que implica que fue condenado sin fórmula de juicio, y agrega, que los funcionarios judiciales que conozcan su caso tendrán un prejuicio que lesiona la presunción de inocencia que lo acompaña en un Estado social de derecho.

7. Dice que mediante la sentencia en cuestión se lesiona el derecho al buen nombre y a la honra, por cuando se lo califica de “delincuente, autor de acciones delictivas, autor de ofrecimientos impúdicos y canonjías, halagos, promesas burocráticas” y otra serie de calificativos que no se ajustan a la realidad procesal, pues no están demostradas dentro del proceso, no obstante en dicha determinación no se investiga su conducta, por tanto no existe razón alguna para ser descalificado como Ministro de Protección Social ya que se ha limitado a cumplir con su deber.

8. Alega que la sentencia cuestionada desconoce de manera abierta las reglas de competencia señaladas en la Constitución Política al violar el principio de juez natural, pues en su caso, se pueden realizar calificaciones jurídicas sobre su conducta una vez haya sido acusado por el Fiscal General de la Nación (C.P., art. 235 y L. 600/2000, art. 74).

Afirma que se está contraviniendo la independencia judicial, pues el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria está condicionando claramente la posición de toda la rama judicial respecto de su responsabilidad penal al no haber sido condenado en ninguna instancia judicial, situación esta que no garantiza que se realice un juicio justo por parte de quien ya emitió un concepto sobre su culpabilidad al hacer señalamientos de conductas delictivas.

9. El actor reclama el amparo de los derechos fundamentales solicitados (1) y en consecuencia —por haber incurrido la accionada en vía de hecho (2) — exige se declaren sin valor jurídico y efecto las aseveraciones y la responsabilidad que se atribuye en la misma providencia a nombre de “Diego Palacio o al Ministro de Protección Social” en relación con las conductas que deben ser investigadas por el Fiscal General de la Nación y/o la Procuraduría General de la Nación.

3. Actuaciones procesales e intervenciones.

El a quo mediante auto del 25 de julio de 2008 avocó conocimiento y notificó de la acción a los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (3) y como tercero interviniente a la ciudadana Yidis Medina Padilla.

El Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, manifestó que el a quo carece de competencia para conocer de la acción de tutela adelantada en contra de esa instancia judicial, de conformidad con lo establecido en el numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, pues esta debe ser conocida por la misma corporación en la Sala que le sigue en orden alfabético a la accionada, y en el presente caso, la Sala de Casación Civil inadmitió la tutela adelantada por el actor. Por tanto, solicitó, se declarara la incompetencia para conocer del presente recurso de amparo.

Indicó que en el evento de conservar la competencia, se debe “negar por improcedente” el amparo invocado, toda vez que en el proceso adelantado en contra de la ex parlamentaria Yidis Medina no se quebrantaron los derechos fundamentales del actor, por las siguientes razones:

1. Se condenó mediante sentencia anticipada a la ex congresista Yidis Medina en relación con los hechos sobre los cuales ella se declaró responsable, limitándose a corroborar el valor de la confesión ofrecida de manera libre, y en la valoración probatoria no se realizaron señalamientos directos contra funcionarios implicados por la condenada, pues la referencia a ellos solo obedece a la mención concreta y puntual realizada por la procesada.

Asevera que las afirmaciones hechas sobre el actor, constituyen “simples referencias” procesales realizadas en virtud de los señalamientos contenidos en los diversos medios de prueba analizados, pero que en ninguna manera representan un criterio anticipado de la responsabilidad penal del actor en relación con los hechos que se le endilgan, pues dicha responsabilidad no se debatió, al no ser el escenario adecuado para hacerlo, ya que la competencia para ello radica en la Fiscalía General de la Nación (sic).

2. Precisa que desde el momento que se resolvió la situación jurídica de la ex congresista, se dispuso compulsar copias de lo actuado al Fiscal General de la Nación, por ser la autoridad competente para investigar la conducta, atendiendo el cargo que ostenta actualmente y en consecuencia se produjo la ruptura de la unidad procesal, siguiendo la Sala Penal en conocimiento del sujeto que tenía la calidad de aforado.

3. Afirma que ante la situación procesal presentada, el actor no estaba legitimado para ejercer el derecho de postulación, aportar pruebas o intervenir de alguna manera en el proceso penal, al no ser esa instancia judicial la competente para investigar su conducta y por estar en la imposibilidad de convertirse en sujeto procesal al interior de dicha actuación.

4. Dice que no resulta aconsejable —en guarda de la intangibilidad de los principios de presunción de inocencia y derecho a no autoincriminarse— que frente a los señalamientos de la procesada en relación con el doctor Diego Palacio y a partir de las cuales se le atribuye la comisión de presuntos delitos, se le convocara al proceso en calidad de testigo, pues tendría que haber rendido la declaración bajo la gravedad de juramento con los eventuales riesgos de quebrantar sus garantías constitucionales, pues en la investigación penal que se adelanta en su contra tiene el derecho de permanecer callado y es al Estado a quien le corresponde desvirtuar la presunción de inocencia que ampara a todos los procesados.

Ahora, en cuanto se refiere a las declaraciones rendidas por el Ministro del Interior y el Superintendente de Notariado y Registro, estas se practicaron cuando el proceso se encontraba en investigación previa, antes que la procesada rindiera diligencia de indagatoria, en la que efectuó las imputaciones contra varios funcionarios públicos y oportunidad en la cual decidió acogerse a sentencia anticipada.

5. Enfatiza que el proceso en el cual se condenó a Yidis Medina, no se rigió por el trámite ordinario, pues se acogió a sentencia anticipada y ello comporta la terminación temprana del proceso, toda vez que se presentan renuncias mutuas por parte del Estado y del sindicado, sin que sea necesario que se surtan todas las etapas procesales y se cumpla a cabalidad la dinámica probatoria ordinaria; por tanto, el principio de investigación integral tiene una aplicación restringida, pero ante la solicitud de sentencia anticipada, el funcionario instructor debe ampliar la indagatoria y practicar pruebas dentro de los 8 días siguientes, a fin de corroborar la validez de lo aceptado, lo que no supone el agotamiento de la fase probatoria tal como se establece en el procedimiento ordinario.

6. Finalmente, se precisa que la indagatoria no fue la única prueba tenida en cuenta para proferir la sentencia condenatoria, pues la decisión se fundamentó en los elementos juiciosos que la avalaron.

7. Cabe anotar, que con posterioridad a dictar el fallo de tutela de primera instancia se allegó la respuesta de Yidis Medina Padilla manifestando no poseer ninguna legitimación en la causa para ser interviniente.

4. El fallo impugnado.

Con sentencia del 8 de agosto de 2008 se declaró improcedente la acción de tutela impetrada, considerando:

1. Que la tutela procede de manera excepcional contra sentencias judiciales cuando se está ante la existencia de una vía de hecho, lo que implica para el juez de tutela ser riguroso en la verificación de los requisitos para la procedencia de este mecanismo constitucional, pues se colocan en juego los principios de seguridad jurídica y autonomía funcional.

Por tanto, la Corte Constitucional ha establecido una serie de causales genéricas y requisitos especiales para la procedencia que deben ser aplicados a cualquier recurso de amparo que ataque una sentencia judicial.

2. Refiere el a quo que en el presente caso no se configuró la causal de haber agotado la totalidad de procedimientos judiciales ordinarios, lo que desconoce el presupuesto de la subsidiaridad del recurso de amparo, ya que este mecanismo de protección constitucional no puede convertirse en una tercera instancia judicial o un instrumento paralelo que suplante los procedimientos judiciales ordinarios.

3. Indica que en el presente caso, la autoridad judicial accionada compulsó copias para que se investigaran las posibles conductas delictivas del actor, por tanto, es en ese escenario donde deben ventilarse las pretensiones del actor y desvirtuar los calificativos proferidos en la sentencia debatida.

4. Estima que la sentencia censurada no consigna acusaciones realizadas por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en contra del actor, pues esta se limitó a reproducir lo dicho por la procesada dentro del proceso penal, sin realizar señalamientos directos, ni menos emitir condenas definitivas, ya que solo fueron mencionados de manera general, integrantes o funcionarios del Gobierno Nacional, sin efectuar un señalamiento concreto sobre alguno de ellos.

5. En cuanto a la competencia asumida de manera errónea por la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, estima que el actor no ostenta la calidad de sujeto procesal y por ende sujeto activo de la acción penal, pues allí solamente se discutió el compromiso penal de la procesada, y no se podía referir a la participación o no del Ministro de Protección Social al no tener competencia para investigarlo.

6. Finalmente aduce que las instancias judiciales o disciplinarias en las cuales se investigará la conducta del actor, son los escenarios eficaces para realizar el debate probatorio y no se puede utilizar la acción de tutela como un mecanismo sustituto que desplace los procedimientos establecidos para el efecto.

7. Cabe anotar, que el fallo de primera instancia contó con la aclaración de voto (fl.117, c.o.) del magistrado Adolfo León Obando quien consideró que la acción de tutela debió estudiarse de fondo, ya que el actor carecía de otro medio de defensa judicial para hacer valer el amparo de sus derechos fundamentales y no podía estimarse que es en la Fiscalía donde debe presentar los argumentos esbozados, ya que en esa instancia judicial se debate su presunta participación en los delitos investigados y no la lesión a garantías o derechos constitucionales solicitados en el recurso de amparo (fl.120).

5. La impugnación.

Manifiesta el actor su inconformidad con la decisión adoptada indicando que si bien la acción de tutela tiene un carácter residual, también la jurisprudencia constitucional permite que se acuda a ella cuando se lesionan derechos fundamentales en una decisión judicial y de esa manera corregir los errores.

1. Reitera que la sentencia atacada contiene afirmaciones donde se califica su conducta de delictiva y no son simples afirmaciones como las califica el juez de tutela de primera instancia, lo que torna la situación en una clara lesión a sus derechos fundamentales al provenir de la máxima instancia de administración de justicia en la jurisdicción penal ordinaria.

El actor reproduce los apartes de la sentencia cuestionada donde se realizan las imputaciones delictivas sobre su conducta y concluye que de ellas se infiere que actúo de manera concertada en el ofrecimiento de prebendas y dádivas a la ex congresista, lo cual no se encuentra en consonancia con la totalidad de pruebas que reposan en el proceso.

2. Procede a presentar las consecuencias que se han derivado de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, así:

2.1. Los periódicos (4) se preguntaron, si la Corte con sus aseveraciones, validó el testimonio de Yidis Medina, lo cual implica “amarrar decisiones futuras” en las investigaciones adelantadas contra los funcionarios del gobierno, al haber plasmado valoraciones que no colocan en duda su participación, sino que parten de reconocer la real intervención del actor en los supuestos delitos.

2.2. Precisa que a raíz de la determinación de la Corte Suprema, Sala Penal, se está cuestionando el ejercicio de su cargo y su desempeño como ministro, siendo citado a un proceso de moción de censura (jul. 29/2008) y uno de los argumentos usados para su convocatoria fue considerar que “hay serias pruebas que indican que el Ministro de Protección Social... trasgredió la ley penal al ofrecer promesa remuneratoria a la ex parlamentaria Yidis Medina, para que aprobara el proyecto de acto legislativo que permitió la reelección del Presidente de la República, configurando el delito de cohecho y actuando con indignidad al violar los principios de moralidad, ética pública, honradez, legalidad y transparencia”.

Indica que en la sesión congresional varios de los parlamentarios utilizaron la mencionada sentencia para realizar cargos en su contra (5) e imputarle la comisión del delito de cohecho y la realización de actos de corrupción.

3. En cuanto hace referencia a los presupuestos para que se configure la vía de hecho, estima que no posee otro medio de defensa judicial, pues no fue admitida su concurrencia al proceso penal, además, se está ante un caso de incuestionable relevancia constitucional que afecta —inclusive— su actividad como ministro, y que la indebida valoración probatoria tiene nexo de causalidad con lo resuelto en la sentencia, pues la Sala Penal no respetó el procedimiento establecido para el efecto al desconocer los derechos de las personas que no concurrieron al proceso (defecto procedimental).

Agrega que no eran procedentes las calificaciones de su conducta, pues la Corte no tenía competencia para ello (defecto orgánico), desestimándose la totalidad de las pruebas obrantes en el proceso (defecto fáctico) y valorándose de manera equivocada a través de afirmaciones que no se derivan de lo legalmente demostrado.

4. Precisa que se presentó una vulneración del derecho al debido proceso causado por desconocimiento de la competencia (defecto orgánico), porque se realizaron juicios sobre su responsabilidad penal, siendo que la competencia para juzgar su conducta está radicada en el Fiscal General de la Nación.

5. En cuanto hace referencia a la lesión al derecho al debido proceso y de defensa, estima que estos se lesionan cuando la autoridad judicial accionada realiza imputaciones delictivas sobre su conducta, sin que se le permita controvertir las pruebas allegas en su contra, más cuando él solicitó ser oído en esa instancia judicial para demostrar lo contrario.

De otra parte, considera viable su concurrencia al proceso, pues la procesada Yidis Medina en varias oportunidades manifestó que el actor no le había ofrecido dádivas o prebendas como erróneamente lo sostiene la sentencia, y si la investigación era sobre el delito de cohecho —el cual necesariamente es bilateral— implica la participación de dos extremos, por tanto, y la negativa a decepcionar su testimonio en el proceso demuestra un “deseo de simplificación probatoria”.

6. En el escrito de impugnación, en cuanto hace referencia a los argumentos presentados sobre la valoración de las pruebas, vulneración del derecho a la igualdad, acceso a la administración de justicia, vulneración del derecho al buen nombre y a la honra, el actor reitera los argumentos esbozados al momento de presentar la acción de tutela.

Por las anteriores precisiones solicita la revocatoria del fallo adoptado por el juez de tutela de primera instancia y se acceda a las pretensiones inicialmente incoadas.

6. Consideraciones.

La Corte Constitucional ha definido la procedencia excepcional de la tutela contra sentencias judiciales cuando estas constituyan una vía de hecho, la cual se debe ejercer dentro de un término razonable y de esa manera evitar su improcedencia por desconocimiento del principio de inmediatez, pues el carácter excepcional del recurso de amparo tiene como finalidad garantizar la intangibilidad de la cosa juzgada y el respeto de la autonomía judicial (6) ; así las cosas, solo puede promoverse cuando sea necesaria la intervención del juez constitucional para atenuar los efectos de una decisión que aunque en apariencia reviste la forma de sentencia judicial, objetivamente no lo es, en cuanto ha ocasionado una violación o perjuicio grave de los derechos fundamentales de una persona (7) .

Así, en el caso que nos ocupa no se encuentra reparo en lo referido al respeto al principio de inmediatez, ya que la sentencia atacada está fechada el 26 de junio de 2008 y el recurso de amparo se adelantó el 23 de julio del mismo año, es decir, dentro de un término razonable y prudencial que no puede ser calificado como desproporcionado.

Adicional al anterior requisito, se tiene que el actor no cuenta con otro medio de defensa judicial eficaz para hacer valer el amparo de los derechos fundamentales que estima lesionados, ya que el proceso penal —donde solicitaba ser oído— terminó con sentencia anticipada, y de otra parte, tal como fueron presentados los hechos por parte del actor, se avizora la eventual ocurrencia de un perjuicio irremediable que legitima la intervención del juez constitucional, para si lo encuentra probado, proceder al amparo deprecado.

En el análisis del caso, la Sala presentará aspectos generales referidos a las causales establecidas por la doctrina constitucional que justifican la procedencia de la tutela contra sentencias judiciales (8) , y verificarlos de cara a la situación del actor; igualmente, se abordará la figura de la sentencia anticipada y los contenidos de verdad que la soportan, para finalmente examinar el caso concreto y establecer —si es del caso— la eventual lesión de los derechos fundamentales invocados.

1. Causales de procedencia de la tutela contra sentencias.

La Sala estima oportuno acudir a esta reflexión, por cuanto el a quo decidió no conocer el fondo del asunto declarando su improcedencia, aduciendo que la situación del actor no se ajustaba a los requisitos exigidos por la Corte Constitucional para que se configure la existencia de una vía de hecho. Por tanto, y previa reseña de algunos apartes de la Sentencia T-014 de 2008, se determinará su procedencia:

3.1. Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales.

3.1.1. En atención a que en los fallos de instancia se advierten algunas divergencias de criterio entre los jueces de la jurisdicción constitucional en materia de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, es preciso reiterar el estado actual de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales.

3.1.2. Cabe recordar que en la Sentencia C-543 de 1992, la Corte declaró la inexequibilidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, disposiciones relativas a la acción de tutela en contra de decisiones judiciales. En esta sentencia, se afirmó que la tutela no procede, por regla general, contra este tipo de decisiones, salvo en aquellos casos en que el funcionario judicial, al decidir, se aparta de tal forma del ordenamiento jurídico, que su pronunciamiento equivale a una actuación o “vía” de hecho, producto de la arbitrariedad o el capricho (9) , mas no de la correcta interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico.

Esta decisión se fundamentó en la necesidad de establecer un equilibrio adecuado entre el respeto a los principios constitucionales de seguridad jurídica y autonomía judicial, y la prevalencia de los derechos fundamentales, pilares del Estado constitucional y social de derecho.

3.1.3. A partir de la doctrina de la vía de hecho, la Corte consideró, en un primer momento, que en un fallo judicial, se pueden presentar cuatro tipos de defectos, capaces de producir la vulneración de los derechos fundamentales de un ciudadano. Así, durante algún tiempo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional sostuvo que solo frente a los defectos de tipo fáctico, sustantivo, procedimental y orgánico (10) podría prosperar la acción de tutela frente a una decisión o autoridad judicial.

3.1.4. Posteriormente, sin embargo, diversas salas de revisión, encontraron que existen eventos en los cuales la actuación de una autoridad judicial, sin ser arbitraria ni caprichosa, puede resultar en todo caso constitucionalmente ilegítima, al tener como resultado la vulneración de derechos fundamentales, circunstancia que motiva la intervención del juez de tutela. Así, manteniendo siempre como guía el interés por lograr una correcta armonización entre la primacía de los derechos fundamentales y los principios de seguridad jurídica y autonomía judicial, la Corte encontró, por vía de ejemplo, que una actuación judicial razonable, podría derivar en vía de hecho, por fallas estructurales de la administración de justicia.

De esta forma, el concepto de vía de hecho judicial comenzó a ser desplazado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, por el de causales genéricas de procedibilidad, bajo el cual quedan cobijados con mayor claridad conceptual y jurídica, los eventos en los que la Corte Constitucional ha determinado que es precisa la intervención del juez constitucional, para preservar los derechos fundamentales, frente a una decisión judicial.

3.1.5. Estas causales fueron presentadas, primero, en fallos de revisión de tutela (11) , para ser finalmente sistematizadas, junto con los requisitos formales de procedibilidad, por la Sala Plena, en Sentencia de Constitucionalidad C-590 de 2005, de la cual deben resaltarse los siguientes elementos:

3.1.5.1. La tutela contra sentencias judiciales es procedente, tanto desde un punto de vista literal e histórico (12) , como desde una interpretación sistemática, teniendo como referencia al bloque de constitucionalidad (13) e, incluso, a partir de la ratio decidendi (14) de la Sentencia C-543 de 1992 (15) , siempre que se presenten los criterios ampliamente desarrollados por la jurisprudencia constitucional.

3.1.5.2. Así, al estudiar la procedencia de la acción, el juez debe constatar que se cumplen los siguientes requisitos formales (16) , que no son más que los requisitos generales de procedibilidad de la acción, adecuados a la especificidad de las providencias judiciales: (i) que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional (17) ; (ii) que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, antes de acudir al juez de tutela; (iii) que la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad; (iv) en caso de tratarse de una irregularidad procesal, que esta tenga incidencia directa en la decisión que resulta vulneratoria de los derechos fundamentales; (v) que el actor identifique, de forma razonable, los hechos que generan la violación y que esta haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber sido posible; (vi) que el fallo impugnado no sea de tutela.

3.1.5.3. Debe constatar así mismo la concurrencia de alguna de las causales específicas de procedibilidad, ampliamente elaboradas por la jurisprudencia constitucional: defecto orgánico (18) sustantivo (19) , procedimental (20) o fáctico (21) ; error inducido (22) ; decisión sin motivación (23) ; desconocimiento del precedente constitucional (24) ; y violación directa a la Constitución (25) .

3.1.6. Sobre la determinación de los defectos, es claro para la Corte que no existe un límite indivisible entre ellos, pues resulta evidente que la aplicación de una norma inconstitucional o el desconocimiento del precedente constitucional, pueden implicar, a su vez, el desconocimiento de los procedimientos legales o, que la falta de apreciación de una prueba, puede producir una aplicación indebida o la falta de aplicación de disposiciones normativas relevantes para la solución de un caso específico (26) .

No sobra señalar que el criterio sostenido en la ratio decidendi de la Sentencia C-543 de 1992 se mantiene incólume: la preservación de la supremacía de los derechos fundamentales, a través de un entendimiento sustancial de los principios de seguridad jurídica e independencia judicial (27) . Por ello, el ámbito material de procedencia de la acción es la vulneración grave a un derecho fundamental y el ámbito funcional del estudio, se restringe a los asuntos de evidente relevancia constitucional.

3.1.7. De conformidad con las consideraciones precedentes, lo esencial para determinar la procedencia de la acción de tutela en contra de una sentencia judicial, es la concurrencia de tres situaciones: (i) el cumplimiento de los requisitos formales de procedibilidad, (ii) la existencia de alguna o algunas de las causales específicas establecidas por la corporación para hacer procedente el amparo como tal y, (iii) el requisito sine que non, consistente en la necesidad de intervención del juez de tutela, para evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental. (28)

Es así como en acato al citado precedente jurisprudencial, la Sala estima que en el presente evento sin duda alguna se configuran los aludidos requisitos formales, toda vez que el asunto sometido a estudio tiene relevancia constitucional, en la medida que se encuentra en debate la posible lesión de los derechos fundamentales del actor, al igual que este utilizó los mecanismos judiciales a su alcance al solicitar ser oído dentro del proceso penal, y finalmente, se encuentra cumplido el requisito de inmediatez.

Adicionalmente, las irregularidades procesales denunciadas por el actor, tienen incidencia directa en la decisión de la que se pregona vulnera los derechos fundamentales, y por su parte, el actor justifica de manera razonable, los hechos que generan la supuesta violación, los cuales no pudieron ser alegados al interior del proceso judicial, pues adviértase desde ahora, ello no fue posible ante la decisión de la accionada de no permitirle concurrir al proceso.

Por todas las anteriores razones y muy contrario a lo sostenido por la primera instancia, se estima procedente la acción de tutela, como también necesario un pronunciamiento de fondo.

2. Aspectos generales sobre la sentencia anticipada y los contenidos de verdad exigidos en su aplicación.

La Sala procede a realizar algunas consideraciones previas sobre la institución de la sentencia anticipada y su impacto en la dinámica probatoria del proceso penal —que al ser aplicada a quien se acoge a ella— genera una terminación anormal del mismo, estimándose necesaria una precisión sobre el tipo de juicios que deben emitirse al momento de determinar la validez de la aceptación de cargos.

1. La figura de la sentencia anticipada que se aplicó a la situación de la ex parlamentaria Yidis Medina se encuentra regulada en el artículo 40 de la Ley 600 de 2000 en los siguientes términos:

ART. 40.—Sentencia anticipada. A partir de la diligencia de indagatoria y hasta antes de que quede ejecutoriada la resolución de cierre de la investigación, el procesado podrá solicitar, por una sola vez, que se dicte sentencia anticipada.

Efectuada la solicitud, el Fiscal General de la Nación o su delegado, si lo considera necesario, podrá ampliar la indagatoria y practicar pruebas dentro de un plazo máximo de ocho (8) días. Los cargos formulados por el Fiscal General de la Nación o su delegado y su aceptación por parte del procesado se consignarán en un acta suscrita por quienes hayan intervenido.

Las diligencias se remitirán al juez competente quien, en el término de diez (10) días hábiles, dictará sentencia de acuerdo a los hechos y circunstancias aceptadas, siempre que no haya habido violación de garantías fundamentales.

El juez dosificará la pena que corresponda y sobre el monto que determine hará una disminución de una tercera (1/3) parte de ella por razón de haber aceptado el procesado su responsabilidad.

(...).

Cuando se trate de varios procesados o delitos, pueden admitirse aceptaciones parciales, caso en el cual se romperá la unidad procesal a partir de la finalización de la diligencia.

Para precisar los alcances de la tarea conceptual propuesta, se acogen en primer término los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional en la Sentencia C-425 de 1996, que revisó la exequibilidad de la figura de la sentencia anticipada consagrada en el Decreto 2067 de 1991 (29) , los cuales conservan plena validez, habida consideración a que la figura de cara a la Ley 600 de 2000 conserva la misma naturaleza e identidad (30) . Al respecto, afirma la Corte:

“1. Sentencia anticipada.

Esta institución jurídica que se encuentra regulada en el artículo 37 del Código de Procedimiento Penal, tal como quedó modificado por el artículo 3º de la Ley 81 de 1993, objeto de acusación, es una de las formas de terminación abreviada del proceso penal, y responde a una política criminal cuya finalidad es la de lograr mayor eficiencia y eficacia en la aplicación de justicia, pues mediante ella se autoriza al juez para emitir el fallo que pone fin al proceso antes de agotarse o cumplirse todas las etapas procesales establecidas por el legislador, las que se consideran innecesarias, dada la aceptación por parte del procesado de los hechos materia de investigación y de su responsabilidad como autor o partícipe de los mismos. Dicha actuación por parte del procesado es catalogada como una colaboración con la administración de justicia que le es retribuida o compensada con una rebaja de pena cuyo monto depende del momento procesal en que ésta se realice.

El titular del derecho a solicitar que se dicte sentencia anticipada es única y exclusivamente el procesado... Para dictar sentencia anticipada se exige el cumplimiento de dos requisitos sustanciales, a saber: 1. la aceptación por parte del procesado de los hechos materia de investigación y 2. la existencia de plena prueba para dictar sentencia condenatoria, esto es, de que el hecho ha existido y de que el sindicado es responsable del mismo.

Cuando el procesado solicita que se profiera sentencia anticipada está renunciando voluntariamente a que se adelanten todas las diligencias procesales estatuidas por el legislador, debido a su aceptación de los hechos materia del proceso, reconocimiento que obviamente ha de estar respaldado en el material probatorio recaudado. Sin embargo, la ley permite que en caso de existir duda sobre los hechos o la responsabilidad del procesado, puede el fiscal ampliar la indagatoria y ordenar la práctica de otras pruebas que lo conduzcan a la plena certeza del ilícito y de la responsabilidad del imputado.

Para efectos de dictar sentencia anticipada, es necesario levantar un acta en la que consten en forma clara, precisa y concreta los hechos y cargos que se le endilgan al procesado, la aceptación expresa de ellos por parte del implicado, al igual que su responsabilidad, documento que se equipara para todos los efectos procesales a la resolución acusatoria; esta la razón para exigir que en ella queden perfectamente delimitados los cargos que se le atribuyen al implicado, ya que posteriormente no se puedan modificar ni agregar otros.

(...).

El acta se remite al juez competente, quien tiene diez (10) días hábiles para dictar sentencia “conforme a los hechos y circunstancias aceptados, siempre que no haya violación de las garantías fundamentales”. Así las cosas, es el juez del conocimiento quien debe velar por la protección de los derechos fundamentales del procesado, mediante un control de legalidad de la actuación, el que cubre no solo los aspectos formales o procedimentales sino también los sustanciales o de fondo.

Finalmente, cabe agregar que la sentencia anticipada procede en cualquier clase de proceso sin importar el delito. Y, como toda sentencia, debe cumplir los requisitos exigidos en la ley, entre otros, la debida congruencia entre los cargos formulados y el fallo de condena, el pago de perjuicios en caso de que haya lugar, los recursos que proceden contra ella, la notificación, la dosificación de la pena incluyendo las rebajas respectivas, etc.

(...).

2.2. Presunción de inocencia.

El principio de presunción de inocencia, que consagra la Constitución en favor de toda persona, también se viola, a juicio del actor, cuando se acude al trámite de sentencia anticipada, puesto que se condena teniendo como base, únicamente, la aceptación de los hechos realizada por el procesado, sin que se demuestre cabalmente su responsabilidad.

Sobre dicha garantía constitucional ha dicho la Corte:

“Supuesto indispensable de ello (de una aplicación justa de las leyes) es la presunción de inocencia de todo individuo mientras no se cumpla el requisito de desvirtuarla, demostrándole su culpabilidad con apoyo en pruebas fehacientes debidamente controvertidas, dentro de un esquema que asegure las garantías procesales sobre la imparcialidad del juzgador y la íntegra observancia de las reglas predeterminadas en la ley para la indagación y esclarecimiento de los hechos, la práctica, discusión y valoración de las pruebas y la definición de responsabilidades y sanciones en su caso” (31) .

Para efectos de dictar sentencia anticipada el legislador ha consagrado como presupuesto indispensable, que la aceptación de los hechos por parte del procesado, al igual que su responsabilidad en ellos, se encuentre plenamente sustentada en las pruebas obrantes en el proceso, ya que la culpabilidad no puede deducirse simple y llanamente del reconocimiento de esta por parte del implicado. En este, como en todo proceso penal, es indispensable desvirtuar la presunción de inocencia, labor que le corresponde efectuar a la autoridad judicial competente. Es claro entonces, que el juez no puede fallar basado exclusivamente en el dicho o aceptación de los hechos por parte del procesado, sino en las pruebas que ineludiblemente lo lleven al convencimiento de que este es culpable.

Así las cosas, no le asiste razón al demandante, pues la aceptación por parte del implicado de ser el autor o partícipe de los hechos investigados penalmente, aunada a la existencia de prueba suficiente e idónea que demuestre tal afirmación, permite desvirtuar la presunción de inocencia.

Siguiendo con el planteamiento, la Corte Constitucional consolida su postura sobre la naturaleza de la sentencia anticipada en la Decisión SU-1300 de 2001, en los siguientes términos:

“2.5. La aceptación de los cargos en la diligencia de sentencia anticipada implica una confesión simple y supone la renuncia a controvertir la acusación y las pruebas en que ella se funda.

La institución de la sentencia anticipada, implica renuncias mutuas del Estado y del sindicado: la renuncia del Estado a seguir ejerciendo sus poderes de investigación, y la del imputado a que se agoten los trámites normales del proceso, a la controversia de la acusación y de las pruebas en que se funda. El Estado reconoce que los elementos de juicio aportados hasta ese momento son suficientes para respaldar un fallo condenatorio que debe partir de la certeza del hecho punible y de la responsabilidad del sindicado, certeza que se corrobora con la aceptación integral de los hechos por parte del imputado. La aceptación de los hechos obra como confesión simple.

La Corte Constitucional ha dicho que además de la aceptación por parte del sindicado de los hechos materia del proceso, este acepta “la existencia de plena prueba que demuestra su responsabilidad como autor o partícipe del ilícito”. (C-425/96).

Con respecto a la renuncia a la contradicción de las pruebas en que se funda la acusación, por parte de quién se acoge a la sentencia anticipada, ha dicho la Corte Suprema de Justicia en sede de casación:

“la estructura misma de la institución de la sentencia anticipada indica que, si el procesado se allana a ella, de antemano renuncia a la controversia de la acusación y de la prueba exhibida en su contra, como sustento de los argos formulados por el fiscal. Es lo que se infiere diáfanamente de que a ‘los cargos formulados por el Fiscal’ solo le puede seguir ‘su aceptación por parte del procesado’ y la consignación de lo ocurrido en un acta que firmaran los intervinientes.

De la reseña jurisprudencial expuesta, se concluye que la institución de la sentencia anticipada es una forma de terminación abreviada del proceso, que autoriza al juez a emitir un fallo que le pone fin antes de agotarse o cumplirse todas las etapas previstas en el estatuto procedimental penal, en atención a que se encuentran presentes dos factores para que se acceda a la solicitud por parte del procesado de acogerse a dicha figura: (i). La aceptación de cargos por parte del procesado —quien es el único legitimado para presentar la solicitud de sentencia anticipada— de los hechos materia de investigación y (ii). La aceptación de su responsabilidad en los mismos como autor o partícipe.

Una vez reunidos los requisitos exigidos para la procedencia de la solicitud, se hace necesario que concurran dos presupuestos para dictar sentencia condenatoria anticipada: (i). Aceptación por parte del procesado de los hechos materia de investigación; (ii). Existencia de plena prueba que sirva de soporte para derivar responsabilidad penal, lo que a su vez, implica la convergencia de otros factores a saber: a) que el hecho haya existido; b) que el sindicado sea responsable del mismo y c) que en el evento de existir duda, puede ampliarse la diligencia de indagatoria y ordenar la práctica de pruebas a fin de determinar los dos requisitos identificados inicialmente.

Pero es necesario enfatizar que aunque se trate de una terminación anormal del proceso, la sentencia debe cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos por la ley, entre otros, el respeto pleno de los derechos fundamentales de las personas intervinientes en el proceso penal, y por ello es necesario que el control de legalidad sobre la aceptación de cargos incluya un escrutinio tanto de los aspectos formales como sustanciales de la conducta y de la responsabilidad del sujeto activo, tendientes a acreditar su culpabilidad, más allá de considerar simplemente la confesión del procesado.

Esta postura encuentra respaldo en lo precisado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-091 de 2006, al afirmar,

“15. Aunque para el asunto que ocupa la atención de la Sala, el tema relevante es la evolución que ha tenido el instituto de la terminación anticipada del proceso mediante sentencia anticipada, opción que comporta confesión y por ende aceptación unilateral de cargos, se ha hecho referencia a la institución que se ha desarrollado paralelamente a tal mecanismo, basadas ya no en el allanamiento, sino en el consenso entre fiscal y procesado. Lo anterior con el propósito de mostrar que se trata de instituciones paralelas, orientadas a propiciar una terminación anticipada del proceso, y en esa medida a ahorrar esfuerzos investigativos, en aquellos eventos en que estos resultan superfluos en virtud de la renuncia o aceptación del procesado a continuar con el procedimiento regular, siempre que se preserven las garantías fundamentales derivadas de los principios de presunción de inocencia y de necesidad de prueba. Sin embargo la sentencia anticipada se funda en criterios adicionales de política criminal fundados en el reconocimiento de las actitudes internas del imputado que se plasman en la aceptación unilateral de los cargos”.

(...).

(iv) La sentencia anticipada se funda en el principio de presunción de inocencia:

“El juez no puede fallar basado exclusivamente en el dicho o aceptación de los hechos por parte del procesado, sino en las pruebas que ineludiblemente lo lleven al convencimiento de que este es culpable. La aceptación por parte del implicado de ser el autor o partícipe de los hechos investigados penalmente, aunada a la existencia de prueba suficiente e idónea que demuestre tal afirmación, permite desvirtuar la presunción de inocencia” (32) .

En el nuevo sistema la carga de la prueba radica igualmente en el órgano de investigación penal. La aceptación unilateral de cargos conduce necesariamente a una sentencia condenatoria que debe estar fundada en el “convencimiento de la responsabilidad penal del acusado, mas allá de toda duda” (art. 7º). De manera que la sentencia condenatoria producida sin agotar el debate público debe contar con el presupuesto relativo a la existencia de evidencia o material probatorio sobre la responsabilidad aceptada del procesado. Mediante la aceptación de los cargos y la evidencia o elementos materiales de prueba, el procesado renuncia a controvertirlos en el juicio.

2. Conforme lo anotado previamente y en relación con el caso concreto, la ex parlamentaria Yidis Medina Padilla, se acogió a sentencia anticipada en los términos del artículo 40, parágrafo de la Ley 600 de 2000 (33) y como consecuencia de ello, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal (C.N., art. 235, num. 3º), dictó sentencia condenatoria el 26 de junio de 2008, por el delito de cohecho propio (34) , hecho punible que conforme su estructura normativa, exige la concurrencia de al menos dos sujetos que participen en su realización (35) .

3. En el caso a decisión y atendiendo las condiciones particulares de los sujetos activos que presuntamente cometieron el ilícito, el examen de los grados de participación y la responsabilidad se torna sobremanera complejo, toda vez que converge una particularísima situación, cual es que se está ante eventuales sujetos activos que reportan una especial calidad funcional, que implica ser investigados por parte de diversas autoridades judiciales.

Así, la ex congresista Yidis Medina fue investigada y juzgada de manera privativa por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (C.N., art. 235, num. 3º) (36) , mientras que el actor Diego Palacio Betancourt dada su calidad de Ministro de la Protección Social —como presunto responsable del delito de cohecho— es investigado por el Fiscal General de la Nación (C.N., art. 251, num. 1º) (37) y juzgado por la Corte Suprema de Justicia (C.N., art. 235, num. 4º) (38) , luego es claro que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, carecía y carece de competencia para investigar a quien funge como actor en el presente recurso de amparo.

Esta consecuencia jurídica, pone en evidencia que los dos sujetos procesales que presuntamente participaron en la comisión del delito de cohecho propio no son investigados por la misma autoridad judicial, y en razón de ello, la protección de las garantías fundamentales comporta una dinámica particular, ya que podría ocurrir —tal como sucedió en el presente caso— que uno de los extremos implicados en la comisión del punible investigado acepte su responsabilidad, acogiéndose a la figura de la sentencia anticipada, lo que conlleva una renuncia voluntaria a la presunción de inocencia ante la autoridad judicial que tenía la competencia para conocer de su caso, mientras que el otro implicado, sigue amparado (39) bajo dicha presunción ante la instancia judicial competente, premisa que se identifica con las lecturas constitucionales del artículo 29 de la Carta Política en punto del derecho penal de acto (40) , tal como lo define la Sentencia C-179 de 2007:

[...] la Corte ha venido resaltando que, como consecuencia del reconocimiento de la dignidad humana (C.P., art. 1º), la Carta prevé un derecho penal de acto y no de autor. En efecto, con claridad el artículo 29 superior establece que no puede haber delito sin conducta, al establecer que “nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa”. Al respecto ha considerado:

“Dicha definición implica, por una parte, que el acontecimiento objeto de punición no puede estar constituido ni por un hecho interno de la persona, ni por su carácter, sino por una exterioridad y, por ende, el derecho represivo solo puede castigar a los hombres por lo efectivamente realizado y no por lo pensado, propuesto o deseado, como tampoco puede sancionar a los individuos por su temperamento o por sus sentimientos. En síntesis, desde esta concepción, solo se permite castigar al hombre por lo que hace, por su conducta social, y no por lo que es, ni por lo que desea, piensa o siente.

Pero, además, un derecho penal del acto supone la adscripción de la conducta al autor, en cuanto precisa, además de la existencia material de un resultado, la voluntad del sujeto dirigida a la observancia específica de la misma. En otros términos, el derecho penal del acto supone la adopción del principio de culpabilidad, que se fundamenta en la voluntad del individuo que controla y domina el comportamiento externo que se le imputa, en virtud de lo cual solo puede llamarse acto al hecho voluntario.

La reprobación penal del hecho, entonces, debe estar referida no a su materialidad en sí misma, sino al sentido subjetivo que el autor confiere a su comportamiento social, en tanto que sujeto libre; y así, solo puede ser considerado como autor de un hecho, aquel a quien pueda imputársele una relación causal entre su decisión, la acción y el resultado, teniendo en cuenta su capacidad sicofísica para entender y querer el hecho, considerada en abstracto, y la intención, en concreto, de realizar el comportamiento que la norma penal describe.

En otros términos, el principio de que no hay acción sin culpa, corresponde a la exigencia del elemento subjetivo o sicológico del delito; según dicho principio, ningún hecho o comportamiento humano es valorado como acción sino es el fruto de una decisión; por tanto, no puede ser castigado si no es intencional, esto es, realizado con conciencia y voluntad por una persona capaz de comprender y de querer. De ahí que solo pueda imponerse pena a quien ha realizado culpablemente un injusto” (41) .

4. Así las cosas, el derecho penal de acto, entendido como soporte y razón de ser de las garantías propias de un Estado social de derecho, de suyo implica una superación del modelo de derecho penal de autor (42) , al igual que de los juicios que permitían derivar responsabilidad punitiva al cobijo exclusivo de criterios meramente objetivos (43) (L. 599/2000, art. 12) (44) , ya que como lo enseña el Código Penal, la “causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado” (L. 599/2000, art. 10), lo que genera una conexión directa con la protección especial que al interior de la Constitución merece la presunción de inocencia, tal como lo indica el tribunal constitucional en la Sentencia C-077 de 2006:

“La Constitución colombiana consagra el derecho penal de acto, en cuanto erige un Estado social de derecho, que tiene como uno de sus pilares el respeto de la dignidad humana (art. 1º), asigna el carácter de valor fundamental a la libertad de las personas (preámbulo) en sus diversas modalidades o manifestaciones, destaca que todas las personas nacen libres (art. 13) y que toda persona es libre (art. 28) y preceptúa específicamente en relación con la responsabilidad penal que nadie puede ser reducido a prisión o arresto ni detenido sino por motivo previamente definido en la ley (art. 28) y que nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al “acto que se le imputa”, como también que toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente “culpable”(art. 29)”.

5. En consecuencia, nuestro sistema jurídico establece como presupuesto de la sanción penal, la existencia de una acción realizada por el sujeto activo del delito, y por tanto, dentro de un Estado que se califique como democrático, debe respetarse como premisa inexcusable, que la responsabilidad penal sea de carácter individual, lo que supone, que no puede calificarse de ilegal un comportamiento, teniendo como referencia la conducta realizada por otro, tal como sucede en regímenes políticos totalitarios, donde opera la responsabilidad penal colectiva, sin el más mínimo respeto por las garantías del debido proceso (45) .

El derecho penal de acto y la responsabilidad derivada de un actuar voluntario, es una de las más nobles conquistas del derecho moderno (46) , al tiempo que constituye una garantía a defender en el Estado social de derecho (47) , pues la legitimidad de este último, radica en considerar los derechos fundamentales como límite al ejercicio del poder político (C.N., art. 2º), siendo garantizados en su protección por las instancias judiciales (48) , por tanto, es obligación de todas las autoridades amparar los derechos, pero la tarea de los jueces es más sensible a tal propósito, pues a ellos corresponde lograr su efectividad (C.N., art. 86).

6. En ese orden de ideas, si en la investigación y juzgamiento del delito de cohecho —como respecto de cualquier delito— se garantiza el derecho penal de acto y se atiende la liberalidad que tienen las personas implicadas de acogerse individualmente a sentencia anticipada, es perfectamente posible y válido que uno de los procesados termine siendo condenado, sin perjuicio de que el otro —al no acogerse a tal figura de terminación anormal del proceso— siga gozando de la presunción de inocencia, y por ende contando con todas las garantías que le ofrece la ritualidad del proceso penal en aras de demostrar su inocencia, o en su contrario, resultar vencido en juicio, siendo solo en esta última circunstancia legítimo un reproche de tipo penal (49) .

Se reitera como síntesis de los conceptos presentados, que la legitimidad para acogerse a la figura de sentencia anticipada radica de manera exclusiva en el procesado, y es una facultad que solamente a él le asiste, importa y genera consecuencias jurídicas. En efecto, conforme a la filosofía de un derecho penal de acto, las consecuencias y beneficios que se derivan de tal decisión, solo pueden cubrir a quien opta por ese medio y en manera alguna pueden hacerse extensivos al otro extremo que se sindica de la comisión del presunto delito de cohecho y sobre el cual se mantiene intacta la presunción de inocencia.

En suma, puede presentarse que uno de los sindicados termine con sentencia condenatoria mientras que otro de ellos —por cualquier razón— reciba distinto tratamiento procesal en la investigación y juzgamiento del reato, en este caso, el cohecho —delito que insístase, en principio se considera como bilateral pero que en respeto al principio de acto— no traduce en que la aceptación de responsabilidad de quien lo realiza de manera voluntaria, restrinja el ámbito de protección de los derechos inherentes al otro posible autor (C.N., art. 94).

De acuerdo con las anteriores precisiones, se concluye que el contenido de la sentencia anticipada debe limitarse al enjuiciamiento de la conducta de quien se acoge a tal figura, y conlleva a que dentro de su estructura argumentativa quede excluido todo tipo de juicio, valoración o calificación jurídica de la conducta desplegada por otras personas que eventualmente puedan estar vinculadas a los hechos materia de investigación, pues tal como se precisó, la norma exige al juez que al proferir la sentencia deba limitarse a los “hechos y circunstancias aceptadas”.

7. En ese orden de ideas, un comportamiento contrario implica una indiscutible lesión a la presunción de inocencia del otro sujeto que no se ha acogido a sentencia anticipada, ya que realizar calificaciones sobre su responsabilidad penal, sin haber sido vencido en juicio, mediante la aplicación de un debido proceso, es desconocer de manera abierta la garantía constitucional del derecho penal de acto y presumir la comisión del delito al amparo de meras hipótesis.

La Corte Constitucional ha definido el derecho a la presunción de inocencia, en los siguientes términos, contenidos en la Sentencia C-271 de 2003:

“En cuanto hace al principio de la presunción de inocencia... cabe precisar que el mismo aparece consagrado en el inciso 4º del artículo 29 superior, como un elemento estructural del procedimiento acusatorio y del principio de responsabilidad de acto y no de autor que rigen nuestro actual sistema judicial. Se define como aquella garantía fundamental que tiene la persona vinculada a un proceso y acusada de cometer una infracción penal o disciplinaria, de ser considerada y tratada como inocente hasta tanto no se demuestre lo contrario y sea declarada culpable mediante sentencia ejecutoriada.

Siendo un postulado esencial del orden jurídico, que tiende a proteger la dignidad de la persona y el respeto por sus derechos personalísimos, la presunción de inocencia reviste un carácter inmodificable, en cuanto no admite excepción alguna frente a su observancia y aplicación, imponiéndose como necesaria la consecución de un debido proceso en los términos descritos por la Constitución y las leyes, para proceder a desvirtuar el alcance que le ha sido fijado. En virtud de este principio, el implicado en un proceso se libera de la carga de tener que aportar pruebas que demuestren su inocencia, correspondiendo al Estado, por intermedio de las autoridades judiciales competentes, la demostración de su culpabilidad.

Ha de precisarse, aplicando algunos de los conceptos reseñados por la Corte (50) , que el referido derecho “acompaña al acusado desde el inicio de la acción penal (por denuncia, querella o de oficio) hasta el fallo o veredicto definitivo y firme de culpabilidad, y exige para ser desvirtuada la convicción o certeza, mas allá de una duda razonable, basada en el material probatorio que establezca los elementos del delito y la conexión del mismo con el acusado”. Ello, por cuanto en el evento de existir alguna imprecisión o duda sobre la realización del hecho punible o sobre la culpabilidad del sindicado, “se debe aplicar el principio del in dubio pro reo, según el cual toda duda debe resolverse en favor del acusado”.

La postura conceptual de la Corte Constitucional, está acorde con la posición sostenida por el tribunal constitucional español, que afirma,

“[...] una vez consagrada constitucionalmente, la presunción de inocencia ha dejado de ser un principio general del derecho que ha de informar la actividad judicial (in dubio pro reo), para convertirse en un derecho fundamental que vincula a todos los poderes públicos y que es de aplicación inmediata... Esta estimación ha de hacerse respetando el principio de libre apreciación de la prueba por parte del tribunal de instancia” (51) .

8. Integrando todo lo anotado, se concluye que el juez al momento de dictar sentencia debe circunscribirse “... a los hechos y circunstancias aceptadas” (L. 600/2000, art. 40) refiriéndose exclusivamente a la persona que se acoge a sentencia anticipada, para así proceder a derivarle responsabilidad penal de conformidad con las pruebas legalmente aportadas al proceso, las cuales deben generar en el juzgador certeza, pero —se enfatiza— teniendo en cuenta que pervive la presunción de inocencia de cualquier otra persona que esté vinculada con los hechos investigados y que opte por demostrar su inocencia acatando todas las etapas del proceso y ante la autoridad judicial competente que deba investigarlo.

Conclúyase además, que las valoraciones probatorias realizadas en la sentencia anticipada —que sirven de sustento a la condena— deben garantizar el respeto de los derechos fundamentales de quien no se acogió a la misma, ya que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la presunción de inocencia se mantiene intangible hasta cuando exista sentencia judicial que la desvirtúe.

9. De otra parte, y en cuanto hace referencia a la valoración de las pruebas y los hechos que debe realizar el fallador, la Corte Constitucional ha exigido que no empece tratarse de una forma anormal de terminar el proceso penal, la decisión debe cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos por la ley para las sentencias, entre los que se encuentra (L. 600/2000, art. 170) la necesidad de realizar la “valoración jurídica de las pruebas en que ha de fundarse la decisión”, y en consecuencia —por expresa disposición legal— “las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica”, siendo obligación del funcionario exponer razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba, y de esa manera garantiza los criterios de corrección formal y material que se aplican a las decisiones judiciales.

Siguiendo con el planteamiento, la valoración del conjunto de pruebas, exige al fallador la obligación de ponderar las diferentes aristas derivadas de la dinámica probatoria y es en esa dialéctica donde el contenido de unos medios probatorios puede desvirtuar el de otros, o por el contrario lo confirma, todo bajo la premisa de auscultar siempre la verdad real.

La Corte Constitucional en materia de la sana crítica afirmó en la Sentencia C-202 de 2005:

“Las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez. Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado pueda analizar la prueba (ya sea de testigos, peritos, de inspección judicial, de confesión en los casos en que no es lisa y llana) con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas.

“El juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente. Esta manera de actuar no sería sana crítica, sino libre convicción. La sana crítica es la unión de la lógica y de la experiencia, sin excesivas abstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar esos preceptos que los filósofos llaman de higiene mental, tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento”.

10. Siendo acorde con las reglas del razonar fundado en la sana crítica, el sistema jurídico penal colombiano, estableció la libertad probatoria (L. 600/2000, art. 237) como criterio orientador en la búsqueda de la verdad, según el cual, los elementos constitutivos de la conducta punible, la responsabilidad del procesado, las causales de agravación y atenuación punitiva, entre otros, podrán demostrarse con cualquier medio probatorio, “... respetando siempre los derechos fundamentales”.

Y por ello cabe afirmar que la dinámica probatoria en el proceso penal es libre en principio, pero condicionada al respeto de los derechos fundamentales, lo que según expresión literal de la norma arriba citada, no se reduce exclusivamente a las garantías del procesado, sino que se proyecta como categoría general y abstracta, por lo que no puede pensarse que las garantías constitucionales solo importan a las personas que tienen reconocida la condición de sujeto procesal, pues la función social del juez implica que este debe valorar las consecuencias que se derivan de las decisiones que adopte, y de esa manera superar el esquema según él cual la sentencia solo afecta o beneficia a la persona que se encuentra sometida al proceso.

En efecto, la garantía del debido proceso exige que para determinar la responsabilidad de una persona se debe agotar la totalidad de las etapas procesales, lo que explica que existe una lesión al mismo cuando la autoridad judicial emite juicios de valor acerca de las conductas de un ciudadano, sin que se surtan la debida ritualidad del procedimiento.

Así las cosas, los contenidos de las sentencias que en principio incumben a ciertas personas, terminan irradiando sus efectos a otras, bien sea porque se encuentra de por medio el derecho a la igualdad o se afectan derechos fundamentales con la decisión judicial; es lo que la Corte Constitucional ha calificado como la causal de la vía de hecho por consecuencia, la cual se configura cuando la decisión judicial “... (i) se basa en la apreciación de hechos o situaciones jurídicas, en cuya determinación los órganos competentes hayan violado derechos constitucionales, y (ii) que tenga como consecuencia un perjuicio iusfundamental” (52) .

En consecuencia, es claro que una sentencia judicial puede llegar a desconocer derechos fundamentales de personas que se encuentran cobijadas por la presunción de inocencia, desde la valoración probatoria que realice el juzgador, cuando se presenta un desbordamiento en las competencias interpretativas y funcionales.

Realizadas las anteriores precisiones, corresponde estudiar si en el caso objeto de decisión la sentencia dictada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, concurren los supuestos de las causales de procebilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales (53) , y en caso de ser así, proceda el amparo de los derechos fundamentales del actor.

3. Análisis del caso concreto.

A efectos de una mejor comprensión de la situación sub examine, se analizarán las causales específicas invocadas por el actor como constitutivas de vías de hecho.

3.1. Defecto procedimental.

1. El actor alega la existencia de un posible defecto procedimental, mismo que ha sido definido por la Corte Constitucional como aquel “que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido” (54) y en la Sentencia T-225 de 2006, precisa ese alto tribunal los requisitos exigidos para que opere el amparo cuando se alega tal defecto:

3.1. El defecto procedimental constitutivo de vía de hecho. Reiteración de jurisprudencia.

La Corte Constitucional ha manifestado en forma consistente que no toda irregularidad advertida dentro de un proceso es susceptible de control por vía de tutela, pues este mecanismo solo procede frente a aquellas que se constituyen en vías de hecho por ser irreconciliables con el ordenamiento jurídico y con ellas se han trasgredido derechos fundamentales.

Así, tratándose de las ritualidades de un juicio se ha establecido, que hay defecto procedimental cuando el juez en forma injustificada desatiende los procedimientos fijados por la ley para adelantar los procesos o actuaciones judiciales, por tratarse de un comportamiento que se erige en vía de hecho con el cual se vulnera, entre otros, el derecho fundamental al debido proceso (55) .

Entre otros pronunciamientos efectuados al respecto por la corporación, pueden resaltarse los siguientes apartes de la Sentencia T-993 de 2003:

“En suma, una vía de hecho se produce cuando el juzgador, en forma arbitraria y con fundamento en su sola voluntad, actúa en franca y absoluta desconexión con la voluntad del ordenamiento jurídico. La Sala no duda en reiterar que la intervención del juez de tutela en una sentencia judicial, calificándola como una vía de hecho, solo puede producirse en aquellos casos en que el vicio alegado sea constatable a simple vista. Adicionalmente, el defecto cuya remoción se persigue por vía de la acción de tutela debe conllevar, en forma inmediata, la violación de uno o múltiples derechos fundamentales, lo cual determina que sólo las decisiones judiciales cuyos efectos trasciendan el campo de los anotados derechos, en detrimento de estos, pueden ser atacadas mediante la acción de tutela” (56) .

“Pero lo que la Sala reitera es que no basta con aludir a un derecho fundamental —porque toda irregularidad, directa o indirectamente, afecta los derechos fundamentales—, sino que la actitud ilícita del juez debe afectar el derecho grave e inminentemente. Se entiende que la gravedad debe predicarse tanto de la violación del orden legal, como del daño que le causa a la persona afectada, lo cual justifica la acción inmediata por parte del Estado para que no continúe o se produzca tal efecto ilícito. La inminencia ha de entenderse como la evidente probabilidad de una consecuencia negativa e ilícita producida por la actuación judicial” (57) .

“Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. Solo las actuaciones judiciales que realmente contengan una decisión arbitraria, con evidente, directa e importante repercusión en el proceso, en perjuicio de los derechos fundamentales, pueden ser susceptibles de ataque en sede constitucional.

[...] La vía de hecho —excepcional, como se ha dicho— no puede configurarse sino a partir de una ruptura flagrante, ostensible y grave de la normatividad constitucional o legal que rige en la materia a la que se refiere el fallo” (58) .

“Cuando el juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite a determinadas cuestiones y actúa de forma arbitraria y caprichosa, con fundamento en su sola voluntad, se configura el defecto procedimental. El defecto procedimental se erige en una violación al debido proceso cuando el juez da un cauce que no corresponde al asunto sometido a su competencia, o cuando pretermite las etapas propias del juicio, como por ejemplo, omite la notificación de un acto que requiera de esta formalidad según la ley, o cuando pasa por alto realizar el debate probatorio, natural a todo proceso, vulnerando el derecho de defensa y contradicción de los sujetos procesales al no permitirles sustentar o comprobar los hechos de la demanda o su contestación, con la consecuente negación de sus pretensiones en la decisión de fondo y la violación a los derechos fundamentales” (59) .

El actor en el presente evento, considera que existió defecto procedimental al no permitírsele concurrir al proceso penal que se adelantaba a la ex congresista Yidis Medina, por cuanto solicitó ser escuchado al interior del mismo a fin de presentar pruebas y ejercer su defensa ante acusaciones concretas realizadas en su contra por la procesada, que fueron de público conocimiento ante su divulgación por los medios de comunicación (60) , especialmente en varias entrevistas rendidas por ella (61) .

En desarrollo de la citada investigación, el actor consideró procedente solicitar a la Corte Suprema que recibiera su testimonio, por cuanto dos funcionarios del gobierno contra los cuales se hicieron acusaciones del mismo tenor, sí fueron citados y de alguna manera se les permitió presentar sus argumentos o posiciones.

2. Ante esta situación, impera analizar las razones argüidas por la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, para no acceder a la petición, y luego considerar si la accionada incurrió en el error alegado.

El ciudadano Diego Palacio Betancourt y su apoderado elevaron en su momento solicitud a la accionada afirmando que “... habiendo conocido por los medios de comunicación, la solicitud de sentencia anticipada ante la honorable Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, por parte de la ex representante a la cámara Yidis Medina; nos resulta importante solicitar a la honorable Sala Penal, que se examine previamente a esa aceptación de cargos, la evolución y desarrollo de las pruebas que se están practicando en otros procesos penales de competencia de la Fiscalía y de la Procuraduría General... lo anterior por cuanto en nuestro concepto, esas investigaciones han venido demostrando la comisión por parte de la señora Medina de una variedad de tipos penales distintos del cohecho”, petitum denegado por auto del 19 de junio de 2008 aduciendo que estos “... no figuran como partes reconocidas dentro de la actuación procesal... se dispone devolverles el escrito” (fl. 64, c. de a.).

3. Frente a esta realidad procesal, y tal como se indicó previamente, en el sistema jurídico colombiano impera la libertad probatoria a fin de determinar la ocurrencia del hecho punible y la responsabilidad del implicado, manteniéndose dentro de la autonomía funcional del funcionario el acopio de los medios probatorios que estime necesarios, a efectos de generar el grado de conocimiento requerido para dictar y fundamentar sus decisiones dentro de las diferentes etapas procesales.

En el presente caso, deviene innegable que la declaración del doctor Diego Palacio Betancourt al interior del proceso seguido contra Yidis Medina, no podía tener otra calidad que la de una prueba testimonial, toda vez que a la sazón no ostentaba el rango de sujeto procesal en los términos del título III de la Ley 600 de 2000, pues insístase, el funcionario [Corte] ante el cual solicitó ser escuchado, no tenía la competencia para investigarlo dada su condición de Ministro de Protección Social, siendo el competente el Fiscal General de la Nación conforme lo estipulado en el artículo 251, numeral 1º de la Constitución Política.

En ese orden de ideas, alegar el desconocimiento del debido proceso por este exclusivo hecho, iría en contravía de preclaros mandatos constitucionales en materia de competencia, y en lo que respecta con la autonomía funcional y la libertad probatoria en la búsqueda de la “verdad real” (L. 600/2000, art. 234).

4. Sin embargo, lo que este juez constitucional colegiado no puede aceptar bajo ningún punto de vista, es que se afirme por parte de la Sala Penal, que una de las razones para negarse a recibir la declaración del actor, era porque “... no resultaba aconsejable, en guarda de la intangibilidad de los principios de presunción de inocencia y derecho a no autoincriminarse, que frente a los señalamientos que la procesada Yidis Medina Padilla hizo en relación con el doctor Diego Palacio Betancourt y a partir de los cuales se le estaba atribuyendo la comisión de una presunta conducta delictiva, se le convocara al proceso adelantado contra aquella, en calidad de testigo, pues en este evento habría tenido que declarar bajo juramento y habría sido menester conminársele a decir la verdad, con los eventuales riesgos de quebrantar sus garantías fundamentales”.

Lo anterior, por cuanto se parte de un juicio hipotético en el que se incluye de manera implícita y se da por sentado, que en el actor —no empece tener la voluntad de declarar, y aun se le imponga el deber de decir la verdad bajo la gravedad de juramento— pervive su derecho a guardar silencio (62) en respeto a la garantía constitucional y legal de que nadie “podrá ser obligado a declarar contra si mismo” (63) (C.N., art. 33 y L. 600/2000, 267), pero —se reitera— que ante las graves acusaciones formuladas en su contra por la ex congresista Yidis Medina, la Sala Penal debió recibir su declaración y no construir juicios hipotéticos sobre la conducta que eventualmente asumiría en su intervención en el proceso penal, valoración esta que no puede ser avalada por este juez constitucional y merece total reproche.

Por tanto, sustentar razones al amparo de meras probabilidades frente a cómo sería el comportamiento del testigo en el evento de haber sido citado al proceso, en modo alguno puede tener aceptación como exculpante de la negativa probatoria.

Sin embargo, tanto el ordenamiento jurídico procedimental penal como la Carta Política, sustentan preclaras reglas de competencia que en respeto de las mismas, excluían al actor de intervenir —como sujeto procesal— en el proceso seguido contra la ex parlamentaria, siendo la Corte como directora de la investigación quien dentro de su autonomía decidía que medio probatorio ingresaba al proceso.

En conclusión y de conformidad con las razones anteriormente expuestas, esta superioridad estima que la sentencia atacada por este exclusivo aspecto, no constituye una vía de hecho por defecto procedimental, máxime cuando el cargo se remite a un evento procesal anterior al fallo del cual se predica las vías de hecho, y en tal virtud, no estaría llamado a prosperar.

3.2. Defecto orgánico.

1. Pasando al defecto orgánico y de conformidad con la jurisprudencia constitucional, este “... se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello” (64) , error que según el actor, se configuró cuando la Sala Penal calificó su conducta como delictiva sin tener competencia para ello, ya que en razón a su calidad de Ministro de la Protección Social, debía ser investigado por el Fiscal General de la Nación, y era solo este funcionario el competente para valorar su conducta en sede investigativa, por tanto, la autoridad judicial accionada pudo invadir el ámbito de competencia reservado de manera exclusiva a quien es el único que le corresponde adelantar una investigación penal en su contra.

2. Esta corporación estima que atendiendo la definición dada por la Corte Constitucional y los argumentos presentados por el actor como fundamento para soportar la configuración de la causal, se configura en el presente caso el yerro alegado, pues la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, al proferir sentencia condenatoria contra Yidis Medina, consignó dentro de la misma calificaciones jurídicas en torno a la conducta del doctor Palacio Betancourt, careciendo de competencia en sede de investigación, y de contera, sin contar con las pruebas que permitan demostrar los hechos imputados, situación que desconoció los derechos fundamentales del actor, tal como se analizará a continuación, no sin antes presentar algunas consideraciones doctrinarias en cuanto a los contenidos de toda sentencia judicial.

3.2.1. Aspectos doctrinales sobre las sentencias judiciales.

1. Tal como se sostuvo anteriormente, la actividad judicial por mucho que se encuentre dentro del ejercicio de una competencia, debe respetar los derechos fundamentales de las personas y valorar las consecuencias sociales de lo decidido, pues en un Estado que se respete el derecho penal de acto, la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho a la defensa, la función judicial encuentra límites razonables.

2. La filosofía del derecho indica que “justificar o fundar una decisión consiste en construir una inferencia o razonamiento lógicamente válido, entre cuyas premisas figura una norma general y una conclusión que es la decisión... entre el fundamento (norma general) y la decisión hay una relación lógica, no causal. Una decisión fundamentada es aquella que se deduce lógicamente de la norma general. La decisión judicial no solo debe ser fundada, sino además, debe ser fundada en normas jurídicas y en las circunstancias del caso”.

En consecuencia, por sentencia debe entenderse, “todo el complejo formado por los considerandos y la resolución” (65) y no se puede reducir la fuerza jurídica únicamente a la parte resolutiva, pues lo contrario, implicaría sostener que el juez puede realizar cualquier tipo de valoraciones o afirmaciones en las consideraciones y al no concederle a tal componente un impacto normativo, se sustraería a cualquier tipo de control.

El principio de unidad de análisis de las sentencias, indica y exige considerar que entre la parte valorativa y la conclusión, existe un correlato de implicación donde una se explique y justifique en razón de la otra, generándose en consecuencia, unos criterios de validez interna que garantizan la racionalidad de la decisión (66) .

Tal como lo afirma Aarnio, “... en una situación tal, el juez tiene la responsabilidad de procurar que la expectativa de certeza jurídica se realice, o al menos, quede suficientemente satisfecha. Esta responsabilidad puede ser asumida de diferentes maneras. Una forma de asumir la responsabilidad es apoyarse en la posición de autoridad. El uso sofisticado de la autoridad reduce el contenido de la decisión a una posición de menor importancia... el decisor ya no puede apoyarse, en una mera autoridad formal. En una sociedad moderna, la gente exige no solo decisiones dotadas de autoridad, sino que pide razones... la responsabilidad del juez se ha convertido cada vez más en la responsabilidad de justificar sus decisiones. La base para el uso del poder del juez reside en la aceptabilidad de sus decisiones y no en la posición formal de poder que pueda tener. En este sentido, la responsabilidad de ofrecer justificación es, específicamente, una responsabilidad de maximizar el control público de la decisión. Así pues, la presentación de la justificación es siempre también un medio para asegurar, sobre una base racional, la existencia de la certeza jurídica en la sociedad” (67) .

De acuerdo con las anteriores precisiones conceptuales, el juez, en el ejercicio de su poder de juzgar tiene límites —tanto formales como materiales— puesto que la sentencia considerada como expresión del discurso jurídico, se encuentra sometida a controles normativos y sociales, siendo la racionalidad de los fundamentos consignados en ella la manera como se garantiza la seguridad jurídica.

La sentencia entonces tiene dos niveles de coherencia, el interno, que hace referencia a la relación entre los hechos-consideraciones-resuelve, y el externo, constituido por la relación entre la sentencia-sociedad-impacto que las decisiones judiciales generan en la vida colectiva de los asociados.

3. En lo que se refiere a la coherencia interna, el razonamiento del juez existe como una continuidad temática que se ve reflejada en todas las etapas de la decisión, pues la sentencia debe referirse a todos y cada uno de los puntos cuestionados y debatidos en la instancia judicial, “el juzgador no debe dejar de resolver ninguno de ellos, pero tampoco resolver cuestiones que las partes no le plantearon en el proceso (68) .

Así las cosas, la coherencia interna consiste en que la sentencia no puede contener resoluciones o afirmaciones que se encuentren por fuera de lo debatido y probado dentro del proceso por los sujetos procesales o intervinientes en el mismo, por tanto, la sentencia debe limitarse a la dinámica y lógica del proceso.

4. De otra parte, en cuando hace referencia a la coherencia externa, es decir, la relación de la decisión con la sociedad, debe precisarse que el juez se encuentra articulado a una dinámica social, y es en esta donde las decisiones repercuten, puesto que las sentencias judiciales impactan generando consecuencias, y al igual que las otras piezas del sistema jurídico, tiene incidencia directa en la configuración de las relaciones sociales, pues el ejercicio judicial antes que una actividad dogmática, es una práctica jurídica que genera discursos cuyos destinatarios son los miembros de la sociedad entera y más aún, cuando provienen de los denominados “tribunales de cierre” o “altas cortes” ya que producen decisiones que poseen el valor de jurisprudencia que tienen un ámbito de validez nacional.

Tal como lo afirma el profesor Segura Ortega,

“... la racionalidad de una decisión se determina fundamentalmente a través de la utilidad de su resultado y por tanto no depende de ciertas propiedades a priori del fallo, sino de su incidencia efectiva en un universo social... es necesario algún contacto con la realidad con las consecuencias fácticas del cambio propuesto, para que la decisión no quede en el limbo de las buenas intenciones. Las buenas intenciones que producen malos resultados son malas intenciones” (69) .

Los anteriores elementos son usados a continuación para analizar la sentencia cuestionada en esta sede tutelar.

3.2.2. Coherencia interna de la sentencia atacada.

1. La Sala estima necesario precisar las afirmaciones realizadas por la autoridad judicial accionada en cuanto hacen referencia a los supuestos “hechos delictivos” desplegados por funcionarios del Gobierno Nacional, y que motivaron a Yidis Medina a cambiar su intención de voto (70) , para posteriormente considerar si las imputaciones que vinculan al actor lesionan sus derechos fundamentales.

Así las cosas y en cuanto hace referencia al caso en decisión, se tiene que en la sentencia anticipada dictada el 26 de junio de 2008, la accionada tras realizar una reconstrucción detallada del trámite procesal y valorar las declaraciones obrantes en el proceso, concluye que existió un favorecimiento burocrático de la procesada (71) , y que “a pesar de la dificultad que entraña establecer la negociación de la función pública por parte de un congresista, en este caso se presentó multiplicidad de hechos y pruebas, las cualse (sic) permiten dar credibilidad a lo expuesto por la procesada para demostrar la ocurrencia de la conducta y sus consecuencias jurídico penales”, afirmaciones todas contenidas en la sentencia proferida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Adicionalmente, la Corte concluye ante los hechos probados en el proceso que “el ejercicio de la actividad política no puede confundirse con la dádiva que se ofrece para obtener de un congresista el cambio de su voto, y por ende, la compra de su conciencia, en aras de obtener un beneficio particular que de ninguna manera atiende al concepto de bienestar general, norte básico de la labor legislativa” (fl. 34, c.a.) (72) .

La Corte precisa que a la indagada se le imputó el ilícito de cohecho propio, “porque cuando ostentaba la calidad de Representante a la Cámara y debía cumplir con funciones propias de su investidura, aceptó condicionar su voto en un determinado sentido, en razón de las prebendas que le fueron ofrecidas respecto del proyecto de reforma constitucional que permitía la reelección presidencial”(fl. 34, c.a.).

La Corte, tras identificar el marco axiológico que debe guiar la función legislativa, concluye que Yidis Medina no cumplió con sus deberes constitucionales como congresista al emitir su voto, pues estuvo motivado por intereses personales y mezquinos, independiente que la decisión de votar en una u otra forma el proyecto de acto legislativo, como tal, no pueda considerarse contrario al ordenamiento jurídico (73) . En ese sentido afirma:

“[...] como ya ha sido expuesto por la Sala, no hay duda que de las pruebas acopiadas fluye patente que las dádivas, halagos y promesas burocráticas aceptadas por la congresista y ofrecidas por varios funcionarios del gobierno, fueron determinantes para que Yidis Medina Padilla ejecutara un acto contrario a sus deberes oficiales, al aceptar supeditar su libertad de configuración como legisladora a los intereses de un específico sector, no en atención a la capacidad de convencimiento y de seducción que hayan proporcionado sus argumentos y razonamientos sino en virtud del ofrecimiento de sobornos que lograron quebrar la libertad y autonomía que debe caracterizar el proceso democrático de toma de decisiones”(fl. 38, c.a.).

Después de precisar que la Corte carece de competencia para investigar a los parlamentarios en razón de sus votos y opiniones, excepto cuando esté de por medio la comisión de delitos, refiere que en el presente caso, el voto de la procesada “estuvo condicionado por actos corruptos previos al debate... por lo tanto, el voto no puede ser apreciado como independiente de los actos de corrupción que lo originaron” (fl. 39, c.a.).

Posteriormente indica de manera general que “la corrupción es el ejercicio de la función pública, en cuyo ámbito el cohecho ocupa un lugar destacado, constituye uno de los problemas más serios que deben enfrentar las democracias modernas dada su capacidad desestabilizadora tan grave como el terrorismo, el narcotráfico, la pobreza”(fl. 41, c.a.).

La Corte adujo que estaba demostrado de manera “inconcusa (74) e inobjetable que... tal respaldo definitivo para su aprobación no surgió como fruto de su libre examen y convencimiento sobre las bondades de la propuesta, sino gracias a las canonjías (75) impúdicas que le ofrecieron y recibió; entonces deviene ilegítima la actividad constitucional desplegada. Resulta inaudito que desde las altas esferas del poder de la época, por alguno de sus miembros, se impulse la desinstitucionalización al promover el quebrantamiento de las reglas básicas del modelo de Estado cuando en busca de un beneficio particular se impulsó a toda costa un acto legislativo, sin importar que para sacarlo avante se llegare hasta la comisión de conductas punibles como sucede en el sub júdice” (fls. 42 y 43, c.a.).

Precisa que “las circunstancias de factum y de iuris que sirven de fundamento a la presente sentencia indican que la aprobación de la reforma constitucional fue expresión de una clara desviación de poder en la medida en que el apoyo de una congresista a la iniciativa de enmienda constitucional se obtuvo a partir de acciones delictivas. La Corte Constitucional ha señalado que es posible advertir actos de desviación de poder en los trámites que cumple el Congreso de la República, resultando paradigmática tal circunstancia cuando por medio del cohecho se consigue que uno de sus miembros apoye una iniciativa que no era de su agrado y que inclusive rechazó públicamente... de lo expuesto se concluye que el delito no puede generar ningún tipo de legitimación constitucional o legal” (fls. 43 y 44).

De otra parte, la accionada al momento de determinar los criterios para la dosificación de la pena estimó que “su información [la de la procesada] ha permitido el descubrimiento de otros eventuales concurrentes en el delito, tal como lo demuestran —hasta ahora— las investigaciones adelantadas” (fl. 47, c.a.).

2. Tal como quedó sentado en las anteriores trascripciones, sin mayores esfuerzos se concluye que en el texto de la sentencia se encuentran consignadas afirmaciones referidas a la participación de “funcionarios del gobierno” (fls. 33 y 38, c.a.) que a juicio de la Corte, realizaron comportamientos delictivos que llevaron a que la procesada cambiara el sentido de su voto, el cual inicialmente —según su criterio— sería negativo en lo que hace al apoyo al proyecto de reforma constitucional y que fue en razón de las “dádivas” y “sobornos” (fl. 33, c.a.) ofrecidos como se logró diera un giro en otra dirección.

De otra parte, en el mismo texto se hace constar concretamente que el Ministro de la Protección Social —en razón de su cargo— ofreció dádivas a la procesada Yidis Medina, cuando se afirma:

“ii). El Ministro de la Protección Social, doctor Diego Palacios (sic), le ofreció la participación en instituciones a su cargo en el Magdalena Medio, en Barrancabermeja, y así ocurrió por que le nombraron a Carlos Correa Mosquera en la dirección de la Clínica Primero de Mayo de Barrancabermeja, le otorgaron un contrato a su asesor Cesar Guzmán como delegado de la regional oriente de Etesa para Santander y se designó a Juan Bautista Hernández en el Sena de Barrancabermeja” (fl. 22, c.a).

3. En el presente caso y a manera de síntesis, se tiene que la procesada decidió acogerse a la figura de sentencia anticipada aceptando los cargos imputados por delito de cohecho (76) ; igualmente es claro que en desarrollo de las diligencias formuló imputaciones delictivas en contra de varios funcionarios del Gobierno Nacional, pues —según su dicho— le ofrecieron prebendas burocráticas para que votara de modo afirmativo el proyecto de reelección presidencial.

Obsérvese entonces que esta situación procesal y estructura argumentativa, sirve de soporte a la Corte para dictar la sentencia condenatoria, pero ocurre que en la parte considerativa de la decisión, se ocupa —sin poder hacerlo— en plasmar calificaciones delictivas en contra del actor, quien al no haberse acogido a sentencia anticipada, gozaba de la garantía fundamental de la presunción de inocencia.

Sobre estos aspectos, la Sala Penal en la respuesta a la acción de tutela afirma que “efectivamente el accionante no ha sido oído, ni vencido en juicio, por que los procesos penales y disciplinarios en los que se debate su responsabilidad se encuentran en trámite y la decisión adelantada por la Sala no discutió su compromiso penal, sino el de Yidis Medina Padilla. Tampoco se discutió la eventual responsabilidad disciplinaria, cuya competencia fue atribuida constitucionalmente a la Procuraduría General de la Nación” (fl. 85, c.o.), al tiempo que precisa que su actividad se redujo a compulsar copias para que las conductas fueran investigadas por las instancias respectivas.

Según la Corte, en el proceso que terminó con sentencia condenatoria en contra de Yidis Medina, no se efectuaron valoraciones sobre la conducta de funcionarios del gobierno, pues se limitó a realizar reproche penal contra quien en el proceso se acogió a sentencia anticipada, y en cuanto a las referencias a agentes del gobierno dijo que, “... en la valoración probatoria, la Sala no hizo ningún señalamiento directo contra los funcionarios implicados por la condenada, a quienes se refirió de manera genérica como funcionarios del Gobierno Nacional y la mención que de ellos se hace en la sentencia condenatoria obedece única y exclusivamente a las referencias hechas por ella de manera puntual y concreta” (fl. 77, c.o.).

Al respecto, este juez constitucional considera que las razones exculpatorias ofrecidas por la autoridad judicial accionada, no pueden ser de recibo, puesto que el hecho de utilizar una categoría general para describir los hechos, como es “Gobierno Nacional”, no la habilita para emitir juicios de valor calificando su accionar como delictivo, además se debe recalcar que el uso de dicho concepto no implica que se esté ante una indeterminación de los sujetos a quienes se hace alusión, por cuanto las acusaciones de la hoy condenada a lo largo del proceso, siempre tuvieron como punto de referencia, los mismos funcionarios del Estado, entre los cuales, valga precisar, se encuentra el actor del presente recurso de amparo.

Además, el hecho que las acusaciones con nombre propio hayan sido realizadas por la procesada, no implica un desconocimiento absoluto —de parte del juzgador— en cuanto a los funcionarios a que se hacía mención; tanto así, que en una determinada etapa procesal decidió llamar a declarar a algunos de los referidos por la señora Yidis Medina, excluyendo de tal citación al actor, y adicionalmente en la diligencia de indagatoria de la ex congresista se le tomó juramento (77) por cuanto realizó acusaciones delictivas contra varios funcionarios del gobierno, incluido el doctor Palacio Betancourt (fl. 131, c.a.).

Esta situación procesal debe tenerse en cuenta, pues para la autoridad accionada no era desconocido a qué funcionarios del gobierno se refería la procesada, ya que al revisar sus declaraciones siempre se encuentran circunscritas a acusar a determinados funcionarios del gobierno y nunca hizo acusaciones generales, sino por el contrario, nominaciones concretas.

En ese orden de ideas, podría argumentarse en contrario que en la referencia que se hace al “Gobierno Nacional” se encuentra incluido, por citar un ejemplo, el Ministro de Comercio Exterior, conclusión que no es posible de cara a las pruebas obrantes en el proceso y que por cierto, sirven de soporte a la sentencia condenatoria. Luego el carácter “general” del concepto “Gobierno Nacional” ofrece para el caso un contenido concreto e incluye a determinados funcionarios y como correlato, excluye otros.

4. Partiendo del presupuesto de que el reproche penal debía recaer exclusivamente sobre la condenada, es claro que la autoridad judicial accionada no podía hacerlo extensivo a otras personas eventualmente implicadas en los hechos, cuya determinación de responsabilidad pertenecía a otro funcionario judicial y surtirse de manera distinta a los cauces de la sentencia anticipada, quedándole de contera vedado consignar acusaciones disfrazadas de conceptos ajenos a la sentencia, como cuando se califican conductas como delictivas o se cuestionan formas de gobierno. Por ejemplo, obsérvese que la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, da por sentado que funcionarios del “Gobierno Nacional” (78) , participaron en actos que son catalogados como “dádivas”, “halagos”, “promesas burocráticas”, “corruptos” “canonjías impúdicas”, “desviación de poder”, calificativos estos que se producen, sin garantizar en debida forma la presunción de inocencia.

5. La accionada reconoce en su fallo que existió un favorecimiento burocrático y que de ese hecho no existe duda probatoria, pues se afirma en la sentencia que “no hay duda que de las pruebas acopiadas fluye patente que las dádivas, halagos y promesas burocráticas aceptadas por la congresista y ofrecidas por varios funcionarios del gobierno”, igualmente que “como ya ha sido expuesto por la Sala, no hay duda que de las pruebas acopiadas fluye patente que las dádivas, halagos y promesas burocráticas aceptadas por la congresista y ofrecidas por varios funcionarios del gobierno” (fl. 38, c.a.).

Y agrega que como consecuencia de las anteriores conductas, la ex parlamentaria “... aceptó condicionar su voto en un determinado sentido, en razón de las prebendas que le fueron ofrecidas” y que su voto no es producto de una elección racional derivada de “sus argumentos y razonamientos sino en virtud del ofrecimiento de sobornos”, y remata que el voto de la procesada “estuvo condicionado por actos corruptos previos al debate... por lo tanto, el voto no puede ser apreciado como independiente de los actos de corrupción que lo originaron” (fl. 34, c.a.).

Adicionalmente, dentro de sus consideraciones la Corte indica que queda demostrado de manera “inconcusa e inobjetable que... tal respaldo definitivo para su aprobación no surgió como fruto de su libre examen y convencimiento sobre las bondades de la propuesta, sino gracias a las canonjías impúdicas que le ofrecieron y recibió” y que “la reforma constitucional fue expresión de una clara desviación de poder en la medida en que el apoyo de una congresista a la iniciativa de enmienda constitucional se obtuvo a partir de acciones delictivas” (fl. 42 y 43).

Luego de trascribir in extenso los apartes referidos de la decisión cuestionada, este juez constitucional estima que las calificaciones que se hacen en torno a la conducta de los “funcionarios del gobierno”, dentro de los cuales obviamente se encuentra el actor del recurso de amparo, rebasaron la estructura argumentativa racional de la sentencia anticipada, pues desconoció derechos y garantías fundamentales por medio de las reseñadas calificaciones e imputaciones, que solo podían proferirse bajo el presupuesto de una sentencia soportada en medios probatorios que así las sustenten y luego de haber sido la persona vencida en juicio con oportunidad de ejercer su defensa y contradicción.

En efecto, calificar a una persona como “corrupta” o “delincuente”, sin haberle reconocido el debido proceso, implica la más grande burla a sus derechos fundamentales, más proviniendo de una alta corporación judicial que debe caracterizarse por garantizar el respeto a los derechos fundamentales.

Se reitera, ante tales circunstancias converge una clara violación de los derechos fundamentales al buen nombre, la presunción de inocencia, el debido proceso, y el derecho a la defensa del actor, pues insístase, la accionada no podía realizar este tipo de calificativos frente a la conducta de una persona que estaba amparada por la presunción de inocencia y que por lo mismo, debía agotarse primero una exhaustiva investigación por parte del órgano competente, en este caso, el Fiscal General de la Nación, tendiente a demostrar su responsabilidad penal.

3.2.3. Coherencia externa de la sentencia atacada.

1 Tal como se indicó de manera precedente, una sentencia debe estar en consonancia con el sistema de valores imperantes en la sociedad en la cual se emite, puesto que, como acto de poder que es, produce efectos en la sociedad, es por esto que el fallador al momento de dictar un fallo debe valorar las consecuencias sociales de su decisión, por cuanto en la ejecución de sus contenidos se pueden desconocer derechos fundamentales, bien de quienes hicieron parte del proceso o de personas ajenas a él, en consecuencia, no se puede estimar que los jueces sean ajenos al desconocimiento de derechos fundamentales al momento de proferir una sentencia.

Así las cosas, esta perspectiva para abordar el amparo de los derechos por parte de los jueces, supera la rigidez del espacio de impacto de las decisiones reducido al despacho judicial y a las partes intervinientes en el proceso, para pasar a considerar que los jueces poseen un rol activo en la constitución de relaciones sociales (79) y que su función constitucional de lograr el amparo de los derechos fundamentales, se articula directamente con desarrollar el principio de legitimidad del Estado social de derecho, cual es la eficacia de los principios, derechos y garantías contenidos en la Constitución (C.P., art. 2º).

En el caso que nos convoca, se estima que la decisión de la Corte Suprema, donde se condenó a Yidis Medina, generó consecuencias para el Ministro de Protección Social que lesionan sus derechos fundamentales, tal como se procede a analizar.

2. El actor en el recurso de apelación afirma que los medios de comunicación (fl. 133, c.o.) dan toda la credibilidad a lo afirmado por la accionada, al punto de aseverar que con la decisión atacada se validó el testimonio de Yidis Medina, y ante esta situación, las instancias judiciales que adelantan procesos contra los otros implicados y en los cuales las pruebas son las mismas, deben otorgarle valor de verdad, pues, la decisión proviene de un órgano de cierre, el cual como máximo tribunal fija —con criterio de autoridad— el sentido de los hechos y pruebas sometidas a su conocimiento al momento de fallar el asunto.

Frente a tal estimación, esta Sala debe concederle razón al actor, pues si bien nuestro sistema jurídico no se dinamiza a la luz de la dinámica del precedente judicial, en el caso concreto, se presenta una particularidad que compromete de manera seria la independencia judicial (C.N., art. 228) y que por lo mismo es necesario valorar, pues si bien es cierto la Sala Penal, no tiene competencia para investigar al actor (C.N., art. 251, num. 1º), si conoce del proceso en el evento que se dicte resolución de acusación en su contra por parte del Fiscal General de la Nación (C.N., art. 235, num. 4º) atendiendo su calidad de Ministro de la Protección Social.

Así las cosas, si la autoridad accionada con estas afirmaciones comprometió su criterio en cuanto hace a la responsabilidad del actor, no se vislumbra la manera como en una situación futura entre a relativizar los contenidos de verdad que se usaron para condenar a quien se acogió a sentencia anticipada y que se hicieron extensivos en sus efectos al aquí actor.

La anterior situación permite inferir que en el evento que el actor sea acusado dentro del proceso penal que se adelanta en su contra, no estaría gozando de las garantías procesales suficientes para que se valoren las pruebas de manera objetiva, imparcial e independiente, pues deviene claro que su juez natural ya comprometió previamente el criterio determinando que sí había participado en la comisión del reato.

Al margen de lo anterior, nótese que dentro del proceso disciplinario que adelanta la Procuraduría General de la Nación con ocasión de los mismos hechos, reposa como prueba la sentencia anticipada, evento que sin duda condiciona la actividad interpretativa que del acervo probatorio deba realizar ese órgano, comoquiera que está ante la presencia nada menos que de una sentencia proveniente del máximo tribunal judicial de la jurisdicción ordinaria en sede penal, y que si bien —como se anotó— no constituye un elemento jurídico condicionante, los argumentos de autoridad que la misma encierra, generan en la práctica un criterio orientador de necesaria consideración.

3. Por otro lado, estima el actor que en razón de la referida sentencia anticipada, se ha producido un cuestionamiento a su ejercicio como Ministro de la Protección Social, tanto que se adelantó en su contra moción de censura tendiente a lograr la remoción del cargo (C.N., art. 135, num. 9º), y al extremo que en la citación (jul. 29/2008) se indicó que, “... hay serias pruebas que indican que el Ministro de Protección Social, entre otros altos miembros del gobierno, trasgredió la ley penal al ofrecer promesa remuneratoria directa a la ex parlamentaria Yidis Medina, para que aprobara el proyecto de acto legislativo que permitió la reelección del Presidente de la República configurando el delito de cohecho y actuando con indignidad al violar los principios de moralidad, ética pública, honradez, legalidad y transparencia”.

Sobre el particular, esta colegiatura no desconoce que la moción de censura es una figura constitucional concebida para examinar y derivar eventual responsabilidad política a los ministros de despacho, y por lo mismo, en su trámite no se realizan debates de índole dogmático en punto de las categorías del delito, ni nada que se le parezca, pero no puede pasarse por alto, que en la citación que se hizo al doctor Palacio Betancourt se partió del reconocimiento que en su condición de ministro, con su conducta cometió el delito de cohecho, afirmación que se sustentó en la tantas veces mencionada sentencia anticipada.

En efecto, como ejemplo paradigmático del alcance de las expresiones plasmadas en la aludida sentencia, obsérvese que en la citación de la moción de censura fueron utilizados sus contenidos como soporte, dándose por descontada la responsabilidad del actor Palacio en la comisión del delito de cohecho de manera anticipada y sin fórmula de juicio, lo que pone en evidencia un perjuicio derivado directamente de la sentencia hoy objeto de la acción de tutela.

Sobre este tema, el actor aportó con el escrito de impugnación un video que contiene las intervenciones de algunos parlamentarios en el debate a la moción de censura, entre las cuales se encuentra la del Senador Luis Carlos Avellaneda Tarazona, quien afirma,

“Los hechos y las pruebas dan cuenta de que el señor Ministro de la Protección Social aupado con el pater corruptus con el Presidente o por el Presidente de la República estuvo liderando una actividad criminal de específicamente un delito de cohecho... quiere decir que tenemos indicios muy graves de que el señor Ministro de la Protección Social es autor de un delito de cohecho impropio, que llevó a que el acto legislativo de la reelección presidencial haya nacido con ilegitimidad de origen como lo predicó la Corte Suprema de Justicia en la sentencia que condenó a Yidis Medina... Ya la Corte aceptó que Yidis Medina hizo una confesión que es un medio de prueba que determina que ella es autora del delito de cohecho propio hay funcionarios del gobierno y yo afirmo que el Ministro de la Protección Social que está allí es autor del delito de cohecho impropio”.

Mientras que la Senadora Cecilia López Montaño sostiene,

“... y ya claramente la justicia ha dicho, señor ministro, que usted abusó del poder, y la justicia ha sido muy clara hablando de cohecho y corrupción... pero la verdad es que en aras de garantizar la reelección del Presidente Uribe todo se justificó inclusive incurrir en delitos... La Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Penal ya falló condenando a una congresista por el delito de cohecho. Pero más aún señor ministro, en el fallo de la Corte Suprema de Justicia resulta usted claramente involucrado... hay dos partes comprometidas y en esta caso, son dos funcionarios públicos, una ex congresista (congresista en su momento) y en este caso, el Ministro de la Protección Social... El fallo de la Corte, reconoce que el Ministro de Protección ofreció participación en instituciones y a su cargo en el Magdalena Medio”.

Los apartes referidos permiten concluir sin ninguna duda, que algunos miembros del Congreso de la República, sustentaron sus argumentos en la moción de censura contra el actor, al cobijo de las afirmaciones contenidas en la sentencia anticipada, y con fundamento en las mismas, se efectuaron calificaciones directas sobre su comportamiento tildándolo de delictivo, lo que descarta de plano la respuesta de la accionada brindada en el presente trámite, cuando adujo que se limitó a enjuiciar a Yidis Medina, sin abordar aspectos relacionados con otros posibles implicados, pues tal como se comprueba, las afirmaciones consignadas sobre la conducta del Ministro de Protección Social generaron consecuencias que lesionan sus derechos fundamentales.

De otra parte, aclárese que para nada interesa el resultado de la moción de censura, pues lo que está en discusión es el uso que de las afirmaciones de la Corte se presentaron, bien sea por los medios de comunicación, los organismos de control, ora por otras autoridades, las que como quedó demostrado, han sido utilizadas con grado de verdad real, cuando en respeto de la presunción de inocencia, debían quedarse en el plano de lo probabilístico y ni siquiera abordarse en la sentencia anticipada.

4. Conclusión.

De lo analizado, la Sala concluye que existe una violación de los derechos fundamentales del actor y ante esta situación, debe procederse al amparo, no sin antes precisar que comoquiera que la posición inveterada de la accionada es la de no cumplir lo ordenado en fallos de tutela que afectan sus propias decisiones, se torna necesario que esta corporación, en su condición de juez constitucional, adopte las medidas tendientes a obtener la protección real y efectiva de los derechos fundamentales solicitados, y de esa manera hacer cesar su violación.

Conciente de esta situación la Corte Constitucional en la Sentencia SU-1158 de 2003, precisó que el juez de tutela goza de amplias facultades para hacer cumplir sus decisiones, cuando estas no son acatadas por quien está obligado a ello,

“Las órdenes contenidas en los fallos de tutela deben cumplirse. La autoridad o el particular obligado lo debe hacer de la manera que fije la sentencia. Si el funcionario público o el particular a quien se dirige la orden no la cumple, se viola no solo el artículo 86 de la Constitución Política, sino la norma constitucional que establece el derecho fundamental que se ha infringido, y la eficacia que deben tener las decisiones judiciales. De ahí las amplias facultades otorgadas al juez de tutela para concretar el respeto al derecho fundamental... si quienes incumplen... son los magistrados de las altas cortes, y se da la orden de proferir una sentencia de reemplazo o de adoptar una decisión judicial que haga cesar la violación a los derechos fundamentales, la alternativa es clara: el juez toma todas las medidas adecuadas para que se cumpla el derecho... El Decreto 2591 de 1991, artículo 3º, señala entre los principios de la tutela los siguientes: la prevalencia del derecho sustancial, la economía y la eficacia. Estas características guardan una relación directa con la orden urgente que debe dar una sentencia cuando reconoce que se ha violado un derecho fundamental. Para lograr operativamente lo anterior, desde 1992 (T-459/92) se dijo que no se debía rendir culto a las formas procesales. Dentro de este contexto, la informalidad permite procedimientos no registrados, siempre y cuando apunten a que se haga efectivo el derecho material.

Atendiendo las anteriores precisiones y ante el imperativo de garantizar el respeto de los derechos fundamentales, se faculta al juez de tutela, para tomar las medidas necesarias tendientes a concretar el amparo, y en cuanto se refiere a las medidas a adoptar cuanto el tema versa sobre tutela contra sentencias judiciales, prescribe la máxima guardiana de la Constitución:

“Siguiendo la línea de interpretación fijada por la doctrina constitucional (80) , cuando la Corte tiene conocimiento en relación con el incumplimiento de la sentencia... dentro de las medidas a adoptar en estos casos, se cuentan la de proceder a dictar una sentencia de reemplazo si no existe otra forma de hacer cumplir lo ordenado, o en su defecto, la de tomar una decisión complementaria al fallo incumplido que haga cesar la violación de los derechos fundamentales, como puede ser, sin modificar lo ya resuelto...”

En efecto, acatando la jurisprudencia constitucional y ante la postura que asumiría la accionada frente a la decisión de amparo que aquí se adoptará, consistente en no cumplirla, este juez constitucional, estima que se deben adoptar los correctivos tendientes a restablecer los derechos fundamentales del actor desconocidos en la sentencia atacada y procederá a dejar sin valor y efecto las partes de la sentencia anticipada donde se califica la conducta del actor como delictiva, advirtiendo que la decisión impugnada conserva plena validez en cuanto toca con la condena impuesta a la señora Yidis Medina y los juicios y valoraciones referidas exclusivamente a su responsabilidad, lo que obliga a la revocatoria del fallo de primera instancia, procediéndose en contrario a conceder al amparo solicitado de conformidad con las razones expuestas.

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR el fallo impugnado y en su lugar AMPARAR los derechos fundamentales del actor al debido proceso, a la defensa, presunción de inocencia, honra, buen nombre, igualdad y acceso de la administración de justicia.

2. En consecuencia, se deja sin efecto y valor jurídico del texto de la sentencia dictada el 26 de junio de 2008, por la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, en la que condenó a la señora Yidis Medina Padilla, los apartes subrayados que a continuación se relacionan, y todos aquellos que tengan unidad inescindible con referencia al actor, sin perjuicio de la validez de la decisión en lo que respecta a la persona allí condenada:

1. “Señalo (sic) también que el Ministro de Protección Social, doctor Diego Palacio, le ofreció participación en instituciones a su cargo en el Magdalena Medio, concretamente en Barrancabermeja”.

2. “ii). El Ministro de la Protección Social, doctor Diego Palacios (sic), le ofreció la participación en instituciones a su cargo en el Magdalena Medio, en Barrancabermeja, y así ocurrió por que le nombraron a Carlos Correa Mosquera en la dirección de la Clínica Primero de Mayo de Barrancabermeja, le otorgaron un contrato a su asesor Cesar Guzmán como delegado de la regional oriente de Etesa para Santander y se designó a Juan Bautista Hernández en el Sena de Barrancabermeja”.

3. “estuvo condicionado por actos corruptos previos al debate... por lo tanto, el voto no puede ser apreciado como independiente de los actos de corrupción que lo originaron”.

4. “inconcusa e inobjetable que... tal respaldo definitivo para su aprobación no surgió como fruto de su libre examen y convencimiento sobre las bondades de la propuesta, sino gracias a las canonjías impúdicas que le ofrecieron y recibió; entonces deviene ilegítima la actividad constitucional desplegada. Resulta inaudito que desde las altas esferas del poder de la época, por alguno de sus miembros, se impulse la desinstitucionalización al promover el quebrantamiento de las reglas básicas del modelo de Estado cuando en busca de un beneficio particular se impulsó a toda costa un acto legislativo, sin importar que para sacarlo avante se llegare hasta la comisión de conductas punibles como sucede en el sub júdice”.

5. “las circunstancias de factum y de iuris que sirven de fundamento a la presente sentencia indican que la aprobación de la reforma constitucional fue expresión de una clara desviación de poder en la medida en que el apoyo de una congresista a la iniciativa de enmienda constitucional se obtuvo a partir de acciones delictivas. La Corte Constitucional ha señalado que es posible advertir actos de desviación de poder en los trámites que cumple el Congreso de la República, resultando paradigmática tal circunstancia cuando por medio del cohecho se consigue que uno de sus miembros apoye una iniciativa que no era de su agrado y que inclusive rechazó públicamente... de lo expuesto se concluye que el delito no puede genera ningún tipo de legitimación constitucional o legal”.

3. Exhortar a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, para que en situaciones futuras se abstenga de realizar conductas como la aquí censurada.

Envíese esta sentencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, comuníquese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Angelino Lizcano Rivera—Henry Villarraga Oliveros—José Ovidio Claros Polanco—Julia Emma Garzón de Gómez—Pedro Alonso Sanabria Buitrago—María Mercedes López Mora—Carlos Arturo Ramírez Vásquez.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial.

(1) Se reitera que el actor solicita la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, principio de presunción de inocencia, honra y buen nombre, igualdad y acceso a la administración de justicia (fl. 61).

(2) Al momento de precisar las pretensiones el actor alega la existencia de vía de hecho por defectos de orden fáctico, procedimental y orgánico.

(3) Son ellos Sigifredo Espinosa Pérez, José Leonidas Bustos Martínez, Alfredo Gómez Quintero, Maria del Rosario González de Lemos, Augusto Ibáñez Guzmán, Jorge Luis Quintero Milanés, Yesid Ramírez Bastidas, Julio Enrique Socha Salamanca y Javier Zapata Ortiz.

(4) Refiere las ediciones de El Tiempo (jun. 27/2008, pág. 1-4) y El Espacio (jun. 26/2008, pág. 5).

(5) El actor refiere las intervenciones de Luis Carlos Avellaneda Tarazona y Cecilia López Montayo, las cuales trascribe en extenso.

(6) Corte Constitucional, Sentencia C-543 de 1992.

(7) Corte Constitucional, Sentencia T-320 de 2004.

(8) Cfr. Uprimny, Rodrigo, Juan Jaramillo, Catalina Botero y Libardo Herreño. Estado de Derecho y Sentencia Judiciales. Seguridad Jurídica y Garantismo. ILSA. Bogotá. 2007.

(9) Cfr. Sentencia T-079 de 1993.

(10) Ver, entre muchas otras las sentencias T-231 de 1994 y T-008 de 2001.

(11) Consultar, sobre el particular, los fallos T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-771 de 2003 y T-949 2003.

(12) “En la citada norma superior (C.P., art. 86) es evidente que el Constituyente no realizó distinciones entre los distintos ámbitos de la función pública, con el fin de excluir a alguno o algunos de ellos de la procedencia de ese mecanismo de protección de los derechos fundamentales. Precisamente por ello en la norma superior indicada se habla de “cualquier” autoridad pública. Siendo ello así, la acción de tutela procede también contra los actos que son manifestación del ámbito de poder inherente a la función jurisdiccional y específicamente contra las decisiones judiciales, pues los jueces y tribunales, en su cotidiana tarea de aplicación del derecho a supuestos particulares, bien pueden proferir decisiones que se tornen constitucionalmente relevantes por desbordar el estricto marco de aplicación de la ley y afectar derechos fundamentales”. Cfr. Sentencia C-590 de 2005.

(13) “La procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales está legitimada no solo por la Carta Política sino también por el Pacto internacional de derechos civiles y políticos y por la Convención Americana de Derechos Humanos”.

(14) Sobre los conceptos de ratio decidendi y obiter dicta, consultar la Sentencia SU-047 de 1999.

(15) “Al proferir la Sentencia C-593 de 1992, la decisión de la Corte no fue excluir la tutela contra decisiones judiciales”. Cfr. Sentencia C-590 de 2005.

(16) Siempre, siguiendo la exposición de la Sentencia C-590 de 2005.

(17) Ver sentencia T-173 de 1993, reiterada por la C-590 de 2005.

(18) Hace referencia a la carencia absoluta de competencia por parte del funcionario que dicta la sentencia.

(19) Cuando se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o en los fallos que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. (Ver, Sent. C-590/2005); ver también sentencias T-008 de 1998 y T-079 de 1993.

(20) El defecto procedimental absoluto se presenta cuando el funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente establecido. Al respecto, ver sentencias T-008 de 1998, T-159 de 2002, T-196 de 2006, T-996 de 2003, T-937 de 2001.

(21) Referido a la producción, validez o apreciación del material probatorio. En razón a la independencia judicial, el campo de intervención del juez de tutela por defecto fáctico es supremamente restringido.

(22) También conocido como vía de hecho por consecuencia, hace referencia al evento en el cual, a pesar de una actuación razonable y ajustada a derecho por parte del funcionario judicial, se produce una decisión violatoria de derechos fundamentales, bien sea porque el funcionario es víctima de engaño, por fallas estructurales de la administración de justicia o por ausencia de colaboración entre los órganos del poder público. Ver, principalmente, sentencias SU-014 de 2001, T-1180 de 2001 y SU-846 de 2000.

(23) En tanto la motivación es un deber de los funcionarios judiciales, así como su fuente de legitimidad en un ordenamiento democrático. Ver T-114 de 2002.

(24) “(se presenta cuando) la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance”. Ver sentencias SU-640 de 1998 y SU-168 de 1999.

(25) Cuando el juez da un alcance a una disposición normativa abiertamente contrario a la constitución, sentencias SU-1184 de 2001, T-1625 de 2000 y T-1031 de 200(sic), o cuando no se aplica la excepción de inconstitucionalidad, a pesar de ser evidente y haber sido solicitada por alguna de las partes en el proceso. Ver, sentencia T-522 de 2001.

(26) Ver Sentencia T-701 de 2004.

(27) Es decir, que las sentencias judiciales deben tener un mínimo de justicia material, representado en el respeto por los derechos fundamentales.

(28) Sentencia C-590 de 2005. En el mismo sentido, sentencia T-701 de 2004.

(29) En la sentencia en mención se estudia la constitucionalidad del artículo 3º de la Ley 81 de 1993, que modificó el artículo 37 del Código de Procedimiento Penal (sentencia anticipada). La Sala estima que los lineamientos realizados por la Corte conservan validez ya que al comparar los dos textos normativos se concluye que la única diferencia radica en los beneficios otorgados a los procesados que se acojan a dicha figura. Además, el estudio sobre la naturaleza de la sentencia anticipada realizado en ella, es usado como referencia por la Corte Constitucional en la sentencia T-516de 2002, analizando un caso al amparo de la vigencia de la Ley 600 de 2000.

(30) Es posición es aceptada por la Corte Constitucional en la sentencia T-356 de 2007 (argumento 4).

(31) Sentencia C-053 op. cit.

(32) Ibídem.

(33) PAR.—Este trámite [el de la sentencia anticipada] se aplicará también, guardando la naturaleza de las decisiones en aquellos procesos penales de que conoce integralmente la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

(34) ART. 405.—Cohecho propio. El servidor público que reciba para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directo o indirectamente, para retardar u omitir un acto propio de su cargo, para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en prisión de cinco (5) a ocho (8) años, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años.

(35) El profesor Luis Carlos Pérez, citando la Corte Suprema de Justicia, afirma “... en el cohecho están ausentes esos medios coactivos o fraudulentos, y el ilícito es bilateral, porque requiere del acuerdo perfecto, sin vicio alguno de la voluntad entre sobornador y sobornado. Hay un verdadero contrato ilícito, en que ambos sujetos son codelincuentes”. Pérez, Luis Carlos. Derecho Penal. Parte General y Especial. Tomo III. Editorial Temis. Bogotá. 1984. Página 265.

(36) ART. 235.—Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia... 3. Investigar y juzgar a los miembros del Congreso.

(37) ART. 251.—Son funciones especiales del Fiscal General de la Nación. 1. Investigar y acusar, si hubiere lugar, a los altos servidores que gocen de fueron constitucional, con las excepciones previstas en la Constitución.

(38) ART. 235.—Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia... 4. Juzgar previa acusación del Fiscal General de la Nación, a los ministros del despacho... por los hechos punibles que se les impute.

(39) Sobre las razones legítimas para la restricción de los derechos. Cfr. Alexy, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid. 2001. Página 272.

(40) La doctrina afirma que “el concepto de acción constituye el fundamento substantivo en que se asienta la noción jurídica de delito... la importancia de la acción en la teoría jurídica del delito y en la consideración del derecho penal de acto, en contraposición al de autor, al afirmar que el concepto de acción es central en la teoría del delito. El hombre no delinque en cuanto es, sino en cuanto obra”. Polaino Navarrete, Miguel. Derecho Penal General. Teoría Jurídica del Delito. Tomo II. Volumen I. Bosch. Barcelona. 2000. Página 201.

(41) Sentencia C-226 de 2002.

(42) En la misma sentencia a la que se viene haciendo referencia C-179 de 2007, la Corte Constitucional realiza un análisis detallado de las diferencias conceptuales entre el derecho penal de acto y el derecho penal de autor.

(43) Cfr. Polaino Navarrete, Miguel. Derecho Penal General. Teoría Jurídica del Delito. Tomo II. Volumen I. Bosch. Barcelona. 2000. Página 363 y ss.

(44) ART. 12.—Culpabilidad. Solo se podrá imponer penas por conductas realizadas con culpabilidad. Queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva.

(45) Cfr. Arendt, Hannah. Eichmann en Jerusalén. Debolsillo. Barcelona. 2005. En esta obra la actora presenta una radiografía clara de las consecuencias que genera la persecución punitiva de personas por el solo hecho de pertenecer a un estatus, sin importar cual sea su conducta o si se ha lesionado o no el derecho. Una administración de justicia garantista parte de reconocer la presunción de inocencia y no responsabiliza fundándose en simples supuestos.

(46) Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl. Tratado de Derecho Penal. Parte General. Tomo II. Editorial Ediar. Buenos Aires. Página 69 y ss.

(47) Cfr. Zagrebelsky, Gustavo. El Derecho Dúctil. Editorial Trotta. Madrid. 1995. Página 87.

(48) Cfr. Wolfgang Böckenförde, Ernest. Estudios sobre el Estado de Derecho y la Democracia. Editorial Trotta. Madrid. 2000.

(49) “En cuanto a la presunción de inocencia del sindicado, hay que indicar que se trata de un punto de referencia ineludible, explicable por los profundos contenidos de violencia implícitos en el poder punitivo del Estado y concebido como una garantía para que solo haya lugar a la imposición de la pena cuando se tenga absoluta certeza sobre la responsabilidad del procesado. La vigencia de esa presunción le marca al proceso penal un derrotero particular en materia probatoria pues se parte de una presunción que hay que desvirtuar plenamente ya que aún en caso de duda se mantiene su efecto vinculante. Ello es así en cuanto a la racionalidad del Estado constitucional, como Estado de justicia, le repugna la sola posibilidad de condenar a un inocente”. Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-156 de 2002.

(50) Corte Constitucional, Sentencia C-774 de 2001.

(51) STC 31 de 1981, 28 de julio.

(52) Corte Constitucional, Sentencia T-705 de 2002. Sentencia T-640 de 2005. En la Sentencia T-1097 de 2005, afirma el alto tribunal que “Se manifiesta en aquellos casos en los cuales de ampararse un derecho, y por ende, de ajustarse una decisión a la plena legalidad, se produciría a la vez una situación que vulneraría otros derechos y principios constitucionales”.

(53) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005 “(E)n los últimos años se ha venido presentando una evolución de la jurisprudencia constitucional acerca de las situaciones que hacen viable la acción de tutela contra providencias judiciales. Este desarrollo ha llevado a concluir que las sentencias judiciales pueden ser atacadas mediante la acción de tutela por causa de otros defectos adicionales, y que, dado que esos nuevos defectos no implican que la sentencia sea necesariamente una “violación flagrante y grosera de la Constitución”, es más adecuado utilizar el concepto de “causales genéricas de procedibilidad de la acción” que el de “vía de hecho”.

(54) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.

(55) En la Sentencia C-590 de 2005, al igual que en las T-1276, T-994, T- 958, T-920 todas de 2005, la Corte ratificó la necesidad de que para acusar una decisión judicial por vía de hecho procedimental, este debe tener la condición de “Defecto procedimental absoluto”, es decir, que el juez haya actuado completamente al margen del procedimiento legalmente establecido.

(56) Sentencia T-567 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(57) Sentencia T-327 de 1994.

(58) Cfr. Sentencias T-008 de 1998 y SU-159 de 2000.

(59) Sentencia T-996 de 2003.

(60) La misma Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, estima como hechos para proceder a revocar la resolución inhibitoria (abr. 10/2008) las entrevistas rendidas al diario El Espectador y al periodista Daniel Coronell y aparecida en Noticias Uno.

(61) La Corte en la investigación previa recibió las declaraciones de Sabas Pretelt de la Vega (Ministro del Interior) y José Félix Lafaurie (Superintendente de Notariado y Registro), que otros funcionarios del gobierno a los que hace referencia la procesada en sus declaraciones, como aquellos que le ofrecieron prebendas burocráticas.

(62) Tal como lo ha reconocido la Corte Constitucional en la Sentencia C-782 de 2005 al revisar de manera parcial el artículo 394 de la Ley 906 de 2004, “El derecho de defensa, núcleo esencial del debido proceso, se encuentra conformado por el derecho a ser oído, con el pleno de sus garantías constitucionales, y el derecho a guardar silencio, es decir, su derecho a callar, así como a dar su propia versión sobre los hechos en ejercicio pleno de su derecho de defensa. Ello se traduce a su vez, en la garantía que tiene toda persona a no autoincriminarse, ni a incriminar a su cónyuge o sus parientes más cercanos. El derecho fundamental a no autoincriminarse en el curso de un proceso criminal, correccional o de policía, constituye como lo ha señalado la jurisprudencia, “[u]na forma de defensa y por tanto un verdadero derecho de carácter fundamental que hace parte del debido proceso”.

(63) En la misma Sentencia C-782 de 2005, la Corte Constitucional reitera que “A juicio de la Corte, las garantías constitucionales que integran el derecho de defensa material, entre ellas la de ser oído o guardar silencio, así como la no autoincriminación, son garantías históricamente obtenidas, reconocidas por el constitucionalismo moderno y por los tratados internacionales que reconocen los derechos humanos, los cuales hacen parte del bloque de constitucionalidad en virtud de lo dispuesto por el artículo 93 del estatuto fundamental, garantías que no pueden ser soslayadas so pretexto de introducir uno u otro sistema jurídico-penal, independientemente del modelo del que se tomen”.

(64) Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005. La Corte Constitucional en la Sentencia T-1097 de 2005, precisa que “El desconocimiento de alguna de las etapas procesales, bien sea por la pretermisión de una instancia o por el uso indebido de una figura procesal por fuera del término legalmente previsto para su desarrollo, implican la consolidación de una vía de hecho por defectos orgánico y procedimental, frente a la cual es procedente, en primer lugar, las acciones o recursos ordinarios reconocidos en el ordenamiento jurídico, y en segundo término, la acción de tutela de acuerdo con las reglas de procedencia establecidas en el artículo 86 de la Constitución Política y conforme a la jurisprudencia reiterada de esta corporación, en aras de garantizar el principio constitucional de la seguridad jurídica”.

(65) Bulygin, Eugenio. Sentencia Judicial y Creación de Derecho en Análisis Lógico y Derecho. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. 1991. Páginas 356 y 362.

(66) Cfr. Wróblewski, Jerzy. Sentido y Hecho en el Derecho. Distribuciones Fontamara. México. 2003. Página 56.

(67) Aarnio, Aulis. Lo Racional como Razonable. Un tratado sobre la justificación jurídica. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. 1991. Páginas 28 y 29.

(68) Cfr. Plata Pacheco, María del Carmen. Filosofía del Derecho. Argumentación Jurisdiccional. Editorial Porrúa. México. 2006. Página 183.

(69) Segura Ortega, Manuel. La Racionalidad Jurídica. Editorial Tecnos. Madrid. 1998. Página 120. Para una comprensión más compleja de la función judicial como “actos discursivos” Cfr. Habermas. Jurgen. Facticidad y Validez. Sobre el derecho y el Estado democrático del derecho en términos de la teoría del discurso. Editorial Trotta. Madrid. 1998. Página 311.

(70) En la sentencia la Corte afirma que Yidis Medina “decidió explicar públicamente la verdadera razón por la cual, a escasas horas de expresar por escrito su voluntad de solicitar el archivo del proyecto de reforma obró en contrario, señalando que lo hizo para obtener los beneficios burocráticos ofrecidos por algunos funcionarios vinculados con el Gobierno Nacional, los cuales se materializaron posteriormente con el nombramiento de varios de sus seguidores políticos en distintas entidades oficiales, así como el otorgamiento de contratos de prestación de servicios a otros más” (fl. 4, c.a.).

(71) Estima que el favorecimiento consistió en: Notaría 2ª del Círculo de Barrancabermeja; Notario 77 del Círculo de Bogotá; contrato de prestación de servicios entre Etesa y Cesar Augusto Guzmán Aleiza; director de la unidad hospitalaria Clínica 1º de Mayo; subdirector del centro multisectorial del Sena de Barrancabermeja; nombramiento como profesional universitario a César Guzmán en el Inpec), Coordinador de la unidad territorial de Acción Social en el Magdalena Medio (cfr. Fls. 22 a 28, c.a.).

(72) La sigla (c.a.) debe entenderse como cuaderno de anexos.

(73) La Corte se apoya en la Sentencia SU-047 de 1999, proferida por la Corte Constitucional, donde se establece que los congresistas son inviolables en razón de sus votos u opiniones, pero cuando en ejercicio de los mismos se cometen delitos es procedente iniciar investigación penal.

(74) Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua (tomo XI), inconcusa, significa “firme, sin duda ni contradicción”. Página 855.

(75) Canonjía, significa “prebenda por lo que se pertenece al cabildo de iglesia catedral o colegial”, también “empleo de poco trabajo y bastante provecho”. (Tomo IV).

(76) La Corte precisa que el 4 de junio se realizó la audiencia de formulación de cargos por el delito de cohecho “porque en condición de congresista aceptó promesa remuneratoria con el fin de ejecutar un acto contrario a sus deberes oficiales”, con la circunstancia de mayor punibilidad prevista en el artículo 58 numeral 2º del mismo estatuto (motivo abyecto) “pues ostentando un cargo de elección popular, decidió traicionar la confianza e interés colectivo a cambio de las mezquindades de los halagos y las promesas burocráticas que consintió en interés particular”.

(77) Ante las acusaciones realizadas, en la diligencia de indagatoria como se hacen señalamientos concretos y directos sobre personas que pudieron cometer algunos delitos, se le toma juramento sobre este aspecto y se la interroga puntualmente sobre cada uno de los tópicos, se le pregunta “Dígale a la Corte quienes le hicieron ofrecimiento para votar favorablemente el proyecto de reelección? Contesto: Iván Diaz Mateus con tres meses más en el Congreso. Sabas Pretelt de la Vega, Diego Palacio, Alberto Velásquez, Bernardo Moreno”. (fl. 131, c.a.).

(78) Dentro de los cuales se encuentra el actor no por simple deducción, sino a causa de las imputaciones concretas de la acusada.

(79) Cfr. Nino, Carlos Santiago. La Constitución de la Democracia Deliberativa. Editorial Gedisa. Barcelona. 2003. Página 258.

(80) Sentencia Ibídem, auto del 6 de agosto de 2003, Sala Primera de Revisión.

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