Sentencia 2008-05591 de 10 de julio de 2013

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 110011102000200805591-02 (8028–5)

Magistrada Ponente:

Dra. Julia Emma Garzón de Gómez

Aprobado según Acta de Sala Nº 52

Bogotá D.C., diez de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones.

1. Competencia.

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para conocer de las decisiones proferidas por las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 256, de la Constitución Política, artículo 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996 y el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007.

En virtud de la competencia antes mencionada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento, con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales aplicables en este caso.

2. Del inculpado.

La Unidad Nacional del Registro de Abogados, informó que el doctor Alberto Rosado Capatáz está identificado con cédula de ciudadanía Nº 12.577.400, y se encuentra inscrito como abogado, titular de la tarjeta profesional Nº 14.830.

3. De la apelación.

Antes de entrar al estudio de la impugnación interpuesta contra el fallo de primera instancia, quien aquí funge como Magistrada Ponente se permite precisar que si bien ha expuesto su impedimento para conocer de providencias en las cuales el doctor Rafael Vélez Fernández ha sido ponente o ha conformado Sala, ante la reiterativa negación de aceptar dicha declaración, la suscrita en aras del principio de celeridad y eficacia opta por no continuar realizado tales manifestaciones.

Al tenor de lo previsto en el artículo 97 de la Ley 1123 de 2007, para proferir fallo sancionatorio se requiere de prueba que conduzca a la certeza de la existencia de la falta atribuida y de la responsabilidad del disciplinable.

Procede la Sala a pronunciarse únicamente sobre los motivos de discrepancia planteados en la impugnación y a lo inescindiblemente ligado a ello, en atención a lo dispuesto en el artículo 179 del Código de Procedimiento Penal (L. 906/2004), aplicable a los procesos disciplinarios seguidos contra abogados, por remisión expresa del artículo 16 de la Ley 1123 de 2007, en consecuencia el análisis se circunscribirá a lo que es materia del recurso.

4. De la nulidad.

El abogado solicitó la nulidad, por considerar que no se le notificó a las direcciones que tiene registradas en la Unidad de Registro de Abogados y por no haber tenido una defensa técnica por parte de la defensora de oficio, la Sala no declarará la nulidad solicitada por el impugnante, pues no se configura ningún hecho que invalide las actuaciones realizadas por el a quo, veamos:

— Manifestó en su recurso que no le fue enviada la citación a las direcciones que tiene registradas en la Unidad de Registro de Abogados las cuales son carrera 10 Nº 16-118 oficina 203 y lugar residencia calle 64 A Nº 36-50, lo cual nono es cierto, pues a folios 174 y 175 del cuaderno de primera instancia obran las citaciones a las direcciones anteriormente mencionadas, además llama la atención de esta Superioridad que el abogado disciplinado, alegue una indebida notificación, máxime cuando ya tenía conocimiento del proceso y había actuado en el mismo, pues se itera el 2 de febrero de 2011, interpuso recurso contra la sentencia del 29 de noviembre de 2010, memorial igual al estudiado ahora, entonces resulta difícil creer que solamente el disciplinado volvió a tener conocimiento del mismo cuando le asistía el derecho de recurrir la sentencia en el cual fue sancionado.

— Respecto a la intervención realizada por su defensora de oficio, no le asiste razón, pues la doctora Alejandra Palacios Moreno, en la audiencia de pruebas y calificación provisional del 16 de agosto de 2011, solicitó pruebas y en la audiencia de juzgamiento presentó alegatos de conclusión, los cuales se consideran adecuados y jurídicamente fundados en aras de proteger los intereses de su representado, por tanto se concluye que ante la inasistencia del recurrente el Estado le garantizó su defensa técnica.

— La manifestación realizada por el apelante en sus alegatos donde aseveró que no había constancia de la citación a la audiencia del 27 de octubre de 2011, la misma como el disciplinado tiene conocimiento no se llevó a cabo por su inasistencia, por tanto no se instaló debiendo ser reprogramada.

Finalmente el punto donde el abogado disciplinado afirmó que en el resumen del acta de la Audiencia de Pruebas y Calificación Provisional llevada a cabo el 16 de agosto de 2012 quedo plasmado “Imputado Alberto Rosado Capatáz (asistió)”, y él no se presentó, le asiste razón al inculpado pero resulta un error de trascripción porque el escuchar el audio queda claro que el disciplinado no asistió a la mencionada Audiencia siendo representado en la misma por su defensora de oficio, doctora Alejandra Palacios Moreno (fl. 201 y CD c. 1ra instancia).

Por las anteriores consideraciones esta colegiatura no considera que exista causal de nulidad la cual invalide el estudio del presente caso.

5. Del Caso en concreto.

La señora María Bertha Fanny Osorio de Moyano formuló queja disciplinaria al encontrarse inconforme con el proceder del abogado Alberto Rosado Capatáz, dada la actuación de precitado apoderado del extremo pasivo dentro del proceso reivindicatorio que cursa en el Juzgado 17 Civil del Circuito con Radicación 2000-8195, pues desde el 2005 se había proferido sentencia y a la fecha de la presentación de la queja en el año 2008 no había sido posible la entrega del inmueble debido a la presentación de recursos, memoriales e impedimentos infundados que el profesional del derecho disciplinado presentaba.

El abogado Alberto Rosado Capatáz, recibió poder cuando ya había sentencia y orden para la entrega del inmueble, presentó recurso de casación, se opuso a la entrega del inmueble, luego presentó una recusación sobre el Juez que iba a realizar la diligencia de entrega y como fue negada contra esa decisión interpuso reposición y apelación.

Ahora bien, la norma disciplinaria que describe la falta endilgada al profesional investigado establece:

“ART. 33.—Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado:

8. Proponer incidentes, interponer recursos, formular oposiciones o excepciones, manifiestamente encaminados a entorpecer o demorar el normal desarrollo de los procesos y de las tramitaciones legales y, en general, el abuso de las vías de derecho o su empleo en forma contraria a su finalidad”.

Analizadas las exculpaciones brindadas por la defensora de oficio del disciplinado se tiene que las mismas no son de recibo para la Sala, pues si bien el ordenamiento legal, prevé una serie de herramientas las cuales buscan el adecuado ejercicio de los derechos de los sujetos procesales, también lo es que so pretexto de un eficiente cumplimiento del mandato conferido por su poderdante, no puede el abogado inculpado adoptar comportamientos que rayen con los límites de la desconsideración para con las demás partes del proceso y la administración de Justicia, pues la recusación y las peticiones incoadas carecían palpablemente de cualquier tipo de fundamentación, lo cual evidencia la clara intención del profesional de entorpecer el curso normal del proceso e impedir la entrega del bien inmueble, en detrimento de los intereses de la aquí denunciante y generando con ello un desgaste innecesario de la administración de justicia.

Por otra parte si bien es cierto, el profesional del derecho inculpado no intervino como apoderado desde el principio del proceso, si actuó desde el mayo de 2008 como apoderado del señor Horacio Vargas Valencia demandado en el precitado proceso reivindicatorio, donde interpuso incidente de recusación contra el Juez de Descongestión que iba a realizar la diligencia de entrega del bien, el cual fue desestimado, e interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra la negativa de la recusación los cuales también fueron negados (fls. 4 al 12, anexo 1). El 12 de noviembre de 2008 se ordenó la entrega del inmueble y en memorial radicado la misma fecha formuló recurso contra el auto anterior, el cual fue desestimado por auto del 19 de diciembre de 2008, ordenando no reponer y no conceder apelación.

Por lo anterior, presentó denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para que se decretara la suspensión de la diligencia de entrega, lo cual fue negado por auto del 15 de julio de 2009, pronunciamiento contra el cual el abogado investigado presentó recurso de reposición y apelación.

Así las cosas, de las pruebas recogidas dentro del trámite de la investigación, se puede colegir en grado de plenitud probatoria y sin que al respecto se anteponga ninguna materialidad sobre la cual pueda construirse alguna causal de justificación, que para el caso, el abogado Alberto Rosado Capatáz ajustó su conducta a los dictados del artículo 33 numeral 8º de la Ley 1123 de 2007.

Es decir, para esta corporación no existe duda, que el disciplinado al haber recusando al Juez y presentando recursos, adecuó su conducta en un todo a los extremos y contenidos tanto objetivos como subjetivos de la norma en mención, comportamiento que como se dejó consignado, no tiene ninguna causal de justificación.

6. Dosimetría de la sanción a imponer.

Al tenor de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1123 de 2007, para la graduación de la sanción se requiere tener en cuenta los límites y parámetros allí señalados, los cuales deben consultar los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad, por consiguiente, estima la Sala que la sanción de suspensión de 2 meses en el ejercicio de la profesión, impuesta al abogado investigado debe mantenerse.

En efecto, para las faltas endilgadas al investigado consagra el artículo 40 de la Ley 1123 de 2007, exclusión, suspensión, y censura, norma que adicionó al capítulo de sanciones la multa(9), la cual se impone de manera autónoma o concurrente con las de suspensión o exclusión, atendiendo la gravedad de la falta y los criterios de graduación allí establecidos.

En lo que corresponde a la sanción, debe confirmarse, pues para el caso se trató de un comportamiento en absoluto grave, consumado de manera dolosa, esto es con ingredientes subjetivos de conciencia y voluntad de infringir la normativa reguladora; injusto disciplinario que merece reprochabilidad, siendo la sanción proporcional a los hechos investigados, razones más que suficientes por las que se confirmará la sentencia y la sanción impuesta, además obedece los criterios de graduación y está acorde con los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.

Por las anteriores consideraciones, la Sala confirmará integralmente el fallo apelado proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá mediante la cual sancionó con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de dos (2) meses, al abogado Alberto Rosado Capatáz, como autor responsable de la falta prevista en el numeral 8º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. NO DECRETAR LA NULIDAD solicitada por el apelante conforme a lo manifestado en la parte motiva.

2. CONFIRMAR la sentencia emitida por la Sala Jurisdiccional del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, el 31 de enero de 2013, mediante el cual sancionó con SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el término de dos (2) meses, al abogado Alberto Rosado Capatáz, por incurrir en la falta prevista en el numeral 8° del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

3. Anotar la sanción en el Registro Nacional de Abogados, fecha a partir de la cual empezará a regir la misma, para cuyo efecto se le comunicará a la oficina encargada del registro lo aquí resuelto, remitiendo copia de esta providencia con constancia de su ejecutoria.

4. DEVUÉLVASE la actuación al Consejo Seccional de origen, para que notifique a todas las partes dentro del proceso, cumpla con lo dispuesto por la Sala y demás fines pertinentes.

Notifíquese y cúmplase».

 

(9) Artículo 42 de la Ley 1123 de 2007.