Sentencia 2008-06246 de septiembre 9 de 2013

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 11001 11 02 000 2008 06246 02

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Alonso Sanabria Buitrago

Aprobado según Acta de Sala Nº 70 de la misma fecha.

Ref.: disciplinario contra abogado Armando Muñoz Ramírez

Vistos

Bogotá, D.C., nueve de septiembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para conocer y decidir este recurso de apelación en los procesos disciplinarios que conocen en primera instancia las salas jurisdiccionales disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura, de conformidad con el mandato establecido en los artículos 256 numeral 3º de la Constitución Política y el artículo 112 numeral 4º de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, en concordancia con el artículo 59 numeral 1º y 89 del Código Disciplinario del Abogado.

Entonces, entra la Sala a decidir si confirma o revoca la sentencia dictada el día 18 de septiembre de 2012, mediante la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, decidió sancionar disciplinariamente con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de seis (6) meses al abogado Armando Muñoz Ramírez, al encontrarlo responsable de incurrir en la conducta establecida en el numeral 3º del artículo 54 del Decreto 196 de 1971, hoy señalada en el artículo 35.4 de la Ley 1123 de 2007.

De acuerdo con lo anterior, la controversia jurídica objeto de definición en el sub lite se circunscribe a determinar si el profesional sancionado incurrió en la falta disciplinaria descrita en el numeral 3º del artículo 54 del Decreto 196 de 1971, cuyo tenor es:

“ART. 54.—Constituyen faltas a la honradez del abogado:

(…)

3. Retener dineros, bienes o documentos suministrados para las gestiones o los recibidos de otras personas por cuenta del cliente, o demorarle injustificadamente la comunicación de este recibo”.

Conducta que actualmente se encuentra recogida por el artículo 35 numeral 4º de la Ley 1123 de 2007:

“ART. 35.—Constituyen faltas a la honradez del abogado:

(…)

4. No entregar a quien corresponda y a la mayor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo”.

Debe indicar primigeniamente esta colegiatura, que en virtud de la competencia antes mencionada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio allegado al plenario y a la luz de las disposiciones legales que atañen al tema a debatir, precisando que tal como lo ha sostenido la jurisprudencia, la órbita de competencia del juez de segunda instancia, le hace imperioso emitir pronunciamiento únicamente en relación con los aspectos impugnados, pues presume el legislador que aquellos que no son objeto de sustentación, no suscitan inconformidad en el sujeto procesal que hace uso de la apelación, pudiendo extender la competencia a asuntos no impugnados, si resultan inescindiblemente vinculados al objeto del recurso.

Así pues, entra entonces esta Sala al estudio del trámite que ahora nos ocupa, señalando que sobre la conducta ahora reprochada, en providencia dictada por esta corporación, dentro del Expediente 1997-03326-01 de fecha 6 de agosto de 2003, con ponencia del magistrado doctor Fernando Coral Villota, se dijo:

“Si uno de los deberes constitucionales que tienen frente a la sociedad los abogados es el respeto por los derechos ajenos, ello implica, el no retener ni utilizar en provecho propio o de un tercero, los dineros, bienes o documentos que le sean suministrados para las gestiones, o los recibidos de otras personas por cuenta de su cliente. El mencionado deber encuentra su fundamento constitucional en los numerales 1º y 7º del artículo 95 superior, según los cuales, las personas y los ciudadanos colombianos, incluyendo obviamente a los abogados, tienen la obligación de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios y colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia, por lo tanto, dada la misión social que tienen los profesionales del derecho, las sanciones disciplinarias de que pueden ser objeto... constituyen... una retribución que le deben a la sociedad por el incumplimiento de los respectivos deberes. La honradez implica un debido comportamiento para no defraudar la confianza que se ha depositado en una persona, en este caso, en un profesional del derecho, sobre quien la sociedad en general, no solo cree sino que deposita su confianza en la lealtad de su proceder”.

Pues bien, de entrada esta Sala considera que la providencia objeto de impugnación debe ser confirmada, por cuanto ciertamente la conducta recriminada al profesional del derecho se tipifica plenamente en el tipo disciplinario antes descrito, existiendo en el plenario prueba que lleva a la certeza que el investigado infringió la norma disciplinaria, recayendo sobre este la respectiva responsabilidad, causa de la sanción impuesta por la Sala a quo.

En efecto, está probado, que el señor Constantino Corredor Ovalle otorgó mandato judicial al disciplinado para que en su nombre y representación “inicie, adelante y lleve hasta su terminación un proceso ejecutivo singular en contra de los señores José Darío Sarmiento, y la señora María Lilia Sarmiento”, para hacer efectivo el cobro de una obligación dineraria representada en cuatro letras de cambio, gestión por la cual suscribió el día 10 de noviembre de 2005 junto con el abogado de la parte ejecutada, un “Contrato de transacción” por el cual los demandado se comprometían a cancelar a la parte demandante la suma de $ 11.000.000, especificándose en dicho documento que “En la fecha el suscrito abogado de la parte actora recibe la suma de seis millones quinientos setenta mil pesos M.C. ($ 6.570.000)”(19), sumándose el derecho a cobrar lo títulos judiciales consignados al juzgado y para el trámite ejecutivo de marras, los cuales le fueron entregados para su cobro al profesional del derecho, el día 16 de diciembre de 2005, los que sumaron $ 605.657.

Expuesto lo anterior, y del estudio del material probatorio allegado al plenario, no cabe la más mínima duda que el abogado Armando Muñoz Ramírez, retuvo de manera indebida la suma total de $ 7.75.657, obtenidos por cuenta de la gestión profesional confiada por el señor Constantino Corredor Ovalle, y que a la fecha de dictarse la providencia atacada y ahora materia de estudio, no han sido entregados a su real propietario, pues no obra prueba alguna en el dossier, demostrativa que el aquejado haya devuelto tales emolumentos y menos aún, haya actuado como su deber profesional le exige, esto es, obrando con absoluta honradez en sus relaciones profesionales.

Ahora, debe resaltar esta superioridad, que si bien para le fecha 9 de junio de 2009 el quejoso aceptó llegar a un acuerdo con el aquejado, suscribiendo este último un título ejecutivo (letra de cambio) como garantía para la devolución de parte de los dineros recibidos, ello ocurrió bajo el apuro a que se vio sometido el disciplinado por el adelantamiento en su contra de la averiguación disciplinaria que ahora nos ocupa, y aun así, el aquejado burló tal acuerdo, toda vez que, como ya se advirtió con anterioridad, de manera alguna ha devuelto los dineros recibidos y retenidos por él mismo desde finales del año 2005, y que pertenecen al denunciante disciplinario.

Todo lo anterior sólo trae convicción a esta Sala, en cuanto a que el abogado Armando Muñoz Ramírez, infringió la normativa disciplinaria por la cual se le sancionó en primera instancia, en tanto no cumplió con el deber de entregar a la mayor brevedad posible los dineros que cobró a nombre de su cliente, reteniendo los mismos.

Ahora, con relación al punto de inconformidad elevado por el abogado Armando Muñoz Ramírez, referente a la presunta prescripción de la conducta que se le reprocha, bajo el llano sustento de la existencia de un supuesto acuerdo o convenio alcanzado con el quejoso y ocurrido desde el año 2006, el cual por nuevos convenios privados con el denunciante disciplinario se ha extendido el plazo primigeniamente acordado, es menester señalar por esta Sala, que mal podría tenerse en cuenta el sustento de recurso de alzada, por cuanto la falta imputada al mismo hace parte de aquellas que ostentan una naturaleza omisiva, las cuales por lo general son de ejecución continuada, característica de la que no escapa la infracción objeto de análisis, pues como lo ha reiterado en diferentes oportunidades esta colegiatura, la comisión de la misma no cesa hasta tanto no se haga la entrega de los dineros, bienes o documentos obtenidos en virtud de la gestión profesional a quien corresponda, o cuando se haga efectiva la comunicación del recibo de dichos bienes.

Así entonces, debe resaltar esta Sala que la conducta desplegada por el togado disciplinado tiene un efecto sucesivo, continuo, cíclico, ya que si bien los hechos acaecieron desde el día 10 de noviembre y 16 de diciembre del año 2005, la misma conducta no ha cesado teniendo en cuenta que los dineros no han reposado en manos de su verdadero dueño, causándose de esta manera, desde la fecha en que el abogado retiene los dineros que no son de su propiedad, hasta el momento en que se interpone la queja ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, y aún hasta el momento en que se dictó la sentencia de primera instancia ahora atacada por vía de recurso de alzada, un detrimento en el pecunio del quejoso; por lo tanto y de igual forma, subsiste la falta disciplinaria consagrada por el numeral 3º del artículo 54 del Decreto 196 de 1971, hoy recogida en el artículo 35-4 de la Ley 1123 de 2007.

Así pues, frente a la solicitud de prescripción de la acción disciplinaria, formulada por el recurrente, esta Sala debe indicar que la misma de manera alguna es procedente disponer su decreto, por cuanto la falta imputada es de aquellas consideradas en su ejecución como de carácter permanente, en el entendido de que se mantiene vigente su incursión hasta tanto se demuestre el cese o finalización del acto catalogado como de irregular, siendo como ya se observó, que en el expediente no obra prueba que permita establecer que el abogado Muñoz Ramírez, haya hecho entrega a su cliente de los dineros recibidos desde las fechas antes referidas.

Es entonces por lo antes expuesto, que no puede aceptar esta Sala el motivo de inconformidad elevado en escrito de apelación por el abogado Armando Muñoz Ramírez, pues en este caso, no hay duda que el abogado disciplinado, se salió de los cauces de la honradez con que debe actuar, máxime tratándose de un profesional del derecho de quien la comunidad exige un comportamiento sin tacha.

De acuerdo a todo lo anterior, existe plena certeza de la comisión de la falta imputada y la responsabilidad del disciplinable, pues este, actuando de manera consciente, voluntaria e intencional, retuvo dineros recibidos por cuenta de un proceso ejecutivo confiado y que pertenecen a su poderdante.

Finalmente, no se pude dejar pasar la oportunidad para realizar un enérgico llamado de atención a la colegiatura a quo, respecto de lo por ella sustentado en la providencia ahora objeto de estudio, cuando señaló que “la existencia del título valor contrae automáticamente la mutualidad de la conducta de retención en una obligación de naturaleza civil”, pretendiendo justificar así, que “el comportamiento de retención reprochado se consumó hasta la creación de la letra de cambio recogiendo documentalmente el dinero que ilegítimamente poseía el profesional del derecho”(20), con lo cual de manera débil, incorrecta, desprevenida e impróvida, se desatiende la línea jurisprudencial que ha mantenido la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, con relación a la conducta tipificada dentro de los artículos atrás estudiados, pues aceptar que una conducta antiética como la ahora reprochada, se consume por el solo hecho de suscribirse un título valor cualquiera que sea, ello desfigura la naturaleza del tipo disciplinario, en cuanto a que lo obligado a entregar a la menor brevedad posible tratándose de dinero, es dinero y no otra cosa, al igual que bienes o documentos, consumándose entonces la conducta solo hasta el momento en que se entregue o devuelva lo indebidamente retenido, trátese de dineros, bienes o documentos de manera concreta.

Ahora, y aunque no fue objeto del tema de apelación, se observa que la sanción impuesta al disciplinable por la Sala a quo, se ajusta a los principios establecidos en el artículo 13 de la Ley 1123 de 2007, es decir, es razonada, necesaria y proporcionada, y está conforme a los criterios de graduación de que trata el artículo 45 ibídem, y lo dispuesto en el artículo 61 del Decreto 196 de 1971, tales como la trascendencia social de la conducta, la modalidad, circunstancias y el perjuicio causado.

Así las cosas, para la falta endilgada al abogado disciplinado, consagra el artículo 40 del estatuto deontológico cuatro tipos de sanción, partiendo de la censura como la más leve, pasando por la de suspensión y culminando con la exclusión como la de mayor gravedad, las cuales se podrá imponer de manera autónoma o concurrente con la multa.

Así entonces, que teniendo en cuenta la modalidad y gravedad de la conducta desplegada por el doctor Armando Muñoz Ramírez, a quien se le exigía actuar con honradez en aras del compromiso profesional adquirido, la sanción de suspensión por el término de seis (6) meses en el ejercicio de la profesión a él impuesta en la sentencia materia de apelación, cumple con los criterios legales y constitucionales, pues como profesional del derecho estaba obligado a cumplir con uno de los principales deberes del abogado consagrado en el numeral 8º del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, que lo obligaba a obrar con honradez en sus relaciones profesionales.

Por otro lado, acorde con el principio de necesidad, íntimamente ligado con la función de la sanción disciplinaria, no admite duda que en el sub lite, le era imperativo al operador disciplinario afectar con suspensión al implicado, pues la imposición de la referida sanción, cumple con el fin de prevención particular, entendiendo este, como el mensaje de reflexión para los profesionales del derecho, para que a futuro se abstengan de incurrir en conductas consagradas como faltas disciplinarias, o incumplan sus deberes en el ejercicio de la profesión de la abogacía.

De igual manera, la sanción de suspensión antes referida e impuesta al disciplinado, cumple con el principio de proporcionalidad en la medida de corresponder la respuesta punitiva con la gravedad de la misma, pues sin justificación alguna el disciplinable conculcó el estatuto deontológico en el aspecto de la honradez que todo abogado debe observar en las relaciones con sus clientes, pues desde finales del año 2005 a la fecha, no ha entregado a quien pertenece, los dineros que corresponden a abonos de una obligación crediticia y recibidos por cuenta del proceso ejecutivo confiado, sin que los mismos pudieran ser considerados como parte de pago de sus honorarios profesionales, aunándose a ello, el no haberse encontrado el litigante autorizado para retener los dineros recogidos, generándose con dicha actuación antiética desplegada por el disciplinado, un ostensible detrimento de los interese económicos de su mandante, quien depositó confianza en el abogado encartado.

Igualmente, se cumple también con el principio de razonabilidad, referido este a la idoneidad o adecuación al fin de la pena, la cual justifica la sanción disciplinaria de suspensión por el término de seis (6) meses en el ejercicio de la profesión impuesta al disciplinado, debiéndose atender lo expuesto por la Corte Constitucional, cuando dijo: “la razonabilidad hace relación a que un juicio, raciocinio o idea esté conforme con la prudencia, la justicia o la equidad que rigen para el caso concreto. Es decir, cuando se justifica una acción o expresión de una idea, juicio o raciocinio por su conveniencia o necesidad”(21).

Por lo anterior, esta superioridad procederá a confirmar en su totalidad la providencia objeto de alzada, pues se acompasa la misma al acierto de la realidad probatoria allegada al plenario, al igual que la responsabilidad del aquejado frente los cargos irrogados, pues en efecto, en este caso considera la Sala, que el comportamiento del disciplinable dista de la manera como debe actuar un profesional del derecho, en la medida de que deben obrar con total honradez en sus relaciones profesionales.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia adiada 18 de septiembre de 2012, por medio de la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá impuso sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de seis (6) meses al abogado Armando Muñoz Ramírez, por haber incurrido en la falta establecida en el numeral 3º del artículo 54 del Decreto 196 de 1971, hoy consagrada a numeral 4º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, conforme las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. REMITIR copia del presente fallo, con constancia de su ejecutoria, a la unidad de registro nacional de abogados, para efectos de su anotación, fecha a partir de la cual empezará a regir la sanción impuesta.

3. DEVOLVER el expediente al consejo seccional de origen para que en primer lugar notifique a las partes dentro del proceso, y en segundo lugar cumpla lo dispuesto.

Notifíquese y cúmplase».

(19) Negrillas de esta Sala.

(20) Subrayas fuera de texto. Obsérvese cómo a pesar de la suscripción de dicho documento, el aquejado no ha entregado a quien corresponde, los dineros indebidamente retenidos.

(21) Sentencia C-530 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero.