Sentencia 2008-10092/48433 de noviembre 10 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 70001-23-31-000-2008-10092-01 (48433)

Consejera Ponente (E):

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Actor: Miguel Ángel Acosta Olivera y otros

Demandado: Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación.

Referencia: Apelación sentencia - acción de reparación directa

Tema: Privación injusta de la libertad - El daño antijurídico no se configura cuando la orden de captura se profiere con fines de indagatoria, se cumplen los plazos establecidos en la normativa penal vigente y posteriormente la entidad instructora se abstiene de imponer medida de aseguramiento.

Bogotá, D. C., diez de noviembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II Consideraciones

Para resolver la segunda instancia de la presente litis se abordarán los siguientes temas: 1) prelación del fallo en casos de privación injusta de la libertad; 2) competencia de la Sala; 3) ejercicio oportuno de la acción; 4) el objeto del recurso de apelación; 5) el caso concreto; 6) sobre la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación por la privación de la libertad del actor; 7) la procedencia o no de la condena en costas.

1. Prelación de fallo.

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que ingresaron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en estricto orden cronológico.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, artículo 16, permite decidir con prelación, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos que impliquen “sólo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso, la Sala advierte que el objeto del debate tiene relación con la supuesta privación injusta de la libertad del señor Miguel Ángel Acosta Olivera, tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones y fijar jurisprudencia consolidada y reiterada. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, la Subsección se encuentra habilitada para resolver con prelación este asunto.

2. Competencia.

La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, el 13 de junio de 2013, habida cuenta de que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se encuentra radicada en los tribunales administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso(19).

3. El ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto en el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debía instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

Tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad(20).

En el expediente reposa la providencia proferida el 26 de mayo de 2006, por medio de la cual la Fiscalía Décima Delegada ante los Jueces Promiscuos del Circuito de Corozal precluyó la investigación a favor del señor Miguel Ángel Acosta Olivera por el delito de rebelión(21).

Revisado el expediente, advierte la Sala que la providencia por medio de la cual se precluyó la investigación a favor del actor quedó debidamente ejecutoriada el 9 de junio de 2006(22), lo cual impone concluir que la demanda se interpuso dentro de la oportunidad legal prevista para ello, por cuanto la misma se presentó el 27 de mayo de 2008(23).

4. El objeto del recurso de apelación.

Previo a abordar el análisis de fondo del presente asunto, resulta necesario señalar que el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante está encaminado a que se revoque la sentencia de primera instancia y discute un único aspecto que se contrae a considerar que la privación de la libertad que sufrió el demandante constituyó un daño antijurídico que le fuera imputable a la Fiscalía General de la Nación.

5. El caso concreto.

De conformidad con el material probatorio obrante en el expediente, se tiene debidamente acreditado que el 5 de septiembre de 2005, un exguerrillero de las FARC formuló denuncia en contra de varias personas, a quienes señaló como colaboradores de ese grupo subversivo, entre las que mencionó al señor Miguel Ángel Acosta Olivera(24).

Se tiene establecido, asimismo, que el 18 de octubre de 2005, con fundamento en un informe suscrito por la SIJIN de la Policía Nacional y en la denuncia formulada por el reinsertado de las FARC, la Fiscalía Décima Seccional de Corozal dictó en contra de 6 personas, incluido el señor Acosta Olivera, orden de captura por el delito de rebelión, la cual también tenía como finalidad oírlos en diligencia de indagatoria(25).

Igualmente, se encuentra demostrado que el 19 de octubre de 2005(26), el Departamento de Policía Judicial de Sucre capturó a las seis personas, entre ellas al señor Acosta Olivera y los puso el mismo día a disposición de la Fiscalía Décima Secciona! de Corozal(27).

La diligencia de indagatoria de las seis personas se llevó a cabo el 21 de octubre de 2005, oportunidad en la que el sindicado Acosta Olivera se mostró ajeno a los hechos denunciados por el reinsertado del grupo subversivo de las FARC y manifestó que tal señalamiento en su contra carecía de veracidad, toda vez que su única labor era el oficio de albañil(28).

De igual forma, se tiene probado que el 29 de octubre de 2005 la Fiscalía Décima Seccional de Corozal se abstuvo de imponer medida de aseguramiento por el delito de rebelión en contra de las 6 personas capturadas y, como consecuencia, ordenó su libertad inmediata, debiendo suscribir para ello una diligencia de compromiso. Asimismo, ordenó que se cancelaran las órdenes de captura libradas en contra de los sindicados objeto de esta decisión(29).

Sobre la situación del señor Miguel Ángel Acosta Olivera, se expuso lo siguiente (se transcribe de forma literal, incluso con errores):

“En lo que tiene que ver con Miguel Ángel Agosta Olivera, alias ‘El Viejo Miguel’ y (...), sumarialmente se ha establecido que el 23 de junio de 2004, la Fiscalía 16 Seccional de Sincelejo, precluyó una investigación que se adelantó en ese despacho en su contra por el mismo delito, iniciada en el mes de septiembre de 2003, por lo que inferimos que se trata de los mismos hechos, teniendo en cuenta lo manifestado hasta ahora por el denunciante y demás testigos de cargos, por lo que debe se así estaríamos contrariando lo establecido en el artículo 19 adjetivo Penal, razón por la cual no le queda al despacho otro camino que abstenerse de proferir medida de aseguramiento en contra de estos dos sindicados, por lo expresado en precedencia, sin que sea necesario por el momento referirse a los elementos de prueba existentes en su contra, por sustracción de materia.

“Consecuencialmente a lo anterior, se dispondrá la libertad inmediata de los sindicados, previa suscripción de la diligencia de compromiso respectiva.

“(…)”(30).

La diligencia de compromiso se suscribió por parte del señor Acosta Olivera el 29 de octubre de 2005, en la cual se estableció como obligación la de comparecer a la Fiscalía de conocimiento cuantas veces se le requiriera por ese asunto. Ese mismo día se hizo efectiva su libertad(31).

A los hechos que se advierten como demostrados en el proceso, se agrega que también se halla debidamente probado que 26 de mayo de 2006 la Fiscalía Décima Seccional de Corozal precluyó la investigación a favor de los sindicados, entre estos del señor Miguel Ángel Acosta Olivera por el delito de rebelión.

La decisión se apoyó en el siguiente raciocinio (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

“La presente investigación tuvo su origen con base en la denuncia presentada por (...) ante la SIJIN, formulando cargos contra varias personas entre las que se encuentran los señores (...) MIGUEL ANGEL ACOSTA OLIVERA, en la que manifiesta que siendo él miembro activo de la subversión, conoció a estos señores como colaboradores de los grupos armados al margen de la Ley, desarrollando diferentes actividades en pro de la causa subversiva, tales como compra de alimentos, participaciones en extorsiones y consecución de material de guerra.

“(...)

“Posterior a la resolución de fecha 14 de mayo de 2005, mediante la cual se resolvió la situación jurídica a favor de los aquí sindicados absteniéndose el despacho de imponer medida de aseguramiento, las cosas han seguido igual con relación a los considerandos que se tuvieron en cuenta para tal abstención. Pues bien, encontrándonos en la etapa de calificación sumarial, aquella situación no ha variado para nada, manteniéndose incólume la misma, de allí que no se necesitan hacer mayores disquisiciones para arribar a la conclusión que no existiendo prueba sobre la responsabilidad de los encartados, lo viable es expedir resolución de preclusión de la instrucción, pues tenemos la firme convicción que hemos llevado a la práctica palpable el concepto de evitar que nuestro juicio de reproche se haga con apasionamiento y muestras de ánimo dogmático en ausencia de las reglas de la sana critica, lo que sin duda ahondara en beneficio de una pronta, cumplida y eficaz administración de justicia, decisión esta que favorece a los señores (...) MIGUEL ANGEL ACOSTA OLIVERA, pues fue concluyente la Fiscalía de que al momento de abstenerse de imponer medida de aseguramiento se vislumbran ciertas dudas sobre la veracidad de los hechos, por considerarse que estas personas pueden haber prestado su concurso a la guerrilla de las FARC, el expediente a través inclusive de las voces de los reinsertados (...), subsistiendo solamente la sindicación del denunciante a quien este despacho no le da mayor credibilidad porque muy a pesar de ser reinsertado de las subversión le aparecen ciertos antecedentes delictivos que colocan en duda su idoneidad; es de resaltar que en una declaración rendida ante la Fiscalía Primera Especializada manifestó que nunca conoció a esos frentes, no simpatizaba con ellos, nunca les colaboró, estas manifestaciones dan traste o sepultan su sindicación en todo su contexto”(32).

Ahora bien, valorado en conjunto el material probatorio que antecede, ha de decirse que se encuentra acreditado en el presente caso que, con fundamento en el informe suscrito por la SIJIN de la Policía Nacional y en la denuncia formulada por un reinsertado de las FARC, la Fiscalía Décima Seccional de Corozal libró orden de captura en contra de varias personas, entre ellas del señor Miguel Ángel Acosta Olivera por el delito de rebelión, la cual tenía como finalidad oírlos en diligencia de indagatoria; se tiene probado igualmente que el 29 de octubre de 2005 la Fiscalía de conocimiento se abstuvo de imponerles medida de aseguramiento y, como consecuencia, ordenó su libertad inmediata; finalmente se acreditó que la Fiscalía Décima Seccional de Corozal precluyó la investigación a favor de los sindicados, en consideración a que las pruebas recaudas no resultaron suficientes para continuar con la investigación.

Como consecuencia, corresponde a la Sala determinar si se configura daño antijurídico en los casos en que se ordena la captura con fines de indagatoria y posteriormente no se impone medida de aseguramiento.

6. Sobre la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación por la privación de la libertad del actor.

6.1. Privación de la libertad del actor sin que se hubiera decretado medida de aseguramiento.

Considera la Sala que la captura, como medida coercitiva para garantizar la efectividad de la diligencia de indagatoria, no trasgrede el derecho a la libertad de protección constitucional (art. 28) y convencional (Pacto internacional de derechos civiles –artículo 12– y políticos y Convención Americana de Derechos Humanos –artículo 22–), siempre que las autoridades civiles y judiciales acaten de manera estricta los términos y condiciones que la ley prevé para la procedencia y materialización de esa medida.

Desde la óptica de la responsabilidad del Estado, es factible inferir que cuando una orden de captura con fines de indagatoria se revoca dentro de un proceso penal que se precluye a favor de un investigado, la responsabilidad del Estado no puede quedar comprometida de manera objetiva, si se tiene en cuenta que, para que se abra paso a la declaratoria de responsabilidad estatal, se debe analizar la falla derivada del incumplimiento o de la omisión de las autoridades judiciales respecto de los presupuestos legales necesarios para imponerla, evento en el cual la privación de la libertad se tornaría en arbitraria; o la falta de acatamiento de los términos legales que deben correr una vez se materializa la captura, caso en el cual se configura una prolongación indebida de la libertad.

De manera que, si se limita la libertad de un ciudadano en cumplimiento de una orden de captura debidamente dispuesta y en acatamiento de los términos legales previstos para tal fin, la detención emerge como una carga que se está en el deber jurídico de soportar y que se justifica en el ejercicio legítimo de la acción penal y del poder coercitivo del Estado, que propenden por la investigación de las conductas que revisten las características de delitos y la individualización de los presuntos autores de las mismas.

Por tanto, y a pesar de la existencia de un daño (limitación del derecho a la libertad), este no puede calificarse como antijurídico y, como consecuencia, no surge para el Estado del deber jurídico de repararlo(33).

El artículo 336 de la Ley 600 de 2000, ley vigente para la época de los hechos, establecía que en los casos en los cuales el delito investigado fuera de aquellos en los que resultaba obligatorio resolver situación jurídica, el fiscal podía prescindir de la citación a rendir indagatoria y librar orden de captura, tal como ocurrió en el presente caso.

En efecto, el delito de rebelión por el cual fue capturado el señor Miguel Ángel Acosta Olivera tenía prevista pena de prisión de seis (6) a nueve (9) años, según el artículo 467 de la Ley 500 de 2000, de manera que sobre el mismo procedía la resolución de situación jurídica y, por ende, disponer la captura con fines de indagatoria.

A su vez, el artículo 354 de la Ley 600 de 2000 disponía que en los delitos en los cuales fuera procedente la medida de aseguramiento debía resolverse la situación jurídica, es decir, en aquellos en los que se verificaran las condiciones del artículo 357 ibídem, esto es, que tuvieran una pena igual o superior a 4 años de prisión.

En ese orden de ideas, se tiene que el artículo 340 de la Ley 600 de 2000 señalaba que la indagatoria debía recibirse en la mayor brevedad posible o a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes a aquel en que el capturado haya sido puesto a disposición del Fiscal General de la Nación o su delegado, lo cual aconteció en el caso objeto de análisis, toda vez que el señor Acosta Olivera fue puesto a disposición de la Fiscalía el 19 de octubre de 2005 y escuchado en indagatoria el 21 de octubre de 2005.

Por su parte, el artículo 354 establecía que cuando la persona se encontraba privada de la libertad, una vez rendida la indagatoria, el funcionario judicial debía definir la situación jurídica a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes, indicando si había lugar o no a imponer medida de aseguramiento u ordenando su libertad inmediata.

En su inciso segundo, dicha norma preveía que “Si el sindicado no estuviere privado de la libertad, el plazo para resolver situación jurídica será de diez (10) días contados a partir de la indagatoria o de la declaratoria de persona ausente. El Fiscal General de la Nación o su delegado dispondrán del mismo término cuando fueren cinco (5) o más las personas aprehendidas, siempre que la captura de todas se hubiere realizado en la misma fecha” (negrillas de la Sala).

De todo lo anterior, se observa que en el presente caso la diligencia de indagatoria se llevó a cabo el 21 de octubre de 2005 y seis días después(34), esto es, el 29 de octubre de 2005, la Fiscalía Décima Seccional de Corozal se abstuvo de imponer medida de aseguramiento al señor Miguel Ángel Acosta Olivera, por tanto, la Fiscalía no excedió el término consagrado en el inciso segundo del artículo 354 de la Ley 600 de 2000, pues contaba con diez días hábiles para resolverle la situación jurídica, dado que en el presente caso se trataba de 6 sindicados a quienes se capturó en la misma fecha, como lo indicó la citada norma.

Así las cosas, como la orden de captura fue ordenada por una autoridad competente, se ajustó a los presupuestos previstos en la ley, en especial cumplió los plazos legales para oír al demandante en indagatoria y resolver su situación jurídica, según los artículos 340 y 354 de la Ley 600 de 2000, el daño reclamado no fue antijurídico, pues el demandante no fue objeto de medida de aseguramiento u otra medida de privación de su libertad.

Ahora, si bien es cierto que en la resolución por medio de la cual la Fiscalía Décima Seccional de Corozal se abstuvo de imponer medida de aseguramiento en contra del señor Acosta Olivera, se consignó que debía acudir a la Fiscalía de conocimiento cada vez que lo requiriera, también lo es que del material probatorio obrante en el expediente no se observa ningún llamado del ente instructor en tal sentido, ni tampoco se demostró la causación de un perjuicio derivado del proceso penal que siguió en curso, luego de haberse decretado su libertad inmediata.

Al respecto, se debe anotar que esta Sala ya consideró que: “la suscripción de acta de compromiso, por sí misma, no configura una medida de aseguramiento, esto teniendo en cuenta que en muchos casos, los deberes impuestos al procesado no son diferentes a los que cualquier persona, vinculada a un proceso penal, deba cumplir (presentarse si es requerido, informar el cambio de residencia, etc.)”(35).

En ese sentido, se considera que tales compromisos u obligaciones no pueden catalogarse como unas restricciones jurídicas que afecten el derecho a la libertad de las personas vinculadas a la actuación penal y, en el evento de llegar a serlo, su ocurrencia, en todo caso, no fue demostrada por los aquí demandantes, luego ninguna responsabilidad le asiste a la Fiscalía General de la Nación.

En efecto, si se analiza el compromiso consistente en presentarse al despacho judicial cuantas veces sean requeridos los procesados, la Sala estima que se está ante una carga que deriva de los deberes constitucionales consagrados en el numeral 7º del artículo 95 superior y que bajo ningún punto de vista puede calificarse como una ruptura de los deberes que pesan sobre cualquier ciudadano.

En la preceptiva superior referida, se le exige a todo ciudadano, sin distingo alguno, la obligación de “colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia”; en otras palabras, todo ciudadano tiene el compromiso de comparecer ante las citaciones o requerimientos que le hagan las autoridades judiciales, pues es precisamente a través de esa colaboración que los operadores judiciales pretenden obtener la verdad material de los hechos investigados y así lograr el fin constitucional de construir un orden jurídico justo, tal como lo prescribe el Preámbulo de la Carta Política(36).

7. Condena en costas.

Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo normado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia apelada, esta es, la proferida el 13 de junio de 2013 por el Tribunal Administrativo de Sucre, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

19 Auto del 9 de septiembre de 2008 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00. M. P. Mauricio Fajardo Gómez.

20 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 2002, Exp. 13.622, M. P. María Elena Giraldo Gómez, reiterada en sentencia del 11 de agosto de 2011 por la Subsección A de la Sección Tercera de esta corporación, Expediente 21.801, M. P. Hernán Andrade Rincón. También puede consultarse: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto de 19 de julio de 2010, Exp. 37.410, M. P. Mauricio Fajardo Gómez.

21 Folios 265 a 268 del cuaderno de pruebas.

22 Folio 285 del cuaderno de pruebas.

23 Folio 11 del cuaderno de primera instancia.

24 Folios 4 a 10 del cuaderno de pruebas.

25 Folio 36 del cuaderno de pruebas.

26 Folios 227 a 232 del cuaderno de primera instancia.

27 Folios 63 a 64 del cuaderno de pruebas.

28 Folios 87 a 89 del cuaderno de pruebas.

29 Folios 181 a 189 del cuaderno de pruebas.

30 Folios 188 a 189 del cuaderno de primera instancia.

31 Folio 190 a 191 del cuaderno de primera pruebas.

32 Folios 265 a 268 del cuaderno de pruebas.

33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de mayo de 2017, Expediente 41.533, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

34 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 21 de octubre de 2009, Expediente 32.892, M. P. Sigifredo Espinosa Pérez: “… de acuerdo con el criterio jurisprudencial que rige en relación con la Ley 600 de 2000, los términos para resolver situación jurídica se pueden contabilizar hábiles (...)”.

35 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de abril de 2017, Exp. 45228, C. P. Hernán Andrade Rincón.

36 Se advierte que en similares términos esta Sala se pronunció en un caso en el que el demandante era uno de los sindicados vinculados a la misma investigación a la que fue vinculado el señor Acosta Olivera y, en este caso, se confirmó la sentencia que denegó las pretensiones; al respecto ver sentencia de 12 de octubre de 2017, Exp. 48048.