Sentencia 2008-10376/46664 de octubre 12 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 41001-23-31-000-2008-10376-01(46664)

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico (E)

Actor: José Fernando Campo García y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa y otro

Referencia: acción de reparación directa

Bogotá, D.C., doce de octubre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Para resolver la segunda instancia de la presente litis, la sala abordará los siguientes temas: 1) competencia de la sala para conocer acciones de reparación directa originadas en error judicial; 2) ejercicio oportuno de la acción; 3) la legitimación en la causa por activa; 4) lo probado en el proceso; 5) conclusiones probatorias y análisis del caso concreto; 6) actualización de los perjuicios reconocidos en primera instancia y 7) procedencia o no de la condena en costas.

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer de este proceso en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la rama judicial contra la sentencia del 27 de junio de 2012 dictada por el Tribunal Administrativo del Magdalena, toda vez que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se encuentra radicada en los tribunales administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda - instancia sin consideración a la cuantía del proceso(27).

2. Ejercicio oportuno de la acción.

En concordancia con lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo(28), en los casos en los cuales se ejerce la acción de reparación directa con fundamento en la privación injusta de la libertad, el término de caducidad de dos años se cuenta desde el momento en el cual el sindicado recupere la libertad y/o la providencia absolutoria quede ejecutoriada —lo último que ocurra—(29).

En el sub examine, la responsabilidad patrimonial impetrada en la demanda se originó con los daños sufridos por los demandantes con ocasión de la privación de la libertad del señor José Fernando Campo García, al ser capturado dentro del proceso que por inasistencia alimentaria, se siguió en su contra.

Revisado el expediente se encuentra acreditado que el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito Penitenciario y Carcelario de Santa Marta, en providencia del 5 de julio de 2006(30), le concedió al aquí demandante la libertad inmediata y en la misma fecha libró la correspondiente boleta de excarcelación(31) y teniendo en cuenta que la demanda se presentó el 23 de junio de 2008(32), se concluye que fue interpuesta oportunamente.

3. Legitimación en la causa.

Concurrió al proceso el señor José Fernando Campo García, en su calidad de víctima directa del daño al haber sido privado de la libertad y de quien su registro civil de nacimiento da cuenta que es hijo de Aurora Rosa García Rodríguez y Héctor Emilio Campo Márquez(33).

Igualmente, en los registros civiles de los menores Zallira Milagros(34) y Jhonathan Jesús Campo Gómez(35) se reporta que son hijos del señor José Fernando Campo García.

Por su parte Gustavo León(36), Horacio Rafael(37), Héctor José(38) y Graciela Ester(39) Campo García son hijos de Aurora Rosa García Rodríguez y Héctor Emilio Campo Márquez, luego son hermanos de la víctima directa del daño.

4. Lo probado en el proceso(40). 

En atención al material probatorio obrante en el expediente, recaudado oportunamente y con el lleno de los requisitos legales, se tienen debidamente demostrados en este proceso los siguientes hechos:

4.1. Aspectos relacionados con el proceso penal.

— La señora Luz Elena Gómez Martínez interpuso el 29 de septiembre de 1999, denuncia penal en contra del señor José Fernando Campo García, por la comisión del delito de inasistencia alimentaria(41).

— La fiscalía décima delegada ante los jueces penales municipales, en providencia del 4 de octubre de 1999, dispuso la apertura de instrucción en contra del señor José Fernando Campo García por el delito de inasistencia alimentaria, razón por la cual fue citado a indagatoria(42).

— El 30 de noviembre de 1999, el señor Campo García rindió diligencia de indagatoria, oportunidad en la cual explicó las razones por las cuales había incumplido con las obligaciones alimentarias acordadas con la denunciante, en una audiencia de conciliación que previamente había realizado con la denunciante.

— Pese a que el 30 de noviembre de 1999 se había alcanzado un acuerdo conciliatorio entre las partes(43), la denunciante informó a la Fiscalía que el señor Campo García incumplió con lo pactado(44).

— En razón de lo anterior, la Fiscalía 10 local delegada ante los jueces penales municipales, en providencia del 25 de enero de 2000, dictó medida de aseguramiento en contra del implicado “consistente en Caución Prendaria en cuantía de treinta mil pesos ($ 30.000) […] debiendo suscribir la correspondiente acta de compromiso de que trata el artículo 419 del C.P.P., so pena de conceder el beneficio concedido”(45). En la misma fecha se suscribió el acta de compromiso(46).

— El 26 de abril de 2000 se cerró la investigación y se corrió traslado para alegar de conclusión(47), posteriormente, la Fiscalía diecisiete delegada ante los jueces penales municipales de Santa Marta dictó, el 31 de agosto de 2000, resolución de acusación en contra del señor José Fernando Campo García, como responsable del delito de inasistencia alimentaria(48).

— El Juzgado Cuarto Penal Municipal de Santa Marta el 6 de mayo de 2002(49) llevó a cabo la audiencia pública de juzgamiento y el 31 de marzo de 2003(50) dictó condena en contra del señor Campo García y le impuso “la pena principal de diez y siete meses y medio (17.5) meses de prisión y multa equivalente a veinte y cinco (25) días de salario mínimo legal vigente al día de hoy, como autor responsable del delito de inasistencia alimentaria”(51) (sic).

Igualmente, lo condenó a la pena accesoria de inhabilitación de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de duración de la pena principal y le concedió el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, previo el pago de caución prendaria equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, así como a cancelar la suma de $ 5.025.032, como suma equivalente a los perjuicios causados a los hijos del señor Campo García(52).

— El Juzgado Cuarto Penal Municipal de Santa Marta remitió el 5 de junio de 2003 la “sentencia condenatoria ejecutoriada y en ejecución, para su conocimiento”(53) al juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad; igualmente, envió copia de la sentencia al DAS(54).

— Así las cosas, el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Círculo Penitenciario y Carcelario de Santa Marta avocó el conocimiento del asunto “a fin de entrar a vigilar el cumplimiento de la pena impuesta en sentencia condenatoria ejecutoriada contra Fernando Campo García”(55), determinación que se notificó al sentenciado(56).

Al ser notificado, el condenado solicitó ser exonerado del pago de la caución prendaria impuesta(57), petición a la cual accedió el juzgado de ejecución de la pena en providencia del 13 de agosto de 2003 y se le impuso la obligación de suscribir diligencia de compromiso bajo la gravedad del juramento(58), lo que realizó el 19 de agosto siguiente(59).

En la referida acta de compromiso se obligó a: “1) Informar todo cambio de residencia; 2) Ejercer oficio, profesión u ocupación lícitos; 3) Abstenerse de consumir bebidas alcohólicas; 4) En el presente caso presentarse ante este despacho cada 30 días hasta agosto 19 del año 2005; 5) Observar buena conducta individual, familiar y social; 6) No cometer un nuevo hecho punible; 7) No salir del país sin previa autorización del funcionario judicial competente; 8) Realizar el pago de la multa y/o indemnización por daños materiales en $ 5.025.032, más los intereses bancarios(60) (se destaca).

— El 4 de marzo de 2004, la señora Luz Elena Gómez Martínez informó al juez que vigilaba la ejecución de la pena, que el condenado “incumplió la diligencia de compromiso firmada el día 19 de agosto de 2003 y su término de tiempo se cumplió el 19 de febrero de 2004”(61).

Igualmente, la referida denunciante solicitó el 1º de junio de 2004 “llevar a cabo el cumplimiento de la sentencia ya que le confirieron 6 meses para consignar los alimentos debidos y ya lleva más de 10 meses sin que el sentenciado le dé cumplimiento a la sentencia”(62).

— Como consecuencia de lo informado por la denunciante, el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito Penitenciario y Carcelario de Santa Marta, en providencia del 9 de junio de 2004, dispuso (se transcribe de manera literal incluidos posibles errores):

1. REVOCAR el beneficio de la condena de ejecución condicional que se le concedió al sentenciado José Fernando Campo García, por las razones anotadas en la parte considerativa de esta providencia.

“En consecuencia, se dispone la ejecución de la pena de diecisiete y medio (17.5) meses de prisión que le impuso el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Santa Marta, mediante sentencia del 18 de diciembre de 2002 la cual fue corregida mediante auto de fecha 26 de diciembre de 2002; procediéndose como si la misma no se hubiese suspendido”(63).

En contra de la citada decisión, el condenado interpuso recurso de reposición(64) y el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito Penitenciario y Carcelario de Santa Marta, en providencia del 15 de julio de 2004, decidió (se transcribe de manera literal incluidos posibles errores):

1. REPONER como en efecto Repone y en consecuencia revoca el auto de fecha 9 de junio de 2004 mediante la cual este despacho revocó el beneficio de la condena de ejecución condicional que se le concedió al sentenciado José Fernando Campo García, por las razones anotadas en las consideraciones de esta providencia quedando vigente en tal sentido el subrogado de que gozaba el condenado”(65).

— El juzgado de ejecución de la pena recibió el 19 de agosto de 2004 en declaración a la señora Luz Elena Gómez Martínez a quien le fueron puestos de presente los recibos de pago aportados por el condenado con el recurso de reposición de los cuales reconoció como propio uno de ellos y manifestó que “las demás facturas y documentos no corresponde con la realidad”(66), las que calificó de falsas, toda vez que la firma en ellas consignada no era de su autoría.

— El condenado solicitó decretar la extinción de la pena, pues, a su juicio, cumplió con las obligaciones impuestas en la sentencia(67), petición que se negó por el juzgado de ejecución de la pena(68).

— La señora Luz Elena Gómez Martínez, en escrito del 7 de diciembre de 2004(69), informó al juzgado de penas, que el condenado incumplió con lo ordenado en la sentencia. El despacho judicial dispuso que, antes de decidir sobre la revocatoria del beneficio de sustitución condicional de la pena, el CTI estableciera las condiciones socio económicas del señor Campo García(70).

En cumplimiento de lo ordenado por el juez, el CTI reportó que se realizó entrevista con el condenado, quien manifestó no estar trabajando, igualmente que se consultaron las bases de datos habilitadas para el efecto y se encontró que el señor Campo García no poseía bienes inmuebles o establecimientos de comercio registrados a su nombre(71).

— Así las cosas, el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito Penitenciario y Carcelario de Santa Marta, en providencia del 21 de febrero de 2006, decidió: “revocar el beneficio de la condena de ejecución condicional que se le concedió al condenado José Fernando Campo García […] y en consecuencia se dispone la ejecución de la pena de 17.5 meses de prisión”(72).

— En cumplimiento de la anterior determinación, se solicitó el 20 de abril de 2006 a la SIJIN, ejecutar “las actividades de inteligencia conducentes a la búsqueda, localización y Captura” del señor José Fernando Campo García para que “cumpla con la sentencia proferida por el Juzgado 4º Penal Municipal de Santa Marta del 31 de marzo de 2003 que le impuso la pena de 17.5 meses de prisión como autor responsable del delito de inasistencia alimentaria”(73).

— La Sijin ejecutó la captura requerida y el 2 de mayo de 2006 puso a disposición del juzgado al señor Campo García e informó (se transcribe de manera literal incluidos posibles errores):

“La persona antes mencionada fue capturada por la Policía Nacional el 30-04-2006, siendo las 15:55 horas, en la Calle 2 con Carreta 10 esquina B/ Pescadito en cumplimiento de la orden de captura vigente, oficio 040 del 20-04-2006, proceso 47-001-31-87-001-2003-585 por el punible de inasistencia alimentaria, condenado a 17,5 meses de prisión por el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Santa Marta, el 31-03-2003. Persona a su disposición desde la sala de Retenidos Sijin Demag”(74) (se destaca).

El acta de derechos del capturado se suscribió el 30 de abril de 2006(75) y el 2 de mayo del citado año, el juzgado de ejecución de penas legalizó la captura(76) y libró la correspondiente boleta de encarcelamiento(77).

— El capturado presentó solicitud para que la suma fijada como multa, se le permitiría cancelarla plazos y una vez suscrita el acta de compromiso se le concediera la libertad(78).

— El Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito Penitenciario y Carcelario de Santa Marta dictó providencia del 5 de julio de 2006(79) y decidió (se transcribe de manera literal incluidos posibles errores):

“1. Revocar como en efecto Revoca la decisión contenida en auto del 21 de febrero de 2006, en virtud de la cual este Juzgado revocó el subrogado de la condena de ejecución condicional de la pena privativa de libertad al sentenciado José Fernando Campo García, en consecuencia disponer como en efecto dispone la Libertad Inmediata del condenado José Fernando Campo García, de conformidad a las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. Cancelase las órdenes de captura impartidas contra el mismo, como consecuencia del presente proceso.

“2. Declarar la Extinción de la Pena Privativa de la Libertad de 17.5 meses de prisión y de la Pena Accesoria de Interdicción de Derechos y Funciones Pública que por igual término fuera impuesta al señor José Fernando Campo García, como autor del delito de Inasistencia Alimentaria en sentencia del 31 de marzo de 2003, proferida por el Juzgado 4º Penal Municipal de Santa Marta, ello en armonía con las motivaciones expuestas en el cuerpo de esta providencia, así mismo se Dispone no decretar la extinción de la acción civil proveniente de la conducta punible, debido al pago parcial de la misma, ello en concordancia con los arts. 55 del Código Penal y 1625 del Código Civil”(80).

— El 5 de julio de 2006, el Juez de Ejecución de Penas ordenó la libertad inmediata del aquí demandante(81) y el 16 de agosto siguiente ordenó el archivo del expediente(82).

4.2. Declaraciones recibidas.

— Ante el tribunal de instancia declaró la señora María Orozco Vallejo, quien manifestó conocer el hecho que el demandante fue privado de la libertad, además expresó que ella le entregaba dinero que este le mandaba a los niños para cumplir con sus obligaciones de padre; agregó que los menores se afectaron gravemente ante la privación de la libertad de su progenitor. Sostuvo que con posterioridad a salir de la cárcel, no ha conseguido trabajo fijo(83).

— Por su parte, el señor Osvaldo Granados Albus adujo que era vecino del señor Campo García y que le sorprendió encontrárselo en la cárcel cuando visitaba a otro amigo; agregó que dicho acontecimiento afectó mucho al núcleo familiar, especialmente a sus hijos(84).

— Igualmente, el señor Sebastián Suárez Sánchez manifestó ser vecino del demandante y resaltó que la familia del aquí actor tenía excelente relaciones afectivas, las cuales se vieron resquebrajadas con su privación de la libertad. Resaltó que el señor Campo García atravesaba difíciles condiciones económicas(85).

4.3. Documentos aportados.

Se allegó al expediente copia del contrato de trabajo a término indefinido celebrado entre el aquí demandante y la empresa Servipáramo S.A., el cual tenía como objeto ejercer como técnico de mantenimiento, mismo que desarrolló hasta el 14 abril de 2006, cuando el señor Campo García presentó “renuncia irrevocable al cargo”(86).

6. (sic) Conclusiones probatorias y caso concreto.

De conformidad con el conjunto probatorio antes descrito, la sala encuentra que al señor José Fernando Campo García se le revocó el beneficio de ejecución condicional de la pena bajo el argumento de que no dio cumplimiento a lo dispuesto por el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Santa Marta en la sentencia condenatoria el 31 de marzo de 2003(87), en la cual se le impuso “la pena principal de diez y siete meses y medio (17.5) meses de prisión”(88), además la obligación de cancelar $ 5.025.032, suma que se estimó corresponde a los perjuicios causados a sus menores hijos(89) como consecuencia del delito.

A fin de arribar a las citadas determinaciones, el juez penal consideró (se transcribe de manera literal incluidos posibles errores):

“Muestra el acervo probatorio, que una vez dada la aprobación de la conciliación sobre la cuota alimentaria que el padre daría a sus hijos menores, que hizo el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Santa Marta en agosto 23 de 1999, este incumplió con su deber de pagar la cuota alimentaria a que se comprometió son sus hijos menores, sin embargo, colaboró con el sustento de los menores, en menor cuantía a la acordada y de acuerdo a sus ingresos. Tanto la madre querellante, la abuela materna de los menores ofendidos y el mismo padre del acusado, coinciden en afirmar que el padre acusado trabajó dependientemente hasta un mes antes a que se diera la conciliación ante el Juez de Familia y después se ha solventado con trabajos independientes haciendo mantenimiento de aires acondicionados, circunstancias que muestran que de manera permanente ha tenido ingresos, que aunque no opulentos, si suficientes para su manutención y la de su familia, permitiendo un status socioeconómico superior a la pobreza que le permite tener más de lo necesario para su sobrevivencia. Se concluye entonces que el señor José Fernando Campo García ha tenido solvencia económica que no justifica la omisión de su deber alimentario con sus hijos menores, o mismos ofendidos en este caso en estudio, quienes desde sus ocho y once años de edad, en el momento en que se inicia el incumplimiento del deber alimentario, hasta el día de hoy, todavía menores de edad, han padecido de la atención de su padre.

“(…).

“La responsabilidad del señor José Fernando Campo García, como autor del hecho imputado de inasistencia alimentaria contra menor, se muestra en su aspecto objetivo y subjetivo de manera certera en: la permanente omisión a su deber alimentario durante este proceso penal; mantener su omisión en su deber alimentario, pese a que ha mantenido ingresos permanentes por su trabajo independiente con su oficio de mantenimiento de aires acondicionados, tal como el mismo acusado lo admite en su declaración, en la versión del acusado que admite su omisión, pese a que trata de justificarse con los que pagaba a su suegra durante su estadía en su casa y con el hecho de que no tenía trabajo dependiente; en el hecho de que mantiene su persona en debida forma fisiológica, en su vestir y su entorno social, lo que hace aplicar la presunción legal que refiere el artículo 155 del Código del Menor, en cuanto que devenga un ingreso equivalente a un salario mínimo legal mensual, en el hecho de sus reiterados compromisos a cumplir con su obligación alimentaria, sin mostrar siquiera, su intención de cumplirlos”(90).

Una vez ejecutoriada la sentencia el despacho de conocimiento remitió el expediente al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad(91); igualmente, envió copia de la sentencia al DAS(92), para lo de su competencia.

Así las cosas, el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Círculo Penitenciario y Carcelario de Santa Marta avocó conocimiento del asunto para “entrar a vigilar el cumplimiento de la pena impuesta en sentencia condenatoria ejecutoriada contra Fernando Campo García”(93).

Al ser notificado de lo anterior, el señor Campo García solicitó ser exonerado del pago de la caución prendaria(94), petición a la cual accedió el juzgado de ejecución de la pena en providencia del 13 de agosto de 2003 y le impuso la obligación de suscribir diligencia de compromiso(95), por medio de la cual se obligó, entre cosas, a: “8) Realizar el pago de la multa y/o indemnización por daños materiales en $ 5.025.032, más los intereses bancarios”(96), para lo cual se le concedió un plazo de seis (6) meses.

Posteriormente, el 4 de marzo de 2004, la señora Luz Elena Gómez Martínez informó al juez que vigilaba la ejecución de la pena, que el condenado “incumplió la diligencia de compromiso firmada el día 19 de agosto de 2003 y su término de tiempo se cumplió el 19 de febrero de 2004”(97), petición que reiteró el 1º de junio de 2004 y le reclamó al juez que en uso de sus competencia lleve “a cabo el cumplimiento de la sentencia ya que le confirieron 6 meses para consignar los alimentos debidos y ya lleva más de 10 meses sin que el sentenciado le dé cumplimiento a la sentencia”(98).

Como consecuencia de lo informado por la denunciante, el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito Penitenciario y Carcelario de Santa Marta, en providencia del 9 de junio de 2004, dispuso revocar el beneficio de la condena de ejecución condicional otorgado al señor José Fernando Campo García(99).

Para arribar a la citada determinación consideró (se transcribe de manera literal incluidos posibles errores):

“En el presente caso, cada folio del expediente es reflejo de la situación de abandono en la que el señor José Fernando Campo García ha sumido a sus menores hijos, pues ha sido su madre quien ha respondido ante sus necesidades, por lo tanto nuestra decisión, no sería arbitraria, ni ilegal, la decisión que hoy se tomará, es el resultado final de un largo proceso que se inició con las denuncias, la audiencia de conciliación, la instrucción por parte de la Fiscalía, la etapa del juicio y la sentencia condenatoria, etapas y decisiones que no hacían otra cosa que invitar de manera extremadamente garantista al hoy condenado para el cumplimiento de su obligación alimentaria e indemnizatoria.

“Por ello, como en este caso, se incumple la obligación de indemnizar, o se incumple cualquiera de las obligaciones que la ley impone, entra a fallar la condición en virtud de la cual se puede suspender la ejecución de la pena o prescindir de ella, y por lo tanto queda en pleno vigor la condena impuesta.

“Se hace necesario recordarle al condenado, que la obligación de ser padre no se extingue con la simple providencia que exonere el pago de una indemnización, muy por el contrario al querer del condenado reflejado en su comportamiento omisivo e irresponsable, es perenne y solo termina con la muerte.

“(…)

“Por todo lo dicho, el despacho llega a la convicción una vez valorada la entidad de los compromisos incumplidos por parte del condenado José Fernando Campo García como son la obligación de reparar los daños ocasionados con la conducta punible que se le impuso una vez le fue concedido el beneficio de la condena de ejecución condicional; por lo que se revocará este beneficio y se dispondrá la ejecución de la totalidad de la pena impuesta, por lo que se librará la orden de captura según lo establece en el art. 350 del C. de P.P. para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 66 del Código Penal en concordancia con el art. 482 del Código de Procedimiento Penal”(100) (se destaca).

En contra de la citada decisión el condenado interpuso recurso de reposición(101) y el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito Penitenciario y Carcelario de Santa Marta, en providencia del 15 de julio de 2004, decidió revocar “el auto de fecha 9 de junio de 2004 mediante la cual este despacho revocó el beneficio de la condena de ejecución condicional que se le concedió al sentenciado José Fernando Campo García”(102).

Al efecto consideró (se transcribe de manera literal incluidos posibles errores):

“Este despacho observa que el subrogado penal a pesar de haber sido revocado, no fue agotado para su decisión el trámite previo de publicidad, contradicción y decisión que impone el artículo 486 del C.P.P. [se transcribió la citada norma](103).

“Siendo así, y tras el estudio de la actuación procesal posterior a la sentencia que relaciona en este asunto la efectiva ejecución de la pena impuesta, ninguna opción distinta tiene este Juzgado frente al debido proceso y garantía constitucional de la libertad de locomoción (artículo 28 y 29 C.P.N.) sino entrar a revocar nuestra propia decisión al observarse serias falencias en su trámite al inobservarse los presupuestos legales establecidos en las normas citadas y por demás la declaración o manifestación de inconformidad de la denunciante con relación al no cumplimiento de la sentencia por parte del sentenciado no puede ser suficiente asidero para el fallador sin el debido contradictorio de parte del condenado, por ello y en atención a que estamos ante un franco quebrantamiento de las normas que reglamentan a manera constitucional y también legal el amparo al derecho fundamental al debido proceso y de la libertad de locomoción, este despacho dispone invalidar nuestro proveído del nueve de junio en curso a fin de corregirse el error en que involuntariamente se incurrió al emanado dicha providencia, y consecuente ordenar la cancelación de las órdenes de captura impartidas”(104) (se destaca).

Ante las pruebas aportadas por el condenado, el juzgado de ejecución de la pena recibió el 19 de agosto de 2004, la declaración de la señora Luz Elena Gómez Martínez a quien le fueron puestos de presente los recibos de pago aportados por el señor Campo García, de los cuales reconoció como propio uno de ellos y agregó que “las demás facturas y documentos no corresponde con la realidad”(105), las que calificó de falsas, toda vez que la firma en ellas consignada no era la suya.

De otra parte, la señora Luz Elena Gómez Martínez, el 7 de diciembre de 2004(106), informó al juzgado de penas que el condenado incumplió con lo ordenado en la sentencia y fue por ello que el despacho judicial dispuso que, antes de decidir sobre la revocatoria del beneficio de sustitución condicional de la pena, el CTI estableciera las condiciones socio económicas del señor Campo García(107).

En cumplimiento de lo ordenado por el juez, el CTI reportó que se entrevistó al condenado quien manifestó no estar trabajando, además que se consultaron las bases de datos habilitadas y se encontró que el aquí demandante no poseía bienes inmuebles o establecimientos de comercio registrados a su nombre(108).

Posteriormente, el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito Penitenciario y Carcelario de Santa Marta, en providencia del 21 de febrero de 2006, decidió: “revocar el beneficio de la condena de ejecución condicional que se le concedió al condenado José Fernando Campo García […] y en consecuencia se dispone la ejecución de la pena de 17.5 meses de prisión”(109).

A fin de arribar a la citada determinación, el juez de penas consideró (se transcribe de manera literal incluidos posibles errores):

“En la práctica la revocatoria del subrogado se ha entendido de manera exegética, en el sentido que la violación de las obligaciones impuestas, cualquiera fuera su entidad, independientemente de la causa que lo produjo es suficiente para hacer efectiva la pena.

“También que es posible revocar unilateralmente el subrogado y hacer efectiva la sanción impuesta, sin necesidad de alguna actuación previa que garantice el principio de contradicción.

“Por lo tanto, el citado art. 66 de nuestro Estatuto Sustantivo deberá de interpretarse en el sentido que si durante el período de pruebas el condenado violara cualquiera de las obligaciones impuestas, se ejecutará inmediatamente la sentencia en lo que hubiere sido motivo de suspensión y se hará efectiva la caución prestada.

“En el presente caso, el pago de la indemnización de los perjuicios causados por el delito contra la familia, Inasistencia Alimentaria, como una de las obligaciones impuestas al condenado corresponde al principio elemental de justicia de que todo aquel que causa un daño está obligado a su reparación, pues se repite del delito ha nacido la obligación de resarcir los perjuicios que con él se han generado.

“Aclaramos, que no se pretende ni se trata de una exigencia de pagar una deuda civil Bajo El Aumento de una Pena Privativa de la Libertad, sino el requerimiento, a quien, como en este caso es beneficiario con la suspensión condicional de la pena, para que atienda de alguna manera, la obligación de reparar el daño causado por el delito y no lo hace.

“(…)

“En el presente caso la madre de los menores señora Luz Elena Gómez Martínez, señala la situación de abandono y desinterés en la que el señor José Fernando Campo García ha sumido a sus menores hijos, por lo tanto nuestra decisión no sería arbitraria, ni ilegal, la decisión que hoy se tomará, es el resultado final de un largo proceso que se inició con las denuncias, la instrucción por parte de la Fiscalía, la etapa del juicio, y la sentencia condenatoria, etapas y decisiones que no hacían otra cosa que invitar de manera extremadamente garantista al hoy condenado para la reparación del daño causado y hasta hoy al pago de la indemnización.

“Por ello, como en este caso, se incumple la obligación de indemnizar, o se incumple cualquiera de las obligaciones que la ley impone entre a faltar la condición en virtud de la cual, se puede suspender la ejecución de la pena o prescindir de ello y por lo tanto queda en pleno vigor la condena impuesta, así mismo se señala al encartado que su obligación alimentaria por ser padre no se extingue con la simple providencia que exonere el pago de una indemnización.

“Ante lo expuesto, a este Despacho no le queda otra salida jurídica que dar aplicación a nuestra legislación penal vigente y a la Constitución Nacional art. 44 y llega a la convicción una vez valorada la entidad de los compromisos incumplidos por parte del condenado José Fernando Campo García como con la obligación de Reparar Los Daños Ocasionados con la Conducta Punible, que se le impuso una vez le fue concedida el beneficio de la condena de ejecución condicional, por lo que se revocará este beneficio y se dispone la ejecución de la totalidad de la pena impuesta, por lo que librará la orden captura”(110).

En cumplimiento de la anterior determinación, el juzgado de ejecución el 20 de abril de 2006 solicitó a la SIJIN ejecutar “las actividades de inteligencia conducentes a la búsqueda, localización y Captura” del señor José Fernando Campo García, para que “cumpla con la sentencia proferida por el Juzgado 4º Penal Municipal de Santa Marta del 31 de marzo de 2003 que le impuso la pena de 17,5 meses de prisión como autor responsable del delito de inasistencia alimentaria”(111).

El 2 de mayo de 2006, la Sijin puso a disposición del juzgado al señor Campo García y, con posterioridad, el capturado presentó solicitud orientada a que se le autorizara pagar a plazo la multa impuesta y que una vez suscribiera el acta de compromiso, se le concediera la libertad(112).

El Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito Penitenciario y Carcelario de Santa Marta dictó providencia el 5 de julio de 2006(113) y decidió “Revocar como en efecto Revoca la decisión contenida en auto del 21 de febrero de 2006, en virtud de la cual este juzgado revocó el subrogado de la condena de ejecución condicional de la pena privativa de libertad al sentenciado José Fernando Campo García” y dispuso “la Libertad Inmediata del condenado José Fernando Campo García” e igualmente ordenó cancelar “las órdenes de captura impartidas contra el mismo, como consecuencia del presente proceso”.

Igualmente, declaró “la extinción de la pena privativa de la libertad de 17.5 meses de prisión y de la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones pública que por igual término fuera impuesta al señor José Fernando Campo García, como autor del delito de inasistencia alimentaria en sentencia del 31 de marzo de 2003, proferida por el Juzgado 4º Penal Municipal de Santa Marta”(114).

En la referida providencia, el Juzgado argumentó que no siempre que se esté ante el incumplimiento de lo dispuesto en una sentencia resulta procedente la revocatoria del beneficio del subrogado de ejecución condicional y agregó (se transcribe de manera literal incluidos posibles errores):

“Siendo así, para poder hacer efectiva la revocatoria del subrogado penal de la condena de ejecución condicional, se requieren dos presupuestos por un lado, que el sentenciado viole en forma grave e injustificada cualquiera de las obligaciones consagradas en el art. 65 del Código Penal actual, previa suscripción de la diligencia compromisoria que lo conmine a su cumplimiento, agotado ello que se viole alguna de las obligaciones detalladas en dicha diligencia, no significando que ante un elemental incumplimiento, automáticamente deba hacerse efectiva la pena; cuando esto ocurre el funcionario está en la obligación de valorar su entidad y causa.

Entiéndase que para privar de la libertad a un condenado por el incumplimiento de las obligaciones impuestas en la sentencia, este incumplimiento debe ser injustificado, obsérvese que durante el transcurso del proceso, la fuerza mayor, caso fortuito, el estado de necesidad, en fin las causales de justificación e inculpabilidad son motivos suficientes para exonerar de la pena a un procesado, no se puede excluir estos motivos como irrelevantes para efectos de la revocatoria del subrogado de la condena de ejecución condicional.

“Siendo así y tras el estudio de la actuación procesal posterior a la sentencia que relaciona en este asunto la efectiva ejecución de la pena impuesta, ninguna opción distinta tiene este Juzgado frente al debido proceso y garantía constitucional de la libertad de locomoción (artículo 28 y 29 C.P.N.) sino disponer la libertad inmediata del condenado José Fernando Campo García, atendida la circunstancia que su privación de la libertad y disposición a este juzgado en este proceso, ocurre con franco quebrantamiento de las normas que reglamentan a manera constitucional y también legal, de acuerdo a la fecha en que el encartado suscribió la diligencia de compromiso, vale decir, 19 de agosto de 2003 y de las actas que contienen los aspectos probatorios que sustentan la situación fáctica, a saber, la denuncia, las diferentes actuaciones procesales y la sentencia condenatoria dictada en este proceso, que le concedió el beneficio de la condena de ejecución condicional, se sirve este despacho judicial para comprobar que ha trascurrido el tiempo de ejecución de la condena.

“Llegamos a tal conclusión por que el señor José Fernando Campo García, fue condenado de manera definitiva a la pena de 17,5 meses de prisión, como autor responsable del delito de Inasistencia Alimentaria, tal concesión del beneficio de la condena de ejecución condicional, suscribió diligencia compromisoria el día 19 de agosto de 2003, por un periodo de prueba hasta agosto 19 del 2005, imponiéndole las obligaciones del art. 65 del C.P. lo anterior atendiendo el principio de favorabilidad y conforme al art. 29 de la Constitución Nacional.

“Es así que teniendo en cuenta lo contemplado por el art. 67 del Código Penal el despacho no encuentra reparo alguno en otorgarle la extinción de la pena privativa de libertad, por demás y de conformidad al art. 53 del Código Penal, con relación a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas, impuesta en la sentencia también se declarará la extinción por ejecución total de la misma, por lo tanto, este despacho dispone revocar el auto de fecha febrero 21 de 2006 que revocó el beneficio de la condena de ejecución condicional, así mismo dispone no decretar la extinción de la acción civil proveniente de la conducta punible, debido a que no se encontraba a paz y salvo con la indemnización, ello en concordancia con los arts. 55 del Código Penal y 1625 del Código Civil”(115) (se destaca).

Como consecuencia de lo anterior, el 5 de julio de 2006 el juez de ejecución de penas ordenó la libertad inmediata del aquí demandante(116) y el 16 de agosto siguiente ordenó el archivo del expediente(117).

En este orden de ideas, siendo esta la situación jurídica que llevó a que se revocara el beneficio de la ejecución condicional de la pena otorgado al señor Campo García, la sala considera que a afecto de analizar la configuración del error judicial denunciado, es necesario identificar los argumentos expuestos en la referida providencia y que sirvieron de soporte para adoptar la citada decisión.

En efecto, en la providencia se estableció lo siguiente:

1) No todo incumplimiento de las obligaciones prescritas en la sentencia condenatoria conlleva, per se, la revocatoria del beneficio de la sustitución de ejecución de la pena.

2) Precisó que corresponde al juez de la ejecución valorar las causas que produjeron el incumplimiento para que pueda ser tenido como injustificado, en todo caso, siempre tal valoración se efectuará garantizando el principio de contradicción al condenado, a fin que explique las razones de no haber acatado lo dispuesto por el juez penal.

3) Frente a la situación del señor José Fernando Campo García adujo que su privación de la libertad ocurrió con “franco quebrantamiento de las normas” que regulan el debido proceso al no haberse respetado el derecho de contradicción frente a lo aducido por la denunciante, lo cual implica que solo se tuvieron en cuenta los dichos de la denunciante.

4). Sostuvo que desde la fecha en la cual se suscribió el acta de compromiso, esto es, el 19 de agosto de 2003, se encuentra más que superado el tiempo de ejecución de la pena, sin que se avizorara acreditado el incumplimiento advertido por la denunciante.

5). Consideró que atendiendo lo dispuesto en el artículo 67 del Código Penal, se debe declarar la extinción de la pena privativa de la libertad impuesta en la sentencia condenatoria.

Para la sala es claro que existió un error judicial en la providencia que revocó el beneficio de la ejecución condicional de la pena, lo cual se materializó en la privación de la libertad del señor Campo García y que tal determinación le produjo un daño que debe ser reparado, toda vez que ocurrió con una abierta violación a sus garantías fundamentales, tanto así que fue el mismo juez de ejecución quien advirtió tal defecto en su propia providencia.

Lo anterior por cuanto el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito Penitenciario y Carcelario de Santa Marta dictó una providencia con abierto desconocimiento de las garantías procesales del demandante al ordenar su captura, pero limitándose a lo afirmado por la denunciante, sin que le permitiera al señor Campo García ejercer el derecho de defensa a fin de presentar sus descargos ante las omisiones denunciadas por la señor Luz Elena Gómez Martínez.

En efecto, al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito Penitenciario y Carcelario de Santa Marta le bastó lo afirmado por la quejosa, tanto el 19 de agosto como el 7 de diciembre de 2004, para revocar, en dos oportunidades, el beneficio de la ejecución condicional de la pena, sin que realizara indagación alguna acerca de las circunstancias que motivaron el no acatamiento de lo acordado en el acta de compromisos del 19 de agosto de 2003 y como el mismo juez lo sostuvo en su providencia, esto configuró una flagrante violación al debido proceso y al derecho a la defensa del capturado.

Nótese además que los requerimientos presentados por la denunciante en relación con el incumplimiento de lo ordenado por el juez penal datan del año 2004 y solo el 21 de febrero de 2006, el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito Penitenciario y Carcelario de Santa Marta dictó la providencia con la cual revocó el beneficio de sustitución de ejecución de la pena, esto es, contó con el tiempo suficiente para haber logrado que el señor Campo García expusiera las razones del supuesto incumplimiento de la condena, empero omitió realizarlo y decidió, sin garantizar el derecho de defensa del implicado, ordenar su captura, permaneciendo en tal condición por un lapso de dos meses y cinco días.

De otra parte, también argumentó el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito Penitenciario y Carcelario de Santa Marta que se configuró una extinción de la pena, toda vez que tomando como referencia la fecha suscripción del acta de compromiso, el 19 de febrero de 2003, y una vez vencido el período de prueba de dos años resultaba aplicable lo regulado en el artículo 67 de la Ley 599 de 2000, en el cual se establecía que “transcurrido el período de prueba sin que el condenado incurra en las conductas de que trata el artículo anterior, la condena queda extinguida, y la liberación se tendrá como definitiva, previa resolución judicial que así lo determine”.

En este orden de ideas, si se repara el contenido de la providencia dictada el 21 de febrero de 2006 con la proferida el 5 de julio del mismo año, la sala no encuentra ninguna diferencia de orden probatorio o jurídico que modificara la situación del señor Campo García, luego no existían razones para revocar la ejecución condicional de la pena y ordenar la captura del aquí demandante, toda vez que en ambas oportunidades el juzgado de penas incurrió en idéntico defecto procesal que provocó el desconocimiento de las garantías constitucionales del señor Campo García.

En otras palabras, desde el mes de febrero de 2006, el juzgado de penas habría podrido decretar la extinción de la pena y no hacer padecer al capturado una privación de su libertad derivada de un razonar que no encontraba asidero fáctico o normativo.

En línea con lo anterior, esta subsección ha precisado que si la restricción de la libertad es consecuencia de una decisión judicial equívoca, la responsabilidad patrimonial del ente investigador surge bajo el título de imputación denominado error judicial y no por privación injusta de la libertad:

“3.3. Con fundamento en lo hasta ahora expuesto y traído a colación de la jurisprudencia del Consejo de Estado relativa a los alcances de los títulos de imputación de error jurisdiccional y de privación injusta de la libertad, esta sala considera que en aquellos eventos en los cuales los daños cuya reparación reclaman los ciudadanos tienen origen en un yerro contenido en la providencia judicial mediante la cual se ordenó una medida de aseguramiento que conduce a la privación de la libertad del(los) sindicado(s), si bien es verdad que podría pensarse que el efecto al cual conduce la materialización de lo decidido en la providencia respectiva —la restricción de la libertad física de la persona— determina que ha de ser el de privación injusta de la libertad previsto en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 el título de imputación a aplicar, lo cierto es que el encarcelamiento del individuo investigado no habría tenido lugar en caso de no haberse dictado, dentro del proceso penal respectivo, la decisión en la cual concurre la particularidad de resultar “contraria a la ley”, en los términos de lo normado en la última frase del artículo 66 de la Ley 270 de 1996.

Quiere lo anterior significar que, a juicio de la sala, en aquellos eventos en los cuales se produce una falla en el servicio público de administración de justicia consistente en que se profirió una providencia judicial mediante la cual se decretó una medida de aseguramiento que conduce a la privación de la libertad de un individuo y dicha providencia resulta contraria al ordenamiento jurídico, el título de imputación a aplicar ha de ser el de error judicial y no el de privación injusta de la libertad. En ese sentido, el primero de los títulos de imputación está acompañado del rasgo de la especialidad respecto del segundo, en la medida en que el artículo 66 de la Ley 270 de 1996 no efectúa distinción de tipo alguno respecto del tipo de providencia en la cual debe presentarse la contrariedad entre lo en ella decidido y las normas en las cuales debe fundarse, para efectos de concluir en la aplicabilidad del título de imputación de error jurisdiccional.

“Así pues, por resultar encuadrables las providencias que en contravía del ordenamiento jurídico decretan medidas de aseguramiento dentro de los procesos penales, en la descripción que efectúa el artículo 66 en mención del error jurisdiccional como “aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley”, es dicho título de imputación el que debe aplicarse en los referidos supuestos y no el de privación injusta de la libertad, adicionalmente si se tiene en cuenta que este último, como es bien sabido, se describe en el artículo 68 del mismo conjunto normativo de un modo mucho más genérico e inespecífico”(118). (Se destaca).

En efecto, tal y como se expuso, la actuación desplegada por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito Penitenciario y Carcelario de Santa Marte al revocar el beneficio de la suspensión condicional de la pena privó de la libertad al aquí demandante con una clara violación de sus garantías fundamentales, como consecuencia, la sala evidencia fallas en el servicio por error judicial al no permitírsele al condenado explicar las razones del incumplimiento de lo ordenado por el juez penal. En casos similares, esta corporación ha considerado lo siguiente:

“El error judicial también incluye el error de hecho en el cual puede incurrir al no considerar un hecho debidamente probado o al no promover la realización de las pruebas conducentes para determinar el hecho que daría lugar a la aplicación del derecho. En efecto, lo que podríamos llamar la intuición jurídica, la intuición de lo que es justo y ajustado a derecho, nos señala en este caso que el error judicial procede no solamente por inadecuada aplicación del derecho, sino también porque se ha impuesto una decisión judicial que se ha basado en un hecho que posteriormente se ha demostrado que es falso(119) (se destaca).

En ese orden de ideas, resulta claro que se presentó un error de hecho al haberse dictado una providencia con clara violación a las garantías constitucionales del señor José Fernando Campo García, circunstancia que conllevó a que se dictara orden de captura en su contra y estuviera privado de la libertad.

Como consecuencia de lo expuesto, se confirmará la sentencia apelada en el sentido de declarar la responsabilidad patrimonial de la rama judicial por el daño padecido por el señor Campo García, a título de error judicial.

Finalmente, la sala estima necesario puntualizar que pese a que el aquí demandante incumplió con las obligaciones derivadas del proceso penal, tal omisión no configuró una culpa exclusiva de la víctima, toda vez que en el presente caso, el error judicial consistió en que al señor Campo García no se le otorgó la oportunidad procesal para explicar las razones por las cuales incurrió en tal incumplimiento, lo cual configuró una lesión a sus garantías procesales y pese a ello se ordenó que fuera privado de la libertad.

En otras palabras, valga reiterar que para la sala es claro que el error judicial no es atribuible al hecho del incumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte del aquí demandante, pues no obstante a que este inobservó los compromisos derivados del proceso penal seguido en su contra, fue la Administración de Justicia la que produjo el daño al dictar una providencia que lo privó de la libertad con abierta violación a las garantías procesales.

7. Actualización de la indemnización de perjuicios.

Dado que la indemnización por concepto de perjuicios morales y materiales en la modalidad de lucro cesante que reconoció el tribunal a quo a favor de los actores no fue objeto de reparo, la sala no emitirá al respecto pronunciamiento alguno, empero actualizará la condena que se fijó en salarios mínimos.

Así las cosas, la sala se limitará a actualizar dicho rubro, sin que ello implique en modo alguno la afectación de la garantía de la non reformatio in pejus. Entonces, la fórmula aplicable es la siguiente:

Índice final - septiembre de 2017 (138.04)

Ra = $ 887.881 ----------------------------------------------------------- = $ 1.100.800

Índice inicial - junio de 2012 (111.34)(120)

Total de indemnización por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante que serán cancelados al señor José Fernando Campo García, equivale a la suma de un millón cien mil ochocientos pesos m/cte ($ 1.100.800).

8. Condena en costas.

En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

MODIFICAR la sentencia del 22 de junio de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, la cual quedará así:

1. DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Policía Nacional.

2. DECLARAR a la Nación - rama judicial, administrativa y patrimonialmente responsable de los perjuicios materiales y morales causados al señor José Fernando Campo García y a sus hijos Zallira Milagros Campo Gómez y Jhonathán Jesús Campo Gómez, así como a sus hermanos Gustavo León, Horacio Rafael, Héctor José y Graciela Campo García con ocasión a la falla en el servicio por error jurisdiccional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

3. CONDENAR a la Nación - rama judicial a pagar a favor de los anteriores los perjuicios y morales en las siguientes cuantías:

3.1. Por concepto de perjuicios morales:

DemandanteCondiciónSMLMV
José Fernando Campo GarcíaAfectado directo25
Zallira Milagros Campo GómezHija15
Jhonathán Jesús Campo GómezHijo15
Gustavo León Campo GarcíaHermano10
Horacio Rafael Campo GarcíaHermano10
Héctor José Campo GarcíaHermano10
Graciela Campo GarcíaHermana10

3.2. Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante: pagar a favor del señor José Fernando Campo García, la suma de un millón cien mil ochocientos pesos m/cte ($ 1.100.800)

2. (sic) Denegar las demás pretensiones de la demanda.

3. Sin condena en costas.

4. Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

5. Para el cumplimiento de esta sentencia, EXPEDIR copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 del 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando dentro del proceso.

6. Ejecutoriada la presente providencia, por secretaría DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Auto de Sala Plena del 9 de septiembre de 2008. Exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

28 Normativa aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

29 Al respecto consultar, por ejemplo, sentencia del 14 de febrero de 2002, exp: 13.622. C.P. María Elena Giraldo Gómez. Dicho criterio ha sido reiterado por la Subsección en sentencia de 11 de agosto de 2011, exp: 21801, así como por la Sección en auto de 19 de julio de 2010, rad.: 25000-23-26-000-2009-00236-01(37410), C.P. (E): Mauricio Fajardo Gómez.

30 Fl. 221, cdno. pbas.

31 Fl. 224, cdno. pbas.

32 Fl. 10, cdno. primera instancia.

33 Fl. 15, cdno. primera instancia.

34 Fl. 16, cdno. primera instancia.

35 Fl. 17, cdno. primera instancia.

36 Fl. 18, cdno. primera instancia.

37 Fl. 19, cdno. primera instancia.

38 Fl. 20, cdno. primera instancia.

39 Fl. 21, cdno. primera instancia.

40 La secretaría del Juzgado Cuarto Penal Municipal de Santa Marta remitió copia auténtica del proceso penal seguido en contra del aquí demandante por el delito de inasistencia alimentaria.

41 Fl. 2, cdno. pbas.

42 Fl. 8, cdno. pbas.

43 Fl. 18, cdno. pbas.

44 Fl. 19, cdno. pbas.

45 Fl. 22, cdno. pbas.

46 Fl. 23, cdno. pbas.

47 Fl. 26, cdno. pbas.

48 Fl. 58, cdno. pbas.

49 Fl. 108, cdno. pbas.

50 Fl. 112, cdno. pbas.

51 Fl. 117, cdno. pbas.

52 Fl. 117, cdno. pbas.

53 Fl. 126, cdno. pbas.

54 Fl. 129, cdno. pbas.

55 Fl. 138, cdno. pbas.

56 Fl. 139, cdno. pbas.

57 Fl. 142, cdno. pbas.

58 Fl. 143, cdno. pbas.

59 Fl. 145, cdno. pbas.

60 Fl. 145, cdno. pbas.

61 Fl. 146, cdno. pbas.

62 Fl. 147, cdno. pbas.

63 Fl. 151, cdno. pbas.

64 Fl. 154, cdno. pbas.

65 Fl. 182, cdno. pbas.

66 Fl. 183, cdno. pbas.

67 Fl. 186, cdno. pbas.

68 Fl. 189, cdno. pbas.

69 Fl. 190, cdno. pbas.

70 Fl. 193, cdno. pbas.

71 Fl. 206, cdno. pbas.

72 Fl. 212, cdno. pbas.

73 Fl. 213, cdno. pbas.

74 Fl. 214, cdno. pbas.

75 Fl. 216, cdno. pbas.

76 Fl. 218, cdno. pbas.

77 Fl. 217, cdno. pbas.

78 Fl. 219, cdno. pbas.

79 Fl. 221, cdno. pbas.

80 Fl. 223, cdno. pbas.

81 Fl. 224, cdno. pbas.

82 Fl. 228, cdno. pbas.

83 Fl. 83, cdno. primera instancia.

84 Fl. 84, cdno. primera instancia.

85 Fl. 85, cdno. primera instancia.

86 Fl. 92, cdno. primera instancia.

87 Fl. 112, cdno. pbas.

88 Fl. 117, cdno. pbas.

89 Fl. 117, cdno. pbas.

90 Fl. 115, cdno. pbas.

91 Fl. 126, cdno. pbas.

92 Fl. 129, cdno. pbas.

93 Fl. 138, cdno. pbas.

94 Fl. 142, cdno. pbas.

95 Fl. 143, cdno. pbas.

96 Fl. 145, cdno. pbas.

97 Fl. 146, cdno. pbas.

98 Fl. 147, cdno. pbas.

99 Fl. 151, cdno. pbas.

100 Fl. 150, cdno. pbas.

101 Fl. 154, cdno. pbas.

102 Fl. 182, cdno. pbas.

103 “ART. 486.—Negación o revocatoria de los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad. El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad podrá revocar o negar los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad con base en prueba indicativa de la causa que origina la decisión. De la prueba se dará traslado por tres (3) días al condenado, quien durante los diez (10) días siguientes al vencimiento de este término podrá presentar las explicaciones que considere pertinentes” (se destaca).

104 Fl. 185, cdno. pbas.

105 Fl. 183, cdno. pbas.

106 Fl. 190, cdno. pbas.

107 Fl. 193, cdno. pbas.

108 Fl. 206, cdno. pbas.

109 Fl. 212, cdno. pbas.

110 Fl. 212, cdno. pbas.

111 Fl. 213, cdno. pbas.

112 Fl. 219, cdno. pbas.

113 Fl. 221, cdno. pbas.

114 Fl. 223, cdno. pbas.

115 Fl. 223, cdno. pbas.

116 Fl. 224, cdno. pbas.

117 Fl. 228, cdno. pbas.

118 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 12 de mayo de 2014, exp. 23.783; Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez, reiterada en sentencia del 29 de mayo de 2014 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera de esta corporación, exp. 27.903; M.P. Dr. Hernán Andrade Rincón (E), entre muchas otras providencias.

119 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. C.P. Ricardo Hoyos Duque. Sentencia de 4 de septiembre de 1997. Exp. 10285, reiterado en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 26 de marzo de 2014, exp, 30.300, M.P. Enrique Gil Botero.

120 IPC vigente a la fecha de la sentencia de primera instancia (junio de 2012).