Sentencia 2008-90041 de noviembre 22 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “B”

Ref.: Expediente 080012331000200890041 01

Consejera Ponente:

Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez

Nº Interno: 0905-2012

Actor: Alcides José Paternina Martínez

Autoridades departamentales

Bogotá, D. C., veintidós de noviembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Problema jurídico

Consiste en determinar si la parte actora tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, causada durante los años 2003 a 2006.

Acto acusado

Acto ficto o presunto negativo producto de la solicitud radicada el 5 de octubre de 2007 (fls. 16 a 19) mediante el cual solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de las cesantías causadas para los años 2003 a 2006.

De lo probado en el proceso

En constancia de 5 de septiembre de 2007 expedida por la vicerrectora administrativa financiera y de talento humano de la Universidad del Atlántico, certificó que el demandante ingresó a la entidad el 15 de julio de 1975 y actualmente presta sus servicios en la entidad en el cargo de docente tiempo parcial (fl. 20).

Por tener solicitud de traslado al régimen de la Ley 50 de 1990, se liquidaron las cesantías y el 12% de los intereses a las cesantías del demandante (fl. 21), desde la fecha de ingreso 15 de julio de 1976 hasta el 31 de diciembre de 2002, de la siguiente manera:

AñoBase salarialCesantías total12% intereses
20022’589.43068’519.1918’222.303
20033’033.7783’033.778364.053
20042’662.1172’662.117319.454
20052’809.8492’809.849337.182
20062’286.6572’286.657274.399

 

Mediante oficio de 19 de marzo de 2010 la administradora de oficina calle 82 de Citi Colfondos certificó que el 30 de abril de 2007 se consignó en la cuenta de cesantías del demandante, por parte de la Universidad del Atlántico, la suma de 79’311.592 (fl. 107).

Análisis de la Sala

Normatividad aplicable

La Ley 6ª de 1945 respecto al antiguo régimen de cesantías de los empleados públicos, en la Sección Tercera “De las prestaciones sociales”, artículo 17 dispone:

“Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarán de las siguientes prestaciones:

a) Auxilio de cesantía a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicios. Para la liquidación de este auxilio solamente se tendrá en cuenta el tiempo de servicios prestado con posterioridad al primero de enero de 1942. (...)”.

Por su parte, la Ley 65 de 1946, por la cual se modifican las disposiciones sobre cesantías y jubilación, en el artículo primero prevé:

“Los asalariados de carácter permanente, al servicio de la Nación en cualquiera de las ramas del poder público, hállanse o no escalafonados en la carrera administrativa, tendrán derecho al auxilio de cesantía por todo el tiempo trabajado continua o discontinuamente, a partir del 1º de enero de 1942 en adelante, cualquiera que sea la causa del retiro”.

A su vez, el artículo primero del Decreto 1160 de 1947 establece:

“Los empleados y obreros al servicio de la Nación en cualquiera de las ramas del poder público, hállanse o no escalafonados en la carrera administrativa, tienen derecho a un mes de sueldo por cada año de servicios continuos o discontinuos, y proporcionalmente por fracciones de año, cualquiera que sea la causa de su retiro a partir del 1º de enero de 1942.

ART. 2º—Lo dispuesto en el artículo anterior se extiende a los trabajadores de los departamentos, intendencias, comisarías y municipios teniendo en cuenta respecto de éstos lo dispuesto en el Decreto 2767 de 1945.

(…).

ART. 6º—De conformidad con lo dispuesto por el Decreto 2567, de 31 de agosto de 1946, para liquidar el auxilio de cesantía a que tengan derecho los asalariados nacionales, departamentales, intendenciales, comisariales, municipales y particulares, se tomará como base el último sueldo o jornal devengado, a menos que el sueldo o jornal haya tenido modificaciones en los tres (3) últimos meses, en cuyo caso la liquidación se hará por el promedio de lo devengado en los últimos doce (12) meses o en todo el tiempo de servicio, si este fuere menor de doce (12) meses.

PAR. 1º—Además, el cómputo se hará teniendo en cuenta no solo el salario fijo, sino todo lo que reciba el trabajador a cualquier otro título y que implique directa o indirectamente retribución ordinaria y permanente de servicios, tales como las primas, sobresueldos y bonificaciones, pero no las sumas que ocasionalmente se den por mera liberalidad del patrono. (…)” (se resalta).

Entretanto, el artículo 13 del mismo Decreto 1160 de 1947, prevé lo siguiente:

“Las disposiciones del presente decreto, tanto en lo que se refiere a los trabajadores del servicio oficial como a los de las empresas particulares, solo le serán aplicables mientras no existan normas legales de carácter especial, o estipulaciones contractuales, que les concedan derechos más amplios o que regulen su situación jurídica en lo referente al auxilio de cesantía de una manera más favorable” (resalta la Sala).

Sobre la normativa antes descrita, el Consejo de Estado ha manifestado lo siguiente:

“Las normas antes referidas tuvieron aplicación inicial para el sector público en los órdenes nacional, seccional y local. Además, contemplaron para efectos de su liquidación tener en cuenta el último salario fijo devengado —a menos que hubiere tenido variación en los tres últimos meses— y todo lo recibido por el trabajador a cualquier otro título y que implique directa o indirectamente retribución ordinaria y permanente de servicios. La preceptiva jurídica no contemplaba hasta este momento pago alguno por concepto de intereses (negrillas).

Para concluir la primera parte, el régimen de cesantías tenía carácter retroactivo y, en tal virtud, se tenía en cuenta el último sueldo devengado por el servidor público para efectos de liquidar la prestación por todo el tiempo de servicios, lo que conllevaba a que el pago efectuado siempre fuera actualizado (...)”(1).

En cuanto al procedimiento que debe surtir la administración para la liquidación del auxilio de cesantía, la Ley 244 de 1995 previó lo siguiente:

“ART. 1º—Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas, por parte de los servidores públicos de todos los órdenes, la entidad patronal deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

PAR.—En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta, deberá informárselo al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente qué requisitos le hacen falta anexar.

Una vez aportados los requisitos faltantes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo (resalta la Sala).

Una vez proferida la resolución de liquidación de la cesantía, el artículo 2º ibídem, establece que el pago se efectuará dentro del siguiente término legal:

“ART. 2º—La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la fecha de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas del servidor público, para cancelar esta prestación social”.

A su vez el artículo 2º de la Ley 244 de 1995, prevé la sanción moratoria en el pago de la cesantía, en caso de incumplirse los términos legales, con el siguiente tenor literal:

“PAR.—En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a éste” (negrillas).

Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado, dejó en claro a partir de qué fecha se debe comenzar a contabilizar la moratoria por el pago tardío del auxilio de cesantía, en los siguientes términos:

“(...) Cuando la administración resuelve el requerimiento del servidor público sobre la liquidación de sus cesantías en forma tardía buscando impedir la efectividad conminatoria de la sanción de que trata el artículo 2º de la Ley 244 de 1995, el tiempo a partir del cual comienza a correr el término para que se genere la indemnización moratoria debe contarse desde la fecha en la cual el interesado radicó la petición de reconocimiento y pago de las cesantías definitivas, es decir, quince (15) días hábiles que tiene la entidad para expedir la resolución, más cinco (5) días hábiles que corresponden a la ejecutoria, en el evento de que la resolución de reconocimiento hubiere sido expedida, con la salvedad a que alude el mismo precepto, más cuarenta y cinco (45) días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución, para un total de 65 días hábiles, transcurridos los cuales se causará la sanción moratoria.

(…)

En suma, es el vencimiento de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha en la cual queda en firme el acto por el cual se reconocen las cesantías definitivas y no la fecha de reclamación de las mismas o, en este caso, la de la solicitud de reliquidación, el hito que debe servir de punto de partida para contar el número de días a efectos de determinar el monto de la indemnización moratoria. (...)”(2).

La anterior normativa prevé los términos legales con que cuenta la administración para la liquidación y pago de las cesantías, imponiendo una sanción moratoria por su incumplimiento; dicho articulado reitera que tanto los términos para el pago de la prestación como los de la contabilización de la sanción moratoria son aplicables cuando se solicita la liquidación definitiva del auxilio de cesantía.

Ahora bien, en cuanto al nuevo régimen de cesantías para el sector público, el artículo 13 de la Ley 344 del 27 de diciembre de 1996, indicó lo siguiente:

“ART. 13.—Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente ley, las personas que se vinculen a los órganos y entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:

a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;

b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo.

“INC. 3º—INEXEQUIBLE”

PAR.—El régimen de cesantías contenido en el presente artículo no se aplica al personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional” (negrillas fuera del texto).

La anterior normativa fue objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional, que mediante Sentencia C-428 de 1997 declaró exequible la liquidación definitiva de cesantías por anualidad, sobre el particular indicó lo siguiente:

“(…) Con la salvedad hecha sobre beneficios incontrovertibles para los trabajadores, los cambios que contemple la nueva legislación únicamente pueden hacerse obligatorios para las relaciones laborales futuras, es decir, las que se entablen después de haber entrado aquélla en pleno vigor, y, en consecuencia, excepto el caso de anuencia expresa y enteramente voluntaria del trabajador afectado, no es admisible cobijar bajo las nuevas disposiciones las situaciones jurídicas nacidas a partir de vínculos de trabajo que se venían ejecutando al producirse la reforma. Respecto de ellas, el único que puede optar por incorporarse al régimen posterior, pudiendo permanecer en el antiguo, es el empleado, libre de toda coacción externa y bajo el supuesto de su mejor conveniencia” (se destaca).

Por su parte, el Decreto 1582 de 1998, reglamentario del artículo 13 de la Ley 344 de 1996, previó en relación con los servidores públicos del nivel territorial, que:

“ART. 1º—El régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 5º y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.

PAR.—Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de retroactividad se afilien al Fondo Nacional de Ahorro, los aportes al mismo se realizarán por la respectiva entidad en la forma prevista en el artículo 6º de la Ley 432 de 1998.

ART. 3º—En el caso de servidores públicos vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, con régimen de retroactividad, que decidan acogerse al régimen de cesantía de dicha ley, se procederá de la siguiente forma:

a) La entidad pública realizará la liquidación definitiva de las cesantías a la fecha de la solicitud de traslado;

b) La entidad pública entregará el valor de la liquidación a la administradora seleccionada por el trabajador;

c) En lugar de entregar dicha suma de dinero, las entidades territoriales podrán emitir a favor de cada uno de los servidores públicos que se acojan a este régimen, un título de deuda pública por el valor de la liquidación de las cesantías, con las características que se señalan más adelante, previo el cumplimiento de los trámites legales necesarios para su expedición” (se destaca).

La sanción moratoria para el régimen de cesantías por anualidad está contemplada en el ordinal 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, así:

“El nuevo régimen especial del auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características:

3. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada día de retardo”.

La normatividad precedente no reguló la situación por el retraso en el traslado de la prestación al fondo privado cuando el servidor decide cambiarse del régimen retroactivo al anualizado; por lo tanto no es posible aceptar la sanción moratoria por la omisión en el traslado de la prestación al fondo privado, pues el empleado en este momento no se encuentra cesante y por ende se desnaturalizaría el objetivo de la cesantía del régimen retroactivo concebida para sufragar los gastos en caso de desempleo, y a su vez la moratoria como sanción para que el empleador la pague rápidamente al extrabajador.

De la normativa transcrita anteriormente se puede concluir lo siguiente:

1. Los empleados públicos nacionales y territoriales tienen derecho al reconocimiento y pago de un mes de salario por cada año de servicios continuos o discontinuos y proporcionalmente por fracción, liquidados con base en el último salario devengado por el servidor público. A este sistema se denominó régimen retroactivo de cesantías.

2. Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas por parte del empleado, la entidad patronal deberá expedir la liquidación. Una vez en firme la administración contará con 45 días hábiles para el pago.

3. Luego del anterior término más 5 días de la notificación, comenzará a contarse la sanción moratoria por el retraso en el pago, correspondiente a un día de salario por cada día de retardo.

4. El artículo 13 de la Ley 344 de 1996 previó que a partir de su publicación las personas que se vinculen a los órganos y entidades del Estado tendrán derecho al régimen anualizado de cesantías, esto es, que el 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación de la prestación y el valor liquidado se consignará antes de 15 de febrero del año subsiguiente en la cuenta individual del trabajador; el empleador que incumpla el plazo pagará un día de salario por cada día de retardo.

5. El Decreto 1582 de 1998, reglamentario del artículo 13 de la Ley 344 de 1996 previó en relación con los servidores territoriales vinculados a partir de 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías que su régimen será el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás concordantes con la Ley 50 de 1990, y los que se afilien al Fondo Nacional del Ahorro será el establecido en la Ley 432 de 1998.

6. Los servidores territoriales vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996 y decidan acogerse al régimen anualizado, solicitarán el traslado a la entidad quien liquidará y entregará la prestación al fondo privado, contando con la posibilidad de emitir títulos de deuda pública para su pago.

De la restructuración de pasivos de las entidades públicas y el cumplimiento de sus obligaciones laborales

Esta Sección en múltiples oportunidades ha manifestado que si la entidad pública se encuentra en un proceso de reestructuración económica, esto no es justificación suficiente para evadir el pago de sus acreencias laborales, que además tienen una protección especial de orden constitucional y legal, por lo tanto, es necesario analizar la implicación que tienen los pasivos laborales de las entidades públicas dentro de un proceso de restructuración de pasivos, particularmente en lo que tiene que ver con la sanción moratoria de las cesantías.

La Ley 550 de 1999 de reestructuración de pasivos, en el sector público se concibió como un régimen para la reestructuración de los entes territoriales con el fin de facilitar el desarrollo armónico de las regiones, la prestación de sus servicios y para restablecer la viabilidad de la entidad mediante la organización del pago de sus deudas.

En la exposición de motivos de la Ley 550 de 1999, respecto de los pasivos laborales se manifestó:

“En cuanto a las acreencias pensionales y laborales, se exige que en aquellos eventos en los cuales el deudor tenga pensionados a su cargo, debe incluir en el acuerdo cláusulas relativas a la normalización de sus pasivos pensionales. Por otra parte, se admite la celebración de convenios que tengan por objeto la suspensión total o parcial de cualquier prerrogativa laboral de naturaleza económica que exceda el mínimo legal correspondiente a las normas del Código Sustantivo del Trabajo, los cuales deben ser concertados directamente entre el deudor y el sindicato que legalmente pueda representar a sus trabajadores, y entre el deudor y los trabajadores no sindicalizados que individualmente consienten en ello” (resalta la Sala).

El artículo 58 de la citada norma establece lo siguiente:

“Acuerdos de reestructuración aplicables a las entidades territoriales. Las disposiciones sobre acuerdos de reestructuración e instrumentos de intervención a que hace referencia esta ley serán igualmente aplicables a las entidades territoriales, tanto en su sector central como descentralizado, con el fin de asegurar la prestación de los servicios a cargo de las mismas y el desarrollo de las regiones, teniendo en cuenta la naturaleza y las características de tales entidades...

(...)” (se resalta).

Por su parte la Sentencia C-1143 de 2001, Magistrado Ponente Doctor Vladimiro Naranjo Mesa, en el análisis de constitucionalidad del artículo 17 de dicha ley consideró que las empresas sometidas a esa normatividad no podían dejar de atender sus acreencias laborales las cuales debían ser pagadas de manera preferente. Al respecto indicó:

“Si una de las finalidades de la intervención del Estado en la economía es la promoción de su reactivación y siendo uno de los objetivos de la Ley 550 de 1999 el restablecer la capacidad de pago de las empresas, de manera que puedan recuperarse dentro del plazo y condiciones que se prevean en el acuerdo correspondiente, es claro que las empresas sometidas a este mecanismo deben continuar desarrollando normalmente sus actividades, lo cual implica que no pueden dejar de atender sus obligaciones de carácter laboral. El pago preferente de las acreencias laborales como gastos administrativos se consagró expresamente en el artículo 121 de la Ley 222 de 1995, para los efectos del régimen de los procesos concursales, e igualmente está previsto en el artículo 2495 del Código Civil subrogado en lo correspondiente por las leyes 165 de 1941, artículo 1º y 50 de 1994, artículo 36, preferencia que tiene pleno soporte en la protección de carácter constitucional que tienen dichas acreencias al tenor de lo establecido en los artículos 1º, 25 y 53 de la Carta Política.

Considera la Corte que no existe diferencia alguna entre las obligaciones de carácter laboral que se generan a partir de la iniciación de la negociación y aquellas existentes a su inicio, que gozan también de la misma protección constitucional por ser acreencias de la misma naturaleza. Entonces, siendo este el genuino sentido de la norma acusada no se presenta infracción al principio superior de la igualdad por parte del precepto bajo análisis, pues pese a que allí solamente se hace alusión a la preferencia para el pago de los gastos administrativos que se causen durante el inicio de la negociación, tal norma resulta ajustada a los dictados de la Carta si se entiende que allí también están incluidas las obligaciones laborales causadas con anterioridad al inicio de la negociación.

Es de anotar que en casos semejantes al estudiado en la presente oportunidad, la Corte ha aplicado el principio de hermenéutica constitucional de la conservación del derecho, en virtud del cual el juez de la Carta preserva al máximo la ley en defensa del principio democrático, cuandoquiera que una disposición sometida a su control admite varias interpretaciones, una de las cuales se aviene al ordenamiento constitucional. En tal evento, se deja la norma en el ordenamiento jurídico, pero condicionando su exequibilidad a la lectura conforme a los dictados fundamentales” (resalta la Sala).

De conformidad con lo expuesto, el Consejo de Estado ha concluido(3) que la protección de los derechos laborales ha sido una prioridad tanto de las acreencias anteriores al inicio de la negociación, como de las que se causaren dentro del mismo.

La Sala ha considerado en anteriores oportunidades(4), que dicha protección no ha sido solo de carácter interno, pues la Organización Internacional del Trabajo —OIT— a través del Convenio C-173 de 1972, también la ha contemplado y ha sido muy específica en el caso de insolvencia del empleador.

Por lo tanto, no son de recibo los argumentos expuestos por la entidad demandada, pues como quedó expuesto, si bien es cierto la universidad se encontraba en un proceso de reestructuración económica para evitar un cierre por las deudas adquiridas, también lo es que el carácter de prestación laboral de las cesantías no le permite entrar en un proceso de negociación frente a su pago.

De la prescripción

A efectos de agotar la vía gubernativa, el 5 de octubre de 2007 (fls. 16 a 19) el demandante mediante derecho de petición solicitó a la Universidad del Atlántico el reconocimiento de la sanción moratoria por no consignar oportunamente sus cesantías.

La solicitud anterior no fue resuelta por la entidad demandada por lo que se configuró el silencio administrativo negativo por parte de la administración.

La prescripción de derechos del régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales se encuentra regulado en el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, el cual establece lo siguiente:

“Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual”.

Por su parte el Decreto 1848 de 1969 reglamentó el decreto transcrito anteriormente, y dispuso la integración de la seguridad social entre el sector privado y público, y en el artículo 102 dispuso:

“Prescripción de acciones. 1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.

2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual” (se destaca).

De acuerdo con la fecha de reclamación de la sanción moratoria (5 de octubre de 2007), encuentra la Sala que la sanción que hubiere podido causarse antes del 5 de octubre de 2004 se encuentra prescrita.

Como el pago de las cesantías obedece al régimen anualizado que determina la obligación de consignar oportunamente antes del 15 de febrero siguiente al año causado, las cesantías sobre las cuales no operó el fenómeno prescriptivo son las correspondientes a las causadas en el año 2004 y cuya consignación debía realizarse a más tardar el 15 de febrero del año 2005, de ahí que la sanción moratoria originada respecto de dicha prestación tampoco haya prescrito, situación que también se predica de las concernientes a los años 2005 y 2006, que debió pagarse el 15 de febrero del año subsiguiente respectivamente.

La sanción moratoria entonces se tendrá que liquidar a partir del 16 de febrero del año 2005 hasta el 30 abril de 2007, fecha en que se verificó la consignación de las cesantías.

Como se incumplió la consignación de varias anualidades la indemnización moratoria se causa desde la insatisfacción de la primera consignación con la base salarial que debió tomarse para calcular la cesantía dejada de consignar, pero como el empleador incumplió por segunda vez, el monto sigue causándose con base en el nuevo salario vigente en el año en que nuevamente se causó la cesantía dejada de depositar, y así sucesivamente, tal como lo ha considerado esta Sección(5).

Por lo tanto en el caso de autos es necesario modificar el numeral tercero de la sentencia apelada, pues el tribunal condenó a la Universidad del Atlántico a pagar separadamente año por año, aplicando la prescripción individualmente para cada día de retardo.

La deuda de mora generada por el pago tardío de las cesantías en el régimen anualizado es por el tiempo que no fue consignado el valor de las cesantías, sin embargo, como en el presente caso, la consignación tardía es por más de un año, no se considera una mora individual para cada año, como lo hizo el a quo, sino que se liquidan los años que no se consignaron con el valor de lo que devengaba en cada año respectivamente.

Por lo anterior es del caso confirmar parcialmente la sentencia impugnada por las partes y modificar el numeral tercero por las razones expuestas en la parte motiva.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

CONFÍRMASE PARCIALMENTE la sentencia de 17 de noviembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda instaurada por Alcides José Paternina Martínez.

MODIFÍCASE el numeral tercero de la sentencia por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará así:

“Tercero: ordénase a la Universidad del Atlántico, reconocer y pagar al señor Alcides José Paternina Martínez la sanción moratoria que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, causada por la no consignación oportuna de las cesantías correspondientes a los años 2004, 2005 y 2006; liquidadas desde el día en que debió efectuarse la consignación (15 de febrero de 2005, 15 de febrero de 2006 y 15 de febrero de 2007, respectivamente) hasta la fecha en la cual se materializó el pago de las cesantías adeudadas (30 de abril de 2007), teniendo en cuenta que respecto de las demás anualidades reclamadas por el mismo concepto operó la prescripción trienal”.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

La anterior decisión fue discutida y aprobada en sesión de la fecha».

(1) Sentencia de 19 de julio de 2007, M. P. Jaime Moreno García, Expediente 15001-23-31-000-2000- 02033-01 (9228-05), actor: Oscar Armando Rodríguez.

(2) Sentencia de 27 de marzo de 2007, M. P. Jesús María Lemos Bustamante, Expediente 760012331000200002513 01 (2777-2004), actor: José Bolívar Caicedo Ruiz.

(3) Ver, entre otras, las sentencias de 27 de enero de 2011, Expediente 1506 de 2008, actor: Mauricio Russo Janica, C. P. Bertha Lucía Ramírez de Páez y de 10 de febrero de 2011, Expediente 0910-2010, actor: Fabio Guerrero Salgado, M. P. Gustavo Gómez Aranguren.

(4) Ibídem.

(5) Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, sentencia de 26 de junio de 2008, Radicación 76001-23-31-000-2005-03190-01(2057-07), actora: María Gladys Vélez Henao.