Sentencia 2008-90151 de noviembre 21 de 2012

 

Sentencia 2008-90151 de noviembre 21 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente:

Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

Ref.: 250002327000200890151 01

Núm. int.: 18236

Empresa de Licores de Cundinamarca, contra el departamento de Cundinamarca

Bogotá, D.C., veintiuno de noviembre del dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Se provee sobre la legalidad de los actos administrativos que determinaron el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares a cargo de la demandante por la segunda quincena del mes de noviembre del año 2004.

Las glosas que propone analizar la alzada se individualizan en el siguiente orden:

1. Falta de motivación de los actos acusados

Antecedentes contextuales de este cargo de apelación

Argumentos de la demanda:

La motivación de la liquidación oficial de revisión es indispensable, porque con ella se identifican las alteraciones del impuesto ante la existencia de errores en los factores tomados para calcular el aspecto cuantitativo del hecho generador, aumentándolo o disminuyéndolo.

Esa liquidación concreta las modificaciones propuestas en el requerimiento especial, requiriéndose que las mismas estén debidamente argumentadas en cuanto buscan desvirtuar la presunción de veracidad de las declaraciones que presenta el contribuyente.

Además, el acto liquidatorio constituye el marco de acción de la función fiscalizadora y, por consiguiente, exige la presencia de una serie de presupuestos de motivación y soporte probatorio sin los cuales deviene nulo.

Para ejercer el derecho de defensa mediante la formulación de las objeciones, es necesario conocer las razones jurídicas por las cuales la Administración concluyó que la declaración de algún IVA pagado en el proceso de producción, como descontable, constituía una infracción.

El demandado violó el derecho de defensa de la empresa licorera, porque la falta de motivación de la liquidación oficial de revisión le impide a la demandante controvertir sus fundamentos, máxime cuando dicha empresa elaboró su declaración de acuerdo con la contabilidad registrada y el respectivo proceso de producción.

La omisión de dichos fundamentos permite concluir que la administración actuó de manera arbitraria y configuró una de las causales de nulidad previstas en el artículo 84 de Código Contencioso Administrativo respecto de la liquidación oficial enjuiciada, de conformidad con lo previsto en el numeral 4º del artículo 393 de la Ordenanza Departamental 24 de 1997.

Esa inconsistencia se presentó desde el momento mismo de expedir el requerimiento especial, pues no se hizo en los términos del artículo 367 de la ordenanza mencionada, ya que simplemente aludió a la improcedencia de llevar como deducible a la declaración del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, el IVA causado en el proceso de producción que realiza la empresa contribuyente, así como la consiguiente generación de una diferencia entre el IVA causado y el finalmente declarado.

Argumentos de la contestación a la demanda:

A la luz de los artículos 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo, cuando las decisiones administrativas afecten a particulares, deben motivarse en todos sus aspectos de hecho y de derecho, al menos sumariamente, para así garantizar que no sean producto de la arbitrariedad de los funcionarios, sino que obedezcan al principio de legalidad que debe regir sus actuaciones, y que los afectados por las mismas puedan controvertirlas.

Los actos demandados cumplen esas condiciones, en cuanto indican en forma precisa las deficiencias que encontró la administración en la declaración tributaria que aquellos modificaron.

La liquidación oficial de revisión acusada contiene un cuadro comparativo entre la declaración privada y la determinación oficial del impuesto en la que se reflejan los valores que no pueden tomarse como IVA descontable y la inexactitud del denuncio privado.

El departamento agotó todo el procedimiento administrativo para expedir dicha liquidación oficial de revisión, acatando el debido proceso y el derecho de defensa.

Argumentos de la sentencia apelada:

De manera general, el a quo señaló:

Los actos administrativos demandados se fundamentaron en discrepancias entre el impuesto causado y el impuesto declarado en relación con el cálculo del valor que liquidó el contribuyente respecto de la unidad de medida, la cantidad y la tarifa del tributo, sin referirse al IVA descontado en la declaración privada.

De acuerdo con lo anterior, los argumentos de la demanda no guardan coherencia con el contenido de los actos acusados y, por ende, tampoco demuestran la vulneración alegada; ello constituye un defecto sustantivo que hace impertinente e ineficaz el ataque de legalidad, dada la falta de correspondencia entre el asunto discutido por el libelo y los puntos fiscalizados por la administración.

En consecuencia, el concepto de violación es ineficaz para atacar y desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos acusados, y las pretensiones de la demanda deben desestimarse.

Argumentos del recurso de apelación, alegatos de conclusión del demandante en segunda instancia, y alegatos de conclusión del demandado frente a dicho recurso:

Las decisiones demandadas deben anularse por haber violado el debido proceso y el derecho de defensa de la parte actora, pues omitieron manifestar las razones que motivaron la modificación de la declaración privada presentada a la cual se refieren.

Dichas decisiones se limitaron a presentar un cuadro comparativo sobre las supuestas diferencias entre el impuesto declarado versus el impuesto causado, sin explicarlas, probarlas ni argumentarlas amplia y sumariamente; de hecho, la liquidación oficial de revisión omitió analizar los reparos expuestos por la demandante al responder el requerimiento especial, y se limitó a señalar que esa respuesta no era satisfactoria.

El debido proceso debe aplicarse a todas las actuaciones judiciales y administrativas, y los actos administrativos deben sujetarse a los límites que dicho principio impone, con el fin de evitar efectos desproporcionados e injustos para los particulares.

Los elementos internos de tales actos, ocurridos en la etapa de formación de los mismos y que pretenden dar a conocer sus motivos, objeto y finalidad, adquieren especial importancia, porque, a partir de ellos, el administrado puede controvertir o acoger lo expuesto por el funcionario de conocimiento.

La motivación, como expresión de las circunstancias fácticas y jurídicas que explican el pronunciamiento administrativo, es uno de los presupuestos de la existencia y validez jurídica del acto, y se relaciona con las actividades de investigación y comprobación que adelanta la Administración en la etapa de fiscalización.

La exigencia de esa expresión deriva del derecho al debido proceso y de defensa y se materializa mediante una carga argumentativa ajena a toda generalidad, insuficiencia o superficialidad.

La expedición de los actos administrativos se sujeta al requisito establecido en el artículo 36 del Código Contencioso Administrativo y a los criterios de legalidad, certeza objetiva de los hechos, debida calificación jurídica y apreciación razonable, de manera que su argumentación envuelva un contenido sustancial y no necesariamente extenso.

El requisito de motivación se predica tanto de los requerimientos especiales como de las liquidaciones oficiales de revisión, actos en los que se deben identificar las alteraciones del impuesto a pagar a partir de los errores en los factores declarados para calcular el aspecto cuantitativo de su hecho generador.

No obstante, el requerimiento y la liquidación proferidos en la actuación administrativa enjuiciada, se limitaron a afirmar la existencia de una inexactitud entre el impuesto declarado y el causado, y la inexistencia de una respuesta satisfactoria al requerimiento. La sencillez con la que se presentó la diferencia o inexactitud referida llega al punto de omitir cualquier argumento jurídico de fondo.

El no expresar las razones justificativas que condujeron a formular liquidación oficial de revisión contra la demandante, evidencia que este acto carece de motivación y da cuenta de una clara actuación arbitraria por parte de la Administración, que afecta su validez y, en esa medida, conduce a su anulación, de acuerdo con el artículo 393 de la Ordenanza Departamental 24 de 1997.

La nulidad por la ausencia de motivación sólo busca salvaguardar los derechos de la demandante como sujeto procesal, los cuales no son ajenos a la regulación del régimen tributario.

En esencia, los alegatos de conclusión de la demandante reiteraron las razones que sobre el cargo in examine expuso la demanda y el recurso de apelación.

De manera similar, al alegar de conclusión el demandado reiteró el espíritu de los argumentos del escrito de contestación que en su oportunidad presentó.

El Ministerio Público no conceptuó.

Análisis de la Sala:

Previamente a avocar el estudio de fondo de la alzada, advierte la Sala que, a diferencia de lo señalado por el a quo, el aspecto que dicho recurso plantea fue cierta y efectivamente plasmado en la demanda, mediante razones claramente entendibles y dotadas de plena aptitud para atacar la legalidad de los actos demandados.

Aclarado lo anterior, se entra a examinar lo pertinente, esto es, si la Liquidación Oficial de Revisión 162-06 del 23 de diciembre del 2006 es nula por falta de motivación, en los términos del artículo 84 del Código Contencioso Administrativo y 393 (Nº 4º) de la Ordenanza 24 de 1997, según el siguiente marco legal y doctrinal:

El deber de motivación de los actos administrativos se vislumbró desde el Decreto 2400 de 1968, respecto de las declaratorias de insubsistencia de funcionarios no pertenecientes al régimen de carrera, cuando se ordenó que en las hojas de vida de los afectados por las mismas debía dejarse constancia de los hechos y las causas que ocasionaban tal decisión(1).

A su turno, el artículo 35 del Decreto 1 de 1984 dispuso:

“Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares.

En la decisión se resolverán todas las cuestiones planteadas, tanto inicialmente como durante el trámite.

Cuando el peticionario no fuere titular del interés necesario para obtener lo solicitado o pedido, las autoridades negarán la petición y notificarán esta decisión a quienes aparezcan como titulares del derecho invocado, para que puedan hacerse parte durante la vía gubernativa, si la hay.

Las notificaciones se harán conforme lo dispone el capítulo X de este título”.

En el contexto de la Carta Política de 1991, la motivación expresa el principio de publicidad referido en el artículo 209 como uno de los que rigen la función administrativa, y de acuerdo con el cual ésta debe desarrollarse, previendo que las autoridades administrativas coordinen sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines estatales.

La obligación de motivar los actos administrativos se deriva, entonces, de la sujeción de la función administrativa a los fines constitucionalmente asignados al Estado (C.P., art. 2º), y del principio de publicidad. Este principio, impone a los funcionarios públicos la obligación de dar a conocer los fundamentos de los actos administrativos que profieren, en orden a que sus destinatarios puedan controvertirlos.

Como tal, la publicidad permite establecer el momento a partir del cual el acto comienza a ser obligatorio y garantiza la transparencia en salvaguarda de la objetividad y la efectividad del principio de legalidad.

Este deber —el de motivar— se presenta como la razón por la cual el acto se expide, y se materializa a través de una declaración sobre las circunstancias de hecho y de derecho que conducen a emitir la decisión administrativa, generalmente plasmadas en sus considerandos y asociadas a una causa funcional que parte de supuestos objetivos y ajenos a quienes elaboran el acto.

De tal declaración deviene la fundamentación fáctica y jurídica con que la administración entiende sostener la legitimidad y oportunidad de la respectiva decisión(2), como dimensión pasiva y objetiva de la motivación, y la valoración jurídica y/o de conveniencia de la decisión o de su adecuación normativa, como dimensión activa(3).

En el concepto de Estado social de derecho, la comprobación del sometimiento de las actuaciones administrativas al ordenamiento jurídico y su correspondencia con los fines de la función administrativa, proviene, por antonomasia, de la motivación de los actos administrativos.

Esa motivación relaciona la decisión administrativa con las normas que facultan a la autoridad para obrar y con los hechos y circunstancias a las cuales le aplica la normatividad que invoca(4). En esa medida, la motivación adquiere alta significación probatoria porque permite establecer si el acto se ajusta a los antecedentes constitutivos de su “causa jurídica”, facilitando su interpretación y control jurisdiccional(5).

Ahora bien, la motivación debe ser cierta, seria, adecuada y congruente con la decisión, porque refiere a la perfección del acto, en cuanto debe dar razón plena del proceso lógico y jurídico que lo genera. La exigencia así concebida se presenta como presupuesto mixto del acto, es decir, tanto de tipo sustancial, porque atañe al contenido o fondo de la decisión, como de naturaleza formal, pues da cuenta de una de las solemnidades concurrentes al tiempo de su formación.

No obstante, es pertinente anotar que la jurisprudencia ha admitido excepciones al deber de motivación, como en el caso de los actos de desvinculación de los funcionarios de libre nombramiento y remoción, porque responden a motivos personales de confianza, y se canalizan a través de la facultad discrecional del gobierno para nombrar y remover libremente a sus empleados, dada la relación subjetiva o “in tuitu personae” entre el nominado y el nominador, caracterizante de ese tipo de empleos (C. Const., SU-250/98)(6).

Como tal, la motivación evita la arbitrariedad por parte de las autoridades administrativas, en cuanto supervisa que estas no adopten decisiones por su mera voluntad(7), máxime tratándose de actos discrecionales sujetos al principio de razonabilidad en los términos del artículo 36 del Código Contencioso Administrativo, conforme con el cual la decisión discrecional debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de causa.

De esta forma, el ordenamiento desconoce la discrecionalidad absoluta, no así la discrecionalidad relativa, que permite apreciar las circunstancias de hecho, oportunidad y conveniencia para adoptar la decisión, pero siempre atendiendo a las finalidades generales inherentes a la función pública y a los fines particulares implícitos en la norma que autoriza la decisión.

Analizados los actos que modificaron la declaración privada del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares a cargo de la Empresa Licorera de Cundinamarca por la segunda quincena del mes de diciembre del 2005, estima la Sala que, ciertamente, aquellos no identifican las razones fácticas y jurídicas suficientes para justificar su decisión.

En efecto, la liquidación oficial de revisión enjuiciada, como acto definitivo del proceso de determinación oficial, que a su vez fue confirmado por la resolución que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra el primero, se limitó a enunciar en su parte considerativa:

“1. En relación con la declaración el impuesto al consumo de Licores, Vinos, Aperitivos y Similares, correspondiente a la segunda quincena de noviembre de 2004 y la cual se encuentra referenciada en el presente acto administrativo, se ha evidenciado que presenta inexactitud en cuanto al impuesto causado versus el impuesto declarado.

2. Una vez vencido el término para dar respuesta al Requerimiento Especial 141-06 de fecha 14 de agosto de 2006, esta dirección estableció que el contribuyente no dio respuesta satisfactoria al acto administrativo.

3. Este despacho procede a modificar la declaración privada presentada por el contribuyente por medio de la siguiente Liquidación Oficial de Revisión:...”.

La mera alusión a la evidencia de inexactitud entre el impuesto declarado y el causado, y la indicación de valores específicos, sin explicación adicional alguna, ni siquiera sucinta, no permite identificar el motivo real y contundente de la modificación ordenada, al cual debía oponerse el contribuyente, pues si bien se afirma que existe inexactitud en el valor declarado, no explica en qué consiste, impidiéndole al contribuyente ejercer debidamente sus derechos de contradicción y de defensa.

Para la Sala, entonces, los actos demandados no contienen una motivación seria y congruente con la decisión que adoptan, y menos aún suficiente tanto para el control jurisdiccional de la misma como para que su destinataria se oponga a ella, en cuanto no distinguen los argumentos que soportaron el sentido de la modificación oficial dispuesta, ni tan siquiera reseñaron las razones del requerimiento especial que a ella antecedió, el cual, se advierte, tampoco fue aportado al expediente.

La falta de motivación es, pues, razón suficiente para desvirtuar la presunción de legalidad que ampara a dichos actos y, en consecuencia, razón autónoma para disponer su declaratoria de nulidad, en cuanto configura el vicio de expedición irregular que establece el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, porque atañe a la forma del acto mismo(8).

El criterio anterior ha orientado la posición de la Sala respecto del cargo in examine, dentro de procesos tramitados entre las mismas partes y por razones fácticas y jurídicas idénticas a las que motivan la presente causa, pero dirigidas a atacar actos de determinación oficial de periodos fiscales diferentes a los que corresponden los demandados en el sub lite(9).

Muestra dicho enfoque la sentencia del 10 de febrero del 2011, expediente 18803, que precisa:

“...la Sala al decidir asunto similar, entre las mismas partes, por un período diferente, se pronunció en los siguientes términos que ahora se reiteran(10):

“De conformidad con el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo, los actos administrativos que contengan decisiones que afecten a los particulares deben motivarse al menos de forma sumaria, pues el análisis de los hechos y razones que fundamentan la decisión garantizan el derecho de defensa y de audiencia del contribuyente y enmarcan en este caso, el contenido de la liquidación de revisión y su discusión. Por lo tanto, los motivos de los actos administrativos constituyen un elemento estructural y su ausencia o la falsa motivación generan la nulidad del acto, de conformidad con lo previsto en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo(11).

“La Ley 788 de 2002, en el artículo 59, sobre el procedimiento tributario territorial, dispuso: “Los departamentos y municipios aplicarán los procedimientos establecidos en el estatuto tributario nacional, para la administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio incluida su imposición, a los impuestos por ellos administrados. Así mismo aplicarán el procedimiento administrativo de cobro a las multas, derechos y demás recursos territoriales. El monto de las sanciones y el término de la aplicación de los procedimientos anteriores, podrán disminuirse y simplificarse acorde con la naturaleza de sus tributos, y teniendo en cuenta la proporcionalidad de éstas respecto del monto de los impuestos”.

“De conformidad con lo dispuesto por el legislador, tratándose del caso de actos de determinación del impuesto al consumo e IVA de licores, vinos, aperitivos y similares, cedidos a los departamentos(12), el procedimiento debe ajustarse a las normas del estatuto tributario nacional.

“Este ordenamiento establece la posibilidad de modificar, por una sola vez, las declaraciones privadas de los contribuyentes, mediante liquidación de revisión(13), previo requerimiento especial, que debe contener todos los puntos que pretenda modificar y las razones o motivos que lo justifican(14).

“Respecto del requerimiento especial, la Sala ha reiterado que es un acto de simple trámite, que no crea una situación jurídica de carácter particular, que en él se proponen las modificaciones que la administración pretende efectuar a la liquidación privada y que debe ser expedido previamente a la práctica de la liquidación oficial. Por tanto, atendiendo a su naturaleza de acto preparatorio, no es autónomamente un acto objeto de control jurisdiccional(15).

“Sin embargo, ha sostenido que si el acto previo a la liquidación de revisión se expide sin explicación sumaria, se afecta la validez del proceso administrativo; además, que otra garantía del derecho de defensa es el principio de correspondencia consagrado en el artículo 711 del estatuto tributario, conforme al cual la liquidación de revisión debe contraerse exclusivamente a los hechos que hubieran sido analizados en el requerimiento especial(16).

“De otra parte, el estatuto tributario establece que la liquidación de revisión debe contener, entre otros, “la explicación sumaria de las modificaciones efectuadas, en lo concerniente a la declaración”(17).

“Este requisito es esencial a los actos administrativos(18), por ser las razones fácticas y jurídicas en que se funda la decisión las que el administrado en ejercicio del derecho de contradicción y defensa puede discutir; su omisión daría lugar a la causal de nulidad prevista en el artículo 730 numeral 4 del estatuto tributario”.

(...).

Es claro que en el presente caso la administración no indicó el motivo o la razón por la cual pretende modificar el denuncio privado, pues si bien afirma que, existe inexactitud en el valor declarado, no explica ni siquiera de manera sumaria en qué consiste, impidiéndole al contribuyente ejercer su derecho de contradicción y defensa.

Tal omisión está prevista en el estatuto tributario como causal de nulidad de los actos administrativos, razón suficiente para revocar la decisión del tribunal y en su lugar, declarar la nulidad de los actos administrativos demandados”.

En consecuencia y sólo por la razón analizada, que igualmente motivó la sentencia proferida el pasado 23 de agosto, con ponencia de la doctora Carmen Teresa Ortiz, dentro del proceso 18499, tramitado entre las mismas partes y por razones fácticas y jurídicas similares a las que motivaron la presente controversia, se revocará la sentencia apelada, sin lugar a estudiar más cuestionamientos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia del 18 de febrero del 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de la Empresa de Licores de Cundinamarca, contra el departamento de Cundinamarca, por la razón expuesta en la parte motiva de este proveído. En su lugar, se dispone:

ANÚLASE la liquidación oficial de revisión 162-06 del 23 de diciembre del 2006, así como la Resolución 558 del 20 de febrero del 2008. A título de restablecimiento del derecho, se declara en firme la declaración que presentó la demandante el 6 de diciembre del 2004, por concepto de impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares correspondiente a la segunda quincena del mes de noviembre del 2004.

2. Reconócese personería jurídica para actuar como representante judicial de la Empresa de Licores de Cundinamarca, en calidad de apoderada general de la misma, a la abogada María Claudia Osorio Bohórquez, conforme a la Escritura Pública 748 del 5 de marzo del 2008, visible en los folios 2 a 3 y 5 a 6.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

(1) Reforma Administrativa de 1968. Publicación de la Cámara de Comercio de Bogotá - Banco de la República. Decreto 2400 del 19 de septiembre de 1968, artículo 26, pág. 64.

(2) Chase, Luis Enrique. “La motivación del Acto Administrativo” El derecho Administrativo Latinoamericano. Curso Internacional. Bogotá D.C. 1978, pág. 78 y 79. Dromi, Roberto. “El Acto Administrativo”. Ediciones Ciudad Argentina. Tercera Edición. 1997. Argentina Buenos Aires, págs. 67 a 69.

(3) Berrocal Guerrero, Luis Enrique, Manual del Acto Administrativo, Librería Ediciones del Profesional Ltda, Quinta edición, 2009, págs. 93 y 94.

(4) Corte Constitucional, C-371 del 26 de mayo de 1999, M.P. José Gregorio Hernández.

(5) Real. Ramón Alberto. “La prueba administrativa”. Ediciones Revista Uruguaya de Estudios Administrativos. 1997, pág. 94. Marienhoff, Miguel S. “Tratado de Derecho Administrativo”. Editorial Abeledo - Perrot. Argentina - Buenos Aires. 1969, pág. 332.

(6) Se aclara que el Consejo de Estado y la Corte Constitucional tienen líneas jurisprudenciales diferentes en relación con la motivación de la declaratoria de insubsistencia de los trabajadores que ocupan cargos de carrera en provisionalidad, por el ámbito del control que cada uno ejerce. Para la primera de dichas corporaciones, tal acto debe ser motivado; contrario sensu, la segunda indica que dicho requisito no se requiere. De hecho, en Sentencia C-371 de 1999 la Corte Constitucional señaló que todos los actos administrativos no excluidos expresamente por norma legal, deben ser motivados al menos sumariamente, so pena de carecer de validez.

(7) Fernández, Tomás Ramón. “De la arbitrariedad de la administración”. Editorial Civitas. Segunda Edición. Madrid-España 1997, pág. 82.

(8) Sobre falta de motivación como vicio de expedición irregular, sentencia del 23 de junio de 2011, expediente 16090, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, reiterada en la sentencia 3 de noviembre del mismo año, expediente 17454, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

(9) Sentencias del 9 de diciembre del 2010, expediente 18121, y 10 de febrero del 2011, expediente 17997, 18226, entre muchas otras.

(10) Sentencia de 18 de marzo de 2010, Exp. 17452, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

(11) Sentencia del 18 de mayo de 2006, expediente 14778, C.P. María Inés Ortiz Barbosa.

(12) Ley 788 del 2002, art. 54. Mantiénese la cesión del IVA de licores a cargo de las licoreras departamentales de que tratan los artículos 133 y 134 del Decreto Extraordinario 1222 de 1986.

A partir del 1º de enero de 2003, cédese a los departamentos y al Distrito Capital, en proporción al consumo en cada entidad territorial, el Impuesto al Valor Agregado IVA sobre los licores, vinos, aperitivos, y similares, nacionales y extranjeros, que actualmente no se encontraba cedido.

En todos los casos, el IVA cedido a las entidades territoriales, quedará incorporado dentro de la tarifa del impuesto al consumo, o dentro de la tarifa de la participación, según el caso, y se liquidará como un único impuesto o participación, sobre la base gravable definida en el artículo anterior.

El impuesto liquidado en ningún caso podrá ser afectado con impuestos descontables, salvo el correspondiente a los productores oficiales, que podrán descontar del componente del IVA de este impuesto, el IVA pagado en la producción de los bienes gravados. [Aparte subrayado fue derogado por el artículo 78 de la L. 1111/2006).

Del total correspondiente al nuevo IVA cedido, el setenta por ciento (70%) se destinará a salud y el treinta por ciento (30%) restante a financiar el deporte, en la respectiva entidad territorial.

Las exenciones del IVA establecidas o que se establezcan no aplicarán en ningún caso, respecto del IVA de cervezas y licores cedido a las entidades territoriales”.

(13) Artículo 702, E.T.

(14) Artículo 703 y ss. ib.

(15) Sentencia de 14 de agosto de 2008, expediente 15871, C.P. Héctor Romero Díaz.

(16) Sentencia del 12 de julio de 2007, expediente 15440, C.P. María Inés Ortiz Barbosa.

(17) Artículo 712, expediente.

(18) Artículo 35, Código Contencioso Administrativo.