Sentencia 2008-90619/3535-2013 de enero 29 de 2015

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Exp.: 080012331000200890619-01

Nº interno: 3535-2013

Demandante: Jairo Javier Orellano Robles

Demandado: Universidad del Atlántico

Instancia: Segunda

Consejera Ponente:

Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez

Bogotá D.C., veintinueve de enero de dos mil quince.

«EXTRACTOS: II. Consideraciones

2.1. El problema jurídico.

Siendo el marco de juzgamiento en esta instancia los argumentos del recurso de apelación interpuestos por la parte demandada, debe la Sala precisar si el demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por la consignación tardía de sus cesantías para los años 2003 a 2006, pese a la existencia de un acuerdo de reestructuración de pasivos suscrito entre la Universidad del Atlántico y sus trabajadores el 26 de agosto de 2006. En segundo lugar, y como problema asociado establecer desde cuando se contabiliza el terminó de la prescripción de la sanción moratoria por la no consignación del auxilio de cesantías en los términos del artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

2.2. Lo probado en el proceso.

Está probado en el proceso que el señor Jairo Javier Orellano Robles labora al servicio de la Universidad del Atlántico desde el 1º de febrero de 1997 e incluso hasta la fecha de presentación de la demanda (fls. 182 a 185 del expediente).

Que el señor Javier Orellano Robles se acogió al régimen contenido en la Ley 50 de 1990 desde el 18 de marzo de 2002 (fl. 44 del expediente).

Que la Universidad del Atlántico ordenó a la Fiduciaria Cafetera S.A., pagar el 30 de abril de 2007 a Colfondos, a favor del señor Jairo Javier Orellano Robles, la suma de $ 145.252.986 por concepto de las cesantías y acreencias anteriores incluidas en el acuerdo de reestructuración de pasivos, y la suma de $ 17.430.358 por intereses del 12% sobre las cesantías, por medio de carta de instrucción 200704-0519 y 0521 (fl. 186 del expediente).

Que las acreencias por concepto de salarios y cesantías del demandante fueron incorporadas en la relación de acreedores dentro del proceso de restructuración de pasivos de la Ley 550 de 1999 de la Universidad del Atlántico y pagadas en su totalidad. La Universidad del Atlántico pagó por concepto de salario y retroactivo mes de enero 2005 nómina 2005-40 la suma de $ 3.905.657 con indexación, el día 30 de abril de 2007; y por concepto de cesantías docente no acogido 1279 al proceso de restructuración de pasivos y con solicitud de la Ley 50 de 1990, la suma de $ 162.683.344 con indexación (fl. 230 del expediente).

Que de conformidad con la certificación del Vicerrector Administrativo y Financiero de la Universidad del Atlántico de fecha 6 de septiembre de 2011, el señor Jairo Javier Orellano Robles no se acogió al proceso de restructuración de pasivos de la Universidad del Atlántico (fl. 230 del expediente).

Que el señor Jairo Javier Orellano Robles, por medio de apoderado judicial, presentó el 13 de septiembre de 2007 solicitud a la Rectora de la Universidad del Atlántico en el siguiente sentido: i) que le fuera reconocida y pagada la indexación sobre el valor reconocido como cesantía causada de febrero 1º de 1977 a diciembre 31 de 2002, liquidada y pagada el 30 de abril de 2007 sin la correspondiente indexación, y ii) que le fuera reconocida y pagada la indemnización moratoria contenida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por la no consignación oportuna de las cesantías anuales causadas, para los períodos 2003, 2004, 2005 y 2006 que le fueron consignadas solo hasta el 30 de abril de 2007 (fls. 16 a 19 del expediente).

2.3. Análisis de la Sala.

La Sala previo al análisis del caso concreto debe precisar el marco normativo y jurisprudencial aplicable en materia de auxilio de cesantías, de la sanción moratoria y de los acuerdos de restructuración de pasivos.

2.3.1. Marco normativo y jurisprudencial.

Del auxilio de cesantías en el sector público.

El sistema de liquidación anualizada del auxilio de cesantías es aplicable a los servidores públicos del orden territorial a partir la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, norma que fue reglamentada por el Decreto 1582 de 1998.

El artículo 13 de la Ley 344 de 1996 estableció el nuevo régimen de cesantías anualizado y el sistema a aplicar para las personas vinculadas con el Estado. Por su parte, el artículo 1º del Decreto 1582 de 1998 fue el que trajo consigo la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, aplicable para los servidores públicos vinculados a las entidades del orden territorial a partir de la entrada en vigencia de dicho decreto (10 de agosto de 1998).

El artículo 13 de la Ley 344 de 1996 tiene el siguiente contenido literal:

“Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente ley, las personas que se vinculen a los órganos y entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:

a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral; (…)”.

Por su parte el artículo 1º del Decreto 1582 de 1998, dispone:

“El régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 5º y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998 (…)”.

En este orden, como características de este régimen, además de contemplar que a 31 de diciembre de cada año el empleador debe hacer una liquidación definitiva de las cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, se ordenó que dicho valor se consigne antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que él mismo elija.

Por otro lado, el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 previó como sanción moratoria un día de salario por cada día de retardo, cuando el empleador no consigne la cesantía definitiva por la anualidad o fracción correspondiente antes del 15 de febrero del año siguiente en el fondo que el trabajador eligió.

De la prescripción de las prestaciones sociales(18). 

En pronunciamientos reiterados de la doctrina y la jurisprudencia(19), han señalado que la “prescripción es tener por extinguido un derecho que, por no haberse ejercitado se puede presumir que el titular lo ha abandonado […] Por ello en la prescripción se tiene en cuenta la razón subjetiva del no ejercicio del derecho, o sea, la negligencia real o supuesta del titular…”(20).

En el presente asunto, el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, en concordancia con el artículo 102 del Decreto Nacional 1848 de 1969, prevé la prescripción de las prestaciones sociales, en los siguientes términos:

“ART. 41.—Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.

El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual”.

La ausencia de norma expresa que regule esta figura respecto de otros derechos laborales, no incluidos en el decreto citado, no implica la imprescriptibilidad de los mismos, de ahí que por analogía se aplica el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo(21), a menos que existan cánones que regulen este tópico en puntos específicos.

Al respecto, en sentencia del 21 de marzo de 2002, Subsección B, Sección Segunda, Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado, M.P. Dr. Alejandro Ordóñez Maldonado(22), radicado Interno 4238-2001, se manifestó:

“(…)

La norma referida no tiene un alcance estrictamente privatista y siendo así, no existen elementos indicadores que permitan deducir que la expresión trienal está limitada a temas tratados específicamente para regular el sector privado. En consecuencia, la prescripción contemplada en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo, abarca los derechos tanto de los servidores públicos como de los trabajadores particulares, a menos que existan normas especiales que regulen términos prescriptivos, verbigracia el artículo 23 del Decreto-Ley 1045 de 1978.

(…)” (se resalta).

Debe resaltarse que la prescripción de un derecho es posible decretarla de oficio por el Juez del proceso contencioso, dado que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo, en la sentencia definitiva debe el Juez Administrativo decidir sobre “las excepciones propuestas y sobre cualquier otra que el fallador encuentre probada”, y, por tratarse de una norma especial para esta jurisdicción, prima sobre las reglas generales de otros procedimientos.

De la restructuración de pasivos de las entidades públicas.

Esta Sección en múltiples oportunidades ha manifestado que si la entidad pública se encuentra en un proceso de reestructuración económica, esto no es justificación suficiente para evadir el pago de sus acreencias laborales, pues estas tienen una protección especial de orden Constitucional y legal, por lo tanto, es necesario analizar la implicación que tienen los pasivos laborales de las entidades públicas dentro de un proceso de restructuración de pasivos.

Ley 550 de 1999, por la cual se establece el régimen de reactivación empresarial y reestructuración de los entes territoriales, fue concebida como un mecanismo para reestablecer la viabilidad de las empresas y entidad publicas mediante la organización del pago de sus deudas.

El artículo 58 de la Ley 550 de 1999, expresamente extendió el contenido de las disposiciones de esa ley sobre acuerdos de restructuración a las entidades territoriales, así:

“ART. 58.—Acuerdos de reestructuración aplicables a las entidades territoriales. Las disposiciones sobre acuerdos de reestructuración e instrumentos de intervención a que hace referencia esta ley serán igualmente aplicables a las entidades territoriales, tanto en su sector central como descentralizado, con el fin de asegurar la prestación de los servicios a cargo de las mismas y el desarrollo de las regiones, teniendo en cuenta la naturaleza y las características de tales entidades, (…)”.

El artículo 17 de la Ley 550 de 1999, en relación con el pago de las acreencias laborales, señaló una prelación para aquellas posteriores a la iniciación de las negociaciones, de la siguiente forma:

“ART. 17.—Actividad del empresario durante la negociación del acuerdo. A partir de la fecha de iniciación de la negociación, el empresario deberá atender los gastos administrativos que se causen durante la misma, los cuales gozarán de preferencia para su pago; y podrá efectuar operaciones que correspondan al giro ordinario de la empresa con sujeción a las limitaciones estatutarias aplicables. Sin la autorización expresa exigida en este artículo, no podrán adoptarse reformas estatutarias; no podrán constituirse ni ejecutarse garantías o cauciones a favor de los acreedores de la empresa que recaigan sobre bienes propios del empresario, incluyendo fiducias mercantiles o encargos fiduciarios; ni podrán efectuarse compensaciones, pagos, arreglos, conciliaciones o transacciones de ninguna clase de obligaciones a su cargo, ni efectuarse enajenaciones de bienes u operaciones que no correspondan al giro ordinario de la empresa o que se lleven a cabo sin sujeción a las limitaciones estatutarias aplicables, incluyendo las fiducias mercantiles y los encargos fiduciarios que tengan esa finalidad o encomienden o faculten al fiduciario en tal sentido.

(…)”.

En relación con el artículo trascrito, la Corte Constitucional en Sentencia C-1143 de 2001(23), declaró que las empresas y entidades sometidas a esa normatividad, no podían dejar de atender las acreencias laborales anteriores a la fecha de inicio de la negociación del acuerdo de restructuración de pasivos, las cuales también debían ser pagadas de manera preferente. Al respecto indicó:

“Si una de las finalidades de la intervención del Estado en la economía es la promoción de su reactivación y siendo uno de los objetivos de la Ley 550 de 1999 el restablecer la capacidad de pago de las empresas, de manera que puedan recuperarse dentro del plazo y condiciones que se prevean en el acuerdo correspondiente, es claro que las empresas sometidas a este mecanismo deben continuar desarrollando normalmente sus actividades, lo cual implica que no pueden dejar de atender sus obligaciones de carácter laboral. El pago preferente de las acreencias laborales como gastos administrativos se consagró expresamente en el artículo 121 de la Ley 222 de 1995, para los efectos del régimen de los procesos concursales, e igualmente está previsto en el artículo 2495 del Código Civil subrogado en lo correspondiente por las leyes 165 de 1941, artículo 1º y 50 de 1994, artículo 36, preferencia que tiene pleno soporte en la protección de carácter constitucional que tienen dichas acreencias al tenor de lo establecido en los artículos 1º, 25 y 53 de la Carta Política.

Considera la Corte que no existe diferencia alguna entre las obligaciones de carácter laboral que se generan a partir de la iniciación de la negociación y aquellas existentes a su inicio, que gozan también de la misma protección constitucional por ser acreencias de la misma naturaleza. Entonces, siendo este el genuino sentido de la norma acusada no se presenta infracción al principio superior de la igualdad por parte del precepto bajo análisis, pues pese a que allí solamente se hace alusión a la preferencia para el pago de los gastos administrativos que se causen durante el inicio de la negociación, tal norma resulta ajustada a los dictados de la Carta si se entiende que allí también están incluidas las obligaciones laborales causadas con anterioridad al inicio de la negociación.

Es de anotar que en casos semejantes al estudiado en la presente oportunidad, la Corte ha aplicado el principio de hermenéutica constitucional de la conservación del derecho, en virtud del cual el juez de la Carta preserva al máximo la ley en defensa del principio democrático, cuando quiera que una disposición sometida a su control admite varias interpretaciones, una de las cuales se aviene al ordenamiento constitucional. En tal evento, se deja la norma en el ordenamiento jurídico, pero condicionando su exequibilidad a la lectura conforme a los dictados fundamentales” (las negrillas y subrayas, son de la Sala).

Este criterio jurisprudencial de la Corte Constitucional ha sido adoptado por el Consejo de Estado(24) al señalar que, en los procesos de restructuración de pasivos de las entidades públicas la protección de los derechos laborales es una prioridad tanto para las acreencias posteriores al inicio de la negociación como para las anteriores a ella, motivo por el cual no pueden desconocerse bajo el pretexto de haberse iniciado un proceso de negoción para la suscripción de un acuerdo de restructuración de pasivos.

Lo anterior, además de las razones expuestas por la Corte Constitucional en la sentencia antes citada, por la protección que los instrumentos jurídicos internacionales del trabajo señalan para los derechos laborales, a saber, el Convenio C-173 de 1972(25) de la Organización Internacional del Trabajo, que el artículo 5º señala que los créditos adeudados a los trabajadores en razón de su empleo deben quedar amparados por un privilegio de prelación, y “La recomendación sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador, 1992”(26), en la cual se dispuso que la protección conferida por un privilegio debe cubrir, entre otros, las indemnizaciones por fin de servicios, por despido injustificado y otras sumas adeudadas a los trabajadores(27).

Específicamente sobre el tema de la reestructuración de pasivos y el pago de las obligaciones laborales de los empleados públicos, en cuanto a las cesantías y la sanción moratoria la Sección Segunda del Consejo de Estado ha desarrollado el asunto de la siguiente manera:

La Subsección B mediante providencia de 22 de octubre de 2009(28), abordó el tema indicando que el acuerdo de reestructuración de pasivos es obligatorio para quienes no hayan participado en el trámite siempre y cuando se haya concertado, por lo cual negó el pago de la indemnización moratoria, habida consideración de que la misma no se había pactado en el respectivo acuerdo de restructuración.

En sentencia posterior de 25 de marzo de 2010, la Subsección A(29) indicó que los acuerdos de reestructuración no pueden cercenar los derechos de los trabajadores que no consintieron en su aprobación y porque dichos pactos no pueden estar orientados a evadir el pago de las correspondientes obligaciones:

“… el Estado no puede dejar que el acuerdo quede bajo la autonomía absoluta de la voluntad de los particulares, por eso lo somete a pautas contenidas en disposiciones legales, con el fin de evitar que los acreedores queden sometidos a la voluntad unilateral e indiscriminada del empresario deudor.

(…)

Es cierto que los acuerdos de reestructuración celebrados en los términos previstos en la Ley 550, son de obligatorio cumplimiento para el empresario y para todos los acreedores, incluyendo a quienes no hayan participado en la negociación o que, habiéndolo hecho, no hayan consentido en ella (art. 34, L. 550/99).

También lo es que en el expediente no existe prueba que determine si el demandante en calidad de acreedor del municipio, hubiera participado en el acuerdo o habiéndolo hecho hubiera consentido en la condonación del pago de la indemnización por mora en el pago de sus cesantías.

Con todo, la Sala considera que la administración no debió desconocer la obligación preexistente que tenía con el actor en cuanto a la sanción por mora en el pago de las cesantías, por la potísima razón de que en los acuerdos de reestructuración “Todas las obligacionesse atenderán con sujeción a lo dispuesto en el acuerdo, y quedarán sujetas a lo que se establezca en él en cuanto a rebajas, disminución de intereses y concesión de plazos o prórrogas, aun sin el voto favorable del respectivo acreedor…” (art. 34, num. 8º, L. 550/99).

Así pues, las obligaciones preexistentes a la celebración del acuerdo no se desconocen, sino que se atienden y se sujetan a rebajas, a disminución de intereses, a plazos o a prórrogas, pero en ningún momento se permite que el deudor insolvente las desatienda, las desconozca o peor aún, se auto absuelva de ellas (…)”(30) (negrillas del texto).

En ese mismo sentido la Subsección A, mediante sentencia de 10 de noviembre de 2010(31), señaló que las obligaciones de los trabajadores no pueden ser desconocidas por los acuerdos de restructuración, empero indicó que para el caso particular la entidad pública informó a los acreedores la apertura del proceso previsto en la Ley 550 de 1999, así como la determinación de la obligación a pagar, sin que la parte actora hubiera manifestado reparo alguno, lo que a juicio de la Sala suspendió la contabilización de la sanción moratoria con la ejecutoria de la decisión que estableció el pago de tal acreencia(32).

Entre tanto, a través de la sentencia de 10 de febrero de 2011, la Subsección A condenó al pago de la sanción moratoria en proceso de reestructuración de pasivos, pero sin sujetar el pago de la obligación a la fecha de inicio del proceso de reestructuración. En efecto, en dicho proveído se expresó(33):

“Así las cosas, si bien la Ley 550 de 1999, prevé la posibilidad de que las entidades territoriales celebren convenios de reestructuración de pasivos con la finalidad de hacerlas viables en su sostenimiento económico y financiero, es claro que tales acuerdos se suscriben con el titular de la persona jurídica y los acreedores internos y/o externos, sin que ello implique obligatoriamente la presencia de los trabajadores o servidores públicos en la negociación del pago de sus acreencias y prestaciones laborales.

(…).

Que para esta Corporación es evidente que la administración desconoció u omitió cancelar la sanción por la mora en el pago de las cesantías definitivas del señor Fabio Guerrero Salgado de conformidad con lo establecido en la Ley 244 de 1995, dado que por ningún lado se observa constancia o certificación de que dicha obligación hubiera sido saldada.

(…).

En consecuencia, la Sala revocará la sentencia apelada y en su lugar se condenará a la entidad demandada a que reconozca y pague un día de salario por cada día de retardo en el pago de las cesantías definitivas reconocidas, desde el 24 de julio de 2001, es decir 45 días después de notificada la Resolución 1727, que reconoció el derecho hasta el 9 de junio de 2003, fecha en que se hizo efectivo el pago de sus cesantías definitivas”.

Bajo este marco legal y jurisprudencial es claro que para la sección segunda del Consejo de Estado el acuerdo de restructuración de pasivos no puede suprimir un derecho económico laboral de manera que no hay lugar a que se aplique la renuncia tacita de derechos laborales alegada por la entidad demandada y en el trámite de la negociación del acuerdo los acreedores deben haber tenido la oportunidad hacerse presentes a fin de hacer valer sus derechos, concretar la cuantía de sus acreencias y objetarlas lo cual en el caso de los empleados no incluidos en el acuerdo le corresponderá denostarlo a la entidad empleadora.

2.3.2. Del caso concreto.

En la medida en que los argumentos de apelación de la Universidad del Atlántico, únicamente están dirigidos a cuestionar la incorrecta valoración por parte del a quo del acuerdo de restructuración de pasivos suscrito por esa institución de educación superior y sus trabajadores; la interpretación de la Ley 550 de 1999 en cuanto los pagos de acreencias laborales de las entidades públicas en proceso de restructuración de pasivos; y la prescripción de la sanción por mora en la consignación de las cesantías al fondo de cesantías durante los años 2003, 2004, 2005 y 2006; la Sala en atención al artículo 357(34) del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 267(35) del Código Contencioso Administrativo, debe limitar el análisis de la segunda instancia a estos argumentos, en el siguiente orden:

(i) De las pruebas que obran en el expediente, observa la Sala que el señor Jairo Javier Orellano Robles ingresó al servicio de la Universidad del Atlántico en condición de docente, a partir del 1º de febrero de 1977 y que el 18 de marzo de 2002 solicitó su traslado al régimen anualizado de cesantías, por lo cual tenía derecho a que se consignaran anualmente sus cesantías a más tardar el 14 de febrero del año siguiente a su causación.

En el expediente también obra prueba emanada de la Compañía Colombiana Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías - Colfondos S.A., en la cual se afirma que la Universidad del Atlántico consignó las cesantías del actor correspondientes a los años 2003, 2004, 2005 y 2006 el 30 de abril de 2007. Lo anterior indica que la Universidad del Atlántico incumplió el deber consagrado en el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 de consignar oportunamente las cesantías del demandante.

Aduce la entidad recurrente que, el a quo condenó al pago de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías anualizadas del demandante sin haber probado previamente la mala fe del empleador.

En relación con lo anterior la Jurisprudencia reiterada de la Sala Laboral de la Corte Superna de Justica(36), la cual comparte esta Sala, ha señalado que en lo referente a la indemnización moratoria, consagrada en el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por tener su origen en el incumplimiento del empleador, tiene una naturaleza eminentemente sancionatoria y como tal su imposición debe estar condicionada al examen, análisis o apreciación de los elementos subjetivos relativos a la buena o mala fe que guiaron la conducta del empleador. Sobre el particular ha señalado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justica:

“(…) Ahora bien, aun entendiendo que la acusación denuncia la infracción directa de los citados preceptos, en cuanto al artículo 99 de la Ley 50 de 1990, es lo cierto que el Tribunal no pudo ignorar la disposición por cuanto fue la que le sirvió de apoyo al juzgado para fulminar la condena por indemnización moratoria, ni tampoco se rebeló contra su contenido, sino que estimó conforme a jurisprudencia de la Sala, que su aplicación no podía ser automática y que era necesario analizar la conducta del empleador para establecer si la presunción de mala fe quedaba o no desvirtuada; entonces, apoyándose en pruebas del expediente y luego de examinar las razones de la empresa demandada, —lo que de paso desvirtúa la afirmación inicial del recurrente de que el Tribunal no realizó análisis probatorio—, descartó la existencia de mala fe y no le hizo producir efectos a la norma acusada.

Ese criterio resulta acorde con el expuesto por la Sala en sentencia de 11 de julio de 2000, radicado 13467 en que señaló:

“La indemnización moratoria consagrada en el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 tiene origen en el incumplimiento de la obligación que tiene el empleador de consignar a favor del trabajador en un fondo autorizado el auxilio de cesantía, luego se trata de una disposición de naturaleza eminentemente sancionadora, como tal, su imposición está condicionada, como ocurre en la hipótesis del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, al examen o apreciación de los elementos subjetivos relativos a la buena o mala fe que guiaron la conducta del patrono…”(37).

En ese orden, debe analizarse el aspecto subjetivo del incumplimiento de la Universidad del Atlántico en la consignación de las cesantías del demandante(38), es decir la existencia de una justificante para tal actuar omisivo(39).

Como justificación de su omisión en la contestación de la demanda y en recurso de apelación la Universidad del Atlántico argumenta la iniciación del proceso de restructuración en el mes de febrero de 2006, que se materializó con la suscripción el 26 de agosto de 2006 del acuerdo de restructuración pasivos(40), el cual no fue avalado por el demandante y del que manifiesta implica una renuncia tacita de los empleados de esa institución de educación superior al reconocimiento y pago de la sanción moratoria.

Sobre este punto debe señalarse que la mayoría de las cesantías pagadas extemporáneamente al demandante se causaron antes de la iniciación de los trámites del proceso de restructuración e incluso antes de la firma del acuerdo de restructuración, es decir la demandada incumplió sus obligaciones en la materia desde el 16 de febrero de 2003 y continuó con ese mismo proceder durante los años 2004, 2005 y 2006, sin que resulte lógico argumentar como prueba de su buena fe la firma de un acuerdo de restructuración de pasivos suscrito mucho tiempo después de haber iniciado y continuado el incumplimiento de sus obligaciones.

En cuanto a la sanción moratoria derivada del incumplimiento de la consignación en el fondo respectivo a 15 de febrero de 2007 por las cesantías causadas en el año 2006, si bien tal obligación fue incumplida luego de la firma del acuerdo de restructuración de pasivos de 26 de agosto de 2006, se tiene que no es indicio de buena fe del empleador el que haya interpretado unilateralmente los términos del acuerdo para desconocerle al demandante su derecho a la liquidación y consignación anual de sus cesantías en el fondo respectivo.

En ese mismo sentido debe señalarse que, la Corte Constitucional en Sentencia C-1143 de 2001(41), ha declarado que las empresas y entidades sometidas a acuerdos de restructuración de pasivos no pueden dejar de atender las acreencias laborales anteriores a la fecha de inicio de la negociación del acuerdo de restructuración de pasivos. Al respecto indicó al Corte Constitucional:

“Si una de las finalidades de la intervención del Estado en la economía es la promoción de su reactivación y siendo uno de los objetivos de la Ley 550 de 1999 el restablecer la capacidad de pago de las empresas, de manera que puedan recuperarse dentro del plazo y condiciones que se prevean en el acuerdo correspondiente, es claro que las empresas sometidas a este mecanismo deben continuar desarrollando normalmente sus actividades, lo cual implica que no pueden dejar de atender sus obligaciones de carácter laboral. El pago preferente de las acreencias laborales como gastos administrativos se consagró expresamente en el artículo 121 de la Ley 222 de 1995, para los efectos del régimen de los procesos concursales, e igualmente esta previsto en el artículo 2495 del Código Civil subrogado en lo correspondiente por las leyes 165 de 1941, artículo 1º y50 de 1994, artículo 36, preferencia que tiene pleno soporte en la protección de carácter constitucional que tienen dichas acreencias al tenor de lo establecidoen los artículos 1º, 25 y 53 de la Carta Política.

Considera la Corte que no existe diferencia alguna entre las obligaciones de carácter laboral que se generan a partir de la iniciación de la negociación y aquellas existentes a su inicio, que gozan también de la misma protección constitucional por ser acreencias de la misma naturaleza (…).

Es de anotar que en casos semejantes al estudiado en la presente oportunidad, la Corte ha aplicado el principio de hermenéutica constitucional de la conservación del derecho, en virtud del cual el juez de la Carta preserva al máximo la ley en defensa del principio democrático, cuando quiera que una disposición sometida a su control admite varias interpretaciones, una de las cuales se aviene al ordenamiento constitucional. En tal evento, se deja la norma en el ordenamiento jurídico, pero condicionando su exequibilidad a la lectura conforme a los dictados fundamentales” (las negrillas y subrayas, son de la Sala).

Este criterio que ha sido adoptado por el Consejo de Estado(42) al señalar que, en los procesos de restructuración de pasivos de las entidades públicas la protección de los derechos laborales es una prioridad tanto para las acreencias posteriores al inicio de la negociación como para las anteriores a ella, por lo cual si bien en el presente caso la Universidad del Atlántico se encontraba en un proceso de reestructuración económica para evitar un cierre por las deudas adquiridas, también lo es que el carácter de prestación laboral de las cesantías no permite negociación frente a su pago.

Observa la Sala que, no obra prueba alguna que acredite que el accionante consintió en la aprobación del acuerdo de restructuración de pasivos de la universidad demandada ni que se hizo parte en el proceso, pese a que de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación(43) este es un requisito necesario para que pueda analizarse la posible aplicación del acuerdo al demandante.

En consecuencia encuentra la Sala que se estructuraron en el caso concreto los requisitos objetivos y subjetivos de la sanción moratoria por el incumplimiento de la Universidad del Atlántico a la obligación consagrada en el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, relacionada con la consignación en el fondo de cesantías del valor liquidado por concepto de cesantía antes del 15 de febrero del año siguiente al de su causación, durante los años 2003, 2004, 2005 y 2006.

(ii) La Universidad del Atlántico también plantea en el recurso de apelación que, los artículos 17, 22 y 37 de la Ley 550 de 1990, impedían la consignación oportuna de las cesantías del demandante correspondientes a los años 2003, 2004, 2005 y 2006 pues si se llegara a entender que el señor Jairo Javier Orellano Robles le es inoponible el acuerdo de restructuración de pasivos por no haber participado en su celebración, los jueces contenciosos administrativos no tendrían competencia para conocer del presente asunto dado que el artículo 37 de la Ley 550 de 1999 señala que para efectos de las controversias relacionadas con el acuerdo de restructuración de pasivos la competente es la Superintendencia de Sociedades.

Para la Sala no son de recibo los argumentos de la Universidad del Atlántico, en la medida en que, de acuerdo con lo señalado en lianas anteriores la jurisprudencia constitucional ya ha indicado que el artículo 17 de la Ley 550 de 1999 no puede interpretarse de forma restrictiva de manera que si bien literalmente esa disposición indica que deben pagarse de forma oportuna las acreencias posteriores al inicio del proceso de negociación esto también debe incluir las anteriores al mismo como lo eran las cesantías del demandante causadas con anterioridad a ese momento.

Si bien los numerales 1º y 3º artículo 22 de la Ley 550 de 1999, indican que no se deben tener en cuenta respecto de los acreedores los “intereses, multas, sanciones u otros conceptos distintos del capital, excepción hecha de los intereses que hayan sido legalmente capitalizados”, y que únicamente se tendrán en cuanta las acreencias que “correspondan a acreencias ciertas”, esto únicamente tiene aplicación al momento de establecer los derechos de voto de los acreedores y no puede interpretarse en el sentido de limitar en el pago de esos valores a los acreedores. Al respecto la norma literalmente señala:

“ART. 22.—Determinación de los derechos de voto de los acreedores. Con base en la relación certificada de acreencias y acreedores suministrada al promotor, en los demás documentos y elementos de prueba que aporten los interesados, y, en especial, con base en los estados financieros a que se refiere el artículo 20 de esta ley, el promotor, con la participación de peritos, si fuera el caso, establecerá el número de votos que corresponda a cada acreedor por cada peso, aproximando en el caso de centavos, del monto correspondiente a cada acreencia, a la fecha de corte de la relación de acreencias, con sujeción a las siguientes reglas:

(…).

Para el cómputo de los votos correspondientes a las acreencias laborales, se tendrán en cuenta las que correspondan a acreencias ciertas. En el caso de los pasivos pensionales, los pensionados tendrán el derecho de voto correspondiente a sus mesadas pensionales causadas e impagadas y al valor que corresponda al veinticinco por ciento (25%) del importe del cálculo actuarial.

En cuanto al artículo 37 de la Ley 550 de 1999, debe señalarse que este otorga competencia a la Superintendencia de Sociedades para “para dirimir judicialmente las controversias relacionadas con la ocurrencia y reconocimiento de cualquiera de los presupuestos de ineficacia previstos en esta ley”, es decir, para asuntos relacionados con el clausulado del acuerdo de restructuración y no para el reconocimiento y pago de derechos que tienen su fuente en la ley, como en este caso lo es la consignación oportuna de las cesantías analizadas del demandante y el pago de la sanción moratoria como consecuencia de la omisión de esta obligación, los cuales están consagrados en el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

(iii) En el escrito de apelación la Universidad el Atlántico también plantea que la sanción moratoria reconocida al demandante en la sentencia de primera instancia se encuentra prescrita en atención al artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, reglamentado por el Decreto 1848 de 1969 que consagró la prescripción de los derechos del régimen prestacional de los empleados públicos.

Respecto a la prescripción de la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, esta Sección ha dicho que si bien la obligación de consignar en el fondo el auxilio de cesantía surge para el empleador antes del 15 de febrero de cada año, la posibilidad de demandar nace desde el momento en que la administración, al retiro del servidor no hace entrega de la suma correspondiente a este concepto, es decir omite el cumplimiento de su obligación(44).

Así, en reciente pronunciamiento esta Subsección “B”, tuvo la oportunidad de dirimir un caso similar, en donde se analizó el término a partir del cual se puede contabilizar la prescripción de la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990, en sentencia de 9 de mayo de 2013, exp. 1219-12, Actor: Bertilda Vanesa Bernal Higuita, M.P. Gerardo Arenas Monsalve, en los siguientes términos:

“(…)

En este punto de la providencia es del caso destacar lo dicho por la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral en reiterada jurisprudencia(45) al analizar el término desde que puede contabilizarse la prescripción de la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990.

“De la prescripción de la cesantía. (…) En efecto, el auxilio de cesantía es una prestación social y cualquiera que sea su objetivo o filosofía, su denominador común es el de que el trabajador solo puede disponer libremente de su importe cuando se termina el contrato de trabajo que lo liga con su empleador. Pues durante la vigencia de su vínculo, no puede acceder al mismo sino en casos especiales que están regulados por la ley, en los cuales se ejerce una de las tantas tutelas jurídicas a favor del subordinado, que procura que sea correcta la destinación de los pagos que por anticipos parciales de cesantía recibe como parte del fruto de su trabajo, acorde con las preceptivas de los artículos 249, 254, 255 y 256 del Código Sustantivo del Trabajo, 102 ordinales 2, 3 y 104 inciso último de la Ley 50 de 1990, y artículo 4º de la Ley 1064 de 2006.

En cambio, cuando el contrato de trabajo finaliza, el trabajador puede disfrutar sin cortapisa alguna de dicha prestación, pues la obligación del empleador en ese momento es la de entregarla bien directamente a quien fue su servidor o a través de los fondos administradores según la teleología de la ley.

Se apunta lo anterior, por cuanto ese denominador común no varió con la expedición de la Ley 50 de 1990, que sustancialmente cambió la forma de liquidación del auxilio de cesantía; pues si antes se liquidaba bajo el sistema conocido como el de la retroactividad, ahora, desde la vigencia de dicha ley se liquida anualmente con unas características que en seguida se precisarán.

El artículo 99 de la citada Ley 50 de 1990, contiene seis (6) numerales, de los cuales importan al presente asunto los cuatro (4) primeros, que analizados integralmente y aún uno por uno, nos llevan a la conclusión de que la prescripción del auxilio de cesantía de la forma regulada por el precepto en comento, empieza a contarse desde la terminación del contrato de trabajo y no antes.

(…).

El numeral 3º establece la obligación para el empleador de consignar en un fondo antes del 15 de febrero del año siguiente al de la liquidación, el monto del auxilio de cesantía correspondiente a la anualidad anterior o a la fracción de ésta. Si el empleador no efectúa la consignación, deberá pagar un día de salario por cada día de retardo.

Y el numeral 4º, que tiene una absoluta claridad que emana de su propio tenor literal, preceptúa que si a la terminación del contrato de trabajo existieren saldos a favor del trabajador que el empleador no haya consignado al fondo, deberá pagarlos directamente al asalariado junto con los intereses legales respectivos, aquí debe entenderse cualquier saldo de cualquier tiempo servido, pues este aparte de la norma no establece límite de tiempo alguno.

Así las cosas, se reitera nuevamente, que el sistema legal de liquidación del auxilio de cesantía actualmente vigente, no modificó la fecha de causación o de exigibilidad de la referida prestación social. Simplemente y desde luego de manera radical y funcional, cambió la forma de su liquidación, pero en lo demás, mantuvo la misma orientación tradicional en cuanto a que solo a la finalización del vínculo contractual laboral, el ex-trabajador debía recibirla y beneficiarse de ella como a bien lo tuviera sin las limitaciones exigidas en los casos en que durante la vigencia del contrato necesitara anticipos parciales o préstamos sobre el mismo. 

El hecho de que al empleador renuente a la consignación, le implique el pago de un día de salario por cada día de retardo, no significa que el término de prescripción como modo de extinguir una obligación, empiece desde la fecha límite que tenía para consignar anualmente, pues no es eso lo que regula el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, sino otra cosa bien diferente y que atrás quedó consignado; pues de otro lado, tampoco debe olvidarse que dicha sanción solo va hasta la finalización del contrato de trabajo, por virtud de que en este momento la obligación de consignar se convierte en otra, cual es la de pagar directamente al trabajador los saldos adeudados por auxilio de cesantía, incluyendo los no consignados en el fondo, como reza el artículo 99 numeral 4º anotado, sin perjuicio de que la sanción por mora que de ahí en adelante se pueda imponer sea la prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002.

(…).

Por lo anterior, conforme a la norma de marras, la obligación de consignar para el empleador, es como se acaba de anotar, debiendo de buena fe consignarle en el respectivo fondo lo que le corresponda en forma completa a favor del operario. De modo que si no lo hace, deberá someterse a la condígna sanción por la mora, sin que jamás ese incumplimiento se traduzca en un perjuicio y sanción para el trabajador, castigándolo con la prescripción extintiva cuando el operario no requiere al patrono para que deposite al fondo su cesantía, figura aquella que resultaría siendo una condena injusta para el trabajador porque pierde la prestación, con lo que se estaría premiando al empleador incumplido sin fundamento jurídico alguno, sin haberse consolidado la exigibilidad de la cesantía, la cual se tipifica al terminar el contrato como ya se acotó. En cambio sí, se repite, se estaría premiando al empleador incumplido, violándose de contera el debido proceso y el derecho al trabajo, como derechos fundamentales consagrados en los artículos 25, 29 y 53 de la Carta Política.

Lo expresado quiere decir, que mientras esté vigente el contrato de trabajo, no se puede hablar de prescripción de la cesantía como derecho social, lo cual se deduce de la interpretación sistemática tanto de los artículos 98 y 99 de la Ley 50 de 1990, como de los artículos 25, 53 y 58 de la Constitución Política; 254, 255 y 256 del Código Sustantivo del Trabajo; 1º del Decreto 2076 de 1967; 1º a 7º del Decreto 222 de 1978; 83 de la Ley 79 de 1988; 46 de Ley 9ª de 1989; 166 del Decreto-Ley 663 de 1993 y 1º, 2º y 3º del Decreto Reglamentario 2795 de 1991.

Conforme a lo expuesto, la Sala recoge lo adoctrinado mayoritariamente en sentencias del 12 de octubre de 2004 y 13 de septiembre de 2006, radicados 23794 y 26327, respectivamente, en las cuales se reiteró lo expuesto en casación del 19 de febrero de 1997 radicación 8202, así como cualquier otro pronunciamiento en contrario a lo aquí decidido”(46).

(…)” (se subraya).

De la anterior transcripción jurisprudencial se concluye que mientras esté vigente el contrato de trabajo, no se puede hablar de prescripción de la cesantía como derecho social, lo cual se deduce de la interpretación sistemática tanto de los artículos 98 y 99 de la Ley 50 de 1990, como de los artículos 25, 53 y 58 de la Constitución Política, entre otra normatividad.

Esto por cuanto la obligación de consignar que tiene el empleador no supone que su omisión en ese sentido haga exigible desde entonces el auxilio de cesantía correspondiente a la anualidad o fracción de año en que se causó, pues la exigibilidad de esa prestación social se inicia desde la terminación del vínculo laboral, momento en que de acuerdo con el numeral 4º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, surge para el empleador la obligación de entregar directamente a su ex-servidor los saldos de cesantía que no haya consignado en el fondo, así como los intereses legales sobre ellos que tampoco hubiere cancelado con anterioridad, coincidiendo la Sala en este punto con lo que afirma la Corte Suprema de Justicia en la sentencia atrás citada.

De lo expuesto es dable concluir que para efectos de contabilizarse el término de la prescripción de la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990 debe tenerse como inició del conteo el momento de la terminación de la vinculación laboral, que es cuando verdaderamente se causa o hace exigible tal prestación social.

En ese orden dado que, el demandante a 13 de septiembre de 2007 fecha de presentación de la reclamación de consignación de las cesantías a la Universidad del Atlántico, y, a 30 de octubre de 2008 fecha de presentación de la demanda, tenía vigente su relación laboral con la Universidad del Atlántico, tal circunstancia impide que opere la prescripción de la sanción moratoria.

Teniendo presente los argumentos del recurso de apelación presentado por la Universidad del Atlántico no tienen vocación de prosperidad, la Sala confirmara la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA:

CONFIRMAR la sentencia de 14 de marzo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda incoada por el señor Jairo Javier Orellano Robles contra la Universidad del Atlántico».

18 Marco normativo y jurisprudencia expuesto en la sentencia de 18 de febrero de 2010 expedida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, C.P. Gerardo Arenas Monsalve, rad. 25000-23-25-000-2003-09269-02(0741-08), Actor: Alba Roció Ortiz Alfaro, Demandado: Escuela Superior de Administración Pública.

19 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 27 de enero de 1994, proceso 8847, C.P. Clara Forero de Castro; 27 de noviembre de 1997, rad. 16971, C.P. Clara Forero de Castro; 20 de enero de 2000, exp. 22866 (2119-99, Actor: Jorge Enrique Cardenas Gomez, M.P. Carlos A. Orjuela Góngora, entre otros.

20 Coviello, Nicolás, Doctrina general del derecho civil. UTEHA 1949, citado por el doctor Betancur Jaramillo Carlos, Derecho procesal administrativo, p. 135, Señal Editora. 1996.

21 “Artículo 151 del C.P.T. y de la S.S. Prescripción. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el patrono, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero sólo por un lapso igual”.

22 Posición reiterada por esta Subsección, en sentencia del 28 de enero de 2010, exp. 050012331000199901198-01 (0005-2008), Actor: Carlos Mario Jaramillo López, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.

23 Corte Constitucional, Sentencia C-1143 de 2001. M.P. Vladimiro Naranjo Meza.

24 Ver, entre otras, las sentencias de 27 de enero de 2011, exp. 1506 de 2008, Actor: Mauricio Russo Janica, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez y de 10 de febrero de 2011, exp. 0910-2010, Actor: Fabio Guerrero Salgado, M.P. Gustavo Gómez Aranguren.

25 Conferencia general de la Organización Internacional del Trabajo, Convenio C-173 de 1992. Convenio sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador.

26 Conferencia general de la Organización Internacional del Trabajo.

27 Las disposiciones de carácter internacional relacionadas se utiliza como fuente auxiliar e interpretativa del derecho sometido a examen, dado que el convenio no ha sido ratificado por Colombia y no tiene un carácter vinculante para los países miembros de la OIT.

28 Con Ponencia del Dr. Gerardo Arenas Monsalve (Exp. 1268-08).

29 Con Ponencia del Dr. Luis Rafael Vergara Quintero.

30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 25 de marzo de 2010, exp. 44001-23-31-000-2004-00257-01 (0928-07), Actor: Manuel Salvador de la Hoz.

31 Sentencia de 10 de noviembre de 2010, Subsección A, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren (exp. 0508-2009).

32 En esa oportunidad, dijo la Sala: “La iliquidez temporal o los problemas presupuestales podrían eventualmente explicar algunos atrasos en la cancelación de los salarios, las pensiones o las prestaciones, pero que en ningún caso pueden constituir “justificación para que sean los trabajadores quienes asuman sus costos bajo la forma de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda”. En consecuencia, la entrada de un ente territorial a un acuerdo de reestructuración de pasivos, dada su situación económica, por “…sus desórdenes administrativos y financieros, no viabiliza el desconocimiento de sus acreencias, ni le permite castigar al trabajador que prestó sus servicios y que pretende protegido por las normas constitucionales y legales, el pago oportuno de sus cesantías, cuyo derecho nace justamente cuando su labor ha finalizado y se encuentra desprotegido de las prebendas laborales y necesita con más urgencia esos recursos hasta su reactivación laboral o económica.

Lo más osado en materia laboral de la Ley 550 de 1999, es permitir la suspensión de algunas prerrogativas laborales, mas no su desconocimiento como ya se señaló, por el contrario, está en el deber de reconocer las obligaciones pre-existentes y las que se causen a partir del acuerdo; no obstante, debe advertirse que estos pasivos pueden ser objeto de una negociación individual o colectiva, conforme a la situación personal del trabajador, vale decir, si es o no sindicalizado.

Finalmente, en el tema puntual es importante recalcar que en los procedimientos de reestructuración de pasivos, todos los acreedores deben hacerse presentes para hacer valer sus derechos, concretar la cuantía de sus acreencias, para en caso de inconformidad objetarlas, porque de lo contrario, estas adquieren firmeza. Y debe ser así, porque no se puede mantener indefinidamente abierto un acuerdo de reestructuración ya que no tendría fin, ni se lograría el objetivo principal, que es el devolver la viabilidad financiera a la entidad.

(…).

En ese orden de ideas, dado que la liquidación de cesantías se hizo el 1º de enero de 1999 y el acuerdo de reestructuración de pasivos quedó en firme el 3 de abril de 2002, sin que el actor reparara su cuantía por la no inclusión de la sanción moratoria, la Sala reconocerá la indemnización solicitada al señor Decio Angulo hasta esa fecha, como ya se dijo, por no haber hecho ninguna reclamación de su monto ante el Alcalde del Municipio de Buenaventura, en su oportunidad legal.

33 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, sentencia de 10 de 2011, rad. 08001-23-31-000-2005-02156-01(0910-10), Actor: Fabio Guerrero Salgado.

34 Código de Procedimiento Civil. ART. 357.—Competencia del superior. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, liquidar costas y decretar copias y desgloses. Si el superior observa que en la actuación ante el inferior se incurrió en causal de nulidad que no fuere objeto de la apelación, procederá en la forma prevista en el artículo 145. Para estos fines el superior podrá solicitar las copias adicionales y los informes del inferior que estime conveniente. Cuando se hubiere apelado de una sentencia inhibitoria y la revocare el superior, éste deberá proferir decisión de mérito aun cuando fuere desfavorable al apelante.

35 Código Contencioso Administrativo. ART. 267.—En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo.

36 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, M.P. Luis Javier Osorio López, rad. 35414, sentencia de 21 de abril de 2009. Ver también: sentencia del 21 de abril de 2004, rad. 22448 y de 11 de julio de 2000, rad. 13.467.

37 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 21 de abril de 2004, rad. 22448.

38 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 26 de junio de 2008, Nº interno 2057-07, C.P. Gustavo Gómez Aranguren.

39 Sobre este punto la apelante Universidad del Atlántico, manifestó como justificante y a la vez indicativo de buena fe, el inicio de la negociación del acuerdo de restructuración y la posterior suscripción del acuerdo de restructuración de pasivos, pues señala que no se consignaron oportunamente las cesantías de la actora dado que eran acreencias anteriores al inicio de la negociación y que el acuerdo de restructuración implicó una renuncia tacita a cualquier sanción moratoria.

40 Información obtenida por Internet de la página de la Universidad del Atlántico.

41 Corte Constitucional, Sentencia C-1143 de 2001. M.P. Vladimiro Naranjo Meza.

42 Ver, entre otras, las sentencias de 27 de enero de 2011, exp. 1506 de 2008, Actor: Mauricio Russo Janica, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez y de 10 de febrero de 2011, exp. 0910-2010, Actor: Fabio Guerrero Salgado, M.P. Gustavo Gómez Aranguren.

43 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 1º de febrero de 2011, C.P. Gustavo Gómez Aranguren.

44 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 15 de septiembre de 2011, radicado interno (2005-2009).

45 Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, sentencias del 12 de octubre de 2004 y 13 de septiembre de 2006, radicados 23794 y 26327, respectivamente, en las cuales se insistió en lo expuesto en casación del 19 de febrero de 1997, radicación 8202.

46 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, M.P. Luis Javier Osorio López, sentencia de 24 de agosto de 2010, rad. 34393, Acta 30.