Sentencia 20085 de abril 20 de 2005 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 27

Magistrado Ponente:

Dr. Mauro Solarte Portilla

Bogotá, D.C., veinte de abril de dos mil cinco.

Asunto

Por impugnación del apoderado del accionante José Juan Duque Cardona, revisa la Sala el fallo del 1º de marzo anterior mediante el cual la Sala de Casación Laboral, negó la solicitud de amparo que reclama para el derecho fundamental al debido proceso, el cual asegura, vulneraron la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.

Fundamentos de la acción

En la sentencia recurrida la Sala de Casación Laboral los resume en la siguiente forma:

“Para obtener la protección del derecho fundamental al debido proceso, el señor Juan José Duque Cardona mediante apoderado instauró acción de tutela contra los mencionados despachos judiciales.

Pretende obtener la “nulidad absoluta” de las providencias de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, de fecha 28 de junio de 2004 y de la Sala de Casación Civil, de 9 de agosto del mismo año, con fundamento en los hechos que a continuación se resumen:

Que como consecuencia de la tutela instaurada por Beatriz Duque de Herrera, quien obró como agente oficiosa de Carmen Duque Callejas, el Tribunal Superior de Bogotá y la Sala de Casación Civil de la Corte, tutelaron “equivocadamente” el derecho pretendido “sin tener en cuenta la extinción del derecho accionado”; que inexplicablemente se ordenó “Ultra y extra petita”, no registrar en el correspondiente folio dematrícula inmobiliaria el derecho de propiedad reconocido mediante sentencia ejecutoriada a Juan José (sic) Duque Cardona; que se anulara la inscripción en caso de haberse realizado, “sin el menor respeto por el derecho de propiedad adjudicado”; que sin estar pedido en la acción de tutela, se dispuso que (la) accionante “tenía que ejercer la acción de petición de herencia” no obstante estar extinguida por prescripción; que las providencias demandadas son inconstitucionales y atropellan los derechos de propiedad (C.N., art. 58), debido proceso (C.N., art. 29) y derecho de defensa (C.N. inc. 2º art. 29).

Hace un análisis de las normas sustanciales y procedimentales presuntamente desconocidas e insiste en que no se acreditó la supervivencia de Carmenza Duque Callejas y por la ausencia de tal presupuesto, las providencias deben declararse nulas y reconocer la viabilidad de esta acción”.

La decisión impugnada.

La Sala de Casación Laboral al asumir el conocimiento de este asunto, ordenó vincular como terceros con interés al Juez Quinto de Familia de Bogotá y a Beatriz Duque de Herrera.

Al decidir de fondo la solicitud de amparo declaró que resultaba improcedente en este asunto, porque la acción de tutela no es útil cuando lo que se persigue es dejar sin validez sentencias o providencias judiciales, pues dicho propósito contraría los principios superiores de cosa juzgada e independencia y autonomía judiciales.

El peticionario impugnó esta decisión sin exponer, en forma oportuna, las razones de la inconformidad.

Consideraciones de la Corte.

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela está concebida para proteger los derechos fundamentales de la persona, cuando sean vulnerados o amenazados por acción u omisión de cualquier autoridad pública, siempre que el interesado no cuente con otros medios de defensa judicial.

En diversas oportunidades la Corte ha juzgado que la tutela no procede contra decisiones judiciales, porque estas gozan de la presunción doble de acierto y legalidad, de tal manera que solo es viable la intervención del juez constitucional cuando el funcionario ha actuado arbitraria o caprichosamente, contrariando con su decisión los preceptos legales, es decir, cuando sus providencias constituyen vía de hecho.

Basta reparar los hechos que motivaron a la señora Beatriz Duque de Herrera a presentar la acción de tutela que sirve de origen a esta actuación, y las razones que atendieron la Sala de Familia del tribunal y la Sala de Casación Civil de la Corte, para concluir que los fallos atacados no constituyen vía de hecho, de modo que no puede ser vulnerados mediante este extraordinario mecanismo, imponiéndose así la confirmación del fallo recurrido.

La Sala Civil de la Corte precisó los fundamentos de esa acción indicando que “La interdicta Carmen Emilia Duque Callejas, por intermedio de su hermana Beatriz Duque de Herrera, solicitó la protección de los derechos al debido proceso y a la igualdad, porque dentro del proceso de sucesión de su tío Julio Duque Baena, que se adelanta ante el Juzgado Quinto de Familia de Bogotá, José Juan Duque Cardona se abstuvo de poner en conocimiento al juzgado la existencia de un usufructo que el causante había constituido a favor de la incapaz para procurar su subsistencia e hizo incurrir al juzgado en error al adjudicarle la totalidad de los bienes relictos, en grave desmedro de los derechos fundamentales invocados por la peticionaria.

La accionante solicitó el amparo constitucional como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, porque el secuestro previo decretado en el proceso de sucesión, le imposibilita percibir los arrendamientos del inmueble, de los cuales deriva su sustento, tal privación pone en peligro los derechos de la salud, vivienda digna y vida, pues se encuentra en situación de indefensión al carecer de “guardadora legítima” ante la muerte de su madre Ana Callejas Puerta viuda de Duque”.

Importa destacar, además, que José Juan Duque Cardona promovió el proceso de sucesión a ciencia y paciencia del conocimiento que le asistía de la existencia de su prima la incapaz Carmen Emilia (o Carmenza) Duque Callejas, de quien no dijo nada en el libelo de petición de herencia, omisión que resulta inexplicable si se tiene en cuenta que su tío, el causante, también lo designó legatario en la misma escritura públicaconlaqueestablecióelusufructovitaliciode la casa quedenunció como bien relicto, es decir, la número 73-45 de la carrera 15 de Bogotá.

Resulta también de importancia referir a la imposibilidad que enfrentó Beatriz Duque de Herrera para defender los derechos de su hermana Carmen, pues, consignó en la solicitud de amparo: “Al carecer de guardadora legítima, Carmen Emilia no pudo ni ha podido defenderse por su incapacidad mental y porque el proceso se adelantó ocultándosenos a tal punto que conocimos de su existencia 6 meses después de fallado y como si lo anterior fuera poco la juez 5ª de familia se ha negado a escucharnos... aunque en el transcurso de la diligencia de secuestro, antes del cierre de la misma, gracias al aviso oportuno del arrendatario me hice presente para oponerme y defender los derechos de mi hermana incapaz no se me permitió la intervención... El juzgado 5º de familia omitió vigilar y exigir el cumplimiento del secuestro previo de la casa decretado desde el 22 de abril de 2003, permitiendo que este se practicara hasta después de fallado el proceso y por lo tanto aprobado el trabajo de partición, negándole así el derecho de defensa y vulnerando el debido proceso de mi hermana interdicta”.

Frente a tamaña monstruosidad el tribunal accionado, dejando a salvo la labor del juez quinto de familia quien adelantó la actuación y adoptó las decisiones respectivas según los hechos que se le expusieron, pues supo de la existencia del testamento aproximadamente seis (6) meses después de concluido el proceso, frente a lo cual solo pudo disponer la investigación penal del heredero que inició el proceso. Decretó las medidas requeridas en orden a restablecer los derechos de la interdicta ofendida, ante la gravedad de la amenaza y por ser inaplazable la protección de cara al inciso final del artículo 13 superior que impone al Estado proteger a aquellas personas que se encuentre en circunstancias de debilidad manifiesta, sancionando los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

Por esa razón, además de conceder el amparo requerido, dispuso las medidas requeridas para la protección de la incapaz: que dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria del fallo, se iniciaran por la accionante las actuaciones indispensables para solicitar laguarda provisoria de su hermana, pues en ese momento carecía de guardador. Obtenida la guarda, dentro de los quincedías siguientes a la designación, adelantar el respectivo proceso de petición de herencia o legado, según sea el caso, y dentro de este solicitar todas las medidas cautelares respecto de los bienes que se persigan y los frutos que produzcan.

Además, ordenó al juez accionado que, para salvaguardar los derechos de la incapaz, se abstuviera de librar oficios a la oficina de registro de instrumentos públicos o, en su defecto, ordenar la cancelación de la inscripción de la decisión en virtud de la cual se había conferido la propiedad del inmueble como consecuencia del proceso de sucesión adelantado por José Juan Duque Cardona.

Lo anterior a fin de contrarrestar el peligro de la enajenación de los bienes por parte del referido heredero y para evitar los problemas que se generarían para la interdicta y los terceros con tal acto.

Para la Sala de Casación Civil de la Corte no constituyó dificultad la necesidad de confirmar el fallo pues “El presente es un caso en que el riesgo para la incapaz es inminente y su protección constitucional inaplazable, porque su sustento lo deriva del usufructo del inmueble de la carrera 15 Nº 73-45 de esta ciudad, derecho real que le había sido otorgado por voluntad de su tío y que el adjudicatario sucesoral pretende desconocer por el paso del tiempo, sin paramientes en que la condición especial del derecho constituido determinó su carácter de vitalicio, es decir, mientras viva la usufructuaria”.

Los argumentos jurídicos de las corporaciones accionadas son refractarios, a la arbitrariedad, de modo que los deleznables argumentos del actor acerca de la existencia de una vía de hecho en este asunto, carecen de sentido, sobre todo cuando se dirigen a sostener que el amparo concedido a Carmen Emilia Duque Callejas afecta el derecho de propiedad reconocido mediante sentencia judicial, cuando está visto que existen serios elementos de juicio para sostener que al juez quinto de familia se le hizo incurrir en error, al ocultarse la existencia de la usufructuaria y sucesora del de cujus.

Así las cosas, como en este asunto no se observa la existencia de una vía de hecho, presupuesto indispensable de la acción de tutela contra decisiones judiciales, resulta improcedente por lo cual se impone la confirmación del fallo recurrido.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Confirmar la sentencia impugnada.

2. En firme esta providencia, sométase a la eventual revisión de la Corte Constitucional.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Marina Pulido de Barón—Sigifredo Espinosa Pérez—Herman Galán Castellanos—Alfredo Gómez Quintero—Édgar Lombana Trujillo—Álvaro Orlando Pérez Pinzón—Jorge Luis Quintero Milanés—Yesid Ramírez Bastidas—Mauro Solarte Portilla.

Teresa Ruiz Núñez, Secretaria.

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