Sentencia 2009-00002/40577 de octubre 12 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Expediente: 40577

Radicación: 20001-23-31-000-2009-00002-02

Actor: JACC y otros

Demandados: La Nación - Fiscalía General de la Nación y otros

Naturaleza: Reparación directa

Descriptores: Privación injusta de la libertad. Ausencia de dolo o culpa grave civil.

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz Del Castillo

Bogotá D.C., doce de octubre de dos mil diecisiete.

Nota: Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Presupuestos procesales de la acción.

1.1. Competencia.

Esta corporación es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la Nación — Fiscalía General de la Nación, en proceso de doble instancia, fallado por el Tribunal Administrativo del Cesar, tal como lo dispone el artículo 129 del C.C.A., habida cuenta de la naturaleza del asunto, actividad que debe ser juzgada bajo los parámetros establecidos en el artículo 90 de la Constitución Política y la Ley 270 de 1996 —Estatutaria de la Administración de Justicia—, tal como lo definió la jurisprudencia de esta corporación.

En efecto, sobre el particular la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, desde el 9 de septiembre de 2008, tiene sentado que, en aplicación de los artículos 73 de la Ley 270 de 1996 y 31 constitucional, la primera instancia de los procesos de reparación directa fundamentados en error judicial, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, iniciados en vigencia de dicha ley, se tramitan en primera instancia ante los tribunales contencioso administrativos y en segunda instancia ante esta corporación.

1.2. Caducidad.

De conformidad con lo previsto en el artículo 136 del C.C.A., la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir “del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

En el presente caso, la pretensión resarcitoria tiene que ver con la privación de la libertad de que fueron objeto los señores JACC, GMB, ADDM y MMA, entre el 19 y 30 de mayo de 2006. En la jurisprudencia de esta corporación es pacífica la premisa según la cual el término bienal de caducidad de la acción de reparación directa, previsto en el artículo 136 del C.C.A., debe computarse desde el día siguiente a “la ejecutoria de la providencia judicial que determina la inexistencia del fundamento jurídico que justificaba la decisión”. Para el caso concreto, la providencia que precluyó la investigación a favor de los demandantes quedó ejecutoriada el 11 de septiembre de 2006(1) y la demanda fue presentada el día 20 de septiembre de 2007, por lo cual no se había cumplido el término de caducidad de la acción consagrado en el artículo 136 del C.C.A.

2. Hechos probados.

2.1. El señor JACC es (i) cónyuge de NJF; (ii) padre de DJCJ y (iii) hermano de JA, M, Y, F y BCC (copias de registros civiles de matrimonio y de nacimiento - fls. 3, 5, 6, 9, 12, 15, 17 y 19, c. 1).

2.2. El señor GMB es: (i) hijo de CB; (ii) cónyuge de GHS; (iii) padre de NO, GJ y HGMH y (iv) hermano de M, CI, J, E y YMB (copias de registro civiles de matrimonio y de nacimiento - fls. 23, 24, 25, 26, 27, 32, 35, 38 y 44, c. 1).

2.3. El señor MMA es: (i) hijo de AEAC y (ii) hermano de LEMA y DC(2) (copias de registro civiles de nacimiento - fls. 47, 52 y 54, c. 1).

2.4. La señora ADDM es: (i) madre de LLSD; (ii) hermana de KDM y (iii) compañera permanente de MFO (copias de registro civiles de nacimiento y testimonios rendidos, entre otros, por los señores JPGR, AAMP y CPN, - fls. 57, 58 y 63, c. 1 y 2083, 2085 y 2088, c. 3).

2.5. El 19 de mayo de 2006, fueron capturados los señores JACC, GMB, ADDM y MMA, por miembros de la Sijín de la Policía Nacional, Regional Cesar (Cesar), por orden impartida por la Fiscalía novena seccional URI de Valledupar, por la posible comisión del punible de rebelión, con base en el informe policivo 238 del 18 de mayo de la misma anualidad, suscrito por el subintendente WMVG, en el que se les identificó e individualizó como presuntos miembros milicianos del Frente 41 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - FARC (copia del informe 238 y de las órdenes de captura - fls. 64-111 y 121-127, respectivamente).

2.6. En el mentado informe policivo se puso de presente que en las labores de inteligencia adelantadas se contó con el testimonio del señor PJMS, desmovilizado del Frente 41 de las FARC, quien brindó información acerca de una posible comisión de un atentado terrorista en la ciudad de Valledupar cuyo material explosivo y de intendencia habría sido ocultado en el corregimiento de San José de Oriente, lugar de residencia de los cuatro detenidos. En el informe de entrevista realizada al señor MS(3), en lo que tiene que ver con las personas privadas de la libertad, se lee:

Alias LM o AD, es miliciana del Frente 41 de las FARC es de estatura alta tez blanca tiene dos lunares en la cara parte derecha es de tez blanca, ella es la encargada de realizar inteligencia en el corregimiento de San José de oriente y avisar la presencia del Ejército a los comandantes de las FARC es de confianza de alias R.

[Refiriéndose al señor JACC] NN alias C este señor es de característica de estatura 170 aproximado, tez morena es miliciano del Frente 41 de las FARC encargado del cobro de vacunas extorsivas en la región es el que le baja a la ciudad de Valledupar al Frente 41, la heroína.

Y, en documento anexo al informe 238 del 18 de mayo de 2006, “Orden de batalla Frente 41 de las FARC”:

Alias CH o MB, este sujeto se tiene conocimiento que es de Táchira Norte de Santander el miliciano del Frente 41 de las FARC y es hombre de confianza de R y de W o alias CQ frecuenta el corregimiento de San José de oriente y en camioneta en varias ocasiones ha bajado explosivos a la ciudad de Valledupar.

[...]

MM alias M es natural de Pailitas Cesar pertenece a las milicias del Frente 41 de las FARC y frecuenta el municipio de San José de Oriente.

2.7. El 30 de mayo de 2006, la Fiscalía novena seccional URI de Valledupar, resolvió la situación jurídica de los señores CCH, MB, DM y MA, en el sentido de abstenerse de decretar medida de aseguramiento de detención preventiva, en su lugar dispuso, previa suscripción de acta de compromiso, la presentación de los sindicados a la Fiscalía cuando se les citara.

En consecuencia, ordenó su libertad inmediata (copias de la providencia del 30 de mayo de 2006 y de la orden de libertad, proferidas por la Fiscalía novena seccional URI de Valledupar - fls. 770-776, c. 2). Consideró el ente acusador:

Es un hecho notorio y de público conocimiento, que el Gobierno Nacional ha prometido recompensa a todas aquellas personas que colaboren señalando a los cabecillas miembros de la subversión, y además que con ocasión del programa de reinserción se han obtenido muchas entregas voluntarias, pero también muchos señalamientos injustos o sin fundamento, con el afán de recibir prebendas como son beneficios de tipo económico, lo que induce que la persone declare o haga afirmaciones esperando recompensas.

Este testimonio así carece de toda credibilidad, y según las reglas de la sana crítica no se puede tener como fundamento para afectar una situación jurídica con medida de aseguramiento, y menos si está insular dentro del infolio, por cuanto no está corroborada por otro medio probatorio legal, todo lo contrario obran en el infolio declaraciones y escritos donde apoyan a los imputados como personas trabajadoras, campesinos de la región que nada tienen que ver con la subversión, que son personas reconocidas en la región como trabajadoras y que no han tenido ni tienen vínculos con grupos al margen de la ley, denominadas GUERRILLA COLOMBIANA, testimonios como el de la corregidora de San José de Oriente señora EAQ, por la señora SMMF, quien trabaja en enlace municipal de Familias en Acción, y otras personas más que declararon bajo la gravedad del juramento que conocen a los sumariados y que no les consta que tengan vínculos con la subversión.

En consecuencia de lo anterior, comoquiera que solamente contamos con el testimonio insular del desmovilizado de la guerrilla PJM, que no es suficiente para edificar en dicho testimonio una medida de aseguramiento, por consiguiente se hace necesario que este despacho se abstenga de afectar la situación jurídica de los sindicados.

2.8. Posteriormente, el 29 de agosto de 2006, la Fiscalía veintitrés seccional de Valledupar precluyó la investigación, para el efecto reiteró los argumentos esbozados por la Fiscalía novena seccional URI de Valledupar, esto es, que en el proceso no obraban elementos de convicción suficientes que lograran desvirtuar la inocencia de los implicados, por cuanto únicamente se contaba con el testimonio del señor MS. La decisión quedó ejecutoriada el 11 de septiembre siguiente (copia de la providencia del 29 de agosto de 2006, proferida por la Fiscalía veintitrés seccional de Valledupar - fls. 814-818, c. 2 y copia de constancia de ejecutoria de la última providencia mencionada - fls. 386, c. 1 y 822, c. 2).

2.9. Los señores JACC, GMB, ADDM y MMA estuvieron privados de la libertad entre el 19 y 30 de mayo de 2006, esto es, durante once (11) días (copia del informe 366 del 20 de mayo de 2006, mediante el cual el subintendente ACP los dejó a disposición de la Fiscalía novena seccional URI de Valledupar, en el que fueron anexadas las actas de derechos de los capturados suscritas el 19 de mayo anterior - fls. 121-123, c. 1 y copia de orden de libertad 1059, del 30 de mayo de 2006 - fls. 776, c. 2).

3. Problema jurídico.

Procede la Sala a determinar si en el presente caso se estructura la responsabilidad patrimonial extracontractual de la Nación - Fiscalía General de la Nación, como consecuencia de la privación de la libertad de que fueron objeto los señores JACC, GMB, ADDM y MMA. Para tal efecto, deberá establecerse si la detención de los demandantes, a quienes les fue precluida la investigación adelantada en su contra por el punible de rebelión, comporta un daño antijurídico imputable a la accionada.

Al tiempo deberá determinarse el derecho a la reparación, esto es, establecer si actuaron conforme a sus deberes constitucionales.

4. Análisis de responsabilidad.

De conformidad con los hechos probados, se tiene por demostrado el daño invocado por la parte actora y la antijuridicidad, es decir, está debidamente acreditado que los señores JACC, GMB, ADDM y MMA estuvieron privados de su libertad, a órdenes de la Fiscalía General de la Nación, entre el 19 y 30 de mayo de 2006 y que su presunción de inocencia no fue desvirtuada.

Esto es, aprecia la Sala que la privación de la libertad de los señores CCH, MB, DM y MA comporta un daño que los afectados y sus familias no tendrían que soportar, en cuanto la privación de la libertad solo la justifica la condena por delitos que prevean la sanción. Daño que, conforme a las reglas de la experiencia, se infiere de las relaciones afectivas, siendo la más clara la de parentesco. Al respecto, vale reiterar que el reconocimiento del perjuicio moral, exige que quien lo sufre aporte elementos de convicción que den lugar a su demostración (art. 177 C.P.C.)(4).

En lo que tiene que ver con la imputación, se tiene que el fundamento normativo de la responsabilidad del Estado se sustenta en el artículo 90 constitucional y que el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 previó:

“ART. 414.—Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiese sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave (subrayas fuera de texto)”.

Ahora, no obstante su derogatoria, esta corporación ha considerado que sus previsiones en cuanto responden al mandato constitucional no perdieron vigencia. Esto es, el Estado deberá responder, en principio, cuando (i) el hecho no existió, (ii) el sindicado no lo cometió o (iii) los hechos no constituían conducta punible.

Acorde con la decisión del juez natural:

(…) quien hubiera sido sometido a medida de aseguramiento de detención preventiva, pero finalmente hubiera sido exonerado de responsabilidad mediante sentencia absolutoria definitiva o su equivalente(5)[18], con fundamento en que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, tiene derecho a la indemnización de los perjuicios que dicha medida le hubiera causado, sin necesidad de acreditar que la misma fue ilegal, errada, o arbitraria, dado que en dicha norma el legislador calificó a priori la detención preventiva como injusta.

En otros términos, cuando en la decisión penal definitiva favorable al sindicado, el juez concluye que las pruebas que obran en el expediente le dan certeza de que el hecho no existió, o de que de haber existido, no era constitutivo de hecho punible, o de que el sindicado no fue el autor del mismo, la medida de aseguramiento de detención preventiva que en razón de ese proceso se le hubiera impuesto deviene injusta y por lo tanto, habrá lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que la misma le hubiera causado, tanto al sindicado, como a todas las demás personas que demuestren haber sido afectadas con ese hecho, sin que para llegar a esa conclusión, en los precisos términos del último aparte de la norma citada, se requiera realizar ninguna otra indagación sobre la legalidad de la medida de aseguramiento que le fue impuesta a aquél”(6).

En este mismo sentido, en la Sección no ha habido resistencia para concebir la responsabilidad estatal en los casos antes referidos, inclusive, en vigencia de la Ley 270 de 1996 y de la Ley 600 de 2000 —como sucede en el caso sub-exámine, en el que la orden de captura y, en consecuencia, la detención se produjeron en vigencia de las mencionadas leyes—, pero no como aplicación ultractiva del referido Decreto 2700 de 1991, como lo quiere hacer ver el recurrente, sino de los supuestos previstos en él, los cuales, en todo caso, sólo son desarrollos del artículo 90 de la Constitución Política de 1991.

Así las cosas, la Sala entiende que, aunque la captura se haya impuesto con fundamento en uno o más indicios graves de responsabilidad, si la actividad probatoria no da lugar a desvirtuar la presunción de inocencia, no se estaría ante una duda razonable, sino más exactamente ante falta de prueba del hecho, de la conducta o de su punibilidad(7).

Es que la privación de la libertad demanda una investigación eficiente, proclive a respetar el derecho constitucional fundamental del sindicado, por lo que si el Estado no obstante la inocencia, lo privó de su libertad, debe responder por los perjuicios ocasionados.

Cabe además señalar que la valoración de la sentencia penal absolutoria o su equivalente comporta la aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas (art. 228 superior), en el entendido de que independientemente de las razones que se consignen en la providencia para justificar la decisión, ya sea con fundamento expreso de algunas de los eventos inicialmente previstos en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991(8) o del in dubio pro reo, se habrá de contrastar dicha providencia con las conclusiones a las que resulten de la lectura atenta del expediente, es decir, corresponde verificar si la decisión absolutoria que se apoya en un in dubio pro reo, oculta una de las causales establecidas en el artículo 414 ibídem.

De igual forma, en consonancia con la posición mayoritaria, reiterada y asumida por la Sección Tercera del Consejo de Estado(9), la extensión del radio de protección del derecho fundamental a la libertad ha supuesto la declaración de la responsabilidad del Estado por la detención preventiva ordenada por autoridad competente, frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico, aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio universal in dubio pro reo, de suerte que:

(…) aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que éste no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos —cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de detención preventiva—(10) (se destaca).

Como puede observarse, dentro de la regla general consolidada jurisprudencialmente, la responsabilidad de la administración por la privación injusta de la libertad ha sido desarrollada de tal manera que, a menos que la víctima no tenga derecho a la reparación, porque actuó con culpa grave o dolo civil, o en los términos del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuando “se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido” la reparación deberá ordenarse.

En ese orden de ideas, en casos como el sub-judice, el derecho a la reparación deberá resolverse en los términos de la Ley 270 de 1996 y particularmente en aplicación de los artículos 2º, 83 y 95 constitucionales, a efectos de descartar la culpa grave o el dolo civil.

De conformidad con las disposiciones de los artículos 28 y 250 constitucionales, la privación de la libertad procede por hechos imputables que revistan las características de delito, siempre que suficientes motivos y circunstancias fácticas indiquen su existencia, conforme un juicio de regulación y competencia estricta y excluyente, sin que de esto se siga que los deberes de corrección se agoten o subsuman en acciones típicas, antijurídicas y culpables.

Siendo así, la responsabilidad patrimonial por la privación de la libertad se estructura a la luz de un juicio autónomo, complejo, sobre una misma unidad fáctica, en cuanto, a partir de la investigación penal considerada en su conjunto y al margen de la configuración del delito que no es objeto del proceso de reparación, al juez de la responsabilidad patrimonial le corresponde determinar si i) la investigación en la que se impusieron las medidas de aseguramiento invocadas como fundamento de la reparación demandada concluyó con decisión favorable a la víctima porque el Estado, en ejercicio del ius puniendi, no logró desvirtuar la presunción de inocencia y ii) valorar los hechos o actuaciones que comprometieron al actor la investigación. Esto último porque las víctimas no pueden alegar, en pro de la reparación, su propia culpa.

En esas circunstancias, comoquiera que la causa petendi de la reparación del daño comprende particularmente la privación de la libertad, los juicios no se confunden. Ello es así, en tanto la unidad fáctica sobre la que se estructura la responsabilidad por la privación injusta de la libertad, con la investigación penal, se limita a los hechos o actuaciones que comprometieron al actor en reparación.

En este orden de ideas, acorde con el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, acreditada la culpa grave o el dolo civil de la víctima, es claro que se impone al juez de la responsabilidad proferir sentencia adversa a sus pretensiones, al margen de la presunción de inocencia y los imperativos de legalidad, juez natural, favorabilidad y non bis in ídem.

Lo anterior, encuentra su fundamento en los artículos 90 y 95 constitucionales, 65, 68 y 70 de la Ley 270 de 1996 que sujetan la responsabilidad patrimonial por la privación de la libertad no solo a la absolución o preclusión con que se favoreció al privado de la libertad, sino también a la exigencia de que la víctima no haya actuado de manera dolosa o gravemente culposa —entendido, como es natural, desde una perspectiva netamente civil—. Lo anterior, al tenor de las disposiciones especiales que, desde la Constitución Política y la Ley Estatutaria de la Justicia, disciplinan la materia, no resulta posible recibir indemnización al margen de la culpa grave o dolo.

Así, retomando el caso en estudio y con las aclaraciones antes señaladas, acreditado el daño y su antijuridicidad, vale poner de presente que no existe ningún medio de prueba en el expediente que permita inferir, al menos indiciariamente, que los señores JACC, MMA, ADDM y GMB actuaron de manera dolosa o gravemente culposa, tampoco reprobar su colaboración con la administración de justicia desde la diligencia de indagatoria(11). Esto es así porque refirieron de manera clara y precisa sus actividades cotidianas. En efecto, se lee de lo expuesto en las diligencias (copia de las diligencias de indagatorias rendidas por los privados de la libertad - fls. 141-143, 154-156, 168-171 y 189-190, c. 1, respectivamente).

JACCH:

[...] PREGUNTADO. Diga al despacho si sabe los motivos por los cuales se encuentra rindiendo esta indagatoria. CONTESTÓ. doctora, sinceramente por qué, si yo no tengo ninguna clase de problemas con nadie, soy un ciudadano conocido donde vivo, allá en San José de Oriente, soy natural de allá, mi familia es de allá, yo siempre he vivido allá, y ahora tengo un negocito pequeño, consiste en venta de comidas, comida corriente, se llama Restaurante D, el nombre de mi hijo, es un pequeñito local con 3 mesitas plásticas, vendo comida corriente, desayuno, almuerzo y comida, lo abro a las 6:00 de la mañana y lo cierro por ahí tipo 8: de la noche, eso queda ahí en la calle central de San José de Oriente. PREGUNTADO. Diga al despacho si usted ha tenido o tiene vínculos con la subversión, más exactamente con el Frente 41 de las FARC. CONTESTÓ. Doctora a pesar de que yo he vivido allá, nunca en mi vida he tenido ninguna clase de vínculos con ningún grupo, llámese como se llame, prueba de esto es la voz del pueblo, el restaurante tengo aproximadamente unos 3 años, siempre he buscado la forma de sostenerme honradamente, eso fue lo que me enseñó mi papá (sic).

MMA:

[...] PREGUNTADO. Diga al despacho si sabe los motivos por los cuales se encuentra rindiendo esta indagatoria. CONTESTÓ. No tengo ni idea porque me encuentro acá, si yo solamente me dedico a mi trabajo, yo trabajo en una tienda en San José de Oriente, soy tendero, yo trabajo solo, la tienda es de mi hermano se llama PP, queda en San José de Oriente, yo la administro hacen como 6 años. PREGUNTADO. Diga al despacho si usted tiene vínculos o relaciones con los miembros de las FARC, más concretamente con el Frente 41 de las FARC. CONTESTÓ. NO nunca, es que yo siempre he estado en mi trabajo, nunca pendiente a ninguno de esa gente, no.

ADDM:

[...] PREGUNTADO. Diga al despacho si sabe los motivos por los cuales se encuentra rindiendo esta indagatoria. En caso afirmativo haga un relato de los hechos. CONTESTÓ. Realmente no sabría decirle, a mí se me notificó en el momento en que llegué que me traían por REBELIÓN, pero tengo absoluta fe que eso no es mi trabajo, ni mis funciones diarias, a mí me conocen muchas personas de San José de Oriente donde vivo, que pueden dar absoluta fe de quien soy y en que me desempeño. PREGUNTADO. Diga al despacho a que se dedica usted, qué hace y desde cuándo. CONTESTÓ. O sea, mi trabajo es mi SAI, a partir de las 6:00 a.m., es un SAI pequeño y una fotocopiadora, lo tengo desde hace 3 años y medio y estoy en San José de Oriente, lo tengo en Betania, ahí en San José de Oriente, eso queda por la entrada de Manaure hay una y, a San José y Betania, los separa el río. [...] PREGUNTADO. Según consta en autos usted desde el SAI colabora con la subversión más exactamente con el Frente 41 de las FARC, que tiene que decir al respecto. CONTESTÓ. De ninguna manera, eso es una vil calumnia, porque yo tengo muchos testigos que me conocen, que pueden dar fe de mi honorabilidad como persona y de mi integridad como ser humano, que no me permite prestarme para ese tipo de malas informaciones o delitos, eso no es cierto.

Y, finalmente, GMB:

[...] PREGUNTADO. Diga al despacho si sabe los motivos por los cuales se encuentra rindiendo esta indagatoria en caso afirmativo haga un relato de los hechos. CONTESTÓ. No doctora le verdad es que no sé, yo quisiera que fueran más justos los de la Sijín y que averiguaran bien las cosas, que no se guíen por las informaciones, no con palabras sino con hechos, que se cercioraran porque me han perjudicado, yo tengo familia que trabajan con el Estado y estoy apenado, si hubieran hecho un procedimiento o seguimiento con esas informaciones hubiera sido con pruebas, mi familia está enferma porque salimos incluso en la televisión, tenemos familias que son hasta policías y están apenados, la familia, mis amigos, todos preocupados, quisiera pedir más justicia y no publicar a uno así, sino averiguar bien, con hechos no con palabras cualquier sinvergüenza lo puede mal informar a uno y no debería ser así, primero averiguar y ser más justos. Yo tengo un poco de firmas que me respaldan, gente que me conoce que soy una persona de bien, que no ando en vainas raras ni nada de eso, y además fotocopia de la tarjeta de conducta que soy reservista del Estado. PREGUNTADO. A usted según consta en autos lo sindican de pertenecer a las milicias urbanas de las FARC, Frente 41 de las FARC, que es la persona encargada de transportar a las personas que llegan de otro municipio hacia el corregimiento de San José de Oriente a entrevistarse con el comandante del frente, y usted es de una confianza con alias R, que tiene que decir al respecto. CONTESTÓ. Eso es totalmente falso, yo a ese R ni lo conozco, lo he escuchado mencionar pero no lo conozco, eso es una calumnia, yo trabajo para una finca en la vereda El Tambo, eso queda a media hora de San José de Oriente, transportó hago una línea eso es lo sábados y domingos, los días de semana trabajo en una finca más arriba de La Paz, denominada ER, ahí trabajo con DHS, es un cuñado, pero yo no hago transporte de guerrilleros ni nada de eso, es a la comunidad, es a la gente del pueblo que van para la finca, es gente de las fincas conocidas, trabajadores que me utilizan el servicio pero los fines de semana que ando en el carro camioneta de DH, es un cuñado mío, es una camioneta Toyota de estacas.

Lo expuesto por los privados de la libertad en las diligencias antes transcritas, además de ser claro y preciso, se acompasa con lo demostrado en el transcurso del proceso penal, esto es, que sus actividades cotidianas y de subsistencia, para la época en que fueron capturados eran las descritas, tal como lo advirtió el ente acusador en la providencia mediante la cual precluyó la investigación en su contra.

De lo que huelga concluir, que no existe prueba alguna en el plenario de la que se pueda establecer que los demandantes actuaron de manera dolosa o gravemente culposa, tampoco sobre su falta de colaboración con la justicia en el esclarecimiento de los hechos. En cambio, acreditado está, que los mismos estuvieron privados de la libertad durante un lapso de once días y que fueron absueltos de responsabilidad mediante resolución de preclusión de la investigación seguida en su contra, en tanto su presunción de inocencia no pudo ser desvirtuada.

5. Liquidación de perjuicios.

5.1. Perjuicios morales.

El Tribunal Administrativo del Cesar fijó como indemnización por los perjuicios morales sufridos por los demandantes, con ocasión de la privación injusta de la libertad a que fueron sometidos los señores JACC, GMB, ADDM y MMA, las siguientes sumas: (i) para cada uno de los privados de la libertad, (40 smlmv); (ii) para sus madres, señoras CB y AEAC (20 smlmv); (iii) para cada una de las cónyuges y compañero permanente, señores NJF; GHS y MFO (15 smlmv); (iv) para cada uno de sus hijos, DJCJ; LLSD y NO, GJ y HGMH (10 smlmv) y (v) para cada uno de los hermanos, JA, M,Y, F y BACCH; M, CI, J, E y YMB; LEMA y DC y KJDM (5 smlmv).

Al respecto, vale recordar, de acuerdo con el criterio que ha sido adoptado por la Sala Plena de esta Sección —sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, expediente 36.149—, cuando se demuestra el padecimiento de un perjuicio moral por privación injusta de la libertad en el primer nivel —caso de víctima directa, cónyuge o compañero permanente y parientes en el primer grado de consanguinidad (padres e hijos)—, se reconoce una indemnización equitativa, pues se da por sentado que, dadas las relaciones de parentesco o sentimentales, los mencionados parientes y los compañeros sentimentales sufren de igual manera que el privado de la libertad. En cuanto a los topes de indemnización, se fijaron, en la providencia de unificación, para el primer nivel, de acuerdo al número de meses por el que se haya prolongado la detención, así:

3
3
 

Ahora bien, como quedó acreditado, los señores JACC, GMB, ADDM y MMA estuvieron privados de la libertad durante un lapso de once (11) días por lo que, conforme al criterio antes expuesto se le reconocería a ellos, sus cónyuges, compañero permanente y madres la suma equivalente en pesos a quince (15) smlmv.

Por otra parte, por ser apelante único la Fiscalía General de la Nación, se confirmarán los valores reconocidos por este concepto en el fallo recurrido, para sus hijos y hermanos, dado que lo concedido resulta menor a lo procedente.

5.2. Perjuicios materiales.

5.2.1. Daño emergente.

En esta categoría de perjuicios, el Tribunal Administrativo del Cesar, amparó la suma de dos millones doscientos cincuenta y ocho mil quinientos cuarenta y dos de pesos ($ 2.258.542), para cada uno de los privados de la libertad, que resultó de actualizar hasta la fecha de la decisión, el valor de dos millones de pesos ($ 2.000.000), acreditada como pago de honorarios a profesionales del derecho por la defensa técnica dentro del trámite penal y con los actos de apoderamientos de los mismos que, contrario a lo señalado por el apelante, dan lugar a la vinculación jurídica que genera la prestación, sin necesidad de contrato de prestación de servicios. (Certificaciones y poderes visibles a folios - fls. 296, 392, 398 y 133, 134, 138, 139 y 374 c. 1).

Esta condena será confirmada y actualizada hasta la fecha de la presente providencia, con aplicación de la siguiente fórmula:

— Actualización de la renta:

R = Rh ipc(f)
 

Ra = Renta actualizada a establecer

Rh = Renta histórica, $ 2.258.542

Ipc (f) = Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 137,80 que es el correspondiente a septiembre de 2017, mes anterior al de la fecha de expedición de la presente sentencia.

Ipc (i) = Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, 103,78 que es el que correspondió al mes de marzo de 2010, mes anterior a en el que se profirió la sentencia de primera instancia

4
 

Conforme a lo expuesto, la indemnización por daño emergente, que en esta instancia se actualiza, asciende a la suma de tres millones cuatro mil trescientos cincuenta y dos pesos ($ 3.004.352), para cada uno de los señores JACC, GMB, ADDM y MMA.

5.2.2 Lucro cesante.

En cuanto a estos rubros, si bien, el Tribunal Administrativo del Cesar, amparó la suma de ciento ochenta y ocho mil ochocientos treinta tres pesos ($ 188.833), para cada uno de los señores CCH, MB, DM y MA, que resultó de la sumatoria del salario mínimo legal diario, por los once (11) días en que estuvieron privados de la libertad, para la fecha de expedición de esa sentencia, la Sala, sin perjuicios de la non reformatio in pejus, no actualizará el valor reconocido, sino, realizará de nuevo dicho cálculo con base en el salario mínimo legal mensual vigente, setecientos treinta y siete mil setecientos diecisiete pesos ($ 737.717). Lo que arroja un total de doscientos setenta mil cuatrocientos noventa y seis pesos ($ 270.496) para cada uno de los privados de la libertad por el término de 11 días.

7. Costas.

La Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de la parte demandada dentro del proceso, por lo que se abstendrá de condenar por ese concepto.

En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. Falla

MODIFICAR la sentencia del 22 de abril de 2010, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cesar, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones, la cual quedará así:

1. DECLARAR patrimonial y extracontractual responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación, de los perjuicios sufridos por los demandantes, con ocasión de la privación injusta de la libertad de los señores JACC, GMB, ADDM y MMA.

2. CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación, a pagar, por concepto de reparación de perjuicios morales, las sumas equivalentes en pesos a:

Nombre Salarios mínimos
legales mensuales
vigentes
JACC 15 smlmv
GMB 15 smlmv
ADDM 15 smlmv
MMA 15 smlmv
NJF 15 smlmv
CBM15 smlmv
GHS 15 smlmv
AE C 15 smlmv
MFO 15 smlmv
DJCJ 10 smlmv
NOMH 10 smlmv
GJMH 10 smlmv
HGMH 10 smlmv
LLSD 10 smlmv
JACCH 5 smlmv
MCCH 5 smlmv
YCCH 5 smlmv
FCCH 5 smlmv
BACCH 5 smlmv
MMB 5 smlmv
CIMB 5 smlmv
JMB 5 smlmv
EMB 5 smlmv
YMB 5 smlmv
LEMA 5 smlmv
DC 5 smlmv
KJDM 5 smlmv

3. CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación, a pagar, por concepto de daño emergente, la suma dos millones novecientos noventa y ocho mil novecientos doce pesos ($ 2.998.912), para cada uno de los señores JACC, GMB, ADDM y MMA.

4. CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación, a pagar, por concepto de lucro cesante, la suma de doscientos setenta mil cuatrocientos noventa y seis pesos ($ 270.496) para cada uno de los señores JACC, GMB, ADDM y MMA.

4.(sic) DENEGAR las demás pretensiones de la demanda, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

5. Sin condena en costas.

6. Expedir por Secretaría, copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, las cuales se entregarán a quien ha actuado como apoderado judicial.

7. La Nación - Fiscalía General de la Nación dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, en los términos indicados en los artículos 176 y 177 del C.C.A.

Cópiese, notifíquese, devuélvase y cúmplase».

1 Certificación visible a folio a folio 386 del cuaderno 1.

2 En este punto se hace necesario aclarar que, si bien la señora AE en el registro civil de nacimiento del señor MMA aparece con los apellidos AC y en el de la señora D, únicamente con el de C, se trata de la misma persona, atendiendo al número de cédula de ciudadanía.

3 Visible a folios 68-78 del cuaderno 1 del tribunal.

4 Sobre el particular, esta Sala en sentencia del 12 de mayo de 2011, Exp. 18902. C.P. Danilo Rojas Betancourth, señaló: “…la Sala tiene establecido que si se acredita el nexo de parentesco entre dos personas, también es posible inferir el perjuicio padecido indirectamente por una persona, debido al daño irrogado a un ser querido como víctima directa del actuar lesivo de la administración. Así las cosas, aun cuando en el expediente no existe prueba alguna que demuestre el daño moral padecido por el señor JAC, la Sala reconocerá una indemnización por concepto de dicho perjuicio, en la medida en que se infiere el daño sufrido por el demandante con ocasión de la privación de su libertad. Por la misma vía se reconocerán perjuicios morales a favor de la señora (…) pues, aunque tampoco se demostró el daño moral por ésta padecido por la privación de la libertad del señor JAC, sí quedó acreditado su parentesco con éste, razón por la cual la Sala infiere el perjuicio que sufrió la mencionada señora con ocasión de la detención de su cónyuge”.

5 [18] A juicio de la Sala, el derecho a la indemnización por detención preventiva debe ser el mismo cuando el proceso termine no sólo por sentencia absolutoria, sino anticipadamente por preclusión de la investigación (art. 443) o auto de cesación de procedimiento (art. 36), por cuanto éstas son decisiones equivalentes a aquélla para estos efectos. Ver, por ejemplo, sentencia de 14 de marzo y 4 de mayo de 2002, Exp. 12.076 y 13.038, respectivamente, y de 2 de mayo de 2002, Exp. 13.449.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2011. C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

7 Sentencia de esta misma Subsección, proferida el 6 de abril de 2011 dentro del expediente 19.225, con ponencia de la doctora Conto Díaz Del Castillo.

8 Ahora reconocidos por la jurisprudencia como desarrollo directo del artículo 90 constitucional.

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de junio de 2013, Exp. 31.033. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

10 Sentencia del 4 de diciembre de 2006, Exp. 13.168; sentencia del 2 de mayo de 2007, Exp. 15.463, reiteradas por esta Subsección en sentencia de mayo 26 de 2011, Exp. 20.299, entre otras.

11 Finalmente, en cuanto a las indagatorias rendidas por los encartados penales en el proceso de marras, se pone de presente que la Sala Plena de esta corporación y esta Sección, han dado valor a la indagatoria como medio probatorio en esta sede judicial, en la medida en que siendo esta una fuente de información de obligatoria recepción en los procesos penales, con individualidad propia en lo que tiene que ver con su práctica y contradicción, debe reconocérsele su mérito probatorio, como lo exigen los derechos fundamentales de acceso a la justicia y a probar, los principios de prevalencia del derecho sustancial, de libertad de medios probatorios, de contradicción, de libre valoración racional de la prueba y la demás normatividad que rige en materia probatoria, para lo cual, además, no resulta ajena al deber de ser valorada en conjunto con los demás elementos de convicción y con arreglo a los criterios rectores de la sana crítica. Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, sentencia de 12 de marzo de 2013, Rad. 11001-03-15-000-2011-00125-00(PI), acción: Pérdida de investidura, actor: Pablo Bustos Sánchez y otro, demandado: Néstor Iván Moreno Rojas.