Ramiro Pazos Guerrero

 

Sentencia 2009-00002 de diciembre 14 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “B”

Consejero Ponente:

Ramiro Pazos Guerrero

Bogotá, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil dieciséis (2016).

Exp.: 40732

Rad.: 44001233100020090000201

Actores: Esther María Robles Matos y otro

Demandados: Nación – Fiscalía General de la Nación

Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

Acción: Reparación directa

EXTRACTOS: «II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Presupuestos procesales de la acción.

1.1. Jurisdicción y competencia.

Es esta jurisdicción la llamada a resolver la controversia, en atención al carácter público de las demandadas.

La Sala es competente para resolver la apelación en razón a que en este se ventila, entre otros puntos, la presunta privación injusta de la libertad a la que fue sometido el señor Guerrero Granados, por lo que el asunto correspondía a los tribunales en primera instancia y, en segunda a esta corporación, con independencia de la cuantía. En efecto, los artículos 65, 68 y 73 de la Ley 270 de 1996, fijaron la competencia funcional para conocer de tales asuntos, siendo, por ello, irrelevante algún análisis relacionado a la cuantía(1). Por supuesto, ello permite que también se tenga competencia para resolver las demás pretensiones que se acumularon en el presente asunto.

1.2. Acción procedente.

En los términos del artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, la acción procedente para deprecar en sede judicial la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado y la correspondiente reparación de perjuicios, es la de reparación directa tal como fue promovida por los demandantes.

1.3. Legitimación en la causa de los extremos de la litis. 

1.3.1. De la parte activa.

En aras de establecer el legítimo interés que le asiste a cada uno de los accionantes en el presente evento, debe tenerse en cuenta que la señora Esther María Robles Matos ha acudido a la litis bajo la alegada calidad de propietaria y poseedora del rodante retenido, mientras que el señor Isauro Leonidas Guerrero Granados afirmó haber padecido la privación de su derecho fundamental a la libertad.

En cuanto a la primera, procede la Sala a verificar el panorama probatorio respecto del legítimo interés que puede asistirle a la señora Robles Matos en el presente asunto:

Obra en el plenario una copia de la licencia de tránsito Nº 99-5757315 (fl. 14, cdno. 1) correspondiente al camión de placa TQB 293, expedida el 24 de febrero de 1999, fecha en que se registró el traspaso de propiedad del vehículo a favor de la señora Griselda Barros de Herrera. También se aportó la copia del seguro obligatorio de accidentes de tránsito expedido para dicho rodante el 14 de julio de 2008 (fl. 16, cdno. 1), el certificado de revisión técnico mecánica (fl. 15, cdno. 1) y el certificado de revisión técnico mecánica y de gases vigente a partir del 26 de mayo de 2008 (fl. 16, cdno. 1), todos a nombre de la referida señora. De igual manera, la tarjeta de afiliación del vehículo a la empresa Transportes Multiservicios Ltda. de Santa Marta, expedida el 29 de marzo de 2008, también señala como su propietaria a la señora Barros de Herrera (fl. 18, cdno. 1). Por su parte, la tarjeta Nº 0844 expedida por la empresa Vehigas, respecto de la conversión del camión al sistema de gas natural vehicular, aparece a nombre del señor Roger Socarrás, quien funge como apoderado de la demandante en estas diligencias (fl. 20, cdno. 1).

Por otra parte, se allegó el formulario único nacional de tránsito Nº 9310430 02-11001, diligenciado para el trámite del traspaso del vehículo de placas TQB 293, firmado por la señora Barros de Herrera y por Alejandro Herrera Bonilla, quienes lo suscriben como tradentes, y la señora Esther María Robles Matos, como presunta adquiriente, documento en el que no consta que haya sido radicado ante las autoridades competentes.

El 8 de junio de 2009 (fl. 128, cdno. 1), mediante comisionado, se recibió el testimonio de la señora Elba Catalina Socarrás Lastra, abogada residente en la ciudad Santa Marta, en el que afirmó que desde muchos años atrás conoció a la señora Robles Matos, vecina de su residencia, quien en el año 2006 le consultó sobre los requisitos requeridos para adquirir un camión tipo furgón, frente a lo cual la testigo le manifestó que debía diligenciar el formulario correspondiente para legalizar el trámite y que el rodante debía estar al día en el pago de impuestos. Agregó:

Días después la señora Esther nuevamente se acercó a mi residencia para manifestarme que ya había realizado la compra del camión furgón y me llevo (sic) para que revisara el formulario de traspaso, yo lo revisé y lo encontré bien elaborado, ella me manifestó que en la negociación había asumido el pago de los impuestos y que una vez los cancelara legalizaría la compra del vehículo automotor, desde ese día vi en muchas ocasiones el camión furgón con el logo de una panadería parqueado en su residencia, puesto que después de realizar los trayectos era guardado ahí, en la navidad del mismo año la señora ESTHER se acercó a mi residencia para manifestarme que su camión había sido detenido por la policía (...) me pidió el favor que le colaborara para que el conductor saliera en libertad, yo le manifesté que me quedaba muy difícil colaborarle puesto que ese día salí de viaje con mi familia (...) cuando volvía de mi viaje de navidad con mi familia me encontré con la señora y le pregunté cómo había resuelto su situación y esta me manifestó que había contratado un abogado en la ciudad de Riohacha, que el conductor había salido libre pero que el camión furgón se encontraba a ordenes (sic) de la autoridad competente, transcurrieron varios meses no preciso cuantos (sic) para que la señor a (sic) ESTHER le devolvieran su vehículo, tiempo en el cual su situación económica se complicó al punto en que varias ocasiones mi mamá le presto (sic) dinero por cuanto ella había invertido su capital en la compra de este vehículo de servicio público que repartí (sic) pan en varios municipios y de eso derivaba su sustento y el de sus hijos pequeños, actualmente la señora tiene el vehículo en su poder y este es de la señora.

De las diligencias penales aportadas se verifica que durante el curso de la investigación, la apoderada del señor Isauro Guerrero Granados (fl. 173, cdno. 1) solicitó la devolución del rodante a su cliente, a la que adjuntó dos declaraciones extrajudiciales, de acuerdo con las cuales el sindicado era el poseedor del bien(2). Los señores Marcos Tulio De la Hoz Restrepo y Roger Lenis Socarrás Lastra (fls. 174 y 175, cdno. 1) declararon ante Notario, bajo juramento, que Isauro Leonidas Guerrero Granados era poseedor del vehículo de placas TQB 293, que lo había sido por más de cinco años y que dependía de este para su sustento económico.

Finalmente, se tiene que al precluir la investigación (fl. 182, cdno. 1), la Fiscalía ordenó devolver el rodante a la apoderada del señor Guerrero Granados “quien lo solicita en nombre del sindicado quien dijo ser su poseedor”. En efecto, el vehículo fue entregado a la referida abogada el 20 de junio de 2007 (fl. 188, cdno. 1).

En cuanto al marco normativo aplicable al asunto se tiene que, en los términos del artículo 922 del Código de Comercio, la tradición de los automotores es un acto sujeto a registro. Así lo prevé:

ART. 922.Tradición de inmuebles y de vehículos automotores. La tradición del dominio de los bienes raíces requerirá además de la inscripción del título en la correspondiente oficina de registro de instrumentos públicos, la entrega material de la cosa. 

PAR.—De la misma manera se realizará la tradición del dominio de los vehículos automotores, pero la inscripción del título se efectuará ante el funcionario y en la forma que determinen las disposiciones legales pertinentes. La tradición así efectuada será reconocida y bastará ante cualesquiera autoridades. 

El Código Nacional de Tránsito, Ley 769 de 2002, dispone que el registro nacional automotor(3) es el conjunto de datos necesarios para verificar, entre otros aspectos, la propiedad y situación jurídica de los automotores terrestres y en forma expresa dispone que la tradición del dominio de los vehículos requiere, además de su entrega material, la inscripción en el organismo de tránsito correspondiente. La disposición, vigente para la época de los hechos, está redactada en los siguientes términos:

ART. 47.Tradición del dominio. La tradición del dominio de los vehículos automotores requerirá, además de su entrega material, su inscripción en el organismo de tránsito correspondiente, quien lo reportará en el Registro Nacional Automotor en un término no superior a quince (15) días. La inscripción ante el organismo de tránsito deberá hacerse dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la adquisición del vehículo. 

Si el derecho de dominio sobre el vehículo hubiere sido afectado por una medida preventiva decretada entre su enajenación y la inscripción de la misma en el organismo de tránsito correspondiente, el comprador o el tercero de buena fe podrá solicitar su levantamiento a la autoridad que la hubiere ordenado, acreditando la realización de la transacción con anterioridad a la fecha de la medida cautelar.  

De tal manera, la titularidad del dominio de este tipo de bienes consta en el referido registro, el que da fe ante las autoridades de la identidad de su propietario. Para el presente caso, quien aparece inscrito como el último titular de dominio del camión materia del debate es la señora Griselda Barros de Herrera, de acuerdo con la copia de la licencia de tránsito que se aportó y cuya expedición data de 1999, no así de la demandante Esther María Robles Matos, quien no acreditó ser la propietaria inscrita.

Por supuesto, ello no impide que la demandante pudiera ostentar otra clase de derecho sobre el rodante, como su posesión, calidad que también alegó tener y con fundamento en la cual se podría considerar legitimada para pretender el resarcimiento de los perjuicios derivados de su retención. Sin embargo, ninguna evidencia se allegó que permita establecer que ostentaba dicha condición respecto del vehículo retenido.

En primer lugar, por cuanto los demás documentos de este, tales como el seguro obligatorio, la revisión técnico mecánica y la afiliación a la empresa de transporte constaban también para la época de los hechos a nombre de la señora Barros de Herrera y no de la demandante; adicionalmente, tampoco demostró ser quien sufragaba los correspondientes impuestos de rodamiento y, en general, que ejercía cualquier acto de señora y dueña sobre el automotor, carga probatoria que le correspondía en los términos del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.

Aunque se allegó copia de un formulario de traspaso de propiedad en el que la señora Robles Matos aparece como compradora del vehículo, no se demostró que el documento hubiera sido radicado ante las autoridades de tránsito; tampoco que la señora Barros de Herrera y Alejandro Herrera Bonilla, signatarios del documento en calidad de propietarios “actuales”, fueran efectivamente sus dueños en la época en que suscribieron dicho documento(4), pues solo consta que la primera fue la propietaria inscrita para el año 1999, cuando fue expedida la licencia de tránsito cuya copia se aportó al proceso (fl. 14, cdno. 1), no así en la época de suscripción del referido formato, que tuvo lugar siete años después. Por su parte al señor Herrera Bonilla no se le menciona en aquella.

En todo caso, si bien ese formulario podría eventualmente servir de evidencia para acreditar el justo título de una eventual posesión, invocándolo como el documento idóneo para materializar la tradición del domino, si se hubiera acreditado que provenía del propietario inscrito, por sí mismo, no tiene el poder demostrativo de acreditar los actos de señorío, propios de la posesión alegada, los que, se insiste, debió probar la demandante conforme al artículo 762 del Código Civil(5).

Por otra parte se verifica que en el curso de la investigación penal la señora Robles Matos jamás fue mencionada como titular de algún derecho frente al vehículo, ni acudió a reclamarlo como suyo pese al tiempo de la retención y, adicionalmente, el certificado de conversión a gas natural del bien tampoco aparece a su nombre, ni da cuenta de la fecha en que fue expedido.

Finalmente, aunque se cuenta en las diligencias con el testimonio de la señora Elba Catalina Socarrás Lastra, quien dijo saber que la actora era la poseedora y propietaria del rodante, la Sala verifica, en primer lugar, que sus apellidos coinciden exactamente con los del abogado que funge como representante judicial de los demandantes, doctor Roger Lemis Socarrás Lastra, por lo que a pesar de que no fue indagada la declarante en la diligencia de testimonio sobre sus condiciones de parentesco con las partes y sus apoderados, la coincidencia exacta de sus dos apellidos, impone máxima rigurosidad en la valoración de sus dichos, ante la eventual condición de sospecha sobre la que no se indagó al recaudar la prueba.

De lo declarado se desprende que el conocimiento del presunto carácter de propietaria y poseedora del automotor lo derivó la declarante de los dichos de la propia actora, es decir, que no dio cuenta de una situación objetiva percibida por ella que le permitiera arribar a dicha conclusión, sino que se limitó a repetir lo que escuchó de la señora Robles Matos. También se aprecia que del hecho de haber visto el vehículo parqueado en la residencia, la testigo concluyó que la referida demandante era la poseedora; sin embargo, no dio fe de ningún hecho concreto referido a actos de señora y dueña necesarios para que una persona pueda reputarse como tal, esto es, su declaración no permite inferir que era la actora quien explotaba económicamente el rodante, sino simplemente que lo vio estacionado allí, afirmación que no permite verificar que era la señora Robles Matos quien se beneficiaba del trabajo del vehículo y cubría los costos necesarios para poderlo explotar; tampoco se acreditó, ni dio cuenta de ello la testigo, si la referida actora era la única residente del lugar en el que se afirmó era estacionado el rodante.

Aunado a ello, la declarante no dio razón de la ciencia de su dicho en cuanto a la afirmación de que la demandante derivaba su sustento del rodante y nada dijo sobre la actividad previa con la que obtenía su sustento, máxime cuando según lo afirmó, el vehículo la había adquirido apenas meses atrás, con lo que por razón de la amistad de años atrás debió precisarse cuál era la fuente de su sustento antes de la presunta compra.

Aunado a ello se tiene que la declarante afirmó que en su calidad de abogada fue buscada por la demandante para verificar la documentación del automotor antes de la compraventa y que en su condición de profesional del derecho conceptuó que tal documentación estaba al día, sin advertirle a la demandante sobre las disposiciones legales sobre la tradición de automotores, esto es, que para perfeccionarla no bastaba con diligenciar dicho formato si este no era radicado ante las correspondientes autoridades de tránsito y sobre la necesidad de verificar que quien los suscribía como vendedor era precisamente quien aparecía en el registro automotor como propietario inscrito, cuestión básica de la compraventa que estaba asesorando como abogada de la ahora demandante, al igual que la necesidad de establecer en dicho registro las posibles limitaciones a su dominio, vacíos que más allá de descalificar el soporte jurídico brindado, minan la credibilidad de lo afirmado por la profesional del derecho en su testimonio, la que también admite sospecha en razón de la relación abogado-cliente que surgió por razón de dicha asesoría entre demandante y testigo.

Por su parte, quien ahora funge como apoderado de la actora(6), el doctor Socarrás Lastra, afirma que la posesión del vehículo y su propiedad correspondía a la señora Robles Matos, pese a que en declaración extrajudicial rendida bajo juramento —que fue aportada en la investigación penal—aseveró que era Isauro Leonidas Guerrero Granados el poseedor del vehículo de placas TQB 293, documental que fue tenida en cuenta por la Fiscalía para disponer la devolución del rodante a favor de este último. Frente a esta evidencia, si bien lo declarado ante notario no tiene mérito probatorio para fines extraprocesales en los términos del artículo 299 del Código de Procedimiento Civil(7), sí permite apreciar como indicio en contra de la actora la disparidad entre la versión rendida por su apoderado extraprocesalmente y ahora como su representante judicial, irregularidad que genera duda sobre la veracidad de lo afirmado en el curso de este proceso judicial.

En síntesis, ninguna de las evidencias aportadas otorga certeza sobre la calidad de poseedora del vehículo que presuntamente ostentaba la señora Robles Matos en la época de su retención, carga probatoria que le correspondía con el fin de acreditar su legítimo interés para acudir al proceso.

Frente a las consecuencias de la no acreditación de dicha circunstancia es preciso destacar que el derecho de acción como prerrogativa subjetiva, materializada en los términos del artículo 229 Superior en la posibilidad de acceder a la administración de justicia, garantiza el derecho a llevar las controversias ante los jueces y a obtener un análisis de los planteamientos de los extremos procesales, de las fuentes de derecho invocadas, de las pruebas recaudadas y una decisión consecuente con ellos. Su aplicación es inmediata(8) y corresponde al Estado permitir su goce efectivo.

Lo anterior impone, por supuesto, que quien se considere titular de un derecho pueda intentar reivindicarlo con intervención de los jueces, mediante los mecanismos procesales correspondientes; sin embargo, ello no equivale a señalar que no pueda y deba analizar el juez, de acuerdo con cada caso particular, si quien ha acudido en ejercicio de su derecho de acción es titular de la calidad o situación jurídica que invoca.

A este respecto resulta fundamental la diferenciación que la doctrina y la jurisprudencia han realizado entre los conceptos de legitimación en la causa de hecho y material. La primera, entendida como la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, la relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado; la segunda, que alude a la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda. En este sentido, no siempre quien se encuentra legitimado de hecho tiene que necesariamente estarlo materialmente, en consideración a que si bien puede integrar una de las partes de la litis, en ejercicio de su derecho de acción y el recíproco de defensa del que se hace titular el demandado, ello no implica que frente a la ley o a la pretensión, tengan siempre un interés jurídico sustancial.

La razón de esa diferenciación es meramente instrumental en la concreción del derecho de acción, por cuanto permite entender que quien se afirma titular de un derecho y de quien se demanda su reconocimiento, tienen por ese simple hecho la garantía de que los jueces o los particulares investidos de dicha potestad asuman el conocimiento del conflicto. Por su parte, el concepto de legitimación material alude a la necesidad de que se acredite la calidad con que se presenta al proceso el demandante y el fundamento de la vinculación de su contraparte a la controversia, esto es, conlleva una primera carga demostrativa que debe proporcionar quien intenta la reivindicación judicial de su derecho.

Sin embargo, ello no permite entender que el estudio de la legitimación en la causa de las partes conlleve necesariamente un análisis del fondo del asunto que se ha planteado, esto es, que forma parte de la pretensión, entendida como el objeto del proceso en sí mismo. Por el contrario, la legitimación en la causa se constituye en un presupuesto procesal de la acción, entendida esta última como el mecanismo procesal que se activa en procura de obtener respuesta del aparato jurisdiccional, que debe cumplir determinados requisitos legales, entre ellos la acreditación de la calidad con quien comparece al proceso y la de su contradictor, por lo que debe verificarse en forma previa al fondo del asunto y como presupuesto de ello, de modo tal que en ausencia de esta no resulta viable resolver de mérito sobre las pretensiones planteadas.

En efecto, el cumplimiento de ese presupuesto impone un primer análisis del juez, fundado en la aptitud de las partes para llegar a una decisión de mérito de la litis, pues aunque siempre habrá legitimación de hecho, en razón de ser el demandante quien reclama el derecho y el demandado de quien lo reclama, no en todos los eventos es quien acciona el titular del derecho pretendido, ni a quien se demanda el llamado a satisfacerlo. Ese juicio sobre el legítimo interés de las partes no compromete la decisión del juzgador en relación con la pretensión, sino que le permite establecer si quien la incoa tiene la aptitud sustantiva para hacerlo y si ello es así frente a quien funge como su contraparte.

Así, por ejemplo, quien ha demandado la declaratoria de incumplimiento de un contrato es titular del derecho de acción y, por ende, tiene la posibilidad de llevar el conflicto ante el juez (legitimación de hecho), pero deberá acreditarle que es parte de la relación jurídica sustancial o tiene en esta un interés legalmente protegido (legitimación material), para que el juez quede habilitado a definir sobre su pretensión. Si no lo hace, no podrá el juez emitir un juicio válido en relación con la existencia o no del incumplimiento y la posibilidad de decretar el resarcimiento pretendido, frente a quien no ostenta la calidad que lo faculta para ser parte del proceso. Igual ocurrirá si el demandado no fue su contraparte en el negocio materia del debate.

Lo anterior no implica que frente a tal evento quede relegado el derecho de acción de quien ha puesto en movimiento el aparato jurisdiccional, toda vez que obtendrá como respuesta a su acción —no a su pretensión—, que aquella carece de un presupuesto necesario para que el juez pueda inmiscuirse en el análisis de fondo del asunto. No de otra forma podrá hacerlo el juzgador, quien en esas condiciones no dictaminará sobre el incumplimiento o no de un contrato frente a quienes no fueron partes de este.

Así, la decisión judicial sobre la ausencia de un presupuesto procesal de la acción también privilegia el derecho de acceso a la administración de justicia, cuando se inclina por establecer que en los términos en que fue planteado un proceso no es posible resolver de fondo, como garantía de que las normas procesales de orden público tengan aplicabilidad para los dos extremos de la litis.

La posibilidad de que esos presupuestos no aparezcan configurados en un determinado asunto ha sido reconocida de tiempo atrás por el legislador y constituye el fundamento de la existencia de las excepciones previas, como mecanismos de defensa tendientes no a atacar el fondo de la pretensión, sino a poner de presente la ausencia de uno de los requisitos legales que habilitan al juez para asumir el análisis de mérito.

En esa medida, el artículo 97 del Código de Procedimiento Civil ha establecido que constituye una excepción previa “no haberse presentado la prueba (...) de la calidad en que actué el demandante o se cite al demandado” y, por ende, dicho asunto, de ser planteado por las partes o advertido oficiosamente por el juez, da lugar a un pronunciamiento que en nada compromete la decisión sobre la pretensión, ni hace tránsito a cosa juzgada material, de modo que no le impide a quienes acrediten dicha titularidad ejercer dentro del plazo legal la acción, con independencia de lo decidido frente a esa excepción.

Aunque el Código Contencioso Administrativo aplicable a esta actuación no prevé un trámite para las excepciones previas, reconoce la existencia de las excepciones de fondo como aquellas “que se oponen a la prosperidad de la pretensión”(9), siendo claro que no es una de ellas la relativa a la falta de prueba de la calidad con que acuden las partes a la actuación. Así, no obstante, cualquiera de las dos debe resolverse en la sentencia(10), es claro que existen unas excepciones de fondo y otras meramente dilatorias que solo hacen perder a la pretensión su eficacia actual, pero no imposibilitan que sea satisfecha o desechada una vez sean superados los defectos procesales que impiden su análisis de mérito.

La ausencia de una regulación específica y acorde con la naturaleza y finalidad de las excepciones previas fue superada con la expedición de la Ley 1437 de 2011, que si bien no es aplicable a la controversia que se decide, sí permite advertir cómo se ha reconocido a la legitimación en la causa su calidad de presupuesto procesal de la acción, en cuanto imponer al juez verificar en la audiencia inicial, de oficio o a petición de parte, sobre las excepciones previas que se configuren, por supuesto, con el fin de evitar que estas salgan a la luz cuando ya se encuentre el asunto para sentencia, pronunciamiento que debe incluir la verificación del legítimo interés de los extremos de la litis(11). Lo así regulado permite verificar que la legislación acogió la interpretación de acuerdo con la cual la falta de legitimación en la causa no enerva la pretensión, ni constituye pronunciamiento de fondo sobre ella.

De esta manera, aunque en el presente caso la señora Robles Matos está legitimada de hecho en virtud de las pretensiones formuladas, no lo está materialmente, por cuanto no demostró la calidad con la que se presenta al proceso, esto es la de propietaria o poseedora del rodante retenido, de modo tal que es preciso declarar su falta de legitimación en la causa por activa, lo que impide resolver de fondo las pretensiones por ella planteadas, sin que para tal conclusión el juez esté atado por la prohibición de reforma en peor para el apelante único, pues advertida la ausencia de uno de los presupuestos procesales de la acción, corresponde al ad quem declararla, bajo el entendido de que no es posible desconocer las previsiones de orden público respecto de los elementos indispensables para que el juez pueda pronunciarse de fondo(12).

Así las cosas, se modificará la decisión impugnada para declarar la falta de legitimación en la causa por activa de la señora Esther María Robles Matos, de conformidad con lo expuesto.

Frente al segundo demandante, señor Isauro Guerrero Granados, su legítimo interés en el proceso que lo habilita para integrar la parte activa de la controversia deviene de su calidad de directo afectado con la privación injusta de la libertad de la que afirma fue objeto y que aparece acreditada en el proceso, por cuanto consta que el 31 de diciembre de 2006 fue retenido por la Fiscalía y dejado a disposición de las autoridades competentes (fl. 133, cdno. 1), tal como lo alegó como fundamento de sus pretensiones indemnizatorias.

1.3.2. De la parte pasiva.

Frente a la legitimación en la causa por pasiva se advierte que aunque la sentencia impugnada se pronunció sobre el interés de la Nación – Ministerio de Justicia y de la Nación – Rama Judicial, lo cierto es que aunque en la demanda se hizo mención a estas, el auto admisorio de la demanda (fl. 27, cdno. 1) las excluyó como integrantes de la pasiva y, en consecuencia, no dispuso notificarlas, por lo que nunca hicieron parte de la litis y, en tal virtud, no era necesario resolver sobre el interés que les asiste o no, bajo la premisa de que nunca integraron el extremo demandado, aspecto en el que se modificará la sentencia impugnada, por cuanto ello hace inane el numeral primero de la parte resolutiva de esta que las excluyó del extremo procesal que nunca integraron.

Por su parte, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y la Nación – Fiscalía General de la Nación son las llamadas a conformar el extremo pasivo, tal como lo estimó el a quo, en tanto se les imputa, desde el punto de vista fáctico y jurídico, participación en los hechos materia de la litis, lo que justifica su vinculación al proceso.

1.4. La caducidad de la acción.

Finalmente se tiene que la preclusión de la investigación a favor del señor Guerrero Granados tuvo lugar mediante providencia de 12 de junio de 2007 (fl. 187, cdno. 1), mientras que la demanda se promovió el 13 de enero de 2009 (fl. 10, cdno. 1), esto es, dentro de los dos años siguientes.

2. Problema jurídico.

Para definir el fondo del recurso habrá de analizarse si el señor Guerrero Granados padeció una privación injusta de la libertad. Para ello será preciso analizar las condiciones en las que fue detenido, de cara a la actuación de las demandadas, para establecer si padeció un daño y, en caso afirmativo, si estaba o no en el deber jurídico de soportarlo.

3. Análisis probatorio.

3.1. El 31 de diciembre de 2006 (fl. 133, cdno. 1), la Policía Nacional dejó a disposición de la Fiscalía a los señores Isauro Guerrero Granados, Héctor José Cárdenas Garcés y el vehículo de placas TQB 293, con fundamento en lo siguiente:

En acciones adelantadas por el personal adscrito a la Policía de Carreteras, en puesto de control realizado en la vía Palomino – Riohacha Km 0+300 se dio la orden de PARE al vehículo camión de placas TQB 293, se procedió a realizar un registro del mismo y se observó que transportaba entre la cabina y el furgón una caleta tipo tanque metálico para transporte de combustible, el cual contenía gasolina, por lo que se procedió a trasladar el automotor hasta Riohacha para su judicialización; donde llegando al perímetro urbano de Riohacha, el conductor del camión Isauro Guerrero detiene su marcha, manifestando quedarse sin combustible, ocasionado la fuga del hidrocarburo sobre la vía. De mencionada acción se pudo recuperar solo 75 galones. 

Al medir la cantidad de combustible en la respectiva estación de servicios, con personal de la Policía Fiscal y Aduanera de Maicao, resultó la cantidad de 75 galones de combustible los cuales fueron dejados a disposición de la Policía Fiscal y Aduanera de Maicao, mediante oficio Nº 1013. 

El informe tiene fecha de recibido de 31 de diciembre de 2006 a las 3.15 p.m. y en tal constancia el receptor afirmó que no se recibió físicamente el vehículo allí mencionado. En la misma fecha el rodante fue dejado a disposición del jefe del Grupo Operativo POLFA – Maicao.

3.2. El informe de incautación del combustible también data del 31 de diciembre de 2006 (fl. 136, cdno. 1) y en este se afirmó que el hecho tuvo lugar a las 02.00 horas del 31 de diciembre por cuanto se transportaba esa gasolina de contrabando en una caleta con la que estaba equipado el vehículo de placas TQB 293.

3.3. No obstante, el acta de derechos del capturado data del 30 de diciembre de 2006 (fl. 139, cdno. 1) a las 22.30 horas, documental en la que se dejó constancia de la detención del señor Isauro Guerrero Granados, de la lectura de sus derechos y del motivo de la captura, siendo este el “porte y transporte de hidrocarburos de contrabando”.

3.4. El 31 de diciembre de 2006, la Fiscalía Cuarta Local Delegada ante los Juzgado Penales Municipales de Riohacha (fl. 146, cdno. 1), dispuso abrir la correspondiente investigación y escuchar en indagatoria a los capturados, así como la inspección judicial a los elementos incautados. En la misma fecha, a las 15.30 horas escucho en indagatoria a los detenidos y dispuso:

Como quiera que la conducta por la cual le fueron tomadas diligencias indagatorias a los señores ISAURO LEONIDAS GUERRERO GRANADOS y HÉCTOR JOSÉ CÁRDENAS CARGES (sic) es de delito de FAVORECIMIENTO DE CONTRABANDO DE HIDROCARBUROS, que tiene pena mínima privativa de la libertad de cuatro años, de lo que deviene que no es necesario resolver situación jurídica en aplicación al principio de favorabilidad con relación al artículo 313 de la Ley 906 de 2004 se ordena su LIBERTAD INMEDIATA, previa suscripción de acta de compromiso. 

3.5. En la misma fecha, los detenidos suscribieron el compromiso de presentarse ante las autoridades en el curso de la investigación (fl. 154, cdno. 1).

3.6. El 5 de enero de 2007 la Fiscalía dispuso el retiro del vehículo aludido de las instalaciones de la Policía y su traslado al parqueadero del ente investigador (fl. 156, cdno. 1). Seguidamente se comisionó al grupo de automotores de la SIJIN para la práctica de una inspección judicial sobre el vehículo, diligencia que se cumplió el 24 de abril del mismo año, lográndose establecer que sus números de identificación eran originales y que no tenía en su contra requerimientos ni antecedentes.

3.7. El 17 de mayo de 2007 (fl. 176, cdno. 1) se ordenó el desmonte de la caleta del vehículo para poder entregarlo a su propietario. Esto en atención a la solicitud elevada por el señor Guerrero Granados para obtener su devolución.

3.8. El 25 de mayo de 2007 (fl. 178, cdno. 1) se inspeccionó el rodante por parte de CTI, diligencia en la que se verificó que el vehículo tenía un tanque fabricado en lámina de hierro, en la parte media del vehículo, dotado de un tapón de drenaje. Concluyó:

Es de anotar que la fabricación artesanal o aumento de la capacidad, de los tanques de alimentación o abastecimiento de combustible de los automotores, no está tipificada como delito, siempre y cuando sean para el consumo del mismo, y no está reglamentado por el Instituto de Tránsito y Transporte que para hacerle alguna modificación a los tanques de abastecimiento se solicite permiso alguno, máxime que estos vehículos son de transportes interdepartamental. 

En este caso los depósitos de combustibles del rodante No (sic) son bodegas o caletas para el transporte de combustible, debido a que se pudo establecer que poseen mangueras que los conectan con el sistema de alimentación del motor del rodante. 

No obstante nos encontramos con un vehículo de más de 26 años de ensamblado, y en esta región del país por la alta salinidad, es posible que la oxidación haya corroído los tanques y fuese necesario su cambio o fabricación artesanal de los mismos. —Resaltado original—.

3.9. El 12 de julio de 2007 (fl. 182, cdno. 1), con fundamento en el referido informe técnico, la Fiscalía dispuso la preclusión de la investigación y la devolución del vehículo al considerar

Existe al interior de la investigación el experticio técnico sobre el automotor de fecha 24-04-07 rendido por el patrullero de la Policía Nacional LEONCIO GALINDO MARTÍNEZ, en la que informa que el vehículo queda identificado por que sus guarismos alfa numéricos son originales. 

Por otro lado debe dejarse en claro que tal como lo expresó el mismo informe rendido por el CTI, “no son bodegas o caletas para el transporte de combustible, debido a que se pudo establecer que poseen mangueras que los conectan con el sistema de alimentación del motor rodante” lo que termina por demostrar que el no ser caletas, no se estaba transportando de manera ilícita el hidrocarburo, por ende la conducta es atípica. 

Se debe concluir entonces en el sentir de justicia y en criterio de esta delegada que la conducta desplegada por los señores ISAURO GUERRERO GRANADOS y HÉCTOR CÁRDENAS GARCÉS además de ser atípica penamente, nunca llegó a poner siquiera en peligro el bien jurídico tutelado y en consecuencia deberá precluirse en su favor la presente investigación de conformidad con el artículo 39 del Código de Procedimiento Penal (...) ante la evidente no configuración típica penal de su actuar y con ello como ha quedado expresado (...). 

3.11(sic). El 20 de junio de 2007 (fl. 188, cdno. 1) se adelantó la entrega material del rodante a la apoderada del señor Isauro Guerrero Granados.

4. Análisis de la Sala.

Las evidencias recaudadas dan precisa cuenta de que el señor Isauro Leonidas Guerrero Granados fue detenido por agentes de la Policía Nacional el 30 de diciembre de 2006 a las 22.30 horas, según se aprecia en el acta de derechos del capturado en la que consta la materialización de la detención. Se probó también que al día siguiente, 31 de diciembre, a las 15.30 horas fue dejado a disposición de la Fiscalía, que el mismo día lo escuchó en indagatoria e instantes más tarde dispuso su libertad.

Las referidas evidencias vislumbran la existencia de una efectiva restricción al derecho fundamental a la libertad durante las horas en las que se mantuvo retenido el señor Guerrero Granados, fue puesto a disposición de la autoridad competente, hasta cuando fue finalmente dejado en libertad por orden de esta. Si bien dicha restricción no superó un día de duración, lo cierto es que conllevó una lesión a la libertad personal del referido actor, lo que sin duda puede catalogarse como un daño.

Sin embargo, para la Sala se trata de uno de aquellos que le correspondía soportar al ciudadano, tal como pasa a explicarse:

El artículo 28 Superior garantiza que, en términos generales, la detención o arresto de las personas procede únicamente por orden de autoridad judicial competente. Empero, a continuación la norma prevé la posibilidad de que se detenga en forma preventiva, caso en el cual el afectado debe ser puesto a disposición del funcionario competente, en un término máximo de 36 horas. Así lo dispone:

ART. 28.—Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. 

La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. 

En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles. 

En efecto, aunque la norma constitucional conlleva a estimar que, en principio, la privación de la libertad solo puede tener lugar por virtud de orden judicial, también permite y acepta como válida la detención preventiva como una herramienta excepcional que impone dejar al capturado cuanto antes a disposición de la autoridad judicial competente, excepción que se acompasa con el mandato del artículo 32 ibídem, de acuerdo con el cual, quien sea sorprendido en flagrancia puede ser aprehendido y llevado ante el juez por cualquier persona:

ART. 32.—El delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprehendido y llevado ante el juez por cualquier persona. Si los agentes de la autoridad lo persiguieren y se refugiare en su propio domicilio, podrán penetrar en él, para el acto de la aprehensión; si se acogiere a domicilio ajeno, deberá preceder requerimiento al morador. 

Sobre el particular, la Corte Constitucional, en Sentencia C-237 de 2005, al examinar la constitucionalidad de la norma del Decreto 2700 de 1991 que permitía la captura sin orden, reconoció que si bien dicha competencia está reservada a los jueces, los casos de flagrancia en los que la Constitución habilita la captura por cualquier persona, constituyen una evidente excepción a dicho principio. Dijo la Corte:

De lo expuesto, es claro que la Constitución establece una reserva judicial que beneficia al derecho fundamental a la libertad personal, debido a la exigencia de los requisitos ya señalados. Así las cosas, sólo las autoridades judiciales cuentan con la competencia para privar de la libertad. En consecuencia, las autoridades administrativas no poseen la facultad, motu propio, de privar de la libertad sea directa o indirectamente, al menos que esta decisión provenga de la autoridad judicial competente.  

Por ende, dicha reserva judicial, no es sino el resultado de la tridivisión del poder al interior de un Estado democrático, en el cual se excluye la posibilidad que una autoridad administrativa límite el ejercicio de la libertad personal sin el lleno de los parámetros exigidos por la Constitución. Lo anterior, por cuanto la libertad personal es un derecho fundamental esencial al Estado social de derecho como principio fundante del Estado Colombiano. 

En resumen se puede afirmar, que la privación de la libertad, a través de la captura, entendida como el acto material de aprehensión que puede realizarse durante o después de un proceso, encuentra fundamento constitucional en el artículo 28 de la Carta Política que, a su vez, determina las garantías que deben rodearla. Es decir, la detención de una persona sólo procede (1) por motivos previamente definidos en la ley, (2) con acatamiento de las formalidades legales y (3) por mandamiento escrito de autoridad judicial competente. Con ello puede concluirse que la Carta establece una estricta reserva judicial en materia de libertad personal.  

No obstante, existiendo la reserva judicial mencionada como principio, se presenta la excepción a la exigencia del “mandamiento escrito de autoridad judicial competente”: consistente en la captura en flagrancia regulada por el artículo 32 Constitucional. 

(...) 

El concepto de flagrancia indica que un actuar se está ejecutando actualmente. Así las cosas, la excepción al principio de reserva judicial basado en la flagrancia , para la privación de la libertad , implica que un delincuente sea aprehendido en el momento en que está ejecutando una conducta punible o cuando es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas, que permita inferir fundadamente que se cometió una conducta punible. 

En estos eventos no será indispensable un mandamiento escrito de autoridad judicial competente. Sin embargo, es necesario que la persona capturada en flagrancia sea conducida ante un juez. 

Por consiguiente, la posibilidad de captura sin el cumplimiento de la reserva judicial, no puede ir desvinculada de la flagrancia. En este orden de ideas, debe afirmarse que la flagrancia trae consigo la captura inmediata y ante la ausencia de ésta no es acertado hablar de flagrancia. 

La referida excepción a la captura mediante orden judicial se trasladó al Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), de acuerdo con el cual:

En las capturas en flagrancia y en aquellas en donde la Fiscalía General de la Nación, existiendo motivos fundados, razonablemente carezca de la oportunidad de solicitar el mandamiento escrito, el capturado deberá ponerse a disposición del juez de control de garantías en el menor tiempo posible sin superar las treinta y seis (36) horas siguientes. 

En Sentencia C-730 de 2005, la Corte Constitucional declaró inexequible el aparte subrayado, al considerar que la redacción de la norma otorgaba un margen más amplio a la referida excepción a la reserva judicial para la detención, que aquel que la Constitución otorgó a la captura en flagrancia, pronunciamiento con el que se reafirmó el carácter excepcionalísimo de dicha figura:

Ahora bien, la Corte constata que las expresiones “En las capturas (¿) en donde la Fiscalía General de la Nación, existiendo motivos fundados, razonablemente carezca de la oportunidad de solicitar el mandamiento escrito, el capturado deberá ponerse a disposición del juez de control de garantías en el menor tiempo posible sin superar las treinta y seis (36) horas siguientes.” dejan un amplísimo margen de interpretación que no se compadece con el carácter excepcional fijado por el Constituyente derivado para la competencia que podría atribuirse a la Fiscalía General de la Nación para efectuar capturas según el Acto Legislativo 03 de 2002. La amplitud e indeterminación de las expresiones “existiendo motivos fundados” y “razonablemente carezca de la oportunidad de solicitar el mandamiento escrito”, al tiempo que contradicen el principio de legalidad (art. 29 C.P.) no contienen ningún elemento de excepcionalidad pues aluden simplemente a “motivos fundados” los cuales siempre pueden existir, y a “motivos razonables” que comprenden una amplísima gama de posibilidades y no a las situaciones extremas y de imposibilidad manifiesta de poder acudirse ante el juez de garantías que son las que podrían predicarse de una situación excepcional como a la que aludió el Constituyente derivado. 

En este sentido las disposiciones acusadas bien pueden entenderse en el sentido de convertir en regla general lo que para el Constituyente fue claramente una excepción. 

Para la Corte no cabe como lo señalan algunos de los intervinientes entender que la indeterminación a que se ha aludido puede superarse concordando las expresiones acusadas con los mandatos contenidos en los artículos 114-7 y 300 de la misma Ley 906 de 2004, pues independientemente de si dichos artículos en sí mismos atienden o no el presupuesto de excepcionalidad exigido por el constituyente, así como si los mandatos en ellos contenidos respetan o no el principio de legalidad, es claro que las disposiciones acusadas tienen una autonomía normativa que permite que las mismas puedan ser aplicadas sin necesidad de acudir a otras normas de la Ley 906 de 2004. 

Desde esta perspectiva y por cuanto como se ha visto con ellas se desvirtúa claramente el mandato superior señalado en el artículo 250-.1, y se vulnera además del artículo 29 superior, las expresiones acusadas “y en aquellas en donde la Fiscalía General de la Nación, existiendo motivos fundados, razonablemente carezca de la oportunidad de solicitar el mandamiento escrito” serán declaradas inexequibles y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia. 

Así las cosas, aunque con las connotaciones de excepcionalidad anotadas, lo cierto es que el ordenamiento constitucional avala la posibilidad de capturar en flagrancia a quien es sorprendido como presunto infractor de la ley penal(13), detención que solo puede tener como finalidad la de presentarlo ante el funcionario judicial competente dentro del término previsto en la ley.

En este caso particular la Sala verifica que el señor Guerrero Granados fue detenido por los agentes de policía, quienes advirtieron, con inmediatez temporal y personal, que era él quien transportaba gran cantidad de hidrocarburos en el momento en que se detuvo en el puesto de control, en depósito distinto al originalmente provisto por el fabricante del rodante para el almacenamiento del combustible necesario para su funcionamiento, lo que razonablemente consideraron los agentes podía enmarcarse dentro del tipo penal de tráfico(14) o favorecimiento(15) del contrabando de dichas sustancias, por cuanto no aparecía en el momento de la detención justificación válida sobre su origen y la finalidad con la que eran transportados por el actor.

En esas condiciones, existían razones fundadas para que los policiales obraran bajo la convicción de que se trataba de un caso de flagrancia y, por ende, era su deber dejar a disposición al ciudadano de su juez natural, para la verificación de las condiciones fácticas y jurídicas de la conducta, tal como lo hicieron. Se aprecia igualmente que solo tardaron 16 horas, de las 36 con que contaban, para dejar al demandante a órdenes de los funcionarios competentes, de donde se concluye que dicha detención no excedió los términos de aquella que debía soportar el involucrado en razón de la conducta no justificada que desplegó.

Por supuesto, la verificación de la circunstancia técnica de acuerdo con la cual se encontró que la conducta fue atípica, esto es, la de que el depósito del combustible hallado sí estaba conectado al sistema de admisión del motor del vehículo, correspondía a un asunto técnico que escapaba, en el momento de la aprehensión, a las posibilidades de análisis de los agentes de policía, de modo tal que la conducta esperable era que se llevara al ciudadano ante la autoridad competente para que apreciara las particularidades de lo que a simple vista podía constituir razonablemente una conducta delictiva.

De acuerdo con lo expuesto se concluye que en este caso el accionante tenía el deber jurídico de soportar la captura en flagrancia, mientras era presentado ante las autoridades para solventar la situación. Nótese que en ningún momento de la investigación se cuestionaron las circunstancias de inmediatez en que se produjo la detención, con los elementos del presunto punible. Así las cosas, como el demandante fue presentado ante las autoridades judiciales en el término establecido en la Constitución, debe concluirse que estaba en el deber jurídico de soportar el daño que la captura le generó, carga que no excede el equilibrio frente a las cargas públicas, pues esta debe ser soportada, por disposición superior, por la totalidad de los ciudadanos, siempre que pueda inferirse razonablemente que existían, como en este caso, motivos fundados que dieran lugar a la convicción de que se trataba de un caso de flagrancia.

Estima la Sala que la juridicidad de ese daño no puede estar supeditada a la necesaria comprobación de los elementos de la responsabilidad penal, pues la actuación inmediata de quien captura no puede juzgarse a la sazón de lo demostrado en el proceso en forma posterior, sino conforme a los elementos de juicio disponibles en el momento de realizarla, los que en el presente caso permiten inferir que se encontraban presentes las condiciones para dejar al señor Guerrero Granados a disposición de la autoridades.

También consta que tan pronto fue llevado ante el funcionario competente, este lo escuchó en indagatoria y dispuso inmediatamente su libertad, por lo que la restricción que padeció su derecho fundamental no excedió la carga que todo ciudadano está llamado a soportar, amén de que la Fiscalía, a quien correspondía hacerlo, resolvió su situación en forma inmediata. Lo mismo puede afirmarse respecto de la investigación penal, que se tramitó y decidió en forma expedita, según da cuenta de ello el expediente que se trasladó al presente proceso.

Por otra parte, el alegado maltrato que se afirma recibió el demandante por parte de los policiales no está acreditado, pues solo se refiere a este el ya aludido testimonio de la señora Elba Catalina Socarrás Lastra, quien afirmó que los demandantes le contaron tal versión de los hechos(16), lo que no constituye a juicio de la Sala evidencia suficiente que conduzca a la certeza sobre la ocurrencia de tales hechos, así como del presunto dinero que afirma le solicitaron los policiales, por no constarle directamente a la declarante lo afirmado, ni estar soportado en otras evidencias verificables, distintas del supuesto dicho del propio afectado que no reviste mérito demostrativo alguno, atendido su directo interés como parte dentro de este asunto.

En esas condiciones, la sentencia impugnada se mantendrá en cuanto denegó las pretensiones de la demanda, con las modificaciones advertidas respecto del numeral primero de la parte resolutiva, que será suprimido por cuanto se refiere a la legitimación de entidades que no fueron parte de la controversia.

5. Costas.

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria o de mala fe atribuible a los extremos procesales, como lo exige el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —Subsección “B”—, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

MODIFICAR la sentencia de 15 de diciembre de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, cuyo acápite resolutivo quedará así:

1. DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional.

2. DECLARAR probada, de oficio, la excepción de falta de legitimación en la causa por activa de la señora Esther María Robles Matos.

3. NEGAR las pretensiones de la demanda.

4. Sin costas

5. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Stella Conto Díaz del Castillo, Presidenta—Danilo Rojas Betancourth—Ramiro Pazos Guerrero, magistrado ponente».

1 Para tal efecto consultar el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

2 sic

3 Así lo prevé: Registro nacional automotor: Es el conjunto de datos necesarios para determinar la propiedad, características y situación jurídica de los vehículos automotores terrestres. En él se inscribirá todo acto, o contrato providencia judicial, administrativa o arbitral, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real, principal o accesorio sobre vehículos automotores terrestres para que surtan efectos ante las autoridades y ante terceros.
Registro terrestre automotor: Es el conjunto de datos necesarios para determinar la propiedad, características y situación jurídica de los vehículos automotores terrestres. En él se inscribirá todo acto, o contrato providencia judicial, administrativa o arbitral, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real, principal o accesorio sobre vehículos automotores terrestres para que surtan efectos ante las autoridades y ante terceros.

4 El formulario fue firmado ante notario el 16 de enero de 2003 por Alejandro Herrera y el 1 de marzo de 2006 por Griselda Barros de Herrera.

5 Código Civil, artículo 762. La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él.
El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo.

6 Y al parecer hermano de la testigo.

7 Dice la norma: Testimonios ante notarios y alcaldes. Los testimonios para fines no judiciales, se rendirán exclusivamente ante notarios o alcaldes. Igualmente los que tengan fines judiciales y no se pida la citación de la parte contraria; en este caso, el peticionario afirmará bajo juramento, que se considera prestado con la presentación del escrito, que sólo están destinados a servir de prueba sumaria en determinado asunto para el cual la ley autoriza esta clase de prueba, y sólo tendrán valor para dicho fin. —Se resalta—.

8 Corte Constitucional, Sentencia C-242 de 1997.

9 Código Contencioso Administrativo, artículo 164.

10 Ibídem.

11 Ley 1437 de 2011, artículo 180, numeral 6. “Decisión de excepciones previas. El juez o magistrado ponente, de oficio o a petición de parte, resolverá sobre las excepciones previas y las de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva”.

12 Al respecto ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 7 de diciembre de 2010, Exp. IJ2009-00019-02, M.P. Enrique Gil Botero.

13 En Sentencia C-176 de 2007, la Corte Constitucional declaró inexequible la norma del Código Nacional de Policía que permitía la captura administrativa en casos de infracción a las normas policivas.

14 Decreto 1900 de 2002. Artículo 4º—El que introduzca ilícitamente al territorio nacional hidrocarburos o sus derivados, o los exporte por lugares no habilitados o los oculte, almacene, disimule o sustraiga de la intervención y control aduanero (...).

15 Ibídem. Artículo 6º—El que sin haber tomado parte en la ejecución de la conducta punible, adquiera, posea, transporte, almacene, venda, ofrezca, suministre o comercialice a cualquier título hidrocarburos o sus derivados, cuando tales bienes sean de contrabando.

16 Declaró: “PREGUNTADO. Sírvase decir si conoce las razones o motivos por las cuales el señora ISAURO LEONIDAS GUERRERO fue golpeado y privado de la libertad, al igual que las relacionadas con la retención del automotor tipo furgón de la señora ESTHER ROBLES. CONTESTÓ. Por manifestación hecha por el señor ISAURO y la señora ESTHER, al camión lo detiene la policía para una requisa, una verificación de documentos de rigor, a la salida de la ciudad de Riohacha y los policías le manifiestan que los documentos no estaban en regla, el señor ISASURO (sic) le dice que todo está al día y presuntamente estos policías le piden dinero al señor ISAURO, y este al oponerse a la entrega del dinero y a la inmovilización del vehículo por cuanto los documentos estaban en regla fue agredido por los policías (...)”.