Sentencia 2009-00002 de mayo 9 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño De Valencia

Bogotá, D. C., nueve de mayo de dos mil trece.

Rad. 85001-23-31-000-2009-00002-01 [18940]

Demandante: Oleducto Central S.A. - Ocensa

(NIT. 800251163-0)

Demandada: Secretaría de Hacienda de Monterrey

Asunto: Impuesto de industria y comercio y avisos y tableros - Bimestres 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º del año gravable 2006.

Fallo

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En el presente asunto se demanda la legalidad de la Resolución 006 del 29 de octubre de 2008, mediante la cual, la Secretaria de Hacienda y Tesorería del Municipio de Monterrey liquidó el impuesto de industria y comercio del año gravable 2006, a cargo de Oleducto Central S.A. - Ocensa S.A.

El tribunal anuló el acto demandado y declaró la firmeza de las declaraciones privadas del impuesto de industria y comercio del año gravable 2006, con fundamento en que los ingresos derivados del transporte de hidrocarburos por oleoducto están exentos del impuesto de industria y comercio y, además, porque el municipio no cuestionó en sede administrativa, sino únicamente ante esta jurisdicción, que la demandante realiza otra clase de actividades industriales y comerciales sujetas al tributo, las cuales, además, no fueron demostradas.

La demandada apeló la decisión de primera instancia con fundamento en lo siguiente:

1. Insiste en que la exención prevista en el artículo 16 del Decreto 1056 de 1993, para el transporte de petróleo por oleoducto, está derogada y en que la actora ha omitido el deber de incluir en sus declaraciones del impuesto de industria y comercio del año gravable 2006, los ingresos provenientes de dicha actividad, máxime cuando la exención no puede hacerse extensiva a otras “categorías” de petróleo.

2. De otro lado, afirma que la demandante no fue gravada por el transporte de oleoducto sino por la realización de otro tipo de actividades sujetas al impuesto de industria y comercio, las que denomina “mezcla de hidrocarburos” y de “optimización e industria”.

Se advierte que la Sala se ha pronunciado en casos similares, entre las mismas partes, hechos e impuesto objeto de la presente controversia(16).

En efecto, en relación con la discusión planteada en el sub examine por el ente demandado, quien afirmó tanto en el recurso como en la contestación de la demanda que el artículo 16 del Decreto 1056 de 1953 no está vigente, la Sala ha señalado, con fundamento en pronunciamientos de la Corte Constitucional y de esta Sección, lo siguiente:

“Mediante Sentencia C-537 de 1998, la Corte declaró la exequibilidad del artículo 16 del Decreto 1056 de 1953, acusado de violar los artículos 1º, 287, 294 y 362 de la Constitución Política. (...).

Precisó que el impuesto de transporte por todos los oleoductos y gasoductos había sido cedido a las entidades territoriales por la Ley 141 de 1994 (art. 26). Por tanto, ‘la prohibición del legislador para que las entidades territoriales puedan imponer este gravamen resulta razonable, pues, además, el tributo, según el artículo mencionado, es cedido a ellas. Es decir, realmente a dichas entidades no se les está privando de este recurso para el cumplimiento de sus funciones’. (...)

Aunque en esta providencia la Corte no hizo un análisis sobre la vigencia de la disposición demandada, de su lectura es posible concluir que se mantiene en vigor, pues la Corte hace un estudio sobre la naturaleza jurídica del decreto, y lo confronta con la actual Constitución para establecer su competencia revisora. (...)

Ahora bien, el Consejo de Estado también se ha pronunciado en relación con la vigencia del artículo 16 del Decreto 1056 de 1953 en las siguientes providencias:

sentencia de octubre 5 de 2001, Expediente 12278, con ponencia del doctor Juan Ángel Palacio Hincapié, allí se precisó:

“Sobre la exención consagrada en el artículo 16 del Decreto 1056 de 1953, se advierte que ciertamente ha sido analizada respecto de eventos como el antes citado y también frente a la actividad de “explotación de gasoductos”, donde ha sido criterio reiterado de esta corporación (Cfr. Exps. 10.887, 7690, 5660, 3576, 3468, entre otros) el considerar que se trata de una exención de carácter objetivo —en relación con la actividad—, dispuesta por el legislador atendiendo razones de política fiscal, social y económica, que la misma se encuentra vigente y no resulta válido su desconocimiento, pues no quedó insubsistente al entrar en vigencia el artículo 294 de la Constitución Política de 1991.

[...].

La disposición contenida en el artículo 16 del Decreto 1056 de 1953, consagró de manera general una exención de carácter objetivo, respecto de “toda clase” de impuestos directos o indirectos de los niveles departamental y municipal, en cuya primera parte contempló la relacionada con la “exploración y explotación del petróleo, el petróleo que se obtenga y sus derivados”. Dicha exención no ha sido derogada expresa ni tácitamente, se encuentra vigente, ya que por el contrario fue reafirmada a través del artículo 27 de la Ley 141 de 1994, contentiva de la ley de regalías”(17) (destacado fuera de texto).

De acuerdo con lo anterior, la Sala ha concluido que el transporte de petróleo por oleoductos no puede ser objeto de gravamen, pues el mandato contenido en el artículo 16 del Código de Petróleos que declara exenta tal actividad de todos los impuestos municipales, incluyendo el impuesto de industria y comercio, está vigente, dado que no fue derogada ni expresa ni tácitamente y, por el contrario, ha sido reafirmada a través del artículo 27 de la Ley 141 de 1994(18).

Adicionalmente, la Sala reitera que “si bien el artículo 38 de la Ley 14 de 1983, subrogado por el artículo 258 del Decreto 1333 de 1986(19), determinó que en ningún caso las exenciones otorgadas sobre impuestos municipales, podían exceder el término de 10 años, la exención establecida en el artículo 16 del Decreto 1056 de 1953 no se encuentra sujeta a dicho plazo, por cuanto este límite fue previsto para aquellas exenciones creadas por los municipios y el Distrito Capital de Bogotá y, no a las establecidas por la ley como ocurrió en el presente caso(20).

Por lo anterior, tampoco resulta procedente el argumento expuesto por el ente demandado, sobre la vigencia dentro de la cual se puede aplicar la exención objeto de estudio.

De otra parte, en relación con la prohibición establecida en el artículo 294 de la Constitución, en cuanto a que “la ley no podrá conceder exenciones ni tratamientos preferenciales en relación con los tributos de propiedad de las entidades territoriales.(...)”, la Sala advierte que en la Sentencia C-537 de 1998 a la cual se ha hecho referencia, la Corte Constitucional concluyó que el artículo 16 del Decreto 1056 de 1953 no violó dicho precepto constitucional, habida cuenta de las facultades que tiene el legislador para establecer tributos, así como para modificarlos o crear exenciones que estime convenientes y, además, precisó:

“Pero, además de los criterios generales sobre la autonomía del legislador en estas materias, existe una razón de rango constitucional para predicar dicha facultad: el tema que se trata, corresponde a uno de los recursos naturales de más impacto económico y político del país, el petróleo, y, que, por disposición constitucional es de propiedad del Estado (C.P. art. 332). Además, también por disposición constitucional, el Estado interviene por mandato de la ley en la dirección general de la economía. En tal virtud "intervendrá en la explotación de los recursos naturales (...), para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano” (C.P. art. 334).

No resulta, pues inconstitucional que el propio legislador intervenga en esta materia para declarar esta clase de exenciones. La Corte en la Sentencia C-419 de 1995, analizó la naturaleza de las exenciones y explicó cómo pueden ser instrumentos de política económica y social, especialmente cuando se trata de estimular a los particulares en asuntos de importancia macroeconómica...” (destacado fuera de texto).

En esas condiciones, el argumento que plantea el demandado frente a la prohibición del legislador de establecer exenciones sobre tributos de propiedad de los municipios, carece de sustento, pues ya fue analizado por la Corte Constitucional y, por tanto, hizo tránsito a cosa juzgada constitucional(21).

En cuanto al argumento del recurrente sobre la coexistencia entre el impuesto de industria y comercio y el impuesto al transporte de petróleos, la Sala ha dilucidado este aspecto en los siguientes términos:

“Del anterior recuento normativo y de la jurisprudencia constitucional sobre el tema, a juicio de la Sala se deduce que el transporte por oleoducto no puede ser gravado con impuesto de industria y comercio por la actividad de servicios, pues además de estar vigente la prohibición prevista en el artículo 16 del Decreto 1056 de 1956, se trata de una etapa dentro de la cadena de la industria del petróleo, cuya propiedad es de la nación, y como lo señaló la Corte en Sentencia C-537 de 1998, es uno de los recursos naturales de más impacto económico y político del país, razón por la cual su regulación y distribución de los recursos debe hacerlo directamente la ley. Además, la dirección general de la economía está a cargo del Estado (C.P. art. 334).

Desde 1953, cuando se compilaron las normas existentes en materia de petróleos, entre ellas la Ley 37 de 1931, existía tanto la prohibición de gravar con impuestos territoriales el transporte de petróleo, como el impuesto nacional de transporte por oleoducto, y ha sido coherente la legislación posterior (L. 141/94) al mantener el impuesto nacional y luego cederlo a los municipios como un reconocimiento para aquellos por cuyas jurisdicciones pasan los oleoductos, pero que no pueden imponer ningún gravamen territorial por esa actividad.

De otra parte, si bien el impuesto de industria y comercio recae, en cuanto a materia imponible, sobre todas las actividades comerciales, industriales y de servicios (...) y dentro de las actividades de servicio se encuentra la de transporte, a juicio de la Sala aunque el transporte por oleoducto pueda considerarse como una actividad de servicios, por su especialidad no podría dársele el mismo tratamiento tributario para el servicio de transporte de personas o cosas, que es la actividad que generalmente grava el impuesto.

(...).

En efecto, es al legislador a quien corresponde determinar los hechos o actividades que están sujetos al pago de impuestos, conforme a la facultad impositiva general (C.P. art. 150, num. 12) y, señalar cuáles son del orden territorial o nacional (art. 338 ibídem).

Y si el legislador estableció el hecho económico de transporte por oleoducto como generador de un impuesto de carácter nacional y reguló sus elementos esenciales; ese mismo hecho económico ya no puede ser objeto de gravamen territorial, no solo porque así lo previó el legislador (Cód. de Petróleos, art. 16), sino, porque el ente territorial no tiene fundamento legal para su adopción dentro de su jurisdicción. (...)”(22).

Con base en lo anterior se concluye que el legislador prohibió que el transporte de petróleo pueda ser objeto de algún gravamen territorial, toda vez que su regulación, por política económica, corresponde a la ley, la cual, además, dispuso esta actividad como hecho generador de un impuesto de carácter nacional que posteriormente es cedido a los municipios.

Precisamente, con fundamento en los argumentos expuestos, esta Sala mediante sentencia de 4 de junio de 2009(23), declaró la nulidad de la expresión “servicio de transporte por oleoducto”, contenida en las actividades de servicios Código 305 del artículo 53 del Acuerdo 35 de 2001, expedido por el Concejo Municipal de Monterrey, razón por la cual, contrario a lo afirmado en la contestación de la demanda, dicha norma no está vigente y, por tanto, los actos demandados en cuanto gravan dicha actividad carecen de fundamento legal.

Ahora bien, la demandante plantea que la exención objeto de análisis no puede hacerse extensiva a todas las «categorías» de petróleo. Al respecto la Sala advierte que el artículo 16 del Decreto 1056 de 1953 dispone lo siguiente:

“16. La exploración y explotación del petróleo, el petróleo que se obtenga, sus derivados y su transporte, las maquinarias y demás elementos que se necesitaren para su beneficio y para la construcción y conservación de refinerías y oleoductos, quedan exentos de toda clase de impuestos departamentales y municipales, directos o indirectos, lo mismo que del impuesto fluvial” (destacado fuera de texto).

Del precepto transcrito se observa que la exención del legislador es general para el “petróleo” y, en tales condiciones, no es admisible el alcance restringido que el ente municipal pretende darle a dicho concepto pues desconoce principios de interpretación según los cuales “donde el legislador no distingue no le es dado al intérprete distinguir” y al sentido natural y obvio en que deben entenderse e interpretarse las palabras, de conformidad con el artículo 28 del Código Civil.

En todo caso, del dictamen pericial practicado en primera instancia se estableció que las especificaciones de calidad de los hidrocarburos que recibe la demandante en la estación ubicada en jurisdicción del municipio de Monterrey y que bombea para enviar a la siguiente estación, corresponden a “mezcla de petróleos crudos livianos, medianos y pesados”(24) y que, de acuerdo, con el Decreto 1895 de 1973, el “petróleo crudo” es “... todo hidrocarburo extraído en fase líquida que existía en ese estado en el yacimiento”.

Igualmente, la Sala ha señalado que la actividad de transporte de petróleo por oleoducto es una de las actividades propias de la industria petrolera, necesaria para llevar el producto a la refinería para su procesamiento y para la producción de sus derivados o, al puerto para su exportación; y de otra, que el oleoducto es el medio de transporte, por excelencia, para el movimiento del crudo, de lo cual ha concluido que el transporte de petróleo por oleoducto es una etapa integrante de la cadena del petróleo y, por tanto, esta actividad no puede ser gravada con el impuesto de industria y comercio(25).

Ahora bien, el ente demandado, ante esta jurisdicción ha alegado que existen otras actividades comerciales e industriales realizadas por Oleoducto Central S.A. que, por ende, están sujetas al impuesto de industria y comercio, razón por la que solicitó la práctica de una inspección judicial y se decretó de oficio un dictamen pericial.

En efecto, la Sala observa que los alegatos de la demandada sobre este aspecto han sido variables, pues con ocasión de la contestación de la demanda, el apoderado afirmó que lo que se grava no es el tránsito de mercancías por la jurisdicción sino la realización de “otro tipo de actividades comerciales independientes”, y se refirió concretamente a actividades de “almacenamiento en tanques”. En el recurso de apelación indicó que la demandante realiza actividades de “optimización e industria” y de “mezcla de hidrocarburos”.

Resulta importante precisar que, como lo reconoció el a quo, en el requerimiento especial y en la liquidación oficial de revisión, no fueron debatidas otras actividades comerciales e industriales presuntamente desarrolladas por la demandante en el municipio, por la mezcla de hidrocarburos o de almacenamiento y que para su realización se instaló una serie de equipos e infraestructura que conforman la Estación Porvenir.

En efecto, en el requerimiento especial 001 del 1º de abril de 2008, el municipio propuso la modificación de la liquidación privada, con base en los siguientes argumentos:

“... el error que se encuentra en la declaración de Ocensa consiste en que aplicó de forma indebida la exención contenida en el artículo 16 del Código de Petróleos ya que, como se le ha indicado en repetidas ocasiones que tal exención no es aplicable al presente caso, por las razones que en repetidas oportunidades se han expuesto y que se exponen a continuación:

La disposición actualmente contenida en el artículo 16 del Decreto 1056 de 1953 fue introducida en nuestro ordenamiento por la Ley 37 de 1931, y recogida con idéntica redacción por el Código de Petróleos, ya que este fue un decreto compilatorio.

Posteriormente fue derogada por múltiples normas tributarias, entre las cuales se destacan la Ley 14 de 1983 y los Códigos de Régimen Municipal y Departamental.

Más recientemente la Corte Constitucional en sentencias C-537 de 1998 se pronunció sobre el artículo en comento declarándolo exequible, empero, en la ratio decidendi se hicieron fundamentales consideraciones para evitar la violación de la autonomía de las entidades territoriales con la exención. En realidad la Corte fue enfática en precisar el ámbito constitucionalmente válido de aplicación de la norma. (...).

Como vemos, la exención establecida en el artículo 16 del Código de Petróleos no fue reconocida por la Ley 14 dentro del listado de las exenciones que no obstante la derogación general establecida en el artículo 258 para las exenciones previas a la Ley 14, continuaría vigentes. Razón por la que debe entenderse que esta exención fue o bien tácita o bien expresamente, pero en todo caso derogada.

Resumamos lo expresado diciendo simplemente que la Ley 14 introdujo una nueva regulación de los tributos territoriales; el artículo 258 derogó las exenciones previas a la ley e incluyó un límite temporal para las exenciones de máximo 10 años, y en todo caso con la debida mención en ella en los planes de desarrollo de los municipios) por mandato de la ley orgánica del plan y en el marco fiscal de mediano plazo de los municipios (por mandato de la L. 819); el artículo 259 estableció una lista de exenciones previas a la Ley 14 que no se entenderían derogadas, dentro del cual no se encuentra la del artículo 16 del Código de Petróleos (...)”(26).

Y, en la liquidación oficial de revisión 0006 del 29 de octubre de 2008, sostuvo lo siguiente:

“... es necesario recordar que con el impuesto de industria y comercio lo que se grava es la realización de actividades comerciales, industriales y de servicios en el territorio de un municipio o departamento, y tiene por finalidad retribuir a la entidad territorial el beneficio que se obtiene al utilizar ese determinado mercado, en tanto que el impuesto de transporte del petróleo grava de manera específica la actividad de transporte de petróleo.

Como puede verse, estamos ante dos hechos imponibles diferentes, razón por la cual, a pesar de que los dos gravámenes tengan un punto de contacto en relación con el hecho generador, ello no implica que se excluyan o que sea incompatible el cobro de ambos de manera simultánea.

Eso significa que Ocensa, al pagar el impuesto de Industria y Comercio no está siendo gravado por la actividad de transporte de petróleo, sino por el hecho de haber escogido al municipio de Monterrey como la plaza de mercado propicia para desarrollar la actividad comercial.

Acorde con los principios tributarios de orden constitucional, resulta ajustado a derecho que Ocensa, como beneficiario de las condiciones de mercado propias del Municipio de Monterrey, contribuya con las cargas del mismo a través del pago del impuesto de industria y comercio.

Por las razones expuestas, el municipio no comparte la posición de Ocensa al pretender eludir del cumplimiento de sus obligaciones tributarias alegando una exención a todas luces improcedente.

(...) es necesario recordar que, tal como se ha sostenido a lo largo del procedimiento administrativo, Ocensa sí es contribuyente del impuesto de industria y comercio en el municipio de Monterrey en atención a que realiza uno de los hechos generadores del mencionado impuesto, sin que exista a su favor el establecimiento de exención alguna”(27) (destacado fuera de texto).

De acuerdo con lo anterior, en ninguno de los actos transcritos se hizo mención al cobro del impuesto de industria y comercio por la realización de actividades comerciales e industriales en el municipio de Monterrey por parte de Oleoducto Central S.A., Ocensa, por concepto de mezcla de hidrocarburos o almacenamiento, pues lo que se debatió en sede administrativa fue la aplicación de la exención prevista en el artículo 16 del Código de Petróleos para la actividad de transporte de petróleo por oleoducto y que se hubiera utilizado la jurisdicción municipal para desarrollar su actividad comercial, amén de que “escoger” a un municipio como la “plaza de mercado” de su actividad no constituye un hecho generador del tributo.

En ese contexto, lo alegado por el municipio en la contestación de la demanda y en el recurso de apelación constituye un argumento nuevo que propone como fundamento del cobro del tributo, pero que no fue objeto de discusión en sede gubernativa y solamente fue planteado en el proceso iniciado en la jurisdicción contencioso administrativa, como acertadamente lo concluyó el tribunal.

En esas condiciones, no es procedente plantear hechos nuevos que no fueron objeto de discusión en la actuación administrativa, pues con ello se vulneraría el derecho al debido proceso, de defensa y contradicción del contribuyente.

La Sala advierte que si la administración hubiera determinado dentro del proceso de determinación del tributo que la actora realiza actividades comerciales e industriales, así ha debido señalarlo en los actos acusados e incluso tenía la facultad de ampliar el requerimiento especial oportunamente.

En todo caso, la Sala precisa que la prohibición de establecer cualquier tipo de impuesto territorial al transporte de petróleo por oleoductos no solo es para disponer directamente como hecho generador dicha actividad, sino que se hace extensiva a que indirectamente se prevean gravámenes o se subsuman en otras actividades operaciones indispensables para poder realizar el transporte del petróleo.

Lo anterior, es suficiente para no dar prosperidad al recurso de apelación interpuesto por el ente demandado y, en consecuencia, se confirmará la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

CONFÍRMASE la sentencia apelada, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha».

Hechos: Se demanda la nulidad del acto que liquidó el impuesto de industria y comercio sobre los ingresos provenientes del transporte de petróleo por oleoducto en el Municipio de Monterrey - Casanare, correspondiente al año gravable 2006.

La demandante alegó en la demanda que la prohibición prevista en el artículo 16 del Decreto 1056 de 1953 está vigente y en consecuencia, el transporte de petróleo está exento del impuesto de industria y comercio.

Tribunal: Accedió a las pretensiones de la demanda. Bajo los siguientes argumentos: (i) El artículo 16 del Decreto 1056 de 1953 permaneció vigente a pesar de las reformas de la Ley 14 de 1983 y 141 de 1994, por lo que la actividad de prestación de servicios de transporte de hidrocarburos, no es susceptible de ser gravada con los impuestos territoriales, por estar exentos de tributo los ingresos provenientes de dicha actividad. (ii) El acto administrativo acusado se fundamentó en lo previsto en el artículo 53 del Acuerdo 035 de 2001, sin embargo, apartes de esta norma fue declarada nula, razón por la que el municipio no tiene la facultad para gravar el transporte de hidrocarburos con el impuesto de industria y comercio.

El demandado apeló la sentencia de primera instancia e insiste en que la exención aducida por la actora está derogada y que ha omitido el deber de incluir en las declaraciones correspondientes al impuesto de industria y comercio del año gravable 2006, los ingresos provenientes de la actividad de transporte por oleoducto. De otro lado, considera que presta otras actividades en el municipio de Monterrey sujetas al tributo.

Proyecto: confirma. Bajo los siguientes argumentos: (i) La Sala en reiteradas oportunidades se ha pronunciado acerca de la vigencia de la prohibición prevista en el artículo 16 del Decreto 1056 de 1953, Código de Petróleos. (ii) La existencia de una prohibición legal para gravar las actividades de transporte de petróleo por oleoducto, conlleva a que no se configure el hecho generador del tributo, referido a la realización de actividades industriales, comerciales y de servicios en la jurisdicción del municipio de Monterrey (Casanare), razón por la cual Oleoducto Central S.A. no se está obligado a declarar y pagar el impuesto de industria y comercio por este concepto. (iii) Con las pruebas allegadas al expediente no se acredita ni se demuestra que la sociedad demandante haya realizado otra actividad en el municipio de Monterrey - Casanare, susceptible de ser gravada con el impuesto de industria y comercio.

Apoderados:

Demandante: Lucy Cruz de Quiñones

Demandada[sic]: Carlos Eduardo Naranjo Flórez

Primera instancia: Tribunal Administrativo de Casanare

M.P. Néstor Trujillo González

Cuantía: $ 3.912.973.461.

Reiteración jurisprudencial: Consejo de Estado, Sección Cuarta.

Sentencia de 11 de noviembre de 2009. Expediente 17330, consejero ponente William Giraldo Giraldo.

Sentencia de 3 de diciembre de 2009. Expediente 17351, consejero ponente William Giraldo Giraldo.

Sentencia de 4 de noviembre de 2010, Expediente 17533, consejero ponente Martha Teresa Briceño de Valencia.

Sentencia de 7 de abril de 2011. Expediente 17740, consejero ponente William Giraldo Giraldo.

Sentencia de 27 de octubre de 2011. Expediente 17856, consejero ponente Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

Sentencia de 27 de octubre de 2011. Expediente 18507, consejero ponente William Giraldo Giraldo.

Sentencia de 13 de diciembre de 2011, Expediente 18480, consejero ponente Martha Teresa Briceño de Valencia.

(16) Sentencias del 4 de junio de 2009, Exp. 16084, 11 de noviembre de 2009, Exp. 17330, C.P. William Giraldo Giraldo, 3 de diciembre de 2009, Exp. 17351, C.P. William Giraldo Giraldo; 4 de noviembre de 2010, Exp. 17533, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; 7 de abril de 2011, Exp. 17740, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; 27 de octubre de 2011, Exp. 17856, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez; 27 de octubre de 2011, Exp. 18507, C.P. William Giraldo Giraldo, entre otras.

(17) Sentencia del 4 de junio de 2009, Exp. 16084, M.P. Dr. William Giraldo Giraldo.

(18) ART. 27. Prohibición a las entidades territoriales. Salvo las previsiones contenidas en las normas legales vigentes, las entidades territoriales no podrán establecer ningún tipo de gravamen a la explotación de los recursos naturales no renovables.

(19) Los municipios y el Distrito Especial de Bogotá solo podrán otorgar exenciones de impuestos municipales por plazo limitado, que en ningún caso excederá de diez (10) años, todo de conformidad con los planes de desarrollo municipal.

(20) Sentencia del 11 de octubre de 2011, Exp. 18507, M.P. William Giraldo Giraldo.

(21) Artículo 243, C.P.

(22) Sentencia del 4 de junio de 2009, Exp. 16084, M.P. William Giraldo Giraldo.

(23) Providencia que al decidir el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia desestimatoria de las súplicas de la demanda, la revocó y, en su lugar, anuló la expresión“servicio de transporte por oleoductocontenida en las actividades deservicios Código 305 del artículo 53 del Acuerdo 035 de 2001 expedido por el Concejo Municipal de Monterrey, Casanare, el cual hace parte de los fundamentos de derecho soporte de los actos aquí demandados.

(24) Fls. 22 y 25 del dictamen pericial

(25) Sentencia del 11 de noviembre de 2009, Exp. 17330, M.P. William Giraldo Giraldo.

(26) Fls. 143-151 cdno. ppal. 1.

(27) Fls. 137-142 cdno. ppal. 1.