Sentencia 2009-00005/43585 de mayo 10 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 81001-23-31-000-2009-00005-01 (43.585)

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: J.D.C. y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y otros

Asunto: Acción de reparación directa

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)

Bogotá, D.C., diez de mayo de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

Cumplido el trámite procesal correspondiente, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada —Policía Nacional— contra la sentencia del 4 de agosto de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca.

1. Prelación de fallo(2). 

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para proferir fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en el orden cronológico en que pasaron los expedientes al despacho.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en el artículo 16, permite decidir, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales su decisión definitiva “entrañe solo la reiteración de la jurisprudencia”.

En el presente caso, el objeto de debate se refiere a la privación injusta de la libertad del señor J.D.C., tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, en las cuales ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada.

2. Cuestión preliminar.

Previo a decidir el asunto puesto a consideración de la Sala, resulta pertinente señalar que, en este caso, teniendo en cuenta que la Fiscalía General de la Nación concilio la condena impuesta en primera instancia y que el Ejército Nacional no apeló la referida decisión, el objeto de estudió en esta instancia procesal estará delimitado únicamente por las razones de inconformismo manifestadas por la Policía Nacional.

Adicional a ello, resulta menester aclarar que al ser la Policía Nacional apelante único, la Sala no podrá hacer más gravosa su situación, únicamente podrá mejorarla en el evento de que encuentre que hay lugar a ello, de conformidad con las pruebas debidamente decretadas y practicadas en el proceso.

3. Competencia y ejercicio oportuno de la acción.

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación, toda vez que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 (estatutaria de la administración de justicia) y con el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta corporación el 9 de septiembre de 2008(3), de las acciones de reparación directa relacionadas con el ejercicio de la administración de justicia conocen, en primera instancia, los tribunales administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado, sin tener en cuenta la cuantía del proceso.

En cuanto a la oportunidad para formular la acción indemnizatoria, advierte la Sala que la demanda se interpuso dentro de los dos (2) años que establece el numeral 8 del artículo 136 del CCA, toda vez que la providencia por medio de la cual se absolvió de responsabilidad penal al señor J.D.C. quedó ejecutoriada el 9 de enero de 2007(4) y la demanda se presentó el 29 de octubre de 2008.

Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar, de acuerdo con el material probatorio válidamente aportado al proceso, si existe responsabilidad por los daños causados a los demandantes, con ocasión de la privación de la libertad de la cual fue objeto el señor J.D.C.

4. Pruebas.

Se allegaron al proceso las siguientes:

4.1. Informe de Policía Judicial 0197 del 25 de junio de 2005(5), suscrito por el patrullero H.A.T., funcionario de la SIJIN Saravena, quien participó en el operativo donde fue capturado el señor J.D.C.(6) (fl. 1 a 4, cdno. 3).

4.2. Auto del 26 de junio de 2005, proferido por la Fiscalía Primera Seccional de Saravena, en el que se ordena “librar boleta de encarcelación” en contra del señor C., por haber sido capturado en flagrancia (fl. 15, cdno. 3).

4.3. Copia de la declaración rendida por el subteniente del Ejército Nacional O.D.M., quien estuvo presente en la diligencia donde resultó capturado el demandante (fls. 21 a 23, cdno. 3).

4.4. Copia de la declaración rendida por el patrullero de la Policía Nacional H.A.T., quien estuvo presente en la diligencia en que resultó capturado el demandante (fls. 31 a 33, cdno. 3).

4.5. Copia de la providencia del 12 de julio de 2005, a través de la cual la Fiscalía Delegada ante Jueces Penales del Circuito Especializados de Cúcuta impuso a J.D.C. medida de aseguramiento de detención preventiva, sin el beneficio de libertad provisional, por el delito de porte, tráfico y fabricación de armas de fuego y municiones (fls. 57 a 67, cdno. 3).

4.6. Copia de la resolución de acusación dictada el 16 de febrero de 2006, por la Fiscalía Delegada ante Jueces Penales del Circuito Especializados de Cúcuta, en la que calificó el mérito del sumario contra J.D.C., por la comisión del delito de porte, tráfico y fabricación de armas de fuego y municiones de uso privativo de las fuerzas militares(7) (fls. 150 a 159, cdno. 3).

4.7. Copia de la sentencia del 30 de noviembre de 2006, mediante la cual el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Arauca absolvió de responsabilidad al señor J.D.C. y ordenó su libertad provisional.

En la mencionada sentencia se indicó (se transcribe literal, incluso con errores):

“Fue así, como tal y como lo registra la foliatura de acuerdo a la prueba testimonial sometida a la sana critica merece al despacho plena credibilidad, proveniente no solo de los acusados señores H.G.V., J.D.C., sino igualmente del menor Y.N.R., personas que presenciaron las circunstancias de modo, tiempo y lugar como los policiales pertenecientes a la Estación de Policía de Saravena, en horas casi del medio día del 25 de junio de 2005, al realizar en desarrollo del informe militar sobre la presunta presencia de integrantes de las FARC en el interior del inmueble ubicado en la calle 15 con carrera 23 del Barrio Pablo Antonio de la referida localidad Araucana, ante la presunción de que también estos guardaban armas llegan hasta dicha humilde vivienda, pero no como lo ordena y dispone nuestro ordenamiento jurídico con orden de allanamiento de autoridad judicial competente a voces de los arts. 295 y 296 del C. de P.P, ora con la previa autorización de sus moradores para la realización del respectivo registro voluntario, sino atropellando, con groserías, intimidando con armas de fuego, irrespetos, maltratos físicos y verbales, a las patadas, lo cual desdice de su condición como miembros de nuestro Ejército y de la Policía Nacional, y por si lo anterior fuera poco, no se procedió como lo dispone el artículo 296 en cita, a elaborar la respectiva acta de esa diligencia de allanamiento y registro, en las condiciones allí precisadas, que permitiera identificar y describir todas las cosas que hayan sido examinadas o incautadas, el lugar donde fueron encontrados, dejando las constancias que soliciten las personas que en ella intervenga, teniendo los propietarios o tenedores derecho a que se les expida copia del acta si así lo solicitan.

(…).

“De acuerdo a los testimonios del joven J. (sic) N.R., como de los acusados J.D.C. y H.G.V., no medio autorización alguna por parte de estos a los señores militares miembros del Ejército y de la Policía Nacional para ingresar a la vivienda de propiedad de la señora progenitora del acusado G.V.… en horas de la mañana del día sábado 25 de junio de 2005, en desarrollo de las operaciones ofensivas en respuesta del atentado terrorista del día anterior en esa localidad y mucho menos para revisar sus habitaciones, no puede hablarse como equivocadamente y de manera falaz lo afirma el Informe de Policía Judicial, de un ‘registro voluntario’, vale decir de una penetración a domicilio ajeno asentida. Esa irrupción militar o policial a esa humilde vivienda … fue entonces, ni más ni menos, un allanamiento. ¡Pero un allanamiento ilegal!

(…).

“A su vez, en el respectivo informe de Policía judicial mediante el cual se dejan a disposición de la Fiscalía de Saravena, a los aprehendidos J.D.C. y H.G.V., como en posteriores testimonios del militar y del policial que participaron en dicha operación de ‘registro voluntario’, como lo fueron el Subteniente D. y el Patrullero T., reiteran lo ya expresado por ellos, esto es, que se conoce por informes que en esa vivienda de la calle 15 con carrera 23 esquina del Barrio Pablo Antonio, se hospedaban miembros de las FACR y que tenían en su poder armamentos, municiones y explosivos, pudiendo haber participado en el atentado terrorista del día anterior en la localidad de Saravena cuando la cruda realidad no fue otra distinta a la captura de humildes labriegos como J.D.C. y H.G.V., según lo testimoniaren R.A.A., O.G.V., P.D.C. a quienes como consta en el expediente no se les comprobare en lo más mínimo su vinculación con grupos subversivos o de narcoterroristas al margen de la ley, tampoco se encontró un arsenal bélico, sino en circunstancias muy muy confusas y difusas y no aceptadas en lo más mínimo por los capturados una pistola, municiones y una granad, al punto de serles precluida la investigación por la tenencia de esas armas … y respecto al hallazgo de una granada de fragmentación M26, igualmente en regular estado de conservación o porte a voces del art. 366 del Código Penal, conducta reprochable y punible atentatoria contra la seguridad pública, cuya tenencia ni propiedad fuere aceptada en ningún momento por los citados acusados, que fuere incautada por los militares en la supuesta residencia de los referidos ciudadanos precisamente por haber sido incautada en desarrollo de un procedimiento militar en total apartamiento de los cánones legales que rigen esta materia como lo son las diligencias de allanamiento y registro voluntario, esto es, no se contó con la autorización judicial para ello, tampoco los moradores de la vivienda dieron su aval o consentimiento o autorización para el ingreso al inmueble, ni para el registro de sus habitaciones, mucho menos se elaboró la respectiva acta de manera correcta, lo cual desde luego no solo es violatorio de los arts. 294 y 296 del C de P.P., sino igualmente del mandato superior contenido en el art. 29 consagratorio del principio del debido proceso y de contera hace nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación de las garantías constitucionales, como sucediere en este evento.

(…).

“Si, en este asunto, está excluida por mandato constitucional la prueba de la materialidad de la acción típica —las armas, municiones y artefacto explosivo incautado—, necesariamente tiene que proclamarse que no está demostrada en los autos ‘la ocurrencia del hecho’ atentarorio contra la seguridad pública, atribuido a los señores H.G.V. y J.D.C.” (fls. 107 a 109 y 128, cdno. 4) (resalta la Sala).

4.8. Constancia secretarial del 9 de enero de 2007, mediante la cual la Secretaria del Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Arauca señaló que la sentencia del 30 de noviembre de 2006 quedó ejecutoriada la fecha en que fue expedida la constancia (fl. 142, cdno. 4).

5. Valoración probatoria y conclusiones.

De lo expuesto en la sentencia del 30 de noviembre de 2006, proferida por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Arauca, se colige que la conducta punible que la Fiscalía le imputó al señor J.D.C. no existió y que tampoco se logró demostrar en ese proceso que aquel perteneciera o fuera colaborador de algún grupo al margen de la ley; por el contrario, la supuesta evidencia que fue hallada en poder del ahora demandante debió ser excluida y no pudo tenerse como prueba, habida cuenta que en el informe realizado por miembros de la Policía Judicial se faltó a la verdad.

Conforme a lo anterior, resulta necesario señalar que la apelante —Policía Nacional— es responsable en parte de los daños acá alegados, pues, como se advirtió previamente, incurrió en falsedad al presentar las pruebas al ente acusador, lo cual, a la postre, determinó la imposición de medida de aseguramiento por parte de la Fiscalía.

En efecto, como quedó demostrado en el proceso penal, el informe de policía judicial en el que se deja a disposición de la Fiscalía al señor C. y el cual es pieza fundamental al momento de dictar medida de aseguramiento, está basado en una falsedad, la cual radica en la afirmación de que la diligencia de allanamiento y captura se dio a través de un registro voluntario a la vivienda donde supuestamente se encontraba el ahora demandante.

Esa afirmación resulta relevante a lo largo del proceso penal, pues a partir de ella se le da validez al recaudo de las pruebas que supuestamente fueron halladas en la casa de habitación donde se realizó la captura; pero, si desde el inicio del proceso se hubiera advertido que no se trató de un registro voluntario, sino de un “allanamiento ilegal” hecho por miembros de la fuerza pública, seguramente el escenario sería distinto, ya que habría sido evidente que los elementos supuestamente hallados en esa vivienda no podían ser valorados como prueba, dado que su recolección no cumplió con los mínimos que exige la ley.

Así las cosas y teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos por la Policía Nacional en el recurso de apelación, observa la Sala que, si bien en la Ley 600 (Código de Procedimiento Penal que rigió el proceso en el cual fue acusado el señor C.) era la Fiscalía General de la Nación la que, conforme al material probatorio a ella presentado, tomaba la decisión de mantener privada o no de la libertad a una persona, lo cierto es que, en este caso, las pruebas que le fueron presentadas por la Policía faltaban a la verdad y alteraban sustancialmente las circunstancias en que se produjo la captura, pues, como ya se dijo y así quedó demostrado, los miembros de la fuerza pública que participaron en la captura del señor C., al mentir tanto en el informe de policía judicial como en la declaración, lograron inducir en error a la Fiscalía General de la Nación, hecho que, a la postre, originó la decisión a través de la cual se privó de la libertad al ahora demandante.

Hechas las anteriores precisiones y como las actuaciones desplegadas por la Policía Nacional generaron, en parte, el daño por el cual se demanda, se confirmará la sentencia apelada, en cuanto a la declaratoria de responsabilidad.

7. (sic) Indemnización de perjuicios.

En vista de que la Policía Nacional es la única apelante en el presente asunto, se insiste en que en virtud del principio non reformatio in pejus, no es posible desmejorar la situación que ya le fijó el tribunal de primera instancia, por lo que no podrá reformarse la decisión en lo referente a la indemnización de perjuicios, salvo en lo que favorezca a la demandada.

7.1. Perjuicios Morales.

En relación con el parentesco de los demandantes con J.D.C., obran en el proceso las siguientes pruebas:

1. Copia auténtica del registro civil de nacimiento de J.D.C., en el que consta que G.C. es su madre (fl. 35, cdno. 1).

2. Copia auténtica del registro civil de nacimiento de A.A.C.G., en el que consta que es hijo de J.D.C. (fl. 36, cdno. 1).

3. Copia auténtica del registro civil de nacimiento de M.H.C., en el que consta que es hermana de J.D.C. (fl. 37, cdno. 1).

4. Copia auténtica del registro civil de nacimiento de A.T.H.C., en el que consta que es hermana de J.D.C. (fl. 38, cdno. 1).

5. Copia auténtica del registro civil de nacimiento de N.H.C., en el que consta que es hermana de J.D.C. (fl. 39, cdno. 1).

6. Copia auténtica del registro civil de nacimiento de S.C., en el que consta que es hermana de J.D.C. (fl. 40, cdno. 1).

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que, en casos de detención domiciliaria o en establecimientos carcelarios, se presume el dolor moral, la angustia y aflicción tanto de la persona que fue privada injustamente de su libertad como de sus seres queridos más cercanos(8), conforme a las reglas de la experiencia, tal como la Sala lo ha reconocido en diferentes oportunidades(9).

Además, en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014(10), esta Sección sugirió una guía para la liquidación de este perjuicio inmaterial, que toma como parámetro el tiempo que duró la detención, así:

 NIVEL 1NIVEL 2NIVEL 3NIVEL 4NIVEL 5
Reglas para liquidar el perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertadVíctima directa, cónyuge o compañero(a) permanente y parientes en el 1º de consanguinidadParientes en el 2º de consanguinidadParientes en el 2º de consanguinidadParientes en el 4º de consanguinidad y afines hasta el 2ºTerceros damnificados
Término de privación injusta en meses 50% del porcentaje de la víctima directa35% del porcentaje de la víctima directa25% del porcentaje de la víctima directa15% del porcentaje de la víctima directa
 SMLMVSMLMVSMLMVSMLMVSMLMV
Superior a 18 meses10050352515
      
Superior a 12 e inferior a 18904531,522,513,5
      
Superior a 9 e inferior a 128040282012
      
Superior a 6 e inferior a 9703524,517,510,5
      
Superior a 3 e inferior a 6502517,512,57,5
      
Superior a 1 e inferior a 33517,512,258,755,25
      
Igual e inferior a 1157,55,253,752,25

Teniendo en cuenta que se acreditó, con el informe de policía judicial que da cuenta de la captura y con la providencia a través de la cual el juzgado de conocimiento ordenó notificar personalmente al señor C. del contenido de la sentencia absolutoria y emitió la boleta de libertad, que J.D.C. permaneció privado de la libertad desde el 25 de junio de 2005 hasta el 6 de diciembre de 2006, es claro que tal situación duró 1 año, 5 meses y 11 días, es decir, que la reclusión se extendió por 17 meses y 11 días.

En ese orden de ideas, a pesar de que conforme a la tabla anterior habría lugar a reconocerles a los demandantes una compensación superior a la enunciada en el fallo de primer grado, en virtud de la non reformatio in pejus se confirmará la condena en los montos asignados a cada uno de los demandantes.

7.2. Perjuicios materiales.

En la demanda, frente a esta clase de perjuicios, la actora solicito únicamente el lucro cesante, limitando dicho daño a la suma de $ 8.566.625, cifra que corresponde a los ingresos dejados de percibir por el señor J.D.C. desde que fue privado de su libertad hasta que salió de la cárcel.

El a quo accedió al reconocimiento de este perjuicio por valor de $ 9.301.584.93, para ello, tomó el tiempo que el señor C. permaneció privado de su libertad y como base de liquidación, a falta de pruebas, el salario mínimo legal mensual vigente para la fecha de su sentencia (2011).

Frente a lo anterior, observa la Sala que la sentencia de primera instancia condenó a las demandadas por la suma solicitada en las pretensiones de la demanda y la actualizó al momento del fallo, de manera que la Sala en este caso únicamente actualizará esa cifra conforme a la jurisprudencia de esta corporación aplicando la fórmula utilizada para actualizar la renta, tomando el índice de precios al consumidor del mes anterior a esta sentencia y el índice de precios al consumidor vigente en el mes en que fue proferida la sentencia de primera instancia, esto es:

índice final - abril / 2018 (141.70)

Ra = ($ 9.301.584.93) ------------------------------------------------------------ =

índice inicial - agosto/ 2011 (108.01)

Ra = $ 12.202.894.03

La Sala no accederá al incremento del 25% por concepto de prestaciones sociales, ni reconocerá el lapso que, según las estadísticas, tarda una persona en Colombia para conseguir trabajo o acondicionarse a una actividad laboral, esto es, 8.75 meses(11), por cuanto no está probado que para la época en que el actor fue privado de la libertad tuviera un vínculo laboral estable vigente.

7.3. Daño a bienes constitucionalmente protegidos, denominado por el actor como “daño a la vida de relación”.

En la demanda, los actores solicitaron el pago de 500 SMLMV para cada uno de ellos, con el argumento de los perjuicios “que sufrieron y sufren con motivo de la sindicación, detención y la injusta privación de la libertad” de J.D.C. (fl. 2, cdno. 1).

Al respecto, es indispensable manifestar que este tipo de perjuicio ha sido objeto de estudio por la Sala en diversas oportunidades; en efecto, en la sentencia del 19 de julio de 2000 (expediente 11.842) se reformuló el concepto del perjuicio fisiológico por el de daño a la vida de relación y allí se precisó que este “corresponde a un concepto mucho más comprensivo, por lo cual resulta ciertamente inadecuado el uso de la expresión perjuicio fisiológico”, de modo que “debe la Sala desechar definitivamente su utilización”.

Posteriormente, la Sala abandonó la denominación de “daño a la vida de relación” y se refirió al perjuicio por la alteración grave de las condiciones de existencia, bajo el entendido de que, cuando se trata de lesiones que producen alteraciones físicas que, a su vez, afectan la calidad de vida de las personas, estas tienen derecho al reconocimiento de una indemnización adicional a la que se reconoce por el perjuicio moral, por lo que aquel no debe limitarse a los casos de lesiones corporales que producen alteraciones orgánicas, sino que debe extenderse a todas las situaciones que alteran de manera grave las condiciones habituales o de existencia de las personas(12).

Luego, en sentencia del 14 de septiembre de 2011, la Sala dijo que:

“(…) que la tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) cualquierotrobien,derechoointeréslegítimoconstitucional,jurídicamentetuteladoquenoestécomprendidodentrodelconceptode‘dañocorporaloafectaciónalaintegridadpsicofísica’yquemerezcaunavaloracióneindemnizaciónatravésdelastipologíastradicionalescomoeldañoalavidaderelaciónolaalteracióngravealascondicionesdeexistenciaomedianteelreconocimientoindividualoautónomodeldaño(v.gr.elderechoalbuennombre,alhonoroalahonra;elderechoatenerunafamilia,entreotros),siemprequeestéacreditadaenelprocesosuconcreciónyseaprecisosuresarcimiento,deconformidadconloslineamientosquefijeensumomentoestacorporación(13).

Por último, en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 (expediente 32.988), la Sala hizo las siguientes precisiones en torno a los perjuicios por vulneraciones o afectaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados:

“i) Es un daño inmaterial que proviene de la vulneración o afectación a derechos contenidos en fuentes normativas diversas: sus causas emanan de vulneraciones o afectaciones a bienes o derechos constitucionales y convencionales. Por lo tanto, es una nueva categoría de daño inmaterial.

“ii) Se trata de vulneraciones o afectaciones relevantes, las cuales producen un efecto dañoso, negativo y antijurídico a bienes o derechos constitucionales y convencionales.

“iii) Es un daño autónomo: no depende de otras categorías de daños, porque no está condicionado a la configuración de otros tradicionalmente reconocidos, como los perjuicios materiales, el daño a la salud y el daño moral, ni depende del agotamiento previo de otros requisitos, ya que su concreción se realiza mediante presupuestos de configuración propios, que se comprueban o acreditan en cada situación fáctica particular.

“iv) La vulneración o afectación relevante puede ser temporal o definitiva: los efectos del daño se manifiestan en el tiempo, de acuerdo al (sic) grado de intensidad de la afectación, esto es, el impedimento para la víctima directa e indirecta de gozar y disfrutar plena y legítimamente de sus derechos constitucionales y convencionales.

“15.4.2. La reparación del referido daño abarca los siguientes aspectos:

“i) El objetivo de reparar este daño es el de restablecer plenamente a la víctima en el ejercicio de sus derechos. La reparación de la víctima está orientada a: (a) restaurar plenamente los bienes o derechos constitucionales y convencionales, de manera individual y colectiva; (b) lograr no solo que desaparezcan las causas originarias de la lesividad, sino también que la víctima, de acuerdo con las posibilidades jurídicas y fácticas, pueda volver a disfrutar de sus derechos, en lo posible en similares condiciones en las que estuvo antes de que ocurriera el daño; (c) propender para que en el futuro la vulneración o afectación a bienes o derechos constitucionales y convencionales no tengan lugar; y (d) buscar la realización efectiva de la igualdad sustancial.

“ii) La reparación del daño es dispositiva: si bien las medidas de reparación de este tipo de daños pueden serlo a petición de parte, también operan de oficio, siempre y cuando aparezca acreditada su existencia.

“iii) La legitimación de las víctimas del daño: se reconoce a la víctima directa de la lesión como a su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero (a) permanente y los parientes hasta el 1º (sic) de consanguinidad, incluida la relación familiar biológica, la civil derivada de la adopción y aquellas denominadas 'de crianza', en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que se presumen entre ellos.

“iv) Es un daño que se repara principalmente a través de medidas de carácter no pecuniario: se privilegian por excelencia las medidas reparatorias no indemnizatorias; sin embargo, en casos excepcionales cuya reparación integral, a consideración del juez, no sean suficientes, pertinentes, oportunas o posibles podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, mediante el establecimiento de una medida pecuniaria hasta 100 SMLMV, si fuere el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocida con fundamento en el daño a la salud. Ese quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño y/o la naturaleza del bien o derecho afectado”.

Así las cosas, al realizar la adaptación correspondiente a la comentada línea jurisprudencial, debe entenderse que, en cuanto la parte actora solicitó la indemnización por “daño a la vida de relación”, ello encuadra perfectamente en lo que hoy la jurisprudencia de esta misma Sala reconoce o identifica como parte de los bienes constitucionalmente protegidos.

Pues bien, en este caso, la solicitud de indemnización por este concepto se fundó en que el señor J.D.C. y su familia sufrieron un daño a la vida de relación, como consecuencia de la privación de la libertad que a él le fue impuesta injustamente; no obstante, revisado el material probatorio, la Sala no halló una sola evidencia documental, testimonial o de otra naturaleza, que acredite que, con el proceso penal iniciado en su contra y con la medida de aseguramiento que se le profirió, tanto la víctima como los demás demandantes hayan resultado afectados en alguno de sus bienes constitucionalmente protegidos; por consiguiente, la Sala revocará la decisión del a quo, toda vez que no es procedente el reconocimiento de la indemnización pedida por tal concepto.

8. Condena en costas.

En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFÍCANSE los ordinales tercero y cuarto de la sentencia del 4 de agosto de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, por las razones expuestas en esta providencia, los cuales quedarán así:

“3. CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejercito Nacional - Policía Nacional a pagar a los actores, por concepto de los perjuicios morales irrogados, las siguientes cantidades:

“A favor de J.D.C., en su calidad de víctima directa de la privación injusta de la libertad, la suma equivalente en dinero a ochenta (80) salarios mínimos, legales, mensuales y vigentes.

“A favor de G.C.H., en su condición de madre la víctima, la suma equivalente en dinero a cuarenta (40) salarios mínimos, legales, mensuales y vigentes.

“A favor de A.A.C.G., en su condición de hijo de J.D.C., la suma equivalente a cuarenta (40) salarios mínimos, legales, mensuales y vigentes.

“A favor de S.C., en su condición de hermana carnal de la víctima, la suma equivalente en dinero a veinte (20) salarios mínimos, legales, mensuales y vigentes, para cada una de ellas.

“A favor de M., A. y N.H.C., en su condición de hermanas uterinas de la víctima, la suma equivalente en dinero a diez (10) salarios mínimos, legales, mensuales y vigentes, para cada una de ellas.

“4. CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejercito Nacional - Policía Nacional a pagar a J.D.C. por concepto de perjuicios materiales irrogados y a título de lucro cesante, la suma de doce millones doscientos dos mil ochocientos noventa y cuatro pesos con tres centavos ($ 12.202.89.03) correspondientes al valor de los ingresos dejados de percibir durante el tiempo de su detención, es decir, 17 meses y once días”.

2. REVÓCASE la condena impuesta a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, por concepto de daño a la vida en relación.

3. En lo demás, CONFÍRMASE la sentencia del 4 de agosto de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca.

4. Sin condena en costas.

5. Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil; para tal efecto, el tribunal de instancia cumplirá los dictados del artículo 362 del CPC.

6. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen, para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

2 De conformidad con el acta 9 de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 25 de abril de 2013.

3 Expediente: 2008 00009.

4 Según se observa en la constancia secretarial expedida por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Arauca que obra en el fl. 142, cdno. 4.

5 Si bien el informe tiene fecha del 25 de junio de 2004, lo cierto es que en la declaración rendida por el patrullero T. se advirtió que, por error involuntario, quedó consignado el año “2004” siendo el correcto el “2005”.

6 El informe de policía judicial fue ratificado por quien lo suscribió, en declaración rendida bajo la gravedad de juramento ante la Fiscalía Primera Seccional de Saravena (Arauca).

7 Es necesario aclarar que en esta providencia la Fiscalía General de la Nación precluyó la investigación penal frente a los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas o municiones de defensa personal, respecto de la tenencia del arma de fuego y la munición encontrada en la casa de habitación donde fue capturado el señor C.; sin embargo, profirió resolución de acusación por el delito de porte, tráfico y fabricación de armas de fuego y municiones de uso privativo de las fuerzas militares, toda vez que en el lugar también fue hallada una granada de fragmentación.

8 Entre otras, sentencia del 14 de marzo de 2002, expediente 12.076.

9 Sentencia del 20 de febrero de 2.008, expediente 15.980.

10 Expediente 36.149.

11 En sentencia del 30 de marzo de 2016, expediente 39.519, se dijo: “La Sala no reconocerá, en este caso, el lapso de tiempo que la persona requiere para conseguir trabajo luego de haber obtenido su libertad o acondicionarse en una actividad laboral, tal y como se ha reconocido en algunos casos de privación injusta de la libertad, toda vez que al señor … se le indemnizará la afectación del ejercicio, como independiente, de su actividad de propietario de un taller de ornamentación por el término durante el cual estuvo privado de su libertad”.

12 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 1º de noviembre de 2007 (expediente 16407).

13 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 14 de septiembre 2011 (expediente 19031).