Sentencia 2009-00008/58649 de abril 26 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 54001-23-31-000-2009-00008-01 (58649)

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Ricoa

Actor: G. M. C. y otros

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación y otros.

Referencia: Apelación sentencia - acción de reparación directa.

(Legis considera conveniente que los datos de las partes, y terceros, sean suprimidos por las iniciales de los nombres y apellidos, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política).

Bogotá D.C., veintiséis de abril de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Prelación de fallo.

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene bajo su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al Despacho de la Magistrada conductora del proceso; sin embargo, es importante precisar que la mencionada disposición normativa prevé que en los procesos de conocimiento de esta jurisdicción tal orden puede modificarse, en atención a la naturaleza de los asuntos, por importancia jurídica o trascendencia social.

En esta misma línea, conviene destacar que la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales su decisión definitiva “entrañe solo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso se encuentra que el tema objeto de debate dice relación con la privación injusta de la libertad del señor G. M. C., tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones y, en tal sentido, ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el que, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada(22).

2. La competencia de la Sala.

La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia en razón del recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación en contra de la sentencia proferida el 29 de febrero de 2016 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, dado que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren con fundamento en los títulos de imputación de error jurisdiccional, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, se encuentra radicada en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda, sin consideración a la cuantía del proceso(23).

3. El ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto en el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

Tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad(24).

Revisado el expediente, advierte la Sala que si bien no obra certificación alguna que acredite la fecha en la cual quedó ejecutoriada la providencia por medio de la cual se confirmó la decisión de precluir la investigación a favor del señor G. M. C., lo cierto es que el inciso segundo del artículo 187 de la Ley 600 de 2000 establece que las providencias que resuelven los recursos de apelación, entre otras, quedan ejecutoriadas el día en que son suscritas por el funcionario judicial correspondiente(25), en este caso, el 13 de junio de 2013(26).

En ese sentido, como la demanda se interpuso el 13 de enero de 2009(27), es decir, antes de que hubiera empezado a correr el plazo de los dos años siguientes al hecho que dio origen a la alegada responsabilidad, dado que el daño se consolidó a partir de la ejecutoria, se impone concluir que la acción se ejerció dentro de la oportunidad legal prevista para ello.

En efecto, como ya lo ha dicho esta Subsección(28), si bien la demanda se presentó de manera anticipada, lo cierto es que en atención al derecho fundamental de acceso a la Administración de Justicia y al principio constitucional de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, debe entenderse que la demanda fue interpuesta oportunamente.

4. Legitimación en la causa.

La legitimación en la causa tiene dos dimensiones, la de hecho y la material. La primera surge de la formulación de los hechos y de las pretensiones de la demanda, por manera que quien presenta el escrito inicial se encuentra legitimado por activa, mientras que el sujeto a quien se le imputa el daño ostenta legitimación en la causa por pasiva.

A su vez, la legitimación material es condición necesaria para, según corresponda, obtener decisión favorable a las pretensiones y/o a las excepciones, punto que se define al momento de estudiar el fondo del asunto, con fundamento en el material probatorio debidamente incorporado a la actuación.

Así, tratándose del extremo pasivo, la legitimación en la causa de hecho se vislumbra a partir de la imputación que la demandante hace al extremo demandado y la material únicamente puede verificarse como consecuencia del estudio probatorio, dirigido a establecer si se configuró la responsabilidad endilgada desde el libelo inicial.

4.1. Legitimación en la causa de los demandantes.

Los señores G. M. C., Y. C. C., B. M. G., F. C. C. A. y F. A. M. C. corresponden a los demandantes en este asunto, en cuanto fueron las personas que promovieron el proceso de la referencia, de ahí que se encuentre probada su legitimación en la causa de hecho.

En cuanto a la legitimación material, encuentra la Sala que, de conformidad con los elementos probatorios que reposan en el expediente, está demostrado que el señor G. M. C. fue procesado por la supuesta comisión del delito de rebelión, que en el curso de esa actuación estuvo privado de su libertad y que la controversia concluyó con decisión de absolución, de suerte que le asiste legitimación en la causa para acudir ante esta Jurisdicción, en este caso, como víctima directa.

Respecto de la legitimación en la causa de la señora Y. C. C., quien en el escrito introductorio de la demanda se presentó como la compañera permanente del señor G. M. C., la Sala considera pertinente verificar si en este caso se acreditó esa calidad.

Sobre el punto, vale resaltar que la Corte Suprema de Justicia define que son tres los requisitos que deben concurrir para la configuración de una unión material de hecho, a saber: i) la voluntad por parte de un hombre y una mujer —en el contexto de la Ley 54 de 1990(29)—, de querer conformar, el uno con el otro, una comunidad de vida, y, por ende, dar origen a una familia; ii) que dicho proyecto común se realice exclusivamente entre ellos, de tal manera que no existan otras uniones de alguno o de ambos con otras personas, que ostenten las mismas características o persigan similares finalidades; y, iii) que tal designio y su concreción en la convivencia se prolonguen en el tiempo(30).

La Corte Constitucional(31) ha sostenido reiteradamente que la calidad de compañero permanente no se encuentra sujeta a formalismos, sino que basta con la intención, singularidad y compromiso de una persona para constituir una comunidad de vida permanente.

Lo anterior significa que, en efecto, no puede considerarse un imperativo normativo para demostrar la existencia de la unión marital de hecho la exigencia de la prueba de los dos años de convivencia presente en el artículo 2º de la Ley 54 de 1990, toda vez que esa interpretación restrictiva y literal vulnerarían los preceptos constitucionales y legales vigentes que garantizan igualdad de condiciones para todos los miembros de la familia.

Como consecuencia de lo anterior, la Sala considera que, en este caso, la calidad de compañera permanente de la señora Y. C. C. se encuentra debidamente acreditada con la prueba documental, medio probatorio válido para demostrar la convivencia con el directamente afectado. En efecto, la Fiscalía Primera Seccional de Seguridad Publica de San José de Cúcuta, en la boleta de libertad Nº 049560(32), consignó que la señora Y. C. C., para la época de los hechos, era la compañera permanente del señor G. M. C.

Ahora bien, en cuanto a la señora F. C. C. A., quien en la demanda se presentó como madre del señor G. M. C., se advierte que si bien en el expediente no obra el registro civil de nacimiento del directamente afectado —medio probatorio legal para acreditar el parentesco(33)—, lo cierto es que la Subsección ha precisado recientemente(34), que ante la falta de la prueba idónea los demandantes pueden acreditar su calidad a través de otros documentos que consten en el expediente, de los cuales se deduzca que no existe duda acerca de dichas calidades.

En el proveído del 12 de septiembre de 2006, por el cual la Fiscalía Primera Seccional de Seguridad Pública de San José de Cúcuta resolvió la situación jurídica del señor G. M. C., en el sentido de imponerle medida de aseguramiento de detención preventiva, en el título denominado “identificación e individualización” se señaló que es “hijo de F. C. C. A.…”(35).

Asimismo, en el formato de medida de aseguramiento, la Fiscalía de conocimiento consignó que la madre del señor G. M. C. es la señora “F. C. C. A.…”(36).

De lo expuesto, la Sala infiere que en el proceso sí está acreditada la legitimación en la causa material de la señora F. C. C. A., toda vez que de las referidas piezas procesales, se desprende que la mencionada demandante es la madre del directamente afectado.

Finalmente, en relación con los señores B. M. G.(37) y F. A. M. C., quienes según el libelo introductorio son el padre y el hermano del directamente afectado, se advierte que en el expediente no obra elemento probatorio alguno que acredite la calidad con la que dichos demandantes afirman comparecer al proceso, razón por la cual se declara su falta de legitimación material en la causa.

4.2. Legitimación de la demandada.

En el caso bajo estudio, las acciones y omisiones invocadas a título de causa petendi en el escrito inicial permiten concluir que la Nación - Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa - Ejército Nacional se encuentran legitimadas en la causa por pasiva de hecho, pues de lo narrado en la demanda se concluye que es a dichas entidades a las que se les imputa el daño objeto de la controversia.

En relación con la legitimación material de la demandada, se aclara que esta, por determinar el sentido de la sentencia —denegatoria o condenatoria—, no se analizará ab initio, sino al adelantar el estudio que permita determinar si existió o no una participación efectiva de la demandada en la producción del daño antijurídico alegado por la parte actora.

Finalmente, respecto del Ministerio del Interior y de Justicia, encuentra la Sala que dicha entidad no participó de manera directa o indirecta en los hechos por cuya virtud se interpuso la presente acción de reparación directa, por tanto, carece de legitimación en la causa para ser vinculada en el sub lite, como parte demandada.

5. Responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, en vigencia de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia. Reiteración de jurisprudencia.

Acerca de los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada, estable y reiterada a partir de la interpretación y el alcance del artículo 90 de la Constitución Política, del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 —Código de Procedimiento Penal— y de la Ley 270 de 1996.

De manera general, la jurisprudencia de la Sala ha acudido a la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad y se impone su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado correspondiente que ha sido privado de la libertad es absuelto o se precluye la investigación a su favor, cuando en el proceso que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine: i) que el hecho no existió, ii) que el sindicado no lo cometió y/o iii) que la conducta no constituía hecho punible, siempre y cuando no hubiere mediado una falla en el ejercicio de la función jurisdiccional en cuyo caso se podrá aplicar un régimen subjetivo de responsabilidad.

De igual forma, de conformidad con la postura reiterada, asumida y unificada por la Sección Tercera del Consejo de Estado, se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico, aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio universal de in dubio pro reo.

Siguiendo ese orden, aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado se abre paso el reconocimiento de la obligación a cargo del Estado de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos, cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera en su contra la medida de detención preventiva.

Todo lo expuesto con antelación se encuentra reiterado en las sentencias de unificación que ha proferido la Sala Plena de la Sección Tercera, así:

En pronunciamiento del 6 de abril de 2011, expediente 21.653, se sostuvo que el Estado es responsable de los daños ocasionados a una persona que es privada injustamente de la libertad y posteriormente es absuelta en virtud de los supuestos previstos en el artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal y en la Ley 270 de 1996.

Posteriormente, mediante sentencia proferida el 17 de octubre de 2013, expediente 23.354, se precisó que, además de los supuestos del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal y de la Ley 270 de 1996, también es responsable el Estado por los daños ocasionados en virtud de la privación injusta de la libertad de una persona cuando es absuelta por aplicación del principio de in dubio pro reo.

Bajo esta óptica, la Sala procederá al análisis del caso concreto.

6. El caso concreto.

La Sala, de conformidad con el material probatorio debidamente allegado al expediente, encuentra acreditado lo siguiente:

— En virtud de la orden de captura Nº 0339935(38), el 27 de agosto de 2006, miembros del Ejército Nacional aprehendieron al señor G. M. C.(39), debido a que los señores E. M. P. y J. E. O. P. —desmovilizados— señalaron que el mencionado actor pertenecía a grupos al margen de la ley.

— Como consecuencia de lo anterior, el 12 de septiembre de 2006, la Fiscalía Primera Seccional de Seguridad Pública de San José de Cúcuta resolvió la situación jurídica del implicado, en el sentido de imponerle medida de aseguramiento de detención preventiva, por su supuesta responsabilidad en el delito de rebelión(40).

— No obstante, el 4 de enero de 2007, la Fiscalía Cuarta de Seguridad Pública de San José de Cúcuta revocó la medida de aseguramiento que pesaba en contra del señor G. M. C. y, por ende, ordenó su libertad inmediata, dado que las pruebas sobrevinientes contradecían las declaraciones rendidas por los desmovilizados. Esto se consignó en la mencionada decisión (se transcribe fielmente del original, incluidos los posibles errores):

“… se observa que las imputaciones hechas por los desmovilizados, consisten en afirmar que dichos ciudadanos, eran colaboradores de la guerrilla, que ejercían labores de inteligencia y que formaban parte de la red de milicianos que operan en el corregimiento de la Trinidad.

“(…).

“… en cuanto hace referencia al testimonio de E. M. P., este ha sido en gran parte desvirtuado, con las declaraciones de todos los ciudadanos que conocen a los aquí procesados, en el corregimiento de la trinidad, a quienes les consta que se trata de personas de buena conducta, trabajadores y que nunca han pertenecido a la subversión.

“(…).

Ahora bien llegados a estas conclusiones, puede afirmarse que se tornan inciertas las iniciales incriminaciones, en contra de los procesados ya que al cuestionarse el grado de credibilidad de E. M. P. pierde seriedad e imparcialidad este testigo y ante tal circunstancia la Fiscalía no puede concederle credibilidad.

“En cuanto hace a los informes de inteligencia militar y de los organismos de investigación del Estado, sabemos que estos por sí solos no constituyen antecedentes, simplemente se trata de supuestos, que deben ser demostrados y llegados a esta conclusión, se tiene que entonces solamente quedaría vigente en contra de… G. M. C., las incriminaciones realizadas por el reinsertado J. E. O. P., las que consisten en imputaciones genéricas, que no alcanzan a reunir los requisitos que exige la ley procesal, para privar de la libertad a un ciudadano.

“(…).

RESUELVE

“(…).

“Segundo: Como consecuencia de lo anterior, se revocará la medida de aseguramiento, impuesta en contra de los sindicados… G. M. C.

“Tercero: Ordenar la libertad inmediata de los procesados, librando la respectiva orden de libertad al señor Director de la Cárcel Nacional Modelo(41)” (se destaca).

— El 5 de enero de 2007 el señor G. M. C. recobró su libertad(42).

— Con fundamento en la situación advertida, el 26 de febrero de 2007, la Fiscalía Primera Seccional de Seguridad Pública de San José de Cúcuta precluyó la investigación a favor del señor G. M. C.. La decisión se apoyó en el siguiente raciocinio (se transcribe de forma literal, incluidos los posibles errores)(43):

“Se dirá por el despacho que en esencia comulga con los planteamientos de los abogados de la defensa que convergen casi única y exclusivamente en desdibujar el testimonio de los reinsertados, por generales, no individualizados y además lo poco creíbles que a la luz de los testimonios posteriores a la definición de situación jurídica se hicieron evidentes. Testimonios estos a los que el despacho en su inicial decisión prestó el mérito necesario para cimentar la medida de aseguramiento impuesta bajo estos parámetros de credibilidad.

“Y ciertamente que el despacho debe reconocer tales argumentaciones en relación con la credibilidad testimonias del reinsertado E. M. P., pues si bien los procesados lo reconocen como quien fuera guerrillero en la región donde nacieron y crecieron, las imputaciones que este hace en relación con cada uno de los vinculados al proceso no lograron demostrarse, sino que por el contrario, las imputaciones fueron debilitándose a medida que se recibieron otras declaraciones de personas residentes de la misma región, las que no pueden ser desconocidas por este despacho, habida cuenta que se trata de personas de edad avanzada que siempre han permanecido en el pueblo, o de autoridades municipales, o del cura párroco, o de los miembros de la junta de Acción Comunal, o incluso, de familiares del reinsertado.

“(…).

“Agréguese a lo anterior que el Art. 397 del C.P.P., exige para que se dicte resolución de acusación, el que se halle demostrada la ocurrencia del hecho punible y la responsabilidad penal del sindicado por cualquier medio de prueba legalmente establecido, lo que en este caso no ocurre dada la duda sobre la responsabilidad penal que les incumbe a cada uno de los procesados pues existiendo dos corrientes probatorias que se oponen entre sí por las inconsistencias que surgen en cuanto a las verdaderas actividades que desarrollan en su vida diaria estos, se impone la preclusión de la investigación en virtud de la aplicación del principio constitucional del in dubio pro reo. En consecuencia se ordenará la libertad de los procesados detenidos, debiéndose cancelar así mismo las anotaciones que por este concepto se hubieren efectuado.

“RESUELVE

“PRIMERO: PRECLUIR la investigación a favor de… G. M. C.… de anotaciones personales y civiles conocidas en el punible de Rebelión conforme a las razones expuestas(44)” (se destaca).

La anterior decisión fue confirmada, de manera integral, por la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal Superior de Cúcuta el 13 de junio de 2013(45).

De las pruebas relacionadas se desprende que el señor G. M. C. fue vinculado a una investigación penal y se le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, en atención a las declaraciones que rindieron los señores E. M. P. y J. E. O. P. —desmovilizados— que lo señalaban como integrante de las FARC.

Además, se tiene que la investigación se precluyó en virtud del principio de in dubio pro reo, pues si bien los desmovilizados señalaron al procesado como miembro de grupos al margen de la ley, lo cierto es que los demás testimonios recaudados durante el trámite de la investigación daban cuenta de su condición de persona trabajadora, reconocidas en la comunidad y que carecían de vínculos con las FARC.

Ahora, el supuesto enunciado —aplicación del principio del in dubio pro reo—, por regla general, de conformidad con la jurisprudencia unificada y reiterada de esta Sección, constituye uno de los eventos determinantes de la privación injusta de la libertad y, por ende, da lugar a la aplicación del régimen de responsabilidad de carácter objetivo.

De acuerdo con lo expuesto, se desestiman los argumentos planteados en el recurso de apelación por parte de la Fiscalía General de la Nación, debido a que, a pesar de no haberse demostrado una decisión ilegal, arbitraria o caprichosa del ente acusador, lo cierto es que la persona que estuvo privada de la libertad fue desvinculada de la actuación como consecuencia de la preclusión de la investigación.

De otro lado, no se acreditó en el proceso que se hubiere presentado alguno de los eventos de exoneración de responsabilidad, por las razones que pasan a explicarse a continuación.

Culpa exclusiva de la víctima

La conducta dolosa o culposa en casos como el analizado se rige por los preceptos establecidos en el derecho civil, por tanto, difiere del estudio de culpabilidad realizado por el ente investigador en sede penal.

El artículo 63 del Código Civil dispone, de un lado, que la “[c]ulpa grave (…) consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo” y, del otro, precisa que “[e]l dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”.

Pues bien, de los elementos probatorios obrantes en el plenario no es posible concluir que el demandante inobservó el “cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear”, toda vez que no se advierte que el señor G. M. C. hubiera incurrido en comportamientos dolosos o gravemente culposos que ameritaran la respectiva actuación y, de manera consecuente, justificaran la imposición de una medida restrictiva de la libertad, dado que estas decisiones no se edificaron en su comportamiento, sino en las declaraciones que rindieron dos desmovilizados.

Lo expuesto, porque en la investigación no resultó probado, de manera cierta, que el implicado en efecto hubiera desplegado comportamientos tendientes a incriminarse y tampoco que hubiese tenido alguna relación con grupos al margen de la ley.

Así las cosas, la Sala carece de elementos en los que pueda edificar el daño antijurídico causado a los demandantes sobre la base de la conducta del señor G. M. C., por tal razón, se abstendrá de dar por probada la culpa de la víctima.

Como consecuencia, la Sala confirmará, en este aspecto, la decisión apelada, dado que se estima que le asiste responsabilidad patrimonial a la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de la que fue víctima el señor G. M. C..

7. Indemnización de perjuicios.

Se precisa que si bien el ente demandado señaló, de manera genérica, que “no hay lugar a la declaración” de los perjuicios, lo cierto es que de dicha afirmación se entiende que la indemnización que reconoció el Tribunal de primera instancia sí fue objeto de cuestionamiento por parte de la mencionada entidad.

En ese sentido, la Subsección entrará a analizar si los reconocimientos económicos efectuados por el Tribunal a quo a favor de los actores deben o no mantenerse.

7.1. Perjuicios morales.

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander condenó a la Fiscalía General de la Nación a pagar a favor de los señores G. M. C., Y. C. C. y F. C. C. A., la suma de 50 SMLMV, para cada uno de ellos.

En relación con la tasación de perjuicios morales en casos de privación injusta de la libertad, siguiendo lo reiterado por esta Corporación, se tiene que es con apoyo en las máximas de la experiencia que hay lugar a inferir que esa situación le generó dolor moral, angustia y aflicción a la persona que, por esa circunstancia, vio afectada o limitada su libertad; perjuicio que se hace extensible a sus seres queridos más cercanos, quienes se afectan por la situación de zozobra por la que atravesó su familiar.

Frente a la acreditación de dicho perjuicio, la jurisprudencia de esta Sección ha sostenido que únicamente basta con la prueba del parentesco o de la relación marital, para inferir la afectación moral de la víctima, del cónyuge y de los parientes más cercanos, según corresponda; asimismo, respecto del quantum indemnizatorio, se ha establecido que el juez, según su prudente juicio, analizará las particularidades de cada caso en concreto, pudiendo acudir como guía de la tasación del mismo a los criterios de unificación contenidos en la sentencia del 28 de agosto de 2014, los cuales, se resumen en los términos del cuadro que se incorpora a continuación:

 Nivel 1Nivel 2Nivel 3Nivel 4Nivel 5
Reglas para liquidar el perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertadVíctima directa, cónyuge o compañero(a) permanente y parientes en el 1º de consanguinidadParientes en el 2º de consanguinidadParientes en el 3º de consanguinidadParientes en el 4º de consanguinidad y afines hasta el 2ºTerceros damnificados
Término de privación injusta en meses 50% del porcentaje de la víctima directa35% del porcentaje de la víctima directa25% del porcentaje de la víctima directa15% del porcentaje de la víctima directa
 SMLMVSMLMVSMLMVSMLMVSMLMV
Superior a 18 meses10050352515
      
Superior a 12 e inferior a 18904531,522,513,5
      
Superior a 9 e inferior a 128040282012
      
Superior a 6 e inferior a 9703524,517,510,5
      
Superior a 3 e inferior a 6502517,512,57,5
      
Superior a 1 e inferior a 33517,512,258,755,25
      
Igual e inferior a 1157,55,253,752,25

En el presente caso, la Sala encuentra que las señoras Y. C. C. y F. C. C. A. acreditaron su relación de parentesco con el señor G. M. C., razón por la cual se infiere que a ellas se les causó una afectación moral, con ocasión de la privación injusta de la libertad de la que fue víctima su compañero permanente y su hijo, respectivamente.

Así pues, atendiendo al período de privación de la libertad del que fue objeto el señor G. M. C., esto es, 4 meses y 9 días(46), se tiene que el monto que reconoció el Tribunal a quo a favor del directamente afectado y de su compañera permanente —50 SMLMV—(47), está acorde con los parámetros contenidos en la mencionada sentencia de unificación, razón por la cual la Sala mantendrá la condena impuesta en primera instancia, respecto de los mencionados demandante.

Sin embargo, el monto que el Tribunal a quo reconoció a favor de la señora F. C. C. A. superó el quantum que solicitó por dicho perjuicio, pues se le indemnizó con 50 SMLMV y en la demanda pidió 40 SMLMV, razón por la cual la Sala modificará, en este punto, el fallo apelado y reconocerá esta última cifra a favor de la mencionada demandante, en atención al principio de congruencia de la sentencia.

7.2. Perjuicios materiales.

Daño emergente 

La parte actora solicitó en la demanda la suma de $ 3’264.000, consistente en el pago de los honorarios profesionales devengados por el abogado que ejerció la defensa técnica del señor G. M. C. durante la actuación penal adelantada en su contra.

Al respecto, se observa que en el plenario no obra certificación, recibo ni medio de convicción alguno que acredite el monto que pagó el directamente afectado al profesional que lo asistió durante el proceso primigenio, como tampoco figura siquiera una declaración testimonial ni otro medio probatorio válido que demuestre que la víctima sufragó con su patrimonio, los honorarios de su abogado defensor, por tanto, la Sala confirmará, en este aspecto, la sentencia de primera instancia, en el sentido de no fijar reparación alguna a cargo del Estado, por dicho concepto.

Por otro lado, la parte actora solicitó la suma de $ 1’500.000, representados en los gastos que el ahora accionante sufragó “por los utensilios de aseo, llamadas telefónicas, más los otros servicios que internamente se le prestan a los procesados”, sin embargo, advierte la Subsección, que dichas obligaciones no son una consecuencia directa del hecho dañoso —privación de la libertad—, sino que se trata de egresos que normalmente debía asumir la persona que fue restringida de la libertad, razón por la cual, se confirmará, en este punto, el fallo recurrido, en el sentido de no otorgarle al directamente afectado indemnización alguna por el alegado menoscabo patrimonial(48).

Lucro cesante: el Tribunal de primera instancia reconoció a favor del señor G. M. C. la suma de $ 3’735.691, como contraprestación a su actividad laboral.

Para efectos de cuantificar este rubro, en el libelo introductorio se solicitó la práctica de una prueba pericial, así(49):

“Solicito que se nombre un Auxiliar de la Justicia, profesional en Economía, para que con destino a du despacho, evalúe y valore el daño emergente y el lucro cesante, producido por la privación injusta de la libertad del señor G. M. C., causado a los miembros del grupo demandante del cual fueron víctimas mis poderdantes, para que determine el valor mensual promedio que genera el trabajo comercial en la zona del Catatumbo para un campesino promedio de esta región” (trascripción literal, incluidos los posibles errores).

La anterior prueba se decretó en primera instancia a través de proveído del 24 de junio de 2010(50), para cuyo propósito se designó a un auxiliar de la justicia (economista), quien presentó el siguiente dictamen, el cual fue incorporado al expediente el 17 de enero 2012(51):

“… he calculado la indexación o valor actual de las cifras que corresponden a valores históricos (27-agosto-2006: fecha de privación de la libertad de G. M. C.), hasta la presente fecha (diciembre - 2011: fecha disponible del IPC por el DANE).

“Comoquiera que los valores de daño emergente y de lucro cesante son de años anteriores —exactamente de Agosto/2006— en relación a la presente fecha, y el poder adquisitivo del dinero se desprecia, es decir, disminuye su valor de acuerdo a la inflación, debo llevar esos valores en dinero a valores actuales.

“Para ello utilizo una fórmula de matemáticas financieras, así:

“VA=VH*(IF/II)

Dónde: VA: Valor actual

VH: Valor histórico

IF: Índice de precios al consumidor (IPC) final: septiembre/2011

II: Índice de precios al consumidor (IPC) inicial: marzo/2007

“En cuanto al valor de los ingresos que devengaba el señor G. M. C. al momento de su detención, lo he tomado el salario mínimo mensual legal vigente para el año 2006, es decir, en la suma de $ 408.000, que es el ingreso promedio en esa época de un campesino promedio de la región del Catatumbo (Norte de Santander).

“CONCLUSIÓN

“El valor de la reparación directa (perjuicios materiales - daño emergente y lucro cesante consolidado) asciende con su respectiva indexación a la fecha actual (diciembre /2011), la suma de OCHO MILLONES, DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL, SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS, M/CTE. ($ 8.248.628)” (transcripción literal, incluidos los posibles errores).

Del referido dictamen se corrió traslado para que las partes pudieran solicitar su aclaración u objetarlo por error grave, tal como lo prevé el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil(52); al respecto, conviene precisar que los sujetos procesales no realizaron pronunciamiento o reparo alguno(53).

Advierte la Sala que se apartará del aludido dictamen pericial, con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

En primer lugar, en relación con la actividad económica del señor G. M. C., se observa que si bien en el plenario no se acreditó que el mencionado demandante ejercía una actividad productiva para el momento del hecho ni tampoco cuánto era su ingreso mensual, lo cierto es que para esa época el señor G. M. C. tenía 27 años de edad(54), por lo cual la Sala aplicará la presunción en cuya virtud se entiende que toda persona que se encuentre en edad productiva devenga por lo menos el salario mínimo legal vigente(55).

Así pues, se precisa que la Sala tomará como ingreso base de liquidación el salario mínimo legal vigente ($ 781.242) y no el que fijó el perito contador en su dictamen ($ 408.000), toda vez que, según lo ha venido sosteniendo la jurisprudencia de esta Sección, de conformidad con la ley, en Colombia ninguna persona debe percibir menos de un (1) salario mínimo legal mensual vigente, por lo que se liquidará el tiempo de la condena con este valor. Adicionalmente, se precisa que no se reconocerá el 25% por concepto de prestaciones sociales, tal como lo hizo el Tribunal de primera instancia, debido a que no se demostró que el ahora demandante ejerciera una actividad de manera dependiente(56).

Ahora bien, en relación con el período que el señor G. M. C. estuvo privado injustamente de su libertad, se advierte que no se reconocerá el tiempo que señaló el auxiliar de la justicia en su dictamen, esto es, desde el 27 de agosto de 2006 hasta diciembre de 2011, dado que de conformidad con la información contenida tanto en el acta de derechos del capturado como en la boleta de libertad, se tiene que el mencionado demandante fue restringido de dicho derecho fundamental desde el 27 de agosto de 2006 hasta el 5 de enero de 2007. En ese sentido, la Subsección tomará esta última fecha para calcular el lucro cesante del señor G. M. C.

Así las cosas, se procederá a calcular el monto de la indemnización.

F1
 

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Ingreso base de liquidación sobre el cual se liquidará el lucro cesante consolidado para el señor G. M. C.: $ 781.242.

i= Interés puro o técnico: 0,004867.

n= Número de meses que comprende el período de la indemnización: 4.03 meses.

Reemplazando tenemos:

F2
 

S = $ 3’171.696.

De otra parte, advierte la Sala que no reconocerá, en este caso, el lapso que, según las estadísticas, una persona requiere para conseguir trabajo luego de haber obtenido su libertad o acondicionarse en una actividad laboral, tal y como se ha reconocido en algunos casos de privación injusta de la libertad(57), habida cuenta de que en este evento no se acreditó que el ahora demandante, para la época de los hechos, ejercía una actividad de manera dependiente(58).

Así las cosas, la Sala modificará la sentencia de primera instancia y reconocerá a favor del señor G. M. C. la suma de tres millones ciento setenta y un mil seiscientos noventa y seis pesos ($ 3’171.696)(59), por concepto de lucro cesante.

7.3. Afectación relevante a bienes convencional y constitucionalmente amparados.

El Tribunal de primera instancia condenó a la Fiscalía General de la Nación a pagar al señor G. M. C. la suma de 10 SMLMV, debido a que con los recortes de prensa que obran en el expediente, se acreditó que con ocasión del proceso penal que se adelantó en su contra, se afectó su honra y su buen nombre.

Al respecto, se precisa que la Jurisprudencia de esta Corporación, siguiendo los lineamientos planteados en sus sentencias de unificación, se apartó de la tipología de perjuicio inmaterial denominado perjuicio fisiológico o daño a la vida en relación, para en su lugar reconocer las categorías de daño a la salud(60) (cuando estos provengan de una lesión a la integridad psicofísica de la persona) y de afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados(61), estos últimos que se reconocerán siempre y cuando su concreción se encuentre acreditada dentro del proceso y se precise su reparación integral, teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos.

Con el objeto de ilustrar el despliegue noticioso que se hizo del proceso penal en que se vio envuelto el señor G. M. C., se allegaron copias de las siguientes noticias: i) página 4 del diario La Opinión del 29 de agosto de 2006, en la cual se comunicó la captura del señor G. M. C.(62) y ii) oficio Nº 047, por medio del cual el Gerente de RCN radio de Cúcuta informó que en la emisión de las 6:00 a.m. del 29 de agosto de 2006, se comunicó sobre la captura del ahora demandante(63).

Sobre el valor probatorio de este tipo de documentos, la jurisprudencia de la Corporación ha dicho lo siguiente:

“Advierte la Sala que obran recortes de periódicos y sus copias, allegados por la parte demandante, con los que se pretende demostrar la ocurrencia de los hechos; al respecto, se precisa que aquellos carecen de la entidad suficiente para probar, por sí solos, la existencia y veracidad de tales hechos. En efecto, en sentencia reciente de la Sala Plena Contencioso Administrativa de esta Corporación se dijo, refiriéndose a las noticias de prensa, que ‘Su eficacia como plena prueba depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente. Por tanto, individual e independientemente considerada no puede constituir el único sustento de la decisión del juez, razón por la cual los recortes allegados se apreciarán con el conjunto de pruebas obrantes en el expediente”(64).

Pues bien, revisado el expediente, se colige que los documentos allegados para acreditar el daño a la honra y buen nombre que padeció el ahora demandante, a raíz de su vinculación al proceso penal por el delito de rebelión resultan insuficientes, en tanto que la información contenida en los mismos no puede ser cotejada con otro elemento de convicción, tal como un testimonio.

En tal medida, la Sala modificará la sentencia recurrida, en el sentido de negar el reconocimiento de las sumas de dinero pedidas a título de “daños a la vida de relación”.

8. Condena en costas.

En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1. Aceptar el impedimento manifestado por el doctor Carlos Alberto Zambrano Barrera, por lo que, como consecuencia, queda separado del conocimiento del presente asunto.

2. Modificar la sentencia del 29 de febrero de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, la cual quedará así:

1. Declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y Ministerio del Interior y de Justicia.

2. Declarar administrativamente responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad de la cual fue víctima el señor G. M. C.

3. Condenar a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar a los demandantes que a continuación se relacionan, las siguientes sumas, por concepto de perjuicios morales:

DemandantesGrado de parentescoMontos otorgados
G. M. C.Víctima directa 50 SMLMV
Y. C. C.Compañera permanente50 SMLMV
F. C. C. A.Madre40 SMLMV

4. Condenar a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar al señor G. M. C. el equivalente a tres millones ciento setenta y un mil seiscientos noventa y seis pesos ($ 3’171.696), por concepto de lucro cesante.

5. Negar las demás pretensiones de la demanda.

6. Sin condena en costas.

7. Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

8. Para el cumplimiento de esta sentencia, EXPEDIR copias con destino a las partes con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 del 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando”.

3. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

22 Al respecto consultar la sentencia del 24 de mayo de 2017, expediente 49.740, sentencia del 30 de agosto de 2017, expediente 51.057, sentencia del 23 de octubre de 2017, expediente 52.070, sentencia del 6 de diciembre de 2017, expediente 54.859, entre muchas otras decisiones de la Sala.

23 Sobre este tema consultar auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

24 Al respecto consultar la sentencia del 22 de junio de 2017, expediente 44784, Magistrado Ponente: Dr. Hernán Andrade Rincón, sentencia del 24 de mayo de 2017, expediente 42979, Magistrado Ponente: Dr. Hernán Andrade Rincón, sentencia del 10 de noviembre de 2017, expediente 47874, Magistrado Ponente: Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera, sentencia del 28 de septiembre de 2017, expediente 52.897 y sentencia del 10 de noviembre de 2017, expediente 47.294, entre muchas otras providencias.

25 Esto consagra la referida norma: “EJECUTORIA DE LAS PROVIDENCIAS. La que decide los recursos de apelación o de queja contra las providencias interlocutorias, la consulta, la casación, salvo cuando se sustituya la sentencia materia de la misma y la acción de revisión quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente”.

26 Folios 93 a 119 del cuaderno de pruebas Nº 17.

27 Folio 38 del cuaderno Nº 2.

28 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de julio de 2013, expediente 29.283, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez, criterio reiterado por la Subsección en sentencias del 9 de marzo de 2016, expediente: 38311, del 14 de septiembre de 2016, expediente 43.516 y del 8 de noviembre de 2016, expediente 44.671.

29 Sin embargo, advierte la Sala que el concepto de familia ha sido ampliado por la Corte Constitucional en sus pronunciamientos: Sentencia C-577 de 2011, Magistrado Ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; sentencia C-700 de 2013, Magistrado Ponente: Dr. Alberto Rojas Ríos; Sentencia C-278 de 2014, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González y la sentencia C-257 de 2015, Magistrada Ponente: Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado, concepto que es acogido por esta Corporación.

30 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia Nº 261 del 12 de diciembre de 2011. Magistrado Ponente: Dr. Arturo Solarte Rodríguez.

31 Corte Constitucional. Sentencia T-151 de 2014. Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo, reiterado por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, en sentencias del 7 de diciembre de 2016, expediente 42.841 y del 10 de noviembre de 2017, expediente 47.294, entre otras decisiones de la Sala.

32 Folio 291 del cuaderno de pruebas Nº 15.

33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 10 de mayo de 2017, expediente 44.080, Magistrado Ponente: Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera: “Pues bien, la Ley establece una solemnidad probatoria en materia de acreditación del parentesco, es decir, exige que se pruebe la relación de parentesco con la presentación del registro civil, sin que exista posibilidad alguna de suplir dicha prueba mediante otros medios probatorios”.

34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 15 de febrero de 2017, expediente 48.738, Magistrada Ponente: Dra. María Adriana Marín: “Si bien con la demanda no se aportó el registro civil de nacimiento del señor Carlos Alberto Arbeláez Silva, el parentesco de este con los demás demandantes se encuentra probado al interior del proceso, como por ejemplo con la orden de captura visible a folio 180 del cuaderno de pruebas, en la que se consignan todos sus datos personales, entre ellos el nombre de su madre María de las Mercedes Silva Gallego”, reiterada por la Subsección en sentencia del 14 de marzo de 2018, expediente 54.926.

35 Folio 64 a 77 del cuaderno de pruebas Nº 12.

36 Folio 95 del cuaderno Nº 12.

37 Se precisa que en las piezas del proceso penal aparece como padre del directamente afectado el señor “F. A. M. C.” y no quien dijo actuar como padre dentro del proceso, esto es, el señor B. M. G.

38 Folio 271 del cuaderno de pruebas Nº 2.

39 A folio 429 del cuaderno de pruebas Nº 3, reposa el acta de derechos del capturado suscrita por el señor G. M. C., el 27 de agosto de 2006.

40 Folios 64 a 117 del cuaderno de pruebas Nº 12.

41 Folios 276 a 279 del cuaderno de pruebas Nº 15.

42 A folio 291 del cuaderno de pruebas Nº 15, reposa la boleta de libertad del mencionado demandante.

43 Folios 111 a 123 del cuaderno de pruebas Nº 14.

44 Folios 111 a 123 del cuaderno de pruebas Nº 14.

45 Esto se consignó en la referida providencia: “Así las cosas, por las razones anotadas se confirmará de forma integral la decisión materia de recurso”. Folios 93 a 119 del cuaderno de pruebas Nº 17.

46 De conformidad con la información contenida tanto en el acta de derechos del capturado como en la boleta de libertad, se tiene que el aquí demandante fue aprehendido el 27 de agosto de 2006 y recuperó dicho derecho fundamental el 5 de enero de 2007.

47 Se hace la precisión de que si bien en la demanda se pidió a favor del señor G. M. C. el equivalente a 80 SMLMV, a favor de la señora Y. C. C. la suma de 50 SMLMV y a favor de la señora F. C. C. A. un monto de 40 SMLMV, por concepto de perjuicio moral subjetivado y 250 SMLMV para el directamente afectado y 100 SMLMV para cada uno de las víctimas indirectas del daño, por concepto de perjuicios morales objetivados, dicha distinción fue recogida por la jurisprudencia, por cuanto el último, al corresponder a una afectación al patrimonio de la víctima, por no permitirle recibir algún ingreso de carácter patrimonial (perjuicio o provecho frustrado), se indemniza bajo el rubro de lucro cesante.
Al respecto, consultar, la sentencia del 22 de junio de 2017, expediente 48.984, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación.

48 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 10 de agosto de 2016, expediente 43.232 y del 22 de febrero de 2017, expediente 43.914.

49 Folio 36 del cuaderno Nº 2.

50 Folios 90 a 92 del cuaderno Nº 2.

51 Folios 152 a 153 del cuaderno Nº 2.

52 Folio 160 del cuaderno Nº 2

53 Folio 252 del cuaderno Nº 2.

54 De conformidad con su cédula de ciudadanía, se tiene que el señor G. M. C. nació el 8 de noviembre de 1978. Folio 39 del cuaderno Nº 1.

55 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 18 de abril de 2016, expediente 36.747, Magistrado Ponente: Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera y del 14 de septiembre de 2016, expediente 43.739, entre otras.

56 En este sentido, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha proferido los siguientes fallos: sentencia del 3 de agosto de 2017, expediente 51.017, sentencia del 30 de agosto de 2017, expediente 52.224 y sentencia del 28 de septiembre de 2017, expediente 53.119, entre muchas otras decisiones.

57 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente 13.168, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

58 Al respecto consultar las sentencias del 14 de septiembre de 2016, expediente 43.345, del 7 de diciembre de 2016, expediente 42.024, del 22 de junio de 2017, expediente 49.260 y del 23 de octubre de 2017, expediente 52.070, entre muchas otras providencias.

59 Se hace la precisión de que al actualizar la suma que reconoció el Tribunal de primera instancia por este concepto, no excede el monto que esta Corporación reconocerá en el presente fallo.
Ra = Rh ($ 3’735.691) índice final - marzo 2018 (141.04)
índice inicial - febrero 2016 (129.41)
= $ 4’071.415.

60 “(…) se recuerda que, desde las sentencias de la Sala Plena de la Sección Tercera de 14 de septiembre de 2011, expediente 19031 y 38222 (…) se adoptó el criterio según el cual, cuando se demanda la indemnización de daños inmateriales provenientes de la lesión a la integridad psicofísica de una persona, ya no es procedente referirse al perjuicio fisiológico o al daño a la vida de relación o incluso a las alteraciones graves de las condiciones de existencia, sino que es pertinente hacer referencia a una nueva tipología de perjuicio, denominada daño a la salud (…) la Sala unifica su jurisprudencia en relación con la indemnización del daño a la salud por lesiones temporales en el sentido de indicar que, para su tasación, debe establecerse un parangón con el monto máximo que se otorgaría en caso de lesiones similares a aquellas objeto de reparación, pero de carácter permanente y, a partir de allí, determinar la indemnización en función del período durante el cual, de conformidad con el acervo probatorio, se manifestaron las lesiones a indemnizar (…)” (se destaca). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, expediente 28832, Magistrado Ponente: Dr. Danilo Rojas Betancourth y expediente 31170. Magistrado Ponente: Dr. Enrique Gil Botero, reiteradas por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencias del 30 de agosto de 2017, expediente 51.057 y del 10 de noviembre de 2017, expediente 49.206, entre muchas otras decisiones.

61 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, expediente 32988 Magistrado Ponente: Dr. Ramiro Pazos Guerrero, reiterado por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación mediante sentencia del 10 de noviembre de 2017, expediente 49.206, entre muchas otras decisiones.

62 Folio 19 del cuaderno de primera instancia.

63 Folio 257 del cuaderno de pruebas Nº 19.

64 Sentencia proferida el 10 de septiembre de 2014 por la Sección Tercera, Subsección A, Consejero Ponente: Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera, expediente 30.875, reiterada en sentencias del 10 de noviembre de 2017, expediente 47.328 y del 15 de febrero de 2018, expediente 43.148, entre muchas otras decisiones.