Sentencia 2009-00010 de marzo 11 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Dr. William Giraldo Giraldo

Rad.: 110010327000200900010 00

Número interno: 17544

Actor: Leasing de Occidente S.A. Compañía de Financiamiento Comercial

Impuesto de renta

Bogotá D.C., once de marzo de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Decide la Sala si se ajustan a derecho las resoluciones 12151 de 17 de octubre de 2007 y 9480 de 2 de octubre de 2008 por las cuales la DIAN negó a la actora la solicitud para reducir la vida útil de los bienes adquiridos durante el año 2006 y el primer semestre de 2007.

Para el efecto, debe precisar si resulta procedente la autorización de reducción de la vida útil a los plazos de los distintos contratos de arrendamiento operativo suscritos por la demandante, en su calidad de arrendadora, como ésta lo considera, o, si la aludida reducción debe autorizarse teniendo en cuenta la naturaleza misma de los activos objeto de depreciación, como lo señaló la demandada.

Pues bien, la depreciación de un activo fijo(1) es el mecanismo técnico a través del cual se distribuye el costo del bien a lo largo de su vida útil y su propósito es reconocer que, con su uso, tal activo contribuye en la generación de los ingresos del contribuyente(2).

Conforme al artículo 128 del estatuto tributario(3), la depreciación de los bienes usados en actividades productoras de renta es causada por el desgaste o deterioro normal o por obsolescencia de los bienes usados en las actividades productoras de renta, siempre que los bienes se hayan utilizado en el año o período gravable de que se trate.

A su vez, para efectos tributarios, la vida útil de un activo depreciable es el período por el cual se reconoce que el mismo puede ser utilizado en la actividad productora de renta. Por ello, el artículo 137 del estatuto tributario al prever que la vida útil de los activos depreciables debe fijarla el reglamento entre tres (3) y veinticinco (25) años, señala que para determinar dichos plazos, deben tenerse en cuenta la actividad en que se utiliza el bien, los turnos normales de la actividad respectiva, la calidad de mantenimiento disponible en el país y las posibilidades de obsolescencia.

De manera armónica, el artículo 64 inciso 5 del Decreto 2649 de 1993 “por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia”, define así la vida útil de los activos:

“Se entiende por vida útil el lapso durante el cual se espera que la propiedad, planta o equipo, contribuirá a la generación de ingresos. Para su determinación es necesario considerar, entre otros factores, las especificaciones de fábrica, el deterioro por el uso, la acción de factores naturales, la obsolescencia por avances tecnológicos y los cambios en la demanda de los bienes o servicios a cuya producción o suministro contribuyen”.

Así, en la medida en el activo depreciable pueda ser utilizado en la actividad productora de renta, va a contribuir a la generación de ingresos para el contribuyente, por lo que resultan perfectamente compatibles las previsiones de los artículos 137 del estatuto tributario y 64 del Decreto 2649 de 1993.

Además, la vida útil determina el lapso dentro del cual el activo fijo debe depreciarse y por ende el contribuyente puede llevar como deducción las sumas necesarias para distribuir la totalidad del costo del activo (E.T., art. 128).

Ahora bien, en desarrollo del artículo 137 del estatuto tributario, el Gobierno Nacional expidió el artículo 2º del Decreto 3019 de 1989, en el cual señaló los siguientes plazos de vida útil a partir del año en mención(4):

“ART. 2º—Vida útil de los activos fijos depreciables adquiridos a partir de 1989. La vida útil de los activos fijos depreciables, adquiridos a partir de 1989 será la siguiente:

Inmuebles (incluidos los oleoductos) 20 años
Barcos, trenes, aviones, maquinaria, equipo y bienes muebles 10 años
Vehículos automotores y computadores 5 años

(...)”.

No obstante que el reglamento fija una sola vida útil para la misma categoría de los activos que se deprecian, la ley permite que los contribuyentes puedan utilizar una vida útil diferente y por lo mismo, variar el plazo en que puede llevarse la depreciación como deducción, para lo cual requiere la autorización de la DIAN.

En efecto, el artículo 138 del estatuto tributario dispone:

“ART. 138.—Posibilidad de utilizar una vida útil diferente. Si el contribuyente considera que la vida útil fijada en el reglamento no corresponde a la realidad de su caso particular, puede, previa autorización del director general de impuestos nacionales, fijar una vida útil distinta, con base en conceptos o tablas de depreciación de reconocido valor técnico.

Si la vida útil efectiva resulta menor que la autorizada, por razones de obsolescencia u otro motivo imprevisto, el contribuyente puede aumentar su deducción por depreciación durante el período que le queda de vida útil al bien, aduciendo las explicaciones pertinentes.

Si la vida útil efectiva resulta superior a la autorizada por el reglamento, el contribuyente puede distribuir, dentro del lapso faltante, el saldo amortizable, o puede disminuir su deducción de acuerdo con la vida útil efectiva”.

Para que el contribuyente pueda utilizar una vida útil distinta a la que le corresponde a los activos depreciables según el reglamento, debe pedir autorización a la DIAN, con un plazo de tres meses de anticipación al ejercicio en que se vaya a adoptar la nueva vida útil (D. 187/75, art. 34 inc. 2º) y la DIAN debe concederla.

El contribuyente debe formular la solicitud sobre la base de que la vida útil fijada en el reglamento no corresponde a la realidad de su caso particular, circunstancia que debe acreditar con “conceptos o tablas de depreciación de reconocido valor técnico”.

Así pues, la realidad del caso individual del contribuyente que justifique la variación de la vida útil de sus activos fijos y por lo mismo, la modificación del plazo para deducir la depreciación de tales bienes, debe estar debidamente probada por este, mediante conceptos técnicos o tablas de depreciación de reconocido valor técnico. No bastan las apreciaciones del solicitante sobre su realidad concreta.

Adicionalmente, la realidad individual de un contribuyente debe analizarse teniendo en cuenta no sólo su situación particular, que, a no dudarlo, está sujeta a modificaciones en el tiempo, sino, de manera general, la de otros contribuyentes que realizan la misma actividad. Por lo tanto, la realidad particular que incide en la determinación de la vida útil de una contribuyente, como la actora, que se dedica a operaciones de leasing, no debe analizarse frente a contribuyentes que ejercen actividades distintas, pues, en tal caso, la comparación que necesariamente debe hacerse para analizar su situación individual carece de toda lógica.

En el caso concreto, la actora, que como ya se dijo, se dedica a operaciones de leasing, pidió a la DIAN la reducción de la vida útil de varios activos de su propiedad (fls. 56 a 61), adquiridos en el año 2006 y el primer semestre de 2007 (fls. 86 a 107), los cuales entregó en arrendamiento operativo (E.T., art. 127-1).

La reducción la pidió teniendo en cuenta los plazos de los distintos contratos de arrendamiento, con el argumento de que como su actividad es arrendar y los ingresos que obtiene son los cánones de arrendamiento que deja de recibir al vencimiento de los contratos, la vida útil de los bienes arrendados sólo es la de la vigencia de los contratos, pues, además, los bienes que arrienda, una vez restituidos no pueden ser arrendados de nuevo, en general, por obsolescencia de los mismos.

Tal razonamiento no justifica que la realidad individual de la actora sea tan particular y especial que amerite la reducción de la vida útil de los activos a los plazos de los distintos contratos, pues, todas las compañías de leasing que arrienden bienes sin opción de compra reciben ingresos sólo hasta cuando los bienes les son restituidos y por lo tanto, hasta cuando los contratos se terminan. Lo anterior no significa que al vencimiento del contrato los bienes no puedan ser arrendados de nuevo y por lo mismo, contribuir en la actividad generadora de renta y en la correlativa obtención de ingresos.

Además, en el caso de la actora, los contratos de arrendamiento sobre los equipos de cómputo(5), por ejemplo, oscilan entre uno y cinco años, aunque predominan los contratos con plazo de tres años (fls. 86 a 99). Lo dicho significa que no es cierto que al vencimiento de todos los contratos, los bienes restituidos no puedan ser arrendados de nuevo, por lo que tampoco es cierto que la vida útil de los activos fijos sea solamente la de los contratos de arrendamiento.

A su vez, la solicitud de la actora no se soportó en concepto técnico o tablas de depreciación de reconocido valor técnico, exigencia que debe cumplirse de manera perentoria según el artículo 138 del estatuto tributario, pues, se insiste, la petición se sustentó en apreciaciones generalizadas de la actora, sin fundamento probatorio alguno.

De otra parte, para determinar la vida útil de los bienes deben tenerse en cuenta, entre otros factores, los previstos en los artículos 137 del estatuto tributario y 64 [5] del Decreto 2649 de 1993, dentro de los cuales están, el deterioro por el uso y la obsolescencia por avances tecnológicos. Sin embargo, se insiste, tales factores deben estar debidamente probados, lo que no sucedió en esta oportunidad.

Comoquiera que la actora no probó la existencia de una realidad particular que ameritara la reducción de la vida útil de los activos depreciables adquiridos durante el año 2006 y el primer semestre de 2007, se ajustó a derecho la decisión de la DIAN de negar la solicitud de reducción, plasmada en los actos acusados, por lo que se impone negar la nulidad de los actos acusados y el restablecimiento solicitado por aquélla.

La Sala tampoco accederá a las pretensiones subsidiarias de la demandante, esto es, a declarar la nulidad parcial de los actos y autorizar la solicitud de reducción de la vida útil de los equipos de cómputo a tres años. Ello, porque si bien la Resolución 2303 de 2008 (fls. 46 a 49) acredita que respecto de los equipos de cómputo del segundo semestre de 2007 y el primer semestre del año 2008, la DIAN autorizó a la actora a reducir la vida útil a tres años, tal como esta lo había pedido, en el caso en estudio no se allegaron los conceptos técnicos ni las tablas de reconocido valor técnico a que se refiere el artículo 138 del estatuto tributario y no pueden extenderse los efectos de la resolución en mención a bienes de períodos distintos a los que fueron materia de la solicitud.

No sobra advertir que la Resolución de la DIAN 2303 de 2008 que, se insiste, autorizó la reducción de la vida útil a tres años, respecto de períodos bienes adquiridos en períodos distintos a los aquí analizados, da cuenta de que la actora allegó con su solicitud, concepto técnico sobre cada uno de los bienes, avalado por el representante legal de Informática Datapoint de Colombia Ltda. y por el certificado del revisor fiscal (fl. 46), prueba que en esta oportunidad no fue allegada por la demandante ni obra en el proceso.

Las razones anteriores son suficientes para negar las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

NIÉGANSE las súplicas de la demanda.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

(1) Conforme al artículo 60 del estatuto tributario, son activos fijos o inmovilizados, los bienes corporales muebles e inmuebles y los incorporales que no se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente.

(2) Jesús Orlando Corredor Alejo. “El impuesto de renta en Colombia. Nueva reforma tributaria Ley 788 de 2002”. Centro Interamericano Jurídico-Financiero. Medellín, segunda edición, pág. 293.

(3) El artículo 128 del estatuto tributario prevé:

“ART. 128.—Deducción por depreciación. Son deducibles cantidades razonables por la depreciación causada por desgaste o deterioro normal o por obsolescencia de bienes usados en negocios o actividades productoras de renta, equivalentes a la alícuota o suma necesaria para amortizar el ciento por ciento (100%) de su costo durante la vida útil de dichos bienes, siempre que éstos hayan prestado servicio en el año o período gravable de que se trate”.

(4) Para los activos adquiridos antes de 1989, resulta aplicable el artículo 70 del Decreto Reglamentario 187 de 1975.

(5) Que por reglamento tienen una vida útil de cinco (5) años (D. 3019/89).