Sentencia 2009-000108 de febrero 18 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejera Ponente:

Dra. Ruth Stella Correa Palacio

Exp.: Radicado 1100103260002009-000108-00 (37.513)

Recurrente convocante: Hernando Salcedo Tamayo

Convocado: Municipio de Facatativá

Asunto: Recurso de anulación laudo arbitral

Bogotá D.C., dieciocho de febrero de dos mil diez.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Para resolver el recurso extraordinario de anulación interpuesto, la Sala analizará: i) la competencia del Consejo de Estado para conocer el presente asunto; ii) los alcances del arbitramento y del recurso de anulación contra laudos; y iii) el recurso de anulación en el caso concreto.

1. Competencia.

El Consejo de Estado es competente para conocer del presente recurso de anulación contra laudo arbitral, por cuanto fue proferido para dirimir un conflicto surgido con ocasión del “Contrato de Prestación de Servicios” 30 de 2002, en el que una de las partes, el municipio de Facatativá(1), es una entidad pública.

Por consiguiente, como quiera que en el negocio jurídico fuente del conflicto una de las partes es una entidad pública, esta corporación resulta competente para conocer la impugnación del laudo arbitral que se somete a su consideración, toda vez que con la expedición de la Ley 1107 de 2006, el Legislador asignó, a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la competencia para juzgar las controversias en las cuales sean parte las “entidades públicas”(2).

Así mismo, como el contrato suscrito por las partes es de aquellos que se rigen por la Ley 80 de 1993 (art. 32 num. 2), el conocimiento del presente recurso corresponde a esta corporación, como quiera que de conformidad con el numeral 5 del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo, es competencia del Consejo de Estado - Sección Tercera, el trámite y decisión del recurso extraordinario de anulación de laudos arbitrales proferidos con ocasión de conflictos originados en contratos estatales.

2. Del arbitramento y del recurso de anulación

Conforme a la jurisprudencia reiterada de la Sala(3), el recurso extraordinario de anulación no puede utilizarse como si se tratara de una segunda instancia, razón por la cual no es admisible que por su intermedio se pretenda continuar o replantear el debate sobre el fondo del proceso. En otros términos, a través del recurso de anulación no podrán revocarse determinaciones del tribunal de arbitramento basadas en razonamientos o conceptos derivados de la aplicación de la ley sustancial, al resolver las pretensiones y excepciones propuestas, así como tampoco por la existencia de errores de hecho o de derecho al valorar las pruebas en el asunto concreto, que voluntariamente se les sometió a su consideración y decisión.

De otra parte, conviene también puntualizar que, con anterioridad a la modificación que sufrió el artículo 72 de la Ley 80 de 1993 por cuenta del artículo 22 de la Ley 1150 de 16 de julio de 2007, las causales de anulación de laudos arbitrales se encontraban previstas en dos normas: la primera en el citado artículo 72 aplicable a los contratos estatales; y la segunda en el artículo 38 del Decreto-Ley 2279 de 1989, para los contratos regidos exclusivamente por el derecho privado, compiladas ambas en los artículos 230 y 163 del Decreto 1818 de 1998, respectivamente.

Además, según la jurisprudencia que desarrolló la Sala al amparo del texto original de la Ley 80 de 1993, las causales de anulación que resultaban aplicables a un contrato celebrado por una entidad pública pero regido por el derecho privado, debían ser las contenidas en el artículo 163 del Decreto 1818 de 1998; en efecto, así lo señaló para cuando una empresa de servicios públicos de naturaleza estatal celebrara un contrato amparado por el derecho privado, en conformidad con los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994(4).

Empero, este tema que motivó a la dualidad de causales de anulación de laudos arbitrales, se encuentra superado en la actualidad, por cuanto la Ley 1150 de 16 de julio de 2007, modificó en su artículo 22 el artículo 72 de la Ley 80 de 1993, para establecer:

“ART. 22.—Del recurso de anulación contra los laudos arbitrales. El artículo 72 de la Ley 80 de 1993, quedará así:

“ART. 72.—Del recurso de anulación contra el laudo arbitral. Contra el laudo arbitral procede el recurso de anulación. Este deberá interponerse por escrito presentado ante el tribunal de arbitramento dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del laudo o de la providencia que lo corrija, aclare o complemente.

El recurso se surtirá ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.

Son causales de anulación del laudo las previstas en el artículo 38 del Decreto 2279 de 1989 o las normas que lo modifiquen, deroguen o sustituyan”.

Así las cosas, a partir de la vigencia del anterior precepto(5), se unificó el sistema de las causales para los recursos de anulación contra laudos ante el contencioso administrativo, en el sentido de que corresponden a las previstas en el artículo 38 del Decreto 2279 de 1989, compilado en el artículo 163 de la Decreto 1818 de 1998, con independencia de que el contrato origen del conflicto dirimido en el respectivo laudo arbitral sea regido por el derecho privado o por el estatuto de contratación de la Administración Pública.

En consecuencia, como quiera que en el sub exámine tanto la expedición del laudo arbitral como la interposición del recurso extraordinario contra el mismo ocurrieron los días 18 de agosto y 1º de septiembre de 2009, respectivamente, esto es cuando se encontraba vigente la reforma al sistema de impugnación, entonces las causales de anulación que resultan aplicables son las establecidas por el artículo 163 del Decreto 1818 de 1998, que compiló el artículo 38 del Decreto-Ley 2279 de 1989.

A este respecto, considera la Sala pertinente aclarar que si bien el recurrente alegó como causal de anulación la contenida en el numeral 5 del artículo 72 de la Ley 80 de 1993, esto es aquella denominada “no haberse decidido sobre asuntos sometidos al laudo”, dicha causal coincide con la señalada en el numeral 9 del mencionado artículo 163 del Decreto 1818 de 1998, razón por la cual tal circunstancia no se convierte en un impedimento para su estudio de fondo, en aras de garantizar el debido proceso y el acceso a la administración de justicia.

3. Del recurso de anulación en el caso concreto.

El laudo arbitral de 18 de agosto de 2009 impugnado no será anulado, decisión que se fundamentará en el análisis de los cargos formulados por el recurrente y en la sustentación presentada en el término previsto por la ley(6), teniendo en cuenta los criterios que la jurisprudencia de la Sala ha adoptado en torno a las causales de anulación de laudos arbitrales.

3.1. Primera causal invocada: “... No haberse decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento ...” (D. 1818/98, art. 163 num. 9).

3.1.1. Sustentación del recurrente.

3.1.1.1. Manifestó el recurrente que el tribunal de arbitramento debió declarar la existencia del rompimiento del equilibrio económico del contrato, como quiera que para efectos del pago de los honorarios se tomó la cifra nominal contenida en el mandamiento de pago sin incluir las liquidaciones correspondientes a los intereses, sanciones y actualizaciones, las cuales de conformidad con las normas tributarias solo se determinan al momento del pago del capital que se adeuda por una obligación de esta naturaleza y porque además a dicha cifra se le aplicó el 15% como tarifa de cuota litis, cuando de conformidad con los parámetros establecidos por Colegio Nacional de Abogados y el Consejo Superior de la Judicatura tal tarifa asciende al 30%.

Que el rompimiento del equilibrio económico del contrato, se verifica en el hecho de que el ente territorial convocado, procedió a reajustar o revisar los precios del mismo, en la Resolución 282 de 2008, mediante la cual con una aplicación indebida del artículo 4º de la Ley 80 de 1993, reconoció los intereses de la deuda por la mora en el pago, con base en el valor del salario mínimo para la fecha de suscripción del contrato, cuando debió hacerlo con el vigente para la época en que debía cumplirse la obligación.

3.1.1.2. Igualmente, sostuvo que el tribunal no se pronunció en relación con la posibilidad de que al cancelarse una suma inferior, —no actualizada al valor del salario mínimo para la fecha del pago, con fundamento en una tarifa de cuota litis inferior a la que habitualmente se pacta y sin incluir en el monto base para liquidar rubros como intereses, sanciones y actualizaciones— el municipio convocado se haya enriquecido ilícitamente, a pesar de que así fue planteado en el proceso, si se interpretan tanto el contenido de la demandada, como lo expuesto en el interrogatorio de parte.

3.1.2. Concepto de la vista fiscal.

El agente del Ministerio Público expuso que el tribunal se pronunció sobre todas las pretensiones, principalmente aquellas que tenían que ver con el incumplimiento del contrato y el supuesto rompimiento del equilibrio económico y que en la demanda arbitral el convocante no planteó ninguna pretensión relacionada con el enriquecimiento sin causa, razón por la cual, no debía el tribunal de arbitramento pronunciarse al respecto, pretensión que además debió plantearse en ejercicio de la actio in rem verso y no por la vía de la acción de controversias contractuales que es la que corresponde promover ante un tribunal de arbitramento, en virtud de la cláusula compromisoria pactada en el contrato respectivo.

3.1.3. Análisis de la Sala.

3.1.3.1. La causal “No haberse decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento”, prevista en el numeral 9 del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998, se configura cuando el laudo no decide todos los puntos objeto de arbitramento, evento en el cual se predica que el fallo es mínima o citra petita respecto de las pretensiones, excepciones procesales y demás aspectos de la relación jurídico procesal (CPC, arts. 304, 305 y 306).

Esta causal y la prevista en el numeral 8 del mismo artículo (“Haber recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros o haberse concedido más de lo pedido”), son expresión de la garantía al principio de congruencia de los fallos, contenido en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil (modificado por el D. 2282/89, art. 1º num. 135), de acuerdo con el cual la decisión final de los árbitros debe resultar armónica, consonante y concordante con los hechos y las pretensiones formuladas en la demanda, y en las demás oportunidades procesales contempladas, y con las excepciones que resulten probadas o hubieren sido alegadas, cuando así lo requiera la ley, todo esto sometido a consideración por la voluntad de las partes en el proceso arbitral dentro de los límites previstos en el pacto arbitral (cláusula compromisoria o compromiso) celebrado por ellas, en la ley y en la Constitución Política, fuentes éstas que otorgan y enmarcan la competencia de los árbitros.

En efecto, el principio de congruencia implica que en la decisión de los árbitros que ponga fin a un litigio debe existir una adecuación o perfecta simetría entre lo pedido y lo resuelto, de manera que puede verse afectada cuando el juez concede más allá de lo pedido (ultra petita); o cuando concede puntos no sometidos al litigio (extra petita), o cuando deja de pronunciarse sobre cuestiones sujetas al proceso (infra o citra petita), quebrantos a esa regla de atribución por exceso o por defecto, que se encuentran tipificadas como hechos pasibles para la invocación de la nulidad del laudo arbitral en los términos de los numerales 8 y 9 del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998.

Así, con la causal del numeral 9 de la disposición antes citada, se sanciona la violación del principio de congruencia cuando el laudo omite pronunciarse sobre el contenido de la demanda —pretensiones y causa petendi— o sobre la contestación de la misma —excepciones propuestas por el demandado—, o de la demanda de reconvención y su respuesta, enmarcadas dentro del objeto del pacto arbitral, la ley y la Constitución Política, que fijan el ámbito de la competencia de los árbitros para pronunciarse válidamente.

Por tal motivo, la incongruencia de las providencias judiciales se debe buscar a través de una comparación de la relación jurídico procesal y lo resuelto por el fallador, análisis que de arrojar la carencia de pronunciamiento sobre una o varias de las cuestiones que debía el juez arbitral decidir, determina la configuración del supuesto consagrado en la causal que se estudia y apareja, como atrás se señaló, que el juez deba anular el laudo y entrar a proferir fallo en relación con los puntos omitidos (art. 165 ibídem).

En virtud de la filosofía del recurso de anulación de laudos, edificado por errores in procedendo y no in iudicando, el análisis de este vicio de construcción formal de la providencia debe realizarse de manera objetiva, es decir, verificar que formal y objetivamente el fallo se ajuste a las peticiones de las partes, independientemente de si este es acertado o erróneo, para concluir si efectivamente se presentó o no una omisión de decidir algún extremo de la litis, pero no resulta dable, por la naturaleza de la causal que se estudia, examinar las consideraciones y los motivos determinantes que ha tenido el juzgador en su decisión(7).

En suma, los árbitrosen los precisos términos y límites del pacto arbitral y la ley, están en la obligación de decidir y proveer sobre cada uno de los extremos del litigio bajo su conocimiento, para que el fallo garantice la debida correspondencia con lo que se pide en la demanda, los hechos en que se fundan esas pretensiones y las excepciones que aparecen probadas, so pena de que ante una omisión en la construcción del fallo de los asuntos susceptibles de resolver se incurra en la causal 9 de nulidad del artículo 163 del Decreto 1818 de 1993.

3.1.3.2. En el sub lite, la Sala considera que no se configura la casual invocada por el recurrente por los motivos que a continuación se exponen:

3.1.3.2.1. En relación con el hecho de que el tribunal de arbitramento debió declarar el rompimiento del equilibrio económico del contrato, observa la Sala que para sustentar este cargo, recurre el impugnante a críticas sobre el análisis jurídico realizado por los árbitros para declarar imprósperas las pretensiones de la demanda, relacionas con la forma en que se interpretó no solo el contrato sino los demás elementos de prueba allegados al proceso y con base en los cuales, se concluyó que dicha situación de desequilibrio económico nunca se presentó, como quiera que se realizaron los pagos que correspondía por la ejecución del mismo, de conformidad con lo pactado por las partes, se realizaron las actualizaciones a que hubo lugar y sin que pudiera derivarse de la lectura de los documentos anexos del contrato que el pago debía realizarse de conformidad con el valor del salario mínimo vigente para la época del pago.

Es así como la sustentación del recurso, fue reiterativa en señalar que no le asiste razón al tribunal cuando concluye que de la lectura del contrato y sus anexos, se deriva cúal fue el acuerdo al que llegaron las partes, en relación con el pacto de una suma fija, que no implicaba la actualización de conformidad con el salario mínimo vigente para la época en que se cancelara la obligación. En dicha sustentación indicó:

“También es claro el mismo contrato y salta de bulto incluso de una simple lectura que los honorarios los establece en SLMV y no que los equipara a SLMV como lo cree absurdamente e ilegalmente el tribunal por que (sic), precisamente las pruebas en forma total y absoluta desvirtúan que el municipio quiso equipararlos a SLMV lo cual en forma alguna existe en la contratación estatal y si es la regla general en los contratos de representación judicial y es una forma establecido (sic) por las tarifas de abogados e incluso por el propio estado que lo establecen en SLMV, con el fin de actualizar en forma automática un contrato para evitar que el contratista sufra un desequilibrio fimnanciera (sic) que constituiría un claro enriquecimiento a favor de la entidad”.

Nótese, entonces, cómo el recurrente pretende a través de este recurso que se realice una nueva revisión y valoración de las pruebas, con el objeto de modificar las consideraciones y evaluaciones jurídicas que hizo el árbitro, lo cual, de suyo, no se ajusta a la naturaleza y propósitos del recurso extraordinario de anulación contra laudos, porque, tal y como se explicó, éste no es un medio que permita la apertura de una instancia adicional, en la que se actúe como superior jerárquico de aquél, para entrar a examinar de fondo el asunto en cuanto a los hechos que fueron materia de decisión o sobre el valor que se le otorgó a cada una de las pruebas o inferencias que en derecho este aplicó, materia esta que, precisamente, es de la competencia del tribunal arbitral por expresa voluntad de las partes.

Lo que ocurre, según se desprende de la sustentación del recurso, es que la parte convocante no quedó satisfecha o conforme con la decisión y la valoración probatoria, ante lo cual es importante precisar que si la decisión adoptada en el laudo no fue favorable a las pretensiones del demandante, es decir, si en él se resolvió en forma adversa a sus intereses, no es una actuación que viole el principio de congruencia, por cuanto comporta un pronunciamiento sobre la pretensión como resultado del debate procesal y con observancia de las formas propias del juicio arbitral, que, por lo mismo, excluye la prosperidad de la causal invocada(8).

Adicionalmente, la Sala al verificar la relación jurídico procesal y lo resuelto por el fallador en el laudo arbitral, para determinar si existe la debida armonía entre lo pedido y lo resuelto o la carencia de ésta, labor que se impone en el estudio de esta causal, tal y como arriba se explicó, advierte que no resulta incongruente.

En efecto:

i) En la demanda la convocante solicitó declararel rompimiento de la equilibrio económico del contrato y su correspondiente restablecimiento bajo el entendido de que el municipio no tuvo en cuenta el verdadero monto base para liquidar los honorarios, se aplicó un tarifa inferior a la que habitualmente se cancela por el servicio de asesoría jurídica en los procesos de naturaleza tributaria y no se actualizó dicho valor de conformidad con el salario mínimo vigente para la época en que se realizó el pago.

ii) Por su parte, el convocado rechazó esta pretensión con fundamento en que no se dan los presupuestos establecidos por la jurisprudencia y la doctrina, para el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, como quiera que el Estado no influyó en la alteración de dicho equilibrio, ni se presentó ningún factor externo que favorecieran la ocurrencia del mismo, distintos de aquellos pactados en el contrato, en relación con el pago de la obligación asumida con el contratante, la cual se pactó en una suma fija y no en salarios mínimos como se pretendía en la demanda.

iii) El tribunal sin desviarse del problema jurídico resultante de los hechos materia de la controversia, cuyo estudio fue abordado en la forma en que atrás se reseñó, luego del análisis de las pruebas, manifestó que del tenor literal de las cláusulas segunda y tercera del contrato, así como de los documentos anexos al mismo, se infiere claramente que las partes pactaron una suma fija que representaba el valor total del contrato, sin que —agregó— puede llegar a interpretarse que el pago debía realizarse en salarios mínimos y mucho menos vigentes a la fecha en que el mismo se hiciera efectivo, situación —afirmó— conocida por el contratista de antemano, razón por la cual incluso se aceptó su oferta, ya que la misma suponía un costo inferior al presupuestado por la entidad contratante.

Por las anteriores consideraciones el tribunal de arbitramento concluyó:

“Ante estas premisas, este tribunal no encuentra motivo de duda, que le ermita inferir el pretendido incumplimiento del contrato y menos aun un desequilibrio económico que pudiese perjudicar en momento alguno los intereses del contratista, razón por la cual habrá de despacharse desfavorablemente las pretensiones 1, 2, 1.3 (sic) del accionante”.

En síntesis, el tribunal de arbitramento no dejó de pronunciarse o resolver respecto de la cuestión litigiosa materia de su conocimiento en virtud del pacto arbitral en lo que tiene que ver con la pretensión de que se declarara el rompimiento del equilibrio económico del contrato, no siendo viable, por la naturaleza extraordinaria del recurso de anulación del laudo arbitral, evaluar la manera como interpretó la demanda y decidió las pretensiones de la convocada y determinar si lo hizo correcta o erradamente, dado que esta causal no autoriza realizar un examen o calificación de las consideraciones que han servido al juzgador como motivos determinantes de su fallo.

3.1.3.2.2. De otra parte, estima el recurrente que el tribunal de arbitramento no decidió cuestiones de fondo, como quiera que no se pronunció acerca de la pretensión relacionada con el enriquecimiento sin causa, la cual se puede derivar de lo expuesto en la demanda y del interrogatorio de parte practicado en el trámite del proceso arbitral.

Al respecto, considera la Sala que no le asiste razón al recurrente por las siguientes razones:

Como se indicara ya, esta causal induce al juzgador a verificar de manera conjunta la relación jurídico procesal y lo resuelto por el fallador en el laudo arbitral, así como su parte motiva y resolutiva frente a las pretensiones y excepciones formuladas en el proceso, para determinar si existe la debida armonía entre lo pedido y lo resuelto o la carencia de ésta a propósito del asunto que echa de menos el recurrente en la providencia arbitral atacada.

Del comparativo entre las pretensiones de la demanda y el laudo arbitral, la Sala no observa un fallo incongruente por omisión de un extremo de la relación jurídica procesal, por cuanto esas súplicas fueron objeto de análisis y pronunciamiento por parte de los árbitros en el fallo.

En efecto, las pretensiones formuladas por el recurrente en la demanda fueron las siguientes: (i) que se declarara el incumplimiento por parte del ente territorial convocado, en relación con el contrato 30 de 2002; (ii) que se declara el rompimiento del equilibrio económico del contrato y se procediera a restablecer la ecuación económica del mismo; (iii) que se liquide dicho contrato; (iv) que se condene en costa a la parte vencida; (v) que se ordene la devolución de la mitad de lo pagado para cubrir el costo del proceso arbitral.

Así mismo, en la parte resolutiva de la sentencia, según se dejó consignado en los antecedentes de esta providencia, el tribunal resolvió sobre cada una de tales pretensiones, al negar la declaratoria de incumplimiento y el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, así como la liquidación del mismo, además de condenar en costas al convocante por ser la parte vencida en juicio.

Como puede apreciarse, en la demanda arbitral no se planteó como pretensión, que se declarara el enriquecimiento sin causa por parte del ente territorial convocado, razón por la cual mal hubiera procedido el tribunal en pronunciarse sobre aspectos que no hacían parte del debate procesal, toda vez que dicha situación implica la configuración de otra causal de anulación del laudo arbitral, por haber recaído el mismo sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros o haberse concedido más de lo pedido (D. 1818/98, art. 163 num. 8).

Sostiene también el recurrente, que si bien no se formuló como una petición expresa, de la interpretación tanto del contenido de la demanda, como de lo expuesto en el interrogatorio de parte, podía inferirse que el tribunal debía pronunciarse sobre este aspecto, argumento que no es de recibo toda vez que como se señaló, la causal alegada supone la comparación objetiva de las pretensiones formuladas y excepciones propuestas por el demandado, o de aquellas incluidas en la demanda de reconvención y su respectiva respuesta en relación con lo decidido, para efectos de determinar si quedaron extremos del litigio sin resolver.

Una interpretación en sentido contrario implicaría desnaturalizar la demanda misma, cuyo propósito, según las pretensiones en ella contenidas, fue reclamar el incumplimiento del contrato y el desequilibrio económico del mismo, por la falta, según afirma el convocante, del pago de unas sumas de dinero que corresponde a los honorarios pactados y que ahora pretende, con la finalidad de que se anule el laudo arbitral proferido, ajustar a una pretensión de enriquecimiento sin causa, cuando se reitera, siempre estuvo encaminada al análisis de la actividad contractual de las partes, en relación con la celebración, ejecución, cumplimiento e interpretación del contrato de representación judicial que fue suscrito.

Considera la Sala pertinente señalar a este respecto, que la facultad que tiene el juez de interpretar la demanda, no constituye un instrumento que pueda, como lo pretende el recurrente, convertirse en el mecanismo idóneo para suplir las falencias de que adolece la misma, como quiera que el demandante, al momento de su presentación, debe señalar e individualizar no solo los hechos, sino las pretensiones —según lo dispuesto en los artículos 136 y siguientes del Código Contencioso Administrativo—, que aspira le sean reconocidas en el trámite del respectivo proceso judicial.

De otra parte, la argumentación expuesta por el recurrente es jurídicamente contradictoria con los propósitos que lo animan a censurar la providencia arbitral, dado que, aún en gracia de discusión, si al tribunal de arbitramento se le hubiera planteado una pretensión encaminada a reconocer un posible enriquecimiento sin causa o siquiera los hubiese interpretado así, dicha circunstancia haría improcedente un pronunciamiento de fondo al respecto, como quiera que dicha pretensión debe formularse, como bien lo afirma el agente del Ministerio Público, mediante la interposición de la actio in rem verso, y no en ejercicio de la acción de controversias contractuales. Así lo ha afirmado de tiempo atrás esta Corporación; en efecto, mediante Sentencia de 20 de septiembre de 2007(9), expuso sobre el particular lo siguiente:

“Para la Sala es evidente que la parte actora ejercitó simultáneamente e indebidamente acciones diferentes que no permiten manejarse dentro del mismo proceso. En efecto, de una parte, utilizó la acción de controversias contractuales consagrada en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo y, de otra parte, en subsidio, pretende que se declare un enriquecimiento sin causa, reclamable por la vía del artículo 86 del mismo código.

“Si bien es cierto de acuerdo con el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, en una misma demanda el actor puede presentar varias pretensiones, siempre y cuando en su acumulación el juez sea competente para conocer de todas las pretensiones, éstas no se excluyan entre sí —salvo que se presenten como principales y subsidiarias—, y todas puedan tramitarse bajo el mismo procedimiento, no resulta posible que se acumulen dos acciones en una misma demanda, lo que hace que ésta resulte inepta, toda vez que esa pluralidad de acciones y pretensiones le impiden al juzgador decidir en forma precisa y concreta sobre los múltiples pedimentos formulados.

“Por lo tanto, respecto de las pretensiones subsidiarias resulta inepta la demanda, por cuanto la parte actora instauró a través de la misma demanda dos acciones que no son acumulables: la de controversias contractuales (CCA, art. 87) y la reparación directa (CCA, art. 86), por enriquecimiento sin causa (extracontractual), la cual, por lo demás, dado su carácter subsidiario, no puede ejercitarse si se dispone de otra, como acontecía en el sub iudice, circunstancias estas que imponen una decisión inhibitoria en relación con las mismas”.

En síntesis, de la trascripción de las pretensiones de la demanda realizada al comienzo de esta providencia, y de la parte resolutiva del laudo proferido y de lo expresado en precedencia, fluye con claridad que se resolvieron los asuntos o cuestiones que se sometieron a consideración del tribunal, de manera que no encuentra la Sala que se haya vulnerado el principio de congruencia en el fallo arbitral por un vicio citra o infra petita, en la medida en que los árbitros efectivamente explicaron las razones jurídicas por las cuales no accedían a las pretensiones y a otras formuladas por al convocante.

En otros términos, para la Sala, no resulta incongruente la decisión adversa consignada en la parte resolutiva del laudo, luego de que los árbitros en la parte motiva analizaran el tema del incumplimiento y el desequilibrio económico del contrato y advirtieran que no le asistía ningún derecho de reclamar el pago de los honorarios que, afirma no le fueron cancelados, razón por la cual la consecuencia que se imponía era denegar las demás pretensiones de tipo condenatorio solicitadas en la demanda.

Por lo expuesto, este cargo contra el laudo arbitral no prospera.

3.2. Segunda causal:“Haberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo” (D. 1818/98, art. 163 causal 6).

3.2.1. Sustentación del recurrente.

Según el recurrente esta causal se configura con fundamento en que:

— El tribunal de arbitramento falló sin que se valoraran adecuadamente las pruebas obrantes en el plenario, esto es los términos de referencia, la invitación a presentar ofertas y el contrato, las cuales analizadas en su conjunto permitían inferir que el monto por el valor de los honorarios fue pactado en salarios mínimos, con la finalidad de garantizar el reajuste de los precios y así, el equilibrio económico del contrato.

— El tribunal solo tuvo en cuenta, como prueba fundamental para negar la pretensión de incumplimiento, el contrato mismo, del cual tampoco se puede derivar con certeza que el monto de los honorarios fue pactado en una suma fija, como quiera que las cláusulas 2 y 3 del mismo se refieren también a salarios mínimos, disposición que analizada en conjunto con las demás pruebas permite inferir que la finalidad era actualizar año a año, el precio de dicho contrato.

— El laudo proferido negó la pretensión de incumplimiento solo “con el contrato mismo sin citar ni siquiera normas de carácter jurídico”, ni analizar los principios de la Ley 80 de 1993 en especial en lo que tiene que ver con la interpretación del contrato y las fórmulas de actualización del precio histórico que en el mismo se pacten.

— No se tuvo en cuenta lo establecido tanto por el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Nacional de Abogados, para efectos de las tarifas que por cuota litis normalmente se pagan, por representación judicial en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho en los que se discute la imposición de una carga tributaria.

3.2.2. Concepto de la vista fiscal.

Concluyó, del análisis del laudo arbitral, que el tribunal profirió su decisión teniendo en cuenta las normas que regulan el contrato de prestación de servicios contenidas en la Ley 80 de 1993, las relacionadas con la interpretación jurídica de los contratos previstas en la legislación civil y además analizó los elementos de juicio aportados tanto en la demanda, en la contestación y aquellos que fueron incorporados durante el trámite del proceso.

3.2.3. Análisis de la Sala.

3.2.3.1. El fallo en conciencia se caracteriza porque el juez dicta la providencia sin efectuar razonamientos de orden jurídico, prescindiendo de las normas jurídicas y de acuerdo con su íntima convicción en relación con el deber ser y la solución recta y justa del litigio, luego de examinar los hechos, las pruebas y de valorar bajo su libre criterio y el sentido común las circunstancias de tiempo, modo y lugar que dieron lugar a la controversia.

De conformidad con reiterada jurisprudencia, el fallo en conciencia se presenta cuando el juez toma determinaciones siguiendo lo que le dicta su propio fuero interno, según su leal saber y entender, basado exclusivamente en el principio de la equidad, de manera que bien puede identificarse con el concepto de verdad sabida y buena fe guardada (“ex aequo et bono”)(10). En cambio, en el fallo en derecho el juez debe apoyarse en el ordenamiento jurídico, esto es, en el conjunto de normas sustanciales y procesales, así como en los principios que lo integran, que constituyen el marco de referencia en el que se ha de encuadrar su decisión.

La Sala en Sentencia de 3 de abril de 1992, expediente 6695, precisó los requisitos y alcances de la causal relativa a haberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho, así:

“El arbitramento puede ser en derecho, en conciencia o técnico; tanto el fallo en conciencia como en derecho tiene que reposar sobre un motivo justificativo.

“... El laudo en derecho que carezca de motivación no se convierte en fallo en conciencia. La diferencia entre estos fallos no radica en ese aspecto formal o accidental, sino que toca con el marco de referencia normativo que condiciona la conducta del juzgador en uno y otro.

“Es cierto que el juez de derecho debe motivar sus fallos y que dentro de esa motivación las pruebas merecen tratamiento especial. Pero si incumple ese deber en forma absoluta el fallo podrá ser anulable, pero no cambiará su esencia para convertirse en fallo en conciencia. Esto como principio procesal general, porque frente a los laudos arbitrales esa falta de motivación no aparece contemplada dentro de las causales de anulación de los mismos y menos cuando no se niega sino que se clasifica como deficiente o irregular.

“... Solo cuando el fallo que se dice en derecho deje de lado en forma ostensible, el marco jurídico que deba acatar para basarse en la mera equidad podrá asimilarse a un fallo en conciencia; porque si el juez adquiere la certeza que requiere para otorgar el derecho disputado con apoyo en el acervo probatorio y en las reglas de la sana crítica, ese fallo será en derecho, así no hable del mérito que le da a determinado medio o al conjunto de todos(11). (resalta la Sala)

De otra parte, la Sección también ha señalado que la decisión equivocada no se identifica con la decisión en conciencia, razón por la que la causal de anulación en comento no puede justificar —por parte del juez del recurso— la revisión de la argumentación jurídica elaborada por el tribunal de arbitramento (Sent. nov. 28/2002, Exp. 22.191). Además, ha puntualizado que para que se configure un fallo en conciencia, es necesario que dicha circunstancia sea evidente, ostensible y clara, por cuanto no resulta admisible que con esta causal se abra un debate propio de la segunda instancia.

Igualmente, la Sala ha sostenido que el fallo en conciencia no es solo aquel que no se ha constituido sobre normas jurídicas, sino que puede presentarse cuando se falla sin ningún soporte valorativo normativo de las pruebas respecto de los hechos que originan las pretensiones o las excepciones, esto es, con pretermisión de la totalidad de las pruebas que obran en el proceso:

“(...) Si bien el fallo en conciencia radica, básicamente, en la falta de apoyo normativo para la solución del problema planteado, también el aspecto probatorio, asociado al problema normativo, puede ser discutido desde esta perspectiva. (...) Según esto, puede ocurrir que el fallo en conciencia se derive del hecho de que las pruebas que deberían ofrecer convicción a los árbitros, carecen de soporte valorativo normativo, y se radican, fundamentalmente, en la pura y simple conciencia del árbitro. No obstante, esto no significa que los árbitros no tengan la libertad de valoración de las pruebas, según las reglas de la sana crítica”(12).

Sin embargo, la posición de la Sala ha dejado a salvo la libertad de valoración de las pruebas de que gozan los árbitros, sin que sea posible, a través de este recurso y a partir de la discusión del tema probatorio, cuestionar sus apreciaciones al respecto, pues sólo cuando se está en presencia de un claro y manifiesto desconocimiento total del acervo probatorio, se podría predicar que se presentó un fallo en conciencia(13). Es decir que con base en esta causal no será posible verificar el fondo del fallo, ni menos aún modificar el valor probatorio que el juzgador le otorgó a cada una de las pruebas, en atención a los límites que la ley ha fijado a este recurso.

Además, en sentencia de 18 de junio de 2008 (Exp. 34.543), la Sección precisó que la naturaleza del yerro que se sanciona con esta causal, es in procedendo y no in iudicando, de manera que so pretexto de invocar la misma no será posible para el juez del recurso verificar el fondo del fallo, ni menos aún modificar el valor probatorio que el juzgador arbitral le otorgó a cada una de las pruebas, en atención a los límites que la ley ha fijado a este recurso; es decir, dejó en claro que no es viable plantear y menos aún estudiar una violación indirecta a la norma sustancial por la existencia de errores de hecho o de derecho al valorar las pruebas, dado que este aspecto es un error in iudicando sobre el cual no está edificado el recurso extraordinario de anulación de laudos arbitrales. Así lo explicó:

“...Aunque la Sala reitera los criterios jurisprudenciales anteriores, estima oportuno precisar que cuando se ha referido a que con base en esta causal puede ser discutido el aspecto probatorio, asociado al problema normativo, debe entenderse esta afirmación en el contexto de la naturaleza del yerro que se sanciona con la misma, esto es, por un vicio in procedendo y no in iudicando, de manera que bajo ese expediente no será posible verificar el fondo del fallo, ni menos aún modificar el valor probatorio que el juzgador le otorgó a cada una de las pruebas, en atención a los límites que la ley ha fijado a este recurso.

Es decir, por vía de esta causal no es viable plantear y menos aún estudiar una violación indirecta a la norma sustancial por la existencia de errores de hecho o de derecho al valorar las pruebas en el asunto concreto.

En efecto, recuérdese que al quebrantamiento de las normas de derecho sustancial puede llegarse por dos vías diferentes: la directa y la indirecta; la primera cuando con independencia de la prueba, el juzgador al dictar sentencia, infringe la norma por falta de aplicación, por indebida aplicación o por interpretación errónea; al paso que en la segunda incurre en esa violación por errores en relación con las pruebas producidas en el proceso para acreditar las circunstancias fácticas relevantes del litigio, bien por error de hecho evidente o manifiesto o bien por error de derecho(14).

Suficientemente se encuentra decantado en la jurisprudencia que el error probatorio de hecho ocurre cuando el tribunal cree equivocadamente en la existencia o inexistencia de un medio probatorio en el proceso o cuando al existente le da una interpretación ostensiblemente contraria a su contenido real, es decir, cuando desacierta en la contemplación objetiva de la prueba, en cuanto la omitió, ignoró o creyó que existía o al apreciarla distorsionó la situación fáctica(15). Y el error de derecho, se presenta cuando la prueba fue exacta y objetivamente apreciada, pero, al valorarla o contemplarla jurídicamente, el juzgador infringe las normas legales que regulan tanto su producción (decreto, aducción y práctica), como su eficacia al determinarle una fuerza de convicción que la ley no le asigna, es decir, vio la prueba en su materialidad misma, pero no le otorgó el valor demostrativo que la ley le asigna, o le atribuyó uno que esta le niega(16). Por tanto, en el error de hecho se trata de una falsa noción del hecho, y en el error de derecho, de una equivocada noción de la ley probatoria...”(17).

En consecuencia, según el criterio expuesto en la jurisprudencia anterior, el fallo en conciencia cuando debió ser en derecho y que se censura por medio de esta causal corresponde a la falta de sustento en el derecho positivo por la omisión o ausencia de aplicación de las normas jurídicas y la carencia absoluta y ostensible de juicio jurídico valorativo de la totalidad de las pruebas que obran en el proceso para configurar los supuestos de hecho de las normas que en él se invoquen (desconocimiento total de la prueba), para trasladar dicho juicio a la conciencia o razón subjetiva de los árbitros, siempre y cuando esta circunstancia aparezca de manifiesto en el laudo. Por el contrario, cuando el juez llega a la convicción con sustento en las normas jurídicas y en la valoración jurídica del acervo probatorio ese fallo será en derecho, pese a que no señale el mérito que le otorga a determinado medio de convicción.

3.2.3.2. En el caso concreto, el recurrente consideró que el laudo se profirió en conciencia y no en derecho, incurriéndose en la causal de anulación invocada, porque los árbitros no efectuaron un juicio de valor concienzudo, objetivo, claro y preciso de las pruebas recaudadas.

Sobre el particular, la Sala coincide con el Ministerio Público en sus apreciaciones según las cuales este cargo no está llamado a prosperar, pues, contrario sensu de lo esgrimido por el recurrente, la sola lectura del laudo arbitral acusado, permite concluir que el mismo se profirió en derecho y no en conciencia, toda vez que las decisiones estuvieron sustentadas, tanto en normas jurídicas como en la valoración correspondiente del acervo probatorio.

En efecto, se observa que el tribunal arbitral adoptó su decisión realizando el siguiente análisis: (i) se refirió a la noción del contrato estatal contenida en el artículo 32 de la Ley 80 y a la regulación del contrato de prestación de servicios, así como a las características propias de dicho contrato, de conformidad con el numeral 5 del mencionado artículo; (ii) se pronunció en relación con la denominada teoría sobre el rompimiento del equilibrio contractual, su consagración expresa en el artículo 27 de la Ley 80 de 1993 y a los parámetros jurisprudenciales señalados por esta corporación para efectos de establecer en que eventos es procedente el restablecimiento de la ecuación económica del contrato; (iii) hizo referencia a las reglas de interpretación, establecidas por la legislación civil, para efectos de determinar el alcance de lo pactodo por las partes al momento de la celebración del contrato.

Una vez se refirió al marco jurídico que consideró aplicable al asunto en litigio, el tribunal precisó que el estudio de las pretensiones se fundamentó en la apreciación de las pruebas obrantes en el proceso de conformidad con los parámetros que expuso, en relación con la sana crítica y el valor probatorio de cada una de las piezas procesales pertinentes, en especial del contrato 30 de 2002, de conformidad con principios rectores de la actividad contractual del Estado, como la selección objetiva, que implica, según lo dicho por el tribunal, la escogencia de la oferta más favorable a los intereses de la contratación pública.

Al despachar cada una de las pretensiones de la demanda, se evidencia que los árbitros estudiaron los elementos de juicio que conformaban el acervo probatorio justificando normativamente la valoración y el mérito que frente al hecho debatido tenían jurídicamente.

En efecto, el tribunal de entrada, como arriba se anotó, consideró que el contrato suscrito era claro, en sus cláusulas 2 y 3, sobre la forma en que se debía proceder al pago de los honorarios pactados, conclusión que reforzó con el análisis de otros documentos que el recurrente considera fueron echados de menos por el tribunal al momento de la valoración probatoria respectiva, como el certificado disponibilidad presupuestal, la invitación privada realizada para efectos de formular las respectivas propuestas y las pruebas testimoniales practicadas, con fundamento en los cuales concluyó que el contratista conocía de la limitación financiera del ente territorial y que su oferta fue aceptada por ofrecer un costo inferior al que se tenía presupuestado, teniendo por pactada una suma nominal cuya equivalencia se expresó en salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de la celebración del contrato, razón por la cual en realidad no se presentó el desequilibrio económico alegado por el convocante.

En este mismo sentido, se pronunció en relación con el hecho de que en los términos de referencia se indicara la suma por concepto de honorarios en salarios mínimos para concluir, que en tal situación no se derivaba el hecho de que el pago debiera realizarse en salarios mínimos para la fecha en que se cancelara la obligación. Al respecto el tribunal indicó:

“El hecho de que se hubiera efectuado una equivalencia entre el valor de los honorarios a cancelar y el SMLMV de la época, año 2002, simplemente se hacía para facilitar la conversión a la moneda nacional, pues en el mismo documento de los términos de referencia no aparece en ninguno de los ítems allí descritos que el pago debiera sufrir modificación alguna ajustándolo al SMLMV para la época de la cancelación”. (negrillas de la Sala)

También realizó una valoración sobre cada uno de los registros y solicitudes de cobro, para concluir que la entidad convocada dio efectivo cumplimiento al contrato, en relación con los pagos pactados, tanto en el contrato, como en los términos de referencia, razón por la cual consideró que la pretensión por incumplimiento del mismo no prosperaba.

Así mismo, en otro aparte del laudo arbitral proferido y en relación con el tema de la valoración de los términos de referencia expuso lo siguiente:

“Decantado el material probatorio obrante en el paginario en forma individualizada y luego como elementos conformantes de un todo, se tiene que todos ellos apuntan en una misma dirección, la cual no es otro que confirmar que le (sic) municipio de Facatativá dio cumplimiento a los parámetros establecidos en los términos de referencia que dieron origen al contrato 30 de 2002, y que los valores convenidos a la firma del mismo fueron debidamente cancelados por el contratista de acuerdo con la disponibilidad presupuestal previamente asignada para el efecto. Es más, el mismo Municipio de Facatativá tras reconocer una mínima diferencia entre el valor histórico y actualizado del contrato procedió a efectuar la liquidación correspondiente de intereses moratorios en los términos consagrados en el estatuto contractual estatal  (L. 80/93)”.

De igual forma, hizo referencia a la Resolución 282 de 7 de abril de 2008, en la que afirma se reconocieron, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 4º de la Ley 80 de 1993, cuya inaplicación sostiene el recurrente, los intereses por la mora en el pago de la deuda en relación con el saldo pendiente por el éxito del litigio y el saldo a favor del contratista una vez actualizada la suma nominal pactada en el contrato.

En estas circunstancias, se observa que el tribunal arbitral tuvo en cuenta el precepto establecido en el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, por cuya inteligencia “toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso”, en tanto basó la providencia dictada no en su conocimiento privado o personal de los hechos, sino en los elementos de convicción incorporados al proceso y a los cuales hizo referencia precisando el mérito que les correspondía para adoptar la decisión, dentro del sistema de libre apreciación o valoración que rige en esta materia y bajo las reglas de la sana crítica o persuasión racional (art. 187 ibídem), que obligan al juez a motivarla, esto es, a exponer y exteriorizar los criterios y razonamientos de la ciencia, de la experiencia y de la lógica en la construcción de la providencia.

El hecho de que el tribunal arbitral —de conformidad con el contrato, los términos de referencia, la invitación privada que se realizó para efectos de la presentación de ofertas— haya considerado que la entidad convocada cumplió con el contrato suscrito, no implica que se haya proferido un fallo en conciencia, como quiera que tal causal no se configura por el simple hecho de que el fallador no tomara por cierto o con el mérito y alcance pretendido por el recurrente, la valoración que realizó durante sus intervenciones en el trámite arbitral, toda vez que precisamente la actividad del juzgador supone el ejercicio de contrastar los demás medios probatorios aportados al expediente al tiempo que da aplicación a las normas jurídicas, de manera que a partir de ello pueda llegar —como en efecto lo hizo— a sus propias conclusiones respecto de las situaciones fácticas debatidas y los derechos reclamados.

Así las cosas, como ya se señaló, para que se configure la causal de anulación invocada por el recurrente, es necesario que sea manifiesta y ostensible la circunstancia de que el fallo se profirió en conciencia, o sea, con absoluto desconocimiento de las normas jurídicas y ausencia total de valoración del acervo probatorio que obra en el proceso.

Sin embargo, verificado el contenido del laudo arbitral acusado salta a la vista todo lo contrario, esto es, que fue proferido con base en el derecho y en la valoración de las pruebas obrantes en el expediente (contrato, términos de referencia, invitación pública para ofertar, comprobantes de consignación, testimonios), sin que sea menester entrar a juzgar en sede de este recurso extraordinario de anulación el acierto o desacierto de los razonamientos jurídicos de los árbitros, de la aplicación de la ley y del mérito que le otorgó al acervo probatorio, pues ello no está previsto dentro de las causales de anulación de laudos arbitrales, en conformidad con lo ya explicado.

Para el recurrente esta causal se configuró porque el tribunal realizó un juicio errado y contradictorio de los medios de prueba, de manera que no puede pasar desapercibida su clara intención de que el juez del recurso de anulación estudie errores in iudicando de la decisión arbitral, mediante una nueva valoración de la prueba, lo cual no es posible en sede de este recurso extraordinario, tal y como lo ha sostenido la jurisprudencia de esta sección, dado que, se reitera, “[n]o existe causal de anulación de los laudos arbitrales fundada en las objeciones que las partes hagan a la valoración probatoria, se insiste que la revisión que hace el juzgador extraordinario del laudo, se limita a los errores in procedendo y no a la materia de fondo del fallo y bajo esta perspectiva no puede modificar el valor probatorio que el juzgador le otorgó a cada una de las pruebas”(18).

En fin, la discrepancia del censor estriba en que no acepta la solución que en derecho fue adoptada por los árbitros, lo que lo lleva a cuestionar las conclusiones jurídicas y la valoración de las pruebas consignadas en el laudo, por lo que también se considera que desatendió la técnica procesal del recurso y desconoció materialmente su finalidad, hasta el punto que reprocha la aplicación que en relación con las disposiciones del numeral 8 del artículo 4º de la Ley 80 de 1993, hizo el tribunal para efectos de la actualización de los valores y la liquidación de los intereses por la mora en el pago de la obligación, asunto que escapa a la finalidad prevista para el recurso de anulación.

En conclusión, para la Sala las consideraciones y motivación del laudo no son indicativas de un fallo en conciencia, sino de una decisión en derecho, esto es sometida a disposiciones jurídicas y con fundamento en el material probatorio, razón por la cual este cargo carece de fundamento y no prospera.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE INFUNDADO el recurso de anulación interpuesto por el señor Hernando Salcedo Tamayo, contra el laudo arbitral proferido el 18 de agosto de 2009, por el tribunal de arbitramento convocado para resolver las controversias entre el convocante y el municipio de Facatativá con ocasión del contrato 30 de 2002.

2. CONDÉNASE en costas al recurrente convocante, Hernando Salcedo Tamayo, las cuales serán liquidadas por la secretaría de esta sección.

3. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de arbitramento a través de su secretaría.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Entidad territorial, conforme al artículo 286 de la Constitución Política.

(2) “ART. 1º—El artículo 82 del Código Contencioso Administrativo modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998, quedará así: “ART. 82.—Objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con capital público superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la Constitución y la ley (...)”. (resalta la Sala). Así, al modificarse la cláusula general de competencia prevista en el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, se adoptó un criterio orgánico, o lo que es igual, la competencia se fijó conforme a un elemento subjetivo, de acuerdo con el cual el factor para efectos de atribuir la competencia es la pertenencia de uno de los sujetos procesales a la estructura del Estado, abandonando así el factor funcional o material.

(3) Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 8 de junio de 2006, expediente 29.476, Actor: Bellco Comunicaciones Limitada - Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom - En Liquidación y sentencia de 8 de junio de 2006, expediente 32.398 Actor: Sociedad Concesionaria Obras y Proyectos del Caribe S.A.  Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(4) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 24 de mayo de 2006, expediente 31.024, C.P. Alier Hernández Enríquez.

(5) Vigente en la mayor parte de su articulado, incluyendo el citado, a los seis (6) meses después de su promulgación, de acuerdo con lo previstos en el artículo 33 de la citada ley, esto es, desde el 17 de enero de 2008.

(6) Escrito 9 de noviembre de 2009 a folios 628 a 673 del cuaderno principal.

(7) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 6 de diciembre de 1993, expediente 4046.

(8) “...Distinto de no decidir un extremo de la litis —ha dicho la Corte— es resolverlo en forma adversa al peticionario. En el primer caso el fallo sería incongruente y, en consecuencia, podría ser atacado en casación con base en la causal segunda; en el otro no, puesto que el fallo adverso implica un pronunciamiento del sentenciador sobre la pretensión de la parte (...) De lo contrario se llegaría a la conclusión  de que el fallo sólo sería congruente cuando fuera favorable a las pretensiones del demandante, lo que a todas luces es inaceptable”. Corte Suprema de Justicia, sentencia de fecha 22 de enero de 1980 (G.J. t. CLXVI pág. 9).

(9) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 20 de septiembre de 2007. Expediente (16.370)

(10) C.P. María Elena Giraldo Gómez, Sentencia de 27 de abril de 1999, expediente 15623, C.P. Daniel Suárez Hernández, y sentencia de 16 de abril de 2000, expediente 18.411, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(11) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 3 de abril de 1992, expediente 6695. Actor: Consorcio Vianini Entrecanales Empresa Energía de Bogotá Tavora S.A., C.P. Carlos Betancur Jaramillo.

(12) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 5 de julio de 2006, expediente 31.887, C.P. Alier Eduardo Hernández Henríquez.

(13) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Ídem.

(14) Nota de la providencia transcrita: “En cuanto al error de hecho y error de derecho en general, ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil: Sentencia 65 de fecha 13 de julio de 1995; Sentencia 34 de fecha  10 de agosto de 1999; Sentencia 35 de fecha 17 de agosto de 1999; Sentencia 111 de fecha 1º de diciembre de 1999; Sentencia de fecha 19 de octubre de 2000; expediente 5442; Sentencia de fecha 23 de febrero de 2001, expediente 5619. Respecto de error de hecho: Sentencia 6 de fecha 12 de febrero de 1998; Sentencia 4 de fecha 11 de marzo de 1999; Sentencia de fecha 14 de febrero de 2001; expediente 6347; Sentencia de fecha 23 de febrero de 2001, expediente 6399; Sentencia de fecha 21 de mayo  de 2001; expediente 5924; Sentencia de fecha 15 de marzo de 2001 expediente  6142; Sentencia 80 de fecha 18 de septiembre de 1998; Sentencia 90 de fecha 22 de octubre de 1998; Sentencia 6 de fecha 12 de febrero de 1998; Sentencia 11 de fecha 3 de marzo de 1998; Sentencia 80 de fecha 18 de septiembre de 1998; Sentencia 28 de fecha 27 de julio de 1999; Sentencia de fecha 14 de mayo de 2001; expediente 6752; Sentencia de fecha 14 de mayo de 2001; expediente 6752; Sentencia de fecha 15 de septiembre  de 1993, reiterada en sentencia de junio 28 de 2000, expediente 5430; Sentencia de fecha 27 de marzo de 2001; expediente 5676; Sentencia de fecha 2 de febrero de 2001; expediente 5670. Y sobre error de derecho: Auto 307 de 25 de noviembre de 1997; Sentencia 9 de 22 de abril de 1997; Sentencia 19 de fecha 8 de junio de 1999; Sentencia 28 del 11 de noviembre de 1999, entre otras”.

(15) Nota de la Providencia Transcrita: “Vid.  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia 34 de 10 de agosto de 1999.”

(16) Nota de la Providencia transcrita: “Vid. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 19 de octubre de 2000, expediente 5442. Además, “Cuando en el cargo se imputa a la sentencia la violación de normas sustanciales como consecuencia de errores de derecho, debe el recurrente, para aspirar a la admisión de ese cargo, indicar las normas de carácter probatorio que se consideren infringidas y explicar en qué consiste la infracción, que es lo que de manera diáfana consagra el artículo 374 in fine del Código de Procedimiento Civil, como requisito para la admisión de la demanda” Cfr. Ídem, Auto 307 de 25 de noviembre de 1997”.

(17) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 18 de junio de 2008, expediente 34.543, Actor: Teleacceso S.A. en Liquidación, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(18) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 2 de octubre de 2003, expediente 11001-03-26-000- 2003-00007-01 (24320).

 

ACLARACIÓN DE VOTO

Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, a continuación exponemos las razones que dieron lugar a que aclaráramos nuestro voto en la sentencia de fecha 3 de febrero de 2010, proferida dentro del proceso de la referencia.

Pese a que compartimos el sentido de la decisión, disentimos del análisis que, a título general, realiza la sentencia en relación con la causal consignada en el numeral 6 del artículo 38 del Decreto 2279 de 1989, norma compilada por el artículo 163 del Decreto 1818 de 1998 que al tenor literal consigna: “haberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo”, pues en el fallo se distorsiona por completo la causal de anulación, al punto que la confunde con otras modalidades de arbitraje.

En efecto, el inciso final del artículo 116 de la Constitución Política, al igual que el artículo 1º del Decreto 2279 de 1989, modificado por el artículo 111 de la Ley 446 de 1998, norma que a su vez fue compilada por el artículo 115 del Decreto 1818 de 1998, establecen tres clases de arbitraje a saber: en derecho, en equidad y técnico. Igualmente, define en qué consiste cada uno de ellos.

El texto normativo en comento dispone: “el arbitraje en derecho es aquel en el cual los árbitros fundamentan su decisión en el derecho positivo vigente. En este evento el árbitro deberá ser abogado inscrito. El arbitraje en equidad, es aquel en que los árbitros deciden según el sentido común y la equidad”; además, establece que “Cuando los árbitros pronuncian su fallo en razón de sus específicos conocimientos en una determinada ciencia, arte u oficio, el arbitraje es técnico”.

La jurisprudencia de la Sala en varios pronunciamientos ha ilustrado sobre las características que identifican el fallo dictado en conciencia y aquel que se profiere en derecho. Al respecto, ha expresado lo siguiente:

“Como se infiere de los textos legales, el fallo en derecho tendrá que acatar el ordenamiento jurídico y el marco de referencia no podrá estar sino en él. Por esa razón, el juez estará sometido no sólo a las reglas adjetivas que regulan el proceso arbitral, sino a la normatividad sustantiva que rige los derechos pretendidos; no pudiendo conocer sino lo permitido en la ley.

“En cambio, cuando el juez arbitral decide en conciencia, se mueve en un marco normativo diferente mas amplio, porque como lo dice la jurisprudencia cuando así actúa tiene la facultad de decidir ex quo et bono, locución latina que quiere decir ‘conforme a la equidad o según el leal saber y entender’ (Jurisprudencia Arbitral en Colombia, 1988 U. Externado de Colombia, pág. 181).

“Tal amplitud permite aceptar que cuando el juez arbitral decide en conciencia puede aún conciliar pretensiones opuestas; conducta que no puede asumir cuando falla en derecho, y aun decidir sobre extremos no suficientemente probados pero posibles.

“Pero ese fallo en conciencia, pese a su extensión, no puede ser arbitrario y mucho menos desconocer los hechos del proceso o las reglas de la lógica y de la experiencia; porque tanto esos hechos como las mencionadas reglas, constituyen obligaciones obvias e implícitas impuestas a los jueces de conciencia para la recta ejecución de su cargo judicial. Porque tanto el árbitro de derecho como el de conciencia, administran justicia (idea que excluye, de principio, la arbitrariedad) ya que el juicio arbitral no es mas que un equivalente procesal por etero - composición, según la terminología del profesor Carnelutti, quien clasifica dichos equivalentes (en los que la composición del litigio se logra por medios distintos a los del proceso judicial propiamente dicho) en dos grupos así: a) por auto-composición (obra de la actividad de las mismas partes, tales como la conciliación o la transacción); y b) por etero composición ( decisión de árbitros, por ejemplo).

(...).

“Tanto el fallo en conciencia como en derecho tiene que reposar sobre un motivo justificativo; ni el uno ni el otro pueden surgir por generación espontánea y sin que se apoyen en una situación jurídica preexistente que deba resolverse. Pero mientras el fallo en derecho debe explicar los motivos o razones de orden probatorio y sustantivo que tuvo para arribar a la conclusión que contiene la parte resolutiva, en el fallo en conciencia esa motivación no es esencial ni determinante de su validez.

“‘(...) En suma de lo anterior, sólo cuando el fallo que se dice en derecho deje de lado, en forma ostensible, el marco jurídico que deba acatar para basarse en la mera equidad podrá asimilarse a un fallo en conciencia. Porque si el juez adquiere la certeza que requiere para otorgar el derecho disputado con apoyo en el acervo probatorio y en las reglas de la sana crítica, ese fallo será en derecho, así no hable del mérito que le da a determinado medio o al conjunto de todos.

...

“La motivación de los fallos no está sujeta a ciertas formas preestablecidas; esa motivación obedece mucho al estilo propio del juzgador; y en esa materia probatoria, frente al sistema valorativo de la persuasión racional o sana crítica existe una mayor libertad, porque el juzgador no tiene que acatar una tarifa legal preestablecida, sino que se mueve dentro de las reglas de la lógica, la experiencia y la psicología. Para el profesor Hernando Morales el sistema mencionado obliga a apoyar la sentencia en las leyes de la dialéctica, de la experiencia común y del criterio moral que haya producido la convicción. La libre convicción es la unión de la lógica y de la experiencia, sin excesivas abstracciones de orden intelectual, pero sin olvidar los preceptos de higiene mental, tendiente a asegurar el más certero y eficaz razonamiento (H. Morales III Congreso Académico Nacional de Jurisprudencia”(1). (resaltado fuera de texto)

Posteriormente en sentencia de 14 de septiembre de 1995, precisó que se constituía el fallo en conciencia cuando el juez fallador desconocía íntegramente el acervo probatorio para tomar sus decisiones. Así se pronunció:

“La Sala considera que si los árbitros conculcan en forma íntegra el recaudo probatorio del proceso arbitral para consultar su propia verdad, dejarán en el ambiente un pronunciamiento en conciencia en la antesala de la decisión y entonces en la motivación del fallo, los miembros del tribunal harán saber a las partes que sus conclusiones no tuvieron su origen en el procedimiento probatorio. Sin embargo, en este caso, el censor reconoce, que los árbitros se apoyaron en la complementación de la prueba pericial, o sea en la voluntad de la ley, hipótesis contraria al fallo en conciencia, que no tiene base probatoria como ya se dijo.

Claras notorias e indiscutibles son las características del fallo en conciencia, pronunciamiento que se da sin consultar argumentos de derecho sino que declara y actúa la voluntad de la justicia natural (ex quo et bono). No puede por tanto afirmarse que el tribunal de arbitramento alteró la realidad objetiva del laudo y de contera entrar al terreno de las presunciones, como que la decisión de aquellos jueces se tomó según los dictados de su propia conciencia, permitiendo que tal circunstancia aparezca en forma manifiesta en el laudo (L. 80/93, art. 72)”(2).

En sentencia de 9 de agosto de 2001, la Sala sostuvo que el laudo es en derecho cuando hace referencia al derecho positivo vigente y se fundamenta en el contrato celebrado, que constituye ley para las partes y lo será en conciencia cuando hay ausencia de razonamientos jurídicos:

Si en el laudo se hace referencia al derecho positivo vigente se entiende que el fallo es en derecho y no en conciencia, el cual se caracteriza, en su contenido de motivación por la ausencia de razonamientos jurídicos; el juzgador decide de acuerdo con su propia conciencia y de acuerdo, hay veces, con la equidad, de manera que bien puede identificarse el fallo en conciencia con el concepto de verdad sabida y buena fe guardada.

(...).

En el caso concreto, la Sala encuentra que el laudo fue proferido en derecho positivo vigente. En efecto, se cumplen los supuestos de esa modalidad de arbitraje. En primer lugar porque se citaron normas jurídicas y, en segundo lugar, porque ellas eran las vigentes para ese momento, tanto en los aspectos de caducidad de la acción contractual como en los de liquidación de los contratos estatales. Tales supuestos concurrentes descartan de plano que el laudo recurrido se hubiese proferido en conciencia. Esta circunstancia descarta la prosperidad del cargo pues la ley edifica la causal, en estudio, en que el laudo se haya proferido “en conciencia debiendo ser en derecho”.

Si los árbitros se basaron en normas legales e hicieron interpretaciones para concluir la prosperidad “de la excepción por caducidad de la acción”, las mismas no pueden entenderse como determinaciones en conciencia; sus manifestaciones, por el contrario, dicen de la aplicación, por ellos, de esas normas jurídicas y además de otra como es la del contrato mismo, como ley de las partes.

Puede definirse en este punto que cuando el recurrente critica la interpretación de los árbitros sobre las normas legales y el contrato mismo hace ostensible su queja sobre un punto de derecho, cual es la interpretación indebida de la ley y corrobora la anterior afirmación de la sala sobre que el laudo sí se profirió en derecho(3).

Igualmente la Sala ha precisado que el fallo en conciencia se presenta no sólo cuando éste no se ha fundamentado sobre normas jurídicas, sino que también puede configurarse, cuando se falla sin pruebas de los hechos que originan las pretensiones o las excepciones o con pretermisión de la totalidad de las pruebas que obran en el proceso. Al respecto la Sala ha sostenido lo siguiente:

“(...) si bien el fallo en conciencia radica, básicamente, en la falta de apoyo normativo para la solución del problema planteado, también el aspecto probatorio, asociado al problema normativo, puede ser discutido desde esta perspectiva. Según esto, puede ocurrir que el fallo en conciencia se derive del hecho de que las pruebas que deberían ofrecer convicción a los árbitros, carecen de soporte valorativo normativo, y se radican, fundamentalmente, en la pura y simple conciencia del árbitro.

No obstante, esto no significa que los árbitros no tengan la libertad de valoración de las pruebas, según las reglas de la sana crítica, lo cual ha sido sostenido por esta Sala, cuando ha expresado que: (...) para que un fallo sea considerado en conciencia, se exige que su contenido no se haya apoyado en el derecho objetivo que regula la controversia, y que por tanto sea producto de la libre apreciación del juez, sin consideración alguna a las normas del ordenamiento jurídico, además de que el aspecto probatorio debe guardar armonía con esta idea, en tanto que el sentido de la decisión debe ser expresión de las pruebas que obran en el proceso, y su valoración según las reglas de la sana crítica(4).

Otro aspecto importante ha sido resaltado por la Sala en sentencia de 28 de noviembre de 2002, expediente 22.191, en el sentido de que no puede confundirse el fallo en conciencia con la decisión equivocada, al respecto discurrió:

“es claro que la decisión equivocada no se identifica con la decisión en conciencia, de manera que la causal de anulación citada no puede justificar la revisión de la argumentación jurídica elaborada por el tribunal de arbitramento, por parte del juez del recurso.  De otra manera, so pretexto de su interposición, se abriría paso para desconocer la convención celebrada por las partes, en el sentido de no acudir ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sometiendo la controversia a la decisión de árbitros, que deben fallar en única instancia.  De allí que, como se ha expresado, el recurso de anulación no dé lugar al trámite de una nueva instancia...”.

En sentencia más reciente(5) la Sala hizo algunas consideraciones para precisar que el fallo en derecho no es aquel en el cual se hace la más mínima referencia al derecho positivo sino que además se requiere que esta referencia constituya el fundamento de la decisión y no una simple anotación descontextualizada; así se pronunció:

“No obstante la reiteración de cuanto hasta aquí se ha referido en torno a la caracterización que la Sala ha efectuado de esta causal de anulación, sí resulta oportuno matizar, en relación con la cita recién transcrita, de acuerdo con la cual “la más mínima referencia que el árbitro haga al derecho positivo, hace que el laudo sea calificable como “en derecho” y no “en conciencia””, que lo dicho no supone admitir que incluso la mera invocación de algún precepto jurídico, aún si toda la argumentación del laudo se construye al margen de consideraciones realmente basadas en el derecho, permita sostener que la decisión de los árbitros no está incursa en la causal de anulación que se viene comentando.

La “más mínima referencia al derecho positivo” como en anteriores ocasiones lo ha sostenido la Sala, hace alusión, por tanto, a que esa “mínima referencia” esté realmente conectada con el sentido de la decisión, cualquiera que este sea pues el del contenido del pronunciamiento arbitral  no es un asunto fiscalizable por el juez del recurso de anulación, vale decir, que la referencia al derecho en realidad ha de constituir fundamento de lo que se resuelve y no tratarse de una simple anotación absolutamente descontextualizada del hilo argumentativo que en verdad conduce a la resolución del caso, orientada a dar al laudo la apariencia de estar sustentado en un precepto jurídico que no desempeña papel alguno en la cadena justificativa construida por los árbitros con el propósito de motivar su determinación.

En este contexto normativo y jurisprudencial debe entenderse que el fallo en conciencia se estructura a partir del cumplimiento de ciertos requisitos o presupuestos que se enuncian a continuación:

i)          El contenido de la providencia debe evidenciar de manera manifiesta que se está decidiendo en conciencia y no en derecho.

ii)         La decisión de los árbitros debe provenir de la aplicación del sentido común y la equidad, del juicio que haría un hombre justo, es decir, de su íntimo convencimiento. El juez tiene libertad en la apreciación de la prueba(6) y hasta puede apartarse de ella, puesto que lo verdaderamente relevante, es su decisión en conciencia, en su íntima convicción(7).

iii)        El fallo en conciencia está liberado del rigorismo de la tarifa probatoria, la carga de la prueba y el fundamento del derecho sustantivo. Precisamente por tener como asidero la íntima convicción, el sentido común, la prudencia y lo justo(8). Significa entonces, que el fallador puede apartarse de la prueba o valorarla libremente según su convicción moral íntima, e igualmente, puede no tener en cuenta las normas legales que regulan la materia para tomar sus decisiones, puesto que para fallar sólo debe consultar su conciencia, su íntimo convencimiento a la luz de la equidad.

iv) En el fallo en conciencia no hace falta explicar las razones que dan lugar a la decisión, es decir, estas no son esenciales ni determinantes, lo cual se apoya en los principios de verdad sabida y buena fe guardada, propios de esta clase de decisión.

Debe entenderse entonces, que el laudo en conciencia está determinado por alguno de los siguientes supuestos: i) la ausencia en su contenido de normas del derecho positivo; ii) la libre apreciación del juez tanto de los hechos como de las pruebas allegadas al expediente; iii) la íntima convicción del juez sobre lo justo o equitativo para tomar la decisión y iv) la equidad como apoyo de dicha decisión(9).

Particularmente en lo que a la equidad se refiere, cabe sostener que cuando la preceptiva constitucional hace referencia a la equidad en la actividad de administrar justicia, no está haciendo referencia a que cualquier controversia sea decida exclusivamente conforme a los criterios que informan la equidad. La norma expresamente lo establece como un criterio auxiliar y ello implica que sirva de instrumento para llenar los vacíos legislativos y permita la realización del valor que denominamos “justicia”.

Dicho de otro modo, el juez no puede aplicar los criterios de equidad en todas las controversias que se sometan a su conocimiento, por regla general. El juez está sometido fundamentalmente al imperio de la ley por mandato constitucional y, por cierto, la ley es el instrumento primario para la realización del valor a que se ha hecho alusión que se enmarca dentro de la categoría de los valores morales “el valor justicia”, de suerte que el juez cuando decide las controversias con apego a la ley está “administrando justicia” porque se debe partir del supuesto de que las leyes son justas, válidas y eficaces, para que puedan tener fuerza vinculante entre los integrantes del conglomerado, por esta razón la equidad en torno a la actividad judicial cobra fuerza en aquellos eventos en los cuales, por ejemplo, no existe disposición aplicable a una controversia específica que debe decidirse en derecho, pues en virtud del principio de la plenitud hermética del orden jurídico consagrado por el artículo 8º de la Ley 153 de 1887 el juez debe acudir a los criterios auxiliares para decidir la controversia realizando los valores que comportan el fin último del derecho. Lo anterior se menciona únicamente a título de ejemplo, pues no es el único evento en el cual se debe acudir a la equidad como criterio auxiliar, de hecho, la equidad no es un criterio subsidiario, es como la preceptiva lo indica, un criterio auxiliar, del cual se debe hacer uso el juez en múltiples eventos.

Igual sucede con las controversias que deben ser decididas por los particulares que se hallan investidos transitoriamente de la facultad de administrar justicia. Como se dijo anteriormente, existen tres categorías de arbitraje: en derecho, en equidad o técnico. Cuando el arbitramento es pactado por las partes en derecho, los árbitros deben decidir las controversias ciñéndose a la normatividad positiva y ello implica, desde luego, que deban observar las pruebas allegadas a la actuación y, que, con base en las mismas, decidan la controversia, por ende, cuando el arbitramento es en derecho y los árbitros se separan de las normas jurídicas y, con ello, de las pruebas que deben fundar su decisión, puede que la decisión esté encaminada a realizar el valor justicia, pero bajo tal pretexto no pueden desconocer los mandatos legales para decidir como lo haría un hombre justo, dentro de su leal saber y entender o lo que es lo mismo bajo la máxima “verdad sabida y buena fe guardada” (ex aequo et bono), porque en ese momento estará tomando una decisión en conciencia, bajo el velo de la equidad como criterio auxiliar, el cual guarda una connotación completamente distinta que valga decirlo, no es a este criterio auxiliar al que alude la norma cuando se refiere a la clase de arbitraje; la norma se refiere a la equidad como supuesto que forma parte de una escala de valores sociales que permiten tomar decisiones, sin necesidad de acudir a las normas jurídicas por lo que, en su entender, es justo.

Respetuosamente,

Myriam Guerrero de Escobar—Enrique Gil Botero—Mauricio Fajardo Gómez.

Fecha ut supra.

(1) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de abril de 1992, expediente 6695. Actor: Consorcio Vianini Entrecanales Empresa Energía de Bogotá Tavora S.A. Este criterio fue reiterado posteriormente, en sentencia de 4 de mayo de 2000, expediente 16766 y de  2 de octubre de 2003, expediente 24320.

(2) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de septiembre de 1995, expediente 10468.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de agosto de 2001, expediente 19273, M.P. María Elena Giraldo Gómez, en el mismo sentido, las sentencias de 23 de agosto de 2001, expediente 19090 de la misma ponente y la de 13 de febrero de 2006, expediente 29704, M.P. Germán Rodríguez Villamizar.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 5 de julio de 2006, expediente 31887, M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, reitera el criterio contenido en la Sentencia de  6 de julio de 2005, expediente 28990  del mismo ponente.

(5) Sección Tercera, Sentencia de 7 de junio de 2007, expediente 32896, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(6) En sentencia de 6 de julio de 2005, expediente 28990, se enfatiza sobre la libertad de los árbitros en la apreciación de la prueba según las reglas de las sana crítica, con lo cual se reitera el criterio expresado en sentencias de 4 de mayo de 2000, expediente 16766; de 27 de julio de 2000, expediente 17591 y de 14 de junio de 2001, expediente 19334.

(7) Palacio Hincapié, Juan Ángel; La prueba Judicial, Tomo, Ediciones Doctrina y Ley Ltda., Bogotá, 2004, pág. 123.

(8) Gil Echeverri, Jorge Hernán, Del recurso de anulación de laudos arbitrales, Cámara de Comercio de Barranquilla, 1998, pág. 102.

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de marzo de 2008, expediente 34701, Impugnante: Corantioquia, demandado: Jorge Ignacio Gómez Ochoa.