Sentencia 2009-00011/36314 de abril 9 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad.: 11001-03-26-000-2009-00011-00 (36314)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Enrique Rodríguez Navas

Actor: Promotora Palmera de Curvaradó Ltda. (Palmado Ltda.)

Demandado: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder)

Referencia: acción de revisión asuntos agrarios (D. 1/84)

Tema: Deslinde de predios privados respecto del territorio del Consejo Comunitario del río Curvaradó

Subtema 1: Derecho de dominio sobre el predio objeto de deslinde

Subtema 2: Ausencia de prueba de las presuntas irregularidades en trámite de deslinde

Sentencia: Niega pretensiones

Bogotá, D.C., nueve de abril de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «III. Consideraciones

3. Presupuestos procesales y materiales.

3.1. Competencia.

La Sala es competente para conocer, en única instancia, de la acción de revisión contra las resoluciones 2424 del diez (10) de septiembre y 3472 del once (11) de diciembre de dos mil siete (2007), expedidas por el Incoder, de conformidad con el artículo 128, numeral 9 del Código Contencioso Administrativo.

3.2. Vigencia de la acción.

El artículo 50 de la Ley 160 de 1994 —norma vigente cuando se inició el procedimiento de deslinde(4)— en concordancia con lo dispuesto en el artículo 128 numeral 9, establece que el término para intentar la acción de revisión contra el acto de deslinde, en única instancia, es de quince (15) días contados a partir de ejecutoria del acto administrativo o treinta (30) días para los terceros que demuestren interés, a partir del día siguiente al de la inscripción del acto en la correspondiente oficina de registro de instrumentos públicos, mientras que el acto de adjudicación debe ser demandado a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

En este caso, el acto administrativo definitivo, la Resolución 3472 de 2007, que resolvió el recurso de reposición, quedó ejecutoriado después de su notificación personal a la compañía Palmado Ltda., ordenada mediante tutela proferida por el Tribunal Superior de Medellín, y realizada el día 3 de diciembre de 2008, mientras que la demanda fue presentada el 13 de enero de 2009, es decir, antes del vencimiento del término de quince (15) días previstos en la norma.

3.3. Legitimación en la causa.

La sociedad Palmado Ltda., concurre al proceso en calidad de afectada directa con el acto administrativo, toda vez que en el mismo se dispuso que el derecho de propiedad sobre los terrenos ocupados por ella, fuera determinado por la Superintendencia de Notariado y Registro.

La demanda fue presentada contra el Incoder por haber sido la entidad que profirió los actos administrativos cuya nulidad se solicita. Ante la supresión y liquidación de dicha entidad según Decreto 2365 de 2001, se dispuso la sucesión procesal en favor de la Agencia Nacional de Tierras.

4. Problema jurídico.

A la Sala corresponde determinar si las resoluciones 2424 y 3472 de 2007, son violatorias de los artículos 48, 49, 50 de la Ley 160 de 1994; 2º, 29 y 49 de la Constitución Política; 11, 12, 25, 27, 28 y 29 del Decreto 2663 de 1994; 2º y 3º del Decreto-Ley 2150 de 1970, 22 del Decreto 1745 de 1995, porque según el demandante incurrieron en las siguientes irregularidades: i.) En el deslinde de los predios privados se excluyó su inmueble y se defirió a otra autoridad la decisión sobre su derecho real de dominio sobre el mismo. ii.) La visita, la inspección ocular y el dictamen pericial sobre los predios fueron parcializados, incompletos y falsos, en cuanto concluyeron que en el predio no había terceros ocupantes y luego fueron deslindados 95 inmuebles; iii.) Se efectuó el registro de la adjudicación sin esperar que se decidieran las acciones pertinentes; iv.) La adjudicación fue irregular porque ella se hizo sobre un predio ubicado en el municipio de Riosucio y luego, el deslinde se llevó a cabo sobre inmuebles pertenecientes a los municipios de Belén de Bajirá y Carmen del Darién; v.) El proceso de adjudicación fue irregular y el trámite del deslinde se hizo para corregir dichos errores, motivo por el cual, todos los poseedores debían ser considerados de buena fe.

De acuerdo a la descripción realizada, la Sala observa que varios de los cuestionamientos señalados pretenden censurar la legalidad de la Resolución 2809 de 2000 que adjudicó terrenos baldíos a la Comunidad Negra del Río Curvaradó y la Resolución 702 de 2006, que inició el procedimiento de deslinde de ese territorio, por consiguiente, el análisis se dividirá en dos bloques: primero, la legalidad de los actos demandados (i al iii) y, en segundo lugar, el referido a validez de los actos demandados soportados en el acto que adjudicó los terrenos baldíos.

4.1. Sobre la prueba de los hechos.

Al expediente se aportaron las siguientes pruebas documentales:

• Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Urabá, de la sociedad Palmado Ltda.(5).

• Copia auténtica de la Resolución 2424 del diez (10) de septiembre de dos mil siete (2007) “Por la cual se deslindan los territorios colectivos adjudicados al Consejo Comunitario del Río Curvaradó de los predios de propiedad privada legítima adjudicados a particulares”. Sobre el terreno de la aquí demandante se dijo:

“90. El 1º de julio de 2007 se identificó el predio rural denominado “La Nevera” adjudicado por el Incora a Sixto Pérez Díaz, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 8.185.560 mediante la Resolución 4919 del 31 de octubre del año 1990, inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria Nº 180-9996 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Quibdó el día 3 de septiembre de 1991 y cuyos linderos se encuentran consignados en la referida Resolución 4919 de 1990, la cual hace parte del dictamen pericial y de este procedimiento. Está situado en el paraje Caño Claro, comprensión municipal de Belén de Bajirá; con un área total de 33 Has + 5.186 m2de las cuales 2 Has + 6212 m2 se localizan en las tierras de las comunidades negras del Consejo Comunitario del Río Curvaradó, 30 Has + 8-974 m2 se localizan fuera de la titulación colectiva de las comunidades negras; se encuentra 100% cultivado en palma; al parecer de propiedad de Lafe Sierra. Fue georreferenciado con los mojones 211, 218, 219, 238. Su propietaria actual es la empresa “Palmadó Ltda.”(6).

• Copia auténtica de la Resolución 3472 del once (11) de diciembre de dos mil siete (2007) “por la cual se resuelven los recursos contra la Resolución 2424 de 2007 expedida por la Subgerencia de Ordenamiento Social de la Propiedad”(7). La impugnación presentada por Palmado Ltda., en síntesis se resolvió con el argumento de que dicha sociedad no tenía titularidad sobre el inmueble puesto que la parte deslindada en la Resolución 2424 de 2007, fue adquirida por accesión, es decir, proviene de un objeto ilícito y adicionalmente no podía considerarse poseedor de buena fe porque fue inscrito con posterioridad al registro de la Resolución 2809 del 22 de noviembre de 2000.

• Acta de notificación personal de la Resolución 3472 de 2007 realizada el 3 de diciembre de 2008, en cumplimiento de una tutela proferida por el Tribunal Superior de Medellín(8).

• Copia auténtica del plano de deslinde elaborado por el Incoder, con las especificaciones de la Resolución 2424 de 2007. Copia simple del plano elaborado por la demandante, en el que en su sentir, se muestra la verdadera ubicación del predio de su propiedad y plano del predio de Palmado Ltda., que fue presentado en el proceso de delimitación y deslinde(9).

• Copia del fallo de tutela proferido por el Tribunal Superior de Medellín, que ordenó notificar a Palmado Ltda., la Resolución 3472 de 2007(10).

• Copia de la escritura Nº 767 otorgada el diez (10) de septiembre de dos mil cuatro (2004), en la que la Asociación de Antiguos Vecinos de la Cuenca del Río Curvaradó y Zonas Aledañas transfiere a título de compraventa a la sociedad Palmado Ltda., el derecho de dominio, propiedad y posesión material sobre un predio rural ubicado en la vereda Caño Claro Zona del Río Curvaradó, en jurisdicción del municipio de Riosucio y folio de matrícula de ese inmueble(11).

• Copia del folio de matrícula Nº 180-21762 correspondiente al lote cuatro (4) sector Camelias - Brisas, en el que consta(12):

“01-03-09-1991 RESOLUCIÓN 4919 DEL 31-10-1990 INCORA DE MEDELLÍN ADJUDICACIÓN DE BALDÍOS DE INCORA A: PÉREZ DÍAZ SIXTO. 02. 21-10-2002. ESCRITURA 735 DEL 08-10-2002 NOTARÍA ÚNICA DE CAREPA (ANT) OTROS DECLARACIÓN DE ACCESIÓN DE: PÉREZ DÍAZ SIXTO. 03. 21-10-2002. ESCRITURA 735 DEL 08-10-2002 NOTARÍA ÚNICA DE CAREPA (ANT) COMPRAVENTA, POR VALOR DE $ 2.000.000.00 DE: PÉREZ DÍAZ SIXTO. A: ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS VECINOS DE LA CUENCA DEL RÍO CURVARADÓ Y ZONAS ALDEDAÑAS/ ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PEQUEÑOS CULTIVADORES DE PALMA DE ACEITE “ACOPALMA”. 3. ANOTACIONES 2 Y 3 DE ESTA COMPLEMENTACIÓN NO TIENEN VALIDEZ.”

Anotación Nº 1 corresponde a la venta de la asociación de antiguos vecinos de la Cuenca del Río Curvaradó a Palmado Ltda.

“SALVEDADES:

SE INVALIDAN LAS ANOTACIONES 2 Y 3 DE LA COMPLEMENTACIÓN CON BASE A (sic) RESOLUCIÓN 6523 DE 28/09/2007 DE LA DIRECCIÓN DE REGISTRO DE SUPERNOTARIADO.

FOLIO CERRADO”.

• Oficios del ocho (8) de octubre de 2009 y del veintisiete (27) de mayo de 2010, remitidos por el Subdirector de Geografía y Cartografía del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Con ellos aportó copia de la ordenanza 018 de 22 de septiembre de 2000, que creó el municipio de Carmen del Darién y mapa con el límite de este y Riosucio; copia del mapa del municipio de Belén de Bajirá con los límites señalados en la ordenanza 011 de 2000, anulada por el Consejo de Estado(13).

• Copia de la Resolución 2809 del veintidós (22) de noviembre de dos mil (2000) “por medio de la cual se adjudican en calidad de tierras de las comunidades negras”, los terrenos baldíos ocupados colectivamente por la comunidad negra, organizada en el consejo comunitario del río Curvaradó, ubicados en jurisdicción del municipio de Riosucio, departamento del Chocó”(14).

4.2. Análisis de la Sala.

4.2.1. Normatividad aplicable.

Es importante exponer el contexto jurídico que reguló el proceso de titulación de la propiedad colectiva de la comunidad de Curvaradó a partir del Constituyente de 1991.

La Constitución de 1991 en su artículo 7º, introdujo la noción de diversidad y pluralismo, entendiendo por tal, el reconocimiento de derechos a grupos y organizaciones que en la práctica configuran modalidades diversas de formas de vida y concepciones del mundo no siempre coincidentes, en aspectos como raza, religión, lengua, economía y organización política(15). Dentro de esa concepción se incluyó con especial relevancia las comunidades negras, que han sido protegidas atendiendo su condición de debilidad manifiesta por su situación histórica.

El artículo 55 transitorio de la Constitución, estableció que “[d]entro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la presente, el Congreso expedirá, previo estudio por parte de una comisión especial que el Gobierno creará para tal efecto, una ley que les reconozca a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de demarcar la misma ley”.

Sobre dicha norma la Corte Constitucional manifestó:

“Lo anterior, da cuenta de la importancia del territorio para la subsistencia y desarrollo de estas comunidades, de manera que constituye un elemento fundamental para garantizar, en el sentido más estricto, la presencia y existencia de las mismas, y por ende la realización del pluralismo. No solo como un elemento general, que implica que cualquier persona o grupo requiere un espacio donde vivir, sino por la “especial relación de esos conglomerados étnicos con su entorno, no solo por encontrar allí su principal medio de subsistencia, sino porque constituye un elemento integrante de su cultura, costumbres y tradiciones, habiendo resaltado el constituyente la importancia cardinal del derecho de dichas comunidades sobre el territorio”(16).

En la misma línea, el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo “Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”, aprobado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991, Colombia se obligó a promover los derechos de los pueblos “cuyas condiciones sociales, culturales y económicas los distingan de otros sectores de la colectividad nacional y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones”, y tomar las medidas para proteger las personas, bienes, instituciones y cultura.

En desarrollo del artículo 55 Superior, se expidió la Ley 70 de 1993, cuyo objeto era “reconocer las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva” y establecer mecanismos para su protección. Para ponerlo en marcha le otorgó competencia para adelantar los trámites de titulación y adjudicación de propiedad colectiva al Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) entidad que fue asumida posteriormente por el Incoder.

La Ley 70 de 1993 fue reglamentada por el Decreto 1745 de 1995. En esta norma definió las reglas y procedimientos para hacer efectiva la titulación colectiva, cuyos pasos eran los siguientes: solicitud, apertura del trámite y publicación, visita técnica, informe de la visita técnica, revisión previa y fijación en lista, evaluación técnica y resolución de adjudicación.

Posteriormente se expidió la Ley 160 de 1994, que creó el sistema nacional de reforma agraria y otorgó competencia al Incora (posteriormente Incoder, hoy Agencia Nacional de Tierras) para adelantar los procedimientos de delimitación de las tierras adjudicadas a las comunidades negras.

Ahora bien, en cuanto al trámite y procedimiento para el momento en que se presentó la demanda se encontraba vigente la Ley 1152 de 2007, que dictó el estatuto de desarrollo rural, reformó el Incoder y se dictaron otras disposiciones, pero dicha norma fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-175 del 18 de marzo de 2009, fallo con efectos hacia el futuro, en consecuencia, a partir de esa fecha recobró vigencia la Ley 160 de 1994, aplicable en este caso.

En el caso concreto, el Incora, mediante Resolución 2809 el 22 de noviembre de 2000, adjudicó al Consejo Comunitario del Río Curvaradó a título colectivo, 46.084 Hectáreas de terrenos baldíos que ocupaba dicha comunidad en la cuenca del río Curvaradó, ubicadas en el municipio de Riosucio, Chocó, a los que reconoció su carácter inembargable, imprescriptible e inalienable y dispuso que dicho acto fuera inscrito en la oficina de registro de instrumentos públicos competente y, publicada en el Diario Oficial, a fin de que constituyera título de dominio y prueba de propiedad.

Posteriormente, en atención a la existencia de predios de propiedad privada en los límites del terreno colectivo adjudicado, el Incoder adelantó el procedimiento para su deslinde, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 2663 de 1994. Ordenó el inicio del procedimiento por Resolución 702 de veintidós (22) de marzo de dos mil seis (2006)(17). Con este trámite pretendió establecer los límites geográficos entre lo colectivo y lo de dominio privado. Los ciclos que siguió fueron los siguientes: etapa previa, resolución inicial, inscripción, período probatorio, auto que fija fecha para la inspección ocular, inspección ocular, dictamen pericial, traslado dictamen, plano definitivo, resolución final y notificación y recursos.

El acto administrativo que culminó el trámite de deslinde fue la Resolución 2424 de diez (10) de septiembre de dos mil siete (2007), que reconoció la propiedad de 94 predios privados. Contra esa decisión se interpusieron recursos que fueron resueltos a través de las resoluciones 3247 y 3472 de diecinueve (19) de noviembre y once (11) del mismo mes de dos mil siete (2007), que confirmó la resolución inicial.

4.3. Análisis de los cargos formulados.

Se analizarán los numerales i) ii) y iii) que conforman el primer bloque que cuestiona la legalidad de los actos demandados, conforme se expuso en el problema jurídico.

Primer cargo (i), lo hace consistir el demandante en la violación de los artículos 48 de la Ley 160 de 1994, el Decreto 2663 de 1994 y los artículos 2º y 29 de la Constitución Política porque defirió la facultad de definir la propiedad de la actora sobre el predio a la Superintendencia de Notariado y Registro y a la Fiscalía General de la Nación, pese a que era competente para el deslinde de los inmuebles de naturaleza privada. Añadió que si el Incoder consideraba que el folio de matrícula estaba viciado de nulidad debió demandarlo y no desconocerlo por vía administrativa como lo hizo en la Resolución 2424 de 2007.

En la Resolución 2424 de 2007, el Incoder determinó que del predio denominado La Nevera, solo dos (2) Has + 6.212 M2 se localizaban en las tierras de las comunidades negras del Consejo Comunitario del río Curvaradó y a ellas limitó el deslinde. Contra esa decisión, la empresa interpuso recurso de reposición en el que solicitó que se deslindara también el territorio accedido por aluvión, circunstancia que fue elevada a escritura pública por el entonces propietario Sixto Pérez Díaz, el 8 de octubre de 2002.

El Incoder resolvió el recurso de reposición por Resolución 3472 de 2007 en el que consideró que no era posible acceder a la solicitud de deslinde, porque el derecho de dominio de Palmado Ltda., era incompleto. Recordó que mediante Resolución 4919 del 31 de octubre de 1990 el Incora adjudicó al señor Sixto Pérez Díaz, un terreno baldío denominado La Nevera con una extensión de 33 hectáreas con 5.186 M2, ubicado en la vereda Caño Claro, municipio de Riosucio, departamento del Chocó.

Luego, con escritura pública Nº 735 del 8 de octubre del año 2002 de la Notaría Única de Carepa - Antioquia, el señor Sixto Pérez Díaz vendió el predio a la Asociación de Antiguos Vecinos de la Cuenca del Río Curvaradó y Zonas Aledañas y a la Asociación Colombiana de Pequeños Cultivadores de Palma de Aceite - Acopalma y en el mismo documento declaró la ocurrencia de una pretendida accesión, por lo que el predio quedó con 4.241 hectáreas. De allí se segregó el “lote 4 sector Camelias Brisas” con área de 1.400 hectáreas, identificado con folio de matrícula 180- 21762, inmueble vendido a la sociedad Palmado Ltda. mediante escritura pública Nº 767 del 10 de septiembre de 2004, en la Notaría de Carepa.

Adujo el Incoder que el terreno adicional no podía ser adquirido por aluvión, de acuerdo a lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación(18), quien indicó que, a partir del 18 de diciembre de 1974, según lo dispuesto en el Código de Recursos Naturales, no es posible la accesión por aluvión tratándose de inmuebles riberanos de propiedad privada, dado que la franja de extensión máxima de 30 metros paralela al cauce de los ríos y las demás superficies anejas a las aguas, son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado y están expresamente excluidos de los procesos de adjudicación de baldíos.

Aseveró que la Superintendencia de Notariado y Registro mediante Resolución 6523 de septiembre 26 de 2007, ordenó dejar sin efecto algunas anotaciones del folio de matrícula inmobiliaria de la escritura antes referenciada y en su lugar dispuso incluir la frase “falsa tradición”, “derecho incompleto” o “sin antecedente propio” y modificar la X correspondiente al titular del derecho real de dominio por la “I” de titular de dominio incompleto, razón para concluir que Palmado Ltda. no tenía la titularidad sobre el inmueble.

Sobre el deslinde del predio y la posesión ejercida por la demandante, precisó que como el inmueble fue adquirido en el año 2002, fecha posterior a la expedición de la Resolución 2809 de 2000, su posesión era de mala fe, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 70 de 1993.

La Sala al confrontar los argumentos de las partes, el contenido de las resoluciones cuya nulidad se pretende y las normas que se consideran violadas, advierte que la nulidad deprecada es improcedente por las siguientes razones:

Cuando el Incoder profirió la Resolución 2424 de 2007, la Superintendencia de Notariado y Registro estaba adelantando actuación administrativa respecto del predio registrado bajo folio de matrícula inmobiliaria Nº 180 - 21762. Para la fecha en que se resolvió el recurso de reposición - Resolución 3472 de 11 de septiembre de 2007, ya había proferido una decisión definitiva acerca del derecho de dominio sobre el inmueble en la que ordenó anular algunos de los registros del mencionado folio de matrícula y, determinó que el titular Palmado Ltda. tenía dominio incompleto sobre el bien. De esas anotaciones se dejó constancia en el recuento de las pruebas.

Ahora, contrario a lo manifestado por la parte demandante, no era posible que el Incoder decidiera sobre el derecho de dominio de Palmado Ltda., correspondiente al lote Nº 4, habida cuenta que el proceso de deslinde tiene como finalidad separar los predios de los particulares del área adjudicada a las comunidades negras, por consiguiente, no era el mecanismo legal para debatir el derecho real del particular sobre su predio y por otra parte, tampoco correspondía a dicha autoridad adoptar la decisión definitiva.

Adicionalmente, según lo afirmó el Incoder en la contestación de la demanda, la decisión de no incluir en el trámite de deslinde las extensiones de terreno presuntamente adquiridas por el fenómeno de la accesión, fue adoptada por la entidad mediante Resolución 2672 del 6 de diciembre de 2007 y comoquiera que los cargos de violación cuestionan esta exclusión, la acción procedente era la de nulidad y restablecimiento del derecho, que debió ejercerse dentro de los cuatro meses siguientes a la notificación del citado acto administrativo y no son pasibles de conocerse mediante la acción de revisión contra las resoluciones 2424 y 3472 de 2007 que nada dispusieron sobre la exclusión.

De lo anterior se concluye que el cargo efectuado por la demandante no está llamado a prosperar porque la decisión de excluir el predio de su propiedad fue adoptada mediante un acto administrativo diferente del demandado no susceptible de ser atacado por vía de la acción de revisión, por lo cual así se declarará.

Segundo cargo. En relación con la violación de los artículos 11, 12, 25, 27, 28 y 29 del Decreto 2663 de 1994, porque la inspección ocular y el dictamen pericial se hicieron de manera incompleta y parcializada dado que no se incluyó la explotación económica, y otros aspectos previstos en las normatividad sobre la materia, la Sala no hará pronunciamiento alguno, porque no se arrimó al plenario copia de los antecedentes administrativos de la Resolución 2424 de 2007; tampoco se allegó copia del informe técnico en que constaba la inspección ocular, ni de la pericia practicada, carga que radicaba en cabeza del demandante y que al ser incumplida impide efectuar pronunciamiento alguno sobre este punto.

Tercer cargo. En cuanto a la vulneración del derecho al debido proceso y al artículo 49 de la Ley 160 de 1994 sustentada en que se negó la práctica de una inspección ocular solicitada por la sociedad demandante, observa la Sala que, según lo consignado en la Resolución 3472 de 2007 fue negada porque recaía sobre un predio que no reunía los requisitos necesarios para ser tenido en cuenta en el deslinde, toda vez que estaba constituido por un área accedida por aluvión considerada falsa accesión en el folio de matrícula inmobiliaria Nº 180-21762 y, tampoco podía validarse porque fue inscrito en el año 2002, cuando había vencido el término de fijación en lista de la solicitud de titulación colectiva.

Visto lo anterior, la Sala encuentra que la decisión del Incoder está debidamente fundamentada, pues analizada la solicitud de pruebas en sus aspectos de pertinencia, conducencia y utilidad, los argumentos esgrimidos por la entidad tienen un adecuado soporte fáctico y jurídico, pues la inspección ocular pedida en nada modificaría la decisión adoptada por la entidad, toda vez que el predio sobre el cual se solicitaba esa prueba, no cumplía con los otros requisitos exigidos para ser objeto de deslinde. En consecuencia el cargo no prospera.

Cuarto cargo. Solicitó la parte actora la nulidad de los actos demandados por violación del artículo 29 constitucional y 50 de la Ley 160 de 1994 sustentado en que el Incoder ordenó la inscripción de las resoluciones en los folios de matrícula inmobiliaria como si se tratara de una situación en firme, cuando la norma disponía que: “Ejecutoriada la resolución que define el procedimiento ysinosehubiereformuladodemandaderevisión,ofuererechazada,oelfallodelConsejodeEstadonegarelaspretensionesdelademanda, se ordenará su inscripción en el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria para efectos de publicidad ante terceros”.

Para resolver este cargo, la Sala debe recordar que mediante Sentencia C-623 de 2015, la Corte Constitucional declaró inexequible el aparte de la norma con subraya y resaltado, por considerar que la medida de suspensión era desproporcionada en estricto sentido porque garantizaba la protección de la propiedad privada y la buena fe de terceros, pero generaba que los actos de la administración quedaran suspendidos mientras el Consejo de Estado se pronunciara acerca de su legalidad en sede de revisión. Esta inexequibilidad no se generó a partir de la providencia que la declaró sino desde la promulgación de la Ley 160 de 1994, por tanto, el fallo levantó la suspensión automática sobre los procedimientos agrarios y para garantizar el derecho fundamental al debido proceso se dispuso que “las personas que resulten perjudicadas por el levantamiento de la suspensión automática de los actos administrativos que culminaron los procesos agrarios referidos, podrán solicitar que se decrete la medida cautelar referida ante el juez administrativo, dentro de los quince (15) días siguientes a la comunicación que el Consejo de Estado les efectúe sobre la decisión adoptada en esta providencia”.

En virtud de lo expuesto, no procede el reconocimiento de la nulidad rogada, concretamente porque en el expediente no se encontró que la sociedad demandante hubiese hecho uso de la prerrogativa otorgada por la Corte Constitucional para salvaguardar el derecho que presuntamente se le vulneró.

El segundo bloque de censuras está conformado por los reproches que se le hacen a los actos demandados fundados en cuestionamientos que se originan en la Resolución 2809 de 2000.

— Nulidad de las resoluciones 2424 y 3472 de 2007 soportado en que la Resolución 2809 de 2000 ubicó los predios adjudicados en el municipio de Riosucio cuando en realidad estaban localizados en Carmen del Darién y Belén de Bajirá (Chocó)

La parte demandante argumentó que la adjudicación fue irregular porque se hizo sobre un predio ubicado en el municipio de Riosucio y luego, el deslinde recayó sobre inmuebles pertenecientes a los municipios de Belén de Bajirá y Carmen del Darién, hecho que conlleva la inoponibilidad de la resolución de adjudicación. En consecuencia, entiende que dichos predios no fueron adjudicados a las comunidades negras, por lo que el acto de adjudicación no es válido.

El Incoder, por su parte, aduce que los argumentos de la actora se dirigen contra la resolución de adjudicación, que se encuentra en firme, con carácter ejecutivo y ejecutorio, por lo que tiene carácter obligatorio mientras no haya sido anulada o suspendida judicialmente. Dicha resolución, afirma, debió ser recurrida mediante el procedimiento regulado en los artículos 24 a 26 del Decreto 1745 de 1995, sin que fuera ejercido en su oportunidad por la actora. Por último, indica que en el procedimiento de expedición de la Resolución 2424 de 2007 se cumplieron todos los requisitos preceptivos establecidos en el Decreto 2363 de 1994.

En primer lugar, la Sala debe destacar que lo pretendido por la parte actora no guarda coherencia con lo consignado en el acápite de las normas violadas y el concepto de violación, pues en la demanda solicitó la declaratoria de nulidad de las resoluciones que efectuaron el deslinde de los predios de naturaleza privada, del terreno adjudicado al Consejo Comunitario del Río Curvaradó, porque no se tuvo en cuenta los predios de las sociedades demandantes, sin embargo, los argumentos de la actora se orientan a desvirtuar la legalidad de la Resolución 2809 de 2000.

En segundo lugar, la oponibilidad del acto, es el efecto que produce el acto frente a los terceros que lo han conocido por los medios de publicidad que autoriza la ley. Y hace relación al derecho que tiene la autoridad que lo expidió para derivarle efectos frente a los terceros que lo conocieron de esa manera. Por ello, el análisis de oponibilidad del acto se enfoca en la verificación de su notificación(19) o publicación(20).

En el caso bajo estudio, la parte demandante no alegó la falta de notificación o publicación de la Resolución 2809 de 2000, por lo que la petición de inoponibilidad es improcedente, toda vez que se encuentra que fue publicada en el Diario Oficial 44.340 de 26 de febrero de 2001.

En tercer lugar, el hecho de que la resolución de adjudicación hubiera ubicado el territorio otorgado al Consejo Comunitario del Río Curvaradó, en el municipio de Riosucio, mientras que el deslinde se hizo en los municipios de Belén de Bajirá y Carmen del Darién, no puede considerarse constitutivo de un error, ni violatorio de las disposiciones señaladas por el demandante, porque aunque se trata de diferentes circunscripciones políticas, geográficamente corresponden a los mismos predios e iguales zonas georreferenciadas, lo que se determinó con los planos y mapas allegados al proceso. Adicionalmente, la adjudicación se inscribió en la oficina de registro de Quibdó para efectos de oposición, y allí mismo estaban registrados los predios que debían ser objeto de deslinde, (incluyendo el de la demandante) de manera que conocieron oportunamente la apertura del proceso de adjudicación y de deslinde, siendo esta razón suficiente para que el cargo no prospere.

— Nulidad de las resoluciones 2424 y 3472 de 2007 fundada en que la Resolución 2809 de 2000 fue irregular y el trámite del deslinde se hizo para corregir los errores cometidos por lo que los poseedores debían ser considerados de buena fe

Respecto de las presuntas irregularidades en que incurrió la entidad demandada con ocasión de la expedición de la Resolución 2809 de 2000, así como la solicitud de inaplicación e ineficacia de la misma, se abstendrá la Sala de emitir pronunciamiento, comoquiera que dicho acto administrativo no fue demandado en este proceso y se encuentra debidamente ejecutoriado- como se indicó líneas atrás, de manera que no es posible debatir su legalidad, aún si artificiosamente la actora pretende establecer una vínculo inescindible entre dicho acto y los que son objeto de análisis en este proceso, bajo el argumento de que el procedimiento de adjudicación no está perfeccionado y en consecuencia todos los poseedores deben reputarse de buena fe.

A juicio de la Sala, la naturaleza de la posesión ejercida por la demandante no puede determinarse por las presuntas irregularidades en que pudo haber incurrido la entidad en el trámite del proceso de deslinde, como lo planteó la actora, ya que el artículo 15 de la Ley 70 de 1993, fue claro al establecer que solo se consideraban poseedores de buena fe, aquellos que se hicieron parte en el proceso hasta el momento en que se venció el término de fijación en lista, y en este caso, la sociedad Palmado Ltda., adquirió el predio en el año 2002, fecha posterior al registro de la Resolución 2809 de 2000, lo que permite concluir que el adquirente asumió el alea del negocio jurídico realizado contra disposición legal y en consecuencia no puede ahora válidamente solicitar la nulidad de los actos administrativos, alegando en su favor su propia culpa.

En cualquier caso, las inconsistencias que las demandantes le endilgan a las inspecciones y visitas pertenecientes al procedimiento de deslinde no fueron debidamente acreditadas en el proceso. En sentido contrario, se pudo determinar que se garantizó el derecho de contradicción a todos los que participaron en el proceso, ya que del informe rendido, de las visitas practicadas y del dictamen pericial se corrió traslado a las partes, quienes solicitaron aclaración, complementación o presentaron objeciones que fueron resueltas oportunamente por la autoridad competente para ello.

En consecuencia, la Sala negará las pretensiones de la demanda y mantendrá incólume la legalidad de los actos acusados.

5. Condena en costas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se impondrán.

6. Aceptación de renuncia y reconocimiento de personería.

La Sala aceptará la renuncia presentada por la abogada Ana Marcela Carolina García Carrillo(21), como apoderada judicial de la Agencia Nacional de Tierras, conforme a lo previsto en el inciso 4 del artículo 76 del Código General del Proceso y, reconocerá personería jurídica para actuar a la sociedad Litigar Punto Com S.A., identificada con el Nit. 830070346-3, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., como apoderada judicial de la Agencia Nacional de Tierras, de acuerdo con lo señalado en el inciso 2 del artículo 75 del Código General del Proceso, en los términos y para los fines a los que alude el poder conferido(22).

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Negar las pretensiones de la demanda, de acuerdo con lo expuesto en las consideraciones de esta providencia.

2. Sin condena en costas.

3. Aceptar la renuncia presentada por la abogada Ana Marcela Carolina García Carrillo, como apoderada judicial de la Agencia Nacional de Tierras, que reúne los requisitos previstos en el inciso 4 del artículo 76 del Código General del Proceso.

4. Reconocer a la sociedad Litigar Punto Com S.A., persona jurídica identificada con el Nit. 830070346-3, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., como apoderada judicial de la Agencia Nacional de Tierras, de acuerdo con lo previsto por el inciso 2 del artículo 75 del Código General del Proceso, en los términos y para los fines a los que alude el poder conferido, visible al folio 288.

En firme esta providencia archívese la actuación.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

4 Derogada por el artículo 178 de la Ley 1152 del 25 de julio de 2007, que reguló lo relativo a la clarificación de la propiedad y el deslinde de tierra, norma declarada inexequible en Sentencia C-175 del 18 de marzo de 2009.

5 Fls. 2 a 3, cdno. ppal.

6 Fls. 20 a 78, cdno. ppal.

7 Fls. 80 a 85, cdno. ppal.

8 Fl. 79, cdno. ppal.

9 Fls. 86 a 88, cdno. ppal.

10 Fls. 95 a 100, cdno. ppal.

11 Fls. 89 a 92, cdno. ppal.

12 Fls. 93 a 94 y 102 a 103, cdno. ppal.

13 Fls. 98 y 138 a 157, cdno. ppal.

14 Fls. 106 a 118, cdno. ppal.

15 T-605 de 1992.

16 Sentencia T-1045A de 2010.

17 Contra este acto se interpusieron recursos de reposición que fueron resueltos por Resolución 2672 de 2006.

18 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, consulta de agosto 2 de 2006, Rad. 1768.

19 Al respecto: Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 14 de mayo de 2015, Rad. 25000232400020060090401; sentencia de 23 de agosto de 2012, Rad. 25000232400020020106001; y sentencia de 3 de noviembre de 2016, Rad. 13001233100020010202301.

20 Al respecto: Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de 25 de enero de 2016, exp. 0851-15.

21 Fls. 283-286, cdno. ppal.

22 Fl. 288 ibídem.